REYES SORTO, FREDY I VS E L A DE PR

Un grupo de ingenieros y agrimensores demandó al Estado Libre Asociado de Puerto Rico y al Colegio de Ingenieros y Agrimensores, impugnando la constitucionalidad del requisito de colegiación compulsoria establecido en la Ley Núm. 319 de 1938. Alegaron que la colegiación obligatoria violaba su derecho a la libre asociación y que existían medidas menos onerosas para regular la profesión, citando jurisprudencia previa del Tribunal Supremo. El Colegio defendió la validez del estatuto, argumentando un interés apremiante del Estado y la indispensabilidad de sus funciones éticas, educativas y disciplinarias. El Estado solicitó sentencia sumaria basándose en la jurisprudencia que declara inconstitucional la colegiación obligatoria cuando existe una junta examinadora. El Tribunal de Primera Instancia concedió la sentencia sumaria al Estado, declarando inconstitucional el requisito de colegiación obligatoria para ingenieros y agrimensores. El foro primario razonó que las facultades delegadas a la Junta Examinadora de Ingenieros y Agrimensores eran suficientes para regular la profesión y asegurar la competencia profesional. Concluyó que la colegiación obligatoria no era necesaria para lograr el interés del Estado en la regulación. El Colegio de Ingenieros y Agrimensores apeló esta Sentencia ante el Tribunal de Apelaciones.