Casos del Tribunal de Apelaciones (Página 214)

Resumen:

Esta es una Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de Revisión Administrativa. El recurrente Juan C. Roldán Tapia impugnó una determinación de la Oficina de Permisos del Municipio de Bayamón. Dicha determinación autorizó el anteproyecto para la legalización de ampliaciones en una propiedad de Pedro M. Texidor Marín. Anteriormente, el Municipio había demandado a Texidor Marín por construcción y uso ilegal en una zona residencial. Una sentencia judicial ordenó la demolición pero concedió 60 días para legalizar obras permisibles. Texidor Marín solicitó legalizar adiciones (family, lavandería, terraza) y pidió variaciones a los parámetros de patios. Roldán Tapia, vecino colindante, presentó oposición a dicha legalización. La Oficina de Permisos emitió la decisión recurrida, autorizando el anteproyecto y detallando las condiciones de la propiedad y las desviaciones en los patios. El Tribunal de Apelaciones revisó esta decisión administrativa. Finalmente, el Tribunal confirmó el dictamen emitido por la Oficina de Permisos.

Resumen:

Comparece ante el Tribunal de Apelaciones la Corporación del Fondo del Seguro del Estado (CFSE) en revisión judicial. La CFSE impugna una Resolución de su Junta de Apelaciones de Empleados Gerenciales (JACFSE). La Resolución de la JACFSE dejó sin efecto la notificación de cargos e intención de destitución contra la empleada Karina Sosa Villegas. La JACFSE determinó que la Subadministradora de la CFSE, quien firmó la notificación, carecía de la facultad delegada para emitirla. La CFSE alega que la JACFSE erró al anular los cargos basándose únicamente en quién firmó la carta de destitución. El Tribunal revisa la decisión administrativa bajo un estándar limitado, concediendo deferencia a la agencia. Se menciona la Ley de la CFSE que otorga al Administrador la facultad disciplinaria y permite a la Corporación adoptar reglamentos de personal. El caso gira en torno a la validez procesal del inicio de un procedimiento de destitución. El Tribunal procederá a resolver el recurso de revisión presentado por la CFSE.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de revisión administrativa presentado por Carlos R. Díaz Pizarro contra el Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR). El recurrente impugnaba la denegatoria del DCR a su solicitud de traslado institucional. Tras la denegatoria administrativa, Díaz Pizarro solicitó reconsideración, pero al presentar el recurso judicial, no incluyó copia de dicha moción ni evidencia de su trámite. El Tribunal requirió al recurrente que presentara la moción de reconsideración para acreditar la jurisdicción y la perfección del recurso. A pesar de la oportunidad concedida, el recurrente no acompañó el documento solicitado. El Tribunal recordó la obligación de las partes, incluso las que comparecen por derecho propio, de cumplir con las normas procesales. Citó la Regla 59 de su Reglamento, que exige incluir en el apéndice documentos como la decisión recurrida y aquellos que acrediten la interrupción del término. Ante la omisión del recurrente de presentar la documentación esencial para perfeccionar el recurso y demostrar la jurisdicción, el Tribunal procedió a desestimar la revisión administrativa.

Resumen:

La Administración de Terrenos de Puerto Rico demandó a René Hernández Degrós y otros por daños y perjuicios, alegando la apropiación ilegal de ocho cuerdas de terreno en Vieques. Tras ser emplazado, Hernández Degrós no contestó la demanda, lo que llevó al Tribunal de Primera Instancia a anotar su rebeldía. Hernández Degrós presentó varias mociones solicitando dejar sin efecto la anotación de rebeldía. Argumentó que el tribunal carecía de jurisdicción por madurez, vinculando el caso a un pleito de desahucio previo, y solicitó la consolidación de ambos casos. La Administración de Terrenos se opuso a estas peticiones, cuestionando la justa causa para levantar la rebeldía. El Tribunal de Primera Instancia evaluó los planteamientos en vistas y mediante órdenes. El foro primario consistentemente denegó las solicitudes de Hernández Degrós para levantar la rebeldía y consolidar los casos. La última resolución denegando una reconsideración fue emitida en diciembre de 2019. Este documento del Tribunal de Apelaciones se relaciona con un recurso de Certiorari presentado por Hernández Degrós contra estas determinaciones del Tribunal de Primera Instancia.

Resumen:

Héctor L. Rivera McDougall apeló una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que ordenó su desahucio por falta de pago. El apelante solicitó litigar como indigente, pero el Tribunal de Apelaciones denegó dicha solicitud. Se le ordenó pagar los aranceles de presentación y prestar una fianza de $1,000 impuesta por el foro primario en un término de cinco días. El apelante no cumplió con esta orden dentro del plazo establecido. La ley y la jurisprudencia establecen que prestar fianza es un requisito jurisdiccional para apelar una sentencia de desahucio, salvo excepciones por probada insolvencia o consignación de la deuda. El incumplimiento de este requisito impide que el Tribunal de Apelaciones adquiera jurisdicción sobre el recurso. Dado que el apelante no pagó los aranceles ni prestó la fianza requerida, el recurso no se perfeccionó. Por consiguiente, el Tribunal desestima la apelación por falta de jurisdicción, conforme a su reglamento.

Resumen:

Sentencia de un panel de jueces del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. Caparra Center Associates, LLC apeló una decisión del Tribunal de Primera Instancia que ordenó la cancelación de un pagaré hipotecario y su garantía a favor de Banco Popular. El Tribunal de Apelaciones desestima la apelación por falta de jurisdicción. La desestimación se fundamenta en que la apelación fue presentada tardíamente. La sentencia del TPI fue notificada el 27 de noviembre de 2019. El término jurisdiccional de 30 días para apelar, según la Regla 52.2(a), venció el 27 de diciembre de 2019. La apelante presentó una moción de reconsideración el 13 de diciembre de 2019, fuera del término de 15 días de la Regla 27, la cual no interrumpió el término para apelar. La apelación fue presentada el 24 de febrero de 2020, mucho después del vencimiento del término jurisdiccional. Los términos jurisdiccionales son fatales, improrrogables e insubsanables, y el tribunal carece de discreción para asumir jurisdicción donde no la hay.

Resumen:

Comparecen ante el Tribunal de Apelaciones Spec Engineering Corp., SF Investments, Inc. y Spec Group, PSC mediante recurso de certiorari. Solicitan la revisión de una Resolución del Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Bayamón. Dicha resolución declaró No Ha Lugar las mociones de desestimación presentadas por las corporaciones. El pleito principal es una demanda sobre división de comunidad de bienes posganancial entre Frances Judith Chávez Piñero y su ex-esposo, Roberto José Marte de la Mota. La señora Chávez enmendó la demanda para incluir a las corporaciones, alegando que fueron creadas con fondos gananciales y que ella posee derechos sobre sus acciones e ingresos. Las corporaciones argumentaron que eran ajenas a la controversia de división de bienes gananciales y que la demanda no exponía hechos suficientes contra ellas. La recurrida se opuso, afirmando su derecho como comunera sobre las acciones adquiridas durante el matrimonio. El Tribunal de Apelaciones, tras evaluar los fundamentos, DENIEGA la expedición del auto de certiorari. Esto implica que se confirma la decisión del foro primario de no desestimar la demanda contra las corporaciones.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de divorcio. Luz N. Roldán Flores apela la decisión del Tribunal de Primera Instancia que dejó sin efecto la pensión excónyuge de $8,500 mensuales a su favor. Dicha pensión fue acordada en 2012 durante el proceso de divorcio con José E. Janer Velázquez. El acuerdo establecía el pago de la pensión y seguro médico hasta la liquidación de una alegada comunidad de bienes, a pesar de existir capitulaciones de separación total. En 2019, el ex-esposo solicitó el cese de la pensión, alegando que la ex-esposa había recibido fondos sustanciales de la liquidación. La ex-esposa se opuso, argumentando que la liquidación no había concluido y que había iniciado un pleito independiente para ello. El foro primario determinó que la pensión se había tornado innecesaria y la dejó sin efecto en septiembre de 2019. El Tribunal de Apelaciones, tras revisar el caso, revoca la sentencia apelada.

Resumen:

La Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resuelve un recurso de certiorari en un caso de cobro de dinero. La peticionaria, miembro de la sucesión demandada, impugnó una Orden del Tribunal de Primera Instancia que denegó su solicitud de relevo de sentencia. El caso original fue iniciado por DLJ Mortgage Capital, Inc. contra los deudores hipotecarios, quienes fallecieron. DLJ solicitó la sustitución de los deudores por sus herederos, incluyendo a la peticionaria. El proceso judicial implicó la identificación y emplazamiento de múltiples herederos, algunos de los cuales repudiaron la herencia. DLJ pidió la anotación de rebeldía y sentencia en rebeldía contra los herederos que supuestamente no comparecieron. La peticionaria compareció por derecho propio en una vista en el foro primario, expresando interés en un acuerdo. A pesar de esto, el Tribunal de Primera Instancia denegó su posterior solicitud de relevo de sentencia. El Tribunal de Apelaciones expidió el auto de certiorari y revocó la Orden recurrida.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de Certiorari presentado por Magda Torres Ortiz. La Peticionaria impugna la decisión del Tribunal de Primera Instancia que denegó su Moción de Desestimación en un caso de cobro de dinero. La Cooperativa de Seguros Múltiples (CSM) demandó a la Sra. Torres Ortiz para recuperar \$71,565.13. CSM pagó esta cantidad a la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Barranquitas bajo una fianza de fidelidad, alegando que la Sra. Torres Ortiz, empleada de esta última, cometió fraude causando las pérdidas. La reclamación de CSM se basa en el derecho de subrogación adquirido al indemnizar a la Cooperativa asegurada. La Sra. Torres Ortiz solicitó la desestimación de la demanda en Primera Instancia, argumentando, entre otras defensas, la prescripción y la insuficiencia del reclamo. El Tribunal de Primera Instancia denegó la desestimación y la reconsideración. El recurso de Certiorari ante el Tribunal de Apelaciones busca determinar si el foro primario erró al no desestimar la demanda, considerando los argumentos de la Peticionaria y la jurisprudencia sobre subrogación.

Resumen:

Este documento es una resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. El peticionario, Rafael Emilio Báez Mercado, solicitó un auto de certiorari para revocar una decisión del Tribunal de Primera Instancia. Dicha decisión denegó su petición de ordenar un análisis comparativo de ADN. El análisis buscaba comparar su ADN con material biológico de un "Rape Kit" de la alegada víctima en un caso bajo el Artículo 133 del Código Penal. El Ministerio Público se opuso al análisis, argumentando que no se habían analizado las muestras y que era improbable encontrar material genético del peticionario. Tras evaluar las posturas de las partes, el Tribunal de Apelaciones, en el ejercicio de su discreción, deniega la expedición del auto de certiorari solicitado por el peticionario.

Resumen:

Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de Certiorari presentado por Oscar Santiago Irizarry. El peticionario impugna una resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó su solicitud de modificación de sentencia. Santiago Irizarry fue hallado culpable en 2005 por infracciones al Código Penal y la Ley de Armas. En 2019, solicitó la modificación alegando ser un menor sentenciado como adulto y que la sentencia no fijaba el tiempo mínimo para la jurisdicción de la Junta de Libertad Bajo Palabra. El foro primario declaró No Ha Lugar la solicitud, indicando que no se trataba de un menor juzgado como adulto bajo la Ley de Libertad Bajo Palabra. El recurso ante el Tribunal de Apelaciones plantea errores en la sentencia y en la actuación del Departamento de Corrección respecto a su estatus y liquidación de sentencia. La resolución del Tribunal de Apelaciones se centra en el análisis de su jurisdicción y las doctrinas de jurisdicción primaria y agotamiento de remedios administrativos. Se discute la necesidad de observar rigurosamente las reglas procesales y la facultad del tribunal para desestimar por falta de jurisdicción. El tribunal evalúa si procede entender en los méritos o si el peticionario debe agotar primero los remedios disponibles en la esfera administrativa.

Resumen:

Se revisa una Resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó un Aviso de Paralización de Procedimientos bajo la Ley PROMESA. El Gobierno de Puerto Rico y la Junta Examinadora de Médicos Veterinarios solicitaron la revocación de dicha Resolución. El caso subyacente es una Petición de Mandamus presentada contra la Junta Examinadora. Los recurridos buscaban obligar a la Junta a proveer un examen alterno a ciertos egresados de escuelas de veterinaria, según la Ley Núm. 229-2015. El TPI inicialmente expidió el Mandamus, ordenando la creación y ofrecimiento del examen. Posteriormente, los peticionarios solicitaron la paralización del caso al amparo de PROMESA, alegando que los hechos ocurrieron antes de la fecha de la paralización automática. Los recurridos se opusieron, argumentando que su reclamo era sobre el cumplimiento de un deber ministerial, no sobre el cobro de una deuda. El TPI denegó la solicitud de paralización. El panel de apelación expide el auto de certiorari y revoca la Resolución recurrida. Esto implica que se concede la paralización de los procedimientos conforme a la Ley PROMESA.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa una resolución del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO). Dicha resolución decretó la resolución de un contrato de compraventa de vehículo entre Zandra Rodríguez y Empresas de Autos Carlos Padilla DBA Car Store. La señora Rodríguez presentó una querella en DACO alegando que el vehículo Scion que compró presentaba desperfectos mecánicos. Alegó que se le informó que la unidad se había inundado, lo que canceló la garantía del fabricante. Un informe de inspección del DACO encontró oxidación y humedad en varias partes del vehículo, y un documento de Toyota confirmó que la unidad sufrió una inundación. Car Store apeló la decisión de DACO, argumentando que no tuvo oportunidad de reparar el vehículo y que los defectos eran subsanables. El Tribunal de Apelaciones, tras revisar los argumentos de las partes, decidió confirmar la resolución emitida por el DACO.

Resumen:

El Municipio de San Juan apeló una Resolución de la Comisión Apelativa del Servicio Público (CASP). La CASP había revocado la destitución de la empleada Marie C. Pérez Cruz, ordenando su reinstalación con una reprimenda escrita y el pago de salarios. El Tribunal de Apelaciones revoca la determinación de la CASP. La destitución original por parte del Municipio se basó en que la señora Pérez Cruz abandonó su área de trabajo sin autorización. El propósito era obtener un turno para vales de Sección 8, supuestamente involucrando a una subalterna en representaciones falsas relacionadas con la Alcaldía. El Municipio alegó violaciones a normas de conducta como insubordinación, uso indebido del tiempo, representaciones falsas y uso del puesto para beneficio personal. Se consideró que su conducta, especialmente como supervisora, afectó la imagen del Municipio y la Alcaldesa. Tras una vista informal, se recomendó y procedió con su destitución. El Tribunal de Apelaciones encontró mérito en la posición del Municipio para revocar la decisión de la CASP.

Resumen:

Este caso ante el Tribunal de Apelaciones surge de un proceso de pensión alimentaria. La madre, Nancy López Ortiz, intentó incluir a varias corporaciones, incluyendo VIAPIAS, como terceros demandados. Alegó que estas entidades eran el alter ego del padre, José Víctor Quiles Rivera, o fuentes de ingresos no declarados. Los terceros demandados, particularmente VIAPIAS, solicitaron la desestimación de la demanda en su contra. Argumentaron que VIAPIAS pertenecía exclusivamente a Miriam Sorrentini Dávila y que el padre no tenía vínculo legal o económico con el negocio. El Tribunal de Primera Instancia acogió la solicitud y desestimó la demanda contra VIAPIAS. La madre apeló esta determinación ante el Tribunal de Apelaciones. El Tribunal de Apelaciones acogió el recurso como apelación. Tras revisar los fundamentos, el Tribunal de Apelaciones confirmó la decisión del Tribunal de Primera Instancia. Por tanto, se mantuvo la desestimación de la demanda contra VIAPIAS en el pleito de relaciones paternofiliales.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico que atiende la apelación criminal presentada por Giovanni Batista Zárraga. El apelante solicita la revocación de las sentencias de culpabilidad dictadas por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Ponce. Tras un juicio por jurado, fue condenado por asesinato en primer grado, tentativa de asesinato en primer grado e infracciones a la Ley de Armas. Los hechos se remontan al 31 de octubre de 2013 en Ponce, donde una persona falleció y otra resultó herida por disparos. Durante el juicio, el Ministerio Público presentó amplia prueba, incluyendo el testimonio del perjudicado herido, quien identificó al apelante como uno de los agresores. La defensa presentó evidencia documental pero no testifical. El Tribunal de Apelaciones procede a revisar el caso en respuesta a la solicitud del apelante.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico conoció de un recurso de certiorari presentado por Roberto Guerríos Rivera en un caso de ejecución de hipoteca contra Scotiabank de Puerto Rico. El peticionario impugnó varias resoluciones del Tribunal de Primera Instancia relacionadas con su solicitud de inhibición del juez Alfonso Martínez Piovanetti. Alegó que la moción de inhibición se resolvió tardíamente y sin justa causa, que el tribunal carecía de jurisdicción para atenderla y que se violó el debido proceso de ley, resultando en un juicio injusto. El Tribunal de Apelaciones examinó el expediente y los argumentos de las partes. Consideró la naturaleza discrecional del auto de certiorari y los criterios establecidos en la Regla 40 de su Reglamento. Tras el análisis, el tribunal determinó que no existían fundamentos jurídicos que justificaran la expedición del auto solicitado. Por consiguiente, se denegó el recurso de certiorari.

Resumen:

Este documento es una Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en una apelación presentada por Edwin Borelli López. La apelación busca revisar una Sentencia previa del Tribunal de Primera Instancia en un caso de cobro de dinero y ejecución de hipoteca por la vía ordinaria In Rem. La demanda original fue presentada por Doral Bank, luego sustituido por Roosevelt REO PR Corp., contra el Sr. Borelli López y los Estados Unidos de América. Los Estados Unidos fueron incluidos debido a un embargo federal existente sobre la propiedad hipotecada. El caso, inicialmente paralizado por quiebra, continuó como una acción In Rem. El Sr. Borelli López contestó la demanda e invocó como defensa la Ley 184-2012 sobre mediación compulsoria. Las partes fueron referidas a mediación, la cual concluyó sin acuerdo, aunque se brindó la orientación requerida. El Tribunal de Primera Instancia dictó sentencia sumaria declarando con lugar la demanda y autorizando la venta y ejecución de la finca. La propiedad fue vendida en pública subasta y adjudicada a la parte demandante o su predecesor, solicitándose luego la cancelación de gravámenes posteriores.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones emite una resolución en un caso de alimentos entre parientes. El peticionario, William Vázquez González, impugna una orden del Tribunal de Primera Instancia que dispuso la retención de sus ingresos. Dicha orden fue emitida dentro de una acción civil iniciada por su hija adulta, Gabriela Vázquez Aponte, reclamando asistencia económica. El foro primario había dictado previamente sentencia ordenando al peticionario y a la codemandada, Rosa M. Aponte Vázquez, el pago de una pensión mensual. Se señala que la sentencia no fue notificada por edicto a la codemandada, quien había sido declarada en rebeldía. La recurrida solicitó la retención de ingresos del peticionario alegando incumplimiento parcial con la sentencia. El peticionario recurrió en certiorari la orden de retención tras serle denegada la reconsideración. El Tribunal de Apelaciones, tras evaluar su competencia, resuelve desestimar el recurso. La desestimación se fundamenta en la falta de jurisdicción para atender el recurso presentado.

Resumen:

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico consideró un recurso presentado por Leonardo Romero Nevárez. El señor Romero Nevárez solicitó la revisión de una decisión del Tribunal de Primera Instancia que denegó su petición para reducir su sentencia o cumplir sus condenas de forma concurrente. Argumentó que el principio de favorabilidad del Código Penal de 2012 justificaba su solicitud. El Tribunal de Apelaciones acogió el recurso como un certiorari. Sin embargo, procedió a desestimarlo por falta de jurisdicción. La desestimación se debió a que el peticionario incumplió con los requisitos de la Regla 34(E) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones. Específicamente, no presentó documentos esenciales como la sentencia criminal, la moción radicada en primera instancia y la resolución recurrida, a pesar de habérsele concedido un término para ello.

Resumen:

Este caso es una apelación de una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó una demanda por incumplimiento de contrato de seguro. El apelante demandó a United Surety and Indemnity Company (USIC) alegando que subvaloraron los daños a su propiedad causados por el Huracán María y no lo compensaron adecuadamente. USIC se defendió argumentando que ajustó la reclamación conforme a la póliza y que el apelante aceptó un pago final al cambiar un cheque marcado como liquidación total. USIC solicitó sentencia sumaria basándose en la doctrina del pago en finiquito. El apelante se opuso, alegando que el ajuste fue inadecuado, que USIC incurrió en prácticas desleales y que su consentimiento al pago estaba viciado por falta de información detallada. El Tribunal de Primera Instancia concedió la sentencia sumaria a favor de USIC. El apelante recurrió al Tribunal de Apelaciones solicitando la revocación de dicha sentencia. El Tribunal de Apelaciones, por los fundamentos expuestos, revoca la Sentencia apelada.

Resumen:

Apelantes presentaron una Demanda en julio de 2019 contra Synectrust, la señora Becker y el señor Hirsbrunner. Alegaron daños y perjuicios por la rescisión de contratos de mala fe, apropiación ilegal de propiedad y difamación, ocurridos el 5 de marzo de 2018. Synectrust y el señor Hirsbrunner presentaron una Moción de Desestimación Parcial, aduciendo que las causas de acción estaban prescritas al presentarse la demanda más de un año después de los hechos. Sostuvieron además que las alegaciones de difamación carecían de especificidad y que las reclamaciones personales contra el señor Hirsbrunner eran improcedentes. Los apelantes se opusieron, argumentando que el término prescriptivo comenzó en mayo de 2018 y que procedía descorrer el velo corporativo por admisiones de los apelados en otro caso. El Tribunal de Primera Instancia dictó una Sentencia Parcial. Desestimó con perjuicio todas las causas de acción bajo el Art. 1802 surgidas del suceso del 5 de marzo de 2018, así como las causas de acción por difamación.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emitió una Resolución denegando un recurso de certiorari presentado por Caribbean Nursery Farm, Inc. El recurso buscaba revisar una decisión del Tribunal de Primera Instancia de Mayagüez en un caso de sentencia declaratoria. La controversia surgió durante el juicio, donde el foro primario no permitió que Caribbean Nursery Farm presentara el testimonio de un perito. La razón para la exclusión fue que el perito no había sido anunciado oportunamente en el Informe de Conferencia con Antelación al Juicio, en contravención a las reglas procesales. Caribbean Nursery Farm argumentó que la parte recurrida conocía al perito desde hacía cuatro años y que la omisión fue una inadvertencia. El Tribunal de Apelaciones, sin embargo, confirmó la decisión del foro primario. La resolución se fundamentó en la Regla 37.4 de Procedimiento Civil, que exige la identificación de testigos en el informe pre-juicio. Se reiteró la norma de no intervenir con la discreción de los tribunales de instancia. Por consiguiente, se denegó la expedición del auto de certiorari solicitado.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una Sentencia en un recurso presentado por Sandra Figueroa Vargas. La apelante busca revocar una Sentencia Sumaria y en Rebeldía dictada por el Tribunal de Primera Instancia a favor de Roosevelt Cayman Asset Company. Dicha sentencia de instancia resolvió una demanda de cobro de dinero y ejecución de hipoteca contra la Sucesión de Catalina Vargas Vélez. La apelante alegó que el tribunal de instancia carecía de jurisdicción según la Ley 184 de 2012, enmendada. Sin embargo, el Tribunal de Apelaciones determina que carece de jurisdicción para atender el recurso. Esto se debe a que la apelante solo notificó la apelación a la parte apelada (Cayman). No notificó a las otras partes codemandadas que fueron declaradas en rebeldía en el pleito original. La falta de notificación a todas las partes necesarias constituye un defecto jurisdiccional. Por consiguiente, el recurso de apelación es desestimado.

Resumen:

Comparece ante el Tribunal de Apelaciones un recurso de apelación contra una sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó una demanda por incumplimiento de contrato contra una aseguradora. El demandante reclamaba daños a su propiedad por el Huracán María. El Tribunal de Primera Instancia concedió la sentencia sumaria a favor de la aseguradora, aplicando la doctrina de pago en finiquito al determinar que el demandante cobró el cheque sin reservas. El demandante presentó una moción de reconsideración fuera del término jurisdiccional. Posteriormente, presentó el recurso de apelación ante el Tribunal de Apelaciones. El Tribunal de Apelaciones resuelve desestimar el recurso. La desestimación se fundamenta en la falta de jurisdicción. El recurso de apelación fue presentado de forma tardía, ya que la moción de reconsideración extemporánea no interrumpió el término para apelar.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico que resuelve un recurso de apelación. El recurso fue presentado por Víctor Cardona y otros contra Alfredo San Miguel y otros, impugnando una Sentencia Sumaria Parcial del Tribunal de Primera Instancia. El caso original versó sobre una acción de deslinde iniciada por los apelados, quienes alegaron que los apelantes invadieron su terreno con una verja. Los apelantes reconvinieron, negando la invasión y alegando que los apelados invadieron su propiedad con paredes, solicitando reivindicación y deslinde. Los apelados, en respuesta a la reconvención, alegaron usucapión, entre otras defensas. La Sentencia Sumaria Parcial apelada desestimó la acción de reivindicación de los apelantes y acogió la acción de adquisición de dominio por prescripción adquisitiva (usucapión) de los apelados. El Tribunal de Apelaciones, mediante esta sentencia, confirma la Sentencia Sumaria Parcial apelada.

Resumen:

Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre un recurso de certiorari. La peticionaria Adín Santos Negrón solicitó revocar una resolución del Tribunal de Primera Instancia (TPI) que denegó su moción de desestimación. El caso subyacente trata sobre una demanda de servidumbre de paso para una finca enclavada presentada por Nylsa Santos Figueroa. La peticionaria argumentó que una sentencia previa de 2010 constituía cosa juzgada, impidiendo reclamar paso por su propiedad. El TPI denegó la desestimación en dos ocasiones, aclarando que la sentencia de 2010 resolvió una acción interdictal sobre posesión, no la existencia o configuración de un derecho de servidumbre de paso. El TPI sostuvo que la acción de servidumbre implica derechos dominicales y posible indemnización, aspectos no tratados en el caso anterior. El Tribunal de Apelaciones, tras examinar el recurso, deniega expedir el auto de certiorari solicitado por la peticionaria.

Resumen:

Ramón López Rodríguez presentó una demanda solicitando la nulidad de un contrato de compraventa e hipoteca sobre su apartamento. La reclamación se originó por la falta de segregación e inscripción de la propiedad y la hipoteca en el Registro de la Propiedad. López Rodríguez alegó que Doral Bank, el prestamista original, y los desarrolladores no le informaron sobre estos problemas. Tras la quiebra de Doral Bank, FirstBank adquirió la nota hipotecaria a través de la FDIC. El demandante sostuvo que FirstBank no atendió el problema de inscripción después de adquirir la hipoteca. FirstBank solicitó la desestimación de la demanda, argumentando que las reclamaciones basadas en acciones de Doral Bank debían seguir el proceso administrativo de la FDIC bajo FIRREA. El Tribunal de Primera Instancia desestimó las reclamaciones contra FirstBank por falta de jurisdicción, aplicando dicha ley federal. Inconforme, López Rodríguez apeló, alegando que el tribunal erró al extender la aplicación de FIRREA a las acciones de FirstBank posteriores a la adquisición de la hipoteca. Argumentó que FirstBank es una parte indispensable en el litigio. La apelación busca revertir la desestimación y permitir que el caso proceda contra FirstBank.

Resumen:

Sentencia de un panel de jueces apelativos que resuelve un recurso presentado por Ernesto Cortés Ostolaza y otros. Los apelantes recurren una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia (TPI) que desestimó su demanda. Dicha demanda original solicitaba la declaración de una servidumbre de paso por signo aparente, una acción negatoria de servidumbre y la adquisición de fincas por usucapión. Los apelados contestaron la demanda y presentaron una reconvención reclamando la devolución de predios ocupados y compensación por daños. El TPI desestimó la demanda de los apelantes, ordenó la remoción de obras que obstruían una servidumbre inscrita y les impuso costas y honorarios. Los apelantes alegaron múltiples errores del TPI en su apelación, incluyendo la negación de la servidumbre por signo aparente, la desestimación de la usucapión y la concesión de la reconvención y costas. Tras examinar los autos, el panel apelativo confirma la Sentencia recurrida.

Resumen:

Se presenta una apelación contra una sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó una demanda por despido injustificado. El apelante, Andrick Longoria Dubocq, demandó a su expatrono, The Cheesecake Factory, bajo la Ley Núm. 80. El tribunal primario desestimó la acción al determinar que existía un acuerdo que obligaba a las partes a someter sus controversias laborales a arbitraje. El señor Longoria apeló, argumentando que el tribunal tenía jurisdicción y que el acuerdo de arbitraje no impedía su reclamación judicial. The Cheesecake Factory defendió la desestimación, invocando el acuerdo de arbitraje obligatorio y la falta de jurisdicción del tribunal. La compañía también planteó la defensa de prescripción de la acción. El Tribunal de Apelaciones revisó los argumentos presentados por ambas partes. Tras analizar el caso, el Tribunal de Apelaciones confirmó la sentencia del foro primario. La decisión se fundamentó en la validez y aplicabilidad del acuerdo de arbitraje para la resolución de la disputa.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de ejecución de hipoteca. La Cooperativa de Ahorro y Crédito de Aguas Buenas demandó a Julio Delgado Velázquez por cobro de dinero y ejecución de hipoteca. Tras trámites procesales, incluyendo quiebras desestimadas, la Cooperativa solicitó sentencia sumaria. El Tribunal de Primera Instancia concedió la sentencia sumaria, ordenando al Sr. Delgado Velázquez el pago de \$297,209.51. Inconforme, el Sr. Delgado Velázquez apeló, planteando tres errores. Alega que el TPI erró al determinar la inexistencia de controversia de hechos y al descartar evidencia. También argumenta que el tribunal no consideró una moción suplementaria ni permitió argumentos orales. Finalmente, impugna la orden de ejecutar la hipoteca sobre un bien inmueble que, según él, no estaba hipotecado y no fue solicitado en la demanda. El Tribunal de Apelaciones procede a evaluar la apelación, contando con los alegatos de ambas partes.

Resumen:

Esta sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa una determinación del Tribunal de Primera Instancia en un caso de partición de herencia. El peticionario, Luis R. González Muñiz, impugna la negativa del TPI a desestimar la demanda en su contra, alegando que no fue emplazado conforme a derecho. El conflicto central gira en torno a la validez del emplazamiento por edicto realizado por la demandante. El peticionario argumenta que el emplazamiento fue defectuoso porque no se cumplió el requisito de notificar por correo a la última dirección conocida dentro de los 10 días siguientes a la publicación del edicto. Cuestiona que el TPI eximiera a la demandante de esta notificación por correo de forma tardía, después de la publicación y supuestamente fuera del término de 120 días para emplazar. El peticionario sostiene que, al no completarse el emplazamiento correctamente dentro del término legal, el TPI carece de jurisdicción sobre su persona. El TPI había resuelto que el emplazamiento fue efectivo el día de su publicación y dentro del término. Este recurso de certiorari busca que el Tribunal de Apelaciones revise si el TPI aplicó correctamente las reglas de procedimiento civil sobre emplazamiento por edicto.

Resumen:

Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre una petición de certiorari. Yadiel Rivera Pérez solicitó la revisión de una determinación del Tribunal de Primera Instancia de Arecibo. El peticionario alegó que su sentencia por homicidio negligente debía ser modificada conforme a la Ley Núm. 246-2014 y el principio de favorabilidad. Compareció por derecho propio y en forma pauperis, presentando un escrito de una página sin apéndice. El Tribunal de Apelaciones denegó la expedición del auto de certiorari solicitado. La resolución explica la naturaleza discrecional del recurso de certiorari y detalla los requisitos reglamentarios para su presentación. Se menciona que el incumplimiento de estas reglas puede resultar en la desestimación del recurso.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre una solicitud de reconsideración en un caso de cobro de dinero y ejecución de hipoteca. El pleito original fue instado por Scotiabank y continuado por Bosco IX Overseas, LLC / Franklin Credit Management Corporation tras la cesión del crédito. Los deudores solicitaron ejercer el derecho de retracto de crédito litigioso tras la cesión, amparados en el Código Civil. El Tribunal de Primera Instancia (TPI) reconoció el derecho de los deudores al retracto. El nuevo acreedor recurrió ante el Tribunal de Apelaciones, argumentando que la Ley de Transacciones Comerciales desplazaba la aplicación del retracto del Código Civil. Inicialmente, el Tribunal de Apelaciones denegó expedir el recurso de certiorari solicitado por el acreedor. El acreedor presentó una solicitud de reconsideración de dicha denegatoria. El Tribunal de Apelaciones declara Ha Lugar la solicitud de reconsideración. Deja sin efecto su resolución previa que denegó el certiorari. Expide el auto solicitado y revoca la determinación del TPI que había reconocido el derecho de retracto a los deudores.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una resolución en el caso KLCE202000186. Sergio Ruiz De Jesús presenta un recurso de certiorari solicitando la revisión de una determinación del Tribunal de Primera Instancia. Dicha determinación denegó su moción para desestimar la acusación en su contra. El peticionario fue acusado y encontrado culpable por violación al Artículo 133 del Código Penal, relacionado con actos lascivos contra una menor. Alegó que la acusación era insuficiente por no enunciar adecuadamente los elementos del delito. Tras ser hallado culpable, presentó mociones de reconsideración y desestimación, las cuales fueron declaradas sin lugar por el foro primario. El Tribunal de Apelaciones explica que el certiorari es un remedio discrecional y extraordinario. Tras examinar el expediente, el panel resuelve denegar la expedición del recurso solicitado por el peticionario.

Resumen:

Norma López De Jesús apeló la sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó su demanda contra MAPFRE Praico Insurance Company. La demanda original reclamaba daños y perjuicios por el manejo de una reclamación de seguro tras el Huracán María, alegando que MAPFRE subvaloró los daños e incumplió el contrato. MAPFRE solicitó sentencia sumaria basándose en la doctrina de "pago en finiquito". Argumentaron que la apelante aceptó y cobró un cheque por $84.27, el cual indicaba ser el pago final y total de la reclamación, extinguiendo así su obligación. La señora López De Jesús se opuso, alegando que existían controversias materiales sobre la aplicación del "pago en finiquito" y si sus acciones constituyeron una aceptación válida. El Tribunal de Primera Instancia acogió la moción de sentencia sumaria de MAPFRE. La apelante recurrió ante el Tribunal de Apelaciones. El Tribunal de Apelaciones, tras revisar el caso, determinó revocar la sentencia apelada. Esto implica que el caso contra MAPFRE no queda desestimado sumariamente y debe continuar.

Resumen:

Un confinado, José Antonio Cubano Escoriaza, presentó un recurso de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. Solicitó copias de documentos relacionados con una denuncia por agresión sexual (Art. 144) y su archivo, con la intención de reabrir un caso anterior donde fue convicto por actos lascivos (Art. 142). El Tribunal examinó la petición y determinó que carecía de los requisitos procesales esenciales. El peticionario no señaló errores ni fundamentó legalmente su solicitud, y el documento adjunto no guardaba clara relación con el recurso. El Tribunal recordó la obligación de cumplir con las Reglas de Procedimiento para la presentación de recursos, incluso al litigar por derecho propio. Citó las Reglas 34 y 83 de su Reglamento, que establecen los requisitos para el certiorari y permiten denegar su expedición por deficiencias. Concluyó que la petición no cumplía con las normas para un recurso justiciable. Por tanto, el Tribunal denegó la expedición del auto de certiorari.

Resumen:

Una sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico atiende una impugnación a una decisión administrativa de la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe). La impugnación fue presentada por el Consejo de Titulares del Condominio Ocean Villas (OVC) y otras partes. Solicitaron la revisión judicial de la aprobación por parte de la OGPe de una enmienda a una consulta de construcción para un desarrollo de multipropiedad. El desarrollo, propuesto por Wyndham Carib Development I, LLC, está ubicado dentro del complejo Río Mar en Río Grande. El permiso original para el edificio de tiempo compartido fue aprobado en 2009. Wyndham solicitó prórrogas y posteriormente una enmienda para cambios menores en las áreas de piscina y estacionamiento. Se le concedió a OVC estatus de parte interventora durante el proceso administrativo. OVC impugnó posteriormente la aprobación de la enmienda por parte de la OGPe ante el Tribunal de Apelaciones. El Tribunal, tras revisar los fundamentos del caso, confirmó la decisión administrativa emitida por la OGPe.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en el caso KLAN201900638, una apelación procedente del Tribunal de Primera Instancia de Bayamón sobre una acción de deslinde. Los apelantes, Ana Marina Torres Rodríguez y otros, solicitaron la revocación de una sentencia del TPI de 9 de mayo de 2019. Dicha sentencia declaró No Ha Lugar la acción de deslinde instada por los apelantes contra sus vecinos, Linette Vázquez González y otros. El TPI también denegó la reconvención por daños presentada por la señora Vázquez González. Adicionalmente, el foro primario condenó a los apelantes al pago de honorarios de abogado a favor de la señora Vázquez González (\$5,000) y del codemandado Banco Popular (\$2,000), además de costas. La parte apelada argumentó que los apelantes habían presentado la misma acción de deslinde en múltiples ocasiones sin éxito y que los linderos no estaban confundidos. Tras revisar el tracto procesal y los fundamentos, el Tribunal de Apelaciones determinó confirmar la sentencia apelada.

Resumen:

Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de ejecución de hipoteca. Los peticionarios, Anthony Joseph Santoro y Mared Viñas, recurren de una determinación del Tribunal de Primera Instancia de Bayamón. Dicha determinación les impidió tomar una deposición a Scotiabank de Puerto Rico, la parte recurrida. El Tribunal de Primera Instancia había dejado sin efecto una sentencia previa por entender que el descubrimiento de prueba estaba incompleto. Durante una conferencia, el tribunal denegó la deposición solicitada por los peticionarios, alegando que no fue anunciada oportunamente. Los peticionarios argumentaron que la deposición era crucial para su reconvención y que su denegación equivalía a desestimarla. El Tribunal de Apelaciones consideró la petición de certiorari, un recurso discrecional para asuntos interlocutorios. Tras evaluar los fundamentos, el Tribunal de Apelaciones acordó denegar el auto solicitado por los peticionarios.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una resolución sobre un recurso de certiorari presentado por Foot Locker Retail Inc. Foot Locker solicitó la revocación de una decisión del Tribunal de Primer Instancia que denegó su Moción de Sentencia Sumaria. El caso subyacente fue incoado por el Sr. Marcos Delgado Adorno contra Foot Locker por despido injustificado bajo la Ley Núm. 80 y discrimen por edad conforme a la Ley Núm. 100. El Sr. Delgado Adorno alegó que fue despedido en 2017 a los 52 años de forma injustificada y discriminatoria tras una investigación interna. Foot Locker argumentó que el despido fue por justa causa debido a conducta negligente y violaciones a políticas. Durante el proceso en primera instancia, surgió una controversia sobre la admisibilidad de videos de cámaras de seguridad. Tras evaluar el recurso, el Tribunal de Apelaciones deniega el auto de certiorari solicitado por Foot Locker.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de daños y perjuicios por alegada negligencia médica. Los peticionarios, el Dr. Kevin Seo y su aseguradora, recurrieron una resolución del Tribunal de Primera Instancia. Dicha resolución declaró No Ha Lugar su moción de sentencia sumaria parcial por prescripción. Los peticionarios fueron incluidos en la demanda mediante una segunda enmienda en abril de 2019, alegando que la acción contra ellos estaba prescrita al haber transcurrido más de un año desde los hechos. El recurrido argumentó que los incluyó tras obtener nueva información de un expediente médico. El Tribunal de Primera Instancia denegó la moción de prescripción. El Tribunal de Apelaciones expidió el recurso de certiorari. Tras evaluar el caso, el Apelativo decidió modificar el dictamen recurrido. Sin embargo, confirmó la denegatoria de desestimación por prescripción emitida por el foro primario.

Resumen:

Comparece ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico la codemandada Wanda E. Quiñones Nieves. Solicita la modificación de una Sentencia Parcial del Tribunal de Primera Instancia que dictó un desistimiento voluntario con perjuicio en su contra. La apelante busca específicamente que se determine la existencia de temeridad por parte de los demandantes. De encontrar temeridad, pide que se condene a los demandantes al pago de costas, gastos y honorarios de abogado a su favor. El caso original inició en 2012 y la Sra. Quiñones Nieves fue incluida en una demanda enmendada en 2013. Se le incluyó bajo la alegación de responder solidariamente por ser parte de una sociedad legal de gananciales con el codemandado Roberto Torres. La Sra. Quiñones Nieves argumentó tener un régimen de separación de bienes según capitulaciones matrimoniales. El Tribunal de Primera Instancia previamente había identificado como hecho en controversia si la pareja se comportó según dicho régimen. Tras revisar los fundamentos, el Tribunal de Apelaciones resuelve confirmar la Sentencia apelada. Esto implica que no acogió la solicitud de la apelante de declarar temeridad y ordenar el pago de costas.

Resumen:

Ante el Tribunal de Apelaciones, Ángel Luis Urbina Ortega solicitó un auto de certiorari para revisar una resolución del Tribunal de Primera Instancia, Sala de Guaynabo. La resolución recurrida, emitida el 10 de octubre de 2019, se dictó en un caso de cobro de dinero iniciado por Urbina Ortega contra la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Guaynabo. El pleito original reclama $36,000 por honorarios de abogados cubiertos por una póliza de responsabilidad. La controversia específica ante el TPI versó sobre la suficiencia de las contestaciones de la Cooperativa a un Requerimiento de Admisiones cursado por Urbina Ortega. El TPI resolvió que la mayoría de las contestaciones cumplían con la Regla 33 de Procedimiento Civil, aunque requirió aclaración sobre otras. Inconforme con esta determinación, Urbina Ortega acudió en certiorari. El Tribunal de Apelaciones, ejerciendo su discreción, denegó la expedición del auto solicitado.

Resumen:

Víctor Torres Álamo comparece ante el Tribunal de Apelaciones solicitando la revisión de una determinación del Tribunal de Primera Instancia. Dicha determinación denegó su solicitud de corrección de sentencia al amparo de la Regla 185 de Procedimiento Criminal. El peticionario fue sentenciado en el año 2000 a 99 años por asesinato en primer grado y penas concurrentes por otros delitos. Adicionalmente, se le impuso una pena de 49.5 años por reincidencia simple, a ser cumplida consecutivamente. Torres Álamo argumentó que esta pena consecutiva por reincidencia simple era más onerosa que la de un reincidente habitual y solicitó que se cumpliera concurrentemente. El Tribunal de Primera Instancia denegó su solicitud y la posterior reconsideración. Inconforme, el peticionario presentó un recurso de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones. Tras evaluar el caso, el Tribunal de Apelaciones deniega la expedición del auto solicitado.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones desestima un recurso de revisión instado por la Oficina de Administración de los Tribunales (OAT). La OAT impugnaba una orden interlocutoria de la Defensoría de las Personas con Impedimentos que se reservó el fallo sobre la jurisdicción en una querella de una empleada. La empleada, Ivelisse Avilés Rivera, había presentado una querella ante la Defensoría tras ser trasladada y solicitar un acomodo razonable. La OAT argumentó ante la Defensoría y luego en apelación que la agencia carecía de jurisdicción. Durante la tramitación del recurso, la empleada fue trasladada a la región judicial que había solicitado inicialmente. La empleada informó al Tribunal de Apelaciones que la controversia se había tornado académica y solicitó la desestimación del recurso y el desistimiento de su querella administrativa. La OAT se opuso al desistimiento sin perjuicio ante la Defensoría. El Tribunal concluye que la controversia traída a su consideración se ha tornado académica debido a que el remedio solicitado por la empleada ya fue concedido.

Resumen:

SENTENCIA del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico desestimando un recurso de Certiorari presentado por Luis Alberto Pimentel Rodríguez. El peticionario impugnaba inicialmente una resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó una moción de desestimación de cargos por infracciones a la Ley 4 y Ley 404. Posteriormente, el Tribunal de Primera Instancia desestimó los cargos originales por violación al derecho a un juicio rápido, lo que llevó al peticionario a solicitar el desistimiento del Certiorari. El Tribunal de Apelaciones requirió, conforme a su Reglamento (Regla 83(A)), que la moción de desistimiento en casos criminales viniera acompañada de una declaración jurada del acusado. A pesar de múltiples resoluciones judiciales, concesión de términos y la imposición de sanciones por incumplimiento, el peticionario no presentó la declaración jurada requerida. Ante la falta de diligencia y el reiterado incumplimiento con las órdenes del Tribunal, se procede a desestimar el recurso de Certiorari.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de divorcio sobre pensión alimentaria. La peticionaria, María Denise González Pagán, solicitó la revisión de una Orden del Tribunal de Primera Instancia mediante certiorari. Dicha Orden denegó su petición de ajustar retroactivamente la pensión alimentaria para sus hijos menores. También rechazó su solicitud de información sobre los pagos retroactivos por incapacidad del seguro social recibidos por el recurrido, José Elías Muñoz Gómez. El Tribunal de Apelaciones expidió el auto de certiorari solicitado. Sin embargo, confirmó la Orden recurrida. Esto significa que se mantuvo la denegatoria del ajuste retroactivo de la pensión alimentaria. Igualmente, se confirmó la denegatoria del petitorio de información sobre los pagos de seguro social por incapacidad del recurrido. El caso involucra antecedentes sobre la fijación y modificación de la pensión, deuda acumulada y la solicitud de beneficios por incapacidad del padre.