Casos del Tribunal de Apelaciones (Página 176)

Resumen:

La Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) solicitó la revisión de una Resolución Final y Orden emitida por el Negociado de Energía de Puerto Rico. Dicha orden instruyó a la AEE a conceder un crédito de $673.25$ a la señora Carmen Márquez Pérez en sus facturas de energía eléctrica. La señora Márquez había presentado querellas ante el Negociado alegando facturación por servicios no suplidos durante un periodo específico tras el huracán María. El Negociado determinó que, aunque la energía provino de un generador de la AEE, la Autoridad incumplió con los términos reglamentarios para investigar las objeciones de la cliente. La normativa establece que la falta de inicio o culminación de la investigación en los plazos fijados resulta en que la objeción se resuelva a favor del cliente. Basado en este incumplimiento procesal de la AEE, el Negociado ordenó el crédito por las cuantías objetadas. La AEE recurrió esta decisión ante el tribunal. El tribunal revisó el caso y confirmó la determinación del Negociado.

Resumen:

Se trata de una sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de revisión administrativa. La recurrente, Bernice Bayonet, impugna una resolución del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACo). DACo había desestimado una querella presentada por la señora Bayonet contra la Junta de Directores del Condominio Miramar Plaza. La querella se originó por los daños sufridos en el apartamento de la recurrente a causa del huracán María. La señora Bayonet objetó la cuantía ofrecida por la Junta para cubrir los daños, la cual era inferior a la estimada por el ajustador contratado. Además, cuestionó el uso de fondos del seguro por parte de la Junta para mejoras generales del condominio no relacionadas con los daños individuales. Alegó que la Junta actuó arbitrariamente al disponer de los fondos sin votación de los titulares y sin notificar un plan de reconstrucción. Tras no obtener respuesta a sus comunicaciones, presentó la querella ante DACo, la cual fue desestimada. La recurrente argumentó ante el Tribunal de Apelaciones que DACo erró al desestimar, pues su reclamo era contra las acciones de la Junta de Directores. El Tribunal de Apelaciones, por los fundamentos expuestos, revoca la determinación de DACo.

Resumen:

Manuel Valentín Morales presentó un recurso de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones para revocar una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que denegó su segunda solicitud de hábeas corpus. Inicialmente, fue acusado de asesinato y violaciones a la Ley de Armas, determinándose causa para arresto con fianza. Tras no prestar fianza, fue encarcelado. Su primera petición de hábeas corpus, alegando detención ilegal por exceder el término de detención preventiva, fue concedida en enero de 2018, ordenándose su excarcelación bajo condiciones de supervisión electrónica. En marzo de 2019, se removió el grillete electrónico, lo que llevó a una nueva orden de arresto en el caso original y la continuación del juicio en su ausencia. Fue localizado en New Jersey y reingresado a prisión en enero de 2020. Presentó una segunda petición de hábeas corpus en julio de 2020, reiterando la alegación de detención ilegal por vencimiento del término sin juicio. El Tribunal de Primera Instancia denegó esta segunda solicitud en agosto de 2020. El Tribunal de Apelaciones desestima el recurso de certiorari instado por el peticionario por falta de jurisdicción.

Resumen:

Multinational Insurance Company presentó una petición de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones para impugnar una resolución del Tribunal de Primera Instancia (TPI). Dicha resolución declaró No Ha Lugar la moción de desestimación por falta de jurisdicción presentada por Multinational. El caso original fue incoado por el Consejo de Titulares del Condominio Ashford Imperial contra Multinational por incumplimiento de contrato y mala fe relacionados con una reclamación de seguro tras el Huracán María. El Consejo alegó que Multinational pagó menos de lo debido e incurrió en prácticas desleales. Multinational argumentó que el TPI carecía de jurisdicción porque el Consejo no agotó los remedios administrativos ante la Oficina del Comisionado de Seguros. Además, sostuvo que la demanda acumulaba indebidamente causas de acción bajo el Código de Seguros y el Código Civil. El Consejo se opuso, indicando que sí notificó al Comisionado y que la acumulación de acciones era permisible. El TPI denegó la desestimación y ordenó a Multinational contestar la demanda. El Tribunal de Apelaciones examinará estos argumentos para resolver el recurso.

Resumen:

Este caso es una apelación de una Sentencia Parcial del Tribunal de Primera Instancia de Carolina. Los demandantes-apelantes, José Javier Casiano Vega y su esposa, reclamaron daños y perjuicios por un asalto y tiroteo sufrido por el señor Casiano el 21 de enero de 2016. Inicialmente presentaron una demanda contra UPS en enero de 2018, la cual fue desestimada sin perjuicio en octubre de 2018. En octubre de 2019, radicaron una segunda demanda incluyendo a la Autoridad de los Puertos y Caribbean Airport Facilities (CAF). La Autoridad y CAF solicitaron la desestimación alegando que la acción estaba prescrita. El Tribunal de Primera Instancia desestimó la demanda contra ellos por prescripción. Los demandantes apelaron esta determinación. El Tribunal de Apelaciones confirmó la Sentencia Parcial del Tribunal de Primera Instancia.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones resuelve una petición de certiorari presentada por Econo Rial, Inc. en un caso de daños y perjuicios incoado por Efraín Birriel Colón. Los peticionarios buscaban dejar sin efecto una resolución del Tribunal de Primera Instancia que declaró No Ha Lugar su moción de desestimación basada en la prescripción de la acción. El Tribunal de Apelaciones desestima el recurso por falta de jurisdicción. La desestimación se fundamenta en que la moción de reconsideración presentada por los peticionarios ante el foro primario fue radicada un día después de vencido el plazo de quince días. Una moción de reconsideración sometida a destiempo no interrumpe el término para recurrir en alzada. Aunque los peticionarios alegaron justa causa por complicaciones relacionadas con la pandemia de COVID-19, el tribunal señala que se requieren explicaciones concretas y evidenciadas. Al no cumplirse estrictamente el plazo para la reconsideración, se afectó el término para el certiorari, resultando en la falta de jurisdicción del tribunal apelativo.

Resumen:

PlazaQ, LLC presentó un recurso de *certiorari* ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico para revisar una Resolución del Tribunal de Primera Instancia de San Juan. Dicha Resolución denegó la solicitud de PlazaQ para descalificar al bufete Ledesma \& Vargas, LLC y su abogado de representar a Ledesma \& Vargas en un litigio. Ledesma \& Vargas había demandado a PlazaQ buscando una sentencia declaratoria sobre la reducción de cánones de arrendamiento durante el confinamiento por COVID-19, alegando no poder usar el espacio arrendado. PlazaQ se opuso a la reducción y solicitó la descalificación del abogado y el bufete, argumentando que el abogado era oficial de la firma demandante y que miembros del bufete podrían tener que testificar, lo que violaría el Canon 22 de Ética Profesional. El foro primario entendió que la posibilidad de testimonio no justificaba la descalificación en esa etapa procesal. El Tribunal de Apelaciones examinó el recurso y la oposición presentada. Determinó que la decisión del foro primario al denegar la descalificación no constituyó un exceso en el ejercicio de su discreción judicial. Por consiguiente, el Tribunal de Apelaciones denegó el recurso de *certiorari* presentado por PlazaQ.

Resumen:

Este caso ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa una orden de protección emitida bajo la Ley contra el Acecho. La peticionaria, Nayadett Vázquez Díaz, solicitó un auto de certiorari para impugnar la orden expedida en su contra a favor de Julitza Cardona González. La orden de protección fue dictada por el Tribunal de Primera Instancia tras determinar que la recurrida demostró con prueba robusta un patrón de conducta de acecho por parte de la peticionaria, incluyendo comunicaciones amenazantes y una amenaza de muerte. La peticionaria argumentó que la orden se basó en prueba inadmisible y que el tribunal erró al apreciar la evidencia. El Tribunal de Apelaciones explica que el certiorari es un remedio discrecional para revisar errores jurídicos o abuso de discreción del foro primario. Tras considerar la petición, el Tribunal de Apelaciones decide expedir el auto de certiorari. Sin embargo, confirma el dictamen recurrido, validando la orden de protección emitida por el Tribunal de Primera Instancia.

Resumen:

Antilles Insurance Company impugna ante el Tribunal de Apelaciones una Resolución del Tribunal de Primera Instancia de Caguas. Dicha Resolución refirió la controversia sobre la valoración de daños en un caso de reclamación de seguro al proceso de "appraisal". Este proceso fue solicitado por los asegurados, José A. Berdiel Torres y otros, amparándose en la Ley Núm. 242-2018. El TPI concedió la solicitud, ordenando el referido y paralizando los procedimientos judiciales. Antilles Insurance Company alega que el TPI erró al aplicar la Ley 242-2018, argumentando que esta ley es posterior a los hechos del caso (Huracán María) y tiene carácter prospectivo. Los recurridos, por su parte, han planteado una cuestión jurisdiccional que el Tribunal de Apelaciones debe atender de forma prioritaria. El caso original es una acción civil por incumplimiento de contrato y daños contractuales contra la aseguradora. La disputa central gira en torno a la cantidad adeudada bajo la póliza por los daños sufridos en una propiedad tras el huracán María. La aseguradora había ofrecido una suma, pero los asegurados la rechazaron por diferencias en la valoración de las pérdidas.

Resumen:

Ante el Tribunal de Apelaciones, Multinational Insurance Company comparece mediante certiorari solicitando la revocación de una Resolución del Tribunal de Primera Instancia. Dicha Resolución declaró No Ha Lugar la moción de desestimación presentada por la aseguradora en un pleito incoado por el Consejo de Titulares del Condominio Camino Terraverde. El Consejo demandó a Multinational por incumplimiento de contrato, mala fe y violaciones al Código de Seguros, reclamando daños sufridos por el condominio tras el Huracán María. Alegó que la aseguradora pagó menos de lo estipulado, impidiendo reparaciones, y actuó de forma desleal y de mala fe al no investigar la reclamación adecuadamente. Multinational solicitó la desestimación argumentando falta de jurisdicción por no agotamiento de remedios administrativos ante el Comisionado de Seguros y acumulación indebida de causas de acción bajo el Código Civil y el Código de Seguros. El Tribunal de Primera Instancia denegó la moción, fundamentando que el procedimiento versa principalmente sobre un incumplimiento contractual. Señaló que los remedios bajo la Ley 247-2018 se reclaman en base a la alegada mala fe y el incumplimiento voluntario de la obligación contractual. El Tribunal de Apelaciones procede a examinar el recurso.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico consideró una petición de certiorari presentada por René Arroyo García. El peticionario buscaba revocar una orden del Tribunal de Primera Instancia que denegó su solicitud de modificar o revocar su sentencia. Arroyo García alegaba que su condena de 20 años por asesinato en segundo grado era ilegal, argumentando que el Código Penal de 2004 establecía una pena menor para dicho delito. Sin embargo, el Tribunal de Apelaciones determinó que el peticionario basaba su argumento en una versión desactualizada del Art. 16 del Código Penal. La Ley Núm. 338 de 2004 enmendó el código, creando la categoría de "delito grave de segundo grado severo". Esta enmienda aplicó específicamente al asesinato en segundo grado, fijando una pena de reclusión entre quince años y un día y veinticinco años. La sentencia de 20 años impuesta a Arroyo García se encontraba dentro de este rango legalmente establecido. El Tribunal concluyó que el foro primario no cometió error al denegar la solicitud. Por consiguiente, se denegó la expedición del auto de certiorari.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resolviendo un recurso de certiorari presentado por Luis Kemuel Vega Vega. El peticionario impugna la denegatoria de su recurso de Hábeas Corpus por parte del Tribunal de Primera Instancia de Guayama. Previamente, el peticionario había sido condenado por veredicto no unánime, pero un panel del Tribunal de Apelaciones ordenó un nuevo juicio conforme a la norma de *Ramos v. Louisiana*. Dicho panel también ordenó la celebración de una vista para fijar fianza. El Tribunal de Primera Instancia celebró la vista y fijó la fianza correspondiente. El peticionario presentó Hábeas Corpus alegando que la fianza era un subterfugio para evadir su derecho a la excarcelación por la dilación en la celebración del nuevo juicio. El foro primario declaró No Ha Lugar el Hábeas Corpus. Mediante este recurso de certiorari, el peticionario solicita la revisión de esa determinación. El Tribunal de Apelaciones, tras evaluar los fundamentos, deniega la expedición del auto de certiorari.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de certiorari presentado por Triple-S Propiedad, Inc. La aseguradora solicita la revocación de una resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó su moción de desestimación. La demanda original fue incoada por el Consejo de Titulares del Condominio Portales de Alhelí y otros (Attenure, HRH) contra Triple-S. Los asegurados reclaman incumplimiento de contrato, daños y perjuicios, imputando dolo y mala fe a la aseguradora. Alegan dilación y falta de compensación adecuada por los daños significativos causados por el huracán María a la propiedad asegurada, a pesar de haber transcurrido más de tres años. El tribunal contextualiza el caso dentro de la problemática de los retrasos en la resolución de reclamaciones de seguros tras los huracanes, en contravención del derecho a una resolución en 90 días. La controversia central a dilucidar es si el Consejo de Titulares podía ceder válidamente su reclamación y causa de acción contra Triple-S a Attenure bajo los términos de la póliza y la legislación aplicable. El documento detalla el tracto procesal pertinente y el marco legal que rige la interpretación del contrato de seguro.

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Este recurso de apelación se presentó contra una resolución del Tribunal de Primera Instancia que autorizó el traslado de dos menores a Texas con su madre. El apelante impugnó esta decisión y presentó una moción urgente. Al revisar el recurso, el Tribunal de Apelaciones notó que el apelante no había cumplido con la notificación simultánea a la parte apelada, según lo exige el reglamento. Dada la naturaleza de alto interés público del caso, el tribunal concedió un plazo breve para subsanar la falta de notificación. Posteriormente, el apelante presentó una moción solicitando el desistimiento voluntario del recurso sin perjuicio. Alegó que el término concedido era insuficiente para coordinar la notificación. El Tribunal de Apelaciones, amparado en su reglamento y las reglas de procedimiento civil, acogió la solicitud de desistimiento. En consecuencia, el recurso fue tenido por desistido sin perjuicio, ordenándose el archivo del caso.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en el caso de El Pueblo contra Elliot Maldonado Navarro. El apelante recurre de una sentencia del Tribunal de Primera Instancia que lo declaró culpable de infracción al Artículo 109 del Código Penal de 2012. Se le impuso una pena de seis años de sentencia suspendida por agredir a la víctima causándole daño permanente de pérdida auditiva. El apelante alega múltiples errores del foro primario, centrados en la falta de consideración de prueba exculpatoria, la legítima defensa, la ausencia de intención criminal y la existencia de duda razonable. Argumenta que no se probaron todos los elementos del delito más allá de duda razonable. El Tribunal de Apelaciones procede a resolver la apelación tras recibir los alegatos de las partes y la transcripción de la prueba.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico conoció de un recurso de revisión judicial presentado por Evelyn Ojeda Pérez contra el Departamento de Corrección y Rehabilitación. La recurrente, confinada en Puerto Rico, solicitó información sobre el estatus de su petición de traslado a una institución penal en los Estados Unidos. Alegó haber presentado un remedio administrativo ante el Departamento sin haber recibido respuesta. El tribunal examinó el recurso conforme a la Ley de la Judicatura y la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme. Se determinó que la revisión judicial ante este foro requiere una orden, resolución o decisión adjudicativa final de la agencia administrativa. La recurrente no presentó prueba documental de haber recibido una decisión final del Departamento sobre su solicitud de traslado. Al no existir una decisión administrativa final, el tribunal concluyó que carecía de jurisdicción para atender el recurso. Por consiguiente, el Tribunal de Apelaciones desestimó el recurso de revisión judicial.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de cobro de dinero y ejecución de hipoteca. Scotiabank de Puerto Rico figura como apelado frente a Isla del Caribe Development, Inc. y la Sucesión de Carmelita Agosto Acosta como apelantes. El recurso proviene de una sentencia del Tribunal de Primera Instancia, Sala de Humacao. Dicha sentencia condenó a los miembros de la sucesión como deudores solidarios al pago de $616,840.36 más costas por un préstamo comercial. Los apelantes buscan revocar esa decisión. Alegan que el foro primario erró al desestimar su demanda contra tercero contra el Sistema Universitario Ana G. Méndez. También argumentan que el tribunal debió desestimar la demanda principal por falta de una parte indispensable. El Tribunal de Apelaciones procede a resolver la controversia planteada por las partes.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico que revisa una decisión del Departamento de Educación. El caso involucra a RJTR, un estudiante de 18 años con discapacidad intelectual y un desorden metabólico, registrado en el Programa de Educación Especial. RJTR había estado ubicado en un colegio privado mediante compra de servicios por el Departamento desde 2008. Ante cambios de actitud y problemas de conducta en 2018, su madre buscó una nueva ubicación enfocada en destrezas de vida independiente, basándose en una evaluación psicológica. La madre solicitó al Departamento de Educación la compra de servicios en el RTR Institute y el reembolso de gastos incurridos. El Departamento de Educación denegó dicha solicitud. El Tribunal de Apelaciones revisó la Resolución Final y Orden del Departamento de Educación. Tras considerar los argumentos y el expediente, el Tribunal CONFIRMÓ el dictamen recurrido, manteniendo la denegatoria de la compra de servicios y el reembolso.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico, Panel IV, en el caso KLCE202000996. Este recurso de Certiorari proviene del Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan (Caso SJ2019CV12771). Las partes son el Consejo de Titulares del Condominio Caribbean Sea View (recurrentes) y Mapfre Praico Insurance Company y otros (peticionarios). El caso original trata sobre incumplimiento de contrato, daños y perjuicios, mala fe e incumplimiento con el Código de Seguros. La sentencia, emitida el 12 de noviembre de 2020, resuelve una "Solicitud de Desistimiento Voluntario" presentada por Mapfre Praico Insurance. El Tribunal, integrado por la Jueza Colom García, el Juez Ramos Torres y la Jueza Soroeta Kodesh, estudió la solicitud. Se declaró Ha Lugar la solicitud de desistimiento voluntario. Como resultado, se decretó el archivo del presente recurso de apelación.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso sobre incumplimiento de aseguradora tras los huracanes Irma/María. Jorge R. Dávila Rodríguez demandó a MAPFRE Pan American Insurance Company alegando que subvaloraron los daños a su propiedad y pagaron una cantidad menor a la debida. MAPFRE presentó una moción de sentencia sumaria, argumentando que un cheque de $3,000 aceptado por el asegurado constituía un pago en finiquito que extinguía la reclamación. El Tribunal de Primera Instancia denegó la moción de MAPFRE pero ordenó al asegurado devolver el dinero recibido. Ambas partes recurrieron la decisión ante el Tribunal de Apelaciones. El Tribunal de Apelaciones consolidó los recursos y emitió auto de certiorari. Procedió a modificar la resolución del foro primario. Confirmó la denegatoria de la desestimación por pago en finiquito solicitada por MAPFRE. Esto implica que la defensa de pago total y final no fue aceptada para desestimar el caso en esta etapa.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en el caso de William Ruiz contra Triple S Propiedad, originado por un reclamo de incumplimiento de contrato. El Tribunal de Primera Instancia había desestimado la demanda inicial aplicando la doctrina de pago en finiquito, tras determinar que el demandante aceptó y cambió un cheque de la aseguradora. Inconforme, el señor Ruiz apeló dicha determinación, señalando errores en la aplicación de la doctrina y argumentando la existencia de prácticas desleales por parte de la aseguradora. Previo a la apelación, el apelante presentó una moción de reconsideración en el foro primario, la cual fue declarada No Ha Lugar. Al revisar el recurso, el Tribunal de Apelaciones consideró en primer término su jurisdicción. Determinó que el recurso de apelación fue incoado de manera prematura. Por tanto, el Tribunal de Apelaciones desestima la apelación por falta de jurisdicción.

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Comparecen ante el Tribunal de Apelaciones recursos de certiorari presentados por un asegurado y su aseguradora, MAPFRE, en relación con un litigio por daños causados por los huracanes Irma y María. El asegurado demandó a MAPFRE por incumplimiento de contrato, alegando que la aseguradora subvaloró los daños a su propiedad. MAPFRE solicitó sentencia sumaria, argumentando que un cheque de $3,000 cobrado por el asegurado constituía un pago en finiquito que extinguía la reclamación. El Tribunal de Primera Instancia denegó la moción de sentencia sumaria de MAPFRE, pero ordenó al asegurado devolver el dinero. Ambas partes recurrieron esa determinación. El Tribunal de Apelaciones consolidó los recursos y emitió el auto de certiorari. Tras revisar los argumentos, el tribunal modificó la resolución recurrida. Sin embargo, confirmó la denegatoria de la desestimación por pago en finiquito emitida por el foro primario.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre una solicitud de certiorari instada por el Lcdo. Rubén Torres Dávila. El recurso impugna una Orden del Tribunal de Primera Instancia que le impuso una sanción económica de $500 por incumplir con un descubrimiento de prueba en un caso de alimentos. El abogado, representante de una de las partes en el pleito original, argumentó que el foro primario carecía de jurisdicción debido a la pendencia de un recurso de certiorari previo. El Tribunal de Primera Instancia declaró sin lugar su moción y mantuvo la sanción impuesta. Tras examinar la solicitud, el Tribunal de Apelaciones concluyó que no procede la expedición del auto de certiorari.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en el caso KLAN201900915. Los apelantes, Frank Anthony Samora y su hijo, recurren la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de San Juan. Dicha sentencia desestimó su demanda por daños y perjuicios contra la Administración de Servicios Médicos (ASEM) y la Universidad de Puerto Rico (UPR). La demanda alegaba negligencia médica relacionada con el fallecimiento de la esposa y madre de los apelantes en 2008. El Tribunal de Primera Instancia desestimó el caso bajo la Regla 39.2(c) de Procedimiento Civil. Esto ocurrió después de que los apelantes presentaran su caso sin la prueba pericial necesaria para sustentar la alegación de desviación de los estándares médicos. El Tribunal de Apelaciones revisó la decisión del foro primario. Por los fundamentos expuestos, el Tribunal de Apelaciones confirmó la sentencia apelada que desestimó la demanda.

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Enrique Torres David presentó una petición de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico impugnando una decisión del Tribunal de Primera Instancia en Aibonito. El peticionario solicitó la revisión de la resolución del TPI que declaró No Ha Lugar su moción por derecho propio. En su moción, el Sr. Torres David reclamó una reducción del 25% de su pena, invocando atenuantes bajo el Artículo 67 del Código Penal. Anteriormente, se había declarado culpable de cargos que incluían agresión grave e infracciones a la Ley de Armas, recibiendo una sentencia que incluía un componente suspendido. Su privilegio de sentencia suspendida fue posteriormente revocado, resultando en su actual custodia. La petición de certiorari alega específicamente que el TPI erró al denegar la solicitud de reducción de pena. El Tribunal de Apelaciones está evaluando la petición conforme a sus criterios establecidos para la revisión discrecional mediante certiorari.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de incumplimiento de contrato entre Genaro Cautiño Jordán y Hotel Horizonte, S.P. Hotel Horizonte solicitó la revisión de una Orden del Tribunal de Primera Instancia (TPI) mediante un auto de certiorari. La Orden del TPI autorizó al demandante, Sr. Cautiño, a enmendar el Informe Sobre Conferencia con Antelación al Juicio. Dicha enmienda permitió la inclusión de evidencia adicional, como facturas y gastos, para ser presentada durante el juicio. Hotel Horizonte argumentó que esta decisión fue errónea y violó las reglas de procedimiento civil sobre descubrimiento de prueba y enmiendas al informe pre-juicio. El Sr. Cautiño presentó su oposición a la expedición del auto. Tras considerar las posturas de las partes, el Tribunal de Apelaciones resolvió denegar la expedición del certiorari solicitado por Hotel Horizonte.

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El Municipio Autónomo de Manatí presentó un recurso de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones. Solicitó dejar sin efecto la resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó su moción de desestimación. La demanda original fue instada por Visual Communications Advertising, LLC contra el Municipio y Grupo Cartagena. Visual Communications reclamó interdicto posesorio, daños y perjuicios, e interferencia torticera. Alegó que el Municipio terminó indebidamente su contrato de arrendamiento para una valla publicitaria y alquiló el espacio a Grupo Cartagena. El Municipio argumentó que la demanda no exponía una reclamación válida y planteó errores del tribunal inferior, incluyendo la aplicación de estándares de plausibilidad e inmunidad soberana. El Tribunal de Primera Instancia denegó la desestimación solicitada por el Municipio. Inconforme, el Municipio acudió en certiorari. El Tribunal de Apelaciones, tras considerar el recurso, denegó la expedición del auto de certiorari.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una Resolución en respuesta a la petición de excarcelación presentada por Miguel Rondón. El peticionario solicitó su liberación alegando que un tribunal de primera instancia había condicionado su puesta en libertad a la inacción del gobierno federal en un plazo de treinta días laborables, el cual ya había transcurrido. El Tribunal de Apelaciones desestimó el recurso por falta de jurisdicción. La ausencia de jurisdicción se debió a que el peticionario no proporcionó información esencial sobre las razones de su confinamiento, los trámites realizados ante el Tribunal de Primera Instancia, ni documentación que permitiera evaluar su reclamo. Previamente, el Tribunal había concedido un término al peticionario para que completara la información requerida, pero este no cumplió. Dado que el ordenamiento jurídico exige que las partes pongan al tribunal en condiciones de resolver la controversia, y el recurso no fue perfeccionado, procedió la desestimación.

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Emilio Oliveras Rosario, confinado bajo la custodia del Departamento de Corrección y Rehabilitación, presentó un recurso de revisión judicial ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. El recurso busca revisar la determinación del Departamento que le denegó la elegibilidad para el Programa de Pre Reinserción a la Libre Comunidad. La agencia basó su decisión en que los delitos por los que Oliveras Rosario fue sentenciado ocurrieron antes de que el programa fuera reglamentado en 2018. Oliveras Rosario solicitó reconsideración, argumentando que cumplía con los requisitos de ley para participar del programa. El Departamento denegó la reconsideración, en parte por considerar la solicitud extemporánea y reiterando la inelegibilidad por la fecha de los hechos. Oliveras Rosario acudió entonces al Tribunal de Apelaciones, alegando que la agencia erró al denegarle el beneficio del programa basándose únicamente en la fecha de comisión de los delitos. El Tribunal de Apelaciones inició el proceso de revisión administrativa del caso.

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Recurso de Revisión Judicial ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico presentado por Super Asphalt Pavement, Corp. contra la Junta de Subastas del Municipio de Salinas y JM Caribbean Builders, Corp. El recurrente impugnó la adjudicación de tres subastas para proyectos de reconstrucción de calles en Salinas a favor de JM Caribbean Builders, Corp. Super Asphalt solicitó y obtuvo una orden en auxilio de jurisdicción para paralizar los efectos de dichas adjudicaciones. Tras evaluar el recurso, el Tribunal determinó que la Junta de Subasta incurrió en una notificación defectuosa. Las notificaciones de adjudicación a los licitadores no incluyeron las razones por las cuales no se le adjudicó la buena pro al licitador no agraciado, a pesar de apercibir sobre los términos para la revisión judicial. Por consiguiente, el Tribunal decidió devolver el asunto a la Junta de Subasta del Municipio de Salinas para que corrija el procedimiento.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de acción civil sobre la titularidad de una propiedad y construcciones realizadas en ella. La apelante, Catalina Benítez Rivera, impugnó la decisión del Tribunal de Primera Instancia que declaró a los apelados, los hermanos Piñero Torres y López Torres, como únicos dueños de la Parcela 48-D en Juncos. El tribunal primario determinó que la apelante era constructora de mala fe y ordenó la demolición de lo edificado a su costo. La propiedad fue originalmente adquirida por Jaime Piñero, hermano de los apelados, y su madre, Lucrecia Torres, inició una construcción allí. Tras el fallecimiento de Jaime y luego de Lucrecia, la propiedad fue heredada por los apelados. El Tribunal de Apelaciones revisó el recurso, incluyendo la transcripción de prueba y los alegatos de las partes. Finalmente, el panel confirmó la Sentencia emitida por el Tribunal de Primera Instancia.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emitió una resolución sobre una petición de certiorari. Los peticionarios, Bayamón Hotel Company, LLC y la Asociación de Garantía de Seguros Misceláneos de Puerto Rico, impugnaron una decisión del tribunal de primera instancia. Buscaban revocar una orden que mantenía el señalamiento de juicio mediante videoconferencia en un caso de daños y perjuicios. El Tribunal revisó la petición conforme a la Regla 52.1 de Procedimiento Civil. Esta regla establece las circunstancias específicas bajo las cuales las órdenes interlocutorias pueden ser revisadas mediante certiorari. El Tribunal determinó que la orden impugnada, relativa al método del juicio, no se encontraba dentro de las excepciones contempladas en la Regla 52.1. Consideró que la orden era un asunto de manejo de caso, discrecional del tribunal de instancia. Por consiguiente, el Tribunal declaró No Ha Lugar la petición de certiorari, al no cumplir con los requisitos para su expedición.

Resumen:

Un confinado presentó un recurso de revisión contra la Administración de Corrección, impugnando la respuesta a su solicitud de suministro de medicamentos post-cirugía. El recluso alegaba que sus medicinas se terminaron y la Administración le indicó que debía esperar una nueva evaluación ortopédica en Centro Médico. La respuesta administrativa señalaba que los medicamentos fueron aprobados por 30 días, la cita ortopédica estaba pendiente y debía usar los servicios de emergencia para urgencias. El tribunal identificó múltiples deficiencias procesales en el recurso presentado por el confinado. Entre ellas, la falta de pago de aranceles o solicitud para litigar como indigente, ausencia de apéndice, índice, certificación de notificación y la solicitud inicial de remedios. Tampoco se incluyó una relación clara de hechos ni una discusión fundamentada de errores, solo la respuesta administrativa. El tribunal subraya la importancia de cumplir rigurosamente con el Reglamento del Tribunal de Apelaciones para perfeccionar los recursos. Estas omisiones impiden al tribunal ejercer adecuadamente su función revisora sobre el reclamo del confinado.

Resumen:

Este recurso de Certiorari fue presentado por César E. Sainz Rodríguez contra Leydy Guzmán Lorenzo ante el Tribunal de Apelaciones. Busca la revisión de una Orden del Tribunal de Primera Instancia de Bayamón en un caso de divorcio, relacionada con una deuda de pensión alimentaria y desacato. El TPI encontró al peticionario incurso en desacato, estableció un plan de pago y dejó en suspenso su arresto condicionado al cumplimiento. Inconforme, el señor Sainz Rodríguez presentó una moción de reconsideración ante el TPI. Sin embargo, el recurso de Certiorari ante el Tribunal de Apelaciones fue presentado mientras la moción de reconsideración aún estaba pendiente de resolución en primera instancia. El Tribunal de Apelaciones determinó que carece de jurisdicción para atender el recurso por haber sido presentado prematuramente. La presentación de una moción de reconsideración interrumpe los términos para apelar hasta que sea resuelta. Por tanto, el Tribunal de Apelaciones desestima el recurso de Certiorari por falta de jurisdicción.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisando una determinación administrativa del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACo). Los recurrentes, dueños de un apartamento en el Condominio San Ildefonso, presentaron una querella ante el DACo. Alegaron inacción y negligencia del Consejo de Titulares en la reparación del techo, lo que causó daños a su propiedad. En la querella original, solicitaron que se ordenaran las reparaciones y se les indemnizara por daños estructurales, al contenido, angustias mentales y rentas dejadas de percibir. El DACo emitió inicialmente una resolución parcial ordenando al Condominio comenzar las reparaciones. No obstante, posteriormente, el DACo emitió una resolución final desestimando la querella de los recurrentes y ordenando su archivo. Los recurrentes solicitaron la revisión judicial de esta desestimación ante el Tribunal de Apelaciones. Tras evaluar el escrito de revisión, la oposición y el expediente, el Tribunal confirmó la resolución recurrida del DACo. Esto valida la desestimación de la querella presentada por los recurrentes contra el Condominio.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones revisa una sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó cargos por asesinato y Ley de Armas contra Israel Martínez Díaz. El Tribunal de Primera Instancia desestimó las denuncias al concluir que hubo una demora injustificada en la celebración de la vista preliminar, violando el derecho a juicio rápido del imputado. La demora se debió a la imposibilidad del Departamento de Corrección de trasladar al imputado, quien se encontraba confinado, o hacerlo disponible por videoconferencia, en el contexto de la pandemia de COVID-19. El Ministerio Público recurrió la decisión, argumentando que el Tribunal de Primera Instancia erró al desestimar los cargos. El Tribunal de Apelaciones concluye que el Tribunal de Primera Instancia erró al desestimar las denuncias. Determina que la desestimación por violación a los términos de juicio rápido no estaba justificada en estas circunstancias. Considera la naturaleza de la demora, relacionada con la pandemia y los protocolos correccionales, y la ausencia de perjuicio a la defensa del imputado.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resolviendo un recurso de certiorari. El caso se origina en una demanda de JRO Events, Inc. contra José Pedraza González y Luis Espada Rosado por incumplimiento de un contrato de inversión, cobro de dinero y sentencia declaratoria. JRO alegó que los demandados no cumplieron con los pagos acordados bajo el contrato. A pesar de haber solicitado y obtenido una prórroga, los señores Pedraza y Espada no presentaron su alegación responsiva. Ante ello, el Tribunal de Primera Instancia anotó su rebeldía a petición de JRO. Posteriormente, los peticionarios solicitaron el levantamiento de la anotación de rebeldía, lo cual fue denegado por el foro primario. Mediante recurso de certiorari, los peticionarios acudieron al Tribunal de Apelaciones para revisar dicha denegatoria. El Tribunal de Apelaciones expidió el auto solicitado. Sin embargo, el dictamen final del Tribunal de Apelaciones fue confirmar la resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó el levantamiento de la rebeldía.

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El Tribunal de Apelaciones denegó la expedición de un recurso de certiorari solicitado por la señora Enid Santos Cintrón. La señora Santos Cintrón buscaba la revisión de una Resolución del Tribunal de Primera Instancia (TPI) en un caso sobre custodia permanente y pensión alimentaria. En dicha Resolución, el TPI declaró no ha lugar su solicitud para que el caso fuera considerado como uno de tutela en lugar de custodia. El pleito original fue instado por la señora Lymari Cintrón Lugo, madrina de la menor SEDS, quien ha tenido a la niña bajo su cuidado desde 2013 y solicitó la custodia permanente. La señora Santos Cintrón, madre de SEDS, argumentó que un tercero no puede pedir custodia, solo tutela, ya que la custodia es inherente a la patria potestad. Solicitó que el caso se reconfigurara como una solicitud de tutela. El TPI rechazó esta petición de la madre. Al denegar el certiorari, el Tribunal de Apelaciones confirmó la decisión del TPI de no reconfigurar el caso como tutela.

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La Administración de Seguros de Salud (ASES) presentó un recurso de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones. Solicitó la revocación de una Orden del Tribunal de Primera Instancia que le exigía producir ciertos documentos. El recurso se origina en demandas consolidadas instadas por Mennonite General Hospital y Centro Médico del Turabo contra ASES y Molina Healthcare. Los hospitales reclaman deudas millonarias de Molina, una organización de cuidado dirigido que cesaría operaciones en el Plan Vital. Alegaron que ASES no ha tomado medidas para asegurar el pago de las deudas de Molina a los proveedores. El Tribunal de Primera Instancia, en el curso de los pleitos, ordenó a ASES la producción de información. ASES solicitó la paralización de dicha orden al Tribunal de Apelaciones, la cual fue concedida. Tras considerar el recurso, el Tribunal de Apelaciones decidió expedir el certiorari. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones revocó la orden del foro primario que requería la producción de documentos por parte de ASES.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en el recurso de certiorari KLCE202000542, presentado por Jorge Méndez Roig y Productores de Cítricos de la Montaña, Inc. Los peticionarios solicitan la revocación de una resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó su solicitud de sentencia sumaria parcial. Dicha solicitud se refería a la causa de acción por interferencia torticera presentada por el recurrido, José M. Colón Ortiz. Colón demandó tras ser despedido, alegando despido injustificado, interferencia torticera y libelo/calumnia. Sostiene que Méndez, presidente de la junta, hizo acusaciones falsas para provocar su despido y obtener su puesto. Los peticionarios argumentan que el despido fue justificado por incumplimiento de deberes y que las acciones de Méndez fueron dentro de sus funciones corporativas, no como un tercero ajeno. Afirman que la decisión de despido fue tomada por la Junta Directiva. El Tribunal de Apelaciones expide el auto de certiorari. Por los fundamentos expuestos, revoca la resolución recurrida del Tribunal de Primera Instancia.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en un caso de certiorari. La peticionaria, Mildred Lebrón Guzmán (Restaurant Boccados Divino), solicitó revocar una resolución del Tribunal de Primera Instancia. Dicha resolución denegó su solicitud de desestimar una demanda presentada por Ritha Elena Pabón Velandía. La demanda original es sobre cobro de dinero, incumplimiento de contrato y daños relacionados con un contrato de arrendamiento. Las partes suscribieron un contrato de arrendamiento en 2014 por cinco años. La arrendadora presentó previamente una demanda de desahucio en 2018 por incumplimientos, resultando en un acuerdo donde la arrendataria se allanó a desalojar. Posteriormente, la arrendadora presentó la demanda actual alegando retrasos en pagos, molestias a vecinos y daños considerables a la propiedad tras recuperar la posesión. El Tribunal de Apelaciones analizó los escritos y la normativa aplicable. El panel expidió el auto de certiorari solicitado. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones confirmó la Resolución recurrida del foro primario.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre un recurso de certiorari presentado por Mapfre Panamerican Insurance Company. Mapfre solicitó la revisión de una Resolución del Tribunal de Primera Instancia (TPI) que denegó su Moción de Desestimación y Sentencia Sumaria. El caso subyacente fue iniciado por Dennisse Judith Menéndez Laureano por daños y perjuicios contractuales tras el Huracán María. La señora Menéndez alegó que Mapfre incumplió el contrato de seguro al pagar una compensación insuficiente por los daños a su propiedad. Mapfre argumentó que la demanda debía desestimarse bajo la doctrina de pago en finiquito, ya que la recurrida aceptó un cheque marcado como pago total y definitivo. La señora Menéndez se opuso, aduciendo controversia sobre hechos materiales respecto al ajuste de daños y su entendimiento del endoso del cheque. El TPI denegó la moción de Mapfre al encontrar hechos materiales en disputa. Mapfre recurrió esta decisión ante el Tribunal de Apelaciones. El Tribunal de Apelaciones, tras evaluar el recurso, DENIEGA la expedición del auto de certiorari. Esto valida la determinación del TPI de que la defensa de pago en finiquito requiere mayor dilucidación fáctica.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una Resolución en el caso entre Antonio A. Usero Quiñones y GeodataPR International, Inc. GeodataPR solicitó la revisión de una decisión del Tribunal de Primera Instancia que denegó su solicitud de sentencia sumaria. El caso subyacente es un reclamo laboral de Usero contra GeodataPR por despido ilegal y pago de beneficios, alegando una relación de empleo. GeodataPR negó rotundamente dicha relación, argumentando que Usero nunca fue su empleado y que el reclamo era improcedente. GeodataPR presentó una moción de sentencia sumaria basada en la inexistencia de la relación patrono-empleado. El Tribunal de Primera Instancia denegó la moción, determinando que existían controversias de hechos materiales, incluyendo si Usero era empleado o contratista independiente, que requerían un juicio. Estas controversias involucraban elementos subjetivos y de credibilidad. El Tribunal de Apelaciones, tras considerar la solicitud de GeodataPR, DENEGÓ expedir autos para revisar la Resolución del foro primario.

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El Tribunal de Apelaciones revisó una determinación del Departamento de Corrección y Rehabilitación solicitada por Marcelino Méndez Méndez. El recurrente pidió la aplicación de la Ley 87-2020 para obtener bonificaciones en su sentencia poco después de su aprobación. El Departamento respondió que la ley aún no estaba vigente y que se necesitaban instrucciones y análisis para su implementación. El recurrente impugnó esta respuesta, alegando que la ley le aplicaba. El Tribunal aplicó el estándar de revisión que otorga deferencia a las decisiones de las agencias administrativas cuando son razonables y basadas en evidencia. Determinó que la respuesta del Departamento fue razonable. Esto se debió a que la Ley 87-2020 establecía una vigencia de 90 días posteriores a su aprobación. Por lo tanto, al momento de la solicitud, la ley no era efectiva y el Departamento actuó correctamente al indicar que debía esperar. El Tribunal confirmó la determinación recurrida del Departamento de Corrección.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de revisión administrativa presentado por T-Board, Inc. contra la Oficina de Permisos del Municipio de Carolina. El caso versa sobre la denegación de una solicitud de renovación de permiso para un anuncio, la cual fue archivada por el Municipio. T-Board impugnó el archivo ante la División de Revisiones Administrativas de la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe), alegando que había subsanado la solicitud y que el archivo carecía de las advertencias legales requeridas. La OGPe confirmó el archivo, concluyendo que T-Board no había completado un pago necesario. T-Board recurrió judicialmente, argumentando que la OGPe erró al validar el archivo sin las advertencias debidas y a pesar de la subsanación parcial. El Tribunal de Apelaciones revisó la determinación administrativa. Por los fundamentos expuestos en la sentencia, el Tribunal REVOCA la determinación recurrida.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de daños y perjuicios. La apelante, Mia I. Raimundi Otero, impugna una sentencia sumaria parcial del Tribunal de Primera Instancia. Dicha sentencia desestimó la causa de acción contra DEYA Elevator relacionada con el mantenimiento de un ascensor. El pleito original surgió tras un incidente donde varias personas quedaron atrapadas en un ascensor. La apelante presentó el recurso de apelación solicitando la revisión de la desestimación contra DEYA. El Tribunal de Apelaciones analizó el tracto procesal del caso. Determinó que la sentencia sumaria parcial apelada no constituía una sentencia final sobre todas las reclamaciones o partes. Concluyó que el recurso de apelación fue presentado de forma prematura. Por consiguiente, el Tribunal de Apelaciones desestimó el recurso por falta de jurisdicción.

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Sentencia de un panel de jueces del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. Resuelve un recurso de apelación presentado por ELI, S.E. contra una Sentencia Sumaria del Tribunal de Primera Instancia. La controversia principal gira en torno a la responsabilidad del pago de contribuciones sobre la propiedad de un inmueble arrendado a la Corporación del Fondo del Seguro del Estado. El inmueble fue construido por ELI bajo un contrato de arrendamiento financiero a 30 años, con opción de compra nominal al final del término. El contrato de arrendamiento estipulaba expresamente que la Corporación del Fondo, como arrendataria, sería la única responsable del pago de las contribuciones sobre la propiedad. El CRIM emitió los recibos de cobro a nombre de ELI, el titular registral. La Corporación del Fondo solicitó al CRIM la corrección de los registros y una exención contributiva, alegando ser la dueña para fines contributivos. El Tribunal de Primera Instancia determinó que ELI, como titular registral, debía pagar las contribuciones adeudadas al CRIM y que la Corporación del Fondo no tenía que reembolsarle. El Tribunal de Apelaciones, tras revisar el caso, confirma la Sentencia Sumaria recurrida.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en un recurso de revisión administrativa. El caso involucra a un menor, RYRS, representado por sus padres, contra el Departamento de Educación. La disputa se centra en la alegada falta del Departamento de proveer un Programa Educativo Individualizado (PEI) adecuado, alternativas de ubicación y terapias. Los padres solicitaron el rembolso de gastos incurridos en servicios educativos privados. El Foro Administrativo de Educación Especial inicialmente encontró incumplimiento del Departamento para años escolares previos y ordenó rembolsos. Posteriormente, el foro administrativo emitió una resolución final ordenando el cierre y archivo de la querella. Esta resolución final fue apelada ante el Tribunal de Apelaciones. Tras revisar el expediente y los procedimientos, el Tribunal de Apelaciones determinó revocar la decisión administrativa recurrida. La sentencia anula la resolución que cerró el caso administrativo.