Casos del Tribunal de Apelaciones (Página 162)

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa la revocación de las licencias de armas del Sr. William Pérez Padilla por parte del Negociado de la Policía. La revocación inicial se basó en la existencia de una orden de acecho vigente contra el recurrente. Tras solicitar una vista administrativa, el Sr. Pérez Padilla y su representación legal no comparecieron a la fecha señalada. El Negociado de la Policía, basándose en la incomparecencia, declaró No Ha Lugar la solicitud de vista y confirmó la revocación de las licencias. El recurrente apeló ante el Tribunal de Apelaciones, alegando que la agencia debió celebrar la vista en su ausencia y cuestionando la normativa aplicable. El Tribunal de Apelaciones examinó los fundamentos del caso. Finalmente, el Tribunal confirmó la determinación del Negociado de la Policía.

Resumen:

Un miembro de la población penal solicitó revisión judicial contra el Departamento de Corrección y Rehabilitación. El recurrente buscaba ser restituido en su empleo en el área de cocina, del cual fue removido tras un incidente sin que se le presentara querella formal. Alegó que intentó presentar un remedio administrativo ante la agencia, pero este fue rechazado por tener demasiados anejos. Ante la negativa, acudió directamente al Tribunal de Apelaciones en revisión judicial. El Tribunal analizó su jurisdicción para atender el recurso. Concluyó que carecía de jurisdicción para revisar la controversia. La revisión judicial de decisiones administrativas requiere una orden o resolución final de la agencia y el agotamiento de los remedios administrativos. Dado que el remedio administrativo del recurrente fue rechazado y no hubo una decisión final de la agencia, no se cumplieron los requisitos jurisdiccionales. Por tanto, el Tribunal desestimó el recurso por falta de jurisdicción.

Resumen:

Ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico, Samuel Patrick Wolanyk apeló la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó su demanda contra el Estado Libre Asociado y la Gobernadora. El apelante había solicitado un injunction preliminar y permanente y sentencia declaratoria para impugnar las Órdenes Ejecutivas OE-2020-023 y OE-2020-033. Alegó que dichas Órdenes, que impusieron toque de queda y cierres, violaban sus derechos constitucionales a la libertad de palabra, reunión, propiedad y debido proceso de ley. Sostuvo que el Gobernador carecía de poder para decretar un toque de queda y que las Órdenes eran vagas y excesivamente amplias. El apelante también detalló cómo las restricciones afectaron sus propiedades de alquiler, una construcción, su capacidad para practicar surf y reunirse con familiares. El ELA solicitó la desestimación por diversas razones, incluyendo falta de jurisdicción, legitimación activa, academicidad y requisitos del injunction. El apelante se opuso a la desestimación, argumentando que las secciones impugnadas seguían vigentes y que la violación de derechos constitucionales constituía daño irreparable. El Tribunal de Apelaciones modificó la Sentencia apelada y, así modificada, la confirmó.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones resuelve un recurso de certiorari presentado en un pleito sobre accesión. Los peticionarios impugnan la denegatoria del Tribunal de Primera Instancia a su solicitud para presentar prueba pericial. El foro primario basó su decisión en el incumplimiento reiterado de los peticionarios con las órdenes sobre el informe pericial. Tras múltiples oportunidades, los peticionarios informaron que no usarían perito, dando por concluido el descubrimiento de prueba. Posteriormente, solicitaron presentar dicha prueba, lo cual fue denegado por el Tribunal de Primera Instancia. Los peticionarios argumentaron error en la denegatoria ante el Tribunal de Apelaciones. Este Tribunal revisó el expediente y la actuación del foro primario. Concluyó que el Tribunal de Primera Instancia actuó dentro de su discreción al denegar la prueba pericial en esa etapa procesal avanzada. La decisión no constituyó abuso de discreción, prejuicio o error manifiesto. Por tanto, el Tribunal de Apelaciones denegó el recurso de certiorari.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones revisa mediante certiorari una resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó una solicitud bajo la Regla 192.1 de Procedimiento Criminal presentada por Eliezer Rolón Pagán. Dicha solicitud impugnaba la evidencia utilizada en una vista previa donde se revocó su sentencia suspendida. Rolón Pagán había recibido una sentencia fraccionada en 2013, obteniendo los beneficios de probatoria en 2015. En 2018, el Ministerio Público solicitó la revocación de la probatoria alegando violación de condiciones y comisión de nuevos delitos. El Tribunal de Primera Instancia revocó la sentencia suspendida, determinación que fue confirmada por el Tribunal de Apelaciones y el Tribunal Supremo denegó la revisión. Posteriormente, Rolón Pagán presentó la solicitud bajo la Regla 192.1 cuestionando testimonios de la vista de revocación, la cual fue denegada por el Tribunal de Primera Instancia. En esta sentencia, el Tribunal de Apelaciones expide el auto de certiorari y revoca la determinación recurrida del Tribunal de Primera Instancia.

Resumen:

Gustavo Valentín Ayala apeló una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que le privó de la patria potestad sobre sus hijos. La apelada, Patricia Nicole Heredia Reyes, informó al Tribunal de Apelaciones que no había sido notificada del recurso. El Tribunal ordenó al apelante mostrar causa por la falta de notificación, pero este no cumplió con la orden ni justificó su omisión. El Reglamento del Tribunal de Apelaciones y la jurisprudencia del Tribunal Supremo exigen la notificación del recurso apelativo a las partes como requisito jurisdiccional. El incumplimiento de este requisito, sin justa causa, priva al tribunal de jurisdicción para atender el recurso en sus méritos. La falta de notificación no es una mera formalidad, sino parte integral del debido proceso de ley. Dado que el apelante no notificó el recurso ni justificó su incumplimiento, el Tribunal de Apelaciones carece de jurisdicción. Por consiguiente, el recurso apelativo no puede ser atendido.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia sobre apelaciones consolidadas. El caso de daños y perjuicios fue instado por Roberto Pérez Díaz contra Metropolitan Lumber & Hardware (National Lumber \& Hardware). Pérez Díaz demandó tras sufrir una caída en la tienda, alegando negligencia por un objeto en el suelo. El Tribunal de Primera Instancia encontró a National Lumber \& Hardware responsable. La sentencia de primera instancia condenó a la empresa a pagar daños físicos, mentales, gastos médicos, costas e intereses. Ambas partes apelaron el dictamen original. El Tribunal de Apelaciones revisó las apelaciones. La corte modificó la sentencia apelada. La modificación consistió en eliminar la partida de \$8,400.00 concedida por reembolso de gastos médicos. Así modificada, la sentencia del Tribunal de Primera Instancia fue confirmada.

Resumen:

Mercedes Rivera González instó un recurso de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones para revisar una resolución del Tribunal de Primera Instancia de Utuado. Dicha resolución denegó varias peticiones de la señora Rivera González relacionadas con el desglose de documentos, la inferencia de prueba adversa y la eliminación de defensas afirmativas en un caso de despido injustificado contra Baxter Healthcare of Puerto Rico. El Tribunal de Apelaciones concedió un término a la parte recurrida para oponerse al recurso. Posteriormente, la peticionaria presentó un escrito informando que las partes habían llegado a un acuerdo transaccional. En virtud de dicho acuerdo, solicitó el desistimiento del recurso con perjuicio. El Tribunal de Apelaciones consideró que, al haberse resuelto las controversias mediante el acuerdo, el recurso había devenido académico. Por tanto, en aplicación de la Regla 83(C) de su reglamento, ordenó la desestimación del certiorari.

Resumen:

Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. Atiende una petición de revisión, acogida como Certiorari, presentada por CRO Solutions Group, Smart Integrated Engineering Solutions, y varios individuos. Los peticionarios impugnan una Sentencia Parcial y una Resolución emitidas por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Caguas. La Sentencia Parcial denegó una solicitud de desestimación contra la prueba de los peticionarios y concedió un interdicto preliminar a favor de Invision Engineering Corp. La Resolución denegó una solicitud de recusación contra la jueza de instancia. El caso subyacente fue iniciado por Invision Engineering Corp. por alegada apropiación indebida de secretos comerciales, incumplimiento de contrato y daños. Invision solicitó interdicto preliminar y permanente, y el foro primario emitió previamente una orden de entredicho provisional. El Tribunal de Apelaciones reclasificó el recurso como Certiorari al determinar que la Sentencia Parcial recurrida es una resolución interlocutoria. La resolución del Tribunal de Apelaciones fue emitida el 29 de enero de 2021.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resolviendo un recurso presentado por Jesús Miranda Ramírez. El apelante impugnó las determinaciones de culpabilidad y la denegatoria de una moción de supresión de evidencia dictadas por el Tribunal de Primera Instancia. Los casos involucran cargos por violación a la Ley de Armas (portación ilegal de arma y municiones) y al Código Penal (recibo de bienes hurtados). El Tribunal de Primera Instancia denegó la supresión al encontrar motivos fundados para la intervención policial basados en testimonios. La sentencia resume la prueba desfilada en juicio, incluyendo el testimonio de la víctima de un escalamiento previo cuya arma fue recuperada y el del agente que intervino con el apelante. El Tribunal de Apelaciones, tras revisar los fundamentos, confirma los dictámenes recurridos del Tribunal de Primera Instancia.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en revisión administrativa de una decisión de la Comisión Apelativa del Servicio Público (CASP). La recurrente, Reina Coreano Sierra, impugnó la desestimación de su reclamo contra el Municipio de Carolina por aumentos salariales adeudados por años de servicio. La señora Coreano alegó que no recibía aumentos desde 2008 y reclamaba los correspondientes a 2013 y 2018 bajo la Ley de Municipios Autónomos. La CASP desestimó el reclamo al concluir que la apelación presentada ante esa agencia fue tardía. La recurrente argumentó ante el Tribunal de Apelaciones que la CASP erró al determinar que carecía de jurisdicción. El Tribunal examinó el caso, considerando la naturaleza improrrogable de los términos jurisdiccionales para apelar ante la CASP. A pesar de deficiencias en la documentación presentada, el Tribunal confirmó la resolución de la CASP. La desestimación se sostuvo porque la apelación administrativa no se presentó dentro del término jurisdiccional de treinta días.

Resumen:

Desarrollos Universitarios demandó a la UPR por incumplimiento de un contrato de administración y falta de pago, reclamando una deuda significativa. La UPR solicitó la desestimación de la demanda, argumentando que Desarrollos no alegó la presentación de los contratos y sus enmiendas ante la Oficina del Contralor, lo cual, según la UPR, impedía la reclamación de pagos. Desarrollos se opuso, afirmando que los contratos originales sí fueron presentados y que la falta de presentación de enmiendas no invalidaba la reclamación. En una vista, las partes admitieron que los contratos iniciales fueron registrados ante el Contralor, pero no sus enmiendas. El Tribunal de Primera Instancia (TPI) denegó la moción de desestimación. El TPI concluyó que la demanda alegaba hechos suficientes y que la jurisprudencia permite subsanar la falta de remisión de contratos al Contralor sin que ello implique nulidad. Insatisfecha, la UPR presentó un recurso de Certiorari contra la decisión del TPI.

Resumen:

Apelación ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de daños. Los apelantes demandaron a MAPFRE Praico Insurance Company por incumplimiento de contrato y prácticas desleales en el ajuste de una reclamación por daños del Huracán María. Alegaron que la aseguradora actuó de mala fe y obtuvo un consentimiento viciado al momento del pago. MAPFRE solicitó la desestimación de la demanda basándose en la defensa de pago en finiquito, ya que los apelantes habían aceptado y cobrado un cheque. El Tribunal de Primera Instancia declaró ha lugar la solicitud de desestimación y/o sentencia sumaria, desestimando la demanda con perjuicio. Los apelantes recurrieron, argumentando que la defensa de pago en finiquito no aplicaba debido a la mala fe de la aseguradora y el consentimiento viciado. Presentaron evidencia que, según ellos, demostraba que el cobro del cheque no impedía reclamaciones adicionales o reconsideraciones según las políticas de la aseguradora. El Tribunal de Apelaciones revisó los argumentos y el expediente del caso. Por los fundamentos expuestos, el Tribunal de Apelaciones confirmó la Sentencia apelada. Esto valida la desestimación de la demanda basada en la figura del pago en finiquito.

Resumen:

Comparece la Sra. Vilma Rodríguez González apelando una Sentencia Sumaria que desestimó su demanda contra Antilles Insurance Company. La apelante demandó a Antilles por incumplimiento de contrato y mala fe tras la denegación de su reclamación por daños del Huracán María. Antilles denegó la reclamación y declaró nula la póliza, alegando que la apelante realizó declaraciones falsas sobre la descripción de la propiedad asegurada. La póliza describía la propiedad como una estructura de 2 plantas construida en concreto, pero una inspección reveló que el techo de la segunda planta era de madera y zinc. Antilles presentó una Moción de Sentencia Sumaria argumentando que la declaración falsa anulaba la póliza según sus términos. La apelante se opuso, alegando hechos materiales en controversia. El Tribunal de Primera Instancia declaró con lugar la moción, determinando que la descripción falsa y la cláusula de nulidad eran hechos no controvertidos. Basado en esto, desestimó la demanda. Este panel confirma la Sentencia Sumaria apelada.

Resumen:

Resumen:

Un juicio del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico atiende una Petición de Certiorari presentada por Carlos Rodríguez Rosario contra Res-Care, Inc. El peticionario solicita la revocación de una Orden del Tribunal de Primera Instancia que le impuso una sanción económica y declaró No Ha Lugar una moción suplementaria. El caso original es una querella por despido injustificado y represalias. Durante el proceso, el peticionario solicitó un desistimiento voluntario, alegando que un acuerdo de arbitraje compulsorio requería que la disputa se resolviera en arbitraje. Argumentó que advino en conocimiento de dicho acuerdo recientemente. La parte recurrida se opuso, indicando que sus respuestas de descubrimiento señalaban que el peticionario no había firmado un acuerdo de arbitraje. El tribunal primario ordenó al peticionario proveer el acuerdo y explicar cómo supo de él, bajo apercibimiento de sanción. El peticionario presentó copias de acuerdos firmados por otros empleados, sosteniendo que el acuerdo aplicaba a él por su relación de empleo. La Orden recurrida en Certiorari es la que impuso la sanción y denegó su moción.

Resumen:

Resumen:

Una parte solicitó en el Tribunal de Primera Instancia (TPI) que se dejara sin efecto una orden de embargo sobre una cuenta bancaria. Alegó que la cuenta es restringida, contiene fondos legislativos designados para un propósito específico y, por tanto, no es embargable. El TPI declaró no ha lugar la moción presentada por la peticionaria. Inconforme con esta determinación, la peticionaria presentó una Solicitud de Certiorari ante el Tribunal de Apelaciones. Alega que el TPI erró al no reconocer que la cuenta donde se pretende realizar el embargo es restringida y contiene fondos de donativos legislativos. El recurrido no presentó alegato en oposición a la expedición del auto en el término establecido. El recurso está perfeccionado y listo para la adjudicación por el Tribunal de Apelaciones. Se explica que el auto de certiorari es un vehículo procesal extraordinario y discrecional para corregir errores de derecho de tribunales inferiores.

Resumen:

El caso se inició como un desahucio sumario por falta de pago y cobro de dinero. El foro de primera instancia convirtió el procedimiento a ordinario y ordenó a la parte recurrida consignar los cánones adeudados. La parte peticionaria presentó una moción de reconsideración, la cual fue denegada. Inconforme, la parte peticionaria acudió en certiorari ante el Tribunal de Apelaciones. La parte peticionaria alega que el foro primario erró al convertir el procedimiento a ordinario y al no declarar con lugar la petición de desahucio. El Tribunal de Apelaciones examina el recurso como un certiorari, conforme a la Regla 52.2(b) de Procedimiento Civil. Se discute la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, que rige la revisión mediante certiorari de resoluciones interlocutorias del Tribunal de Primera Instancia. Esta regla limita la disponibilidad del certiorari a circunstancias específicas, como denegatorias de mociones dispositivas o situaciones de interés público o fracaso irremediable de la justicia.

Resumen:

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en el caso KLAN202000329. El apelante, Francisco Valdés Pérez, solicitó la revisión de una Sentencia Parcial del Tribunal de Primera Instancia de Caguas que desestimó su demanda de cobro de dinero. El Tribunal de Apelaciones desestimó el recurso de apelación por falta de jurisdicción. La Sentencia Parcial del TPI fue notificada el 19 de julio de 2019, y el recurso de apelación se presentó el 26 de junio de 2020. Las reglas procesales establecen un término jurisdiccional de 30 días para apelar una sentencia. Los apelados argumentaron que el recurso fue presentado tardíamente y que incumplía con múltiples requisitos reglamentarios. También señalaron que el apelante tiene un historial de litigación frívola contra ellos. El Tribunal de Apelaciones concluyó que el recurso fue presentado fuera del término jurisdiccional, lo que impedía ejercer su facultad revisora.

Resumen:

Comparece ante el Tribunal de Apelaciones un recurso de certiorari presentado por Frank Stipes García. El recurso busca revocar una orden del Tribunal de Primera Instancia que denegó su solicitud para ser desestimado o eliminado como parte en un caso laboral. La querella original fue presentada por Raquel Miranda Centeno, quien alegó despido injustificado y violaciones a leyes laborales por su trabajo como cuidadora, nombrando a varios querellados, incluyendo al peticionario. Frank Stipes García argumentó que nunca fue el patrono de la querellante y que la acción en su contra debía ser desestimada. Tras la negativa del foro primario a desestimarlo, presentó el certiorari, cuestionando la decisión sin una vista evidenciaria sobre la relación patronal. La querellante, por su parte, solicitó la desestimación del recurso de certiorari. Alegó que la revisión de resoluciones interlocutorias es improcedente en el trámite sumario laboral bajo la Ley Núm. 2, citando jurisprudencia del Tribunal Supremo. El Tribunal de Apelaciones evalúa ahora la procedencia de este recurso a la luz de los argumentos presentados por ambas partes.

Resumen:

Esta resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico atiende una petición de certiorari presentada por la Sucesión Jorge Martínez Rodríguez. Los peticionarios buscaban revocar dos determinaciones del Tribunal de Primera Instancia en un caso de impugnación de testamento iniciado por Zulma Iris Martínez Torres contra la sucesión de su padre. El foro primario había denegado la solicitud de desestimación de los peticionarios y su moción sobre la inclusión de partes indispensables (los hijos de la demandante). Zulma Iris impugna el testamento de su padre, alegando que fue desheredada indebidamente por casarse sin su permiso y por supuesto maltrato, mientras describe un historial de abuso por parte de su padre. El Tribunal de Apelaciones deliberó sobre los méritos del recurso. El Tribunal concluyó no expedir el auto de certiorari solicitado. Por consiguiente, también denegó la moción en auxilio de jurisdicción. La resolución abunda en los fundamentos de la denegatoria, aunque no es un requisito legal, para clarificar la base de su determinación.

Resumen:

Se describe un litigio judicial para ejecutar una resolución administrativa de OMA a favor del señor Santos por reclamos laborales. La resolución ordenó el pago de \$12,046.96 por despido injustificado, horas extras y período de alimentos. Los apelantes (empleadores) solicitaron ante OMA el relevo de la resolución, alegando violación al debido proceso por falta de notificación de la vista administrativa. OMA no atendió la solicitud de relevo de los apelantes. Expirado el término para revisión judicial, el señor Santos demandó la ejecución de la resolución ante el Tribunal de Primera Instancia. Los apelantes contestaron la demanda, negando la firmeza de la resolución y alegando que la cantidad no era líquida debido a su solicitud de relevo pendiente ante OMA. Sostuvieron que la resolución era nula por no haber sido notificados de la vista administrativa. Solicitaron la desestimación del pleito, reiterando la nulidad de la resolución y la pendencia de procedimientos administrativos. El señor Santos replicó, afirmando que la resolución era final y firme al no haber sido recurrida judicialmente a tiempo por los apelantes.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa una Resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó una solicitud de sentencia sumaria presentada por Mapfre Pan American Insurance Company. El caso se origina en una demanda de Virgen María Núñez Cotto contra Mapfre por incumplimiento contractual relacionado con daños causados por el huracán María. Mapfre pagó a la señora Núñez \$1,604.56 y argumentó que el endoso y cobro del cheque constituía un pago en finiquito que extinguía la reclamación. La señora Núñez se opuso, alegando que el ajuste fue inadecuado, su consentimiento estuvo viciado y entendió el pago como parcial o un adelanto, especialmente porque se le informó que podía solicitar reconsideración. El foro primario determinó que existía controversia sobre si la señora Núñez aceptó el pago como liquidación total o parcial. Razonó que el lenguaje de Mapfre sobre la reconsideración sugería que la reclamación no estaba necesariamente cerrada. Además, señaló que Mapfre no abordó en su moción las alegaciones de la demanda sobre la inadecuación del ajuste según el Código de Seguros. Por tanto, el Tribunal de Primera Instancia concluyó que no podía resolver sumariamente si las obligaciones contractuales se habían extinguido. Mapfre solicitó la revisión de esta determinación.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en apelaciones consolidadas presentadas por Roberto Pérez Díaz y Metropolitan Lumber \& Hardware, Inc. El caso original de daños y perjuicios surgió de un incidente en el que el señor Pérez resbaló y cayó en una tienda National Lumber \& Hardware. El Tribunal de Primera Instancia encontró a National Lumber \& Hardware responsable y le ordenó pagar indemnización por daños físicos, mentales, gastos médicos, costas e intereses. Ambas partes apelaron esta decisión. El Tribunal de Apelaciones revisó el dictamen. Resolvió modificar la sentencia apelada. La modificación consistió en eliminar la partida de \$8,400.00 concedida por reembolso de gastos médicos. Con esta única modificación, el Tribunal de Apelaciones confirmó el resto de la sentencia original.

Resumen:

José Santiago Avilés presentó un escrito ante el Tribunal de Apelaciones alegando irregularidades en su hoja de sentencia y solicitando bonificaciones conforme a la Ley 87. El Tribunal revisó el escrito para determinar si procedía la revisión judicial. Se encontró que el documento carecía de la resolución administrativa recurrida y de cualquier otro documento relacionado con el trámite administrativo. El señor Santiago tampoco identificó ni discutió los supuestos errores cometidos por la administración, presentando solo alegaciones conclusorias. El Tribunal determinó que el escrito era impreciso, escueto y sin corroboración documental, impidiendo el ejercicio de su función judicial. Se recordó que la comparecencia por derecho propio no exime del cumplimiento con el Reglamento del Tribunal. Por los fundamentos expuestos, el Tribunal desestimó el escrito por no haberse presentado con la diligencia requerida. Se ordenó notificar la decisión al Secretario del Departamento de Corrección y Rehabilitación para que entregue copia al confinado y al Procurador General.

Resumen:

Puerto Rico Asphalt, LLC (PR Asphalt) solicitó al Tribunal de Apelaciones revocar la decisión de la Junta de Subasta del Municipio de Coamo que adjudicó la Subasta General #12 a Super Asphalt Pavement Corp. PR Asphalt alegó que la notificación de la Junta era defectuosa por no incluir una síntesis de las propuestas ni discutir todos los factores, y que la adjudicación fue arbitraria. Super Asphalt y la Junta se opusieron al recurso. Super Asphalt argumentó que el recurso de PR Asphalt se basaba en una ley derogada, mientras que la Junta sostuvo que el proceso de apertura de sobres fue transparente. Tras evaluar las comparecencias, el Tribunal emitió su sentencia. El Tribunal resolvió desestimar el recurso de revisión judicial presentado por PR Asphalt. La razón principal para la desestimación fue la falta de jurisdicción del Tribunal para conocer del asunto.

Resumen:

Edgardo Mateo Cruz acudió al Tribunal de Apelaciones en revisión judicial contra el Departamento de Corrección y Rehabilitación. Impugnó la decisión del Comité de Clasificación y Tratamiento que reclasificó su custodia de mínima a mediana. Dicha reclasificación se fundamentó en una confidencia sobre una supuesta planificación de fuga. El recurrente argumentó que la regla disciplinaria impuesta por la confidencia fue desestimada, por lo que la modificación de custodia no debía prevalecer. Tras denegarse su reconsideración, presentó el recurso ante el foro apelativo. En el trámite judicial, la Oficina del Procurador General, en representación del Departamento, señaló que la decisión del Comité carecía de determinaciones de hechos y conclusiones de derecho, incumpliendo la Ley de Procedimiento Administrativo y el reglamento aplicable. Ante este planteamiento, el Tribunal de Apelaciones procedió a revocar el dictamen recurrido.

Resumen:

Resumen:

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en recursos consolidados presentados por Universal Insurance Company y otros. Los apelantes solicitan la revocación de una sentencia del Tribunal de Primera Instancia de San Juan. Dicha sentencia declaró con lugar reclamaciones por daños y perjuicios presentadas por los apelados. El caso se origina en un incendio ocurrido el 26 de julio de 2016 en Santurce. El fuego destruyó tres propiedades inmuebles, causó quemaduras a residentes y resultó en una muerte. Los apelados alegaron que el incendio fue provocado por el uso negligente de un barbecue en un hostal cercano. Los apelantes negaron responsabilidad, basándose en un informe oficial que indicaba causa "no determinada". Tras un juicio, el foro primario falló a favor de los demandantes. Este documento detalla el trasfondo fáctico y procesal de la apelación.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de certiorari presentado por Francisco Valdés Pérez contra Cooperativa de Seguros Múltiples. El peticionario solicitó revocar una Orden del Tribunal de Primera Instancia (TPI) que denegó su moción para anular resoluciones previas. El caso se origina por un contrato de 1997 y ha generado múltiples pleitos por los mismos hechos entre las partes. El TPI había desestimado previamente una demanda con perjuicio en 2015, declarándola final y firme. En una Resolución y Orden de 2016, el TPI declaró al peticionario litigante frívolo y vicioso. Se emitió una orden de cese y desista y se impusieron costas y sanciones económicas al peticionario por continuar litigando los mismos hechos. La Orden recurrida en certiorari denegó la solicitud del peticionario para anular estas determinaciones. El Tribunal de Apelaciones revisó el extenso historial procesal del caso. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones expidió el certiorari y confirmó la determinación recurrida del TPI.

Resumen:

Un grupo de ingenieros y agrimensores demandó al Estado Libre Asociado de Puerto Rico y al Colegio de Ingenieros y Agrimensores, impugnando la constitucionalidad del requisito de colegiación compulsoria establecido en la Ley Núm. 319 de 1938. Alegaron que la colegiación obligatoria violaba su derecho a la libre asociación y que existían medidas menos onerosas para regular la profesión, citando jurisprudencia previa del Tribunal Supremo. El Colegio defendió la validez del estatuto, argumentando un interés apremiante del Estado y la indispensabilidad de sus funciones éticas, educativas y disciplinarias. El Estado solicitó sentencia sumaria basándose en la jurisprudencia que declara inconstitucional la colegiación obligatoria cuando existe una junta examinadora. El Tribunal de Primera Instancia concedió la sentencia sumaria al Estado, declarando inconstitucional el requisito de colegiación obligatoria para ingenieros y agrimensores. El foro primario razonó que las facultades delegadas a la Junta Examinadora de Ingenieros y Agrimensores eran suficientes para regular la profesión y asegurar la competencia profesional. Concluyó que la colegiación obligatoria no era necesaria para lograr el interés del Estado en la regulación. El Colegio de Ingenieros y Agrimensores apeló esta Sentencia ante el Tribunal de Apelaciones.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones emite una Sentencia en Reconsideración en un caso de incumplimiento de contrato contra Mapfre por daños del Huracán María. La demanda original se basó en la Ley 247-2018 y el Código Civil. El Tribunal de Primera Instancia desestimó la demanda sin perjuicio por falta de notificación al Comisionado de Seguros, requisito de la Ley 247-2018. Los demandantes apelaron, argumentando que dicho requisito no aplicaba a sus reclamos bajo el Código Civil. El Tribunal de Apelaciones inicialmente modificó la sentencia para desestimar la demanda en su totalidad con perjuicio. Tras una moción de reconsideración, el tribunal revisa su decisión. Se decreta la desestimación con perjuicio únicamente de la causa de acción instada bajo la Ley 247-2018, aplicando el principio de irretroactividad. Se permite la continuación de los procedimientos en torno a la causa de acción amparada en el Código Civil en materia de contratos. El caso es devuelto al Tribunal de Primera Instancia para que continúe con la tramitación de la reclamación contractual bajo el Código Civil.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisó la desestimación de una demanda por el Tribunal de Primera Instancia. La acción fue presentada por Danosa Caribbean, Inc., un asegurado afectado por el huracán María, contra los directores de la aseguradora insolvente Integrand Assurance Company. Danosa reclamaba que los directores fueron negligentes y causaron la insolvencia de Integrand, impidiendo el pago de su reclamación de seguro de aproximadamente \$2.2 millones. Alegó que los directores realizaron actos perjudiciales como el pago de dividendos excesivos y la falta de capitalización adecuada. Danosa buscaba que los directores respondieran solidariamente por los daños y restituyeran fondos. El Tribunal de Primera Instancia desestimó la demanda por no existir la causa de acción alegada. El Tribunal de Apelaciones confirmó esta decisión. Concluyó que el derecho no reconoce una acción directa de un tercero acreedor contra los directores de una corporación por incumplimiento de sus deberes hacia la corporación, para beneficio exclusivo del acreedor. Por tanto, la sentencia valida la desestimación al determinar que la acción pretendida por Danosa no tiene base legal.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso sobre remoción de albacea, liquidación y partición de herencia. Los peticionarios solicitaron la revisión de una Resolución del Tribunal de Primera Instancia que declaró No Ha Lugar su Moción de Desestimación. El foro apelativo trató el recurso como un certiorari, corrigiendo la designación de apelación. Tras un detenido estudio, el Tribunal de Apelaciones resolvió expedir el auto solicitado. La decisión recurrida del Tribunal de Primera Instancia fue revocada. El documento detalla el historial procesal del caso en la instancia inferior, iniciado en octubre de 2019. Se describen las órdenes judiciales y las gestiones de las partes relacionadas con la presentación de la demanda y la expedición de emplazamientos. Se mencionan los esfuerzos para emplazar a los demandados, incluyendo el uso de edictos.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en un caso de cobro de dinero. Los apelantes, Javier Hernández González y otros, demandaron a José J. López Avilés, Héctor Noel Román Ramos, L\&R Development \& Investment Corporation y otros. La demanda original alegaba incumplimiento de un acuerdo de inversión conjunta en desarrollo inmobiliario. Los apelantes reclamaban la devolución de su inversión inicial y ganancias, sumando más de \$750,000, respaldados en parte por pagarés. Argumentaron que L\&R era un "alter ego" para eludir responsabilidades personales. Los demandados se defendieron alegando que las obligaciones eran corporativas, no personales, y que los pagarés habían caducado o fueron firmados en capacidad oficial. El Tribunal de Primera Instancia había dictado sentencia sumaria a favor de L\&R y sentencia por las alegaciones a favor de Román Ramos. Los apelantes recurrieron dicha decisión ante el Tribunal de Apelaciones. El Tribunal de Apelaciones, tras revisar los antecedentes, determinó revocar la sentencia apelada del foro primario.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico que revisa la desestimación de una Demanda por daños y perjuicios. El demandante-apelante, Kenneth Bonilla Meléndez, apeló la decisión del Tribunal de Primera Instancia que desestimó su caso contra la Unión Independiente Auténtica de Empleados de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados. La desestimación se basó en la supuesta inactividad procesal del demandante por más de seis meses, conforme a la Regla 39.2. El apelante alegó que el TPI erró al encontrar inactividad y al determinar que no cumplió con una orden para mostrar causa. La parte apelada argumentó que la última gestión del apelante no interrumpió el período de inactividad. Se tomó en cuenta la extensión de términos judiciales debido a la pandemia de COVID-19 hasta el 15 de julio de 2020. El apelante presentó una moción en cumplimiento con la orden para mostrar causa dentro del término extendido. A pesar de esta gestión, el TPI desestimó el caso posteriormente. El Tribunal de Apelaciones revoca la determinación del Tribunal de Primera Instancia.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. El Consejo de Titulares del Condominio Veredas del Parque Escorial apeló una decisión del Tribunal de Primera Instancia de Carolina. Dicha decisión desestimó con perjuicio una causa de acción fundamentada en la Ley 247-2018. El caso original fue presentado por el Consejo contra MAPFRE Insurance Company. La demanda alegó incumplimiento de contrato y violaciones al Código de Seguros por parte de MAPFRE. Estas reclamaciones surgieron a raíz de los daños sufridos por el Condominio durante el huracán María en septiembre de 2017. El Consejo presentó su reclamación bajo la póliza y alegó que MAPFRE falló en ajustarla y pagarla diligentemente. MAPFRE, por su parte, argumentó que la Ley 247-2018 no aplica retroactivamente a eventos previos a su aprobación. También sostuvo que una reclamación bajo el Artículo 27.164 de dicha ley no puede unirse a otras causas de acción como el incumplimiento contractual. El Tribunal de Apelaciones revisa ahora la corrección de la desestimación de la causa de acción basada en la Ley 247-2018.

Resumen:

Resumen:

Este dictamen del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico atiende una apelación presentada por CBM Capitol Building Maintenance Inc. en un caso laboral sobre despido y salarios. CBM impugnó la resolución del tribunal de primera instancia que ordenaba la celebración del juicio mediante videoconferencia, argumentando que infringía derechos fundamentales. El tribunal de primera instancia denegó la oposición de CBM y sus solicitudes de reconsideración sobre el formato del juicio. CBM entonces solicitó la revisión del Tribunal de Apelaciones, que trató la presentación como un Certiorari. La parte apelada, Ricardo Pedroza Guzmán, solicitó la desestimación de la apelación. Alegó que el Tribunal de Apelaciones carecía de jurisdicción porque la apelación fue presentada fuera del término de 10 días dispuesto por la Ley de Procedimiento Sumario de Reclamaciones Laborales (Ley Núm. 2-1961) y no fue debidamente notificada. El Tribunal de Apelaciones requirió a CBM que mostrara causa por la cual la apelación no debía ser desestimada basándose en estos desafíos jurisdiccionales. Tras evaluar las comparecencias de las partes, el Tribunal de Apelaciones ha decidido desestimar la apelación. La desestimación se fundamenta en la determinación de que el tribunal carece de jurisdicción para atender el asunto.

Resumen:

Esta resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico atiende un recurso presentado por Gloria E. Concepción Vázquez y otros contra International Ethical Labs, Inc. El caso original en el Tribunal de Primera Instancia trataba sobre reclamaciones de salarios y despido injustificado. El foro primario desestimó la mayoría de las reclamaciones de los apelantes, concediendo solo ciertos pagos de vacaciones. Los apelantes recurrieron esta sentencia buscando su revocación. Sin embargo, el Tribunal de Apelaciones procedió a examinar su propia jurisdicción. Determinó que el recurso de apelación fue presentado de forma tardía. La presentación tardía priva al tribunal de jurisdicción para atender el asunto. Por consiguiente, el Tribunal de Apelaciones desestimó el recurso por falta de jurisdicción.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emitió una Sentencia en el caso KLAN202100029, una apelación sobre custodia. La apelación fue presentada por Andrew Kawel contra Daira Vaello Sánchez. La Sentencia atiende una Moción de Desistimiento radicada por la parte apelante. En dicha moción, el apelante informó haber pagado la cuantía impuesta por el Tribunal de Primera Instancia y haber sido excarcelado. El Tribunal de Apelaciones determinó que, al haberse cumplido con lo ordenado y haber sido liberado el apelante, el recurso de apelación se tornaba académico. Por tanto, el Tribunal dictó una Sentencia de desistimiento con perjuicio. Esta decisión conlleva el cierre y archivo definitivo del recurso apelativo.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resolviendo un recurso de certiorari presentado por el Municipio de Yabucoa. Yabucoa solicitó la revisión de una Resolución del Tribunal de Primera Instancia (TPI) que denegó su moción de desestimación por falta de jurisdicción. El litigio principal involucra a Cobra Acquisitions, LLC, contratada por la AEE para trabajos de reconstrucción, y la notificación de una deficiencia final de arbitrios de construcción por parte de Yabucoa. La notificación final de Yabucoa establecía que el pago del monto adeudado era un requisito jurisdiccional para impugnar la determinación ante el TPI. Cobra presentó su demanda en el TPI sin efectuar dicho pago. Yabucoa argumentó en su moción que el TPI carecía de competencia debido al incumplimiento del requisito de pago previo. El TPI, sin embargo, denegó la desestimación. El Tribunal de Apelaciones concedió el certiorari solicitado por Yabucoa. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones revocó la Resolución del TPI, determinando que este carecía de jurisdicción para atender la demanda de Cobra.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico que revisa una Resolución Enmendada del Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Caguas. La controversia principal gira en torno a un caso de accesión, donde la peticionaria, dueña de una finca, busca ejercer su derecho sobre una edificación construida en su propiedad por los padres de los recurridos. Los recurridos, a su vez, reclaman la titularidad del terreno. La peticionaria presentó una moción de sentencia sumaria parcial, alegando que los recurridos estaban impedidos por impedimento colateral por sentencia de relitigar la titularidad del terreno, la cual, según ella, fue adjudicada en un caso previo donde los padres de los recurridos no probaron ser dueños. El Tribunal de Primera Instancia declaró no ha lugar la moción de sentencia sumaria parcial. La peticionaria solicitó un auto de certiorari para revisar esta determinación. El Tribunal de Apelaciones expidió el auto solicitado. Tras evaluar los argumentos y documentos, el Tribunal de Apelaciones confirmó la Resolución Enmendada recurrida.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso sobre cancelación de pagaré extraviado. Condado 3, LLC demandó a Máxima Rodríguez Martínez y Juan Carlos Veras Rodríguez, entre otros, para sustituir un pagaré hipotecario alegadamente extraviado. Condado 3 solicitó y obtuvo autorización para emplazar a los peticionarios por edicto tras no poder localizarlos para notificación personal. Los demandados Rodríguez Martínez y Veras Rodríguez comparecieron ante el Tribunal de Primera Instancia únicamente para solicitar la desestimación por falta de jurisdicción sobre la persona. El Tribunal de Primera Instancia declaró No Ha Lugar dicha solicitud de desestimación. Los peticionarios recurrieron esta decisión ante el Tribunal de Apelaciones mediante certiorari. El Tribunal de Apelaciones revisó el dictamen del foro primario. Mediante esta sentencia, el Tribunal de Apelaciones expide el auto de certiorari solicitado. Finalmente, revoca la Resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó la desestimación. Esto implica que el Tribunal de Apelaciones determinó que no se adquirió jurisdicción válida sobre los peticionarios.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones deniega la expedición del auto de certiorari presentado por César O. Rosario Colón y otros. Los peticionarios buscaban la revocación de una determinación del Tribunal de Primera Instancia de Arecibo en un caso de daños y perjuicios por impericia médica. La decisión recurrida impuso sanciones a los abogados de los demandados por incumplimiento en la entrega de informes periciales. No obstante, el TPI concedió a los demandados 30 días adicionales para rendir dichos informes, bajo apercibimiento de eliminar a sus peritos. También otorgó 60 días para tomar deposiciones, fijó una fecha límite para el descubrimiento de prueba y dejó sin efecto el juicio señalado. Los peticionarios alegaron que el TPI abusó de su discreción al conceder la extensión de término a los demandados, quienes habían incumplido el plazo original sin justa causa. Tras examinar el trámite procesal, el Tribunal de Apelaciones resolvió denegar la solicitud de certiorari.

Resumen:

Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre un recurso de certiorari presentado por Eric Ocasio Flores. El peticionario impugna una Orden del Tribunal de Primera Instancia que concedió a César Castillo, Inc. una prórroga para contestar una querella laboral. La querella original, presentada bajo la Ley Núm. 2 de Procedimiento Sumario, alegaba despido injustificado, represalias y acoso laboral. La parte recurrida solicitó la prórroga para investigar los hechos y recopilar prueba, citando también el impacto del COVID-19. El Tribunal de Primera Instancia concedió una extensión limitada, aunque denegó la solicitud de tramitar el caso por la vía ordinaria. El peticionario se opuso a la prórroga, argumentando que el foro primario carecía de jurisdicción bajo la Ley Núm. 2 para concederla sin causa justificada excepcional. El Tribunal de Primera Instancia reiteró su orden, y la recurrida presentó su contestación dentro del término extendido. Inconforme, el peticionario acudió al Tribunal de Apelaciones mediante certiorari. El Tribunal de Apelaciones, tras considerar el recurso, denegó la expedición del auto de certiorari.

Resumen:

El Pueblo de Puerto Rico presentó un recurso de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones solicitando la revocación de una decisión del Tribunal de Primera Instancia. El foro primario había declarado Ha Lugar una solicitud de desestimación presentada por los recurridos, resultando en la desestimación de las acusaciones criminales en su contra. Las acusaciones se relacionaban con hechos presuntamente ocurridos en la Universidad de Puerto Rico en 2017, incluyendo infracción al derecho de reunión, uso de violencia contra la autoridad pública y restricción de libertad de funcionarios. Los recurridos habían planteado la defensa de persecución selectiva y solicitado descubrimiento de prueba adicional. El Ministerio Público se opuso a dicha solicitud. El Tribunal de Primera Instancia requirió información sobre la defensa de procesamiento selectivo antes de emitir su dictamen desestimando los casos. El Tribunal de Apelaciones revisó el trámite procesal seguido ante el tribunal primario, incluyendo la vista preliminar y los incidentes posteriores. Tras considerar las posiciones de las partes, el Tribunal de Apelaciones resolvió expedir el recurso de certiorari solicitado por el Pueblo. Procedió a revocar el dictamen del Tribunal de Primera Instancia que había desestimado las acusaciones contra los recurridos.