Casos del Tribunal de Apelaciones (Página 184)

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resolviendo una petición de certiorari presentada por el Dr. Joseph Capre Febus, su esposa, la sociedad de gananciales y su aseguradora. Los peticionarios solicitaron la revisión de una resolución del tribunal de primera instancia que denegó su solicitud de sentencia sumaria en un caso de daños y perjuicios e impericia médica. La demanda fue instada por Carmen Aurelia Rivera Rivera y Dennis Correa López contra el Dr. Capre Febus, Walgreens y otros. Los demandantes alegan que el Dr. Capre Febus fue negligente al tratar un absceso y recetar un medicamento con sulfa a pesar de la alergia documentada de la paciente. También alegan que Walgreens despachó negligentemente el medicamento. La paciente supuestamente sufrió una reacción alérgica y posteriormente desarrolló una fístula anal que requirió cirugía. Los demandantes solicitan una indemnización sustancial por los daños sufridos. El Tribunal de Apelaciones examinó los escritos de las partes y el derecho aplicable para resolver el recurso sobre la denegación de la sentencia sumaria.

Resumen:

Este documento es una Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de incumplimiento de contrato y daños contractuales. La controversia surge entre una asegurada y su aseguradora, MAPFRE, a raíz de daños sufridos por el huracán María. La asegurada presentó una reclamación, y MAPFRE le envió un cheque por \$1,213.32, indicando que dicho pago resolvía y cerraba la reclamación. La carta de MAPFRE informaba del derecho a solicitar reconsideración si no estaba de acuerdo con el ajuste. La asegurada cobró el cheque, pero posteriormente demandó a MAPFRE alegando que no se ajustaron adecuadamente los daños. MAPFRE solicitó al Tribunal de Primera Instancia la desestimación o sentencia sumaria, argumentando que el cobro del cheque constituía un "pago en finiquito". El Tribunal de Primera Instancia denegó la aplicación de esta doctrina, lo que llevó a MAPFRE a recurrir en certiorari ante el Tribunal de Apelaciones. Tras un reenvío previo para que el foro primario emitiera determinaciones de hechos, el TPI cumplió con la orden. MAPFRE impugna la negativa del TPI a desestimar la demanda basándose en el "pago en finiquito". El caso se centra en si el cobro del cheque por la asegurada, bajo las condiciones comunicadas por la aseguradora, extinguió su derecho a reclamar daños adicionales.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones deniega un recurso de certiorari presentado por MAPFRE PRAICO Insurance Company. MAPFRE buscaba la revisión de una resolución del Tribunal de Primera Instancia (TPI) que denegó su Moción de Sentencia Sumaria en un caso de incumplimiento de contrato y daños. MAPFRE argumentó que la aceptación de un cheque por la demandante, Lily García Vázquez, constituía un pago en finiquito que extinguía la reclamación. La señora García se opuso, alegando que el pago fue insuficiente, sin explicación clara de su alcance final y enmarcado en mala fe, existiendo controversia de hechos materiales. El TPI denegó la sentencia sumaria al entender que MAPFRE no demostró haber notificado a la demandante que el pago representaba una decisión final sobre su reclamación ni la alternativa de solicitar reconsideración. MAPFRE recurrió en certiorari, alegando que el TPI erró al no aplicar la doctrina de pago en finiquito y al determinar la falta de notificación. Tras examinar el expediente, el Tribunal de Apelaciones resuelve denegar la expedición del recurso de certiorari solicitado por MAPFRE.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Panel VI, emitió una Sentencia el 8 de octubre de 2020. La Sentencia examinó un "Aviso de Desistimiento Voluntario" presentado por la parte apelante a través de su representación legal. En dicho aviso, la parte apelante solicitó el desistimiento del recurso de apelación. El Tribunal declaró con lugar la solicitud de desistimiento voluntario. Esta decisión se tomó a tenor con la Regla 83 (A) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones. Como resultado, se ordenó la desestimación del recurso por desistimiento. Finalmente, se dispuso el archivo del caso.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en el caso KLAN202000696. El recurso de apelación fue presentado por el Departamento de Educación contra una Sentencia Declaratoria del Tribunal de Primera Instancia. La sentencia de instancia había declarado Ha Lugar una solicitud de maestros transitorios contra el Departamento. Los apelantes, representados por la Oficina del Procurador General, buscaban la revocación de esa sentencia. Sin embargo, los apelantes presentaron un Aviso de Desistimiento del recurso de apelación. El Tribunal de Apelaciones examinó el desistimiento presentado el 2 de octubre de 2020. Se declaró Ha Lugar la solicitud de desistimiento de los apelantes. En consecuencia, se ordena el archivo y sobreseimiento de los casos consolidados.

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Miguel A. Rivera Díaz, confinado bajo la custodia del Departamento de Corrección y Rehabilitación, presentó un recurso de revisión administrativa ante el Tribunal de Apelaciones. Alegó que el Departamento y Physician Correctional incumplieron acuerdos del caso *Morales Feliciano* al no proveerle medicamentos específicos durante julio de 2020. Solicitó un mandamus para asegurar el cumplimiento de los acuerdos y una indemnización de $30,000. El Tribunal de Apelaciones requirió información sobre gestiones administrativas previas. El recurrente informó haber presentado una solicitud de remedio administrativo ante el Departamento el 18 de agosto de 2020, la cual aún no había sido resuelta. El Tribunal analizó su jurisdicción bajo la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme (LPAU). La LPAU exige el agotamiento de los remedios administrativos y la existencia de una orden o resolución final de la agencia para proceder a la revisión judicial. Dado que la solicitud administrativa estaba pendiente, no existía una determinación final del Departamento. Por tanto, el Tribunal concluyó que carecía de jurisdicción para atender el recurso en esta etapa procesal.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en el caso de Hiram Cruz Santiago contra el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA). El recurrente solicitó la revisión de una resolución del DRNA que denegó su impugnación a facturas de cobro emitidas bajo el Reglamento 44. El recurso ante el Tribunal de Apelaciones es una revisión administrativa de dicha determinación. Como cuestión de umbral, el Tribunal evaluó su propia jurisdicción para atender el caso. Se recordó que la falta de jurisdicción es insubsanable y obliga a un tribunal a desestimar la reclamación sin entrar en sus méritos. Un tribunal que carece de autoridad solo tiene jurisdicción para así declararlo. Tras analizar los fundamentos legales, el Tribunal determinó que no posee jurisdicción para conocer del recurso de revisión administrativa presentado. Por consiguiente, se desestimó el recurso por falta de jurisdicción.

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Se presenta una Petición de Certiorari ante un panel apelativo por Diana Serrano Fuentes, buscando revocar una Orden del Tribunal de Primera Instancia (TPI). Dicha Orden denegó su Moción de Reconsideración y Solicitud de Desestimación, la cual se basaba en una alegada violación a los principios esenciales del emplazamiento. El TPI, al denegar la moción, ordenó a la señora Serrano Fuentes presentar su alegación responsiva en un caso de cobro de dinero iniciado por Americas Leading Finance, LLC. La demanda original fue presentada en marzo de 2020, y el TPI redujo el término para diligenciar los emplazamientos. Debido a la pandemia de COVID-19, los términos judiciales fueron extendidos. Americas solicitó emplazamiento por edicto tras intentos infructuosos de servicio personal, detallados en una declaración jurada del emplazador. Ante el foro apelativo, la peticionaria litigó in forma pauperis y solicitó sin éxito la paralización de los procedimientos en el TPI. La parte recurrida, Americas, presentó su oposición a la expedición del auto de certiorari.

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Ralph Nieves Castro solicitó al Departamento de Corrección y Rehabilitación la continuación de su medicamento Neurontin. Corrección denegó la petición, citando cambios en la política de despacho y la necesidad de una reevaluación médica. Nieves solicitó reconsideración, la cual también fue denegada por la agencia. Inconforme con la decisión administrativa, Nieves presentó un recurso ante el Tribunal de Apelaciones. El Tribunal procedió a revisar el caso y el tracto procesal. Tras analizar el marco legal sobre la jurisdicción, el Tribunal determinó que carecía de autoridad para atender el recurso presentado. Por consiguiente, el Tribunal de Apelaciones desestimó el recurso por falta de jurisdicción. La sentencia concluye que la ausencia de jurisdicción impide al tribunal entrar en los méritos de la reclamación.

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Este documento es una sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico relativa a una apelación en un caso de impugnación de paternidad y cobro de dinero. Juan L. Rivera Ríos apeló la decisión del Tribunal de Primera Instancia de desestimar su demanda contra su exesposa, Nilda I. Jiménez Torres, y otros. El Sr. Rivera Ríos alegó que dos hijos nacidos durante su matrimonio no eran sus hijos biológicos, basándose en supuestas admisiones de su exesposa y una prueba de ADN para uno de los hijos. La exesposa solicitó la desestimación, argumentando que la reclamación estaba caducada porque la demanda carecía de la fecha específica en que el Sr. Rivera Ríos se enteró de la supuesta no paternidad, lo cual es esencial para determinar el término de caducidad. El Tribunal de Primera Instancia ordenó al demandante enmendar su demanda para incluir esta fecha. Después de que el demandante presentó una demanda enmendada, el tribunal inferior concedió la moción de desestimación y denegó la demanda. El Tribunal de Apelaciones revisó la apelación y, por los fundamentos expuestos, confirmó la sentencia dictada por el tribunal inferior.

Resumen:

Este documento es una Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en el caso KLAN202000684, apelación presentada por Ihor Figlus contra Natalie Jaresko en un asunto de relaciones paterno filiales. El apelante recurrió la Sentencia Enmendada del Tribunal de Primera Instancia (TPI) que desestimó su demanda por incumplimiento reiterado de las órdenes judiciales. El Tribunal de Apelaciones revisó el trámite procesal, incluyendo la demanda inicial, las solicitudes de desestimación de la apelada y las múltiples oportunidades otorgadas al apelante para cumplir con los requerimientos del TPI. Se detalla la notificación de la Sentencia de desestimación y su posterior enmienda, así como la presentación de una moción por el apelante que el TPI trató como reconsideración. El Tribunal de Apelaciones determinó desestimar el recurso de apelación. La razón fundamental para esta desestimación es la falta de jurisdicción. El tribunal concluyó que la apelación fue presentada de forma tardía, computando el término desde la notificación de la Sentencia Enmendada del TPI.

Resumen:

Comparece ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico el Sr. Jesús Sánchez solicitando la revisión de una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia. Dicha sentencia acogió una moción de sentencia sumaria presentada por MAPFRE Praico Insurance Company, ordenando el archivo y desestimación de la causa de acción. El apelante había demandado a MAPFRE por incumplimiento de contrato, mala fe y dolo, alegando que la aseguradora no resarció correcta o totalmente los daños a su propiedad tras el huracán María. MAPFRE argumentó que el apelante había aceptado un pago en finiquito al cobrar un cheque por $605.76$. El apelante admitió haber cobrado el cheque, pero negó que fuera en concepto de pago total y final, aduciendo la existencia de controversias sobre la valoración de los daños. El Tribunal de Primera Instancia desestimó la demanda basándose en el pago y aceptación del cheque. El Tribunal de Apelaciones, tras revisar el recurso, determinó revocar la sentencia apelada.

Resumen:

Alfred Rivera González apeló una sentencia sumaria del Tribunal de Primera Instancia que desestimó su querella contra The Gandía Group, Inc. La querella original alegaba despido injustificado, discrimen por impedimento auditivo y represalias. Rivera González sostenía que fue despedido tras incidentes relacionados con su tono de voz, afectado por su condición, y luego de presentar una querella antidiscrimen. Alegó que la empresa conocía su condición médica y que no había justificación para el despido. Por su parte, The Gandía Group, Inc. argumentó que existió justa causa para el despido debido a un patrón de conducta impropia y desordenada del empleado. La empresa presentó evidencia de múltiples incidentes y medidas disciplinarias previas. El foro primario concedió la sentencia sumaria a favor de la empresa, desestimando el caso y imponiendo costas. La apelación busca la revocación de dicho dictamen.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emitió una sentencia en el caso de Edwin Vélez Marrero contra el Departamento de Corrección y Rehabilitación. El recurso presentado por el señor Vélez, titulado "Certiorari", fue desestimado por deficiencias procesales. El escrito no identificaba un señalamiento de error específico ni incluía la resolución administrativa que se pretendía recurrir. Aunque mencionaba la solicitud de aplicación retroactiva de la Ley 27-2017, no la vinculaba a una decisión concreta. El tribunal encontró que el recurso no era adjudicable al desconocer la decisión impugnada y el remedio solicitado. Conforme a su reglamento, el tribunal desestimó el escrito por no haber sido presentado con la diligencia requerida. La sentencia ordena la notificación de la decisión al Departamento de Corrección, al Administrador de Corrección para que entregue copia al confinado, y al Procurador General.

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Se trata de una Resolución de un panel judicial sobre un recurso de certiorari instado por la Sra. Ricarda Montañez León. La Peticionaria solicitó la revisión de una decisión del Tribunal de Primera Instancia que denegó su Moción de desestimación en un caso criminal. Argumentó que el Ministerio Público no presentó acusaciones formales dentro del término legal para delitos menos graves imputados por denuncia. Alegaba una violación a su derecho a juicio rápido bajo la Regla 64(n)(2) de Procedimiento Criminal. El Ministerio Público se opuso, indicando que la Regla 53 de Procedimiento Criminal permite prescindir de la acusación formal en casos menos graves imputados por denuncia. El Tribunal de Primera Instancia denegó la desestimación y una posterior moción de reconsideración. La Peticionaria acudió en certiorari señalando error en dicha determinación. El panel judicial revisó el recurso. Finalmente, el panel DENEGÓ el auto de certiorari solicitado.

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Se resuelve una apelación contra una sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó una demanda por incumplimiento contractual y daños. El demandante, Sr. Nicolás Colón Sustache, había demandado a MAPFRE Insurance Company por daños a su propiedad tras el Huracán María. MAPFRE solicitó la desestimación alegando que el Sr. Colón aceptó un pago de $579.57 como finiquito total de la reclamación al endosar y depositar el cheque. El Sr. Colón se opuso, argumentando que el ajuste de MAPFRE fue de mala fe y que su consentimiento pudo estar viciado. El TPI concluyó que se configuró la doctrina de pago en finiquito, al existir una controversia sobre el monto, un ofrecimiento de pago por MAPFRE y la aceptación por el Sr. Colón al cobrar el cheque que indicaba ser pago final. El Sr. Colón apeló, alegando que el TPI erró al desestimar sumariamente sin considerar sus argumentos sobre la mala fe de MAPFRE y la existencia de controversias de hechos. El Tribunal de Apelaciones, por los fundamentos expuestos, confirma la sentencia apelada del TPI.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisó una sentencia sumaria del Tribunal de Primera Instancia. William Figueroa Ortiz y Nilda M. Benítez Rivera apelaron la desestimación de su demanda contra Mapfre Pan American Insurance Company. La demanda original alegaba incumplimiento de contrato y mala fe por parte de Mapfre en el ajuste de daños a su residencia tras el huracán María. Mapfre había ajustado los daños a \$1,994.88 y emitió un cheque que el matrimonio endosó. Mapfre argumentó que el endoso constituyó un "pago en finiquito", extinguiendo la obligación. El Tribunal de Primera Instancia concedió la sentencia sumaria a favor de Mapfre basándose en esta doctrina. Los apelantes alegaron que el TPI erró al aplicar el "pago en finiquito" sin que Mapfre probara una oferta justa, orientación adecuada o ausencia de opresión, y que existían hechos materiales en controversia. El Tribunal de Apelaciones confirmó la sentencia del Tribunal de Primera Instancia.

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Decisión del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre dos apelaciones consolidadas, KLAN201901191 y KLAN202000455. Las apelaciones fueron presentadas por el Departamento de Educación y otros contra grupos de maestros transitorios. Los apelantes buscaban revocar dos sentencias separadas del Tribunal de Primera Instancia en San Juan. Dichas sentencias habían declarado Ha Lugar solicitudes de sentencia declaratoria a favor de los maestros sobre una misma controversia de derecho. Una de las sentencias se relacionaba específicamente con el Plan Fiscal para Puerto Rico de 2019. El Tribunal de Apelaciones consolidó los casos por tratarse de idéntica controversia. No obstante, los apelantes presentaron posteriormente un Aviso de Desistimiento para ambas apelaciones. El Tribunal examinó la solicitud de desistimiento y la declaró Ha Lugar, ordenando el archivo y sobreseimiento de los casos consolidados.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico que resuelve dos apelaciones consolidadas (KLAN201901191 y KLAN202000455). Las apelaciones fueron presentadas por el Departamento de Educación y otros contra sentencias declaratorias del Tribunal de Primera Instancia de San Juan. Dichas sentencias favorecieron a maestros transitorios en una controversia, una de ellas relacionada al Plan Fiscal de 2019. El Tribunal de Apelaciones consolidó los casos por tratarse de idéntica controversia de derecho. Posteriormente, los apelantes presentaron un aviso solicitando el desistimiento de sus recursos en ambos casos. El Tribunal examinó el escrito de desistimiento. Se declara Ha Lugar la solicitud de desistimiento de los apelantes. Se ordena el archivo y sobreseimiento de los casos consolidados.

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Un integrante de la población correccional presentó una petición de mandamus contra el Departamento de Corrección y Rehabilitación. El peticionario solicitaba que se ordenara a la agencia proveerle exámenes médicos específicos (neurológico, cardiológico) y restituir cierta medicación para el dolor. El Tribunal de Apelaciones analizó el recurso de mandamus, señalando que solo procede para exigir el cumplimiento de un deber ministerial y tras agotar otros remedios. Se determinó que el peticionario no acreditó haber realizado un requerimiento previo a la agencia. Más importante aún, el Tribunal concluyó que el Departamento de Corrección no tiene el deber ministerial de conceder los exámenes y medicamentos específicos solicitados. Su deber es evaluar tales solicitudes a través de su programa de remedios administrativos y ejercer discreción. Por lo tanto, la situación debe ser gestionada mediante dicho programa interno. Al no acreditarse un deber ministerial ni el agotamiento de remedios, el Tribunal denegó la petición de mandamus.

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Este documento es una Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de certiorari presentado por Mapfre Praico Insurance contra Bernardo Lao Hernández. El caso original es una demanda por daños y perjuicios e incumplimiento de contrato relacionada con una reclamación de seguro por daños del huracán María. Mapfre solicitó sentencia sumaria, alegando que el demandante aceptó un pago final al cobrar un cheque marcado como tal, configurando la doctrina de pago en finiquito. El señor Lao se opuso, argumentando que existía controversia sobre si entendió que el cheque era un pago total y final, dada la falta de desglose o explicación. El Tribunal de Primera Instancia denegó la solicitud de sentencia sumaria, concluyendo que había una controversia fáctica sobre la razonabilidad del entendimiento del demandante. Mapfre recurre ante el Tribunal de Apelaciones, sosteniendo que el foro primario erró al denegar la sentencia sumaria y al encontrar controversia sobre el entendimiento del pago y la valoración de daños. El Tribunal de Apelaciones revisa la actuación del foro primario mediante este recurso discrecional.

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El Ministerio Público recurre ante el Tribunal de Apelaciones mediante certiorari para revisar una resolución del Tribunal de Primera Instancia de Bayamón. Dicha resolución desestimó los cargos criminales contra Fernando Vázquez Ortiz por agresión sexual y actos lascivos. La desestimación se fundamentó en la Regla 64(n)(5) de Procedimiento Criminal, debido a la imposibilidad de celebrar la vista preliminar. La vista no pudo llevarse a cabo en varias ocasiones porque el Departamento de Corrección y Rehabilitación no trasladó al acusado. Ante esta situación y la pandemia, el Ministerio Público solicitó realizar la vista preliminar por videoconferencia. El Tribunal de Primera Instancia denegó la solicitud, concluyendo que la falta de traslado o el uso de videoconferencia por el DCR sin aval judicial no constituían justa causa para la dilación. Por ello, el foro primario desestimó el caso. El Ministerio Público argumenta que el tribunal inferior incidió al desestimar y negarse a usar la videoconferencia bajo las circunstancias de la pandemia. El Tribunal de Apelaciones revisará si la actuación del foro primario constituyó un abuso de discreción.

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Este recurso de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico surge de una disputa sobre pensión alimentaria. Isaac Cotto Gómez, padre con custodia, impugna una Resolución del Tribunal de Primera Instancia que concedió un reembolso a Wendy Fernández Rodríguez, madre alimentante. La señora Fernández solicitó el reembolso de pagos de pensión realizados al señor Cotto durante los meses de agosto a noviembre de 2017. Durante dicho período, la menor estuvo bajo la custodia provisional de la señora Fernández, a pesar de que el señor Cotto ostentaba la custodia principal. Intentos previos de la señora Fernández para obtener un crédito o reembolso fueron denegados en instancias anteriores, incluyendo el Tribunal Supremo. Sin embargo, una expresión en el Tribunal Supremo sugirió la posibilidad de una acción de reembolso separada. Basada en ello, la señora Fernández presentó una nueva moción que el Tribunal de Primera Instancia declaró con lugar. El señor Cotto recurrió en certiorari ante el Tribunal de Apelaciones contra esta última determinación. El Tribunal de Apelaciones expidió el auto, modificó la Resolución recurrida y devolvió el caso al foro primario para la continuación de los procedimientos.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en el caso de Luis R. Bermúdez Rosa contra el Departamento de Corrección y Rehabilitación. El recurrente impugnaba una querella disciplinaria, argumentando la extemporaneidad de la vista. El Tribunal no llegó a considerar los méritos de la alegación presentada. Se determinó que el recurso de revisión judicial incumplía con los requisitos reglamentarios para su perfeccionamiento. Específicamente, se señala la falta de cumplimiento con la Regla 59 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, que exige la inclusión de un apéndice con documentos del expediente administrativo. El Tribunal subraya que la observancia estricta de estas reglas es fundamental para que la corte adquiera jurisdicción. El incumplimiento con los requisitos procesales impide al Tribunal atender la controversia planteada.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en el caso KLAN202000464, una apelación presentada por Caribe Physicians Plaza Corporation contra DUI Incorporado h/n/c ImageFIRST Healthcare Laundry Specialists. La apelación busca revocar una Sentencia Parcial del Tribunal de Primera Instancia que desestimó las reclamaciones de Caribe por incumplimiento de contrato y daños, y acogió la reconvención de ImageFIRST. Caribe demandó a ImageFIRST alegando incumplimiento y solicitando la resolución contractual y daños. ImageFIRST, por su parte, contrademandó reclamando una penalidad por cancelación temprana del contrato y honorarios de abogado. El contrato entre las partes, firmado en 2011, tenía una duración inicial de 72 meses con renovación automática. Caribe notificó su intención de terminar el contrato en mayo de 2017, después de expirado el término inicial. ImageFIRST respondió enviando una factura por terminación y recogiendo su inventario. Posteriormente, Caribe intentó dejar sin efecto su notificación de terminación, argumentando que la remoción del inventario por parte de ImageFIRST constituía un incumplimiento. El Tribunal de Apelaciones, por los fundamentos expuestos en la sentencia, revoca la Sentencia Parcial apelada.

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El caso se origina en una demanda por incumplimiento de contrato presentada por una asegurada contra Mapfre tras el huracán María, alegando que la aseguradora ofreció una cantidad menor al valor de los daños sufridos en su propiedad. Mapfre solicitó sentencia sumaria basándose en la doctrina de pago en finiquito, argumentando que la asegurada endosó y cobró un cheque que incluía la advertencia de ser pago total y final de la reclamación. La demandante se opuso, presentando una declaración jurada indicando que no aceptó el cheque como pago total, sino como un adelanto o pago parcial, y que su intención nunca fue renunciar a reclamar la totalidad de los daños. El Tribunal de Primera Instancia acogió la solicitud de Mapfre y dictó sentencia sumaria a su favor, entendiendo que concurrían los requisitos para aplicar la doctrina de pago en finiquito y que no existían hechos materiales en controversia. La asegurada apeló esta decisión ante el Tribunal de Apelaciones. La apelación cuestiona si el foro primario erró al aplicar la doctrina de pago en finiquito y al determinar la ausencia de hechos materiales controvertidos. El Tribunal de Apelaciones, tras revisar el recurso, revocó el dictamen apelado.

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Se apela la sentencia sumaria que desestimó una demanda por incumplimiento de contrato y daños contra Mapfre Pan American y Mapfre Praico Insurance Company. La parte apelante, María Rosado Rosado, demandó a las aseguradoras tras el Huracán María, alegando que subestimaron y pagaron menos por los daños a su propiedad, actuando de mala fe. La parte apelada solicitó la desestimación mediante sentencia sumaria, argumentando que la reclamación fue resarcida en su totalidad. Sostuvieron que Mapfre Praico emitió un cheque por \$694.65, especificado como pago total y definitivo, el cual la apelante endosó y cambió. El foro primario acogió esta defensa, aplicando la doctrina de pago en finiquito para desestimar la demanda con perjuicio. La apelación busca la revocación de dicho dictamen. La controversia central gira en torno a si el endoso y cobro del cheque constituyó un finiquito válido que extinguió la reclamación.

Resumen:

La sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resuelve un recurso de revisión administrativa presentado por Claro PRT. Claro impugnó la Resolución Final de la Junta de Revisión Administrativa del Departamento de Educación. Dicha resolución confirmó la adjudicación del Request for Proposal (RFP) Núm. PRDE-OSIATD-2018-003 a favor de International Business Machines (IBM). El RFP buscaba seleccionar una compañía para instalar 70,000 puntos de acceso de internet inalámbrico en escuelas y facilidades del Departamento de Educación. Este proyecto sería sufragado con fondos federales del programa Immediate Aid to Restart School Operations (Programa Reinicio). Requisitos medulares del RFP incluían soluciones de montaje seguro para los puntos de acceso y la tecnología Zero Touch Provisioning (ZTP). El Comité Evaluador del Departamento seleccionó a IBM entre los proponentes que sometieron ofertas. La Junta de Revisión Administrativa validó esta selección. El Tribunal de Apelaciones, mediante esta sentencia, confirma la Resolución Final recurrida.

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Puerto Rico Asphalt, LLC presentó un recurso de revisión judicial contra la Junta de Subastas de la Autoridad de Carreteras y Transportación. El recurso busca revocar la adjudicación de la Subasta Formal P-20-34 a Ferrovial Agromán, LLC. La Junta de Subastas adjudicó la buena pro a Ferrovial Agromán, LLC el 3 de agosto de 2020. Otra licitadora, A&M Group, Inc., presentó una moción de reconsideración ante la Junta el 20 de agosto de 2020. Puerto Rico Asphalt, LLC presentó su recurso de revisión judicial el 24 de agosto de 2020, mientras la reconsideración estaba pendiente. La Junta de Subastas solicitó la desestimación del recurso por ser prematuro, argumentando falta de jurisdicción. La Ley Núm. 38-2017 establece que el término para la revisión judicial comienza tras la resolución de una moción de reconsideración o su rechazo de plano. El recurrente no respondió a la moción de desestimación. La sentencia aborda la procedencia del recurso de revisión judicial a la luz de la moción de reconsideración pendiente.

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La Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico atiende un recurso de certiorari presentado por el doctor Julio J. Díaz Padilla y otros codemandados. Buscan revisar una decisión del Tribunal de Primera Instancia de Arecibo que denegó sus mociones de desestimación y sentencia sumaria por prescripción. La controversia central es si la demanda por daños y perjuicios por impericia médica, presentada en 2008, está prescrita. Los demandados alegan que los demandantes debieron conocer la causa de acción en septiembre de 2006, basándose en un diagnóstico secundario en los expedientes médicos. Los demandantes sostienen que advinieron en conocimiento en marzo de 2007 sobre el alegado tratamiento de radioterapia inadecuado. El Tribunal de Primera Instancia rechazó la prescripción, considerando irrazonable imputar conocimiento de impericia solo por la mención de un diagnóstico o síntomas que podían atribuirse a la condición primaria de cáncer. La Resolución detalla los argumentos y la justificación del foro primario antes de abordar el marco jurídico del certiorari.

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Un panel de jueces revisó un recurso de certiorari presentado por el Hospital Español Auxilio Mutuo de PR. El Hospital impugnó la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que confirmó un laudo arbitral. Dicho laudo había declarado que una querella de la Unidad Laboral de Enfermeras(os) y Empleados de la Salud (ULEES) sobre una acción disciplinaria contra una empleada era arbitrable sustantivamente. El Hospital argumentó falta de jurisdicción arbitral por no existir un Convenio Colectivo vigente al momento de los hechos. Sin embargo, la árbitra y el Tribunal de Primera Instancia determinaron que una cláusula sobre procedimiento de queja y agravios, contenida en una propuesta final implementada unilateralmente por el Hospital, estaba vigente. Fundamentaron esta conclusión en la conducta del Hospital, aplicando la doctrina de actos propios. La cuestión ante este foro era si dicha cláusula unilateral tuvo el efecto contractual necesario para establecer la arbitrabilidad. Tras examinar el caso, el panel confirmó la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia. Se reafirmó así la determinación de que existía jurisdicción sustantiva para arbitrar la querella, basada en la efectividad de la cláusula por los actos del Hospital.

Resumen:

Ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico, José O. Reyes del Valle apeló una sentencia de 271 años de reclusión impuesta por el Tribunal de Primera Instancia de Humacao. La sentencia resultó de veredictos de culpabilidad por jurado en múltiples cargos, incluyendo asesinato en primer grado y tentativa de asesinato, relacionados con hechos de 2012. El apelante presentó varios señalamientos de error en el manejo del juicio. Entre los errores principales, argumentó que el tribunal de instancia se negó indebidamente a permitirle usar evidencia de vídeo para impugnar al testigo principal de cargo sobre la descripción del perpetrador. Alegó que esta exclusión de prueba exculpatoria y de impugnación constituyó un abuso de discreción que pudo haber alterado el resultado del juicio. Tras evaluar los planteamientos, el Tribunal de Apelaciones dejó sin efecto la sentencia apelada. Se ordenó la celebración de un nuevo juicio para el señor Reyes del Valle.

Resumen:

Se resuelve la apelación presentada por el Sr. Ricardo Cosme Soto contra una Sentencia Enmendada del Tribunal de Primera Instancia. Dicha sentencia desestimó sumariamente con perjuicio su demanda contra Mapfre Pan American Insurance Company por incumplimiento contractual y daños. El Sr. Cosme alegaba que MAPFRE actuó de mala fe al no compensarlo adecuadamente por daños sufridos en su propiedad asegurada a consecuencia del huracán María. MAPFRE solicitó la desestimación de la demanda argumentando la configuración de la doctrina de pago en finiquito. La aseguradora sostuvo que el apelante aceptó y cobró un cheque por \$1,197.00 presentado como pago total y definitivo de la reclamación. El Tribunal de Primera Instancia acogió esta defensa y desestimó el caso. El apelante recurrió en apelación solicitando la revocación de esa decisión. El panel de jueces revisó los fundamentos del caso. Finalmente, el tribunal apelativo confirma la sentencia apelada, validando la aplicación del pago en finiquito.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de daños y perjuicios por impericia médica. El recurso fue presentado por el Gobierno de Puerto Rico, en representación del Hospital Universitario de Adultos y el Departamento de Salud. Apelan una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, notificada el 17 de diciembre de 2019. Dicha sentencia declaró Con Lugar una solicitud de desistimiento voluntario presentada por la parte apelante y ordenó el archivo del caso sin perjuicio. La demanda original fue incoada por Héctor Luis Medina Barreto y otros, alegando negligencia médica durante un procedimiento quirúrgico. Previamente, la parte apelante (Estado) había solicitado la desestimación del caso por incumplimiento de la Ley Núm. 104, referente a la notificación al Secretario de Justicia. El Tribunal de Primera Instancia denegó la moción de desestimación y una solicitud de reconsideración posterior. El documento detalla este historial procesal que precede a la Sentencia apelada.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emitió una Resolución sobre una petición de certiorari en un caso de custodia, relaciones paternofiliales y pensión alimentaria. El peticionario, Yenier Prado Pombal, impugnó una Orden del Tribunal de Primera Instancia que le exigía someterse a una evaluación psicológica con la perito de la recurrida. Esta Orden reiteraba una determinación previa que ya había sido confirmada por este Tribunal y el Tribunal Supremo. El peticionario argumentó que el foro primario condicionaba las relaciones paternofiliales a la realización de evaluaciones psicosociales. El Tribunal de Apelaciones evaluó la petición bajo el estándar discrecional y extraordinario del auto de certiorari. Se determinó que la Orden recurrida era esencialmente idéntica a la previamente ratificada. El Tribunal concluyó que la actuación del foro de primera instancia no constituyó un abuso de discreción, ni una acción prejuiciada, parcial o manifiestamente errónea. Por consiguiente, se denegó la expedición del auto de certiorari solicitado.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico consideró una petición de certiorari presentada por Universal Insurance Company contra una orden de ejecución de sentencia del Tribunal de Primera Instancia. Universal había solicitado previamente la reconsideración de dicha orden ante el foro primario. El Tribunal de Apelaciones explicó que una moción de reconsideración oportuna, conforme a la Regla 47 de Procedimiento Civil, interrumpe el término jurisdiccional para recurrir en alzada. Este término no comienza a correr nuevamente hasta que el tribunal de instancia resuelve la moción de reconsideración. Dado que la solicitud de reconsideración de Universal aún estaba pendiente ante el Tribunal de Primera Instancia, el término para presentar el certiorari no había reiniciado. Por consiguiente, el Tribunal de Apelaciones concluyó que carecía de jurisdicción para atender el recurso en ese momento. La petición de certiorari fue desestimada por falta de jurisdicción.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una sentencia enmendada en el caso de Looks Great Services of MS, Inc. contra la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE). Looks impugnó la adjudicación del requerimiento de propuestas (RFP) Núm. 88266 de la AEE para servicios de mantenimiento de vegetación. La empresa recurrente no fue seleccionada, resultando favorecidas otras compañías. Looks presentó solicitudes de reconsideración ante la AEE, argumentando que la notificación y el proceso de evaluación fueron defectuosos y carecían de fundamentos. El Juez Administrativo de la AEE consolidó las querellas y confirmó la adjudicación original tras revisar el proceso. Looks apeló esta decisión administrativa ante el Tribunal de Apelaciones. El Tribunal revisó el recurso presentado. La sentencia del Tribunal de Apelaciones confirma la Resolución emitida por el foro administrativo.

Resumen:

Un miembro de la población penal, Kasey L. Valentín Feliz, compareció ante el Tribunal de Apelaciones solicitando su liberación e indulto. Fundamentó su petición en haber cumplido el 80% de su sentencia, estar rehabilitado y para evitar el contagio por Covid-19. El peticionario presentó su solicitud directamente ante este foro intermedio. El Tribunal observó que no se incluyó prueba documental de que se estuviera recurriendo de un dictamen del Tribunal de Primera Instancia o una determinación final de una agencia administrativa como el Departamento de Corrección y Rehabilitación. El Tribunal de Apelaciones es primariamente un foro revisor de sentencias finales y decisiones administrativas, con una jurisdicción original limitada. Al no existir un dictamen previo del foro primario o administrativo para revisar, y no tratarse de un caso dentro de su jurisdicción original, el Tribunal determinó que carecía de facultad para intervenir. Concluyó que el peticionario intentó acudir al foro apelativo como si fuera uno de jurisdicción original. Ante la ausencia de jurisdicción, el Tribunal desestimó el recurso presentado.

Resumen:

El caso se origina con la solicitud de Innovattel Properties, LLC para un permiso de construcción de una torre de telecomunicaciones, expedido inicialmente por la OGPe en 2016. El recurrente, Jorge Vale Chaparro, cuya solicitud de intervención en el proceso inicial fue denegada, presentó posteriormente una demanda de injunction que resultó en una orden judicial para paralizar la obra. En cumplimiento con dicha orden, Innovattel solicitó una enmienda al permiso original, la cual fue expedida por la OGPe en marzo de 2020. Inconforme, el señor Vale Chaparro recurrió ante el Tribunal de Apelaciones, argumentando que la OGPe debió requerir una nueva solicitud de permiso y resolver asuntos pendientes antes de emitir la enmienda. Innovattel solicitó la desestimación del recurso. El Tribunal de Apelaciones desestima el caso por falta de jurisdicción.

Resumen:

Mapfre Praico Insurance Company solicitó al Tribunal de Apelaciones revisar una Resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó su Moción de Desestimación y Solicitud de Sentencia Sumaria. Mapfre argumentó que los demandantes, Consejo de Titulares del Condominio Paisajes del Escorial, Attenure Holdings Trust 2 y HRH Property Holdings LLC, incumplieron la póliza al ceder un interés en la reclamación por daños de huracán a Attenure sin su consentimiento. Sostuvo que esta cesión violaba la cláusula de no cesión y que Attenure carecía de legitimación activa. Los demandantes se opusieron, alegando que la póliza no prohibía la cesión post-pérdida de un interés en la reclamación. El Tribunal de Primera Instancia denegó la moción inicial y una posterior moción de reconsideración, determinando que la cesión de un interés o reclamo por daños no era incompatible con el contrato de seguro. El TPI razonó que la prohibición se refería a la sustitución de la parte asegurada, no a la cesión de un reclamo. Mapfre acudió al Tribunal de Apelaciones mediante certiorari para impugnar estas decisiones. El Tribunal de Apelaciones, mediante esta Resolución, denegó la expedición del certiorari solicitado por Mapfre.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en un recurso de certiorari. La parte peticionaria solicita la revisión de una resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó su moción para compeler la deposición de la parte demandante. El caso original trata sobre incumplimiento de contrato, daños y perjuicios, entre otras reclamaciones. El tribunal de instancia denegó la moción de deposición indicando que las partes no habían agotado el trámite de descubrimiento de prueba bajo la Regla 34.1 de Procedimiento Civil ni se habían reunido para acordar un calendario. La parte peticionaria alegó que el tribunal de instancia erró y abusó de su discreción. La parte recurrida solicitó la desestimación del recurso por no ser revisable. El Tribunal de Apelaciones desestima el recurso de certiorari. La desestimación se fundamenta en la falta de jurisdicción, al no cumplirse los criterios de la Regla 52.1 de Procedimiento Civil para la revisión interlocutoria.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico consideró una revisión judicial presentada por el confinado Edgardo Mateo Cruz. El recurrente alegó maltrato cruel y violación de derechos por no haber recibido la cena en una fecha específica en la Institución Correccional de Ponce. Sostuvo que este incidente incumplió un acuerdo de transacción previo relacionado con los servicios de alimentos provistos por el Departamento de Corrección y Rehabilitación y sus contratistas, Trinity Services y Compass Group. Mateo Cruz solicitó una explicación del DCR, la citación de funcionarios y diversas investigaciones sobre el incidente y la operación del servicio de alimentos. El Tribunal enfatizó la importancia de la jurisdicción como requisito fundamental para considerar un caso. Señaló que la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme rige la revisión de órdenes finales de agencias por el Tribunal de Apelaciones. Por los fundamentos expuestos, el Tribunal desestimó el recurso de revisión presentado. La desestimación se basó en la falta de jurisdicción, sin entrar a considerar los méritos de las alegaciones del recurrente.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa mediante certiorari una Resolución del Tribunal de Primera Instancia, Sala de Bayamón. Los peticionarios, Juan R. Núñez Sánchez y Kareen Vélez Olivieri, demandaron a Oriental Bank (anteriormente Scotiabank) por daños y perjuicios. La demanda se basa en alegaciones de "dual tracking" y violación de la Ley de Ayuda al Deudor Hipotecario en un pleito de ejecución de hipoteca previo, el cual fue revocado por este Tribunal. En el caso de daños, Oriental Bank solicitó requerimientos de admisiones a los peticionarios. Ante la insatisfacción con las respuestas, Oriental Bank pidió que se tuvieran por admitidos. El TPI ordenó a los peticionarios contestar requerimientos específicos en diez días, bajo apercibimiento. Los peticionarios solicitaron reconsideración, la cual fue denegada por el TPI, manteniendo el término adicional. El recurso de certiorari busca revisar esta denegatoria, pero el Tribunal de Apelaciones deniega la expedición del auto solicitado.

Resumen:

Se presenta una petición de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico por Rosa A. Torres Martínez. La petición busca revisar una resolución del Tribunal de Primera Instancia (TPI) en un caso de liquidación de comunidad de bienes gananciales y herencia contra la Sucesión Jaime Rodríguez. El dictamen del TPI que se impugna admitió la contestación enmendada a la demanda presentada por la parte recurrida. El pleito original fue incoado por la Sra. Torres Martínez, quien estuvo casada con el causante por 46 años, buscando liquidar bienes adquiridos durante su relación y matrimonio. La demanda también solicita la nulidad de actos que alegadamente defraudaron la comunidad de bienes. Una controversia central gira en torno a una propiedad en Lajas adquirida en 1970, que la peticionaria considera ganancial pero que los recurridos alegan fue cedida a una hija y le pertenece por usucapión. Los recurridos también presentaron una reconvención contra la peticionaria por supuesta negligencia en el manejo de deudas contributivas de las propiedades. El certiorari busca revisar la decisión procesal del TPI de admitir la contestación enmendada en el marco de esta disputa sobre la liquidación de bienes.

Resumen:

MAPFRE PRAICO Insurance Company presentó una Petición de Certiorari ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. La petición buscaba la revisión de una Resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó una Moción de Desestimación presentada por MAPFRE. El caso subyacente es una demanda por incumplimiento de contrato y otros, presentada por el Consejo de Titulares del Condominio Paseo del Rocío y otros contra MAPFRE, por la denegación del pago de una reclamación de seguro por daños de huracán. Un punto central de la disputa es un acuerdo mediante el cual el Consejo de Titulares cedió un interés en la reclamación a Attenure Holdings Trust 2. MAPFRE argumentó que esta cesión violaba la póliza y solicitó la desestimación del caso. Los demandantes sostuvieron que se trataba de una cesión "post-pérdida" válida y no prohibida por la póliza. El Tribunal de Primera Instancia denegó la moción de desestimación, resolviendo que la cesión era de un interés en la reclamación post-pérdida, no de la póliza, y que la póliza no prohibía expresamente tal cesión. El foro primario concluyó que el derecho a reclamar por incumplimiento surge de la ley, no de la póliza. El Tribunal de Apelaciones, mediante esta Resolución, denegó la expedición del recurso de certiorari solicitado por MAPFRE.

Resumen:

Un panel judicial resuelve una petición de certiorari presentada por el señor Francisco Cueto Bernardo. La petición busca revocar una Resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó las mociones de sentencia sumaria de ambas partes en un pleito de cobro de dinero e incumplimiento de contrato. El caso se origina de un contrato de arrendamiento con opción a compraventa sobre un espacio comercial, otorgado por el peticionario (arrendador) y los recurridos (arrendatarios) por un término de 10 años. El arrendador demandó a los arrendatarios alegando que estos dejaron de pagar el canon mensual y entregaron las llaves del local en enero de 2020, antes de la expiración del contrato. El demandante reclamó la aceleración y pago de los cánones restantes por un total de \$838,000.00. Los demandados admitieron haber dejado de pagar y entregar las llaves, pero negaron el incumplimiento, planteando defensas como la inexistencia de cláusula de aceleración, la presencia de una cláusula penal, la falta de mitigación de daños y la imposibilidad sobrevenida por pérdidas del negocio. Tras evaluar el recurso, el panel deniega la expedición del certiorari solicitado por el señor Cueto Bernardo.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una resolución sobre una petición de certiorari. Los peticionarios, Sammy y Khetam Odeh, impugnan una decisión del Tribunal de Primera Instancia de Bayamón. Dicha decisión denegó una moción de desestimación presentada por los peticionarios en un pleito civil. El pleito original es una demanda por incumplimiento de contrato, cobro de dinero y daños. La moción de desestimación se fundamentó en supuestos defectos en el emplazamiento por edicto. Los peticionarios alegaron que la notificación del edicto no se realizó correctamente a su última dirección conocida ni a Ketham Odeh y la sociedad legal de gananciales. La parte recurrida sostuvo que el emplazamiento fue adecuado, utilizando una dirección donde el peticionario Sammy Odeh había recibido notificaciones previas. Tras deliberar, el Tribunal de Apelaciones concluyó no expedir el auto de certiorari solicitado. Por consiguiente, también denegó la moción en auxilio de jurisdicción presentada. La resolución explica los antecedentes del caso y los argumentos de las partes sobre el emplazamiento.