Casos del Tribunal de Apelaciones (Página 169)

Resumen:

Ramón Colón Irizarry recurrió ante el Tribunal de Apelaciones para revisar una resolución de la Junta de Apelaciones de la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT). La resolución administrativa confirmó la determinación de la ACT sobre la clasificación y retribución del recurrente bajo el Plan de Clasificación de 2003. Colón Irizarry alegó que su puesto no fue correctamente reclasificado y que se violaron normas y principios retributivos. Tras la resolución adversa, presentó el recurso de revisión judicial ante el Tribunal de Apelaciones. Sin embargo, también presentó una moción de reconsideración ante la Junta de Apelaciones, la cual estaba pendiente de resolución. La ACT solicitó la desestimación del recurso judicial por falta de jurisdicción, argumentando que era prematuro al no haber una determinación final sobre la reconsideración. El Tribunal de Apelaciones examinó las comparecencias y el derecho aplicable. Determinó que carecía de jurisdicción para entender en el recurso. Procedió a desestimar el recurso de revisión judicial. La desestimación se basó en que el proceso administrativo no había concluido debido a la moción de reconsideración pendiente ante la agencia.

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El Tribunal de Apelaciones revisó una decisión del Tribunal de Primera Instancia en un caso de cobro de dinero y ejecución de hipoteca. Wilmington Savings Fund Society demandó a Aina Liz Sanabria Sanabria por incumplimiento de pago sobre su residencia principal. La peticionaria invocó la Ley 184 de 2012, Ley para Mediación Compulsoria y Preservación de tu Hogar. El caso fue referido a mediación compulsoria según lo dispuesto por la ley. Durante la mediación, la parte demandante ofreció un plan provisional de repago pero se negó a divulgar los términos aproximados de la modificación final del préstamo. La peticionaria y el mediador argumentaron que esta negativa incumplía con los requisitos de orientación de la Ley 184. La parte demandante se retiró de la mediación sin proveer la información solicitada. La peticionaria solicitó al Tribunal de Primera Instancia la desestimación del caso por incumplimiento con la Ley 184. El foro primario declaró No Ha Lugar dicha moción de desestimación. El Tribunal de Apelaciones expidió el auto de certiorari y revocó la Resolución recurrida.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en el caso KLAN202000463. Se revisa una Sentencia Parcial del Tribunal de Primera Instancia que desestimó una reclamación por incumplimiento de contrato contra QBE Seguros. Los apelantes, José O. Toro Díaz y otros, demandaron a QBE Seguros por daños a su propiedad tras el huracán María, cubierta por varias pólizas. Alegaron incumplimiento de contrato, mala fe y violaciones al Código de Seguros, ya que QBE pagó parcialmente una reclamación bajo una póliza pero no otra. QBE solicitó sentencia sumaria parcial, argumentando que el endoso de un cheque por $88,032.66 constituía un pago en finiquito para una de las reclamaciones. Los apelantes se opusieron, aduciendo que no hubo aceptación voluntaria del pago como final, citando falta de información clara y barreras idiomáticas. El Tribunal de Primera Instancia acogió el argumento de QBE y desestimó parcialmente la demanda. El Tribunal de Apelaciones revoca dicha sentencia. Determina que existen hechos esenciales en controversia que impiden la aplicación de la doctrina de pago en finiquito en esta etapa procesal.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en una revisión administrativa procedente de ASES. El caso surge de una querella presentada por Sistema de Salud Menonita contra Molina Healthcare. Menonita alegó que Molina redujo unilateralmente las tarifas de servicios en violación a su contrato de 2015. Molina se defendió argumentando que ASES había autorizado verbalmente los cambios de tarifa. ASES emitió una Resolución Sumaria ordenando a Molina pagar la diferencia de las tarifas reducidas desde 2017. Molina recurrió esta decisión de ASES ante el Tribunal de Apelaciones. El Tribunal evaluó los trámites administrativos, incluyendo la solicitud de Menonita para designar un juez administrativo y la oposición de Molina. Tras revisar el expediente, el Tribunal modificó la Resolución y Orden de ASES. Así modificada, la decisión de ASES fue confirmada.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre la aplicación de la Ley 242-2018 a una reclamación de seguro por daños del huracán María. Los demandantes, titulares de un condominio, solicitaron activar el proceso de valoración ("appraisal") que contempla dicha ley para determinar el alcance de los daños. La reclamación se originó por daños sufridos durante el huracán María, pero la póliza expiró y la Ley 242-2018 entró en vigor posteriormente. El Tribunal de Primera Instancia denegó la solicitud de appraisal, concluyendo que la ley no aplicaba retroactivamente. Los demandantes apelaron esta determinación. El Tribunal de Apelaciones confirmó la decisión del TPI. Sostuvo que la Ley 242-2018 no estableció que su mecanismo de appraisal aplicaría de forma retroactiva a pólizas o pérdidas ocurridas antes de su vigencia. Por consiguiente, la denegación de la solicitud de appraisal fue correcta.

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Un panel de jueces revisó una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó una demanda. Los apelantes habían demandado a MAPFRE por incumplimiento de contrato tras los daños causados por el huracán María. Alegaron que la aseguradora no los compensó adecuadamente, actuó con demora y incurrió en prácticas desleales. MAPFRE solicitó la desestimación argumentando falta de jurisdicción. Sostuvo que las alegaciones de prácticas desleales requerían notificación previa al Comisionado de Seguros y a la aseguradora, conforme a la Ley Núm. 247-2018. Al no constar dicha notificación en la demanda, MAPFRE afirmó que el tribunal carecía de jurisdicción. Los apelantes se opusieron, indicando que su causa de acción era puramente contractual. El Tribunal de Primera Instancia desestimó la demanda, concluyendo que las alegaciones sí requerían la notificación previa. La Sentencia apelada fue confirmada por este panel.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre una apelación en un caso de nulidad de contrato. El apelante, Miguel Santiago Espada, recurre una sentencia parcial del Tribunal de Primera Instancia que desestimó su demanda contra los vendedores de una propiedad y Banco Popular de Puerto Rico. El apelante alegó que fue inducido dolosamente a comprar una propiedad inservible, solicitando la nulidad del contrato y daños. El Tribunal de Primera Instancia desestimó la demanda mediante sentencia sumaria. Determinó que el contrato de compraventa incluía una cláusula "as is". Además, el comprador reconoció haber inspeccionado la propiedad a su satisfacción. Firmó documentos donde se le advirtió sobre la necesidad de una inspección profesional. También aceptó que el acreedor hipotecario no ofrecía garantías sobre la condición de la propiedad. La sentencia del TPI concluyó que el comprador fue debidamente advertido y aceptó las condiciones de la venta. El Tribunal de Apelaciones revisa ahora la corrección de esta determinación.

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Este documento es una sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre un recurso de certiorari presentado por Puerto Rico Science, Technology \& Research Trust (PRST). PRST impugnó una orden del Tribunal de Primera Instancia (TPI) en un caso laboral iniciado por Grace Marie Soto Andújar contra Oriental Bank. Soto Andújar demandó a Oriental Bank alegando despido constructivo, discrimen por impedimento y represalias. Durante el descubrimiento de prueba, Oriental Bank citó a PRST para obtener el expediente de personal de Soto Andújar de su empleador posterior. PRST produjo el expediente pero retuvo ciertos documentos considerados confidenciales, invocando el derecho a la intimidad de Soto Andújar. El TPI ordenó a PRST producir el expediente completo, denegando la solicitud de reconsideración y orden de protección de PRST. PRST apeló esta orden ante el Tribunal de Apelaciones mediante certiorari. El Tribunal de Apelaciones expidió el auto, modificó el dictamen del TPI sobre la producción del expediente y devolvió el caso para la continuación de los procedimientos. La apelación se centró en balancear las necesidades de descubrimiento de Oriental Bank con las alegaciones de confidencialidad de PRST y la intimidad de Soto Andújar respecto a sus récords de empleo posterior.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa una resolución del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) en un caso de revisión administrativa. El recurrente es Peter Sánchez Díaz, dueño de Hojalatería del Este, y el recurrido es Felipe Vega Roldán, un consumidor. El caso se originó por una querella de Vega Roldán sobre trabajos de hojalatería y pintura en su vehículo antiguo, acordados verbalmente por $6,500. El taller realizó el trabajo y una reparación de garantía posterior. Aproximadamente dos años después de la segunda entrega, el consumidor solicitó garantía nuevamente, siendo denegada por el taller debido al tiempo transcurrido. El consumidor presentó una querella ante DACO. DACO intentó notificar al taller en una dirección provista por el querellante, pero las notificaciones fueron devueltas por dirección insuficiente. A pesar de las notificaciones fallidas, DACO realizó una inspección del vehículo sin la presencia del taller. El Tribunal de Apelaciones adelanta que revocará la resolución de DACO, probablemente debido a la falta de notificación adecuada y el debido proceso al recurrente.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una resolución sobre un recurso de certiorari. La petición fue presentada por Carmen Rodríguez Ramos y Mapfre Praico Insurance Company. Buscaban revocar una decisión del Tribunal de Primera Instancia en casos consolidados por un accidente vehicular. Los casos involucran reclamaciones por daños y perjuicios y una reconvención. El foro primario había sancionado a los peticionarios excluyendo a su perito, el doctor Colucci. Esta sanción se impuso tras no lograrse la deposición del perito en las fechas pautadas. La parte recurrida solicitó la sanción ante la indisponibilidad del experto. El Tribunal de Primera Instancia acogió la solicitud y eliminó al perito. Los peticionarios recurrieron en alzada tras una reconsideración infructuosa. El Tribunal de Apelaciones, tras deliberar, concluyó no expedir el auto de certiorari solicitado.

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One Alliance Insurance Corporation solicitó un recurso de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones para revocar una Resolución del Tribunal de Primera Instancia. Dicha Resolución denegó la solicitud de sentencia sumaria presentada por One Alliance en un caso incoado por Caribbean Decor Stone, Corp. por incumplimiento de contrato y daños tras el Huracán María. One Alliance fundamentó su solicitud de sentencia sumaria en la doctrina de pago en finiquito, alegando que Caribbean Decor aceptó los pagos realizados. Caribbean Decor se opuso, argumentando que el consentimiento estuvo viciado por falsas representaciones de la aseguradora y disputando las cubiertas aplicadas. El Tribunal de Primera Instancia denegó la sentencia sumaria al encontrar hechos materiales en controversia. Estos hechos incluían el valor real de los daños, la posible mala fe de One Alliance en el ajuste y si indujo a error a Caribbean Decor. El foro primario destacó que la doctrina de pago en finiquito requiere buena fe por parte del deudor. Por los fundamentos expuestos, el Tribunal de Apelaciones denegó la expedición del recurso de certiorari solicitado.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre un recurso extraordinario de mandamus. El peticionario solicitó el mandamus contra una jueza del Tribunal de Primera Instancia. Alegó que la jueza demoraba excesivamente en dictar sentencia en un caso de Exequatur. El caso de Exequatur buscaba validar una sentencia de divorcio de Texas para ejecutar acreencias. El peticionario había presentado dos mociones solicitando la sentencia sin respuesta. El Tribunal de Apelaciones examinó los requisitos procesales para el auto de mandamus. Se destacó que la solicitud de mandamus debe estar juramentada según la Regla 54 de Procedimiento Civil. El tribunal determinó que el recurso presentado incumplía con el ordenamiento procesal. Por tanto, procede la desestimación del recurso extraordinario.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una Resolución denegando una petición de certiorari presentada por Mapfre Panamerican Insurance Company. Mapfre solicitó la revocación de una Resolución del Tribunal de Primera Instancia que declaró No Ha Lugar su moción de sentencia sumaria. El caso subyacente trata de una demanda por incumplimiento de contrato presentada por Alejo Resto León y Carmen Rivera Cabrera contra Mapfre. Los demandantes alegan que Mapfre no resarció correctamente los daños a su propiedad causados por el Huracán María. Mapfre argumentó en su moción de sentencia sumaria que los demandantes aceptaron un cheque como pago total y final, configurando la doctrina de pago en finiquito. Los demandantes se opusieron, alegando que un empleado de Mapfre les indicó que podían cambiar el cheque sin afectar su reclamación. El Tribunal de Primera Instancia determinó que no existía prueba incontrovertida suficiente para resolver el caso sumariamente. El Tribunal de Apelaciones confirma esta determinación al denegar la expedición del auto de certiorari. La Resolución permite que el caso continúe en el Tribunal de Primera Instancia para dilucidar los hechos en controversia.

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Este documento es una sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre un caso de custodia relacionado con el traslado de un menor. La apelante, Anelisse Juan Hernández, solicitó autorización judicial para trasladar a su hijo menor de edad al estado de la Florida. El Tribunal de Primera Instancia (TPI) había denegado una solicitud similar en septiembre de 2019 tras un juicio, determinando que el mejor interés del menor era permanecer en Puerto Rico debido a sus fuertes vínculos familiares y vida estable bajo custodia compartida. Esa decisión se basó en la evaluación de que el bienestar y las conexiones del menor en Puerto Rico prevalecían sobre el deseo de la madre de relocalizarse por razones personales y de empleo. Una moción de reconsideración presentada por la madre también fue denegada. En julio de 2020, la madre presentó una nueva moción solicitando el mismo traslado a Florida, con argumentos similares, mencionando ahora su matrimonio. El padre se opuso, argumentando que el asunto ya había sido litigado exhaustivamente y que no existían cambios significativos en las circunstancias que justificaran una nueva evaluación. El TPI denegó esta segunda solicitud en agosto de 2020. El Tribunal de Apelaciones confirma la Resolución del TPI que denegó la autorización para el traslado del menor.

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Este documento es una Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de divorcio. La recurrente, Mónica Del Carmen Díaz Nieves, apeló la decisión del Tribunal de Primera Instancia. Específicamente, impugnó la negativa del foro primario a declarar la temeridad del recurrido, René Ildefonso González Rodríguez, y a imponerle honorarios de abogado. El litigio se originó cuando el señor González solicitó la modificación de la custodia de uno de los hijos menores con necesidades especiales. Propuso trasladar al menor a escuelas terapéuticas en Estados Unidos y obtener beneficios económicos en Nueva Jersey. La señora Díaz se opuso, argumentando que la solicitud no respondía al mejor interés del menor. El caso involucró disputas sobre estudios sociales y la jurisdicción, llevando al señor González a intentar desistir de su petición de custodia. La señora Díaz solicitó honorarios por entender que el litigio del padre fue frívolo. El Tribunal de Primera Instancia denegó esta solicitud, y la señora Díaz apeló dicha determinación. El Tribunal de Apelaciones revisó el dictamen y confirmó la decisión del foro primario de no imponer honorarios ni declarar temeridad.

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Este es un recurso de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso sobre productos defectuosos. Los peticionarios, Víctor Gabriel Malavé Pérez y Wanda I. Pérez Colón, demandaron a Ricardo Caballero Auto Corp. y Motorambar por daños relacionados con la compra de un vehículo Nissan Sentra. Alegaron que las bolsas de aire del vehículo se activaron sin haber sufrido un impacto, causando lesiones al señor Malavé Pérez. El recurso de certiorari fue presentado para impugnar órdenes del Tribunal de Primera Instancia que denegaron una solicitud de reconsideración. Dichas órdenes también exigían a los peticionarios cumplir con el descubrimiento de prueba bajo apercibimiento de sanciones. El Tribunal de Apelaciones evaluó los documentos del expediente. Concedió el auto de certiorari solicitado por los peticionarios. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones resolvió revocar en parte y confirmar en parte las determinaciones del foro de instancia.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de ejecución de hipoteca instado por Midfirst Bank. La entidad bancaria obtuvo una sentencia en rebeldía contra los demandados, Sra. Maribel Torres Encarnación y la Sucesión de Walberto Eric Nussa González, la cual fue confirmada previamente en apelación. Tras la confirmación, Midfirst solicitó la ejecución de la sentencia. Los demandados se opusieron, argumentando que estaban en proceso de evaluación de alternativas de mitigación de pérdidas con Midfirst y solicitaron la paralización de los procedimientos post sentencia. El Tribunal de Primera Instancia denegó dicha paralización mediante Resolución de 3 de septiembre de 2020. Los peticionarios recurren ante este Tribunal mediante certiorari para que se revoque esa denegatoria. Adicionalmente, los peticionarios habían instado una acción de nulidad de sentencia en el foro primario basada en el estado de salud mental de la señora Torres. La Sentencia del Tribunal de Apelaciones evaluará si procedía la paralización de los procedimientos de ejecución en estas circunstancias.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de apelación presentado por HMW Automotive Group, LLC. HMW impugnó la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que le declaró con lugar una demanda de daños y perjuicios instada por Elizabeth Vargas Montañez. La demanda original surgió de un accidente de tránsito ocurrido el 14 de octubre de 2018, donde un vehículo propiedad de HMW, conducido por el Sr. William R. Badillo Sánchez, impactó el automóvil de la Sra. Vargas tras pasarse un semáforo en rojo. El foro primario dictó sentencia en rebeldía contra HMW y el Sr. Badillo al no contestar la demanda. HMW apeló, cuestionando únicamente la cuantía concedida por el TPI en concepto de daños al vehículo, angustias mentales y honorarios de abogado. Tras revisar los fundamentos, el Tribunal de Apelaciones confirmó el dictamen apelado.

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Esta Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico atiende una petición de certiorari presentada por Carlos A. Vilches López en un caso de desacato criminal (El Pueblo v. Vilches López). El Tribunal explica que el certiorari es un recurso discrecional y extraordinario para corregir errores jurídicos o revisar actuaciones del foro inferior por abuso de discreción, prejuicio, error o parcialidad, citando reglas procesales y jurisprudencia pertinente. Tras revisar la petición, el Tribunal determinó que las circunstancias del caso no cumplen con los criterios establecidos por la Regla 52.1 o la Regla 40 para expedir el auto. Específicamente, el Tribunal no encontró actuación judicial excesiva, prejuicio, parcialidad o error por parte del Tribunal de Primera Instancia que justificara su intervención. Por consiguiente, el Tribunal denegó la expedición del auto de certiorari solicitado. Una opinión concurrente señala que el foro de primera instancia aún tiene la oportunidad de velar por el cumplimiento de las salvaguardas aplicables en esta etapa temprana, y el peticionario podrá señalar cualquier asunto en apelación si fuera necesario.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisó un recurso presentado por José A. Resto Pagán contra una decisión disciplinaria del Departamento de Corrección y Rehabilitación. La agencia había determinado que Resto Pagán incurrió en una falta y le impuso sanciones, como la suspensión de visitas y otros privilegios por 60 días. El Recurrente acudió al Tribunal de Apelaciones para solicitar la revisión y revocación de dicha resolución. Sin embargo, el Tribunal determinó que carecía de jurisdicción para intervenir en el caso. La falta de jurisdicción se debió a que la resolución del Departamento no fue notificada adecuadamente al Recurrente. Una notificación adecuada requiere, entre otras cosas, apercibir a la parte sobre su derecho a solicitar reconsideración o revisión judicial y los términos correspondientes. La notificación enviada por el Departamento carecía de estos apercibimientos legales esenciales. Como resultado de la notificación inadecuada, los términos para recurrir la decisión aún no habían comenzado a transcurrir. Por lo tanto, el recurso de revisión judicial presentado por Resto Pagán fue considerado prematuro. El Tribunal desestimó el recurso por falta de jurisdicción, imputable a la inobservancia del Departamento de Corrección y Rehabilitación en el proceso de notificación.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico consideró una revisión judicial presentada por Standard Refrigeration Co. Inc. La empresa solicitaba revocar la adjudicación de la subasta del Proyecto AEP-1110, relativo al reemplazo de torres de enfriamiento en el Edificio de la Superintendencia de la Policía, que fue otorgada a Jayvee Air Conditioning and General Contractor, Inc. Standard Refrigeration impugnaba la adjudicación y alegaba errores en el proceso. El tribunal procedió a examinar su jurisdicción como paso fundamental. Se señaló que la adjudicación fue notificada con un apercibimiento sobre el derecho a apelar ante la Junta de Revisión y Apelación de Subastas de la agencia. El Tribunal de Apelaciones resolvió desestimar el recurso. La desestimación se basó en la falta de jurisdicción. Se determinó que el recurso era prematuro, indicando que no se habían agotado los procedimientos administrativos internos de la Autoridad de Edificios Públicos.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre un recurso de certiorari presentado por Quality Health Services (QHS). QHS buscaba revisar una determinación del Tribunal de Primera Instancia relativa a costas y honorarios de abogado. La parte recurrida solicitó la desestimación del recurso. Argumentó que QHS había presentado una moción de reconsideración ante el foro primario que aún no había sido resuelta. La presentación de una moción de reconsideración interrumpe el término para solicitar revisión apelativa. El Tribunal de Apelaciones examinó los argumentos y documentos. Determinó que el recurso de certiorari fue presentado prematuramente. Concluyó que un recurso prematuro adolece de falta de jurisdicción. Por consiguiente, el Tribunal de Apelaciones desestimó el recurso de certiorari.

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Procedimiento de revisión judicial ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. Carmelo Ramos Soto, confinado, impugna una resolución del Departamento de Corrección y Rehabilitación. Dicha resolución lo encontró incurso en violación al código disciplinario 215 por interferir con un recuento el 22 de julio de 2020. Se le impuso una sanción de amonestación, desestimándose otros cargos imputados. El recurrente alega que el procedimiento disciplinario fue irrazonable e ilegal. Argumenta que fue removido de su trabajo antes de la vista y que el Oficial de Querellas actuó impropiamente también como Investigador de Vistas. El Tribunal procede a resolver el recurso sin requerir trámites adicionales.

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Comparece ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico la Unión General de Trabajadores (UGT) mediante recurso de certiorari. Solicita la revisión de una Sentencia emitida por el Tribunal de Primera Instancia (TPI) de San Juan. La Sentencia del TPI revocó un laudo de arbitraje del Negociado de Conciliación y Arbitraje. Dicho laudo había dejado sin efecto una suspensión de empleo y sueldo de treinta días impuesta por la Corporación Centro Cardiovascular (CCCPRC) a la empleada Evelyn Pagán Altieri. La suspensión se fundamentó en alegadas faltas al reglamento disciplinario, basadas en una querella de una paciente. El TPI determinó que la suspensión procedía y confirmó la acción disciplinaria del CCCPRC, ordenando el archivo de la querella arbitral. La UGT recurrió la decisión del TPI ante el Tribunal de Apelaciones. El Tribunal de Apelaciones, por los fundamentos que expondrá, procede a confirmar la sentencia recurrida del TPI. Esto valida la decisión del TPI de revocar el laudo arbitral y confirmar la suspensión de la empleada.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisando una Sentencia Parcial del Tribunal de Primera Instancia, Sala de Ponce. El recurso fue interpuesto por John Rodríguez Camacho y Yahaira Santiago Quiñones. La sentencia apelada desestimó, con perjuicio, la demanda original y la demanda contra coparte presentadas contra el Departamento de la Vivienda y el Estado Libre Asociado de Puerto Rico. La demanda original fue instada por Carmen Trinidad Santiago Negrón, quien impugnó la adjudicación de un derecho de usufructo por parte del Departamento de la Vivienda a los apelantes sobre una propiedad que ella alegaba poseer. Santiago Negrón reclamó daños y perjuicios tras la demolición de la estructura. Los apelantes, en su defensa, negaron la titularidad de Santiago Negrón sobre la parcela, afirmando que el Departamento de la Vivienda era el propietario y que ellos adquirieron válidamente el usufructo. Argumentaron además que la estructura estaba abandonada e inhabitable. El Tribunal de Primera Instancia acogió las mociones de desestimación del ELA/Departamento de la Vivienda. La apelación busca revocar dicha desestimación.

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Se presenta un recurso de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. Damarys Ayala Pérez impugna una resolución del Tribunal de Primera Instancia (TPI) en un caso de custodia de su hija menor con Milton David Roque García. El TPI había permitido previamente que la menor visitara a la madre en Texas durante periodos específicos, manteniendo la custodia el padre en Puerto Rico. Durante una visita en Texas, la madre alegó que la menor reportó posible abuso sexual en Puerto Rico y presentó problemas de salud, solicitando custodia temporera. El TPI ordenó inicialmente el regreso de la menor e inició una investigación. Tras evaluar informes médicos de Texas que detallaban las alegaciones y condición de la menor, el TPI concedió custodia provisional al Departamento de la Familia. Mediante la resolución recurrida, el TPI ordenó al Departamento de la Familia buscar a la menor en Texas y trasladarla a Puerto Rico. La peticionaria solicitó la revisión de esta orden. El Tribunal de Apelaciones revisó los antecedentes procesales y los fundamentos del TPI. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones denegó la expedición del recurso de certiorari.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre la apelación presentada por Yashira López Vega. La apelación impugna una decisión del Tribunal de Primera Instancia de Aguadilla relativa a la custodia y relocalización de su hija menor de edad. El foro primario denegó la solicitud de la madre para trasladarse con la menor al estado de la Florida. Dictaminó que la menor debía permanecer en Puerto Rico bajo la custodia compartida de ambos padres. Además, resolvió que si la madre optaba por relocalizarse, la custodia pasaría a ser monoparental del padre, Rafael A. Díaz Boria, con amplias relaciones materno filiales. El caso se inició en 2015 con una solicitud de custodia compartida por parte del padre, resultando en una estipulación aprobada judicialmente. La controversia sobre la relocalización surgió en 2016, llevando a una orden judicial que prohibió la salida de la menor sin consentimiento o autorización. La madre formalizó su solicitud de traslado en 2017, a la cual el padre se opuso solicitando la custodia exclusiva. Tras evaluar el recurso, el Tribunal de Apelaciones procede a confirmar la sentencia apelada.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre un recurso de revisión administrativa presentado por un confinado contra el Departamento de Corrección y Rehabilitación. El recurrente alega no recibir toda su medicación y que la agencia se demora en responder a sus remedios administrativos. Aunque afirma haber agotado los recursos, también menciona retrasos en la respuesta de la agencia. El tribunal examina el recurso a la luz de la doctrina del agotamiento de remedios administrativos. Esta doctrina exige que se completen todos los procedimientos administrativos disponibles antes de acudir a la vía judicial. Su propósito es permitir que la agencia resuelva el asunto internamente y prepare un expediente completo. El tribunal determina que el recurso fue presentado prematuramente, ya que el proceso administrativo no había finalizado. Concluye que, al no haberse agotado los remedios administrativos, carece de jurisdicción para atender el caso en este momento. Por tanto, procede la desestimación del recurso.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en el caso KLAN202000867. La apelante, Dolly Eileen Lugo Martínez, recurre contra una decisión de la Junta de Planificación de Puerto Rico. La Junta había denegado su solicitud de cambio de zonificación para una finca clasificada como AR-1, argumentando que la rezonificación no está permitida en dichos distritos y que sus decisiones son cuasilegislativas. Inconforme, la apelante presentó una demanda de revisión judicial ante el Tribunal de Primera Instancia. El Tribunal de Primera Instancia desestimó la demanda por falta de jurisdicción sobre la materia. Concluyó que las funciones de zonificación de la Junta son cuasilegislativas y no están sujetas a revisión judicial en cuanto a sus méritos. La apelante apeló esta desestimación ante el Tribunal de Apelaciones. Tras revisar el recurso, el Tribunal de Apelaciones confirmó la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre una petición de certiorari presentada por Mapfre Praico Insurance Company. Mapfre solicitó revocar la decisión del Tribunal de Primera Instancia que denegó su Moción de Sentencia Sumaria Parcial en un caso de daños y perjuicios. Los demandantes, propietarios de un local comercial, reclaman daños ocurridos en 2018 durante reparaciones del techo y nuevamente en 2019 por un evento atmosférico. Alegan que una póliza de responsabilidad civil de Mapfre con el Consejo de Titulares cubre los daños de 2019. Mapfre argumentó que su póliza, vigente desde finales de 2018, no cubre los daños reclamados, considerándolos previos o continuados. El Tribunal de Primera Instancia denegó la sentencia sumaria al encontrar una controversia de hechos sobre si los daños de 2019 fueron una nueva ocurrencia o continuación de los de 2018. El Tribunal de Apelaciones deniega el auto de certiorari, confirmando la decisión del foro primario de que la controversia no es susceptible de resolución sumaria.

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Comparece ante el Tribunal de Apelaciones un recurso de apelación presentado por Inmobiliaria Canarias CXA Corp. y otros contra Condado 3, LLC. El caso subyacente es un procedimiento de cobro de dinero y ejecución de hipoteca iniciado originalmente por Firstbank Puerto Rico y continuado por Condado 3, LLC como cesionario. Los apelantes impugnan una "Sentencia Enmendada Nunc Pro Tunc" del Tribunal de Primera Instancia de Bayamón. Dicha sentencia enmendada corrigió el precio mínimo de subasta para dos fincas cuya venta había sido ordenada previamente por el foro primario. La deuda reclamada se originó de pagarés hipotecarios suscritos por los apelantes. El Tribunal de Primera Instancia había dictado sentencia inicial ordenando la ejecución y venta de las propiedades hipotecadas. El Tribunal de Apelaciones revisó la corrección del precio mínimo de subasta realizada por el Tribunal de Primera Instancia. Por los fundamentos expuestos, el Tribunal de Apelaciones confirma la sentencia apelada.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisando una decisión de divorcio. El Tribunal de Primera Instancia dictó sentencia en rebeldía, disolviendo el matrimonio y concediendo la custodia y patria potestad exclusiva de la hija menor a la madre. El padre apeló esta determinación, argumentando que el TPI erró al privarle de la patria potestad. Alegó incumplimiento de disposiciones procesales y sustantivas, y que la demanda no contenía hechos que justificaran tal privación. El padre había aceptado la demanda pero no compareció ni contestó, lo que llevó a la rebeldía. Posteriormente, aceptó el divorcio y la custodia, pero objetó la patria potestad exclusiva y la pensión alimentaria. El Tribunal de Apelaciones concluye que el TPI no cometió error de derecho. Determina que el foro primario actuó correctamente en el ejercicio de su discreción al adjudicar la patria potestad a la madre.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa una sentencia del Tribunal de Primera Instancia sobre un caso de daños relacionados con el huracán María. El litigio involucra a un Consejo de Titulares y otros demandantes contra su aseguradora, Multinational Insurance Company. Un punto central de la disputa es la validez de la cesión de derechos sobre la reclamación de seguro que el Consejo de Titulares hizo a un tercero (Attenure) después de ocurrida la pérdida. Esta cesión se realizó para obtener financiamiento para las reparaciones y gestionar el pleito contra la aseguradora. La aseguradora argumentó que la cesión era nula basándose en una cláusula de la póliza que prohíbe la transferencia de derechos sin su consentimiento escrito. El Tribunal de Primera Instancia había resuelto que esta cláusula no aplicaba a cesiones post-pérdida. No obstante, el Tribunal de Apelaciones concluye que la cláusula sí prohíbe claramente la cesión de derechos bajo la póliza sin el consentimiento de la aseguradora, incluso después de ocurrida la pérdida. Además, determina que dicha prohibición contractual no es contraria al orden público. Esta decisión impacta la legitimación activa de las partes cesionarias en el caso.

Resumen:

Resumen:

Este es un caso ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico, Panel III, que revisa una decisión del Tribunal de Primera Instancia, Sala de Bayamón. El recurso, presentado como apelación pero acogido como certiorari, surge de un pleito de cobro de dinero y ejecución de hipoteca. Los peticionarios, Antártica Ice Plant Corp. y otros, solicitan la revisión de una Orden del TPI que denegó su solicitud de nulidad de subasta. La subasta se llevó a cabo para ejecutar una sentencia por estipulación obtenida originalmente por Oriental Bank, y posteriormente cedida a Triangle Reo PR, Corp. Tras la cesión, Triangle fue sustituido como parte demandante y procedió con la ejecución de la hipoteca. Se emitió una orden de ejecución y un mandamiento al Alguacil para la venta en pública subasta de la propiedad hipotecada. Luego de tres subastas declaradas desiertas, Triangle se adjudicó la propiedad. Los peticionarios impugnaron la validez de la subasta, pero el TPI declaró no ha lugar su oposición y denegó la nulidad. El Tribunal de Apelaciones examina ahora la corrección de esa determinación.

Resumen:

Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre un recurso de certiorari presentado por Faustino X. Betancourt Colón. El peticionario impugnaba una resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó su solicitud de desestimación. Dicha solicitud se relacionaba con peticiones de órdenes de protección instadas en su contra al amparo de la Ley 284 (Ley contra el acecho). Las peticiones fueron presentadas por Johnnie López y A&M Contract, Inc., alegando conducta disruptiva del señor Betancourt en las oficinas de A&M. Aparentemente, se expidió una orden ex-parte contra el peticionario. El señor Betancourt planteó varios errores del foro primario en la aplicación de la ley y el procedimiento. El Tribunal de Apelaciones requirió al peticionario cumplir con la Regla 34 de su Reglamento, específicamente proveyendo la dirección postal de la parte recurrida. Se apercibió que el incumplimiento resultaría en la desestimación del recurso. Al no cumplir el peticionario con la orden dentro del término concedido, el Tribunal procede a desestimar el recurso de certiorari.

Resumen:

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Oriental presentó un recurso de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones. Solicitaba dejar sin efecto una determinación del Tribunal de Primera Instancia en un caso de cobro de dinero contra Jade Ann Rivera Bennett. El foro primario había dictado sentencia en rebeldía a favor de la Cooperativa tras la incomparecencia de la recurrida y su abogado a una vista. Posteriormente, la recurrida solicitó reconsideración alegando que su abogado estaba en otra sala. El Tribunal de Primera Instancia, tras notificar la sentencia, declaró Ha Lugar la reconsideración. Dejó sin efecto la sentencia previa y señaló una nueva vista en su fondo. La Cooperativa recurrió en certiorari contra esta última determinación. El Tribunal de Apelaciones, mediante esta Resolución, deniega la expedición del recurso solicitado.

Resumen:

Droguería Betances presentó un recurso de certiorari solicitando la revisión de una Resolución del Tribunal de Primera Instancia. Dicha Resolución hizo extensiva a Droguería una Orden Protectora previamente negociada entre el Gobierno y otras co-demandadas en un litigio sobre distribución de opioides. Inicialmente, la Orden Protectora se aplicó solo a las Distribuidoras, ordenándose a Droguería y al Gobierno negociar términos específicos para aquella. Droguería se opuso a la aplicación de la orden, argumentando que no participó en su negociación, que le resultaba onerosa y que no protegía adecuadamente su información confidencial. Las negociaciones entre Droguería y el Gobierno para acordar medidas de protección fracasaron. Ante la falta de acuerdo, el foro primario emitió la Resolución impugnada, extendiendo la aplicación de la Orden Protectora a Droguería. El recurso de certiorari buscaba dejar sin efecto esta extensión. El panel judicial, tras examinar el recurso, denegó el auto solicitado por Droguería Betances.

Resumen:

Comparecen ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico los apelantes, Adam C. Sinn y varias entidades, solicitando la revocación de una sentencia del Tribunal de Primera Instancia. Dicha sentencia declaró con lugar una moción de sentencia sumaria parcial a favor de Patrick De Man. El Tribunal de Primera Instancia determinó que Patrick De Man era socio en un cincuenta por ciento (50%) de Raiden Commodities LP. El caso original fue presentado por Patrick De Man y su esposa, alegando incumplimiento de contrato y la existencia de un acuerdo para otorgarle una participación societaria. De Man afirmó que para 2014 era socio limitado y titular del 50% de Raiden LP. Los apelantes negaron la existencia de dicho acuerdo y argumentaron que, de existir un acuerdo verbal, este sería ineficaz bajo el derecho de las Islas Vírgenes Estadounidenses por no estar escrito. El Tribunal de Apelaciones, por los fundamentos que expondrá, revoca el dictamen apelado que reconoció a De Man como socio al 50%.

Resumen:

Un panel judicial revisó cuatro determinaciones del Tribunal de Primera Instancia (TPI) favorables a un grupo de empleados contra Starwood Hotels and Resorts Worldwide, Inc. y Sheraton Puerto Rico Management, LLC. Los empleados reclamaban compensación por tiempo de cambio de uniforme, pago de días feriados, y otras violaciones laborales. El TPI emitió sentencias sumarias parciales declarando que Sheraton requería a los empleados cambiarse el uniforme en sus facilidades, haciendo ese tiempo compensable. También determinó que la política de días feriados fue modificada para requerir el pago de todos los feriados sin condición. Sheraton impugnó estas decisiones del TPI mediante recursos de apelación. El panel acogió los recursos como certiorari y los consolidó para su examen. Tras evaluar los argumentos presentados por Sheraton, el panel decidió denegar la expedición del auto solicitado. Esto significa que las determinaciones del TPI que obligan a Sheraton a compensar a los empleados por el tiempo de cambio de uniforme y los días feriados se mantienen en vigor.

Resumen:

Un panel de jueces revisó recursos presentados por Starwood Hotels y Sheraton Puerto Rico Management. Solicitaban la revocación de cuatro determinaciones judiciales del Tribunal de Primera Instancia (TPI) favorables a un grupo de empleados. La querella original de los empleados reclamaba compensación por tiempo de cambio de uniforme, días feriados, periodos de alimentos y trabajo en el séptimo día. El tribunal acogió los recursos como certiorari y los consolidó. Las decisiones impugnadas incluían sentencias sumarias parciales que declararon compensable el tiempo de cambio de uniforme en las facilidades del hotel. También se impugnó una decisión que obligaba al pago de todos los días feriados según una política novada. Tras examinar los recursos, el panel denegó la expedición del auto. Esto implica que las determinaciones del TPI favorables a los empleados se mantuvieron.

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General Machinery Contractors, Inc. (GMC) solicitó al Tribunal de Apelaciones revisar una decisión del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos que confirmó la concesión de beneficios de desempleo a Ninoshka Santana Figueroa. GMC alegó que el Departamento erró al confirmar la determinación sin celebrar una vista, violando su propio reglamento y el debido proceso de ley. El Estado, inicialmente, presentó una moción de desestimación que fue declarada No Ha Lugar. Posteriormente, el Estado reconoció que el Departamento tenía el deber de celebrar una vista para atender la apelación del patrono. El Tribunal examinó el Reglamento para Administrar el Programa de Seguro por Desempleo. Conforme al reglamento, el Departamento debe celebrar una audiencia bajo las mismas disposiciones que rigen los procedimientos ante el Negociado. El Tribunal concluyó que el Departamento incumplió con su deber reglamentario al no celebrar la vista. Por los fundamentos expuestos, se revocó la decisión del Departamento. Se ordenó la celebración de una vista para atender la apelación de GMC.

Resumen:

Un panel de jueces revisó las solicitudes de Starwood Hotels y Sheraton Puerto Rico para revocar cuatro determinaciones judiciales del Tribunal de Primera Instancia (TPI). Estas determinaciones surgieron de una querella presentada por empleados contra Sheraton reclamando compensación por tiempo de cambio de uniforme, pago de días feriados, y otras violaciones laborales. El TPI emitió sentencias sumarias parciales favorables a los empleados, declarando compensable el tiempo de cambio de uniforme y obligando al pago de días feriados según una política novada. Inconformes, los peticionarios (Sheraton) presentaron cuatro recursos de apelación impugnando estos dictámenes. El panel acogió los recursos como certiorari, los consolidó y, tras examinarlos, denegó la expedición del auto. Esta resolución confirma las decisiones del TPI a favor de los empleados en cuanto a la compensación por el tiempo de cambio de uniforme y el pago de días feriados.

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Comparecen Bautista REO PR Corp. y Capital Crossing Puerto Rico LLC mediante recurso de revisión judicial. Solicitan la revocación de una Orden emitida por el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACo). Dicha Orden declaró No Ha Lugar una Moción de Desestimación presentada por los recurrentes en el procedimiento administrativo. El caso original es una querella de 2012 presentada por un consumidor contra desarrolladores y Doral Bank por alegados anuncios engañosos. Doral Bank fue posteriormente sustituido por la FDIC, y la querella contra la FDIC fue desestimada con perjuicio en 2016. En 2019, el consumidor enmendó la querella para incluir a Bautista y CCPR, alegando que adquirieron el préstamo de construcción de Doral. Bautista y CCPR presentaron una moción de desestimación que el DACo denegó. El recurso de revisión busca revertir esa denegatoria. Tras examinar el recurso y el derecho aplicable, el panel judicial procede a revocar la Orden recurrida del DACo.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en un recurso de revisión judicial presentado por la Asociación de Detallistas de Gasolina (ADG). La ADG impugna una resolución de la División de Revisiones Administrativas (DRA) de la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe). La resolución de la DRA había revocado una determinación previa de la OGPe. Originalmente, la OGPe denegó una solicitud de consulta de ubicación para un proyecto de estación de gasolina y tienda de conveniencia en Morovis. Los solicitantes del proyecto apelaron la denegatoria de la OGPe ante la DRA. La DRA, tras una vista, declaró Ha Lugar la revisión administrativa y autorizó el proyecto. La ADG, que fue notificada por la OGPe pero no intervino formalmente en la revisión administrativa, apeló la decisión de la DRA ante el Tribunal de Apelaciones. Los recurridos solicitaron la desestimación del recurso de la ADG. El Tribunal de Apelaciones examinó el caso. La corte decide desestimar el recurso de revisión judicial presentado por la ADG por falta de jurisdicción.

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El Tribunal de Apelaciones revisa la denegatoria del Tribunal de Primera Instancia a una solicitud de continuación de ejecución de sentencia. La sentencia original de 2004 condenó a Ángel M. Laureano Carrasquillo a pagar a Firstbank Puerto Rico \$72,523.44 más intereses por cobro de dinero. Tras intentos parciales de ejecución, incluyendo la venta de bienes y el retiro de fondos, Firstbank solicitó en 2020 continuar los procedimientos para satisfacer el balance adeudado. El Tribunal de Primera Instancia denegó esta solicitud, lo que motivó el recurso de certiorari. Firstbank alegó que la sala primaria erró al no autorizar la continuación de la ejecución. El Tribunal de Apelaciones expide el auto solicitado. En consecuencia, se revoca la resolución recurrida del Tribunal de Primera Instancia. Esta decisión permite a Firstbank proseguir con los trámites para ejecutar la sentencia de cobro de dinero.

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Diana M. Meléndez Yepes solicitó al Tribunal de Apelaciones la revocación de una resolución del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACo). Dicha resolución declaró sin lugar su querella contra Automobili Corp. d/b/a Avilés Auto y otros. La querella se originó por la compra de un vehículo Hyundai Tucson en septiembre de 2018. La recurrente alegó vicios en el consentimiento y fallas en el vehículo supuestamente causadas por un choque previo a la compra. Solicitó la resolución del contrato, reembolso de pagos, relevo del financiamiento y daños. El DACo celebró una vista administrativa y evaluó la prueba presentada por las partes. La agencia concluyó que el impacto que afectó el vehículo ocurrió con posterioridad a la fecha de compra. Determinó que el choque tuvo lugar entre diciembre de 2018 y enero de 2019, invalidando la garantía. Por tanto, el DACo denegó los remedios solicitados por la querellante. El Tribunal de Apelaciones, tras revisar el caso, procedió a confirmar la resolución emitida por el DACo.

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Este documento es una Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en el caso de Pedro Simón Rodríguez Reyes contra Barreto Holding Company, LLC H/N/C Supermercados Econo. El caso trata sobre una reclamación de despido injustificado al amparo de la Ley 80. El Tribunal de Primera Instancia había declarado Ha Lugar la reclamación del empleado, ordenando el pago de mesada por \$38,448.00, honorarios de abogado por \$9,612.00 y costas. La empresa apeló esta decisión ante el Tribunal de Apelaciones. Tras examinar los escritos y el derecho aplicable, el Tribunal de Apelaciones resolvió modificar la Sentencia apelada. La modificación se limitó a reducir la cuantía impuesta por concepto de honorarios de abogado de \$9,612.00 a \$5,767.20. Con esta única modificación, el Tribunal de Apelaciones confirmó la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia. El empleado había laborado por 21 años en la posición de Mantenimiento.

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Este es un dictamen del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico relativo a una disputa de marcas. Supermercados Selectos, Inc. apela una sentencia de primera instancia que le ordenó cesar el uso de "The Cut by Selectos" para la venta de carnes. El foro primario determinó que dicha marca infringía los derechos de Butcher Shop Inc. y Gabriel Manzanares sobre su marca "CUT" y el negocio "CUT Butcher Shop". Supermercados Selectos había solicitado inicialmente una sentencia declaratoria afirmando que su marca no causaba confusión. Butcher Shop Inc. reconvino, alegando infracción bajo la Ley de Marcas de Puerto Rico y solicitando interdictos, argumentando confusión real y daños irreparables. Supermercados Selectos sostuvo que sus marcas eran disímiles y fuertes, mientras que la marca de la parte apelada era débil y descriptiva. El caso implica la aplicación de la Ley de Marcas para determinar la probabilidad de confusión entre las designaciones. Las partes han estipulado ciertos hechos sobre la historia y registro marcario de Supermercados Selectos. El Tribunal de Apelaciones revisa la decisión apelada basándose en estos argumentos y hechos.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en el caso de Luis Hernández contra MAPFRE Insurance Company. El apelante recurre una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó su demanda por incumplimiento de contrato y daños tras el Huracán María. El foro primario acogió una moción de sentencia sumaria presentada por MAPFRE, determinando que un pago realizado al asegurado constituía un "pago en finiquito". El señor Hernández había demandado a la aseguradora alegando que no le proveyeron una compensación justa por los daños a su residencia y actuaron de mala fe. MAPFRE argumentó que el cheque emitido y cobrado por el apelante extinguió la obligación contractual bajo la figura del pago en finiquito. El apelante se opuso, indicando que el pago no fue presentado como final y era insuficiente. El Tribunal de Apelaciones, tras revisar los fundamentos, revoca la sentencia apelada. Esto implica que el caso no debió ser desestimado sumariamente y probablemente regresará al Tribunal de Primera Instancia para continuar los procedimientos.