Casos del Tribunal de Apelaciones (Página 212)

Resumen:

Es una sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de daños y perjuicios por alegada negligencia. La demanda fue presentada por Nilsa Rivera Almodóvar y otros contra el Hospital Bella Vista y otras partes, alegando daños por falta de atención y actos culposos. Tras varios trámites, el Hospital quedó como único demandado. El Tribunal de Primera Instancia dictó sentencia declarando No Ha Lugar la demanda. Los apelantes recurren, planteando errores en la aplicación de la Regla 39.2(c) y en la apreciación de la prueba por parte del tribunal de instancia. La sentencia discute el marco legal de la responsabilidad civil por culpa o negligencia bajo el Artículo 1802 del Código Civil. Se detallan los requisitos para establecer responsabilidad extracontractual: daño, acción u omisión culposa/negligente y nexo causal. También se menciona la doctrina de causalidad adecuada y el estándar de cuidado para profesionales médicos. El tribunal procede a resolver la apelación presentada por los demandantes insatisfechos con la desestimación de su caso.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de Fajardo. El caso involucra una acción civil de prescripción adquisitiva extraordinaria presentada por Juan R. Zalduondo Viera y su esposa contra el Municipio de Fajardo. Los apelantes reclamaban la titularidad de un solar, alegando posesión por 125 años. El Municipio, por su parte, sostenía ser el dueño del solar desde 1888, argumentando que los apelantes solo adquirieron la casa ubicada en dicho terreno. El Tribunal de Primera Instancia desestimó la demanda de los apelantes al conceder una sentencia sumaria a favor del Municipio. La decisión del foro primario se basó en la evidencia presentada, incluyendo la escritura de compraventa de los apelantes que solo mencionaba la casa y la certificación registral que acreditaba la titularidad del solar al Municipio. El Tribunal de Apelaciones procede a confirmar el dictamen apelado.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resuelve una petición de Certiorari presentada por MAPFRE Preferred Risk Insurance Co. y Popular Auto. La petición busca revocar una Orden del Tribunal de Primera Instancia que dejó sin efecto una sentencia previa a favor de los peticionarios y declaró ha lugar una solicitud de sentencia sumaria del Estado. El caso se origina en la impugnación de la confiscación de un vehículo Jeep Grand Cherokee por su alegado uso en violación a la Ley de Sustancias Controladas. Los peticionarios argumentaron que la confiscación era inválida porque el caso criminal contra los individuos relacionados resultó en una determinación de no causa para arresto. El Tribunal de Primera Instancia inicialmente falló a favor de los peticionarios, pero luego revirtió su decisión, validando la confiscación a favor del Estado. El Tribunal de Apelaciones evaluó los argumentos de ambas partes. Tras la evaluación, el Tribunal de Apelaciones expidió el Certiorari solicitado. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones confirmó la Orden recurrida, la cual favoreció al Estado y sostuvo la confiscación del vehículo.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en un caso de daños y perjuicios. El apelante, Ramón Díaz Gómez, recurre una decisión del Tribunal de Primera Instancia que le ordenó pagar \$6,050.00 a los apelados, José Ángel Álvarez y Brenda M. Cintrón Olivieri. La reclamación original se basó en los daños sufridos por el apartamento de los apelados a causa de una inundación originada en el apartamento del apelante, ubicado en el piso superior. La inundación fue causada por la rotura de una manga de inodoro en el apartamento del apelante. Los apelados reclamaron gastos de reparación y otros daños bajo el Artículo 1810 del Código Civil. El apelante argumentó que la rotura se debió a problemas con las bombas del condominio y negó la extensión de los daños. El Tribunal de Primera Instancia encontró responsable al apelante por los daños de reparación. Tras revisar el recurso, el Tribunal de Apelaciones confirma la Sentencia apelada.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en un recurso de certiorari instado por Pep Boys-Manny, Moe & Jack of P.R., Inc. La empresa solicitó la revisión de una resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó su solicitud de sentencia sumaria. El caso original, tramitado bajo procedimiento sumario laboral, fue presentado por Reynaldo Rosario Ramos contra Pep Boys. Rosario reclamó despido injustificado, represalias y discrimen por sexo tras más de 22 años de empleo. Alegó que fue despedido por un incidente relacionado con una boleta de servicio manual durante una avería del sistema post-huracán María, práctica que, según él, era común y tolerada. Rosario sostuvo que el despido fue una represalia por una queja interna y discriminatorio por insinuaciones sobre una cliente. Pep Boys defendió el despido como justificado por violaciones a políticas de la empresa y mencionó amonestaciones previas. La empresa argumentó que los hechos incontrovertidos demostraban la justificación del despido. El Tribunal de Apelaciones acogió el certiorari y revocó la resolución del foro primario.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una resolución sobre un recurso de certiorari presentado por Alejandro Bellver Espinosa y Maritere Hernández Almodovar. Los peticionarios solicitan la revisión de una resolución del Tribunal de Primera Instancia de San Juan. Dicha resolución, emitida el 8 de noviembre de 2018, denegó una moción de desestimación parcial presentada por los peticionarios. La moción buscaba desestimar la primera causa de acción por daños y perjuicios incluida en la reconvención del Consejo de Titulares del Condominio Quantum Metrocenter. Los peticionarios argumentaron que el Reglamento del Condominio limita la reclamación a costos de reparación, no a daños económicos. El caso original inició en 2017 con una demanda de los peticionarios sobre la paralización de remodelaciones en su espacio comercial y reclamación de daños. Tras la reconvención del Consejo de Titulares, los peticionarios presentaron la moción de desestimación parcial. El Tribunal de Primera Instancia la declaró sin lugar, lo que motivó el presente certiorari. Por los fundamentos expuestos en la resolución, el Tribunal de Apelaciones deniega la expedición del recurso de certiorari solicitado.

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Tribunal de Apelaciones emite sentencia en un recurso de apelación sobre incumplimiento de contrato contra una aseguradora. Las apelantes recurren la sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó sumariamente su demanda contra Cooperativa de Seguros Múltiples de Puerto Rico (CSMPR). La demanda original reclamaba daños a una propiedad asegurada por el huracán María. El foro primario concedió la moción de sentencia sumaria de la CSMPR, determinando que se configuró un pago en finiquito al haber las apelantes cobrado un cheque de la aseguradora. Las apelantes se opusieron, alegando que el consentimiento fue viciado, que la aseguradora incumplió sus obligaciones y que existían hechos en controversia. Argumentaron que la CSMPR no inspeccionó la propiedad ni discutió los daños, subvalorándolos. El Tribunal de Apelaciones, tras evaluar los fundamentos, decide revocar la sentencia apelada del Tribunal de Primera Instancia.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de liquidación de comunidad post ganancial entre Ángel Arnaldo Pérez Santoni y Debbie Ann Muñoz Acevedo. El señor Pérez Santoni demandó para dividir los bienes adquiridos durante el matrimonio, alegando que el negocio "Funeraria Pérez Santoni" y el solar donde ubica eran bienes privativos. La señora Muñoz Acevedo, en su reconvención, disputó esta clasificación, argumentando que el negocio y el edificio fueron adquiridos o construidos con fondos gananciales y que el solar fue pagado durante el matrimonio. El Tribunal de Primera Instancia dictó sentencia parcial sumaria declarando que el negocio Funeraria Pérez Santoni era un bien privativo del demandante. La señora Muñoz Acevedo apeló esta decisión ante el Tribunal de Apelaciones. El Tribunal de Apelaciones acogió el recurso como apelación y revisó los argumentos de las partes sobre la naturaleza de los bienes en disputa. El documento detalla el historial procesal y las posiciones de las partes respecto a la propiedad de la funeraria y el terreno.

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Sentencia de un panel de jueces en Puerto Rico resolviendo un recurso de apelación presentado por Ángel Luis Dávila Reyes. El apelante solicitó la revocación de una Sentencia Sumaria del Tribunal de Primera Instancia que ordenó el pago de \$128,831.51 más intereses, cargos y costas en un caso de ejecución de hipoteca "In Rem". Scotiabank de Puerto Rico demandó al señor Dávila y su esposa por alegado incumplimiento en el pago de una hipoteca desde octubre de 2014. La acción se dirigió contra la propiedad hipotecada, no contra el apelante personalmente. El señor Dávila contestó la demanda negando alegaciones y presentando defensas, incluyendo la legitimación activa de Scotiabank. Scotiabank solicitó sentencia sumaria, aportando evidencia del préstamo, la hipoteca y la deuda. El Tribunal de Primera Instancia declaró Con Lugar la demanda mediante sentencia sumaria. Tras examinar el recurso y el derecho aplicable, el panel de jueces acordó confirmar la Sentencia Sumaria apelada.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre un caso de incumplimiento de contrato de opción de compra de una participación en un inmueble. C & C Legal Offices demandó a Josefina Viruet alegando un contrato que establecía el precio en $105,000 o el valor de tasación, y que su tasación justificaba un precio de $75,000 por la participación del 50%. El Tribunal de Primera Instancia declaró con lugar la demanda, pero determinó que el precio acordado era $105,000. C & C apeló, impugnando la apreciación de la prueba y reclamando el precio de $75,000. El Tribunal de Apelaciones concluyó, tras revisar la prueba, que las partes nunca llegaron a un acuerdo sobre el precio de venta. Por consiguiente, determinó que nunca surgió un contrato válido entre las partes. Esto implica que el demandante no tiene derecho a ejercer opción alguna. La demandada, Josefina Viruet, no tiene obligación de vender su participación.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en el caso KLAN201900930, una apelación sobre cobro de dinero, incumplimiento de contrato y daños. Michelle Esteves Rodríguez demandó a Fernando Efraín Rodríguez Rodríguez alegando interferencia en la venta de su propiedad, incumplimiento de pago de un pagaré y un cheque sin fondos tras él adquirir y vender el inmueble, y servicios laborales impagos. El Tribunal de Primera Instancia desestimó la causa de acción por interferencia, pero determinó que Rodríguez Rodríguez estaba obligado a pagar $17,000 de un pagaré al vender la casa, lo cual sucedió. Se encontró que un cheque de $8,500 no tuvo fondos y que no se probó que otros pagos fueran abonos a la deuda en lugar de servicios. El TPI ordenó a Rodríguez Rodríguez pagar a Esteves Rodríguez. El Tribunal de Apelaciones revisó los fundamentos y confirmó la sentencia apelada.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico que resuelve apelaciones consolidadas en un caso de divorcio sobre pensión excónyuge. Lourdes Socorro Cortés Pagán y José Guillermo González Colón apelaron una determinación del Tribunal de Primera Instancia (TPI) del 3 de junio de 2019. El TPI había denegado la solicitud del señor González Colón de relevo total de la pensión alimentaria. No obstante, redujo la pensión mensual de la señora Cortés Pagán de $3,500 a $1,500. El TPI también eliminó otros beneficios como plan médico y gastos de auto previamente estipulados. La señora Cortés Pagán apeló la reducción y eliminación de beneficios. El señor González Colón apeló buscando la revocación o modificación de la decisión del TPI. El Tribunal de Apelaciones consolidó ambas apelaciones para su resolución conjunta. El documento detalla el historial del caso, incluyendo el acuerdo original de pensión de 2003 e intentos previos de modificación.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de certiorari presentado por Oriental Bank and Trust. La petición busca la revocación de resoluciones del Tribunal de Primera Instancia en un pleito de cobro de dinero y ejecución de hipoteca. El caso original fue incoado por JR Mortgage Home, Inc. contra Abundino González Marín. El señor González Marín, demandado, presentó una demanda contra tercero contra Oriental Bank. Alega que Oriental Bank, como vendedor original, incumplió el contrato al no entregarle la estructura residencial incluida en la compraventa de la propiedad hipotecada. Sostiene que, debido a este incumplimiento, la deuda reclamada no está vencida, ni es líquida ni exigible. Oriental Bank impugnó la denegatoria de su solicitud de sentencia sumaria parcial y la denegatoria de una moción de desistimiento de JR Mortgage. El Tribunal de Apelaciones denegó la expedición del auto de certiorari solicitado por Oriental Bank.

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Un panel apelativo revisó dos recursos de Certiorari presentados por el Sr. Francisco Valdés Pérez. El peticionario impugnaba una Orden del Tribunal de Primera Instancia (TPI) que disponía su traslado a un hospital psiquiátrico forense para evaluación. También apelaba una Resolución del TPI que denegó su petición de Habeas Corpus. El Sr. Valdés Pérez enfrentaba cargos por agresión sexual y fue encontrado incurso en desacato por incumplir una orden de evaluación psiquiátrica previa. El TPI ordenó su traslado para evaluación bajo la Regla 240 y denegó el Habeas Corpus, aclarando que su encarcelamiento actual se debía al desacato. El peticionario articuló errores específicos contra ambas decisiones del TPI. Tras considerar los antecedentes procesales y los argumentos, el foro apelativo determinó desestimar ambos recursos. La desestimación se fundamentó en la academicidad de las controversias planteadas.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resolviendo apelaciones consolidadas en un caso de divorcio. Las partes, Lourdes Socorro Cortés Pagán y José Guillermo González Colón, impugnan una determinación del Tribunal de Primera Instancia de Fajardo sobre pensión excónyuge. El foro primario denegó la eliminación total de la pensión solicitada por el señor González Colón. Sin embargo, redujo el monto mensual de $\$3,500$ a $\$1,500$ y eliminó beneficios adicionales estipulados en 2003, como plan médico y gastos de auto. También ordenó al señor González Colón pagar las cantidades adeudadas hasta la fecha. Ambas partes apelaron esta decisión, llevando sus recursos ante el Tribunal de Apelaciones, que procedió a consolidarlos. El documento detalla el historial del caso, incluyendo intentos previos del señor González Colón desde 2006 para modificar o eliminar la pensión. Se revisan los hechos y el derecho aplicable para resolver las controversias planteadas en las apelaciones.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre un caso de cobro de dinero entre Graciela Escudero Roig (apelante) y Justino Orozco García (apelado). La controversia principal gira en torno a si una declaración jurada podía crear una obligación de compartir gastos de propiedad entre las partes, casadas bajo un régimen de total separación de bienes. Este régimen se estableció mediante capitulaciones matrimoniales otorgadas en escritura pública. La apelante alegó que la declaración jurada obligaba al apelado a pagar la mitad de los gastos hipotecarios y de la propiedad. El apelado sostuvo que las capitulaciones matrimoniales prevalecían, asignando la responsabilidad de las deudas individualmente. El Tribunal de Primera Instancia dictó sentencia sumaria, resolviendo que la declaración jurada no modificó eficazmente las capitulaciones matrimoniales al no ser una escritura pública. El Tribunal de Apelaciones revisó la decisión del foro primario. El tribunal apelativo confirmó la sentencia sumaria parcial, reafirmando que las modificaciones a las capitulaciones matrimoniales deben constar en escritura pública para tener validez entre las partes.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en revisión administrativa. El caso enfrenta a la exempleada Lucidenia Rodríguez Torres contra su patrono, Erikmar, Inc. La señora Rodríguez Torres presentó una querella ante la Oficina de Mediación y Adjudicación (OMA) del DTRH. Reclamó despido injustificado, salarios, periodo de alimentos, vacaciones, enfermedad, horas extras y bono de navidad. La OMA declaró Ha Lugar la querella y condenó a Erikmar a pagar \$22,083.08. Esta decisión se tomó tras declarar la rebeldía de Erikmar por incomparecencia a la vista. Erikmar apeló la Resolución y Orden de la OMA ante el Tribunal de Apelaciones. El patrono alegó que la empleada abandonó el empleo y no fue despedida. El Tribunal de Apelaciones revisó el caso. Finalmente, el Tribunal confirmó la Resolución y Orden recurrida.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico que revisa un dictamen previo del Tribunal de Primera Instancia. El caso versa sobre una demanda de daños y perjuicios instada por el matrimonio Becerril-Ferrer contra el Municipio de San Juan y su aseguradora. Los demandantes alegaron que su panteón familiar en un cementerio municipal fue vandalizado en múltiples ocasiones, resultando en tapas rotas y exposición de féretros. Atribuyeron negligencia al Municipio por no tomar medidas correctivas a pesar de tener conocimiento de los incidentes y su causa. El Tribunal de Primera Instancia declaró con lugar la demanda, imponiendo responsabilidad solidaria a la parte apelante por daños morales y especiales. El Municipio y su aseguradora apelaron, argumentando que los daños fueron producto de actos criminales de terceros. El Tribunal de Apelaciones procedió a la adjudicación del recurso. La decisión anticipada del Tribunal de Apelaciones es confirmar el dictamen apelado.

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Sentencia en reconsideración del Tribunal de Apelaciones sobre una revisión judicial de una resolución del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACo). La resolución del DACo ordenó a Granton Group indemnizar a Ángel S. Natal Díaz con \$2,080.00. El recurrente solicitó revisión judicial, la cual fue inicialmente desestimada por el Tribunal de Apelaciones por haber sido presentada tardíamente. El recurrente pidió reconsideración, alegando que el recurso no fue tardío, sino prematuro. Argumentó que el DACo no notificó la resolución conforme a la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme (LPAU), al usar solo correo ordinario en lugar de ordinario y certificado. La notificación defectuosa, según la LPAU y jurisprudencia, impide que se active el término jurisdiccional para la revisión judicial. El DACo confirmó que la notificación se hizo únicamente por correo regular. El Tribunal de Apelaciones acuerda reconsiderar su sentencia previa. Se destaca la importancia del cumplimiento estricto con los requisitos de notificación de la LPAU para la activación de los términos de revisión.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre una petición de certiorari. Carlos Mollet Quiles solicitó revocar una Orden del Tribunal de Primera Instancia que denegó su pedido para que sus penas se cumplieran de forma concurrente. El peticionario fue sentenciado en 1992 a 164 años de reclusión, a cumplirse consecutivamente, por asesinato y delitos de armas. El documento detalla múltiples intentos previos del señor Mollet, a lo largo de los años, para modificar su sentencia o lograr un nuevo juicio, todos denegados por diversas instancias judiciales. Su solicitud más reciente, basada en la Regla 185 de Procedimiento Criminal y la Ley 246 de 2014, fue declarada No Ha Lugar por el TPI. Tras examinar el recurso y la comparecencia del Procurador General, el Tribunal de Apelaciones resuelve denegar el auto de certiorari solicitado.

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Esta es una sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre una revisión administrativa. El peticionario Jesús Ramos Luciano solicitó la revisión de una resolución de la Junta de Libertad Bajo Palabra. La resolución, dictada el 25 de julio de 2019, le denegó el privilegio de libertad bajo palabra. El peticionario cumple una sentencia de 25 años por violación técnica y tentativa de violación técnica. La Junta denegó la libertad bajo palabra basándose en varios factores. Las razones principales incluyeron la naturaleza violenta del delito y la necesidad de una evaluación psicológica actualizada del Negociado de Rehabilitación y Tratamiento. Además, la Junta señaló que el peticionario carecía de un plan de salida viable y verificado, incluyendo propuesta de hogar, amigo consejero y oferta de empleo. El Tribunal de Apelaciones revisó el caso. Aplicando deferencia a la experiencia de la agencia administrativa, el tribunal encontró justificada la decisión de la Junta. Por lo tanto, el Tribunal confirmó la resolución de la Junta de Libertad Bajo Palabra que denegó la libertad bajo palabra.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una Resolución sobre un recurso de certiorari. El recurso fue presentado por el Cuerpo de Emergencias Médicas de Puerto Rico. Buscaba la revocación de una sentencia del Tribunal de Primera Instancia de San Juan. Dicha sentencia había confirmado un laudo arbitral de la Comisión Apelativa del Servicio Público relacionado con Verónica Irizarry Rodríguez. El Tribunal de Apelaciones procede a desestimar el recurso de certiorari. La desestimación se debe al incumplimiento de las disposiciones reglamentarias necesarias para perfeccionar el recurso. Se identifica específicamente la falta de cumplimiento con el requisito de notificación a las partes dentro del término establecido. Este requisito está dispuesto en la Regla 33(B) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones y es de cumplimiento estricto. El tribunal subraya su deber de examinar la jurisdicción y la importancia de adherirse a los términos procesales.

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Se trata de una apelación contra una sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó una demanda. La demanda fue presentada por Servicios Especializados Mercedes, Inc. contra Banco Cooperativo de Puerto Rico. Buscaba la declaración de nulidad de un procedimiento de ejecución de sentencia hipotecaria y el reclamo de daños y perjuicios. La parte apelante alegó irregularidades en la inscripción de la hipoteca, la nulidad de un acuerdo transaccional por falta de acreditación de representación corporativa, y la falta de notificación de la sentencia y la moción de ejecución. Reclamó cuantiosos daños por la pérdida de su propiedad y equipo tras la subasta. El banco apelado solicitó la desestimación argumentando, principalmente, que la acción de daños estaba prescrita al haberse presentado más de un año después de la subasta pública. También afirmó que la hipoteca estaba debidamente inscrita y el acuerdo era válido. El Tribunal de Primera Instancia desestimó la demanda. El Tribunal de Apelaciones revisó el caso. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones confirmó la sentencia apelada.

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Este documento es una Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. Procede de un recurso de certiorari presentado por El Pueblo de Puerto Rico contra Radamés Cosme Rodríguez, originado en el Tribunal de Primera Instancia (TPI) de Arecibo. El recurso buscaba revisar una Resolución del TPI que declaró Ha Lugar una solicitud de supresión de evidencia. La evidencia suprimida consistía en un material biomédico con sangre del recurrido, ocupado mediante orden judicial. Esta ocupación se relacionaba con una investigación de asesinato donde el sospechoso resultó herido. El recurrido se había negado previamente a someterse a una prueba de ADN, siendo declarado incurso en desacato. Posteriormente, se emitió una nueva orden de registro basada en hechos ampliados. El Tribunal de Apelaciones expidió el auto de certiorari. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones revocó la determinación del TPI de suprimir la evidencia.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un litigio por incumplimiento de contrato de seguro. Sylvette Peterson-Padonvani demandó a Universal Insurance Company por daños a una propiedad asegurada tras el Huracán María, bien adquirido durante su matrimonio con Victor Lamberty. Universal hizo una oferta de pago que retiró por falta de respuesta. Posteriormente, el ex-esposo firmó un relevo aceptando la oferta retirada. Universal solicitó sentencia sumaria para desestimar la demanda, alegando pago en finiquito basado en el relevo firmado por el co-asegurado. El Tribunal de Primera Instancia declaró No Ha Lugar la solicitud de sentencia sumaria. Universal apeló esta determinación mediante certiorari. El Tribunal de Apelaciones expide el auto y modifica la Resolución del foro primario. La controversia central gira en torno al efecto legal del relevo firmado por uno de los co-asegurados sobre la reclamación de la otra co-asegurada, especialmente tras la disolución del matrimonio y el retiro de la oferta.

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MAPFRE Insurance Company presentó un recurso de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. Solicitó la revisión de una decisión del Tribunal de Primera Instancia (TPI) que denegó su moción de desestimación. El caso subyacente fue instado por José R. Jiménez contra MAPFRE por daños y perjuicios e incumplimiento de contrato tras el Huracán María. Jiménez alegó que MAPFRE no compensó adecuadamente los daños a su residencia e incurrió en prácticas desleales. MAPFRE solicitó la desestimación basándose en la doctrina de pago en finiquito, argumentando que Jiménez cobró un cheque como pago total. Jiménez se opuso, alegando que no se cumplieron los requisitos de dicha doctrina y que MAPFRE actuó de mala fe. El TPI declaró No Ha Lugar la moción de desestimación, encontrando hechos en controversia. MAPFRE recurrió, alegando que el TPI erró al no aplicar la doctrina de pago en finiquito. El Tribunal de Apelaciones, por los fundamentos expuestos, denegó la expedición del auto de certiorari.

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Este documento es una sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. Confirma la decisión del Tribunal de Primera Instancia que declaró justificado el despido de un empleado. El empleado, Miguel Ángel Rodríguez Nieves, demandó a su patrono, la Federación de Asociaciones Pecuarias de Puerto Rico, Inc., por despido injustificado y represalias. La controversia principal giró en torno al manejo de reembolsos de gastos de viaje por parte del empleado. El empleado solicitó y recibió reembolso de su patrono por gastos de hotel y pasajes aéreos relacionados con un viaje. Simultáneamente, el empleado o terceros en su nombre obtuvieron reembolsos por los mismos gastos directamente del hotel y la aerolínea. El empleado no informó a su patrono sobre estos reembolsos adicionales hasta que fue cuestionado. Tampoco devolvió al patrono los fondos doblemente reembolsados. El Tribunal de Primera Instancia concluyó que esta conducta constituía una falta, justificando el despido. El Tribunal de Apelaciones ratifica esta conclusión, confirmando la sentencia apelada.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una Resolución en un recurso de Certiorari. La Oficina del Procurador General solicitó la intervención del tribunal para dejar sin efecto una Minuta-Resolución del Tribunal de Primera Instancia. Dicha resolución de instancia, dictada en un caso sobre Sentencia Declaratoria, impuso una medida cautelar. La medida cautelar ordenaba que la nueva directiva de la Junta de Farmacia tomara decisiones conjuntamente con la pasada presidenta. El peticionario alegó que esta medida era incompatible con la ley aplicable. El Tribunal de Apelaciones procedió a evaluar el recurso. Sin embargo, el tribunal determinó desestimar la Petición de Certiorari. La desestimación se fundamenta en la doctrina de academicidad. El tribunal concluyó que la controversia presentada ya no constituía un caso vivo que requiriera una determinación judicial.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa una sentencia del Tribunal de Primera Instancia, Sala de Ponce. Dicha sentencia desestimó con perjuicio una querella de reclamación laboral presentada por Alejandro Blas Maldonado contra Juana Díaz Animal Hospital. El señor Blas Maldonado reclamaba indemnización por despido injustificado y partidas salariales adeudadas. La desestimación en Primera Instancia se basó en una alegación de la parte querellada, realizada durante el juicio, sobre la supuesta falta de jurisdicción sobre la persona al argumentar que Juana Díaz Animal Hospital carece de personalidad jurídica. Esta alegación surgió tras dos años de trámites procesales con participación de ambas partes, incluyendo descubrimiento de prueba y una conferencia preliminar donde el tema central era la naturaleza de la relación laboral. El Tribunal de Apelaciones, tras analizar el recurso, determina revocar la sentencia apelada.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico que revisa un dictamen del Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Bayamón. La apelante, Ivelisse Rivera Quiñones, impugna la Sentencia Sumaria que desestimó su demanda contra GFR Media LLC. La demanda original alegaba discrimen por edad en el empleo y daños y perjuicios, tras la terminación de su puesto como reportera por una reorganización empresarial. GFR Media solicitó la desestimación argumentando falta de jurisdicción del tribunal debido a un convenio colectivo que requería arbitraje y la falta de agotamiento de remedios administrativos. El Tribunal de Primera Instancia acogió la solicitud de sentencia sumaria y desestimó el caso. La apelante sostiene que el tribunal erró al concluir que el convenio colectivo le privaba de jurisdicción sobre la reclamación de discrimen y al dictar sentencia sumaria existiendo controversias de hechos. El Tribunal de Apelaciones procede a evaluar los fundamentos de la decisión recurrida.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una sentencia sobre dos recursos consolidados presentados por Myrna Irazema Vázquez González contra Luis Javier Díaz Soto. Los recursos apelan decisiones del Tribunal de Primera Instancia relativas a la modificación de pensión alimentaria para su hija menor. El recurso KLAN201901295 impugna una orden que denegó una revisión de pensión por no haber transcurrido tres años desde la fijación previa. El recurso KLAN202000001 apela una resolución que declaró No Ha Lugar una solicitud de modificación de pensión alimentaria. La pensión fue fijada previamente en noviembre de 2016 mediante estipulación de las partes. La Sra. Vázquez solicitó la modificación en mayo de 2017 alegando cambios significativos en los ingresos de ambos. El Tribunal de Primera Instancia denegó la solicitud de modificación, acogiendo en parte un informe de la Examinadora de Pensiones Alimentarias. El Tribunal de Apelaciones desestima el recurso KLAN201901295 por falta de jurisdicción por académico. Asimismo, el Tribunal de Apelaciones revoca el dictamen apelado en el recurso KLAN202000001.

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Guaynabo Health Providers, Corp. presentó una demanda de cobro de dinero contra el Municipio Autónomo de Guaynabo por más de \$1.2 millones, relacionada a una tarifa/prima contratada. El Municipio solicitó la inclusión de Triple S - S Salud. Inc. y la Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico como partes indispensables y la paralización del caso. Posteriormente, el Municipio instó una moción de desestimación por falta de jurisdicción. Guaynabo Health se opuso a estas solicitudes y enmendó su demanda, desistiendo de una causa de acción. El tribunal primario declaró No Ha Lugar a las mociones del Municipio sobre partes indispensables y falta de jurisdicción. Inconforme con esta determinación, el Municipio acudió ante este tribunal mediante Certiorari. El recurso plantea errores del tribunal primario al denegar la desestimación por falta de jurisdicción y al no reconocer a Triple S y ASES como partes indispensables. El panel procede a resolver el recurso, enfatizando la naturaleza insubsanable de la falta de jurisdicción y la obligación de determinarla antes de los méritos.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones consideró un Recurso de Revisión presentado por Quadrangle Development y la Asociación de Condómines Quadrangle Medical Center contra una Resolución de la Oficina Gerencia de Permisos (OGPe). El tribunal, como guardián de su jurisdicción, evaluó la procedencia del recurso antes de entrar en los méritos. Se determinó que el recurso era prematuro y, por tanto, el tribunal carecía de jurisdicción para atenderlo. La sentencia se fundamenta en la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme y la Ley para la Reforma del Proceso de Permisos. Estas leyes exigen que las órdenes y resoluciones administrativas sean notificadas a las partes por correo ordinario y certificado para que comiencen a correr los términos para solicitar revisión judicial. Citando jurisprudencia reciente del Tribunal Supremo, se reafirma la importancia de este método de notificación. Al no haberse cumplido aparentemente con este requisito procesal, el recurso fue desestimado. La desestimación se realizó sin entrar a resolver la controversia principal sobre la legalidad de la resolución emitida por la OGPe.

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Comparece ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico un recurso de apelación presentado por Carlos Pagán Sánchez contra Mapfre Insurance Company. El apelante solicita la nulidad de un acuerdo de transacción y la revocación de una sentencia del Tribunal de Primera Instancia (TPI). El TPI desestimó la demanda por incumplimiento de contrato y angustias mentales presentada por el Sr. Pagán contra Mapfre, aplicando la doctrina de pago en finiquito. La desestimación se basó en que el apelante endosó y cobró un cheque de Mapfre que indicaba ser el pago total y final de su reclamación por daños del Huracán María. El apelante alega que el TPI erró al desestimar sumariamente, argumentando la existencia de controversias de hechos, prácticas desleales de Mapfre y vicio en su consentimiento al aceptar el cheque. Mapfre sostiene que la doctrina de pago en finiquito es aplicable. El Tribunal de Apelaciones adelanta que, por los fundamentos que expondrá, confirma la Sentencia apelada.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso presentado por el Municipio de San Juan. El Municipio apela una decisión del Tribunal de Primera Instancia que le ordenó pagar a un bufete de abogados una suma por servicios profesionales, más intereses y honorarios por temeridad. El foro primario validó los contratos y facturas presentados por el bufete, ordenando el pago de $43,693.40$ más intereses y $4,369.00$ en honorarios. El Municipio alega errores en la validación de contratos retroactivos o facturas genéricas, la imposición de honorarios a pesar de una controversia genuina sobre la deuda, y el tipo de interés aplicado. El bufete, por su parte, defiende la sentencia, argumentando que la deuda fue estipulada, los contratos y facturas son válidos y registrados, y que la actuación del Municipio fue temeraria. Tras analizar los argumentos, el Tribunal de Apelaciones anuncia que modificará en parte la sentencia apelada.

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Recurso de revisión instado por Innovattel Properties, LLC ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. La empresa impugnó una resolución de la División de Revisiones Administrativas de la OGPe. Dicha resolución dejó sin efecto un permiso de construcción para una torre de telecomunicaciones en Fajardo. La División de Revisiones Administrativas ordenó a la OGPe notificar la decisión del permiso conforme a derecho. El Municipio de Fajardo había solicitado la revisión administrativa, alegando falta de notificación y objeciones a la ubicación del proyecto. Innovattel argumentó que la solicitud del Municipio era tardía. Sin embargo, después de que Innovattel presentara su recurso ante el Tribunal, la OGPe notificó la determinación del permiso de construcción según lo ordenado por la División de Revisiones Administrativas. Ante este desarrollo, el Tribunal de Apelaciones evaluó si la controversia seguía activa. El Tribunal concluyó que la cuestión se había tornado académica. Por tanto, desestimó el recurso de revisión presentado por Innovattel.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de certiorari presentado por Vangerie Díaz Ortega. La señora Díaz Ortega solicitó la revisión de una Orden del Tribunal de Primera Instancia que autorizó la venta de una propiedad. Dicha propiedad le fue adjudicada en una Sentencia de Divorcio por consentimiento mutuo de 2016, con la condición de asumir la hipoteca en dos años. El señor Pablo Noel Ortiz Correa, ex esposo, solicitó la venta alegando que la señora Díaz Ortega incumplió al no asumir la deuda hipotecaria y dejar de pagar las mensualidades. El foro primario concedió términos y señaló vistas para atender el incumplimiento. A pesar de ser notificada, la señora Díaz Ortega no compareció a dos vistas cruciales. Ante el incumplimiento de las estipulaciones y la incomparecencia, el Tribunal de Primera Instancia ordenó la venta de la propiedad. El Tribunal de Apelaciones examinó el expediente y los fundamentos presentados. Por los motivos expuestos, el Tribunal de Apelaciones deniega la expedición del auto de certiorari solicitado.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico que resuelve un recurso de revisión instado por KLRA Corporation (Pro Auto) contra una resolución del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACo). El DACo había declarado con lugar una querella de Cristóbal Mari Rodríguez, decretando la rescisión de un contrato de compraventa de vehículo usado y un contrato de financiación, y ordenando a Pro Auto restituir \$2,300 al consumidor. La querella original se basaba en alegadas discrepancias en el valor de "trade-in" y la tasa de interés del financiamiento. No obstante, posteriormente, el Sr. Mari Rodríguez entregó voluntariamente el vehículo a la financiera mediante una Cesión de Derechos, cediendo sus derechos sobre el auto y aceptando responsabilidad por cualquier balance adeudado. Adicionalmente, el consumidor solicitó voluntariamente el cierre y archivo de su querella ante el DACo, indicando falta de interés en continuar el caso. Tomando en consideración estas acciones posteriores del consumidor, el Tribunal de Apelaciones revoca la resolución emitida por el DACo.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico que resuelve un recurso de revisión. El recurrente, José H. Rodríguez Rivera, impugna una Resolución y Orden del Negociado de Telecomunicaciones (NET). Dicha Resolución ordenó el archivo de su querella contra CLARO (Puerto Rico Telephone Company, Inc.) sobre problemas de cobertura de DATA y facturación. El recurrente alegaba servicio deficiente y cobros indebidos. El NET, tras investigar y celebrar una vista, concluyó que el querellante sí tenía servicio y que en ocasiones lo deshabilitó él mismo, archivando la querella por falta de causa de acción. El Tribunal de Apelaciones evaluó los escritos de las partes y la evidencia presentada ante el NET. Tras dicha evaluación, el Tribunal determinó revocar la Resolución y Orden del NET.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa una decisión del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACo). Union Auto Group Corp. recurre la resolución del DACo que decretó la nulidad de un contrato de compraventa de vehículo de motor. La nulidad fue ordenada porque Union Auto Group no informó al comprador, Sr. Hernán Fraticelli, que el vehículo usado había sido previamente chocado y reparado. El Sr. Fraticelli presentó una querella ante el DACo solicitando la cancelación del contrato y la devolución de las prestaciones. Tras varias etapas administrativas, incluyendo una reconsideración por parte de la institución financiera y una nueva vista, el DACo emitió una resolución final anulando el contrato. Union Auto Group solicitó reconsideración ante el DACo, alegando la existencia de un nuevo acuerdo de trade-in y la ausencia de dolo o engaño. El DACo denegó la reconsideración, llevando a Union Auto Group a presentar el recurso de revisión judicial. El Tribunal de Apelaciones, en su sentencia, confirma la resolución emitida por el DACo.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre dos recursos consolidados relativos a pensión alimentaria. Los recursos fueron presentados por la madre contra el padre, buscando la modificación de la pensión para su hija menor. Una pensión previa fue fijada en noviembre de 2016 mediante estipulación. La madre solicitó la modificación en mayo de 2017 alegando cambios en sus ingresos (cesantía) y los del padre (ascenso). El Tribunal de Primera Instancia denegó la modificación, acogiendo el informe de la Examinadora de Pensiones Alimentarias que no encontró justa causa. La madre apeló esta denegatoria (KLAN202000001) y otra orden que denegó una revisión por no haber transcurrido tres años (KLAN201901295). El Tribunal de Apelaciones desestimó el recurso KLAN201901295 por falta de jurisdicción por académico. No obstante, revocó el dictamen apelado en el recurso KLAN202000001. La sentencia detalla el historial procesal y los fundamentos para revocar la denegatoria de modificación.

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Este es un recurso de Revisión Judicial ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. La Dra. Ana Luisa Sierra Ortiz solicita la revisión de una determinación de la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico (JG-UPR). La JG-UPR declaró No Ha Lugar la apelación administrativa de la recurrente, confirmando la desestimación por falta de jurisdicción por parte del presidente interino de la UPR. El caso se relaciona con el plan de pensión de retiro de la Dra. Sierra Ortiz. Ella trabajó en la UPR de 1971 a 1983, cotizando al plan de Pensión Coordinada. En 1973, se creó un plan de Pensión Suplementada, pero ella no optó por cambiarse en ese momento. Al reingresar a la UPR en 1999, la reglamentación vigente impedía a los empleados de reingreso optar por la pensión suplementada si no lo habían hecho previamente. El Tribunal de Apelaciones, tras evaluar el caso, CONFIRMA la determinación recurrida de la JG-UPR.

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Puerto Rican Tower Company, Inc. apeló una sentencia sumaria del Tribunal de Primera Instancia que favoreció a HQ 103, Inc. en un caso de incumplimiento de contrato. Una sentencia previa del Tribunal de Apelaciones de 2012 había establecido la existencia de un precontrato vinculante entre las partes. Dicho acuerdo obligaba a PR Tower a construir una torre en Utuado y a HQ 103 a arrendarle un terreno en Camuy por 30 años a cambio de un canon nominal para que PR Tower construyera y usara una torre allí. La sentencia anterior aclaró que el arrendamiento de Camuy no estaba condicionado a la construcción en Utuado. HQ 103 demandó a PR Tower alegando que esta nunca construyó la torre de Utuado pero continuó usando la de Camuy, beneficiándose de subarrendamientos mientras pagaba solo un dólar anual. HQ 103 solicitó la resolución del contrato y daños. PR Tower contestó negando las alegaciones y reconvino. El Tribunal de Apelaciones revisó el caso y decidió confirmar la sentencia impugnada del Tribunal de Primera Instancia.

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Se revisa una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó una demanda de injunction estatutario. El apelante, Eduardo M. Joglar Castillo, demandó a Advanced Wireless Communications, Inc. y a los co-accionistas Gerald A. Torres Nogueras y Luiz A. Penna. La acción legal se fundamenta en los Arts. 7.10 y 7.15 de la Ley General de Corporaciones. El litigio surge de un conflicto entre los accionistas de AWC, una empresa inicialmente fundada por Joglar y Torres Nogueras. Las participaciones accionarias quedaron divididas casi equitativamente entre los tres tras la incorporación de Penna. Joglar, como presidente y único oficial, alegó que Torres Nogueras, tras unirse como empleado, usurpó oportunidades corporativas en beneficio propio. Tras la confrontación, Torres Nogueras renunció a la junta directiva y se discutió la compraventa de acciones entre los socios. El Tribunal de Primera Instancia desestimó la demanda de injunction con perjuicio. El Tribunal de Apelaciones determinó que la desestimación fue errónea. Por tanto, se revoca la sentencia apelada y se devuelve el caso al foro primario para la celebración de una vista en sus méritos.

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La Universidad de Puerto Rico, Recinto de Mayagüez (UPRM) presentó una petición de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones. La UPRM solicita la revocación de una Resolución del Tribunal de Primera Instancia (TPI) que denegó su Moción de Desestimación por Falta de Jurisdicción. Dicha moción de desestimación cuestionaba la validez del emplazamiento recibido por la UPRM en un caso de cobro de dinero. Simultáneamente, la UPRM sometió una Moción en Auxilio de Jurisdicción pidiendo la paralización de los procedimientos en el TPI. Argumenta que continuar el caso la obligaría a contestar la demanda, sometiéndose a la jurisdicción, o arriesgarse a una anotación de rebeldía. El documento detalla el carácter discrecional del recurso de certiorari y los criterios legales que rigen su expedición por el Tribunal de Apelaciones. El tribunal revisor prescindió de la comparecencia de la parte recurrida para este trámite inicial. La resolución describe el contexto procesal y legal del recurso presentado por la UPRM.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico considera un recurso de certiorari presentado por Luis E. Lebrón Laureano. El peticionario impugna una resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó su solicitud de reconsideración de sentencia. Lebrón Laureano cumple una sentencia de 233 años impuesta por violaciones al Código Penal y la Ley de Armas. Argumenta que la sentencia es excesiva, supera la expectativa de vida y viola sus derechos constitucionales a la igual protección y contra castigos crueles e inusitados. Sostiene que la aplicación del artículo 7.03 de la Ley de Armas sobre duplicación de penas infringe la prohibición de doble exposición. El peticionario solicita la corrección de su sentencia. El Tribunal observa que el peticionario no incluyó el dictamen recurrido del foro primario. Se adelanta que el recurso será desestimado conforme a la Regla 83 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones. La resolución discute la naturaleza discrecional del auto de certiorari y los criterios para su expedición.

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Se presentan ante este foro apelativo dos recursos de Certiorari por el Sr. Francisco Valdés Pérez. Impugna una Orden de Traslado a Hospital Psiquiatría Forense y una Resolución denegando una petición de habeas corpus, ambas emitidas por el Tribunal de Primera Instancia. El peticionario enfrenta cargos por agresión sexual y fue encarcelado al no prestar fianza. Posteriormente, fue encontrado incurso en desacato por incumplir una orden de evaluación psiquiátrica. El TPI denegó el habeas corpus argumentando que su detención era por desacato criminal. Asimismo, el TPI ordenó su traslado inmediato al hospital psiquiátrico forense bajo la Regla 240. El peticionario alegó errores relacionados con la orden de evaluación y la denegación del habeas corpus. Este panel revisó los recursos presentados por el señor Valdés Pérez. Por los fundamentos expuestos, se desestiman ambos recursos por academicidad.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una resolución en un caso de certiorari. Steven Ramos solicita la revisión de una decisión del Tribunal de Primera Instancia que denegó su moción de sentencia sumaria. El pleito subyacente trata sobre la nulidad de una escritura de compraventa, cumplimiento específico, obligaciones recíprocas y daños y perjuicios. Ramos, como heredero del vendedor fallecido, impugna la validez de una escritura de 2017 otorgada a favor de Jonathan Feliciano Nieves. La controversia se centra en las condiciones de la venta, incluyendo el precio, un pagaré asociado y una cláusula de condonación de deuda al fallecimiento del vendedor. El Tribunal de Primera Instancia identificó hechos incontrovertidos pero determinó que no procedía dictar sentencia sumaria a favor del peticionario. El Tribunal de Apelaciones, tras evaluar la solicitud, deniega la expedición del auto de certiorari.