Casos del Tribunal de Apelaciones (Página 149)

Resumen:

Este documento es una resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. PF Consumer Healthcare B.V. Puerto Rico Operations, LLC. solicitó revocar una decisión del Tribunal de Primera Instancia (TPI). El TPI había declarado no ha lugar una moción de desestimación presentada por PF en una demanda por despido injustificado. La demanda fue incoada por el ex empleado Jim Anaya Rivera. PF argumentó que el TPI carecía de jurisdicción porque el empleado estaba sujeto a un acuerdo de arbitraje obligatorio. Este acuerdo, implementado en 2016, requería arbitraje para disputas laborales y establecía que la continuación del empleo significaba aceptación. El señor Anaya Rivera recibió el acuerdo y completó el adiestramiento relacionado. Tras su cesantía en 2018, presentó la demanda bajo la Ley Núm. 80. PF alegó justa causa para el despido y que el acuerdo de arbitraje regido por el Federal Arbitration Act excluía la jurisdicción judicial. El Tribunal de Apelaciones resuelve la petición de certiorari de PF para revisar la denegatoria de su moción de desestimación por el TPI. La resolución es denegar la expedición del auto de certiorari.

Resumen:

Este es un recurso de apelación ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un pleito sobre liquidación de comunidad. La apelante, Vanessa Vázquez Báez, impugna la Sentencia Parcial del Tribunal de Primera Instancia que desestimó su reconvención. La reconvención reclamaba el pago de \$500,000 por parte de su exesposo, Carmelo Raúl Cancel Colón. Esta reclamación se basaba en una cláusula de sus capitulaciones matrimoniales de separación de bienes. Dicha cláusula condicionaba el pago a que se decretara por sentencia final y firme que el esposo había cometido adulterio. Las partes se divorciaron por ruptura irreparable, y nunca hubo una sentencia final declarando adulterio. El esposo solicitó la desestimación argumentando que la condición de la cláusula no se cumplió. La esposa alegó que la cláusula no requería una sentencia de divorcio específica y que podía probar el incumplimiento contractual. El Tribunal de Primera Instancia desestimó la reconvención, concluyendo que la obligación no era exigible al no existir una sentencia final de adulterio. El Tribunal de Apelaciones adelantó que confirmará la Sentencia apelada.

Resumen:

Carlos Morales Díaz, confinado bajo la custodia del Departamento de Corrección y Rehabilitación, solicitó ante el Tribunal de Apelaciones el beneficio de libertad bajo palabra. Fundamentó su petición en su edad y años cumplidos de condena, citando la Ley de la Junta de Libertad Bajo Palabra enmendada. El Tribunal de Apelaciones, cuya función es revisora, examinó el recurso presentado. Se recordó la doctrina del agotamiento de remedios administrativos, que exige presentar el reclamo primero ante la agencia correspondiente. El peticionario no demostró haber solicitado previamente la libertad bajo palabra ante la Junta de Libertad Bajo Palabra. Tampoco presentó evidencia de una determinación final de la agencia sobre su caso. Al no existir una determinación administrativa final que revisar, el Tribunal carece de jurisdicción. Por tanto, el Tribunal desestimó el recurso por falta de jurisdicción, conforme a su reglamento.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. El Sr. Moisés Hernández Ramírez recurre una resolución del Departamento de Corrección y Rehabilitación que denegó su solicitud de acreditar bonificaciones (estudio, trabajo, buena conducta) a sus sentencias. El recurrente alegaba que las bonificaciones podían aplicarse a sentencias por hechos anteriores al Código Penal de 2004. El Departamento emitió una respuesta sin determinaciones de hecho ni conclusiones de derecho. El Tribunal desestima el recurso de revisión judicial. La desestimación se fundamenta en la falta de jurisdicción por ser el recurso prematuro. Conforme a la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme y jurisprudencia del Tribunal Supremo, un recurso prematuro priva al tribunal de jurisdicción. La falta de jurisdicción es un defecto insubsanable que obliga a la desestimación. Por tanto, el Tribunal declara la falta de jurisdicción y desestima el recurso.

Resumen:

Un miembro de la población penal, Luis Hiram Quiñones Santiago, acude en revisión judicial solicitando documentos sobre un proceso administrativo. Dicho proceso administrativo (CIP-92-20) se inició por una querella sobre la alegada falta de entrega de ropa reglamentaria por parte del Departamento de Corrección. El Departamento respondió que la entrega dependía de la disponibilidad del almacén regional. El recurrente presentó reconsideración y una segunda solicitud administrativa (CIP-147-20) sobre el mismo asunto. Tras la respuesta a la reconsideración, el recurrente presentó una revisión judicial previa (KLRA202000487) ante otro panel de este Tribunal, planteando la misma controversia. Ese panel desestimó el recurso anterior por falta de jurisdicción, al considerar que era un asunto administrativo interno sin determinación denegatoria final. La presente revisión judicial (KLRA202100103) plantea la misma controversia ya atendida y desestimada por el foro hermano. Resulta evidente que el recurrente intenta que se revise un asunto ya resuelto. Por tanto, procede desestimar el presente recurso de revisión judicial.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa una resolución del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR). El recurrente, un confinado, impugna la desestimación de su solicitud de remedio administrativo. Solicitó atención médica para acné y condiciones crónicas, alegando falta de tratamiento y citas con especialistas. La División de Remedios Administrativos del DCR denegó su solicitud y posterior reconsideración. La denegación se basó en información médica que indicaba una cita futura y atención reciente. El recurrente pide al tribunal que ordene al DCR atender adecuadamente sus necesidades médicas. El tribunal examina el proceso administrativo bajo el Reglamento Núm. 8583 del DCR. Se discute el principio de deferencia judicial a las decisiones administrativas. La función del tribunal es asegurar que la agencia actúe dentro de su facultad y cumpla con preceptos constitucionales. El documento detalla los antecedentes y el marco legal aplicable a la revisión judicial de decisiones del DCR.

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El Tribunal de Apelaciones denegó la expedición de un auto de certiorari solicitado por Triple-S Propiedad, Inc. Triple-S buscaba revisar una Orden del Tribunal de Primera Instancia que denegó su moción de desestimación en un caso de incumplimiento de contrato de seguros. La demanda original fue presentada por Angeli Apartments y otros contra Triple-S por la falta de pago de una reclamación tras el Huracán María. Angeli había cedido sus derechos sobre la reclamación a Attenure y HRH. Triple-S argumentó que esta cesión violaba la póliza y que los demandantes carecían de legitimación activa. Los demandantes se opusieron, alegando que la póliza no prohibía cesiones post-pérdida y que el acuerdo era válido. El foro primario denegó la desestimación, lo que motivó el recurso de certiorari de Triple-S. El Tribunal de Apelaciones, por los fundamentos expuestos, denegó la solicitud de Triple-S, confirmando la decisión del foro primario de continuar con el caso.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisó mediante certiorari la decisión del Tribunal de Primera Instancia que denegó una moción de desestimación y sentencia sumaria presentada por Mapfre Praico Insurance Company. La controversia surge de una demanda presentada por el Consejo de Titulares del Condominio Murano, Attenure Holdings Trust 2 y HRH Property Holdings contra Mapfre por incumplimiento contractual y mala fe en el ajuste de una reclamación por daños causados por el Huracán María. El Condominio Murano, tras no recibir el pago esperado de Mapfre, acordó con Attenure y HRH cederles un interés indivisible en la reclamación y poder legal para litigarla a cambio de asistencia económica para las reparaciones. Mapfre solicitó la desestimación argumentando que la cesión era nula según la póliza, que prohibía la transferencia de derechos sin su consentimiento, y que Attenure y HRH carecían de legitimación activa. Los demandantes se opusieron, sosteniendo que la cesión era válida bajo la ley aplicable por tratarse de una transferencia de una reclamación post-pérdida, no de los derechos bajo la póliza. El Tribunal de Apelaciones expidió el auto de certiorari y confirmó la decisión del foro primario. Esto implica que el Tribunal de Apelaciones validó la denegación de la moción de Mapfre, permitiendo que el pleito continúe.

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El matrimonio Maceira-Nieves apeló la Sentencia Sumaria del Tribunal de Primera Instancia (TPI) que desestimó su petición de interdicto contra el Municipio de Camuy. Los demandantes buscaban impedir que el Municipio cerrara un camino que alegaban era su único acceso, lo que enclavaría su propiedad. Sostenían haber utilizado el camino por veinte años con permiso municipal. El Municipio argumentó que la propiedad de los demandantes tenía acceso por la Calle San Juan y no estaba enclavada. Además, el Municipio afirmó que el camino en disputa pertenecía a un tercero, no al Municipio. Por tanto, el Municipio no podía autorizar un derecho de paso sobre una finca ajena. El TPI concluyó que no procedía reconocer un derecho de paso sobre un predio que no pertenecía al Municipio. El Tribunal de Apelaciones confirmó la Sentencia Sumaria del TPI.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una resolución en un recurso de certiorari presentado por el Estado Libre Asociado. El Estado solicitó la revisión de una decisión del Tribunal de Primera Instancia (TPI) de Carolina. Dicha decisión denegó la Moción de Desestimación por Falta de Jurisdicción presentada por el Estado en un caso de impugnación de confiscación. La demanda original fue entablada por Joshua Rosario tras la confiscación de un vehículo por presuntas violaciones a la Ley de Armas. Rosario argumentó la nulidad de la confiscación, citando la falta de notificación al acreedor hipotecario y la ausencia de justificación por parte del Estado. El Estado, por su parte, alegó que Rosario carecía de legitimación activa al no ser el dueño registral del vehículo. El TPI denegó la moción de desestimación y pautó una vista sobre la legitimación. El Tribunal de Apelaciones, tras examinar el recurso, DENIEGA la expedición del auto de certiorari solicitado por el Estado.

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Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resolviendo una Petición de Certiorari. La petición fue presentada por Mapfre Praico Insurance Company contra una Orden del Tribunal de Primera Instancia. Dicha Orden denegó la solicitud de Mapfre de una orden protectora sobre el descubrimiento de prueba. El caso subyacente es una demanda del Condominio Los Arcos de Suchville contra Mapfre por incumplimiento de contrato y violaciones al Código de Seguros tras los daños del huracán María. El Condominio solicitó un amplio descubrimiento de información sobre la tramitación de su reclamación, políticas internas y datos financieros de Mapfre. Mapfre objetó el descubrimiento, alegando falta de pertinencia, amplitud excesiva, onerosidad y que la información era confidencial o privilegiada. Mapfre solicitó una orden protectora para limitar la divulgación. El Tribunal de Primera Instancia compelió a Mapfre a contestar el descubrimiento y denegó la orden protectora. Mapfre recurrió esta decisión ante el Tribunal de Apelaciones mediante Certiorari. El Tribunal de Apelaciones decidió modificar el dictamen recurrido y, así modificado, confirmarlo.

Resumen:

Se revisa una Resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó una Moción de Desestimación Parcial presentada por MAPFRE PRAICO Insurance Company. La moción buscaba desestimar causas de acción presentadas por el Consejo de Titulares del Condominio De Diego 444 en una demanda por incumplimiento de contrato de seguros tras los huracanes Irma y María. El Consejo de Titulares alegó daños y que MAPFRE infringió el Código de Seguros, según enmendado por la Ley Núm. 247-2018. MAPFRE argumentó que la Ley 247-2018 no aplica retroactivamente y que no se pueden acumular causas contractuales con las extracontractuales bajo dicha ley. El Tribunal de Primera Instancia denegó la desestimación, concluyendo que la Ley 247-2018 tiene intención retroactiva y permite la acumulación de causas. MAPFRE presentó un recurso de certiorari imputando errores al foro primario sobre estos dos puntos. El panel judicial expide el auto de certiorari y confirma la Resolución recurrida. Esto valida la decisión del Tribunal de Primera Instancia sobre la retroactividad de la Ley 247-2018 y la posibilidad de acumular las causas de acción.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resolviendo un recurso de certiorari presentado por Chubb Insurance Company. Chubb solicitó la revisión de una Orden del Tribunal de Primera Instancia que denegó su moción de desestimación en un caso por incumplimiento de aseguradora. El Consejo de Titulares del Condominio Woodlands, junto a Attenure y HRH, demandaron a Chubb por no pagar una reclamación de daños tras el Huracán María. Chubb argumentó que la demanda debía desestimarse porque el Condominio había cedido parte de su reclamación a Attenure y HRH, lo cual, según Chubb, violaba una cláusula de la póliza que prohibía la cesión sin consentimiento y la Ley de Condominios. Los demandantes replicaron que la cláusula no aplicaba a cesiones post-pérdida y que el acuerdo era válido. El Tribunal de Primera Instancia denegó la desestimación, interpretando que la póliza no prohíbe la venta de un reclamo específico después del evento asegurado. El Tribunal de Apelaciones expidió el auto de certiorari y confirmó el dictamen recurrido.

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El Pueblo de Puerto Rico presentó una Petición de Certiorari ante el Tribunal de Apelaciones contra Nelson Daniel Centeno. El recurso buscaba revisar una Resolución del Tribunal de Primera Instancia de Fajardo. La controversia central giraba en torno a la instrucción al jurado sobre la unanimidad del veredicto. El Estado solicitó que se instruyera al jurado que tanto el veredicto de culpabilidad como el de no culpabilidad debían ser unánimes. El señor Centeno, por su parte, argumentó que un veredicto de no culpabilidad era válido con la concurrencia de al menos 9 miembros del jurado, mientras que el de culpabilidad sí requería unanimidad. El Tribunal de Primera Instancia denegó la solicitud del Estado, resolviendo que la culpabilidad exige unanimidad, pero la no culpabilidad solo requiere 9 votos. Inconforme, el Estado acudió en certiorari. El Tribunal de Apelaciones expidió el recurso y confirmó la determinación del Tribunal de Primera Instancia.

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El Tribunal de Apelaciones revisó una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó una demanda de cobro de dinero presentada por Banco Popular de Puerto Rico. El foro primario desestimó el caso sin perjuicio por entender que el Banco Popular incumplió la Regla 4.3(c) al no diligenciar los emplazamientos dentro del término de 120 días ni justificar el retraso. Banco Popular apeló, señalando que el tribunal erró al desestimar la demanda sin resolver su solicitud de emplazamiento por edicto, la cual fue presentada oportunamente y justificaba las gestiones infructuosas de emplazamiento personal. El Tribunal de Apelaciones determinó que la Sentencia apelada debía ser revocada. Por tanto, se ordena la devolución del caso al foro primario. Allí deberán continuar los procedimientos de forma cónsona con lo dispuesto por el Tribunal de Apelaciones.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de certiorari. El peticionario, Jonathan Barbosa Román, impugna una Orden del Tribunal de Primera Instancia (TPI). Dicha Orden, dictada en diciembre de 2020, denegó su solicitud de disminución de sentencia. La solicitud se fundamentaba en la aplicación de las enmiendas de la Ley Núm. 246-2014 al Código Penal. Específicamente, el peticionario buscaba la reducción de su pena por el delito de tentativa de robo agravado. Anteriormente, en 2016, el Tribunal de Apelaciones ya había revocado una decisión previa del TPI, logrando una reducción de pena para el peticionario por el delito de tentativa de robo simple. La petición actual se refiere a una solicitud posterior y distinta. El Tribunal de Apelaciones acoge el escrito como certiorari. Finalmente, el Tribunal deniega la expedición del auto de certiorari solicitado por el peticionario.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico examinó un recurso de certiorari presentado por Margarita Ramírez Nieves. La peticionaria solicitó la revocación de una Orden de embargo emitida por el Tribunal de Primera Instancia en un caso de cobro de dinero. El caso original involucraba una deuda por préstamo personal de Vicente Flores Pérez contra la peticionaria, con sentencia dictada en 2015. La peticionaria alegó no haber sido notificada de la moción ni de la orden de embargo. El Tribunal de Apelaciones señaló que, según la Regla 51.1, no es necesaria la notificación si la ejecución ocurre dentro de los 5 años de la sentencia final. Este foro apelativo interviene con la discreción del tribunal primario solo en casos de craso abuso o error sustancial. Tras evaluar el recurso, el Tribunal concluyó que la peticionaria no demostró que el foro primario cometiera un error que justificara su intervención. Por consiguiente, el Tribunal denegó la expedición del auto de certiorari.

Resumen:

Este es un juicio del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico que examina la legalidad de ceder una causa de acción de seguro a un tercero después de ocurrida la pérdida, a pesar de una cláusula de no cesión en la póliza. La aseguradora, Triple-S Propiedad, Inc., apeló una resolución de instancia que se negó a desestimar una demanda. La demanda fue presentada por el asegurado, un condominio afectado por el huracán María, junto a Attenure Holdings Trust y HRH Property Holding LLC, a quienes el condominio cedió su reclamación post-siniestro. El foro primario determinó que la cesión post-pérdida era válida y que los cesionarios tenían legitimación activa para demandar a la aseguradora. Triple-S sostiene que la cesión es ilegal bajo la póliza y que los demandantes carecen de standing. El tribunal debe resolver si la prohibición contractual de cesión impide la transferencia de una reclamación ya existente tras el evento asegurado. La sentencia determinará si los cesionarios pueden continuar el litigio contra la aseguradora por incumplimiento de contrato y dolo.

Resumen:

Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre una petición de certiorari presentada por Luis Cotto Santos. El peticionario impugnaba la denegatoria del tribunal de primera instancia a su solicitud para reincorporar la pena de restricción domiciliaria como medida rehabilitadora bajo el Código Penal de 2014. El Tribunal de Apelaciones señala que la petición adolece de varios defectos procesales conforme a su reglamento. No obstante, el Tribunal considera el fondo del reclamo del peticionario. Discute el principio de favorabilidad en el derecho penal, que exige la aplicación retroactiva de leyes más benignas en cuanto al delito, la pena o su ejecución. El Tribunal concluye que el foro primario no erró al denegar la solicitud. Por consiguiente, el Tribunal de Apelaciones deniega expedir el auto de certiorari solicitado por el Sr. Cotto Santos.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una resolución en el caso de Emmanuel Fuentes Enríquez contra El Pueblo de Puerto Rico. El señor Fuentes, actuando por derecho propio, solicita que el Tribunal de Apelaciones resuelva su petición de nuevo juicio y lo calendarice. Alega que el Tribunal de Primera Instancia (TPI) concedió su solicitud de nuevo juicio tras ser sentenciado por doble asesinato. Sin embargo, el Tribunal de Apelaciones determina que carece de jurisdicción para atender directamente la petición de nuevo juicio. Este asunto debe ser presentado y resuelto inicialmente por el TPI. El Tribunal de Apelaciones solo podría intervenir si el señor Fuentes estuviera inconforme con una determinación del TPI. Dado que el TPI no se ha expresado sobre la solicitud de nuevo juicio, el recurso ante el Tribunal de Apelaciones es prematuro. Por consiguiente, el Tribunal desestima el certiorari sin entrar en los méritos.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre un caso de desahucio en precario. El apelante, Catalino Velázquez Pedraza, demandó a la apelada, Iluminada López Velázquez, para desalojarla de una propiedad en Las Piedras. Velázquez Pedraza y su exesposa alegaron ser dueños y que López Velázquez ocupaba la propiedad sin autorización tras un supuesto acuerdo. López Velázquez reconvino, alegando una relación de concubinato de más de treinta años con Velázquez Pedraza y que la casa fue construida con el esfuerzo y dinero de ambos. Reclamó participación en la propiedad o un crédito por su aportación. Velázquez Pedraza negó la relación concubinaria y la aportación económica de López Velázquez, afirmando que la propiedad se construyó con fondos gananciales de su matrimonio. El documento detalla la historia procesal y las estipulaciones de las partes. Entre los hechos estipulados se encuentran la adquisición del terreno por los demandantes en 1982, el valor de la propiedad, su valor rentable y la posesión continua de la demandada por más de cinco años antes y durante el litigio. También se estipularon hechos sobre las circunstancias económicas de las partes y el nacimiento de sus cinco hijos en relación con la construcción de la casa. El tribunal emitirá su fallo basado en estas alegaciones y hechos probados.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones revisó mediante certiorari la decisión del Tribunal de Primera Instancia que denegó una moción de desestimación presentada por Chubb Insurance Company. La demanda original fue incoada por el Consejo de Titulares del Condominio Casablanca, Attenure Holdings Trust 2 y HRH Property Holdings contra Chubb por incumplimiento contractual relacionado con daños causados por el Huracán María. Chubb solicitó la desestimación argumentando, entre otras cosas, la nulidad de un acuerdo de cesión post-pérdida de la reclamación entre el Condominio y Attenure/HRH. La aseguradora basó su argumento en una cláusula de la póliza que prohíbe la transferencia de derechos sin consentimiento. Los demandantes se opusieron, sosteniendo que la cláusula no aplicaba a cesiones post-pérdida y que el acuerdo era válido. El Tribunal de Primera Instancia denegó la moción de desestimación. Tras revisar el recurso, el Tribunal de Apelaciones confirmó el dictamen recurrido, validando la continuación del pleito.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resolviendo un recurso presentado por FirstBank Puerto Rico, Inc. El banco apeló una Sentencia Parcial del Tribunal de Primera Instancia que determinó la extinción de la garantía personal de Marian Labue Foti. Dicha garantía estaba relacionada con un préstamo millonario otorgado a Health Distillers International, Inc. y International Home Products, Inc. El tribunal de instancia concluyó que la exclusión del nombre de la señora Labue Foti de la definición de garantizadores en un acuerdo enmendado tuvo el efecto de extinguir su responsabilidad personal. Por tanto, limitó su obligación a responder únicamente como heredera dentro de los límites de la Sucesión Foti. FirstBank solicitó la revocación de esta decisión. El Tribunal de Apelaciones, tras revisar el caso, confirma la Sentencia Parcial apelada.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico examinó una petición de certiorari presentada por Edgar Galindo Peña contra decisiones del Tribunal de Primera Instancia en Mayagüez. El peticionario buscaba la desestimación de acusaciones, alegando errores del foro primario y violación a su derecho a un juicio rápido. El Tribunal evaluó la petición y la oposición del Estado. La mayoría del panel concluyó que el peticionario no demostró que el tribunal de primera instancia cometiera un error que justificara la intervención apelativa en esta etapa. Por tanto, el Tribunal denegó la expedición del auto de certiorari. La Jueza Méndez Miró emitió un voto disidente, indicando que expediría el recurso y revocaría la determinación del foro primario, al entender que se cometieron la mayoría de los errores señalados por el peticionario.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa una Sentencia Parcial del Tribunal de Primera Instancia de San Juan en un caso de daños y perjuicios. La sentencia apelada desestimó la demanda contra el codemandado Tomás Irizarry Concepción. Dicha desestimación se basó en el incumplimiento del demandante con la Regla 4.3(c) de Procedimiento Civil, al no diligenciar el emplazamiento dentro del término de 120 días. El foro primario desestimó la causa de acción con perjuicio, citando una presentación previa. El demandante apeló, argumentando que la pandemia de COVID-19 y las restricciones gubernamentales impidieron el emplazamiento oportuno. El Tribunal de Apelaciones acogió el recurso como apelación y confirmó la Sentencia Parcial del foro primario.

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La Sucesión García-Martínez presentó un recurso de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones. El recurso buscaba revisar una Resolución del Tribunal de Primera Instancia que ordenó tramitar por la vía ordinaria una Demanda de interdicto posesorio. La demanda original alegaba que la vecina, Sra. María Sanz Rosa, removió una verja de colindancia y construyó una nueva dentro de la propiedad de la Sucesión. La Peticionaria argumentó que, por la naturaleza del interdicto posesorio, el caso debía ventilarse de forma sumaria. El Tribunal de Primera Instancia reiteró su decisión de usar la vía ordinaria tras una moción de reconsideración. El Tribunal de Apelaciones, al revisar el caso, determinó expedir el auto de certiorari. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones revocó el dictamen recurrido, ordenando que el caso de interdicto posesorio se tramite por la vía sumaria.

Resumen:

Sentencia de un panel judicial que aborda la legalidad de la cesión de una causa de acción de seguro post-pérdida a un tercero, a pesar de una cláusula de incedibilidad en la póliza. Triple-S Propiedad, Inc., la aseguradora, impugna una resolución de instancia que validó la legitimación activa de Attenure Holdings Trust 11 y HRH Property Holding LLC para demandar. La demanda fue presentada por el Consejo de Titulares del Condominio Parques de Cupey (asegurado), Attenure y HRH, reclamando incumplimiento de contrato tras los daños del huracán María. El asegurado cedió su reclamación post-pérdida a Attenure, un fideicomiso que provee ayuda económica para reparaciones y gestiona la reclamación contra la aseguradora. Triple-S solicitó la desestimación de la demanda argumentando que la cesión violaba la cláusula de incedibilidad de la póliza, privando de legitimación a los cesionarios. El foro primario rechazó la desestimación, concluyendo que la cesión de una reclamación ya ocurrida es válida sin el consentimiento de la aseguradora, otorgando standing a Attenure y HRH. La aseguradora recurre esta decisión, solicitando su revocación. El tribunal de apelaciones debe determinar si la cesión post-pérdida es legalmente efectiva frente a la cláusula de incedibilidad para conferir legitimación a los cesionarios.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en el caso de Obe E. Johnson contra el Departamento de Corrección y Rehabilitación. El recurrente, un confinado, solicitó la revisión judicial de una respuesta administrativa sobre su inclusión en una lista de espera para servicios de Tele Fisiatría. El Tribunal examinó el escrito presentado por el recurrente. Determinó que el recurso incumplía múltiples requisitos de la Regla 59 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones. Entre las deficiencias se encontraban la falta de contenido específico en el escrito y la ausencia de documentos requeridos en el apéndice. El Tribunal concluyó que estos incumplimientos procesales impedían considerar los méritos del recurso. Enfatizó la responsabilidad de las partes de cumplir rigurosamente con los requisitos reglamentarios. Por tanto, el Tribunal desestimó el recurso de revisión judicial sin entrar a evaluar el fondo de la reclamación.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en una apelación presentada por Mapfre Praico Insurance Company. Mapfre recurre una resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó su solicitud de desestimación en un caso de incumplimiento de contrato. La demanda original fue presentada por la asegurada, Lilliana Castillo Rodríguez, alegando que Mapfre subestimó los daños a su propiedad causados por el huracán María y actuó de forma desleal. Mapfre basó su moción de desestimación en la defensa de pago en finiquito. Argumentó que la asegurada recibió, endosó y depositó un cheque marcado como pago total y final de la reclamación, lo que extinguió la obligación. La asegurada se opuso, sosteniendo que no se cumplieron los requisitos para un pago en finiquito válido. Alegó falta de entendimiento sobre el efecto del cheque, que la suma no era ilíquida y que Mapfre incurrió en prácticas desleales. Además, planteó que existían hechos materiales en controversia, como la justicia de la cantidad ofrecida y si hubo aceptación como pago final. Tras examinar los argumentos y documentos, el Tribunal de Apelaciones decidió confirmar la resolución del foro primario. Esto implica que la apelación de Mapfre fue denegada y el caso continuará en el Tribunal de Primera Instancia.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisó una Resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó una moción de sentencia sumaria parcial. La moción fue presentada por los apelantes, referidos como "los peticionarios", en un litigio de herencia iniciado por los hermanos Rivera Chinea. La demanda original planteaba, entre otras cosas, la nulidad de un testamento otorgado en Florida por el causante Mario Rivera Martinó. Los peticionarios buscaron una disposición sumaria sobre esta causa de acción particular. El foro primario denegó la moción al considerar que carecía de hechos probados y se basaba únicamente en alegaciones, incumpliendo la Regla 36.3 de Procedimiento Civil. Tras solicitar reconsideración sin éxito, los peticionarios acudieron al Tribunal de Apelaciones mediante certiorari. El Tribunal de Apelaciones expidió el auto discrecional solicitado. Sin embargo, confirmó la Resolución recurrida del Tribunal de Primera Instancia, validando su determinación.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisando decisiones de la Comisión Apelativa del Servicio Público (CASP). El caso consolida los recursos de Gilbert De La Cruz Rosario y Nelson Correa Delgado contra el Municipio de Carolina. Los recurrentes, policías municipales, reclamaron aumentos salariales por años de servicio correspondientes a 2013 y 2018. Tras no recibir respuesta del Municipio, apelaron ante la CASP. El Municipio solicitó la desestimación por falta de jurisdicción, alegando que la apelación era tardía. La CASP desestimó las apelaciones, concluyendo que las reclamaciones estaban prescritas por haberse presentado fuera del término jurisdiccional de 30 días. La CASP entendió que el término se activaba al cumplirse el periodo de cinco años de servicio. El Tribunal de Apelaciones, al examinar los recursos, resuelve revocar la determinación de la CASP.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa dos recursos consolidados presentados por Gilbert De La Cruz Rosario y Nelson Correa Delgado contra el Municipio de Carolina. Los recurrentes, policías municipales, solicitaron al Municipio el reconocimiento y pago de aumentos salariales por años de servicio correspondientes a 2013 y 2018, conforme a la Ley de Municipios Autónomos. Ante la falta de respuesta del Municipio, apelaron ante la Comisión Apelativa del Servicio Público (CASP). La CASP desestimó las apelaciones por falta de jurisdicción, al considerar que las reclamaciones estaban prescritas y las apelaciones se presentaron fuera del término de treinta días. Los recurrentes impugnaron esta determinación ante el Tribunal de Apelaciones. Tras examinar los escritos, el Tribunal concluye que procede revocar la resolución de la CASP.

Resumen:

José Vázquez Marín presentó un recurso de revisión ante el Tribunal de Apelaciones contra el Departamento de Corrección y Rehabilitación. Solicitaba la revisión de una determinación administrativa que denegó la anotación de una amiga-consejera en su expediente de visita. Esta anotación era necesaria para su eventual evaluación por la Junta de Libertad bajo Palabra. El Departamento de Corrección compareció ante el Tribunal e informó que la amiga-consejera, Brenda L. Ocasio Castro, ya había sido incluida en la lista de visitantes autorizados del recurrente. Ante esta nueva circunstancia, el Departamento solicitó la desestimación del recurso por haberse tornado académico. El Tribunal de Apelaciones consideró la solicitud del Departamento. Determinó que el recurso se había tornado académico, ya que una sentencia del tribunal no tendría efectos prácticos sobre la controversia original. Conforme a su reglamento, el Tribunal desestimó el recurso presentado por José Vázquez Marín.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emitió sentencia en un recurso de certiorari relacionado con un pleito de deslinde entre fincas colindantes. El peticionario impugnó la resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó su solicitud de un remedio provisional bajo la Regla 56 de Procedimiento Civil. Dicha solicitud buscaba una orden de cese y desista contra los recurridos por alegadas acciones perjudiciales durante la pendencia del caso principal, incluyendo remoción de linderos, traspaso de propiedad y hostigamiento. El foro primario denegó el remedio provisional sin celebrar la vista previamente señalada. El Tribunal de Apelaciones determinó expedir el recurso y revocar la decisión del Tribunal de Primera Instancia.

Resumen:

Una resolución de un panel de jueces en San Juan, Puerto Rico, atiende un recurso discrecional de certiorari presentado por Desarrollos Universitarios, Inc. La parte peticionaria solicitó revocar una resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó sus mociones para una orden de naturaleza interdictal o injunction preliminar contra la Universidad de Puerto Rico. La controversia subyacente se relaciona con alegados incumplimientos de contratos de arrendamiento y administración sobre el edificio Plaza Universitaria, donde la Universidad supuestamente cesó los pagos e intentó sustituir al administrador. Desarrollos Universitarios pidió el injunction para impedir que la Universidad diera por terminado el contrato e instalara un operador interino. El foro primario denegó el injunction, indicando que la solicitud no estaba juramentada, carecía de evidencia de apoyo y que los méritos del caso principal debían resolverse primero. Desarrollos Universitarios impugnó esta denegatoria mediante certiorari, alegando que el foro primario erró en varios fundamentos, incluyendo la evaluación del daño irreparable y la prueba. El tribunal deliberó sobre los méritos de la petición y concluyó no expedir el auto solicitado de certiorari, confirmando así la denegatoria del injunction por el foro primario.

Resumen:

Este documento es una sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico que revisa una apelación. La apelación proviene de un caso civil sobre enriquecimiento injusto, incumplimiento de contrato y cobro de dinero. Los apelados demandaron a los apelantes alegando el incumplimiento de un contrato para la compraventa del 60% de las acciones de Direct Services, LLC por $2.5 millones. Según los apelados, los apelantes no realizaron los pagos subsiguientes al primero, adeudando $601,261.66. Los apelantes contestaron la demanda, alegando incumplimiento por parte de los apelados y mencionando deudas de la empresa. El Tribunal de Primera Instancia denegó una reconvención presentada por los apelantes y dictó sentencia sumaria a favor de los apelados. Los apelantes recurren ante el Tribunal de Apelaciones solicitando la revocación de ambas determinaciones. El Tribunal de Apelaciones procede a evaluar el recurso con base en los alegatos presentados por las partes.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisó una Resolución Parcial emitida por el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACo). La querella original fue presentada por Osvaldo L. Cardona Fernández contra Mario Irene h/n/c The Toy Box Auto Imports y Reliable Financial Services (ahora Popular Auto, LLC) por la compra de un vehículo con historial de accidente no revelado. El querellante solicitaba la cancelación del contrato de compraventa y la deuda con la financiera. La resolución parcial del DACo desestimó la querella contra The Toy Box pero ordenó continuar los procedimientos contra Popular Auto. Popular Auto apeló, argumentando que The Toy Box era una parte indispensable para adjudicar la controversia sobre dolo. El DACo también compareció ante el Tribunal de Apelaciones alegando falta de jurisdicción por no tratarse de una resolución final. El Tribunal consideró los argumentos y el expediente del caso. Se determinó modificar la Resolución Parcial recurrida. La modificación consistió en desestimar la querella sin perjuicio en cuanto a Popular Auto LLC. La resolución del DACo, así modificada, fue confirmada.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa una resolución de la Junta Adjudicativa del Departamento de la Familia. El recurrente, Juan D. Medina Sánchez, impugna la determinación que confirmó hallazgos de maltrato institucional con fundamento en su contra. Los referidos iniciales alegaban acoso sexual y daño emocional por parte del recurrente, un maestro, hacia estudiantes menores. La investigación del Departamento de la Familia concluyó que las alegaciones respecto a un estudiante estaban sustentadas, identificando abuso sexual y daño emocional. Tras una vista adjudicativa, la Junta confirmó esta determinación. El recurrente apeló ante el Tribunal de Apelaciones, argumentando falta de prueba sustancial y violación al debido proceso. El Tribunal examinó el caso y los argumentos presentados. Finalmente, la sentencia confirma la Resolución emitida por la Junta Adjudicativa del Departamento de la Familia.

Resumen:

Comparecen los señores Enrique A. Jordán Musa y Gerardo E. Jordán Martínez apelando una Sentencia Parcial del Tribunal de Primera Instancia. Dicha sentencia desestimó con perjuicio la demanda que presentaron contra QBE Seguros. La demanda original reclamaba daños por un accidente automovilístico causado por el señor Héctor L. Loubriel, quien conducía un vehículo registrado a nombre del señor Julio Meléndez Cruz. QBE solicitó la desestimación alegando que la póliza a favor del señor Meléndez no aplicaba porque este supuestamente vendió el vehículo al señor Loubriel sin el consentimiento o notificación de la aseguradora. El Tribunal de Primera Instancia acogió el argumento de QBE y desestimó la reclamación en su contra. Los apelantes argumentaron que QBE no proveyó evidencia de la alegada venta o falta de notificación. El panel de jueces de apelación, por los fundamentos que expondrá, revoca la Sentencia Parcial apelada.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones revisa una Sentencia Parcial del Tribunal de Primera Instancia que desestimó una Demanda contra Tercero. El apelante, Alfredo Gotay Zorrilla, había demandado como tercero a Miguel Alí Berdiel Aponte. La demanda contra tercero alegaba que Miguel J. Berdiel Aponte, hermano de Miguel Alí y demandante original, suscribió ilegalmente un contrato con este último en perjuicio de la franquicia deportiva propiedad de Gotay. El Tribunal de Primera Instancia desestimó la demanda contra tercero sin perjuicio, acogiendo el argumento de Miguel Alí Berdiel sobre la falta de agotamiento de remedios administrativos relacionados con una deuda. Gotay Zorrilla argumentó que su reclamación se basaba en el Código Civil y no en controversias deportivas sujetas a reglamentos administrativos. El Tribunal de Apelaciones, tras evaluar los fundamentos, revoca la Sentencia Parcial apelada.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisando un caso de despido injustificado y represalias. La apelante, Lissette García Peña, impugna la desestimación de su demanda contra la Cooperativa de Ahorro y Crédito Pepiniana. Alega que fue despedida ilegalmente en junio de 2019 tras testificar en contra de la Cooperativa en otro pleito. El Tribunal de Primera Instancia desestimó el caso. Determinó que la apelante no había agotado los remedios contractuales disponibles. Como empleada unionada, estaba obligada a seguir el procedimiento de quejas y agravios pactado en el convenio colectivo. Su unión ya había iniciado este proceso ante el Negociado de Conciliación y Arbitraje (NCA). El TPI concluyó que debía continuar sus reclamos ante el NCA antes de acudir a los tribunales. El Tribunal de Apelaciones confirmó la sentencia del TPI.

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Una sentencia judicial resuelve un recurso de Revisión de Decisión Administrativa presentado por el Comité Pro-Seguridad ARRAQ y ARESPA. La parte recurrente solicitó la nulidad del Reglamento Conjunto para la Evaluación y Expedición de Permisos Relacionados al Desarrollo, Uso de Terrenos y Operación de Negocios, adoptado por la Junta de Planificación el 2 de diciembre de 2020. Este reglamento buscaba establecer un sistema uniforme para la evaluación y expedición de permisos de construcción, uso de terrenos y operación de negocios. También pretendía incorporar guías de diseño verde, procedimientos de auditorías y querellas, y armonizar las competencias municipales en materia de permisos. El documento detalla el proceso seguido por la Junta de Planificación para su elaboración, incluyendo consultas a entidades gubernamentales y avisos de vistas públicas. La sentencia, por los fundamentos expuestos, declara la nulidad del Reglamento Conjunto 2020. El reglamento anulado también proponía derogar la versión vigente desde 2019. La decisión judicial invalida la normativa que regía la evaluación y expedición de permisos en Puerto Rico.

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Se revisa judicialmente una resolución de la Oficina del Procurador del Paciente (OPP). El Hospital Español Auxilio Mutuo (HEAM) impugna la desestimación de su querella contra Triple-S Advantage por falta de jurisdicción. El HEAM reclamaba el pago por servicios a una paciente de Medicare Advantage, alegando que la aseguradora sustituyó el criterio médico al denegar el pago. La OPP determinó que carecía de jurisdicción porque los pacientes de Medicare Advantage están regidos por leyes federales y supervisados por CMS. La agencia razonó que la legislación federal ocupa el campo y desplaza la ley estatal en estos asuntos. El HEAM apeló, argumentando que la OPP sí tiene jurisdicción. El Tribunal de Apelaciones confirmó el dictamen de la OPP. La decisión se fundamenta en la cláusula de supremacía de la Ley federal de Medicare, que establece que los estándares federales prevalecen sobre la ley estatal respecto a los planes Medicare Advantage. En consecuencia, la OPP no tenía competencia para resolver la reclamación del hospital.

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El Tribunal de Apelaciones revisa una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia (TPI) en un caso de cobro de dinero. P\&L Corporation demandó a ALM, LLC por una deuda de \$129,796.18 por etiquetas suministradas. ALM no contestó la demanda tras ser emplazado. P\&L solicitó y obtuvo la anotación de rebeldía contra ALM. El TPI dictó Sentencia a favor de P\&L basándose en la rebeldía y la prueba de deuda presentada. ALM apeló, alegando emplazamiento defectuoso y que el TPI no debió adjudicar el caso mientras pendía contra otro codemandado. El Tribunal de Apelaciones examinó el recurso. Aunque señaló que la Sentencia del TPI carecía de fundamentos mínimos, el Tribunal de Apelaciones confirmó la determinación del TPI. Se valida así el dictamen que ordenó a ALM pagar la deuda reclamada por P\&L.

Resumen:

Ángel A. Solero Rodríguez, un confinado, presentó un recurso de revisión administrativa ante el Tribunal de Apelaciones para impugnar una determinación del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) sobre su clasificación de custodia. Específicamente, solicitó la revisión de la decisión del Comité de Clasificación y Tratamiento del 28 de octubre de 2020, que lo mantuvo en custodia máxima. Tras denegarse su reconsideración, acudió al Tribunal. El DCR argumentó que el recurso era prematuro, pues la determinación apelada no era la resolución final del proceso administrativo. Sostuvo que la resolución final fue emitida y notificada el 20 de enero de 2021. El Tribunal de Apelaciones analizó su jurisdicción, señalando que un recurso es prematuro si se presenta antes de una determinación final del foro apelado, lo que impide al tribunal adjudicar el caso. Al considerar que la decisión recurrida no constituía la resolución final según el DCR, el Tribunal concluyó que el recurso era prematuro. Por tanto, desestimó el recurso de revisión administrativa sin entrar en los méritos, permitiendo al peticionario presentar un nuevo recurso una vez se impugne la determinación final.

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Un padre, Edgar Joel Galloza Cortés, instó una demanda en Puerto Rico contra la madre, Dayana Feliciano Echevarría, solicitando custodia compartida y relaciones paternofiliales respecto a su hijo, quien residía en Virginia con la madre desde 2015. La madre y el menor regresaron temporalmente a Puerto Rico en junio de 2020, momento en que el padre presentó la demanda y solicitó prohibir la salida del menor. El Tribunal de Primera Instancia (TPI) inicialmente prohibió la salida, pero luego celebró una vista evidenciaria sobre la moción de desestimación de la madre. El TPI determinó que la residencia habitual del menor y la madre permanecía en Virginia, no en Puerto Rico. Aplicando la ley federal Parental Kidnapping Prevention Act, el TPI concluyó que carecía de jurisdicción sobre la materia al no cumplirse el requisito de seis meses de residencia en Puerto Rico. Por tanto, el TPI desestimó la demanda, indicando que el foro con jurisdicción era Virginia. El padre apeló esta decisión. Este Tribunal confirma la Sentencia del TPI, validando la desestimación por falta de jurisdicción.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resolvió un recurso instado por la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE). La AEE apeló una Sentencia Parcial en Rebeldía del Tribunal de Primera Instancia que la encontró solidariamente responsable en un caso de daños. El caso de origen se relaciona con un accidente de tránsito en Guayama donde peatones fueron impactados por un vehículo. Los demandantes alegaron que la AEE era responsable por mantener alumbrado deficiente en el lugar del accidente. La AEE argumentó que la sentencia era nula porque el caso estaba paralizado automáticamente bajo PROMESA desde que presentó su quiebra en 2017. La AEE había presentado un Aviso de Paralización en abril de 2018, al cual los demandantes se allanaron inicialmente en cuanto a la AEE. A pesar de ello, el foro primario emitió la Sentencia Parcial en Rebeldía en julio de 2020. El Tribunal de Apelaciones concluyó que el caso efectivamente estaba paralizado por operación de ley bajo PROMESA. Por tanto, revocó la Sentencia Parcial en Rebeldía emitida por el Tribunal de Primera Instancia. Ordenó la paralización de los procedimientos y el archivo administrativo del caso.