Casos del Tribunal de Apelaciones (Página 189)

Resumen:

Este caso es un recurso de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. Procede de una demanda por libelo y calumnia presentada por un empleado contra la madre de un menor. El empleado alega que la demandada le imputó falsamente haber agredido sexualmente a su hijo, a sabiendas de la falsedad de la imputación. Sostiene que estas expresiones causaron su despido y le provocaron daños. La demandada presentó una moción de desestimación argumentando que la demanda carecía de especificidad, que sus expresiones eran privilegiadas y que la reclamación era prematura. El Tribunal de Primera Instancia denegó dicha moción. La demandada recurrió en certiorari ante el Tribunal de Apelaciones. El tribunal revisor concluye que, al haberse alegado que la demandada hizo expresiones falsas imputando un delito y causando daño, no se justifica intervenir con la decisión del tribunal inferior de denegar la desestimación.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una Sentencia en un recurso de certiorari presentado por el Municipio de Dorado. El Municipio solicitó la revisión de una Resolución del Tribunal de Primera Instancia, Sala de Bayamón. Mediante dicha Resolución, el foro primario determinó que no atendería una moción de reconsideración instada por el Municipio. La razón aducida por el TPI fue la falta de jurisdicción, al entender que el caso estaba paralizado. La paralización se debía a que la parte recurrida, Eliseo Vélez Vélez, había presentado previamente un recurso de apelación ante el Tribunal de Apelaciones. Dicha apelación impugnaba una Sentencia Parcial dictada por el TPI en el caso subyacente de daños y perjuicios. En el caso original, Vélez Vélez demandó al Municipio por alegados actos de represalia tras denunciar corrupción. La Sentencia Parcial del TPI desestimó algunas reclamaciones (restitución) pero permitió que continuara la causa de acción por daños. El Tribunal de Apelaciones, tras revisar el recurso de certiorari del Municipio, procede a desestimarlo. La desestimación del certiorari se fundamenta en la falta de jurisdicción del propio Tribunal de Apelaciones para atenderlo.

Resumen:

MAPFRE Pan American Insurance Company comparece ante el Tribunal de Apelaciones solicitando la revocación de una resolución del Tribunal de Primera Instancia que declaró No Ha Lugar su moción de desestimación parcial. La acción original fue incoada por Hogar Mi Familia Loma Bonita, Inc. contra MAPFRE por incumplimiento de contrato y daños y perjuicios. Hogar Mi Familia alegó que su propiedad asegurada sufrió daños por el Huracán María y que MAPFRE se negó a cumplir con el contrato de seguro. Sostuvo que MAPFRE actuó con mala fe, negligencia y dolo al no realizar un ajuste y compensación adecuada de los daños. La demanda reclamó daños a la estructura, propiedad personal, pérdida de ingresos y sufrimientos mentales. Hogar Mi Familia argumentó que MAPFRE subvaloró los daños y omitió cubrir otros a sabiendas de que estaban cubiertos. La parte demandante solicitó el cumplimiento específico del contrato y el pago de daños contractuales y extracontractuales. El Tribunal de Apelaciones revisa la decisión del TPI que permitió que la demanda de Hogar Mi Familia continuara.

Resumen:

La Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) apela una sentencia del Tribunal de Primera Instancia (TPI) que le ordenó pagar a Wilfredo Román Maldonado. Román Maldonado demandó a la AAA en 2008 reclamando una deuda por servicios prestados y alegando que se le dejó de contratar en represalia por expresar públicamente la deuda. El TPI dictó sentencia a favor del demandante en 2018, basándose en prueba documental y testimonios. Se encontró que el demandante, quien trabajaba para la AAA desde los años 70, realizó trabajos de mantenimiento y reparación, a menudo en emergencias, con promesas de pago y renovación de contratos. A pesar de haber sometido cientos de facturas, 26 por un total de \$422,755 quedaron sin pagar. Tras sus declaraciones radiales sobre la deuda, la AAA le comunicó que no le darían más trabajo, afectando su negocio y empleados. Testimonio de un ingeniero de la AAA corroboró la necesidad de contratar personal externo para trabajos de emergencia debido a la falta de personal propio y la necesidad de cumplir con un Mega Consent Decree.

Resumen:

Esta resolución del Tribunal de Apelaciones atiende una petición de certiorari presentada por Héctor Cotto Rodríguez. El peticionario solicitó la desestimación de cargos penales por supuesta violación al término de juicio rápido. Alegó que su vista preliminar se suspendió y luego no pudo celebrarse debido al cierre de los tribunales por la pandemia, excediendo el plazo legal. La Oficina del Procurador General solicitó la desestimación del recurso por académico. Informaron que el Tribunal de Primera Instancia ya había desestimado la causa penal contra el señor Cotto Rodríguez el 17 de julio de 2020. El foro primario también había ordenado su excarcelación. El Tribunal de Apelaciones examinó el principio de justiciabilidad, que exige una controversia viva y real. Determinó que, al haber sido desestimados los cargos y ordenada la excarcelación por el tribunal de instancia, la controversia planteada en el certiorari se tornó académica. Conforme a la norma que obliga a desestimar casos académicos, el Tribunal de Apelaciones desestimó el recurso.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre un recurso de certiorari presentado por Jesús Santiago Martínez. El peticionario busca revocar una Resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó su Moción de Reconsideración. El caso subyacente es una demanda por cumplimiento o resolución de un contrato de compraventa de terreno y daños y perjuicios, presentada por Carlos A. Ramos González y otros. Los demandantes alegaron que los demandados incumplieron el contrato al no segregar el predio según lo acordado en 2008. Los demandados presentaron defensas y una demanda contra terceros (un agrimensor y un ingeniero). El Tribunal de Primera Instancia dictó Sentencia Sumaria Parcial, declarando el incumplimiento contractual de los demandados como hecho incontrovertible. La moción de reconsideración de los demandados fue denegada, al entender el TPI que las defensas basadas en acciones de terceros no eran oponibles a los demandantes. El Tribunal de Apelaciones revisa ahora esta determinación mediante el recurso discrecional de certiorari.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico considera una petición de certiorari presentada por Carlos Colón Suárez. El Sr. Colón Suárez solicita la revisión de una orden de protección expedida en su contra por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Bayamón. Dicha orden fue emitida al amparo de la Ley 148-2015, Ley para la Protección las Víctimas de Violencia Sexual. La orden se basó en una petición presentada por Ileana Méndez Resto en representación de su hijo. Se alegó que el peticionario, quien fue maestro del menor, le envió fotografías inadecuadas por Snapchat. El Tribunal de Primera Instancia expidió inicialmente una orden ex parte y luego una orden final con vigencia hasta julio de 2021 tras una vista. El peticionario imputa al foro primario errores en la apreciación de la prueba, la aplicación de la ley y la determinación de riesgo. El Tribunal de Apelaciones procederá a disponer del recurso tras examinar la comparecencia y el estado de derecho.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones revisa mediante Certiorari varias resoluciones del Tribunal de Primera Instancia en un caso consolidado entre la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y Engineering Services International Inc. La controversia principal surge de un contrato para el diseño y construcción de un sistema de pretratamiento de agua, específicamente sobre la responsabilidad de instalar ciertas bombas de agua cruda. Engineering Services presentó una demanda de sentencia declaratoria para clarificar los términos contractuales y reclamar daños. El TPI emitió varias resoluciones, denegando un injunction a la AEE, permitiendo la conexión del proyecto a bombas existentes, dejando sin efecto la cancelación del contrato por la AEE, y ordenando a la AEE firmar documentos para extender la vigencia del contrato. La AEE recurrió de estos dictámenes ante el Tribunal de Apelaciones. Tras considerar los recursos, el Tribunal de Apelaciones expide el Certiorari y confirma las resoluciones apeladas del Tribunal de Primera Instancia.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico que atiende recursos de certiorari presentados por la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE). La AEE recurre de varias resoluciones del Tribunal de Primera Instancia en un caso de sentencia declaratoria contra Engineering Services International Inc. El litigio se relaciona con un contrato para un sistema de pretratamiento de agua, centrado en una controversia sobre la instalación de bombas. Las resoluciones apeladas denegaron un injunction a la AEE, concedieron remedios provisionales a Engineering Services permitiendo la conexión del proyecto, y dejaron sin efecto la cancelación del contrato. También se recurrió de órdenes que requerían a la AEE firmar documentos para extender la vigencia contractual y reunirse con la contraparte. El Tribunal de Apelaciones consolidó los recursos. Tras considerar los fundamentos, el Tribunal expide el certiorari. La Sentencia confirma las resoluciones recurridas del Tribunal de Primera Instancia.

Resumen:

Este documento es una sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. Examina una apelación presentada por Elysmarie Ausua Morales. La apelación busca revocar una sentencia sumaria dictada por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Ponce. El foro primario desestimó con perjuicio las causas de acción de la apelante contra Marpor Corporation h/n/c Denny's. Las acciones incluían despido injustificado, represalias y daños y perjuicios. El despido ocurrió tras la apelante arrojar positivo a marihuana y no someterse a un programa de rehabilitación. La apelante alegó represalias por acudir al Fondo del Seguro del Estado y despido sin justa causa. Denny's defendió el despido como justificado por la violación de su política de sustancias controladas. La apelante se opuso a la sentencia sumaria, argumentando la existencia de controversias de hechos, particularmente sobre el proceso de la prueba de drogas. El Tribunal de Apelaciones procede a resolver la apelación.

Resumen:

Este documento es una Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. Resuelve una Revisión Administrativa presentada por Pedro L. Montalbán Laureano contra la Oficina del Contralor. El recurrente impugnó una Resolución de la Junta de Apelaciones de la Oficina del Contralor que validó un proceso de evaluación y ascenso de auditores. La Oficina del Contralor solicitó la desestimación por presentación tardía del recurso. El Tribunal analizó el requisito jurisdiccional de presentar la revisión administrativa dentro de treinta días a partir de la notificación de la resolución final. La resolución fue notificada el 23 de junio de 2020, venciendo el término el 24 de julio de 2020. El recurso fue presentado el 3 de agosto de 2020, fuera del término establecido. Una orden del Tribunal Supremo sobre extensión de términos por la pandemia de COVID-19 no aplicó a este caso. El Tribunal concluyó que el recurso fue presentado tardíamente, lo que le priva de jurisdicción. Por tanto, se desestimó el recurso por falta de jurisdicción.

Resumen:

Alexander Díaz Collazo presentó un recurso de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. Buscaba revocar una resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó su moción para suprimir evidencia obtenida en su residencia. La moción se fundamentó en la Regla 234 de Procedimiento Criminal y el debido proceso de ley. La evidencia fue incautada durante el diligenciamiento de una orden de allanamiento. Dicha orden se expidió basada en una declaración jurada de un agente que realizó vigilancia. La vigilancia observó al peticionario, identificado como "Walker", recibiendo y poseyendo armas de fuego en la vivienda, además de ser sospechoso de venta de drogas. Al ejecutar la orden, se encontró evidencia (marihuana y dinero) a simple vista y el peticionario guió a los agentes a encontrar más (cargadores de arma). El Tribunal de Primera Instancia consideró procedente la orden y denegó la supresión. Tras examinar el caso, el Tribunal de Apelaciones resolvió denegar el auto solicitado, confirmando la decisión de instancia.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisando una resolución de ASUME sobre pensión alimentaria. Eduardo Mojica Núñez apeló la decisión de ASUME que mantuvo su pensión en $1,566.09$ y reiteró su deuda. La pensión fue establecida en 2012. En 2014, las partes acordaron un balance de deuda de $15,088.03$ en una declaración jurada, sin modificar la cuantía mensual. Mojica Núñez alegó la existencia de un acuerdo verbal posterior para reducir la pensión a $428.00$, no documentado, y disputó la deuda. ASUME había denegado previamente una modificación por falta de prueba de cambio de circunstancias. La madre inició un proceso de desacato en el foro primario. El recurrente se opuso, argumentando el acuerdo verbal y la jurisdicción de ASUME, y pagó el balance de deuda de 2014. El Tribunal de Apelaciones confirmó la resolución de ASUME. La sentencia valida la pensión mensual de $1,566.09$ y la determinación de deuda de la agencia.

Resumen:

Un panel de jueces revisó la decisión del Tribunal de Primera Instancia (TPI) de desestimar denuncias penales contra un imputado confinado. El TPI desestimó los casos alegando violación al derecho a juicio rápido, debido a la demora en el traslado del imputado para una vista preliminar que el foro inferior insistió debía ser presencial. El panel concluyó que el TPI erró al desestimar las denuncias. Argumentó que la vista preliminar podía y debía celebrarse de forma remota mediante videoconferencia, especialmente en el contexto de la pandemia de COVID-19. El Ministerio Público había solicitado la vista remota debido a la imposibilidad del Departamento de Corrección de trasladar al imputado de forma segura y sus protocolos que favorecían la videoconferencia para procedimientos previos al juicio. El panel determinó que, aun si la presencia física hubiera sido necesaria, la desestimación por violación a los términos de juicio rápido no se justificaba en estas circunstancias.

Resumen:

Un panel de jueces revisó la decisión de un Tribunal de Primera Instancia (TPI) que desestimó denuncias penales contra un imputado confinado. El TPI desestimó los cargos alegando violación al derecho a juicio rápido debido a una demora en el traslado físico del imputado para una vista preliminar presencial. El Ministerio Público había propuesto celebrar la vista de forma remota por videoconferencia, citando las restricciones de traslado del Departamento de Corrección por la pandemia de COVID-19 y la disponibilidad de medios tecnológicos. El TPI, sin embargo, insistió en la comparecencia física. El panel concluyó que el TPI erró al desestimar las denuncias. Argumentaron que la vista preliminar podía y debía haberse celebrado de forma remota, en cumplimiento con los protocolos de salud vigentes. Asimismo, indicaron que, incluso si la vista presencial fuera necesaria, la demora en el traslado en el contexto de la pandemia no justificaba la desestimación por violación a los términos de juicio rápido.

Resumen:

Sentencia de un panel judicial que revisa una determinación del Tribunal de Primera Instancia. El caso principal involucra al Consejo de Titulares del Condominio Balcones de San Juan y Mapfre Praico Insurance Company por daños tras el huracán María. El Consejo demandó a Mapfre por incumplimiento de contrato y daños, incluyendo reclamaciones bajo el Código de Seguros modificado por la Ley Núm. 247-2018. Mapfre solicitó la desestimación parcial de las causas de acción basadas en dicha ley. Argumentó que la Ley 247-2018 no aplicaba retroactivamente y prohibía agruparla con otras reclamaciones. El Tribunal de Primera Instancia declaró No Ha Lugar la moción de Mapfre. Mapfre recurrió ante este panel mediante certiorari. Tras examinar el recurso, el panel acordó expedir el auto. La determinación del Tribunal de Primera Instancia fue revocada.

Resumen:

Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de Certiorari. Triple-S Propiedad, Inc. solicita revocar una resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó su moción de desestimación. El pleito original fue instado por el Consejo de Titulares del Condominio Monte Norte y otros contra Triple-S Propiedad por incumplimiento de contrato de seguros tras el Huracán María. Los demandantes alegan que Triple-S Propiedad incumplió sus deberes y violó el Código de Seguros al ajustar la reclamación. Triple-S Propiedad presentó una moción de desestimación, argumentando que el Consejo de Titulares cedió sus derechos bajo la póliza a Attenure Holdings Trust 11 y HRH Property Holdings, LLC después de la pérdida sin su consentimiento. Alegó que esta cesión violaba la póliza y que los cesionarios carecían de legitimación activa. El Tribunal de Primera Instancia denegó la desestimación, resolviendo que la cláusula anti-cesión de la póliza no era oponible a una cesión realizada posterior a la ocurrencia de los daños. Triple-S Propiedad recurre esta decisión ante el Tribunal de Apelaciones.

Resumen:

Resumen:

Este documento resuelve los recursos de apelación presentados por José E. Barreto Concepción, Ernesto J. Vargas Rodríguez y Luis A. Feliciano Valentín contra las sentencias del Tribunal de Primera Instancia de Aguadilla. Dichas sentencias, dictadas el 30 de enero de 2017, los declararon culpables y los condenaron por conspiración para cometer asesinato y violaciones a la Ley de Armas. El caso se originó en la alegada conspiración que culminó con el asesinato de Kenneth Hernández Vargas el 24 de enero de 2014 en Aguadilla. Según la teoría del Ministerio Público, los apelantes planificaron la muerte y contrataron a otras personas para ejecutarla. La prueba de cargo incluyó el testimonio de un coautor que detalló la conspiración y el contacto inicial con uno de los apelantes. Tras revisar los argumentos, el panel de jueces determina confirmar la sentencia apelada en todos sus extremos.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en un recurso de certiorari. El caso surge de una demanda presentada por Luis Muñoz Ortiz contra Mapfre Panamerican Insurance Company. Muñoz Ortiz reclama incumplimiento de contrato, enriquecimiento injusto y daños por la gestión de su reclamación de seguro tras el huracán María. Alega que MAPFRE le ofreció pagos insuficientes por los daños a su propiedad. MAPFRE presentó una moción de desestimación y sentencia sumaria, argumentando la inaplicabilidad de una ley o la existencia de un pago en finiquito. El Tribunal de Primera Instancia declaró "No Ha Lugar" la moción de MAPFRE y su reconsideración. Inconforme, MAPFRE acudió al Tribunal de Apelaciones mediante una Petición de Certiorari. El Tribunal de Apelaciones revisa la decisión del foro primario sobre la moción de la aseguradora.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico atiende un recurso de apelación presentado por Joel Oliveras Aponte contra una Resolución del Tribunal de Primera Instancia. Dicha resolución aumentó la pensión alimentaria que el apelante provee a sus hijos menores y le impuso el pago de otros gastos médicos. La apelada había solicitado la modificación alegando incumplimiento del apelante con el plan médico. El apelante argumentó en su recurso que no fue debidamente notificado de la moción inicial ni de órdenes subsiguientes, lo que afectó su derecho a expresarse. El expediente judicial reveló irregularidades procesales, incluyendo la falta de notificación al apelante para una vista ante la Examinadora de Pensiones Alimenticias. A pesar de comparecer a una vista posterior, persistieron dudas sobre la adecuada notificación y presentación de documentos. Tras evaluar el caso, el Tribunal de Apelaciones determinó que procedía revocar el dictamen apelado.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en el caso de SZ Productions, LLC contra el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio. El recurso de revisión judicial se presentó tras la denegatoria de un crédito contributivo bajo la Ley núm. 27-2011. El tribunal desestima el recurso por considerarlo presentado prematuramente. Se fundamenta la decisión en la falta de notificación adecuada de la resolución administrativa recurrida. Conforme a la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme y jurisprudencia del Tribunal Supremo, la notificación correcta es indispensable para que una decisión administrativa surta efecto y comiencen a transcurrir los términos para recurrir. Al no haberse cumplido con los requisitos de notificación, la resolución no era efectiva y el recurso de apelación se presentó antes de tiempo. La ausencia de notificación adecuada impide al tribunal ejercer jurisdicción sobre los méritos del caso.

Resumen:

Se presenta una apelación contra una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó una demanda de impugnación de testamento. La apelación fue incoada por las sucesiones de varios individuos contra Virginia Vélez Bayrón. El Tribunal de Apelaciones procedió a examinar su jurisdicción para atender el recurso. Se reitera la naturaleza jurisdiccional de los términos para apelar, estableciendo que el plazo es de treinta días a partir de la notificación de la sentencia. Un recurso presentado fuera de este término adolece de falta de jurisdicción y debe ser desestimado. Se menciona la Resolución EM-2020-12 del Tribunal Supremo que proveyó extensiones de términos debido a la emergencia de salud pública. Tras examinar el expediente, el Tribunal concluye que carece de jurisdicción. Por consiguiente, se desestima el presente recurso de apelación.

Resumen:

Este documento es una Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. El recurso de apelación fue presentado por Eugenio Serafin Pérez y otros. Buscaban revocar una Resolución del Tribunal de Primera Instancia que declaró Ha Lugar una petición de exequatur. La petición de exequatur solicitaba la convalidación en Puerto Rico de órdenes de un tribunal de Florida. Estas órdenes declararon la incapacidad total y nombraron un tutor para el Sr. Humberto Serafín Pérez. La petición original fue presentada por su esposa, Iris Felicia Quiñones Cepeda. El Tribunal de Apelaciones adelanta que procederá a desestimar el recurso. La desestimación se fundamenta en la falta de jurisdicción. El documento detalla el historial procesal, incluyendo problemas de notificación y la presentación de un recurso de apelación previo.

Resumen:

Comparecen ante este foro apelativo José E. Barreto Concepción, Ernesto J. Vargas Rodríguez y Luis A. Feliciano Valentín. Solicitan la revocación de las sentencias dictadas por el Tribunal de Primera Instancia en enero de 2017. Dichas sentencias los declararon culpables y los condenaron por violación a artículos del Código Penal (asesinato y conspiración) y la Ley de Armas. El caso se origina en la alegada conspiración que culminó con el asesinato de Kenneth Hernández Vargas en enero de 2014. El Ministerio Público imputó que los apelantes planificaron y contrataron la muerte de la víctima, ejecutada por otros individuos. La prueba de cargo se centró en la teoría de la conspiración, incluyendo el testimonio de un coautor sobre los detalles del plan. Tras revisar los recursos, el panel de jueces determina confirmar la sentencia apelada en todos sus extremos.

Resumen:

Comparecen ante este foro ad quem los señores José E. Barreto Concepción, Ernesto J. Vargas Rodríguez y Luis A. Feliciano Valentín mediante recursos de apelación independientes. Solicitan la revocación de las sentencias dictadas por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Aguadilla, el 30 de enero de 2017. Mediante dichos dictámenes, fueron declarados culpables y condenados por violación a los Arts. 93(a) y 244 del Código Penal y Arts. 5.04, 5.09 y 5.15 de la Ley de Armas. Los cargos se relacionan con una alegada conspiración que culminó en el asesinato del señor Kenneth Hernández Vargas el 24 de enero de 2014 en Aguadilla. El Ministerio Público imputó que los apelantes planificaron la muerte y contrataron a coautores no apelantes para ejecutarla. La prueba de cargo se centró en esta teoría de conspiración. El panel integrado por las juezas Brignoni Mártir, Colom García y el juez ponente Adames Soto revisó los recursos. Por los fundamentos expuestos, el foro ad quem resuelve confirmar la sentencia apelada en todos sus extremos.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones resuelve una petición de certiorari presentada por el Municipio de Toa Alta y otros. Los peticionarios solicitan revocar una Resolución y Orden del Tribunal de Primera Instancia (TPI) en un caso de Daños y Perjuicios. El TPI había ordenado celebrar el juicio en su fondo mediante videoconferencia, sujeto a la aprobación de la Jueza Administradora y las guías vigentes. Además, el TPI impuso sanciones económicas y costas al Municipio por solicitar tardíamente la suspensión del juicio. El TPI justificó la videoconferencia por la naturaleza de la prueba, la edad de la demandante, la antigüedad del caso y la disponibilidad de medios remotos. Los peticionarios alegaron que el TPI erró al sancionarlos por oponerse al juicio remoto, argumentando la falta de reglamentación para salvaguardar la confiabilidad del procedimiento. Sostuvieron que el TPI no podía obligar a las partes a consentir a la modalidad remota. El Tribunal de Apelaciones, tras revisar los escritos y el expediente, deniega la expedición del auto de certiorari.

Resumen:

Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en el caso KLCE202000744. Mennonite General Hospital solicitó un auto de certiorari para revocar una decisión del Tribunal de Primera Instancia. Dicha decisión denegó la solicitud de embargo preventivo presentada por Mennonite contra Molina Healthcare. Mennonite demandó a Molina por más de $10 millones por servicios hospitalarios impagos, alegando denegaciones indebidas de facturas y violación de la Ley 5. Justificó el embargo por el cese de operaciones y venta de activos de Molina en la isla. El TPI denegó el embargo inicialmente por falta de identificación clara de bienes y prueba fehaciente de deuda líquida. Molina se opuso, explicando su rol en la administración de fondos gubernamentales y su derecho contractual a revisar la necesidad médica. Molina argumentó que los fondos no estaban predestinados solo para Mennonite. Tras examinar los escritos, el Tribunal de Apelaciones resolvió denegar el auto solicitado.

Resumen:

Esta es una Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de apelación presentado por la Autoridad de los Puertos de Puerto Rico. La apelación busca la revocación parcial de una Sentencia Parcial del Tribunal de Primera Instancia. Dicha sentencia parcial rechazó desestimar sumariamente una causa sobre incumplimiento contractual y daños instada por Interexport \& Metals Corp. contra Puertos. El caso se relaciona con un contrato de arrendamiento de 1990 de terrenos en Puerto Nuevo para almacenaje y exportación de chatarra. Interexport no ocupó el predio debido a un relleno, a pesar de que el contrato le requería prepararlo y mantenerlo. Puertos autorizó a Interexport a acondicionar el terreno, indicando que la renta se facturaría desde la fecha de ocupación. El Tribunal de Apelaciones, tras revisar el recurso, resuelve confirmar la porción apelada de la Sentencia Parcial del TPI.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emitió una sentencia en respuesta a una apelación del Consejo de Titulares del Condominio Centro Internacional de Mercadeo Torre I. El Consejo solicitó la revocación de una Sentencia Parcial y una Resolución dictadas por el Tribunal de Primera Instancia en un pleito contra Safe Parking Solutions, LLC y otros. El caso original versaba sobre alegadas violaciones a condiciones restrictivas y cambios de reglamento en un estacionamiento adyacente, reclamando cese y desista, injunction y daños. Un punto recurrente en la instancia primaria fue la legitimación activa del Consejo, a través de su presidente, para presentar la demanda, la cual el TPI había afirmado en varias ocasiones. Las decisiones apeladas de diciembre de 2019 declararon con lugar la reconsideración de los apelados, denegaron la solicitud del Consejo para enmendar la demanda e impusieron honorarios de abogado al apelante. El Tribunal de Apelaciones revisó los fundamentos de dichas determinaciones. Finalmente, el foro apelativo confirmó tanto la sentencia parcial apelada como la resolución recurrida.

Resumen:

Este caso ante el Tribunal de Apelaciones versa sobre la liquidación de la comunidad de bienes post ganancial entre Alberto J. Miranda Arroyo y Felicita Ortiz Rivera. El pleito se centra en la división de una propiedad inmueble que constituyó el hogar conyugal. Previamente, el Tribunal de Primera Instancia había dictado sentencia liquidando la propiedad, adjudicando créditos al apelado y ordenando su venta. Una apelación anterior resultó en la revocación de esa sentencia y el reenvío del caso para que se evaluara un crédito reclamado por la apelante relacionado con un refinanciamiento. Tras el reenvío, el foro primario celebró una vista evidenciaria a la que la apelante no compareció. El Tribunal de Primera Instancia dictó una nueva sentencia declarando Ha Lugar la demanda y liquidando la propiedad, basándose en parte en la incomparecencia de la apelante. La apelante recurre nuevamente ante este Tribunal. Mediante esta Sentencia, el Tribunal de Apelaciones revoca la determinación del foro primario. El caso es devuelto al Tribunal de Primera Instancia para la continuación de los procedimientos.

Resumen:

Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en el caso KLCE202000730, El Pueblo v. John L. López Álvarez. El peticionario, confinado, presentó una Moción Solicitando Corrección de Sentencia al amparo de la Regla 185. Dicha moción, fechada 26 de diciembre de 2014, estaba dirigida al Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan, según su epígrafe y el sobre. No obstante, por error, el sobre fue enviado a la dirección postal del Tribunal de Apelaciones. Habiendo examinado el escrito recibido, el Tribunal de Apelaciones constató que el foro destinatario correcto era el Tribunal de Primera Instancia. En vista de ello, se ordena el traslado del caso al Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan. Asimismo, se instruye a la Secretaría del Tribunal de Apelaciones a archivar el recurso presentado.

Resumen:

Apelación ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre una demanda por incumplimiento de contrato de seguro y mala fe contra Mapfre. La apelante, Giosary M. Robles Franco, reclamó daños a su propiedad por el Huracán María, alegando que la aseguradora subvaloró y descartó daños. El Tribunal de Primera Instancia desestimó sumariamente la demanda, aplicando la doctrina del pago en finiquito, al considerar que la apelante aceptó el pago ofrecido por Mapfre como liquidación total. La apelante recurre, argumentando que el TPI erró al aplicar dicha doctrina. Sostiene que Mapfre no evidenció una oferta justa, asistencia adecuada, o que la aceptación fuera con pleno entendimiento de transigir toda la reclamación. Alega que Mapfre incurrió en prácticas desleales y violó leyes aplicables, y que la Ley Núm. 243-2018 es de aplicación retroactiva. La apelante también plantea que existían controversias de hechos materiales que impedían la sentencia sumaria. El Tribunal de Apelaciones procede a evaluar la apelación.

Resumen:

Comparecen ante el Tribunal de Apelaciones Awilda Sánchez y Luis Manuel Bencosne Reyes para apelar una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia. Dicha sentencia desestimó su demanda contra Mapfre Insurance Company por incumplimiento de contrato. Los apelantes reclamaron daños a su propiedad tras el huracán María. Mapfre pagó \$7,016, aunque el estimado de daños ascendía a \$10,146.20 tras ajustes y deducible. Los apelantes cambiaron el cheque, pero luego demandaron alegando pago insuficiente y mala fe. Mapfre solicitó sentencia sumaria argumentando "pago en finiquito" al haber los apelantes cobrado el cheque. El Tribunal de Primera Instancia concedió la sentencia sumaria. Los apelantes apelaron, sosteniendo la existencia de controversias de hecho. El Tribunal de Apelaciones revisó el caso. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones resolvió confirmar la sentencia apelada.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico, Panel VII, resolvió un recurso de certiorari presentado por Apex Bank. El banco, una corporación no residente de Tennessee, impugnaba la decisión del Tribunal de Primera Instancia de Caguas que le impuso una fianza de no residente de \$1,000 en un caso de cobro de dinero y ejecución de hipoteca. Apex Bank argumentó que no debía prestar la fianza por estar autorizado a hacer negocios y tener activos en Puerto Rico. El Tribunal de Apelaciones denegó la expedición del auto de certiorari. Fundamentó su decisión en la Regla 69.5 de Procedimiento Civil, la cual exige fianza a las partes reclamantes que residan fuera de Puerto Rico o sean corporaciones extranjeras. La resolución señala que las excepciones a esta regla no aplican al caso de Apex Bank. Por tanto, se confirmó la imposición de la fianza al peticionario.

Resumen:

El señor Edwin Pagán Bonilla apeló la desestimación de su demanda por difamación contra el periodista Benjamín Torres Gotay y su esposa. La demanda original también incluía a GFR Media LLC, pero esa parte fue desestimada por prescripción y no fue apelada. El Tribunal de Primera Instancia desestimó la acción contra Torres Gotay y su esposa al concluir que sus publicaciones en Twitter estaban protegidas por el privilegio del informe justo y verdadero. Pagán Bonilla argumentó en apelación que las publicaciones sobre su caso criminal de 2001 no constituían un informe justo y verdadero. Las publicaciones de Torres Gotay indicaban que Pagán Bonilla fue acusado de masturbarse frente a un menor y se declaró culpable de exposiciones deshonestas, basándose en una resolución judicial previa. Pagán Bonilla cuestionó la veracidad y el carácter "grave" de la descripción de los hechos. El Tribunal de Apelaciones examinó los argumentos de las partes, el derecho y los hechos aplicables a la controversia. Finalmente, el panel confirmó la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó la demanda contra el periodista y su esposa.

Resumen:

Trio Realty, Inc. presentó una petición de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones. Solicitó la revocación de una Resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó su solicitud de intervención en un pleito civil. Dicho pleito fue incoado por Matilde De Jesús Rivera contra UBS Financial Services, Inc. La demandante reclamaba incumplimiento y retención ilegal de fondos de una cuenta de inversión de Trio Realty en UBS, de la cual recibía pagos de pensión. UBS retuvo los fondos debido al incumplimiento de Trio Realty en un contrato de línea de crédito. Posteriormente a la presentación del certiorari, el foro primario dictó Sentencia final en el caso, desestimando las reclamaciones de la demandante. El Tribunal de Apelaciones consideró que el auto de certiorari es un remedio discrecional y extraordinario. Determinó que la controversia sobre la denegatoria de intervención resulta inoportuna en esta etapa. La denegatoria es ahora parte de la disposición final del caso. Este asunto puede ser considerado en una futura apelación contra la Sentencia final, por lo que se denegó la petición de certiorari.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa una sentencia del Tribunal de Primera Instancia (TPI) en un caso sobre daños ocasionados por animales. Los demandados apelaron la denegatoria del TPI a dejar sin efecto una anotación de rebeldía en su contra. Los demandados habían solicitado una prórroga para contestar la demanda, sobre la cual el TPI no notificó decisión antes de la anotación de rebeldía. La anotación de rebeldía fue notificada el 30 de marzo de 2020. Ese mismo día, los demandados solicitaron dejarla sin efecto y presentaron su contestación a la demanda y una demanda contra tercero. El TPI denegó la solicitud para dejar sin efecto la rebeldía y no autorizó la demanda contra tercero. El Tribunal de Apelaciones concluye que el TPI erró al denegar la solicitud. Considera que los demandados habían pedido prórroga sin recibir notificación, solicitaron dejar sin efecto la rebeldía el mismo día de su notificación, y ya habían contestado la demanda y presentado la demanda contra tercero al momento de la decisión recurrida.

Resumen:

Decisión del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resolviendo un recurso de certiorari. Genesis Security Services, Inc. y su aseguradora impugnaron la orden del Tribunal de Primera Instancia que permitió al demandante, Jorge A. Díaz Sánchez, enmendar su demanda por daños. La demanda original reclamaba por lesiones y una pérdida de ingreso de $12,000 tras un accidente. El demandante buscó enmendar para añadir alegaciones específicas de lucro cesante, hasta $1,000,000, y disminución de capacidad laboral. La parte peticionaria se opuso, argumentando que estos daños especiales no fueron alegados inicialmente y fueron renunciados. A pesar de la oposición, el foro primario autorizó la enmienda. El Tribunal de Apelaciones revisó la controversia mediante certiorari. Tras examinar los escritos y el derecho aplicable, el Tribunal expidió el auto. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones revocó la orden recurrida. Esto impide al demandante proceder con las alegaciones ampliadas de lucro cesante y disminución de capacidad laboral según la enmienda propuesta.

Resumen:

Este caso ante el Tribunal de Apelaciones involucra a Sunwest Mortgage Co., Inc. apelando una decisión de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF). Tras recibir una resolución de OCIF, Sunwest presentó una moción de reconsideración ante la agencia. OCIF acogió oportunamente dicha moción de reconsideración. Sin embargo, Sunwest presentó su recurso de revisión judicial ante el Tribunal de Apelaciones antes de que expirara el término legal que tenía la OCIF para resolver la reconsideración acogida, un término que fue afectado por extensiones debido a la pandemia de COVID-19. La OCIF solicitó la desestimación del recurso por prematuro. El Tribunal analizó las reglas de jurisdicción y los términos para solicitar revisión judicial de decisiones administrativas tras una reconsideración, según la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme. Concluyó que, al haberse presentado el recurso antes de que la agencia resolviera la reconsideración o expirara su término para hacerlo, el recurso era prematuro. Por tanto, el Tribunal desestimó el recurso de apelación por falta de jurisdicción.

Resumen:

Este es una Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en el caso de Desiree Rivera contra MAPFRE Insurance Company. La Sra. Rivera apeló una Sentencia Sumaria emitida por el Tribunal de Primera Instancia a favor de MAPFRE. La demanda original trataba sobre un reclamo por incumplimiento de contrato y daños relacionados con los daños a la propiedad causados por el huracán María. La Sra. Rivera alegó que su propiedad estaba asegurada por MAPFRE y que la compañía no cubrió adecuadamente los daños. Sostuvo que MAPFRE actuó de mala fe y solicitó compensación por los daños a la propiedad y angustias mentales. MAPFRE negó las alegaciones, afirmando que actuó de buena fe y cumplió con los términos de la póliza, levantando varias defensas afirmativas. El Tribunal de Primera Instancia concedió la sentencia sumaria a MAPFRE basándose en la defensa de "pago en finiquito". El Tribunal de Apelaciones revisó el historial procesal y los argumentos de las partes. Basado en su análisis, el Tribunal de Apelaciones decidió revocar la sentencia apelada.

Resumen:

Este caso trata sobre la apelación de la señora Rosario Martínez González contra el Municipio Autónomo de Carolina. La apelante buscaba dejar sin efecto una sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó su demanda de sentencia declaratoria y revisión administrativa. La acción civil se originó por la solicitud de la apelante para instalar un control de acceso parcial en su urbanización, motivada por problemas de seguridad en su residencia. Alegó haber seguido los trámites municipales, pero su petición fue denegada por improcedente según la Ley de Control de Acceso. El Municipio argumentó que la apelante nunca presentó una Solicitud de Control de Acceso formal, sino solo una Consulta sobre Leyes y Reglamentos, la cual no genera una determinación final revisable. Por tanto, sostuvo que no existía una acción administrativa impugnable y el tribunal carecía de jurisdicción. El Tribunal de Apelaciones, por los fundamentos que expondrá, confirma la sentencia apelada que desestimó la demanda.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en un recurso de certiorari. El caso enfrenta a Brenda Liz Nieves Mercado contra la Cooperativa de Ahorro y Crédito San Rafael por despido injustificado. La señora Nieves demandó alegando violación a las leyes de despido injustificado, represalias y reserva de empleo tras una lesión laboral. La Cooperativa solicitó sentencia sumaria, argumentando que el despido estuvo justificado por faltas graves cometidas antes de la lesión. El Tribunal de Primera Instancia denegó la sentencia sumaria, al entender que existían hechos materiales en controversia. La Cooperativa recurrió esta determinación ante el Tribunal de Apelaciones. Tras evaluar las posturas, el Tribunal de Apelaciones expidió el auto de certiorari. Revocó la resolución del foro primario que denegó la sentencia sumaria. Finalmente, desestimó la demanda instada por la señora Nieves.

Resumen:

Este tribunal revisa la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que denegó la Solicitud de Relevo de Sentencia de la señora Johanna Díaz Figueroa. La Sentencia de rebeldía original se dictó en un caso de cobro de dinero instado por el señor Rafael Portela Rodríguez contra el señor José A. Rodríguez Rivera. El demandante enmendó la demanda para incluir a la señora Díaz como miembro de la sociedad legal de gananciales. La notificación de la vista fue recibida y firmada por el señor Rodríguez, pero no por la señora Díaz. Ante la incomparecencia de ambos, se dictó sentencia en rebeldía contra el señor Rodríguez y la sociedad legal de gananciales que incluía a la señora Díaz. La señora Díaz solicitó el relevo de la sentencia, alegando falta de emplazamiento, desconocimiento del pleito y estar casada bajo separación de bienes desde 2017. El demandante se opuso, argumentando que la señora Díaz no proveyó causa justa para su incomparecencia. El Tribunal Superior expide el certiorari y revoca la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia.

Resumen:

Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de certiorari. El recurso proviene de un proceso sumario de desahucio por falta de pago iniciado por Acquamarina Holdings, LLC contra Ryan Trujillo. El Tribunal de Primera Instancia (TPI) denegó la solicitud del demandado de convertir el procedimiento a uno ordinario. El demandado argumentó que la conversión procedía por alegaciones de firma falsificada, incumplimientos del arrendador y modificaciones al acuerdo de pago de renta. El arrendador se opuso, negando las modificaciones y destacando que el contrato requería cambios por escrito. El TPI fundamentó su negativa en que la única defensa en un desahucio por falta de pago es el pago y que no se presentó un conflicto de título. El TPI señaló que otras reclamaciones del demandado debían ventilarse en un pleito ordinario separado. El demandado recurrió esta decisión ante el Tribunal de Apelaciones. El Tribunal de Apelaciones concluye que no se justifica su intervención con la decisión recurrida del TPI.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones revisó una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó un recurso de mandamus. El apelante, Sr. Edwin A. Cedeño Ortiz, había solicitado mediante mandamus la reclasificación de su custodia. El Tribunal de Primera Instancia desestimó el recurso sin perjuicio por no estar juramentado, conforme a la Regla 54 de Procedimiento Civil, y por no haber agotado los remedios administrativos disponibles. El apelante alegó en apelación que el TPI erró al declararse sin jurisdicción y denegarle su día en corte. El Tribunal de Apelaciones explicó que el mandamus es un remedio extraordinario que requiere el cumplimiento de deberes ministeriales y no procede si existen otros remedios adecuados. Además, destacó el requisito procesal de que la solicitud de mandamus sea jurada. Tras examinar el expediente, el Tribunal de Apelaciones confirmó la sentencia apelada.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en el caso de certiorari KLCE202000787. El recurso proviene de un caso de cobro de dinero (ISCI201500599) del Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Mayagüez. La parte peticionaria, Scott Alyn Udy y Otros, presentó una moción solicitando el desistimiento voluntario del recurso. Alegaron que el recurso era prematuro. La prematuridad se debía a que un co-demandado, emplazado por edictos y declarado en rebeldía, no fue notificado de la sentencia original según la Regla 65.3(c). Concluyeron que los términos para trámites post-sentencia no habían comenzado a decursar. El Tribunal de Apelaciones examinó el recurso y la solicitud. Ordenó el archivo y cierre del recurso de certiorari. La decisión se fundamentó en el desistimiento voluntario de la parte peticionaria, conforme a la Regla 83(A) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones.

Resumen:

Comparece ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico una apelación en un caso de despido injustificado. El apelante, Robert Ortiz Ortiz, impugna la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó con perjuicio su querella contra Medtronic Puerto Rico Operations, Co. Ortiz Ortiz alegó haber sido despedido sin justa causa tras años de servicio. Medtronic defendió el despido como justificado, citando un historial de desempeño insatisfactorio del apelante y fallas en sus responsabilidades, evidenciadas en una auditoría ambiental y tras un Plan de Mejora de Desempeño. El Tribunal de Primera Instancia, luego de un juicio, concluyó que el despido fue por justa causa, detallando sus hallazgos en 108 determinaciones de hechos. El foro primario determinó que el apelante no presentó evidencia creíble para refutar las razones de la empresa. El apelante recurrió, alegando errores en la apreciación de la prueba y la credibilidad por parte del tribunal de instancia. Tras revisar el recurso, el Tribunal de Apelaciones procede a revocar el dictamen apelado.

Resumen:

Este es un juicio del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico que revisa determinaciones del Tribunal de Primera Instancia en un caso presentado por el confinado Jeremy A. Pastrana Trinidad contra el Gobierno de Puerto Rico. El confinado demandó por mandamus y daños, alegando atención médica inadecuada por una lesión en el tobillo. El Gobierno solicitó la desestimación, argumentando que el caso era académico tras radiografías sin fractura, que el confinado no agotó remedios administrativos y que la petición de mandamus carecía de formalidades. El Gobierno también pidió dejar sin efecto una anotación de rebeldía en su contra por tardanza en contestar, aduciendo justa causa por el Huracán María. El Tribunal de Primera Instancia denegó la moción de desestimación, entendiendo que existían controversias de hecho y derecho para juicio, y también se negó a levantar la rebeldía. Inconforme, el Gobierno presentó este recurso de certiorari, señalando errores en la denegatoria de desestimación por falta de jurisdicción, caso académico, falta de agotamiento de remedios y defecto formal. También alegó error al no levantar la rebeldía a pesar de justa causa. El Tribunal de Apelaciones procede a revisar estos señalamientos.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa mediante certiorari órdenes del Tribunal de Primera Instancia que requerían la comparecencia presencial de un convicto para la lectura de sentencia. El Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) no trasladó al individuo, citando riesgos por la pandemia de COVID-19 y un reglamento de emergencia que permitía alternativas como la videoconferencia. El Ministerio Público apoyó la celebración de la vista por videoconferencia, solicitando reconsideración de la orden de comparecencia física. El Tribunal de Primera Instancia denegó la reconsideración, insistió en la presencia física del convicto y, ante el incumplimiento del DCR, impuso una sanción económica de $500. El DCR presentó una moción de reconsideración ante el TPI explicando sus protocolos de traslado durante la emergencia. El Procurador General, en representación del Pueblo y el DCR, impugnó estas órdenes ante el Tribunal de Apelaciones. El Tribunal de Apelaciones expidió el recurso de certiorari solicitado. Por los fundamentos expuestos en la sentencia, el Tribunal de Apelaciones revocó las órdenes recurridas del Tribunal de Primera Instancia.