Casos del Tribunal de Apelaciones (Página 202)

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de certiorari presentado por la Cooperativa de Viviendas Rolling Hills. La Cooperativa impugnó una Sentencia y Resolución del Tribunal de Primera Instancia (TPI) que revisó una determinación de su Junta Directiva. La Junta había sancionado al socio Milton Santiago Rodríguez por conducta indebida tras una querella de otra socia. El TPI denegó la solicitud de desestimación de la Cooperativa, revisó los méritos, redujo las medidas disciplinarias y eliminó las sanciones económicas impuestas al Sr. Santiago. Además, el TPI impuso costas y honorarios a la Cooperativa por temeridad. El Tribunal de Apelaciones confirmó la Sentencia del TPI en lo referente a la reducción de las medidas disciplinarias y la eliminación de las sanciones económicas contra el Sr. Santiago. Sin embargo, revocó la Resolución del TPI que imponía costas y honorarios por temeridad a la Cooperativa.

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Este caso ante el Tribunal de Apelaciones surge de una demanda de división de comunidad hereditaria. Los peticionarios, residentes fuera de Puerto Rico, impugnaron la jurisdicción del Tribunal de Primera Instancia alegando emplazamiento defectuoso. Se intentó el emplazamiento mediante edicto, pero los demandantes no acreditaron haber enviado la demanda y el edicto publicado a los peticionarios dentro del término de diez días que exige la Regla 4.6 de Procedimiento Civil. A pesar de la falta de prueba de envío oportuno, el foro primario anotó la rebeldía y luego denegó la solicitud de desestimación por falta de jurisdicción presentada por los peticionarios. Los peticionarios demostraron que el envío, de haber ocurrido, fue posterior al término reglamentario. El Tribunal de Apelaciones revisó el proceso y concluyó que el incumplimiento con los requisitos de emplazamiento impidió que el Tribunal de Primera Instancia adquiriera jurisdicción sobre la persona de los peticionarios. Por tanto, el Tribunal de Apelaciones expidió el auto de certiorari solicitado. Se revoca la determinación del Tribunal de Primera Instancia que denegó la desestimación.

Resumen:

Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de revisión judicial de laudo arbitral. La Federación Puertorriqueña de Trabajadores solicitó dejar sin efecto una sentencia del Tribunal de Primera Instancia. Dicha sentencia confirmó un laudo del Negociado de Conciliación y Arbitraje. El laudo se refería a una acción por incumplimiento contractual contra Doctor's Center Hospital San Juan, Inc. La controversia principal giraba en torno a aumentos salariales pactados en convenios colectivos. Las partes habían estipulado posponer el pago del tercer aumento anual debido a la situación económica del hospital. Acordaron condicionar el desembolso a una mejora en la situación fiscal. El Tribunal de Primera Instancia validó la decisión arbitral sobre este asunto. El Tribunal de Apelaciones deniega la expedición del auto solicitado por la unión. Esto significa que la decisión del Tribunal de Primera Instancia, que confirmó el laudo arbitral, se mantiene.

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Este recurso de apelación proviene del Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Fajardo, en un caso sobre custodia y relaciones paterno/maternofiliales. El apelante, el padre, impugna una resolución que amplió las relaciones de la apelada, la madre, con la menor. La madre reside en Texas y el foro primario, considerando el mejor bienestar de la menor, autorizó visitas durante periodos vacacionales en su hogar. Esta ampliación estaba sujeta a un plan detallado que incluía terapia para todas las partes. El apelante alegó que la madre incumplió órdenes de tratamiento psicológico y que el tribunal erró al permitir visitas sin supervisión y al evaluar la prueba pericial. Tras evaluar los argumentos del apelante y la resolución recurrida, el Tribunal de Apelaciones confirmó la determinación del foro primario.

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El Tribunal de Apelaciones deniega la expedición de un auto de Certiorari solicitado por la Asociación de Residentes Flamingo Hills, Inc. La Asociación buscaba la revisión de una Orden del Tribunal de Primera Instancia (TPI) en un caso de cobro de dinero contra José Daniel Jiménez Rivera y Greida Marlene Quintero Paz. El TPI había declarado No Ha Lugar una moción de la Asociación para ejecutar una sentencia mediante embargo sobre un inmueble. La sentencia original recogía un acuerdo de pago por una deuda, permitiendo la ejecución en caso de incumplimiento. Tras el incumplimiento de los recurridos, la Asociación solicitó el embargo para asegurar el cobro. Sin embargo, el TPI condicionó la ejecución a la presentación previa de una tasación del inmueble. El foro primario fundamentó su decisión en la doctrina de enriquecimiento injusto, citando el caso SLG Sánchez v. SLG Valentín. La Asociación solicitó reconsideración argumentando la inaplicabilidad de dicha jurisprudencia, pero el TPI la denegó. El Tribunal de Apelaciones, sin entrar en los méritos, rechaza revisar la decisión del TPI en esta etapa procesal.

Resumen:

Se apela una Resolución y Orden del foro de primera instancia de 7 de octubre de 2019, relacionada con la efectividad y deuda de pensiones entre parientes, así como un alegado sobrepago. Posteriormente, el foro primario emitió una nueva Resolución y Orden el 5 de diciembre de 2019. Esta última dejó sin efecto la anterior y ordenó una vista para dilucidar las fechas de efectividad, sumas, crédito por sobrepago y pagos realizados. Los procedimientos ante la primera instancia continuaron al no haberse paralizado por el Tribunal de Apelaciones. El Tribunal de Apelaciones concluye que el recurso presentado es prematuro. La prematuridad del recurso impide al Tribunal ejercer jurisdicción sobre los méritos de la controversia. Los jueces de instancia tienen amplia discreción para manejar sus casos y reconsiderar decisiones previas. Por consiguiente, el recurso se desestima por falta de jurisdicción.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en el caso Hospital Español Auxilio Mutuo contra la Unidad Laboral de Enfermeros y Empleados de la Salud (ULEES). El Hospital solicitó la revisión de una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que confirmó un laudo arbitral. Dicho laudo determinó que una querella sobre el despido de un empleado era arbitrable sustantivamente. El empleado fue despedido en diciembre de 2015 tras una licencia por ACAA, y el Hospital alegó abandono de empleo. La Unión impugnó el despido basándose en el Convenio Colectivo. El Hospital argumentó que la querella no era arbitrable porque el Convenio había expirado en diciembre de 2014, antes del despido. El Tribunal de Primera Instancia confirmó la arbitrabilidad. El Tribunal de Apelaciones expidió el auto de certiorari y REVOCÓ la Sentencia recurrida, determinando que la querella no era arbitrable sustantivamente.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de ejecución de hipoteca presentado por Wilmington Savings Fund Society (WSFS) contra Ana Delia Pagán Nazario y otros. WSFS alegó incumplimiento por falta de pago de impuestos a CRIM, lo que causó la aceleración del préstamo. Los demandados solicitaron la desestimación, argumentando que la deuda reclamada era inexistente, pues habían pagado la obligación con CRIM antes de la demanda. Presentaron evidencia del CRIM que mostraba un balance en cero. WSFS admitió haber pagado también la misma deuda, resultando en un doble pago, pero sostuvo que la deuda persistía hasta obtener un reembolso del CRIM. El Tribunal de Primera Instancia denegó la solicitud de desestimación de los demandados. Los demandados recurrieron esta determinación mediante certiorari ante el Tribunal de Apelaciones. El Tribunal de Apelaciones revisó los fundamentos y la evidencia. Determinó que procedía la desestimación de la demanda. Por tanto, revocó la decisión del foro primario y desestimó el caso de ejecución de hipoteca.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una Resolución denegando un recurso discrecional de certiorari presentado por Manuel Correa Márquez. El peticionario solicitaba revocar una Resolución del Tribunal de Primera Instancia que declaró improcedente la compensación de un crédito por sobrepago de pensión alimentaria de menores con una deuda por pensión alimentaria ex cónyuge. El foro primario basó su decisión en que el peticionario renunció a dicho crédito mediante una estipulación en un pleito independiente de liquidación de bienes post gananciales. El Tribunal de Apelaciones revisó el expediente y confirmó que la estipulación firmada en 2016 no incluyó ni reservó el crédito reclamado. Además, el peticionario conocía de la existencia del crédito al momento de firmar el acuerdo, el cual forma parte de una sentencia final y firme. El Tribunal de Apelaciones concluyó que el foro recurrido no actuó de forma arbitraria, caprichosa, abusó de su discreción o cometió error de derecho. Por tanto, denegó la expedición del auto de certiorari solicitado.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa decisiones del Tribunal de Primera Instancia en un pleito sobre impugnación de sentencia. El caso original data de 1996 por cobro de dinero, resultando en una sentencia y ejecución en el año 2000 donde los peticionarios adquirieron propiedades. Los recurridos, herederos de los deudores originales, impugnaron dicha sentencia y ejecución en una demanda presentada en 2017. En este nuevo pleito, el Tribunal de Primera Instancia descalificó al abogado de los peticionarios. También denegó una moción de recusación contra la jueza. Los peticionarios recurrieron estas determinaciones ante el Tribunal de Apelaciones. El Tribunal de Apelaciones confirma la descalificación del abogado. No obstante, devuelve el caso al foro primario para que fundamente su denegatoria a la petición de recusación de la jueza.

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El Hospital HIMA San Pablo de Bayamón comparece ante el Tribunal de Apelaciones solicitando la revisión de una Resolución del Tribunal de Primera Instancia. Dicha Resolución concedió \$17,853.75 en concepto de costas a favor de Michelle Montcourt Paz en un caso de daños y perjuicios por impericia médica. El caso original, iniciado en 2010, resultó en una sentencia donde se impuso un 25% de responsabilidad al hospital y un 75% al fallecido. Tras apelaciones y una sentencia enmendada que recalculó las cuantías de daños, la señora Montcourt presentó su memorando de costas. HIMA se opuso, argumentando que ella no era la parte victoriosa debido a la negligencia comparada y cuestionando las partidas reclamadas. El Tribunal de Primera Instancia, no obstante, concedió las costas. El Tribunal de Apelaciones, al revisar la solicitud del hospital, decide denegar el auto solicitado.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de apelación presentado por 1959 Holdings, L.L.C. El recurso proviene de un caso de cobro de dinero instado por Alpha Capital Solutions, L.L.C. en el Tribunal de Primera Instancia. La apelación se centra en la determinación del tribunal de instancia que declaró No Ha Lugar una moción de Holdings solicitando la acumulación de partes. Alpha Capital demandó a Holdings por el alegado incumplimiento de un pagaré y un Side Letter, reclamando una deuda de \$27,000 de un total de \$54,000. Holdings argumentó que su obligación de pago estaba condicionada al cumplimiento de terceros con otros contratos. El Tribunal de Apelaciones acogió el recurso como apelación, aunque fue presentado como certiorari. Tras revisar los fundamentos, el Tribunal confirma la determinación recurrida.

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El Fondo de Innovación para el Desarrollo Agrícola de Puerto Rico demandó a Empresas Agrícolas del Centro por incumplimiento de un contrato de compraventa de acciones, reclamando el pago por acciones no redimidas, dividendos y primas. Empresas se defendió alegando que la obligación fue asumida por un tercero, José Luis Torres Olivencia, al adquirir sus activos, y presentó una demanda contra este tercero. El Tribunal de Primera Instancia (TPI) denegó las solicitudes de sentencia sumaria de ambas partes. El TPI estableció como hecho no controvertido que el tercero no fue parte del contrato original entre Fondo y Empresas ni tenía obligación bajo el mismo. El Fondo impugnó una Orden del TPI que denegó su Moción en Aseguramiento de Sentencia. El panel apelativo revisó el caso y los fundamentos expuestos por las partes y el TPI. Por los motivos presentados, el tribunal apelativo acordó expedir el auto solicitado por el Fondo. Asimismo, ordenó la celebración de una vista para continuar con el proceso.

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Este documento es una Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. Se refiere a un recurso de certiorari presentado por Gilberto Martínez Negrón, quien impugna su sentencia por infracción al Artículo 5.04 de la Ley de Armas. El peticionario alega que dicho artículo es inconstitucional de su faz, violando su derecho a la portación de armas bajo la Segunda Enmienda de la Constitución de Estados Unidos. Actualmente cumple la pena impuesta por dicha convicción. El Tribunal señala que el peticionario no indicó el dictamen específico cuya revisión solicita ni presentó señalamientos de error en su escrito. Explica la naturaleza discrecional y los requisitos procesales del recurso de certiorari. El Tribunal concluye que debe desestimar el recurso por falta de jurisdicción. La desestimación se fundamenta en que el peticionario no identificó la resolución o sentencia específica del foro primario que deseaba que el Tribunal revisara.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de alegado despido injustificado bajo la Ley 80. La Sra. Madelyn Romero Gómez demandó a Wal-Mart Puerto Rico Inc., alegando que fue despedida sin justa causa. Wal-Mart argumentó que el despido se debió a una justa causa relacionada con una reorganización empresarial que eliminó la posición de la Sra. Romero Gómez como Team Leader del Departamento de UPC. Wal-Mart presentó una Moción de Sentencia Sumaria, la cual fue declarada No Ha Lugar por el Tribunal de Primera Instancia. Wal-Mart recurrió esta decisión ante el Tribunal de Apelaciones mediante certiorari. El Tribunal de Apelaciones expidió el auto y revisó el dictamen recurrido. Tras la revisión, el Tribunal de Apelaciones revocó la decisión del foro primario. Se declaró Ha Lugar la Moción de Sentencia Sumaria presentada por Wal-Mart. Consecuentemente, se desestimó la Querella instada por la Sra. Romero Gómez.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de certiorari presentado por Israel Báez Escribano. El peticionario busca revisar una decisión del Tribunal de Primera Instancia que denegó su Moción de Desestimación. Dicha moción, al amparo de la Regla 64(p), solicitaba desestimar un cargo bajo el Artículo 401 de la Ley de Sustancias Controladas (posesión con intención de distribuir marihuana). Báez Escribano argumentó la ausencia total de prueba para el delito imputado, destacando que poseía una licencia válida para cannabis medicinal. El cargo se originó tras la ocupación de marihuana en un vehículo, luego de un registro amparado por órdenes judiciales. El Ministerio Público se opuso a la desestimación en primera instancia y solicitó la desestimación del certiorari en apelación. El Tribunal de Apelaciones procede a adjudicar el recurso. El documento expone los fundamentos que llevan a denegar la expedición del auto de certiorari solicitado. La denegación se fundamenta en la naturaleza discrecional del recurso de certiorari.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de impugnación de testamento iniciado en 1994. El pleito original cuestionó la capacidad mental del testador y la validez de escrituras. Una sentencia de 2002 validó el testamento pero anuló la desheredación, modificando la distribución hereditaria. Posteriormente, surgió una disputa sobre la propiedad principal del caudal, una finca. Algunos herederos solicitaron su venta en pública subasta. El Tribunal de Primera Instancia ordenó la venta, a pesar de que la mayoría de los herederos deseaban mantener la propiedad indivisa o dividirla. Un recurso de apelación previo (KLCE200901373) confirmó la orden de venta ante la prolongada falta de acuerdo entre las partes. El presente recurso de certiorari fue presentado contra una Orden posterior del Tribunal de Primera Instancia. El Tribunal de Apelaciones desestima este auto por falta de jurisdicción.

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Comparece T-Mobile Puerto Rico, LLC ante el Tribunal de Apelaciones mediante recurso de certiorari. Solicita la revocación de una Resolución del Tribunal de Primera Instancia, Sala de Carolina, que declaró No Ha Lugar su Moción de Desestimación. El caso subyacente es una demanda por daños y perjuicios instada por Maricelli González Sánchez y su hijo menor contra T-Mobile. Los demandantes alegan que un empleado de T-Mobile utilizó su posición y equipo para obtener información personal y enviar mensajes no deseados, incluyendo material pornográfico. T-Mobile solicitó la desestimación argumentando prescripción, falta de parte indispensable (el empleado) y no responsabilidad de la compañía por las acciones del empleado. El TPI denegó la desestimación, concluyendo que el empleado no era parte indispensable y que existía una causa de acción contra T-Mobile bajo los artículos 1802 o 1803 del Código Civil. La Sentencia del Tribunal de Apelaciones inicia la revisión de esta determinación del TPI.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones resolviendo una petición de certiorari presentada por Cooperativa de Seguros Múltiples (COSVI). COSVI recurrió una Resolución del Tribunal de Primera Instancia que declaró No Ha Lugar su solicitud de desestimación. El caso original fue incoado por Marcos A. Agosto Medina contra COSVI por incumplimiento de contrato tras los daños del Huracán María. Agosto Medina recibió y cambió cheques de COSVI que indicaban liquidación total, pero luego demandó alegando pago insuficiente y falta de informe de ajuste. COSVI solicitó la desestimación basándose en la liquidación total aceptada al cambiar los cheques. El foro primario denegó la desestimación, señalando que COSVI no entregó un informe de valoración de daños ni un ajuste conforme a la póliza. COSVI presentó reconsideración, la cual también fue denegada. Ante ello, COSVI acudió en certiorari al Tribunal de Apelaciones. El Tribunal de Apelaciones expidió el recurso y confirmó la Resolución recurrida. Con esta decisión, se sostuvo la determinación del Tribunal de Primera Instancia de no desestimar la demanda.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre un recurso de certiorari en un caso de divorcio. El peticionario, Alexie Díaz Rivera, solicitó revocar una resolución del Tribunal de Primera Instancia (TPI) de noviembre de 2019. Dicha resolución del TPI adjudicó la custodia y patria potestad de la menor a la madre, Daegred Enid Curet Tizol. El peticionario alegó que el TPI erró al determinar la patria potestad exclusiva de la madre, ya que previamente el mismo tribunal había ordenado que ambos padres la ostentarían. Esta orden anterior se emitió tras un informe de la Unidad Social que indicaba una reconciliación de las partes. Posteriormente, tras una nueva separación y la intención de la madre de mudarse con la menor a Estados Unidos, el TPI determinó que prevalecía lo dispuesto en la sentencia de divorcio inicial. El Tribunal de Apelaciones examinó el recurso y los argumentos de las partes. Considerando el carácter discrecional del certiorari y el estándar de revisión, el tribunal procedió a evaluar la solicitud. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones resolvió denegar el auto de certiorari solicitado por el señor Díaz Rivera.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre una petición de certiorari presentada por Edwin Rivera Maya. El peticionario buscaba la revisión de una sentencia impuesta en 2010 tras una alegación de culpabilidad por asesinato. El Tribunal requirió al peticionario que presentara documentos esenciales, como la solicitud de reconsideración y la sentencia, en un plazo de cinco días. Se le advirtió que el incumplimiento resultaría en la desestimación del recurso. El peticionario no cumplió con la orden dentro del término establecido. El Tribunal determinó que el recurso incumplía sustancialmente los requisitos reglamentarios. Basándose en la falta de presentación de documentos y la obligación de los tribunales de velar por su jurisdicción, el Tribunal concluyó que carecía de jurisdicción para atender el asunto. Por consiguiente, la petición de certiorari fue desestimada.

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El Tribunal de Apelaciones consideró un recurso de certiorari presentado por Ebed Cadmiel Villaronga. El peticionario solicitó la revisión de una Orden del Tribunal de Primera Instancia (TPI) que declaró No Ha Lugar una Moción al amparo de la Regla 192.1 de Procedimiento Criminal. En dicha moción, Villaronga argumentó que las penas impuestas por infracciones a la Ley de Armas eran excesivas y debían ser modificadas para cumplirse concurrentemente con la pena de asesinato, resultando en una sentencia total de 99 años. El TPI determinó que la sentencia original de 242 años, impuesta tras ser convicto de Asesinato en Primer Grado e Infracciones a la Ley de Armas, fue dictada conforme a Derecho. Inconforme, el peticionario alegó errores del TPI en la interpretación de la Ley de Armas y la imposición de penas. Tras examinar el recurso y el derecho aplicable, el Tribunal de Apelaciones acordó denegar la expedición del auto de certiorari.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre una petición de certiorari presentada por Henry Mercado Salinas. Mercado Salinas solicita la revisión de una resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó su moción de sentencia sumaria. El caso original fue presentado por Pedro Iván Molina por incumplimiento de contrato, cobro de dinero y daños y perjuicios. La disputa surge de un intercambio de relojes Rolex entre las partes. Molina alega que entregó un Rolex Yacht-Master a cambio de un Rolex Daytona y una diferencia en dinero, pero el Daytona resultó no ser legítimo. Molina devolvió el Daytona, pero Mercado Salinas retuvo el Yacht-Master y no pagó el balance acordado tras una modificación del trato. Mercado Salinas argumenta que la acción está prescrita y que realizó pagos por \$11,100. El Tribunal de Primera Instancia identificó hechos incontrovertidos, como el intercambio y los pagos parciales, pero encontró una controversia material sobre la fecha del acuerdo. Esta controversia sobre la fecha es crucial para la defensa de prescripción de Mercado Salinas.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en el caso KLCE202000027. Empresas Rivera Siaca solicitó la revocación de una Orden del Tribunal de Primera Instancia. Dicha Orden transfirió fondos embargados en un pleito de Empresas Rivera contra la aseguradora Integrand (SJ2018CV05805). Los fondos fueron remitidos a la consideración del caso de rehabilitación o liquidación de Integrand (SJ2019CV05526). Empresas Rivera había demandado a Integrand por incumplimiento de contrato y daños relacionados a reclamaciones de huracán, obteniendo un embargo preventivo. La validez del embargo fue confirmada previamente en apelación. Tras iniciarse el proceso de liquidación de Integrand, el foro primario ordenó la transferencia de los fondos embargados a dicho proceso. Empresas Rivera solicitó reconsideración sin éxito. El Tribunal de Apelaciones deniega la expedición del recurso de certiorari solicitado por Empresas Rivera.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones en un caso de alimentos. La Peticionaria impugna una Orden del Tribunal de Primera Instancia que dejó sin efecto la imputación de ingresos al Recurrido. El Tribunal de Primera Instancia había imputado un ingreso de \$2,500 y presumido viajes frecuentes al Recurrido por su reiterado incumplimiento en presentar su pasaporte y otra evidencia financiera. El Recurrido solicitó reconsideración de esta orden. El Tribunal de Primera Instancia concedió la reconsideración, revocando la imputación de ingresos y dando por cumplida la orden del pasaporte. La Peticionaria alegó no haber sido notificada de la moción de reconsideración del Recurrido. El Recurrido admitió la posible falta de notificación de la moción, aunque afirmó haber enviado el pasaporte por email. El Tribunal de Apelaciones expide el auto de certiorari solicitado. Se revoca la determinación del Tribunal de Primera Instancia que dejó sin efecto la imputación de ingresos y dio por cumplida la orden del pasaporte. La decisión se basa en los fundamentos expuestos en la sentencia.

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Recurso de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de divorcio por ruptura irreparable. El peticionario, Mario Alverio Domínguez, solicitó la revisión de una Orden de Embargo dictada por el Tribunal de Primera Instancia (TPI). Dicha orden fue emitida para ejecutar una sentencia de divorcio que incorporó estipulaciones transaccionales. Según los acuerdos, el peticionario debía pagar a la recurrida, Yvette Valle Avilés, la suma de $300,000 por su participación en bienes gananciales. Ante el incumplimiento del pago, la recurrida solicitó la ejecución de sentencia y el embargo. El TPI ordenó el embargo y venta en pública subasta de los bienes del peticionario para cubrir la deuda más intereses. El peticionario se opuso, argumentando, entre otros puntos, el transcurso de más de cinco años desde la sentencia y el cumplimiento parcial de los acuerdos. También alegó una disminución de ingresos y cuestionó la legalidad de la solicitud. El Tribunal de Apelaciones, tras evaluar el recurso, denegó la expedición del auto de certiorari solicitado.

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Esta resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico atiende una petición de certiorari presentada por Idalia Mercedes Limeres Zequeira en un caso de divorcio. La peticionaria busca revocar una orden del tribunal de primera instancia que concedió la custodia compartida de sus dos hijas menores al padre, José Antonio Toral Pereyó. Ella alega que el padre tuvo una participación inconsistente y que ella asumió la responsabilidad principal por las hijas. Un informe de trabajadora social recomendó la custodia compartida, el cual la peticionaria tenía la intención de impugnar. Debido a un error de su abogada, ella incumplió con el término para presentar un escrito de impugnación al informe. El tribunal de primera instancia inicialmente acogió las recomendaciones del informe tras vencer el término. Aunque el tribunal reconsideró y celebró una vista, finalmente reafirmó la decisión de conceder la custodia compartida basándose en el informe. El tribunal indicó que la peticionaria no había presentado evidencia en contra del informe y que aún tenía la oportunidad de impugnarlo con prueba pericial. La petición de certiorari impugna esta determinación.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico que resuelve recursos de certiorari presentados por ambas partes en un caso sobre incumplimiento de contrato y cobro de dinero. El litigio original surgió de un acuerdo de compraventa de solares donde el comprador se obligó a construir una vivienda para el vendedor al costo. Tras una sentencia final y firme que encontró incumplimiento, el Tribunal de Primera Instancia ordenó, para ejecutarla, la tasación y venta de la vivienda en construcción. Ambas partes apelaron esta disposición del TPI. El Tribunal de Apelaciones determina que, al haberse resuelto el contrato de construcción, la tasación y venta no procedían. Concluye que la vivienda en construcción debe ser adjudicada al comprador de los solares, en lugar de ser tasada y vendida.

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Este documento es una sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre la ejecución de un fallo previo en un caso de incumplimiento de contrato y cobro de dinero. El litigio se originó por un acuerdo de compraventa de terrenos donde el comprador se obligó a construir una vivienda para el vendedor a precio de costo. Tras un juicio, se dictó una sentencia final y firme en 2013 que confirmó esta obligación. Para ejecutar dicho fallo, el Tribunal de Primera Instancia ordenó la tasación y venta de la vivienda. Ambas partes apelaron esta orden de ejecución. El Tribunal de Apelaciones revisó los hechos y el contrato original. Concluyó que, al haberse resuelto el contrato de construcción, la tasación y venta de la vivienda no procedía. En su lugar, determinó que la vivienda debía ser adjudicada al comprador de los solares.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de divorcio por consentimiento mutuo iniciado en 2009. El peticionario recurrió mediante certiorari una Resolución y Orden del Tribunal de Primera Instancia. Dicha orden declaró Ha Lugar, en parte, una solicitud de ejecución de sentencia presentada por la recurrida. El Tribunal de Primera Instancia ordenó al peticionario el pago de \$363,078.96 por incumplimientos con las estipulaciones de divorcio. Las estipulaciones originales incluían el pago de pensión alimentaria de \$3,000 mensuales y \$36,408.54 mensuales para cubrir diversos gastos como hipotecas, utilidades, vehículos y seguros. Estos pagos estaban acordados para mantener el estándar de vida de la hija menor y liquidar la sociedad de gananciales. El Tribunal de Primera Instancia también ordenó al peticionario continuar pagando los préstamos hipotecarios de varias propiedades. El Tribunal de Apelaciones expidió el auto de certiorari solicitado. Sin embargo, el Tribunal de Apelaciones confirmó la Resolución y Orden recurrida del Tribunal de Primera Instancia.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre un recurso de certiorari presentado por El Pueblo de Puerto Rico. El recurso impugna la desestimación por el Tribunal de Primera Instancia de un cargo contra Héctor O’Neill García por infracción al Artículo 4.2(b) de la Ley de Ética Gubernamental. El Tribunal de Primera Instancia desestimó el cargo bajo la Regla 64(a) de Procedimiento Criminal, al considerar que no imputaba delito. El Tribunal de Apelaciones confirma la desestimación, pero por un razonamiento alterno. Determina que el cargo no imputa delito en este caso particular debido a que la articulación fáctica de los hechos por el Fiscal Especial Independiente en la acusación fue inadecuada e insuficiente para configurar los elementos del delito. El Tribunal de Apelaciones aclara que, contrario a la interpretación del foro primario, el Artículo 4.2(b) sí cumple con el principio de legalidad y es susceptible de incluir beneficios de orden sexual obtenidos por un servidor público valiéndose de su cargo. Cita jurisprudencia del Tribunal Supremo que valida esta interpretación, entendiendo "beneficio" como cualquier ventaja, incluyendo la de naturaleza sexual. Por tanto, la desestimación se sostiene por la deficiencia en la descripción fáctica de la acusación, no por la invalidez o inaplicabilidad del estatuto a beneficios sexuales.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico considera una petición de certiorari presentada por el Estado Libre Asociado de Puerto Rico. El Estado impugna una Orden del Tribunal de Primera Instancia que denegó su moción de desestimación en una demanda por daños y perjuicios. La demanda fue presentada por Ángel Xavier Ortiz Cruz, quien alega haber sufrido daños por imputaciones falsas, registro ilegal de su vehículo y otras acciones relacionadas con su empleo. El Estado argumentó que la demanda debía desestimarse por falta de notificación oportuna según la Ley de Pleitos Contra el Estado y porque las reclamaciones (difamación, actos intencionales) están excluidas de la responsabilidad estatal bajo dicha ley. El demandante, por su parte, afirmó haber cumplido con el requisito de notificación de 90 días y sostuvo que la demanda incluye alegaciones de actos negligentes por parte de funcionarios estatales. Tras evaluar los argumentos, el Tribunal de Apelaciones deniega la expedición del auto de certiorari solicitado por el Estado.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa una sentencia del Tribunal de Primera Instancia (TPI) en un caso de cancelación de pagaré extraviado. Inicialmente, el TPI canceló un pagaré hipotecario a solicitud de Doral Bank en 2013. Posteriormente, Ángel Luis Ortiz Rodríguez intervino, alegando ser el tenedor del pagaré original y que no estaba extraviado ni pagado. Ortiz presentó el pagaré original, logrando que el TPI dejara sin efecto la sentencia de 2013 y ordenara la reinscripción del gravamen en 2016. Inversiones Group L, Inc., quien adquirió la propiedad en subasta antes de la intervención de Ortiz, solicitó anular la sentencia de 2016. El TPI, en octubre de 2019, dejó sin efecto la sentencia de 2016 y restituyó la sentencia original de 2013 que canceló el pagaré. Ángel Luis Ortiz Rodríguez recurrió en certiorari ante el Tribunal de Apelaciones contra esta decisión de 2019. El Tribunal de Apelaciones examina ahora si el TPI actuó correctamente al dejar sin efecto la sentencia que reconoció a Ortiz como tenedor del pagaré. La controversia central gira en torno a la validez de la cancelación del pagaré frente a la aparición de su supuesto tenedor original y los derechos de un tercero adquirente. El tribunal se dispone a resolver la disputa basándose en el recurso presentado y la postura de las partes.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en el caso KLCE202000078. El Peticionario, Sr. Ramon L. Rodríguez Ruiz, solicitó la revisión de una Resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó su solicitud de desestimación. El Sr. Rodríguez Ruiz argumentó que el Fiscal Especial Independiente (FEI) carecía de autoridad para presentar acusaciones al haberse excedido del término legal para la investigación. Sostuvo que la investigación duró 212 días, excediendo el término de 180 días más prórrogas. El foro primario denegó la moción, concluyendo que la investigación se completó dentro de los términos y que estos son de cumplimiento estricto, no jurisdiccionales. El Peticionario presentó una moción de reconsideración, la cual también fue denegada. Inconforme, interpuso un recurso de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones. El Tribunal de Apelaciones, tras evaluar los fundamentos, DENEGÓ el auto solicitado.

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Supermercados Econo apeló una resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó su solicitud de sentencia sumaria. Econo demandó al Municipio de Dorado y al CRIM para recuperar $1,000,000 adelantados por arbitrios de construcción de un centro de distribución. Alegó un acuerdo con el Municipio que permitía la devolución si no iniciaba la obra en seis meses, lo cual ocurrió por supuestos problemas ambientales. El Municipio se negó a reembolsar el dinero, argumentando la existencia de controversias de hechos. El Tribunal de Primera Instancia identificó múltiples controversias de hechos materiales, incluyendo la buena fe de Econo, la existencia y efecto de la contaminación ambiental, y las razones para no construir. Concluyó que el caso requería evaluar la intención y buena fe de las partes, no solo interpretar el contrato. Tras examinar el recurso, el Tribunal de Apelaciones determinó que la controversia no exigía mayor consideración. Por tanto, denegó la petición de certiorari.

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Resolución de un panel judicial sobre un recurso de certiorari presentado por Ricardo Izurieta Ortega y otros. Los peticionarios solicitan dejar sin efecto una determinación del Tribunal de Primera Instancia (TPI) que denegó su moción para paralizar un proceso de ejecución de sentencia. El caso original es una demanda de cobro de dinero presentada por la Asociación de Condómines del Condominio Midtown por cuotas de mantenimiento impagadas. Los peticionarios contestaron la demanda, presentaron reconvención por daños y demanda contra tercero. La Asociación solicitó sentencia sumaria parcial sobre la deuda, la cual fue concedida por el TPI. El TPI ordenó el pago de la deuda, intereses, costas y honorarios, determinando que no había razón para posponer la sentencia sobre esta reclamación. Tras denegar una moción de reconsideración, el TPI emitió una orden de ejecución de la sentencia parcial. Los peticionarios recurrieron en certiorari la negativa del TPI a paralizar dicha ejecución. El panel deniega la expedición del auto de certiorari.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de certiorari presentado por José Genao Cruz. El peticionario impugna una resolución del Tribunal de Primera Instancia (TPI) que denegó su solicitud de nuevo juicio bajo la Regla 192.1 de Procedimiento Criminal. Genao Cruz fue convicto en 2009 por Asesinato en segundo grado e infracciones a la Ley de Armas. Su petición de nuevo juicio se fundamentó en la alegación de prueba no presentada en el juicio, incluyendo un video y evidencia de ADN. Previamente, el Tribunal de Apelaciones había revocado una denegatoria inicial del TPI y ordenado una vista para evaluar la relevancia y naturaleza exculpatoria de la prueba de ADN. Tras la devolución del caso, el TPI celebró la vista y nuevamente declaró No Ha Lugar la solicitud de nuevo juicio. Mediante este recurso, Genao Cruz solicita la revocación de esa segunda resolución del TPI. El Tribunal de Apelaciones deniega la expedición del auto de certiorari. Esto confirma la decisión del TPI de no conceder un nuevo juicio basado en la prueba presentada.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resolviendo un recurso de certiorari presentado por Jonathan Avilés Alers. El Peticionario impugna la denegatoria de su moción de desestimación de cargos por asesinato, tentativa de asesinato y violaciones a la Ley de Armas. La moción se basó en la alegada insuficiencia de la prueba presentada en la vista preliminar. El documento detalla los testimonios de testigos presenciales sobre los hechos y los intentos de identificación del agresor. Se describe particularmente el testimonio de un testigo que inicialmente expresó confusión y luego identificó al acusado en un proceso fotográfico con intervención policial. A pesar de los argumentos del Peticionario, el Tribunal de Apelaciones expide el auto pero confirma la resolución del Tribunal de Primera Instancia. Esto valida la determinación de causa probable en la vista preliminar y permite que el proceso penal continúe.

Resumen:

Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de daños y perjuicios por alegada impericia médica. Los peticionarios, Luis Pieraldi Cruz et al., solicitaron la revisión de una Resolución del Tribunal de Primera Instancia. Dicha resolución denegó la solicitud de los peticionarios para excluir un informe pericial de la prueba. El caso se originó por daños alegadamente sufridos por el peticionario tras un incidente y tratamiento en hospitales. La controversia principal en apelación gira en torno al testimonio pericial del Dr. José Collazo Bonilla. Este galeno había tratado al peticionario previamente, pero fue anunciado como perito de negligencia por los codemandados. Los peticionarios se opusieron a su testimonio y informe pericial sobre negligencia, argumentando su relación previa como médico tratante. El Tribunal de Primera Instancia permitió la inclusión del informe pericial. El Tribunal de Apelaciones, mediante esta Resolución, denegó la expedición del recurso de certiorari solicitado por los peticionarios.

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Se presenta un recurso de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico por Rafael Cabrera Crespo contra Brunilda Ruiz Díaz en un caso de cobro de dinero relacionado con pensión alimentaria. El peticionario solicita revocar una Resolución y Orden del Tribunal de Primera Instancia (TPI) que denegó su moción de reconsideración. El peticionario argumentó que el TPI carecía de jurisdicción para conocer de un reclamo de pensión alimentaria acordada extrajudicialmente, sosteniendo que la Ley de ASUME rige exclusivamente esta materia y que no se había radicado una demanda formal para las fechas reclamadas. La recurrida alegó la existencia de un acuerdo verbal que constituía una obligación contractual. El TPI declaró no ha lugar la solicitud de desestimación, determinando que existía un contrato unilateral de pensión alimenticia extrajudicial. Inconforme, el peticionario acudió en certiorari alegando error del TPI al no desestimar la demanda por improcedencia en derecho bajo la Ley de ASUME. Tras examinar el recurso y las comparecencias, el Tribunal de Apelaciones resuelve denegar el auto de certiorari.

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Este caso de impericia médica llega al Tribunal de Apelaciones mediante certiorari. Una doctora demandada recurre la denegatoria de su moción de sentencia sumaria por el Tribunal de Primera Instancia. La doctora alegaba inmunidad bajo el Código de Seguros y solicitaba la aplicación de límites de responsabilidad. El Tribunal de Primera Instancia había denegado previamente la alegación de inmunidad y, en la resolución recurrida, rechazó la sentencia sumaria. El TPI consideró contradictorias las alegaciones de la doctora y señaló que no se demostró que actuara dentro de sus funciones hospitalarias al ocurrir los hechos. El Tribunal de Apelaciones revisó la decisión del TPI. El Tribunal de Apelaciones confirmó la denegatoria de la moción de sentencia sumaria. La razón para confirmar fue que el expediente no contenía hechos incontrovertidos que permitieran determinar la procedencia de la inmunidad reclamada por la doctora. La sentencia del Tribunal de Apelaciones sostiene la decisión recurrida, aunque por un fundamento distinto.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre un auto de certiorari presentado por la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA). La AAA impugna una resolución del Tribunal de Primera Instancia (TPI) que declaró con lugar un memorando de costas a favor de L.P.C. \& D. Inc. (LPCD) y sus fiadoras. El caso principal se originó en 2006 con una demanda de Soletanche, Inc. El TPI emitió sentencia en 2019, la cual fue objeto de mociones post sentencia. Un recurso previo ante este Tribunal ordenó al TPI atender dichas mociones, las cuales aún están pendientes de resolución final. A pesar de ello, el TPI resolvió el memorando de costas. La AAA solicitó reconsideración de la resolución de costas, la cual fue denegada. El Tribunal de Apelaciones desestima el presente recurso de certiorari por falta de jurisdicción. La desestimación se basa en que el recurso es prematuro, ya que la sentencia subyacente no es final.

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Se revisa mediante certiorari una resolución del Tribunal de Primera Instancia (TPI) que denegó la paralización de un caso de ejecución de hipoteca. El peticionario, Juan E. Amador Colón, solicitó la paralización alegando tener derechos sobre la propiedad hipotecada por Banco Popular a nombre de Margarita Algarín Díaz. El TPI dictó sentencia en rebeldía contra la deudora original y ordenó la venta del inmueble. Intentos previos del peticionario para intervenir o impugnar el proceso fueron desestimados por el Tribunal de Apelaciones y el Tribunal Supremo. Ambos tribunales determinaron previamente que el peticionario carecía de legitimación activa en el pleito. A pesar de estas determinaciones firmes, el peticionario volvió a solicitar al TPI la paralización del caso. El TPI denegó la solicitud, basándose en la falta de legitimación activa del peticionario según lo resuelto por el Tribunal Supremo. El peticionario recurre ahora esta denegatoria, alegando que el TPI erró al negarle la paralización y al basarse en la falta de legitimación, lo cual, según él, perjudica un nuevo pleito reivindicatorio. También señala supuestos errores procesales en la notificación de mociones. El Tribunal de Apelaciones considera el recurso presentado por el peticionario contra la decisión del TPI.

Resumen:

Máximo Solar Industries, Inc. presentó un recurso de certiorari contra determinaciones del Tribunal de Primera Instancia de Aguadilla en un caso de cobro de dinero. El peticionario impugnó la denegatoria de su Moción de Anotación de Rebeldía contra los recurridos. El Tribunal de Primera Instancia había concedido previamente a los recurridos una prórroga de veinte días para contestar la demanda. Máximo Solar alegó que el Tribunal erró al calcular el inicio del término de la prórroga, incumpliendo la Regla 6.6 de Procedimiento Civil. Sostuvo que el plazo debió comenzar tras el vencimiento del término original, no desde la notificación de la orden que concedió la prórroga. El peticionario también argumentó que el Tribunal prorrogó el término sin que los recurridos lo solicitaran con justa causa antes de expirar el plazo, en violación de la Regla 68.2. Los recurridos se opusieron a la rebeldía, afirmando que el término de la prórroga inició con la notificación de la orden. El Tribunal de Primera Instancia mantuvo su orden y denegó la anotación de rebeldía. Posteriormente, los recurridos presentaron su contestación y una reconvención. El panel judicial, tras examinar el recurso, denegó la expedición del auto de certiorari.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico consideró una solicitud de certiorari presentada por Mapfre Praico Insurance Company. Mapfre buscaba la revisión y revocación de una Resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó su solicitud de sentencia sumaria. El caso surge de un reclamo de la Iglesia Cristiana El Remanente por daños causados por el Huracán María, donde Mapfre emitió un cheque. Mapfre argumentó que el cheque, con una nota al dorso indicando pago total y final, constituía un "pago en finiquito" que extinguía la obligación. Sin embargo, el Tribunal de Primera Instancia determinó que no se configuró el "pago en finiquito". El Tribunal de Apelaciones concurrió con esta decisión y denegó la expedición del auto de certiorari. La corte explicó que para que exista "pago en finiquito", el ofrecimiento debe ir acompañado de declaraciones o actos claros que indiquen que es en saldo total y definitivo, lo cual no ocurrió aquí. La simple nota al dorso del cheque no fue suficiente, ya que Mapfre no envió una comunicación explicativa clara sobre la finalidad del pago y sus consecuencias.

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Este caso ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico surge de un proceso de Exequatur iniciado por Cadlerock Joint Venture, L.P. para validar una sentencia en rebeldía de Florida contra Juana Padilla. El Tribunal de Primera Instancia convalidó la sentencia extranjera y autorizó su ejecución. La demandada, Juana Padilla, solicitó relevo de sentencia alegando falta de notificación adecuada, pero el foro primario denegó su petición. Posteriormente, dentro del proceso de ejecución, el Tribunal de Primera Instancia reconoció la protección de hogar seguro sobre la propiedad de la demandada. Cadlerock Joint Venture, L.P. recurrió esta determinación mediante certiorari. El Tribunal de Apelaciones expidió el auto solicitado. En su sentencia, el panel revocó la resolución del Tribunal de Primera Instancia que había reconocido la protección de hogar seguro.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisando la denegatoria de ejecución de una sentencia de 2008. La peticionaria obtuvo una sentencia en rebeldía por despido injustificado en septiembre de 2008. El recurrido solicitó el relevo de la sentencia poco después, alegando falta de partes indispensables. La peticionaria solicitó la ejecución en noviembre de 2008, pero el caso sufrió largos periodos de inactividad y demoras procesales imputables a ella. El Tribunal de Primera Instancia archivó el caso en 2017 por incomparecencia de la peticionaria. En 2019, la peticionaria volvió a solicitar la ejecución de la sentencia de 2008. El foro primario denegó la solicitud en diciembre de 2019. La denegatoria se basó en la tardanza injustificada de la peticionaria, su incumplimiento con órdenes judiciales y la falta de una declaración jurada que explicara la demora, a pesar de advertencias previas. La peticionaria recurrió esta decisión ante el Tribunal de Apelaciones.