Casos del Tribunal de Apelaciones (Página 187)

Resumen:

Platinum Care Management Group, LLC acude al Tribunal de Apelaciones para revisar judicialmente un Aviso de Adjudicación de Propuesta (RFP) emitido por la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (ASSMCA) para servicios de enfermería. Este recurso surge tras un proceso previo donde el mismo Tribunal (caso KLRA202000244) dejó sin efecto un primer aviso de adjudicación de ASSMCA por incumplir la Ley Núm. 73-2019 y ordenó la emisión de uno nuevo. ASSMCA emitió un segundo aviso de adjudicación el 1 de septiembre de 2020, incluyendo el informe evaluador. Platinum impugna este segundo aviso, alegando que ASSMCA no tenía jurisdicción para emitirlo y que la adjudicación debió recaer en su compañía por obtener la mayor puntuación y mejor precio. El Tribunal de Apelaciones, al recibir el recurso, ordenó la paralización de los trámites administrativos en ASSMCA. ASSMCA compareció ante el Tribunal, argumentando que actuó conforme a la sentencia previa que ordenó la emisión del nuevo aviso. La presente sentencia del Tribunal de Apelaciones resuelve el recurso de revisión judicial interpuesto por Platinum contra este segundo aviso de adjudicación.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa un permiso de construcción expedido por la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe). Los recurrentes impugnan la autorización para construir una facilidad de telecomunicaciones en Las Piedras. Alegan que la OGPe violó el debido proceso al emitir el permiso sin resolver su solicitud de intervención y oposición. Sostienen que la agencia debió considerar sus escritos y realizar trámites adicionales, como una vista pública, antes de la expedición discrecional del permiso. La parte recurrida, QMC Telecom, LLC, solicitó la desestimación del recurso por extemporaneidad. QMC Telecom también argumentó que la OGPe no estaba obligada a resolver la solicitud de intervención antes de emitir el permiso. La OGPe no compareció ante el tribunal a pesar de haber sido requerida para exponer su posición. El tribunal procede a resolver el caso sin la postura de la agencia recurrida. La sentencia inicia analizando la figura jurídica de la intervención en los procedimientos administrativos de la OGPe bajo la ley aplicable.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en un recurso de revisión administrativa. Los recurrentes, vecinos colindantes, impugnan la aprobación de una solicitud de anteproyecto para un centro de cuidado de envejecientes. Dicha solicitud fue presentada por los proponentes para una propiedad ubicada en un distrito Residencial General Tres (R-3) en San Juan. El Municipio Autónomo de San Juan aprobó inicialmente el anteproyecto. Los recurrentes solicitaron una revisión administrativa ante la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe). La OGPe denegó el recurso, confirmando la determinación municipal. Los recurrentes acuden al Tribunal de Apelaciones alegando errores en la interpretación del Reglamento de Ordenación Territorial sobre el uso permitido en zonas R-3, violaciones al debido proceso, aplicación incorrecta de jurisprudencia, incumplimiento con servidumbres en equidad y falta de estacionamientos y rociadores. El Tribunal revisó el expediente y los argumentos de las partes. Finalmente, el Tribunal confirma la resolución recurrida de la OGPe.

Resumen:

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre casos consolidados de revisión administrativa. Los casos, presentados por la unión UTIER y un grupo de organizaciones ambientales y comunitarias, impugnan determinaciones del Negociado de Energía de Puerto Rico. Específicamente, solicitan la revisión de la resolución del Negociado del 17 de junio de 2020 que otorgó el Certificado de Cumplimiento de Energía para el contrato de Alianza Público-Privada con LUMA Energy para el sistema de transmisión y distribución de la AEE. La UTIER también recurre la decisión del Negociado del 18 de junio de 2020 que denegó su petición de intervención en el proceso de certificación. El tribunal consolidó los recursos debido a que ambos impugnan la expedición del certificado. El trasfondo detalla el marco legal de la Ley 120-2018 para la transformación del sistema eléctrico mediante APP y los trámites ante el Negociado de Energía.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico que consolida dos recursos de revisión administrativa. Estos recursos fueron presentados por la UTIER y varias organizaciones ambientales y comunitarias. Impugnan dos resoluciones del Negociado de Energía de Puerto Rico de junio de 2020. La primera resolución, del 17 de junio, otorgó el Certificado de Cumplimiento de Energía al contrato de LUMA Energy para la operación del sistema eléctrico. La segunda, del 18 de junio, denegó la solicitud de intervención de la UTIER en el proceso de certificación. El Negociado de Energía justificó la denegatoria de intervención al considerar el proceso de certificación como ex parte y no sujeto a la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme. La Ley 120-2018 sentó las bases para la alianza público-privada con LUMA Energy. Los recurrentes buscan la revisión judicial de estas determinaciones administrativas.

Resumen:

Comparece ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico Javier Pagán Cruz para revisar su clasificación de custodia. Pagán Cruz, quien cumple una sentencia de 109 años, impugna la decisión del Departamento de Corrección de mantenerlo en custodia mediana. El Comité de Clasificación y Tratamiento ratificó su nivel de custodia basándose en que le restan más de 15 años para cualificar para libertad bajo palabra. Según el Manual de Clasificación, este requisito obligatorio impone la asignación a seguridad mediana, a pesar de que su escala de reclasificación arrojó una puntuación para custodia mínima. El recurrente alegó varios errores, incluyendo que la decisión no se basó en la prueba de su expediente y que la aplicación de los criterios fue arbitraria. Argumentó que la clasificación impide su acceso a programas y beneficios que requieren un nivel de custodia menor. Tras agotar los recursos administrativos, Pagán Cruz presentó su caso ante el Tribunal. El Departamento de Corrección presentó su postura en respuesta al recurso. El Panel del Tribunal de Apelaciones, luego de considerar las comparecencias, resolvió confirmar la determinación administrativa recurrida.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en un recurso de revisión judicial. El recurrente, un confinado, solicita la intervención del foro apelativo alegando haber completado su sentencia y que no se le ha abonado un periodo en detención preventiva. El Departamento de Corrección y Rehabilitación comparece y solicita la desestimación del recurso. El Departamento argumenta que el tiempo reclamado por el recurrente ya fue acreditado o corresponde a un periodo cumplido bajo sentencias consecutivas. El expediente revela que el recurrente fue sentenciado en múltiples casos criminales entre 2013 y 2018, con penas concurrentes y consecutivas. Tras examinar el expediente apelativo y el marco jurídico aplicable, incluyendo la doctrina de revisión judicial y la deferencia a las agencias administrativas, el Tribunal resuelve desestimar el recurso. La desestimación implica que el Tribunal no encontró mérito en el reclamo del recurrente respecto al abono del tiempo en detención preventiva.

Resumen:

La Parte Recurrente solicitó la revisión judicial de una Resolución de la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe). Dicha Resolución denegó la Solicitud de Intervención presentada por la Parte Recurrente en un proceso administrativo sobre una Consulta de Ubicación para un proyecto de estación de gasolina. La Parte Recurrente se había opuesto a la aprobación de la consulta. Previamente, otro panel de este Tribunal confirmó la aprobación de la Consulta de Ubicación en un recurso distinto. En este caso, la Parte Recurrente impugnó específicamente la denegatoria de su solicitud para figurar como parte en el proceso administrativo. El Tribunal de Apelaciones procedió a examinar si poseía la autoridad para atender el recurso. Tras evaluar la cuestión jurisdiccional, el Tribunal determinó que carecía de jurisdicción sobre la materia. Por consiguiente, el recurso de revisión administrativa fue desestimado.

Resumen:

Se trata de una sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso presentado por el Consejo de Titulares del Condominio Las Villas de Ciudad Jardín contra MAPFRE PRAICO Insurance Company. El Consejo apela la Sentencia Parcial del Tribunal de Primera Instancia de Bayamón que desestimó con perjuicio la segunda causa de acción de su demanda. La demanda original fue presentada por el Condominio contra MAPFRE por incumplimiento de contrato y violaciones al Código de Seguros de Puerto Rico, reclamando daños por los huracanes Irma y María. El Condominio alegó que MAPFRE tardó en investigar y ajustar su reclamación de daños a la propiedad cubierta por una póliza. La demanda incluía una primera causa de acción por incumplimiento contractual y una segunda causa de acción por daños específicos debido a violaciones del Código de Seguros. El Tribunal de Primera Instancia desestimó la causa de acción relacionada con las violaciones al Código de Seguros. El Consejo de Titulares solicita al Tribunal de Apelaciones que revoque dicha desestimación parcial.

Resumen:

Comparece ante el Tribunal de Apelaciones Joel Colón Gandía para solicitar la revocación de una sentencia sumaria emitida por el Tribunal de Primera Instancia. Dicha sentencia declaró ha lugar la solicitud de Mapfre Pan American Insurance Company en un caso de incumplimiento de contrato y daños contractuales. El pleito se originó por una reclamación de daños a propiedad inmueble tras el huracán María, donde el señor Colón alegó que Mapfre incumplió los términos de la póliza. Mapfre solicitó la desestimación del caso mediante sentencia sumaria, fundamentándose en la doctrina de pago en finiquito. Argumentó que el apelante aceptó, retuvo y cobró un cheque presentado como pago total y final de la reclamación. El señor Colón se opuso, indicando que los daños eran sustancialmente mayores y que solicitó reconsideración sin éxito. El foro primario concedió la sentencia sumaria a Mapfre, concluyendo que se cumplían los elementos del pago en finiquito y que no había hechos en controversia. El apelante recurre, alegando error en la aplicación de la doctrina y la existencia de hechos materiales disputados. Por los fundamentos expuestos, el Tribunal de Apelaciones revoca el dictamen apelado.

Resumen:

Resumen:

Comparece ante el Tribunal de Apelaciones OHI of Puerto Rico LLC mediante recurso de certiorari. La petición busca la revisión de una Resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó una moción de desestimación presentada por OHI. Las querellantes originales presentaron una reclamación por despido injustificado contra OHI y Toperbee Corporation. OHI solicitó la desestimación tras acogerse a la Ley de Quiebras y vender sus activos a Island Optical LLC libre de reclamaciones, argumentando que no existía entidad responsable. Las querellantes se opusieron, invocando la doctrina del patrono sucesor. Toperbee, co-demandada, también se opuso a la desestimación, sugiriendo la aplicación de la doctrina de patrono sucesor a pesar de la quiebra y señalando un asunto pendiente sobre el emplazamiento de OHI. El foro primario denegó la moción de desestimación de OHI y ordenó enmendar la querella para incluir a Island Optical. El Tribunal de Apelaciones, tras considerar los fundamentos, denegó el auto de certiorari solicitado por OHI.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisó mediante certiorari una resolución del Tribunal de Primera Instancia (TPI) de Bayamón. La resolución recurrida, emitida el 3 de agosto de 2020, desestimó las denuncias presentadas contra Shawn P. Laureano Wood. El TPI desestimó el caso bajo la Regla 64(n)(5) de Procedimiento Criminal. Consideró que, aunque la pandemia de COVID-19 justificaba una conferencia presencial, la vista preliminar debía ser presencial. Al no trasladarse al acusado al tribunal para la vista preliminar, el TPI procedió a desestimar las denuncias. El Pueblo de Puerto Rico solicitó la revisión, argumentando que el TPI erró al desestimar sin ponderar todos los criterios de la Regla 64(n) y al negarse a celebrar la vista preliminar por videoconferencia, una medida razonable ante la pandemia. El Tribunal de Apelaciones procedió a expedir el auto de certiorari y, basado en sus fundamentos, revocó la resolución del TPI que desestimó las denuncias.

Resumen:

Se presentó una demanda contra Triple-S Propiedad, Inc. por alegada dilación e incumplimiento en el pago de daños causados por el huracán María bajo una póliza de seguro. La parte demandante, incluyendo el Consejo de Titulares y otras entidades, reclamó el pago de daños estimados en más de \$4.5 millones. Triple-S presentó una moción de desestimación, argumentando que el Consejo cedió su interés en la reclamación a un tercero, lo cual contraviene una cláusula de la póliza que prohíbe la cesión sin consentimiento de la aseguradora. Triple-S sostuvo que la cesión era nula y que el cesionario carecía de legitimación activa. La parte demandada se opuso, señalando que la cesión ocurrió post-pérdida y que la prohibición no era oponible en este contexto. Tras evaluar los argumentos, el Tribunal de Primera Instancia denegó la moción de desestimación de Triple-S. Triple-S solicitó entonces a este Tribunal que revisara dicha resolución mediante certiorari. El panel, integrado por las Juezas Jiménez Velázquez y Romero García y el Juez Méndez Miró, denegó la expedición del certiorari.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones revisó, vía certiorari, una Resolución del Tribunal de Primera Instancia de Bayamón que ordenó a Francisco Valdés Pérez obtener representación legal. El señor Valdés apeló esta decisión que le daba un plazo de 15 días para conseguir abogado bajo apercibimiento de desacato. El foro apelativo denegó el auto solicitado tras analizar el expediente. Determinó que la decisión del TPI fue correcta y adecuada para salvaguardar los derechos del propio apelante. El TPI concluyó que el señor Valdés no ha demostrado capacidad para defenderse adecuadamente, evidenciando pobre conocimiento procesal y evidenciario, falta de comprensión y dificultad para seguir instrucciones. Esta situación ha provocado dilaciones e impedido la sana administración de la justicia. El Tribunal de Apelaciones reafirmó que el derecho a la autorrepresentación no es absoluto y puede denegarse si entra en conflicto con la administración de justicia o la capacidad de la parte. El recurso presentado carecía de argumentos o evidencia para rebatir la corrección de la decisión recurrida.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones, Panel IV, conoció de un recurso de certiorari presentado por Alexander Avilés Santiago, confinado, solicitando la revisión de una Orden del Tribunal de Primera Instancia de Arecibo. Dicha Orden denegó una solicitud de corrección de sentencia presentada por el peticionario en un caso de asesinato atenuado. El peticionario compareció por derecho propio y en forma pauperis. Tras examinar el escrito, el Tribunal de Apelaciones determinó que el recurso incumplía con múltiples requisitos de su Reglamento, incluyendo la falta de índices, citas legales, señalamientos de error y un apéndice completo. De manera fundamental, el peticionario no acreditó la jurisdicción del Tribunal de Apelaciones para atender su reclamo. Por consiguiente, el Tribunal de Apelaciones desestimó el recurso por falta de jurisdicción, sin entrar a considerar los méritos del caso, conforme a la Regla 83(C) de su Reglamento. La sentencia enfatiza que la ausencia de jurisdicción es insubsanable y obliga a los tribunales a desestimar el caso.

Resumen:

El Pueblo de Puerto Rico recurre en certiorari ante el Tribunal de Apelaciones para revisar una resolución del Tribunal de Primera Instancia. Dicha resolución desestimó los cargos graves contra José Valentín Elías y ordenó su excarcelación. La desestimación se basó en la imposibilidad de celebrar la vista preliminar debido a que el imputado, quien estaba confinado, no fue traído del penal en varias ocasiones. El Tribunal de Primera Instancia se negó a realizar la vista preliminar por videoconferencia. El Pueblo argumenta que el TPI erró al desestimar el caso y al rehusar la videoconferencia, considerando las circunstancias de la pandemia y las medidas tomadas para proteger la salud. El imputado no compareció a las vistas preliminares señaladas, incluso en la fecha límite, a pesar de las órdenes judiciales a Corrección. El TPI entendió que se violó el derecho a juicio rápido del señor Valentín al no poderse celebrar la vista preliminar. El Tribunal de Apelaciones procede a expedir el auto de certiorari para resolver el fondo de la controversia.

Resumen:

Multinational Insurance Company solicitó al Tribunal de Apelaciones revisar una Orden del Tribunal de Primera Instancia de Carolina. Dicha Orden denegó la Moción en Solicitud de Desestimación por Falta de Jurisdicción sobre la Materia presentada por Multinational. Multinational argumentó que el Consejo de Titulares del Condominio Portales de Carolina, demandante en el caso original, no agotó remedios administrativos y acumuló indebidamente causas de acción bajo el Código de Seguros y el Código Civil por daños tras el huracán María. El Consejo se opuso, afirmando la validez de su demanda y la procedencia de los reclamos bajo ambas leyes. El TPI determinó que el caso era esencialmente un incumplimiento contractual donde podían concurrir remedios del Código Civil y la Ley 247-2018 para casos de mala fe. Multinational recurrió, alegando que el TPI erró al permitir la acumulación de acciones que, a su juicio, la Ley 247-2018 prohíbe. El Tribunal de Apelaciones, tras considerar las comparecencias, denegó la expedición del auto de certiorari solicitado por Multinational.

Resumen:

Resumen:

Comparece la parte peticionaria mediante recurso discrecional de certiorari solicitando dejar sin efecto una resolución del foro primario que denegó la descalificación de la licenciada Jessica A. Figueroa Arce. El panel judicial deliberó los méritos del recurso y concluyó no expedir el auto solicitado. El caso se origina en una demanda de divorcio, con procedimientos previos que incluyeron apelaciones y un certiorari ante el Tribunal Supremo. La solicitud de descalificación se basó en la alegada participación de la abogada en la divulgación de material íntimo no consentido en un recurso de apelación anterior y la posibilidad de ser testigo en otro caso civil. El foro primario denegó la descalificación al considerar que el peticionario no presentó causas suficientes. Argumentó que incluir prueba en una apelación no es motivo de descalificación y que la especulación sobre un potencial testimonio no sustenta la solicitud. Al denegar el certiorari, esta instancia judicial confirmó la determinación del foro primario.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre un caso de daños. El apelante, Francisco Valdés Pérez, impugnó una sentencia parcial del Tribunal de Primera Instancia que archivó su demanda contra varios codemandados. El archivo se debió a la falta de diligenciamiento oportuno de los emplazamientos. El Tribunal de Apelaciones acogió el recurso como apelación. Se revisó el extenso historial procesal relacionado con la expedición y el intento de servicio de las citaciones. A pesar de múltiples gestiones y órdenes judiciales, el apelante no logró emplazar diligentemente a varios de los demandados. El Tribunal concluyó que la inacción del demandante justificaba la decisión del foro primario. Por tanto, se confirmó la sentencia parcial que decretó el archivo sin perjuicio contra los codemandados no emplazados.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre la solicitud de revisión de Miguel A. Rivera Díaz, confinado bajo la custodia del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR). El recurrente solicitó la entrega de documentos al DCR, lo cual fue denegado por la División de Remedios Administrativos. Dicha respuesta indicaba que podía solicitar reconsideración ante el Coordinador Regional, pero el señor Rivera acudió directamente al Tribunal de Apelaciones. La sentencia analiza la doctrina del agotamiento de remedios administrativos, fundamental para evitar la intervención judicial prematura. Esta doctrina establece que una parte debe agotar todos los recursos disponibles dentro de la agencia antes de acudir a los tribunales. El Reglamento del DCR para remedios administrativos dispone un proceso de reconsideración ante un Coordinador tras la respuesta inicial. Al no haber solicitado esta reconsideración, el recurrente no agotó los remedios administrativos disponibles. Por tanto, el Tribunal de Apelaciones carece de jurisdicción para atender el recurso.

Resumen:

Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre una petición de certiorari. El peticionario, José Luis Otero Otero, condenado a 25 años de cárcel por agresión sexual, solicitó revocar una resolución del Tribunal de Primera Instancia. Dicha resolución denegó su moción para reabrir el caso y obtener una nueva sentencia. El peticionario argumentó violaciones al debido proceso, exposición doble a cargos criminales por la actuación concurrente de fiscalías estatales y federales, y asistencia legal inefectiva. Tras examinar los planteamientos esgrimidos por el peticionario, el Tribunal de Apelaciones decidió denegar la expedición del auto de certiorari.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico consideró una petición de certiorari presentada por Heriberto García Parra. El peticionario impugnaba una orden del Tribunal de Primera Instancia de Carolina de junio de 2020. Dicha orden declaró No Ha Lugar una moción por derecho propio presentada por García Parra. En su moción, el peticionario aparentemente buscaba apelar una sentencia dictada en su contra en 1999. Alegaba que el juicio no fue justo y que no pudo apelar a tiempo por falta de representación legal. El Tribunal de Apelaciones analizó la naturaleza discrecional del recurso de certiorari. Se refirió a los criterios establecidos para ejercer su discreción en este tipo de casos. Tras considerar los fundamentos, el Tribunal denegó la expedición del auto de certiorari solicitado.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre una acción de cobro de dinero. Triple-S demandó a la Autoridad Metropolitana de Autobuses (AMA) reclamando el pago de más de \$2.2 millones adeudados por contratos de servicios médicos y de administración. La AMA se defendió alegando la nulidad de los contratos por incumplimiento con los requisitos de contratación gubernamental, como la falta de registro en la Oficina del Contralor. El Tribunal de Primera Instancia dictó sentencia sumaria a favor de Triple-S, ordenando a la AMA el pago de la suma reclamada. La AMA apeló dicha sentencia. El Tribunal de Apelaciones, tras considerar los fundamentos, revocó la sentencia apelada.

Resumen:

Este documento es una sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de revisión administrativa presentado por Edet Pastor Jiménez contra la Junta de Libertad Bajo Palabra. El recurrente impugnaba una resolución de la Junta que, tras reconsiderar una denegatoria inicial, decidió concederle el privilegio de libertad bajo palabra con monitoreo electrónico. Sin embargo, la resolución original contenía un error al consignar el nombre de otra persona en lugar del recurrente. Edet Pastor Jiménez solicitó la corrección del nombre ante la Junta y, ante la falta de acción, acudió al Tribunal de Apelaciones pidiendo que se ordenara la enmienda. Durante la tramitación del recurso, la Junta informó al Tribunal que había enmendado la resolución *nunc pro tunc*, corrigiendo el nombre del beneficiario al de Edet Pastor Jiménez. Además, se confirmó que el recurrente ya se encontraba disfrutando de la libertad bajo palabra desde agosto de 2020. Dado que la corrección solicitada fue realizada y el recurrente ya gozaba del privilegio, el Tribunal determinó que el recurso se había tornado académico. Por consiguiente, el Tribunal de Apelaciones desestimó el recurso de revisión judicial.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite Sentencia en el recurso de revisión administrativa instado por Harry Vientos Jaca contra Amerijet International, Inc. El recurrente solicita dejar sin efecto la Resolución de la Oficina de Mediación y Adjudicación del Departamento del Trabajo que desestimó sumariamente su querella por despido injustificado al amparo de la Ley Núm. 80. Amerijet había presentado una solicitud de sentencia sumaria, alegando que el despido fue justificado por negligencia y que no existían controversias de hecho esenciales. Vientos Jaca argumenta en apelación que la jueza administrativa erró al conceder la desestimación sumaria, pues existen controversias de hecho materiales, como la alegada apropiación ilegal de mercancía y la naturaleza de sus responsabilidades, que impiden resolver el caso sin un juicio. Amerijet se opone, sosteniendo que la decisión administrativa fue correcta y que no hay controversias esenciales. El Tribunal de Apelaciones confirma el dictamen recurrido. La sentencia discute el estándar legal para la sentencia sumaria, que procede únicamente cuando no hay controversias reales y sustanciales sobre hechos materiales.

Resumen:

El recurso de revisión fue presentado por Luis E. Lebrón Laureano contra el Departamento de Corrección y Rehabilitación. Impugna la determinación del Comité de Clasificación y Tratamiento de ratificar su nivel de custodia máxima. El Comité justificó la decisión basándose en la naturaleza extrema de su sentencia de 233 años, ajustes negativos (un informe disciplinario) y la falta de beneficio de tratamiento. El señor Lebrón argumentó que su puntuación en el manual de clasificación arrojaba custodia mínima. Alegó que la modificación discrecional para mantener la custodia máxima fue arbitraria y que su único informe disciplinario de 2014 era remoto. Sostuvo que no ha recibido las terapias mencionadas por el Comité porque no están disponibles y que su conducta institucional debería prevalecer sobre los detalles de su sentencia. Citó un reglamento que permite la reclasificación a custodia mediana después de 5 años para sentencias largas, según la puntuación obtenida. El Tribunal de Apelaciones, tras examinar el recurso, resolvió revocar la determinación recurrida del Departamento de Corrección y Rehabilitación.

Resumen:

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resolviendo una apelación presentada por Ángeles Torres Sánchez contra Carmen Gloria Padial. El caso original, sobre incumplimiento de contrato y daños, fue instado por la Sra. Torres Sánchez alegando que la Sra. Padial no cumplió un contrato para una campaña publicitaria de sus servicios legales. La Apelante reclamó que la Apelada no realizó las gestiones acordadas, sus esfuerzos fueron infructuosos y que hubo alegadas representaciones falsas sobre sus credenciales. La Sra. Padial negó el incumplimiento, afirmó haber cumplido el contrato escrito y presentó una reconvención reclamando el pago por servicios prestados. El Tribunal de Primera Instancia desestimó la demanda de la Sra. Torres Sánchez y declaró con lugar la reconvención de la Sra. Padial. La Sra. Torres Sánchez apeló esta decisión. Tras revisar los argumentos y el dictamen apelado, el Tribunal de Apelaciones confirmó la Sentencia del foro primario.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de cobro de dinero y ejecución de hipoteca. Oriental Bank demandó a Luis Armando Lugo Vélez, obteniendo una sentencia en rebeldía del Tribunal de Primera Instancia tras notificar por edicto. El Sr. Lugo Vélez recurrió la sentencia mediante certiorari, que fue acogido como apelación por el Tribunal de Apelaciones. La sentencia de primera instancia declaró con lugar la demanda de Oriental Bank, basándose en el incumplimiento de un pagaré hipotecario de $183,500.00$ garantizado por una propiedad en Carolina. El Tribunal de Apelaciones revisó los hechos establecidos por el TPI, incluyendo la descripción de la propiedad hipotecada. Tras el análisis, el Tribunal de Apelaciones confirmó la sentencia apelada.

Resumen:

Acude ante el Tribunal de Apelaciones un recurso de certiorari presentado por el Comisionado Electoral Alterno del PNP en Cataño, buscando revocar una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia (TPI). El TPI había declarado Ha Lugar la acción de un elector, revocando una determinación de la Comisión Local de Elecciones de Cataño que había recusado su voto por razón de domicilio. La Comisión Local había excluido al elector porque pernoctaba temporalmente en Bayamón. El TPI determinó que la estadía temporal en Bayamón se debía a precauciones por COVID-19 y no implicaba una intención de cambiar su domicilio formal, concluyendo que la recusación era inmeritoria y protegible su derecho al voto. El peticionario argumentó ante el TPI, y ahora en apelación, que este carecía de jurisdicción, pues la apelación de la decisión de la Comisión Local debió presentarse ante la Comisión Estatal de Elecciones. La única interrogante procesal ante el Tribunal de Apelaciones es si la vía procesal adecuada para el elector era acudir ante la Comisión Estatal o directamente ante el TPI. El Tribunal de Apelaciones concluye que la vía procesal correcta fue acudir ante el TPI. Por tanto, procede confirmar la decisión del foro primario en cuanto a su jurisdicción.

Resumen:

El Pueblo de Puerto Rico presentó un recurso de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones. El recurso impugna una Resolución del Tribunal de Primera Instancia de Bayamón. Dicha Resolución desestimó los cargos de escalamiento y apropiación ilegal agravada contra Alex Yamil Rivera Pabón. El TPI fundamentó la desestimación en el vencimiento de los términos de juicio rápido. El caso experimentó retrasos debido a la pandemia de COVID-19 y la falta de traslado del acusado, quien se encontraba confinado. El Ministerio Público propuso realizar la vista preliminar por videoconferencia. Sin embargo, el TPI determinó que la vista preliminar para un confinado debe ser presencial para proteger sus derechos fundamentales. Al no poder celebrarse la vista presencialmente, el TPI procedió a desestimar los cargos, decisión que el Pueblo de Puerto Rico solicita revocar.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de expropiación forzosa iniciado por el Municipio Autónomo de Carolina. El Municipio expropió una propiedad para un proyecto público y depositó la justa compensación para la Sucesión Rafael Morales Rivera y otros interesados. Se alcanzó un acuerdo sobre el monto total de la compensación, el cual fue depositado en el tribunal. Héctor Morales Dávila, miembro de la Sucesión, solicitó el retiro de su alegada participación hereditaria de dichos fondos. El Tribunal de Primera Instancia denegó la solicitud, condicionando el desembolso a la presentación de documentación específica. Esta documentación incluía declaratoria de herederos, relevos de Hacienda y ASUME, cuaderno particional y el allanamiento de todas las partes interesadas a la distribución. El Sr. Morales Dávila comparece ante el Tribunal de Apelaciones para solicitar la revocación de esta orden del TPI. La sentencia aborda la controversia sobre los requisitos impuestos para el retiro de los fondos expropiados.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre una petición de certiorari presentada por El Pueblo. El Pueblo solicita revocar una Resolución del Tribunal de Primera Instancia (TPI) que desestimó cargos graves contra José L. Otero Vélez y ordenó su excarcelación. Los cargos incluían escalamiento y apropiación ilegal agravada. La desestimación del TPI se basó en que el acusado no fue trasladado para la vista preliminar señalada para el 15 de julio de 2020, a pesar de una orden judicial. El TPI consideró el contexto de la pandemia de COVID-19, resolviendo que el derecho a una vista preliminar presencial prevalecía sobre el uso de videoconferencia. Además, el TPI entendió que el término de juicio rápido había vencido. El Ministerio Público había propuesto previamente la continuación de los procedimientos mediante videoconferencia. El Tribunal de Apelaciones examina el recurso presentado contra la decisión desestimatoria del TPI.

Resumen:

El señor Luis Meléndez García compareció ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. Su escrito no impugnaba una decisión previa, sino que solicitaba la celebración de un nuevo juicio. El Tribunal de Apelaciones determinó que carece de competencia para atender reclamos en su origen. Su autoridad se limita a revisar determinaciones del Tribunal de Primera Instancia y resoluciones finales de agencias administrativas. Las solicitudes de nuevo juicio y designación de abogado corresponden al Tribunal de Primera Instancia. Por lo tanto, el Tribunal de Apelaciones ordenó el desglose del recurso. También dispuso el traslado del escrito del señor Meléndez al Tribunal de Primera Instancia, Sala de Humacao. Finalmente, ordenó dar de baja el caso para fines estadísticos.

Resumen:

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resuelve un recurso presentado por la Unión de Trabajadores Capitalinos del Municipio de San Juan. La Unión apeló una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia (TPI) que desestimó sus causas de acción de injunction y daños y perjuicios contra el Municipio de San Juan. El caso original incluía también reclamaciones de mandamus y sentencia declaratoria. El TPI, en su Sentencia, ordenó al Municipio deducir cuotas sindicales autorizadas, pero desestimó las otras dos reclamaciones. Tras la Sentencia del TPI, el Municipio presentó una moción de reconsideración parcial. Los Apelantes presentaron su recurso de apelación ante el Tribunal de Apelaciones mientras la moción de reconsideración del Municipio aún estaba pendiente en el TPI. El Municipio solicitó la desestimación de la apelación por prematuridad. El Tribunal de Apelaciones determina que el recurso fue presentado prematuramente. Por tanto, se desestima la apelación por falta de jurisdicción.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en un recurso de certiorari instado por Mapfre Praico Insurance Company. Mapfre impugna una orden del Tribunal de Primera Instancia que denegó su Moción de Desestimación Parcial. La demanda original fue presentada por el Consejo de Titulares del Condominio Villa Carolina Court contra Mapfre. El Consejo reclamó daños sufridos por el huracán María, alegando incumplimiento de contrato y violaciones al Código de Seguros, incluyendo la Ley Núm. 247-2018. Mapfre argumentó que las enmiendas de la Ley Núm. 247-2018 no aplicaban retroactivamente y que las causas de acción estaban indebidamente acumuladas. El foro primario declaró sin lugar la moción de desestimación parcial de Mapfre. Mapfre recurrió en certiorari ante el Tribunal de Apelaciones. El Tribunal de Apelaciones evaluó las posturas de las partes. Se expidió el auto, se revocó la determinación del Tribunal de Primera Instancia. El caso se devuelve al foro primario para la continuación de los procedimientos conforme a lo resuelto por el Tribunal de Apelaciones.

Resumen:

Un panel de jueces resuelve una petición de certiorari presentada por MAPFRE PRAICO Insurance Company. MAPFRE solicitó revocar una resolución del Tribunal de Primera Instancia (TPI) que refirió una reclamación de daños por el Huracán María al proceso de "Appraisal" establecido por la Ley 242-2018. Los reclamantes, un consejo de titulares y otras entidades, argumentaron que dicha ley obliga a las aseguradoras a usar este procedimiento para disputas sobre el valor de los daños. MAPFRE se opuso, alegando que la póliza no contenía cláusula de "appraisal", la ley no era retroactiva y entró en vigor tras vencer la póliza. Los reclamantes replicaron que la Ley 242 es expresamente retroactiva y aplicable bajo el Código de Seguros. El TPI acogió la solicitud de los reclamantes y refirió la controversia al proceso de "Appraisal". MAPFRE presentó reconsideración, que fue denegada, y luego esta petición de certiorari, alegando error del TPI al aplicar retroactivamente la Ley 242 contra su texto y el contrato de seguro. Tras examinar los escritos, el tribunal deniega la expedición del auto solicitado.

Resumen:

Ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico, Mapfre Praico Insurance Company solicita la revocación de una Resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó su Moción de Desestimación. La controversia surge de una demanda presentada por el Consejo de Titulares del Condominio La Ciudadela, Attenure Holdings Trust 2 y HRH Property Holdings LLC contra Mapfre. Los demandantes alegan incumplimiento de contrato y violación al Código de Seguros por parte de Mapfre en el ajuste de una reclamación por daños causados por el Huracán María a la propiedad asegurada. Sostienen que Mapfre dilató el proceso, no ajustó la reclamación en el término legal y se rehusó a pagar el valor total de los daños. Debido a la falta de pago, el Consejo de Titulares suscribió un acuerdo con Attenure, quien proveyó ayuda económica y adquirió un interés en la reclamación, convirtiéndose en codemandante. La Sentencia del Tribunal de Apelaciones aborda la procedencia de la Moción de Desestimación de Mapfre en este contexto.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia. La Sentencia apelada concedió una Petición de Mandamus presentada por Centro Médico del Turabo, Inc. (CMT) y denegó una Moción de Desestimación del Comisionado de Seguros. CMT solicitó al Comisionado copia de diversos documentos relacionados con los contratos, políticas de pago y honorarios de la Lcda. Wilma Rosario, rehabilitadora de Constellation Health LLC. CMT alegó irregularidades en el cobro de honorarios y pagos a asistentes, incluyendo el uso de pagos "inter-companies" no autorizados. Argumentó que los documentos eran públicos y el Comisionado tenía el deber ministerial de entregarlos. Tras no obtener respuesta a sus solicitudes, CMT presentó la Petición de Mandamus. El Tribunal de Primera Instancia falló a favor de CMT. El Comisionado de Seguros apeló esta decisión, y el Tribunal de Apelaciones revoca la Sentencia apelada.

Resumen:

Recurso de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso por infracción a la Ley de Metales. El peticionario, Erick J. Moreno Irizarry, solicitó la revisión de una resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó su moción para suprimir una confesión. Alegó que la confesión fue obtenida ilegalmente tras un arresto investigativo sin orden y después de invocar sus derechos. El Ministerio Público se opuso, argumentando que el arresto fue legal por motivos fundados, se le hicieron las advertencias de rigor y renunció a sus derechos voluntariamente. En la vista de supresión se presentó prueba testifical, incluyendo el testimonio de un ciudadano que observó los hechos y el vehículo utilizado. El Tribunal de Apelaciones expidió el auto de certiorari. Tras revisar los fundamentos, el tribunal confirmó el dictamen recurrido, validando la decisión de no suprimir la confesión.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una Resolución en respuesta a un recurso de certiorari presentado por Jesús De La Torre Sosa. El peticionario solicitó la revisión de una determinación del Tribunal de Primera Instancia. Dicha determinación, emitida el 19 de junio de 2019, declaró sin lugar una moción presentada por el Sr. De La Torre al amparo de la Regla 192.1 de Procedimiento Criminal. El Sr. De La Torre fue previamente condenado a 113 años de cárcel por delitos de asesinato y violaciones a la Ley de Armas, sentencia que fue confirmada en apelación directa. La moción bajo la Regla 192.1 fue presentada posteriormente a dicha apelación. El único error señalado por el peticionario en el certiorari fue que el foro primario erró al no considerar como prueba nueva un informe de agente. El Tribunal de Apelaciones procedió a expedir el auto de certiorari. No obstante, tras considerar el recurso, el panel del Tribunal de Apelaciones decidió confirmar la Resolución emitida por el Tribunal de Primera Instancia. Esto valida la determinación del foro primario de denegar la moción post-sentencia del peticionario.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre un recurso de Habeas Corpus presentado por Manuel Rivera Soto. El peticionario solicitó dejar sin efecto una sentencia de tres años por daños a un sistema de supervisión electrónica y/o reducir una sentencia de cuatro años por tentativa de escalamiento agravado. Alegó haber cumplido parte de su pena, participar en programas de rehabilitación y estar preocupado por el riesgo de contagio de COVID-19 en prisión. Mencionó un proyecto de ley pendiente que permitiría excarcelaciones anticipadas durante una pandemia. El tribunal explicó que el Habeas Corpus es un recurso extraordinario para impugnar detenciones ilegales. No procede para cuestionar la validez de sentencias dictadas legalmente en procedimientos criminales cuando existen otros remedios. Dado que la detención del peticionario se basa en sentencias válidas, el tribunal determinó que el Habeas Corpus no era el vehículo procesal adecuado para su solicitud. Por consiguiente, el Tribunal de Apelaciones denegó el recurso presentado por el peticionario.

Resumen:

Sentencia de un panel judicial sobre la impugnación de una adjudicación de subasta de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE). Engineering Services International, Inc. (ESI) solicitó revocar la decisión de la AEE de otorgar la buena pro a Engineered Parts & Services, Inc. (EPS) para la adquisición de una bomba de agua. La AEE emitió la RFP-00002013, estableciendo requisitos y condiciones, advirtiendo que propuestas con términos diferentes podrían ser declaradas no respondientes. Se presentaron tres propuestas: Camfer, EPS y ESI. La AEE rechazó la propuesta de Camfer por no respondiente. Evaluó las propuestas de ESI, encontrando que carecían de planos dimensionales, no identificaban claramente la provisión de servicios requeridos, o excedían el costo estimado, declarándolas no respondientes o más onerosas. La AEE determinó que la propuesta de EPS cumplía con todos los requisitos técnicos y de servicios, no tomaba excepciones y era la más baja. Por ello, adjudicó la subasta a EPS. ESI presentó una moción de reconsideración ante la AEE. El panel judicial revisó el caso y confirmó la determinación de la AEE de adjudicar la subasta a EPS.

Resumen:

Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico que atiende un recurso de certiorari. La peticionaria, Lourdes Pilar Alemañy Pons, impugna dos dictámenes del Tribunal de Primera Instancia de Mayagüez. Dichos dictámenes denegaron su moción de sentencia sumaria parcial y su solicitud para enmendar la reconvención. La reconvención fue presentada en un pleito original sobre liquidación de sociedad legal de gananciales y partición de herencia. En su reconvención, la peticionaria reclamó daños por difamación y libelo contra sus hermanos, los recurridos. Alegó que estos hicieron imputaciones falsas sobre su manejo de activos familiares, afectando su reputación y capacidad de generar ingresos. La peticionaria buscaba una indemnización por los daños sufridos. El Tribunal de Apelaciones, tras evaluar el recurso, deniega la expedición del auto de certiorari solicitado.

Resumen:

El Municipio de San Juan apeló una Sentencia Parcial del Tribunal de Primera Instancia que desestimó sus causas de acción contra S&MG Medical Services Group, Inc. y la Sra. Laura Y. Morales Burgos. El Municipio había demandado a S&MG y a la señora Morales solicitando la nulidad de contratos y el recobro de más de $20 millones. Alegó que S&MG incumplió los contratos al no someter certificaciones y facturar servicios no prestados. En la demanda, el Municipio también procuró descorrer el velo corporativo de S&MG para imputar responsabilidad a la señora Morales como su alegado alter ego. Las apeladas se opusieron, negaron el incumplimiento y levantaron defensas afirmativas. La señora Morales argumentó la insuficiencia de alegaciones para descorrer el velo corporativo. S&MG sostuvo que la acción estaba prescrita, pues fue demandada más de tres años después de su extinción legal, conforme a la Ley de Corporaciones. El Tribunal de Primera Instancia desestimó las reclamaciones. El panel apelativo revisó los fundamentos presentados y confirmó la sentencia parcial apelada.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisando una resolución de la Oficina de Mediación y Adjudicación (OMA) del Departamento del Trabajo. El caso se origina en una querella de un empleado contra Airborne Security por reclamaciones de vacaciones y periodo de alimentos. La controversia en la OMA se centró en la tardanza de la empresa en contestar la querella. La OMA declaró inicialmente a la empresa en rebeldía, luego levantó la rebeldía, y finalmente emitió la resolución apelada concediendo el remedio al empleado. La empresa recurrió ante el Tribunal de Apelaciones solicitando la revocación de dicha resolución. El Tribunal de Apelaciones, tras evaluar los fundamentos, determina revocar el dictamen de la OMA.