Casos del Tribunal de Apelaciones (Página 204)

Resumen:

Ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico, Panel XI, se presentan múltiples revisiones judiciales. Estas revisiones involucran a diversos proveedores de servicios de salud en el hogar como recurrentes e interventores-recurrentes, incluyendo a Advanced Home Care Services West, Vision Infusion Services, Best Option Healthcare, Hospital de Damas, Metro Pavía at Home y Servicios de Salud en el Hogar y Hospicio San Lucas. La Providencia Home Health Care, Inc. y Arecibo Medical Home Care figuran como recurridas en varios procedimientos. El Departamento de Salud de Puerto Rico es la agencia recurrida en todas las revisiones. El objeto de las disputas es la Solicitud de Certificado de Necesidad y Conveniencia para establecer programas de servicios de salud en el hogar. Estas solicitudes corresponden a diferentes propuestas y regiones geográficas, como la Región Sur, Noreste, Este y Metro. Los casos, identificados por números KLRA y propuestas, parecen estar consolidados o relacionados. La revisión judicial busca impugnar las decisiones administrativas del Departamento de Salud sobre la aprobación o denegación de dichos certificados.

Resumen:

El documento presenta una serie de casos de revisión judicial ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico, Panel XI. Estos procesos involucran impugnaciones a determinaciones del Departamento de Salud. El asunto principal en disputa es la solicitud de Certificados de Necesidad y Conveniencia (CNC). Dichos certificados son para establecer Programas de Servicios de Salud en el Hogar en diferentes regiones de la isla. Las regiones afectadas incluyen la Sur, Noreste, Este y Metro. Diversas entidades proveedoras de servicios de salud, como La Providencia Home Health Care, Best Option Healthcare y Metro Pavía at Home, figuran como partes recurrentes o recurridas. Los casos se identifican por números de expediente específicos (serie KLRA) y se relacionan con propuestas particulares (serie 18-06). El documento detalla las partes involucradas y el objeto de cada revisión judicial.

Resumen:

Varios casos de revisión judicial se presentan ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico, Panel XI. Estos procedimientos provienen de decisiones del Departamento de Salud. El asunto central en todas las apelaciones es la solicitud de Certificado de Necesidad y Conveniencia. Dichos certificados son necesarios para establecer programas de servicios de salud en el hogar. Las solicitudes cubren diferentes regiones geográficas de la isla, incluyendo Sur, Noreste, Este y Metro. Diversas entidades proveedoras de servicios de salud en el hogar figuran como partes recurrentes y recurridas. El Departamento de Salud actúa como agencia recurrida en estos litigios consolidados.

Resumen:

Ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico se presentan múltiples revisiones judiciales procedentes del Departamento de Salud. Estos casos, consolidados bajo el número KLRA201900624, involucran a diversas entidades proveedoras de servicios de salud en el hogar. Las controversias giran en torno a las solicitudes de Certificado de Necesidad y Conveniencia para establecer programas de salud en el hogar. Las solicitudes abarcan diferentes regiones geográficas de la isla, incluyendo la Región Sur, Noreste, Este y Metro. Proveedores como La Providencia Home Health Care, Advanced Home Care Services West, Best Option Healthcare, Hospital de Damas, Metro Pavía at Home y Servicios de Salud en el Hogar y Hospicio San Lucas figuran como partes recurrentes o recurridas. El Departamento de Salud actúa como agencia recurrida en estos procedimientos. La consolidación agrupa apelaciones relacionadas con decisiones administrativas sobre la autorización de nuevos servicios de salud domiciliaria.

Resumen:

Este documento presenta múltiples casos de revisión judicial ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico, Panel XI. Los casos involucran a varios proveedores de servicios de salud que impugnan decisiones del Departamento de Salud. El asunto central es la solicitud de Certificados de Necesidad y Conveniencia. Estos certificados son requeridos para establecer Programas de Servicio de Salud en el Hogar. Las solicitudes cubren diversas regiones de Puerto Rico, incluyendo Sur, Noreste, Este y Metro. Entidades como Advanced Home Care Services West, Best Option Healthcare, Hospital de Damas, Metro Pavía at Home y Servicios de Salud en el Hogar y Hospicio San Lucas figuran como recurrentes. La Providencia Home Health Care y Arecibo Medical Home Care aparecen como recurridas en varios casos. El Departamento de Salud actúa como agencia recurrida. Las apelaciones consolidan impugnaciones a propuestas específicas para estos servicios regionales de salud en el hogar.

Resumen:

Presenta una serie de revisiones judiciales ante el Tribunal de Apelaciones del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Los procedimientos se originan en decisiones del Departamento de Salud relativas a solicitudes de Certificados de Necesidad y Conveniencia. Estas solicitudes buscan la autorización para establecer programas de servicios de salud en el hogar en diversas regiones geográficas, como la Sur, Noreste, Este y Metro. Múltiples entidades, incluyendo La Providencia Home Health Care, Inc., Advanced Home Care Services West, Inc., Best Option Healthcare (PR), Inc., Metro Pavía at Home, LLC, y otras, participan como recurrentes o recurridas. El Departamento de Salud figura consistentemente como la agencia recurrida en estos casos. Los expedientes, identificados por números de propuesta específicos, han sido consolidados para su consideración judicial. La controversia principal se centra en la determinación de la necesidad y conveniencia pública para la operación de estos servicios de salud domiciliaria.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de revisión administrativa. El Hospital Auxilio Mutuo (HEAM) impugnó una resolución de la Oficina del Procurador del Paciente (OPP). La controversia inicial surgió de una querella del HEAM contra Medical Card System (MCS) por la denegación de días de hospitalización para una paciente, alegando que la aseguradora sustituía el criterio médico. La asesora médica de la OPP validó la necesidad médica de la hospitalización. La OPP emitió una resolución inicial a favor del hospital, ordenando a MCS cesar su denegación. MCS solicitó reconsideración, informando que la paciente había sido dada de alta y que la querella era prematura. La OPP, al reconsiderar, dejó sin efecto su resolución inicial por considerar el caso académico. El HEAM recurrió esta decisión de reconsideración ante el Tribunal de Apelaciones. El Tribunal de Apelaciones REVOCÓ la resolución de la OPP que declaró académico el caso.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisó una resolución administrativa del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO). Los recurrentes, Álvaro Durán Almeida y Catherine de la Cruz Durán, apelaron la decisión de DACO que desestimó sus querellas. Las querellas originales se presentaron contra Martín López Garay, José E. Calderón Garnier / Mi Permiso, LLC y Seguros SSS. Los recurrentes reclamaban incumplimiento de contrato, trabajos defectuosos y no realizados en una obra de construcción. DACO realizó una inspección de la propiedad, documentando diversas deficiencias alegadas en los trabajos. Durante la vista administrativa, los querellados argumentaron que DACO carecía de jurisdicción debido a una cláusula de arbitraje en el contrato. DACO acogió este planteamiento y desestimó las querellas mediante resolución. Los recurrentes solicitaron la revisión judicial de dicha resolución ante el Tribunal de Apelaciones. Tras evaluar el caso, el Tribunal de Apelaciones confirmó la resolución administrativa recurrida. La sentencia ratifica la desestimación de las querellas de consumo basada en la existencia del acuerdo de arbitraje.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisando una decisión de la Junta Reglamentadora del Cannabis Medicinal. Gabriella Rivera Rivero apeló una multa de \$250 impuesta por la Junta. La multa se debió a la expiración de su licencia ocupacional, aplicada bajo el Reglamento Núm. 9038. La recurrente alegó que la multa era improcedente, pues su licencia fue expedida bajo el Reglamento Núm. 8766, el cual no contemplaba multas por no renovación. Argumentó que el nuevo reglamento no le era aplicable. La Junta confirmó la multa, basándose en la aplicación de la Ley 42-2017 y el Reglamento Núm. 9038 a licencias existentes. El Tribunal de Apelaciones examinó el recurso y la comparecencia de la agencia. Finalmente, el Tribunal resolvió revocar la Resolución apelada de la Junta.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa la decisión del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos que declaró inelegible a Lorelei M. Cameron Morales para recibir beneficios de seguro por desempleo. La recurrente renunció a su puesto de asistente administrativa en el Baloncesto Superior Nacional. Tras solicitar beneficios, estos fueron denegados por el Negociado de Seguridad de Empleo al considerar que la renuncia no fue por justa causa. Dicha determinación fue confirmada por el Árbitro de la División de Apelaciones y la Secretaria del Trabajo. El Árbitro estableció, entre otros hechos, que la recurrente tomó dinero en efectivo de un pago para uso personal, lo que impidió un depósito bancario. Aunque repuso el dinero, el patrono investigó el incidente y otras cuestiones, suspendiendo a la empleada con paga. La recurrente adujo que se sintió incómoda por la investigación y suspensión, lo que la llevó a renunciar. El Tribunal de Apelaciones, al evaluar el recurso de revisión judicial, confirma la determinación recurrida. Se ratifica, por tanto, la denegación de los beneficios de seguro por desempleo a la señora Cameron.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en un recurso de revisión administrativa. Oconuco - Tierras Protegidas, Inc. impugnó una resolución de la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe). La resolución de la OGPe aprobó una solicitud de variación en lotificación presentada por Ángel Ortiz Ortiz. Dicha variación permitía la segregación de tres solares de 600 metros cuadrados en una finca ubicada en suelo rústico especialmente protegido. Oconuco, como colindante y entidad conservacionista, argumentó que la segregación violaba la normativa de cabida mínima para la zona. La OGPe y el proponente defendieron la aprobación, señalando que era para dar titularidad a ocupantes de estructuras existentes y que no se proponían nuevas construcciones. Tras evaluar el recurso, el Tribunal determinó que Oconuco carecía de legitimación activa para presentar la impugnación. Por consiguiente, el Tribunal desestimó el recurso de revisión por falta de jurisdicción para atender la controversia de fondo.

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KC Construction Inc. compareció ante el Tribunal de Apelaciones para revisar la resolución de la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) que declaró "No Favorable" su consulta para legalizar una estructura de almacén. El recurrente planteó que la OGPe erró en la apreciación de la prueba, particularmente sobre la zona inundable y una certificación municipal, contrariando la recomendación del oficial examinador. El Tribunal advirtió que el asunto central del recurso era la apreciación de la prueba. No obstante, el recurrente incumplió con las reglas procesales al no informar el tipo de reproducción de prueba oral a utilizar ni presentar la transcripción, exposición estipulada o narrativa requerida. Esta omisión impidió al Tribunal entrar en los méritos de las controversias planteadas. La corte recordó la norma que exige a las partes cumplir fielmente las disposiciones reglamentarias para el perfeccionamiento de los recursos, especialmente al impugnar la apreciación de la prueba. El incumplimiento de estos requisitos procesales impide al Tribunal estar en posición de revisar el dictamen recurrido.

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El Dr. César Berroa Báez apeló la decisión de la Junta de Licenciamiento y Disciplina Médica de Puerto Rico que canceló su licencia médica número 15506. La Junta basó su determinación en la participación del Dr. Berroa en un esquema fraudulento y la alteración de los resultados de sus exámenes de reválida. Una investigación federal resultó en su condena por fraude al cuidado de la salud, conspiración y robo de identidad agravado relacionado con la obtención de la licencia. Tras la condena federal, la Junta reanudó el proceso administrativo, habiendo suspendido inicialmente la licencia en 2007. Se citó al Dr. Berroa a una vista administrativa, pero no compareció ni se excusó. La Junta celebró la vista en su ausencia, lo declaró en rebeldía y utilizó la sentencia federal como prueba. Mediante Resolución 2015-343, ratificada por la Resolución 2019-210, la Junta ordenó la cancelación de su licencia. El Dr. Berroa solicitó la intervención del Tribunal de Apelaciones para revocar dicha resolución. El Tribunal de Apelaciones, por los fundamentos que expondrá, REVOCA la determinación de la Junta.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en el caso KLRA201900761, presentado por To-Ricos, LTD contra el Negociado de Seguridad de Empleo y Carlos J. Rivera Santiago. To-Ricos solicitó la revisión de una decisión de la Secretaria del Trabajo y Recursos Humanos. Dicha decisión declaró elegible al señor Rivera Santiago para recibir beneficios de seguro por desempleo. El reclamante fue despedido por To-Ricos tras alegaciones de acoso y burlas a un compañero de trabajo. Inicialmente, el NSE denegó los beneficios, pero un Árbitro y la Secretaria revocaron esa determinación, declarándolo elegible. To-Ricos apeló la decisión de la Secretaria ante el Tribunal de Apelaciones. El Tribunal procedió a revisar el recurso presentado por la empresa. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones resolvió desestimar el recurso de revisión administrativa. La desestimación se fundamentó en la falta de jurisdicción del Tribunal para atender el caso.

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Comparece ante el Tribunal de Apelaciones un recurso de revisión judicial presentado por David Núñez Pérez. El recurrente, confinado en una institución correccional, impugna una resolución del Departamento de Corrección y Rehabilitación. Dicha resolución confirmó una determinación disciplinaria en su contra. Se le encontró incurso de violar el Código 129 del Reglamento Disciplinario por arrojar positivo a buprenorfina en una prueba toxicológica. Como sanción, se le privó de varios privilegios institucionales por sesenta días. El señor Núñez Pérez solicitó reconsideración, alegando violaciones al debido proceso de ley y cuestionando la claridad del resultado de la prueba. El Departamento de Corrección denegó la reconsideración, ratificando la sanción. Ante el Tribunal de Apelaciones, el recurrente argumenta que la determinación disciplinaria violó sus derechos y los procedimientos reglamentarios. La sentencia inicia la evaluación del recurso, enmarcando la revisión judicial como un mecanismo para velar por la legalidad de las acciones administrativas.

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Comparece ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico un recurso de revisión administrativa instado por Juan Hernández Rivera contra la Autoridad de Carreteras y Transportación. El recurrente impugna la Resolución de la Junta de Apelaciones de la Autoridad que desestimó su apelación sobre pago de millaje por considerarla académica. Hernández Rivera alegó que la Junta erró al desestimar su reclamación, argumentando que existía un contrato de transacción entre las partes. Este es el segundo recurso de revisión presentado tras la desestimación del primero por prematuro. El Tribunal examina la doctrina de academicidad, que impide a los tribunales adjudicar controversias que ya no existen o cuya solución no tendría efectos prácticos. La Autoridad informó que el pago correspondiente al periodo reclamado por el recurrente ante la Junta de Apelaciones fue emitido. Aunque el recurrente intentó enmendar su reclamación para incluir otro periodo, dicha solicitud fue denegada por la Junta. Al haberse efectuado el pago del periodo original, la controversia ha cesado. Por tanto, el Tribunal concluye que el recurso se ha tornado académico y lo desestima.

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Roberto Rodríguez Jean impugnó sentencias condenatorias por violaciones a la Ley de Violencia Doméstica (Ley Núm. 54). Presentó un escrito el 4 de junio de 2020 contra sentencias dictadas el 9 de octubre de 2019. El Tribunal de Apelaciones acogió el recurso como un auto de certiorari, el mecanismo adecuado para revisar sentencias tras un preacuerdo. Sin embargo, el certiorari fue presentado fuera del término de treinta días, lo que implicaba falta de jurisdicción. El tribunal consideró si podía aquilatar el escrito como una solicitud bajo la Regla 192.1 de Procedimiento Criminal. Esta regla permite impugnar la legalidad de una sentencia en cualquier momento, especialmente tras vencer el término de apelación. La Regla 192.1 se utiliza para cuestionar la validez legal de la sentencia, no su corrección fáctica. A pesar de esta consideración, el Tribunal de Apelaciones concluyó que carecía de jurisdicción sobre el certiorari presentado ante este foro. La resolución desestimó el recurso por falta de jurisdicción, sugiriendo que el mecanismo adecuado para impugnar la legalidad de la sentencia fuera del término es la Regla 192.1 ante el tribunal sentenciador.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emitió una resolución en el caso KLAN202000274, una apelación presentada por Maritza Ortiz contra una orden del Tribunal de Primera Instancia. La orden recurrida instruía a la Lcda. Ortiz a notificar correctamente sus mociones y a cesar las visitas a la residencia del demandado, Arnaldo Bello Acevedo, o la de su madre, bajo apercibimiento de sanciones. El Tribunal de Apelaciones reclasificó el recurso como una petición de certiorari, ya que la orden impugnada era interlocutoria y no una sentencia final apelable. Tras examinar el expediente, el panel, compuesto por los jueces Sánchez Ramos, Candelaria Rosa y Pagán Ocasio, ejerció su discreción. El Tribunal declinó intervenir con la orden emitida por el Tribunal de Primera Instancia. Por consiguiente, se denegó el auto de certiorari solicitado por la Lcda. Ortiz.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resolviendo un recurso de apelación/certiorari. El apelante, Vicente Pérez Santiago, solicitó la revisión de una sentencia en rebeldía emitida por el Tribunal de Primera Instancia de Mayagüez. Dicha sentencia declaró con lugar la demanda de cobro de dinero y ejecución de hipoteca presentada por DLJ Mortgage Capital, Inc. contra el apelante. La acción se originó por el incumplimiento de un pagaré hipotecario. El historial procesal incluyó intentos de emplazamiento, servicio por edicto tras no localizar al apelante, y la falta de comparecencia del Sr. Pérez Santiago antes de la sentencia. El apelante compareció posteriormente, impugnando el emplazamiento y solicitando la reconsideración de la sentencia. El Tribunal de Apelaciones analizó el caso y los argumentos presentados. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones confirmó la sentencia en rebeldía dictada por el Tribunal de Primera Instancia.

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Comparece ante el Tribunal de Apelaciones el Sr. Francisco Valdés Pérez apelando una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó sin perjuicio su Demanda Consolidación sobre daños y perjuicios. Tras la notificación de la Sentencia, el apelante presentó una moción ante el Tribunal de Primera Instancia solicitando su modificación, la cual fue declarada No Ha Lugar por tardía si se consideraba una reconsideración. Inconforme, el Sr. Valdés Pérez recurrió en apelación ante esta segunda instancia judicial. El Tribunal de Apelaciones procedió a examinar el recurso presentado. Tras analizar el tracto procesal y el derecho aplicable, el Tribunal determinó que carecía de jurisdicción para conocer del recurso. Por tanto, se acordó desestimar la apelación por falta de jurisdicción, conforme a la normativa que rige los recursos apelativos y la obligación de los tribunales de velar por su propia competencia.

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Comparecen ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico los señores Jonathan Pérez Marco y otros, apelantes, contra el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, la Universidad de Puerto Rico y otros, apelados. La apelación proviene de una Sentencia Parcial del Tribunal de Primera Instancia, Sala de Mayagüez, en un caso sobre Ley de Represalias y Daños y Perjuicios. Los apelantes demandaron alegando que el señor Pérez Marco sufrió represalias, hostigamiento y discrimen tras presentar querellas administrativas y denuncias contra sus supervisores. Reclamaron daños y perjuicios bajo la Ley 115-1991. La parte apelada solicitó sentencia sumaria, argumentando que no existía causa de acción por represalias al no configurarse actividad protegida ni acción adversa, y que el despido obedeció a razones legítimas. El Tribunal de Primera Instancia acogió la moción y desestimó la causa de acción por represalias mediante la Sentencia Parcial apelada. El Tribunal de Apelaciones, por los fundamentos que expondrá, revoca dicha sentencia.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de divorcio sobre división de bienes gananciales. Marielí Quetglas Jordán presentó un recurso contra una resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó una solicitud de desacato. El recurso fue tratado como certiorari. La parte apelada, Agustín Meizoso Pérez-Bori, solicitó la desestimación del recurso. La solicitud se basó en el incumplimiento de la apelante con los requisitos de notificación del recurso. Según la Regla 33 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, la notificación a la parte contraria debe realizarse dentro del término para presentar el recurso, mediante correo certificado o entrega personal. La apelante certificó notificación por correo electrónico el día límite, pero la notificación personal se efectuó dos días después. El Tribunal enfatiza que las reglas de notificación son de estricto cumplimiento y su incumplimiento priva de jurisdicción. La falta de notificación adecuada y oportuna, sin justificación, resulta en la desestimación del recurso.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una Resolución en el caso KLAN202000201, presentado por RJDC Development, LLC. RJDC apeló una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de Mayagüez que acogió una solicitud del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO). La solicitud de DACO buscaba hacer cumplir una orden previa de la agencia que había advinido final y firme. Dicha orden requería a RJDC pagar una suma de dinero a un consumidor. El foro primario declaró en rebeldía a RJDC por incomparecencia y ordenó el pago de $5,818.21 más intereses al consumidor Ricardo Soto Mangual. La Sentencia del Tribunal de Primera Instancia fue notificada el 3 de enero de 2020. RJDC presentó su recurso de apelación el 3 de marzo de 2020. El Tribunal de Apelaciones acogió el recurso como un auto de certiorari. No obstante, procedió a desestimar el recurso por falta de jurisdicción. La desestimación se debió a que el recurso fue presentado de forma tardía.

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El Tribunal de Apelaciones conoció de una apelación presentada por Linda Seguí Suárez contra una sentencia del Tribunal de Primera Instancia que ordenó la liquidación de una comunidad de bienes con Armando Mulero Velázquez. La apelante buscaba la revisión y revocación de dicha sentencia. El apelado, Armando Mulero Velázquez, presentó una moción de desestimación argumentando que la apelación era prematura. El apelado había presentado oportunamente una moción de reconsideración ante el Tribunal de Primera Instancia, la cual aún no había sido resuelta. El Tribunal de Apelaciones recordó que una moción de reconsideración oportuna interrumpe los términos para apelar. El plazo para recurrir no comienza a decursar hasta que el foro primario resuelva la reconsideración. Dado que la moción de reconsideración estaba pendiente, la apelación fue presentada antes de tiempo. Este vicio de prematuridad priva al Tribunal de Apelaciones de jurisdicción sobre el caso. Por consiguiente, el recurso de apelación fue desestimado por falta de jurisdicción.

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Este recurso de apelación surge de una sentencia del Tribunal de Primera Instancia que resolvió una demanda por incumplimiento de contrato y daños. El contratista José O. Valentín Rivera demandó a la Asociación de Dueños del Condominio Montebello por falta de pago en proyectos de remodelación. La Asociación reconvino alegando incumplimiento y trabajos defectuosos por parte del contratista. El TPI declaró Ha Lugar la demanda del contratista, ordenando a la Asociación pagar \$33,277.45 por trabajos, retenidos y gastos, más \$10,000 en honorarios de abogado. La reconvención de la Asociación fue desestimada con perjuicio. El TPI basó su decisión en la credibilidad del testimonio del contratista y la insuficiencia de la prueba de la Asociación, atribuyendo los atrasos a esta última. El Tribunal de Apelaciones, al revisar el caso, decide modificar y confirmar la sentencia apelada. La disputa central versó sobre los pagos adeudados por trabajos de impermeabilización, pintura y reemplazo de planchas, y las alegaciones de incumplimiento mutuo.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en el caso KLAN201900887. El caso es una apelación presentada por CMA Planners Telecom LLC y Alberto Muñiz Molinero. Apelan una sentencia del Tribunal de Primera Instancia que falló a favor de Tanya Morales Betancourt. La demanda original de Morales Betancourt incluía reclamos por despido constructivo, hostigamiento sexual por ambiente hostil, daños y perjuicios, y otras violaciones laborales. La apelada alegó haber sido sometida a un patrón de hostigamiento sexual por parte de sus supervisores, los apelantes. Este hostigamiento consistió en comentarios, chistes de índole sexual, agresiones verbales y amenazas, creando un ambiente de trabajo hostil. La situación la llevó a renunciar a su empleo en dos ocasiones. Reclamó compensación por daños morales y económicos, incluyendo salarios dejados de percibir. El Tribunal de Primera Instancia declaró Con Lugar la demanda. El Tribunal de Apelaciones resuelve modificar la sentencia apelada y, así modificada, la confirma.

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Este documento es una sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. Resuelve una apelación presentada por Best Group Insurance contra Triple-S Vida. El caso original en el Tribunal de Primera Instancia fue por incumplimiento de contrato y daños y perjuicios. Best Group alegó que Triple-S incumplió el contrato al terminar unilateralmente la relación sobre ciertas pólizas de cáncer. Triple-S sostuvo que actuó conforme al contrato, el cual le permitía modificar o eliminar pólizas con notificación escrita. El Tribunal de Primera Instancia dictó sentencia sumaria a favor de Triple-S. Determinó que no hubo incumplimiento contractual porque Triple-S notificó el retiro de la autorización para vender los productos de cáncer según lo acordado. Al no encontrar incumplimiento, el TPI no entró a considerar la reclamación de daños. Best Group apeló esta decisión, argumentando que existía controversia sobre la interpretación de la cláusula contractual. El Tribunal de Apelaciones revisa la procedencia de la sentencia sumaria dictada por el foro primario.

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Recurso de apelación ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre un caso de cobro de dinero. El apelante, Iván Rodríguez Traverso, solicitó la revocación de una sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó su demanda y declaró con lugar la reconvención de los apelados, Jonathan Pérez Nieves y su esposa. El apelante reclamaba el cobro de un préstamo de \$40,000 que alegó haber hecho a los apelados. Estos negaron la deuda, afirmando que el dinero fue prestado al hermano del señor Pérez, con quien el apelante hacía negocios. Los apelados reconvinieron por daños y perjuicios, alegando mala fe del apelante al reclamarles una deuda inexistente. El Tribunal de Primera Instancia desestimó la demanda del apelante con perjuicio y ordenó a este pagar a los apelados \$35,000 por daños y perjuicios y \$10,000 por honorarios de abogado por temeridad. El Tribunal de Apelaciones confirmó la Sentencia apelada.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de daños y perjuicios. Las apeladas reclamaron indemnización a sus aseguradoras (apelantes) por perjuicios relacionados con la reparación de su vehículo. Tras un accidente, un empleado de las aseguradoras recomendó un taller donde se instalaron piezas ilegales, lo que llevó a la incautación policial del auto. Las apeladas reclamaron \$86,000 por daños como angustias mentales y pérdida de uso del vehículo. El Tribunal de Primera Instancia dictó una "Sentencia Parcial" en rebeldía contra las aseguradoras por incumplimiento procesal. Inicialmente, el foro primario aceptó la cuantía reclamada de \$86,000 basándose únicamente en la rebeldía. Una apelación previa confirmó la rebeldía pero revocó la adjudicación automática de daños. Esa sentencia anterior ordenó al Tribunal de Primera Instancia celebrar una vista para determinar la cuantía real de los daños. El presente recurso es la apelación de las aseguradoras contra un dictamen posterior del foro primario, presumiblemente tras la vista de daños ordenada.

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El Tribunal de Apelaciones revisó la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia en el caso entre Efraín Rivera Marrero y Berríos Auto Gallery, Inc. El litigio versó sobre despido injustificado, incumplimiento de contrato y reclamación de comisiones. El Tribunal de Primera Instancia declaró con lugar la demanda del señor Rivera Marrero. Determinó que hubo despido injustificado y condenó a Berríos Auto Gallery al pago de \$13,244.42 por concepto de mesada bajo la Ley Núm. 80, más honorarios de abogado. Adicionalmente, ordenó el pago de \$8,499.80 por comisiones reclamadas, más honorarios, costas e intereses. Berríos Auto Gallery apeló, alegando que la separación se debió a la eliminación de la posición. El documento detalla los antecedentes procesales, incluyendo una controversia previa sobre el peso de la prueba, donde se confirmó que la carga probatoria recae en el patrono una vez establecido el empleo y el despido. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones confirmó la Sentencia apelada en su totalidad.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisando una decisión del Tribunal de Primera Instancia. Puerto Rico Merchandising Inc. apeló la sentencia que declaró injustificado el despido de sus empleados Miguel Salas Rodríguez y David Orta Nieves. Los empleados fueron cesanteados en agosto de 2017, alegando la empresa una reestructuración operacional y la eliminación de sus puestos de vendedor y merchandiser para contratar servicios externos. Los apelados demandaron por despido sin justa causa bajo la Ley Núm. 80. El Tribunal de Primera Instancia determinó que el despido fue injustificado, condenando a la empresa al pago de mesada, daños y honorarios. Entre los hallazgos de hecho del TPI se destacó que la empresa era financieramente saludable y en crecimiento al momento de la alegada reestructuración. El Tribunal de Apelaciones confirmó la sentencia apelada.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de daños, perjuicios e incumplimiento de contrato. El recurso fue presentado por Lionel Alberto Collazo González y otros contra Wilson Herminio Quintana Méndez y otros. El litigio se originó por la compraventa de un predio de terreno en Utuado en 2001. Los apelantes demandaron alegando que la propiedad no estaba segregada y tenía gravámenes, impidiéndoles su uso y desarrollo. Los apelados, a su vez, presentaron una reconvención por incumplimiento de pago del precio de venta por parte de los apelantes. El Tribunal de Primera Instancia dictó sentencia declarando con lugar la reconvención de los apelados. Los apelantes apelaron dicha sentencia buscando su revocación parcial. El Tribunal de Apelaciones revisó el caso y confirmó el dictamen recurrido. La sentencia apelada, que encontró a favor de los apelados en su reclamación de incumplimiento de pago, fue validada.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico atendió un recurso de Servicios Médicos Universitarios (SMU) en un caso de alegada mala práctica médica y daños y perjuicios. SMU solicitó la revocación de una Resolución del Tribunal de Primera Instancia que había dejado sin efecto una Sentencia Sumaria que desestimó la demanda de Felícita Otero Ríos. La demanda de Otero se basaba en la alegación de que se le dejó un cuerpo extraño, identificado como la punta plástica de un insertor, en el hombro durante una cirugía en 2011, el cual fue removido en un procedimiento posterior. El Tribunal de Apelaciones acogió el recurso presentado como Certiorari. Tras su evaluación, el panel de jueces decidió expedir y confirmar la petición de SMU. Esta determinación reinstala la Sentencia Sumaria que desestimó la demanda original. El caso es devuelto al Tribunal de Primera Instancia para que continúen los procesos de acuerdo con esta decisión.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en el caso KLAN201901049. Jesús Rivera Figueroa apela una Sentencia Sumaria del Tribunal de Primera Instancia. El pleito original era por despido injustificado y represalias contra Encanto Restaurants, Inc. y otros. El apelante alegó haber sido despedido tras un accidente de trabajo mientras estaba bajo tratamiento. Los apelados sostuvieron que la relación laboral terminó por abandono de empleo, al no regresar el apelante tras ser dado de alta para tratamiento mientras trabajaba. La Sentencia Sumaria apelada declaró Ha Lugar la solicitud de los apelados. El Tribunal de Apelaciones revisó los fundamentos de dicha sentencia. Por los fundamentos expuestos, el Tribunal de Apelaciones confirma la Sentencia Sumaria apelada.

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Se presenta un recurso de apelación contra una sentencia del Tribunal de Primera Instancia que denegó una acción reivindicatoria. El apelante solicitó la reivindicación de una propiedad ocupada por la apelada, alegando ser el titular original. Explicó que autorizó a su hijo a gestionar mejoras municipales, resultando en un contrato de rehabilitación con su hijo y la apelada. Tras el fallecimiento de su hijo, la apelada le negó el acceso a la propiedad. La apelada sostuvo que la propiedad original fue demolida y una nueva estructura fue construida por el municipio en terreno del Estado. Argumentó que el contrato de construcción fue suscrito con ella y el hijo del apelante, excluyendo al apelante. El Tribunal de Primera Instancia determinó que no se rehabilitó la propiedad original, sino que se construyó una nueva casa en terreno del Estado bajo un contrato entre la apelada y el hijo. Dicho tribunal concluyó que la apelada ocupaba la nueva estructura como precarista y era edificante de buena fe. La sentencia apelada denegó la acción reivindicatoria. El Tribunal de Apelaciones, tras revisar el expediente, confirmó la sentencia recurrida.

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Sentencia de un panel de jueces que revoca una sentencia parcial emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Ponce. Dicha sentencia parcial había desestimado la acción contra la Sociedad Legal de Gananciales. La desestimación se basó en la alegada falta de emplazamiento a ambos cónyuges que componen la sociedad. El caso original fue incoado por el Banco de Desarrollo Económico (luego sustituido por el apelante PR Recovery and Development JV LLC) por cobro de dinero y ejecución de garantías contra una corporación y un matrimonio y su sociedad de gananciales. Se emitieron emplazamientos para los cónyuges en representación de la sociedad. Se certificó el emplazamiento personal de la esposa y la sociedad, y se solicitó y autorizó el emplazamiento por edicto del esposo tras gestiones infructuosas. El tribunal apelativo evaluó el recurso y determinó revocar la sentencia parcial apelada por los fundamentos expuestos en la decisión.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resolviendo una apelación presentada por Fernando Santiago Morales. El apelante impugnó una sentencia previa del Tribunal de Primera Instancia que lo declaró culpable de infracciones a la Ley de Armas (Artículos 5.04 y 5.15) y al Código Penal (Artículo 177, Amenaza). El Tribunal de Apelaciones procedió a modificar la sentencia apelada. Dejó sin efecto las convicciones por la infracción al Artículo 5.04 de la Ley de Armas y por el Artículo 177 del Código Penal. Confirmó la sentencia en cuanto a la convicción por el Artículo 5.15 de la Ley de Armas. El caso fue devuelto al Tribunal de Primera Instancia para que dicte una nueva sentencia conforme a la decisión del Tribunal de Apelaciones.

Resumen:

Se trata de una Sentencia del Tribunal de Apelaciones resolviendo una apelación presentada por la Sucesión de Juan Otero Seda. La Sucesión apeló la desestimación de su petición de mandamus por el Tribunal de Primera Instancia. La petición de mandamus buscaba compeler el pago de un premio poolpote de carreras de caballos acumulado desde el 10 de octubre de 2014. Previamente, otro panel de este Tribunal revocó una resolución de la Junta Hípica y ordenó incluir dicho acumulado, más intereses, en un pago posterior a la Sucesión. Esa sentencia previa advino final y firme tras la denegación de certiorari por el Tribunal Supremo. La Sucesión acudió al Administrador Hípico y luego al Hipódromo Camarero para obtener la certificación del monto adeudado. Insatisfecha con la cifra provista por el Hipódromo, la Sucesión presentó la petición de mandamus para ejecutar la sentencia final. El Tribunal de Primera Instancia declaró sin lugar y desestimó la petición de mandamus. Este panel modifica la sentencia del Tribunal de Primera Instancia y, así modificada, la confirma.

Resumen:

Este es un fallo del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. La Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) apeló una sentencia del Tribunal de Primera Instancia. El caso original trataba sobre la cancelación de un pagaré extraviado y su hipoteca. Se dictó sentencia en rebeldía ordenando la cancelación. Años después, Bayview Loan Servicing intervino en el caso. Bayview solicitó la nulidad de la sentencia original, alegando que fue dictada sin jurisdicción sobre uno de los demandados debido a emplazamientos defectuosos. El Tribunal de Primera Instancia admitió la intervención de Bayview y declaró nula la sentencia previa. La FDIC apeló, argumentando que la solicitud de nulidad de Bayview era extemporánea bajo la Regla 49.2 y que la sentencia original no era nula. El Tribunal de Apelaciones, tras revisar el caso, revoca la sentencia apelada del Tribunal de Primera Instancia. El fallo discute los mecanismos legales para impugnar sentencias, como la moción bajo la Regla 49.2 de Procedimiento Civil.

Resumen:

Este caso ante el Tribunal de Apelaciones surge de una demanda de cobro de dinero instada por Sunnova Energy Corporation contra Ángel Aponte y Carmen Casanova por incumplimiento de un contrato de placas solares. El Tribunal de Primera Instancia (TPI) declaró con lugar la demanda de Sunnova por \$1,232.12. Sin embargo, el TPI no resolvió la reconvención por daños y perjuicios presentada por los demandados. Los demandados solicitaron reconsideración de la sentencia, la cual fue denegada por el TPI. Inconformes, presentaron un recurso de apelación ante el Tribunal de Apelaciones. Señalaron varios errores del TPI, incluyendo falta de jurisdicción por cláusula de arbitraje, no considerar la reconvención y errores en la valoración de la prueba y validez contractual. El Tribunal de Apelaciones acogió el recurso presentado como un certiorari. No obstante, procedió a denegar la expedición del auto solicitado por los peticionarios. Esto significa que la decisión del TPI, que ordenó el pago a Sunnova, no fue revocada por el Tribunal de Apelaciones.

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Recurso de apelación ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico presentado por First Bank de Puerto Rico. El apelante solicita la revocación de una Sentencia dictada por el Tribunal de Primera Instancia (TPI) en 2019. Dicha sentencia declaró No Ha Lugar la solicitud de First Bank para dictar sentencia en rebeldía contra las codemandadas. Asimismo, el TPI desestimó con perjuicio la reclamación presentada en su contra. El pleito original, instado en 2008, es por cobro de dinero y ejecución de hipoteca contra Glendaliz Acevedo González y otros. El caso tuvo una historia procesal previa, incluyendo una sentencia inicial y ejecución que fueron anuladas. La nulidad se debió a un emplazamiento defectuoso por edicto a uno de los demandados. La apelación actual se enfoca en la decisión del TPI de 2019 respecto a la rebeldía y desestimación contra las otras codemandadas. First Bank busca que el Tribunal de Apelaciones revoque este dictamen.

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Este recurso de apelación ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico fue presentado por Golden Mile Development, S.E. contra la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) y AIG Insurance Company. Golden Mile impugna la Sentencia de Paralización del Tribunal de Primera Instancia que ordenó el archivo administrativo del caso de daños y perjuicios iniciado en 2003. El pleito original surgió por daños y perjuicios alegados por Golden Mile contra ACT y su aseguradora AIG. El caso fue paralizado respecto a ACT en 2017 debido a su acogida al proceso de quiebras bajo PROMESA. Previamente, un panel de este Tribunal de Apelaciones (KLAN201900265) revocó una sentencia sumaria del foro primario que había declarado a AIG responsable por la pérdida de ingresos de Golden Mile. Dicha revocación se basó en que la naturaleza y cuantía de los daños aún estaban en controversia. Más importante aún, el panel anterior determinó que el Tribunal de Primera Instancia carecía de jurisdicción para dirimir asuntos sobre la responsabilidad de ACT o la legalidad de sus acciones mientras estuviera bajo la paralización automática por quiebra. La sentencia de archivo administrativo apelada parece ser una consecuencia del estado procesal del caso tras la revocación previa y la persistencia de la paralización respecto a ACT.

Resumen:

Este es un fallo del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico relativo a una apelación en un caso de cobro de dinero. El caso involucra a la Asociación de Residentes de Caguas Real & Mansiones del Golf y a los propietarios Carlos B. Candelaria Martell y Evette Maldonado Aponte. La Asociación demandó a los propietarios por cuotas de mantenimiento impagadas de su propiedad en la urbanización Caguas Real Home Resort. La Asociación alegó que los propietarios adeudaban más de \$21,000 según las restricciones, reglamentos y la escritura de su propiedad. Los propietarios negaron la cuantía específica y cuestionaron la buena fe de la Asociación, aunque ofrecieron transar. La Asociación solicitó sentencia sumaria, argumentando que la deuda y la obligación no estaban en disputa según los documentos relevantes. El Tribunal de Primera Instancia dictó sentencia sumaria a favor de la Asociación. Los propietarios apelaron esta decisión. El Tribunal de Apelaciones revisó el caso y encontró que la decisión del foro primario fue correcta, confirmando la sentencia apelada.

Resumen:

Sentencia de un panel de jueces apelativo resolviendo un recurso presentado por la Sucesión De René Barnat. La apelación impugna una sentencia parcial del Tribunal de Primera Instancia de Caguas. Dicha sentencia primario desestimó una acción de cobro instada por la Sucesión. La acción reclamaba el pago de un pagaré de \$600,000.00 y \$32,460.34 adicionales contra el matrimonio Martí-Vélez. El tribunal primario determinó que la reclamación del pagaré estaba prescrita bajo la Ley de Transacciones Comerciales. La parte apelante alegó errores al no considerar el contrato subyacente y al interpretar la ley sobre instrumentos negociables. El tribunal apelativo procede a confirmar en parte y revocar en parte el dictamen apelado.

Resumen:

Se trata de una sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de daños y perjuicios. Los apelantes impugnan una sentencia parcial del Tribunal de Primera Instancia que desestimó su demanda contra la aseguradora Mapfre Praico Insurance Company. El caso surge de un accidente ocurrido el 8 de enero de 2017, cuando Ernesto Peña Félix fue impactado por un vehículo en la residencia de Alfonso Rodríguez Goldar mientras realizaba labores. Los apelantes demandaron a Rodríguez Goldar y a Mapfre, su aseguradora, por los daños sufridos. Mapfre solicitó la desestimación, alegando que el Sr. Peña era empleado de Rodríguez Goldar y que el accidente estaba excluido de la póliza bajo la exclusión de empleados y la Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo. Los apelantes argumentaron que el Sr. Peña era un contratista independiente y que el accidente era un evento automovilístico cubierto por la póliza. El Tribunal de Primera Instancia concluyó que el Sr. Peña era empleado y que el accidente estaba excluido de la cubierta. Los apelantes recurrieron, señalando errores en la determinación de la relación laboral y la aplicabilidad de la exclusión. El Tribunal de Apelaciones evaluó las posturas y el derecho aplicable. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones confirmó la sentencia parcial apelada.

Resumen:

Ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico, Banco Popular apeló la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó su demanda de cobro de dinero y ejecución de hipoteca contra Iglesia Cristiana de Ponce y otros. Las partes habían llegado a un acuerdo transaccional y solicitaron al foro primario que dictara una sentencia por estipulación o consentimiento. El Tribunal de Primera Instancia denegó la solicitud y desestimó el caso, fundamentando su decisión en la prohibición de "dual tracking" bajo el Reglamento X y en que los tribunales no aseguran acuerdos, sino que resuelven controversias. Banco Popular argumentó en apelación que el Tribunal de Primera Instancia erró al denegar la sentencia por consentimiento, sosteniendo que el Reglamento X no aplicaba al tratarse de un préstamo comercial y que la Regla 35.4 de Procedimiento Civil autoriza este tipo de sentencias. El Tribunal de Apelaciones revisa la corrección de la decisión del foro primario a la luz de los argumentos presentados y la normativa aplicable sobre sentencias por consentimiento.

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Recurso de apelación ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso sobre incumplimiento de contrato. Los apelantes solicitan la revocación de una sentencia parcial del Tribunal de Primera Instancia. Dicha sentencia denegó la moción de desestimación de los apelantes y desestimó con perjuicio su reconvención. Los asuntos principales a dirimir son la procedencia de la desestimación de la reconvención como sanción por incumplimiento de descubrimiento de prueba. También se cuestiona si el apelado Ibrahim Sammy Odeh tenía legitimación activa para demandar. El caso se origina en un contrato de arrendamiento de 2008, que Odeh cedió a VP Petroleum, LLC (VPP) en 2010 con consentimiento de los apelantes. Odeh demandó personalmente en 2018 por alegado incumplimiento en la negociación de la renovación. La existencia del contrato de cesión generó dudas sobre la legitimación de Odeh durante el proceso. El Tribunal de Apelaciones, por los fundamentos expuestos, decide revocar la sentencia parcial apelada.

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Comparece ante el Tribunal de Apelaciones el Consejo de Titulares del Condominio Puerta de Condado apelando una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia. La demanda original era contra Integrand Assurance Company por incumplimiento de póliza y daños tras el Huracán María. El Tribunal de Primera Instancia desestimó el caso al tomar conocimiento judicial de una orden de liquidación contra Integrand emitida en un pleito separado. Dicha orden de liquidación, según interpretada por el TPI, requería la desestimación de pleitos pendientes contra la aseguradora y su remisión a un foro administrativo. El Consejo de Titulares apeló, argumentando que la orden de liquidación disponía la paralización del pleito por hasta seis meses para permitir la intervención de la Asociación de Garantía. Tras evaluar los fundamentos, el Tribunal de Apelaciones determinó revocar la Sentencia recurrida.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en el caso KLAN201901324. La apelante, Tamara Vélez Hernández, recurre contra una Sentencia Sumaria del Tribunal de Primera Instancia. Dicha sentencia desestimó con perjuicio su reclamación laboral contra Scotiabank de Puerto Rico. La reclamación original incluía alegaciones de despido injustificado, discrimen por edad y discrimen por sexo. La apelante argumentó que su despido violó la Ley 80 al no seguir el orden de antigüedad y que fue discriminada por sexo al ser reemplazada por un hombre. Scotiabank negó las alegaciones y solicitó sentencia sumaria, aportando numerosa prueba documental. El Tribunal de Primera Instancia declaró Ha Lugar la solicitud de sentencia sumaria. El Tribunal de Apelaciones revisó el recurso presentado por la señora Vélez Hernández. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones confirmó la Sentencia apelada.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en una apelación presentada por Mudafort contra una decisión de instancia. El Tribunal de Primera Instancia había anotado rebeldía a Mudafort y concedido un interdicto posesorio a favor de CODEPOLA. La controversia se originó por la terminación de un contrato de arrendamiento y la denegación de acceso a un local. Mudafort apeló argumentando que el emplazamiento y la notificación de la vista de interdicto fueron tardíos e irregulares. Alegaron que no se cumplió con el término legal de notificación previa a la vista, impidiéndoles comparecer y obtener representación legal. El Tribunal de Apelaciones revisó el procedimiento de instancia. Por los fundamentos expuestos, el Tribunal de Apelaciones revocó la Sentencia Parcial que anotó la rebeldía y concedió el interdicto posesorio. La revocación se fundamenta en las deficiencias en el proceso de notificación a la parte apelante.