Casos del Tribunal de Apelaciones (Página 146)

Resumen:

Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de Certiorari presentado por Alejandro Berríos Rivera. El peticionario solicitó la revisión de una determinación del Tribunal de Primera Instancia que denegó su Moción de Nuevo Juicio. Dicha moción se fundamentaba en *Ramos v. Louisiana*, alegando que su renuncia a juicio por jurado no fue válida al desconocer el requisito de unanimidad del veredicto. El Ministerio Público se opuso, argumentando que la norma de unanimidad no aplicaba a casos juzgados por tribunal de derecho. El Tribunal de Primera Instancia declaró No Ha Lugar la moción, concluyendo que la norma de *Ramos* no se extendía a casos ventilados por tribunal de derecho con renuncia voluntaria al jurado. Consideró la alegación especulativa y no justificativa de un nuevo juicio. Inconforme, Berríos Rivera acudió al Tribunal de Apelaciones. Tras analizar el recurso y la comparecencia del Pueblo, el Tribunal de Apelaciones denegó la expedición del Certiorari.

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Comparece ante esta segunda instancia judicial el Consejo de Titulares del Condominio El Taíno y otros, mediante recurso de certiorari, solicitando revocar una Orden del Tribunal de Primera Instancia. Dicha Orden denegó su Moción para Excluir Evidencia y Solicitud de Sentencia Declaratoria en un pleito contra Multinational Insurance Company. El caso original versa sobre daños e incumplimiento de póliza de seguro tras el huracán María, alegando la negativa de la aseguradora a pagar. La parte peticionaria argumentó que la aseguradora incumplió con el descubrimiento de prueba, lo que motivó su solicitud de exclusión de evidencia. A pesar de las objeciones de la peticionaria por prueba supuestamente tardía, el foro primario denegó la exclusión. También se denegó una solicitud de reconsideración. La parte peticionaria recurre ahora esa determinación ante este tribunal apelativo.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una resolución en un recurso de certiorari presentado por Eduardo Arias Rivera. El peticionario impugnaba una orden del Tribunal de Primera Instancia en un caso de Declaratoria de Herederos. Dicha orden exigía la presentación de una copia de la sentencia de divorcio de la causante. El peticionario sostuvo que el certificado de defunción bastaba para probar el estado civil. El foro primario denegó su moción de reconsideración, insistiendo en la necesidad de la sentencia de divorcio. El Tribunal de Apelaciones deniega la expedición del auto de certiorari. La resolución se basa en la Regla 52.1 de Procedimiento Civil. Esta regla restringe la revisión interlocutoria mediante certiorari a casos específicos. La orden de presentar el documento no cae dentro de las excepciones que permiten la revisión inmediata. Determinaciones como esta deben ser revisadas, si procede, en una apelación contra la sentencia final.

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La Fundación Puertorriqueña Síndrome Down (FPSD) solicitó la revisión de una Resolución y Orden emitida por la Oficina de Mediación y Adjudicación (OMA) del Departamento del Trabajo. La OMA había determinado que el despido de la Sra. Carmen N. López Rodríguez por la FPSD fue injustificado. Consecuentemente, la OMA ordenó a la FPSD compensar a la empleada al amparo de la Ley Núm. 80 sobre despido sin justa causa. La Sra. López Rodríguez había presentado una querella alegando despido injustificado tras cuatro años de servicio. La FPSD argumentó que el contrato era a término fijo sujeto a la disponibilidad de fondos o, en la alternativa, que el despido fue justificado por problemas de desempeño y conducta de la empleada. La OMA concluyó que no medió justa causa para el despido y ordenó el pago de la mesada correspondiente. Tras evaluar el recurso presentado por la FPSD, el panel judicial confirma la Resolución y Orden emitida por la OMA.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resolviendo una apelación en un caso de incumplimiento de contrato de seguro. La apelante demandó a su aseguradora, QBE Insurance, por daños sufridos en su propiedad a causa del huracán María. Alegó que la aseguradora no cumplió con ajustar la pérdida dentro del término de noventa días establecido por ley. No obstante, la demanda fue presentada el 17 de septiembre de 2018, antes de que transcurriera el plazo legal para que la aseguradora evaluara la reclamación. Incluso, una reclamación formal fue enviada y asignada por QBE días después de presentada la demanda. El Tribunal de Primera Instancia desestimó la demanda por considerarla prematura, al no haberse concedido a la aseguradora la oportunidad legal de procesar la reclamación. La apelante recurrió esta decisión. El Tribunal de Apelaciones confirmó la sentencia recurrida, validando la desestimación de la demanda por haber sido instada antes de tiempo.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia en un caso de injunction y sentencia declaratoria. La acción fue iniciada por varias corporaciones y un individuo contra el Municipio Autónomo de San Juan y sus funcionarios. Los demandantes impugnaron la Ordenanza Municipal Núm. 31, Serie 2018-2019, que prohibió el uso, venta, distribución y posesión de productos con glifosato en San Juan. Alegaron que la ordenanza era nula, excedía los poderes municipales y violaba cláusulas constitucionales como la de comercio interestatal. Sostuvieron que la prohibición amenazaba las cadenas de suministro y aumentaba los costos agrícolas. Solicitaron la nulidad de la ordenanza y un injunction para impedir su aplicación. El Municipio, en el Tribunal de Primera Instancia, solicitó la desestimación argumentando falta de jurisdicción por caducidad y falta de legitimación activa de los demandantes. El Tribunal de Primera Instancia declaró con lugar la demanda, lo que motivó la apelación del Municipio ante este foro.

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Este documento es una sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de incumplimiento de contrato. El apelante, Centro de Restauración Familiar, demandó a MAPFRE PRAICO Insurance Company por daños a su propiedad causados por el huracán María. Alegó que MAPFRE no cumplió con sus obligaciones contractuales ni proveyó una compensación justa. MAPFRE contestó la demanda negando las alegaciones y afirmando haber actuado diligentemente y de buena fe. Posteriormente, MAPFRE presentó una moción de sentencia sumaria, argumentando que la obligación se había extinguido por la doctrina de pago en finiquito. Sostuvo que emitió un cheque por \$2,250.75 como pago total y final de la reclamación, el cual el Centro de Restauración Familiar aceptó y cobró. El Tribunal de Primera Instancia declaró con lugar la moción de sentencia sumaria, aplicando la doctrina de pago en finiquito y desestimando la demanda con perjuicio. El Centro de Restauración Familiar apeló esta decisión. El Tribunal de Apelaciones examinó los escritos y el derecho aplicable. Por los fundamentos expuestos, el Tribunal de Apelaciones confirmó la Sentencia apelada.

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Una Autoridad inició un proceso de expropiación para adquirir propiedades de varias partes, incluyendo a Collazo y Rexach. Inicialmente, se depositó una compensación estimada de $30,540.00 por las propiedades. Posteriormente, la Autoridad enmendó su petición para incluir la Estructura 33, aumentando el depósito a $111,504.83. Surgió una controversia sobre la titularidad de la Estructura 33, reclamada por el peticionario. Rexach presentó una moción de sentencia sumaria parcial para desestimar la reclamación de otros sobre dicha estructura. El Tribunal de Primera Instancia dictó Sentencia Sumaria Interlocutoria, concluyendo que Rexach Hermanos, Inc. era la única parte con interés en la Estructura 33 (Locales A y C). Una vez firme la sentencia, el peticionario solicitó el retiro de los fondos correspondientes a Rexach Hermanos, Inc. bajo protesta, sin cuestionar el valor estimado de la Estructura 33.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico atendió una revisión administrativa presentada por Suiza Dairy, Corp. Suiza impugnaba una Resolución y Orden Final de la Oficina de Reglamentación de la Industria Lechera (ORIL). Dicha resolución certificó la conformidad del precio de venta de las acciones de Industria Lechera de Puerto Rico, Inc. (INDULAC). INDULAC, la Cooperativa de Productores de Leche, ORIL y el Fondo para el Fomento de la Industria Lechera solicitaron la desestimación del recurso. Alegaron que Suiza carecía de legitimación activa para impugnar la determinación de la agencia. También argumentaron que la decisión recurrida no era revisable por el Tribunal de Apelaciones. El tribunal destacó la importancia de la doctrina de legitimación activa y la necesidad de resolver las cuestiones jurisdiccionales. Se recordó que la legitimación activa requiere un interés genuino y un daño claro y palpable. La corte procedió a desestimar la solicitud de revisión administrativa presentada por Suiza.

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Se revisa mediante certiorari una Resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó la solicitud de desestimación de la demanda de intervención en un caso de partición de herencia. La peticionaria, Joanmarie Quiñones Molina, solicitó la desestimación de la intervención del Lcdo. Juan A. Sánchez Rivoleda. El Lcdo. Sánchez Rivoleda intervino en el pleito de herencia basándose en una sentencia en rebeldía obtenida contra la peticionaria en un caso de cobro de dinero. Dicha sentencia en rebeldía fue posteriormente revocada y dejada sin efecto por una sentencia previa del Tribunal de Apelaciones. Esa sentencia revocatoria advino final y firme, ordenando la continuación del caso de cobro de dinero. La peticionaria argumentó que, al no existir ya la sentencia que fundamentaba la intervención, esta carecía de base legal. El Tribunal de Primera Instancia declaró No Ha Lugar la moción de desestimación de la intervención. El Tribunal de Apelaciones expide el auto de certiorari solicitado. Se revoca la resolución recurrida del Tribunal de Primera Instancia. Esto implica que se desestima la intervención del Lcdo. Sánchez Rivoleda en el caso de partición de herencia.

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Rafael Doitteau Cruz presentó un recurso de revisión judicial ante el Tribunal de Apelaciones contra una Resolución de la Junta de Libertad Bajo Palabra que le denegó el privilegio de libertad bajo palabra. La Junta emitió su decisión el 9 de noviembre de 2020, siendo notificada al recurrente el 24 de noviembre. El recurrente solicitó reconsideración el 30 de noviembre de 2020. La Junta determinó el 20 de enero de 2021 que carecía de jurisdicción para atender la reconsideración, indicando que el remedio era la revisión judicial ante el Tribunal de Apelaciones tras el transcurso del término reglamentario. El recurrente presentó el recurso de revisión judicial el 12 de febrero de 2021. La Junta solicitó la desestimación del recurso por presentación tardía, argumentando que el plazo para la revisión judicial venció el 14 de enero de 2021. El Tribunal de Apelaciones analizó la solicitud de desestimación y el recurso. Concluyó que el recurso fue presentado fuera del término establecido por el Reglamento de la Junta y la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme. Por tanto, el Tribunal desestimó el recurso por falta de jurisdicción debido a su presentación tardía.

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Recurso de apelación ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. La Iglesia de Dios Pentecostal, Movimiento Internacional, solicita la revocación de una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia. Dicha sentencia declaró Con Lugar la moción de desestimación del apelado, Samuel Hernández Ortiz, y denegó la petición de interdicto estatutario de la Iglesia. La controversia se origina por un permiso de construcción emitido por la OGPe al Sr. Hernández Ortiz en octubre de 2016 para remodelar una estación de gasolina. La Iglesia presentó una solicitud de reconsideración ante la OGPe en marzo de 2017, alegando que se enteraron del permiso en esa fecha y que no fueron debidamente notificados. Argumentaron que la estación de gasolina, cerrada por más de 15 años, está muy cerca de su iglesia y su reapertura representa un peligro. La Iglesia sostuvo que los permisos fueron obtenidos de forma indebida e ilegal. El Tribunal de Primera Instancia desestimó la acción de injunction de la Iglesia. La apelación busca revertir esta decisión.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de revisión administrativa. Miguel A. Rivera Díaz recurre contra el Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR). Alega que el DCR incumplió con proveerle medicamentos esenciales por dos semanas en julio de 2020. Sostiene que esta omisión violó los acuerdos del caso federal *Morales Feliciano* y le causó daños. El recurrente solicitó remedios administrativos ante el DCR, los cuales fueron denegados. Las respuestas administrativas del DCR indicaron que, al momento de responder, el recurrente ya recibía los medicamentos. Insatisfecho, el señor Rivera Díaz acudió al Tribunal de Apelaciones solicitando la revisión de las decisiones administrativas y una indemnización de \$30,000. El Tribunal, tras considerar el recurso, determinó desestimarlo.

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El Tribunal de Apelaciones desestimó un recurso de certiorari presentado por Medtronic Puerto Rico Operations Co. Medtronic impugnaba una resolución del Tribunal de Primera Instancia que dispuso regir un pleito de despido injustificado y cobro de dinero bajo la Ley Núm. 80, tal como existía antes de la reforma laboral de 2017, incluyendo la mesada y el peso de la prueba. La parte recurrida, Tami Lellouche, solicitó la desestimación por falta de jurisdicción. Alegó que Medtronic no notificó la petición de certiorari ni sus apéndices dentro del término establecido por la Regla 33(B) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones. Medtronic admitió la notificación tardía, argumentando un error administrativo y la ausencia de perjuicio. Sin embargo, el Tribunal de Apelaciones determinó que la notificación no se realizó conforme a la Regla 33(B). Por tanto, se desestimó el recurso por incumplimiento con el requisito de notificación, el cual es de cumplimiento estricto.

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Recurso de apelación ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso sobre división de comunidad de bienes hereditarios. Las partes, Olga M. Vázquez Ortiz (apelante) y Ana E. Vázquez Ortiz (apelada), son hermanas y únicas herederas de sus padres. El pleito se inició en 2008 en el Tribunal de Primera Instancia de Fajardo para liquidar el caudal relicto, que incluye un inmueble con estructuras privativas de cada hermana. Se solicitó la valoración y división de los bienes, y se nombró un agrimensor para segregar la propiedad según el testamento de la madre. Un aspecto controvertido fue la solicitud de la apelante para que la apelada pagara cánones de arrendamiento por propiedades en el inmueble ocupadas por sus hijos. El tribunal de instancia ordenó a la apelada pagar \$1,000 mensuales por cada una de tres propiedades desde marzo de 2011. La apelación se presenta contra una Sentencia Parcial dictada en 2018 que estableció hechos estipulados. El Tribunal de Apelaciones acoge el recurso de certiorari como apelación para revisar la decisión del foro primario.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una resolución sobre una petición de certiorari presentada por Mapfre Praico Insurance Company. Mapfre solicitó la revocación de una resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó su moción de sentencia sumaria parcial y una moción de sentencia sumaria de la parte demandante. El foro primario determinó que aún existían controversias medulares que impedían un fallo sumario. Mapfre argumenta que su póliza de seguros con MCL Logistics contiene una cláusula de exclusión que la exime de la obligación de defensa y cubierta en el pleito de daños y perjuicios. Sostiene que procede dictar sentencia sumaria parcial a su favor. El Tribunal de Apelaciones, tras deliberar, concluye no expedir el auto de certiorari solicitado. Considera que, aunque algunas cláusulas de la póliza son claras, otras requieren interpretación a la luz de los hechos del caso. Esta necesidad de interpretación integral impide la solución sumaria de la controversia en esta etapa. El Tribunal no encontró que el foro primario actuara de forma arbitraria o abusara de su discreción al denegar las mociones de sentencia sumaria.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa una sentencia del Tribunal de Primera Instancia en un caso de cobro de dinero bajo la Regla 60. Midland Credit Management, como agente de Midland Funding, demandó a José L. Fernández por una deuda de tarjeta de crédito. El Tribunal de Primera Instancia desestimó la demanda sin perjuicio por falta de jurisdicción. La desestimación se basó en que la carta de interpelación previa a la demanda, un requisito jurisdiccional, fue devuelta y no se acreditaron esfuerzos adicionales de notificación. La demandante apeló, argumentando que envió la carta a la dirección correcta y que la desestimación fue una sanción excesiva. La apelante solicitó reconsideración, la cual fue denegada. Ante el Tribunal de Apelaciones, la apelante cuestiona la declaración de falta de jurisdicción. El Tribunal de Apelaciones procede a revocar la Sentencia apelada. Se discute la importancia de la jurisdicción como requisito fundamental para la validez de los procedimientos judiciales.

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Juan A. Velázquez Nadal, un recluso, presentó un recurso de revisión judicial solicitando su traslado a otra institución penal por motivos de salud. El Tribunal de Apelaciones identificó que el recurso carecía de los aranceles correspondientes o de una solicitud para litigar *in forma pauperis*. Ante esta omisión, el tribunal emitió una resolución concediendo al recurrente diez días para presentar la solicitud de indigencia, con la advertencia de desestimación en caso de incumplimiento. Transcurrido el plazo otorgado, el recurrente no cumplió con lo requerido por el tribunal. La sentencia explica que el pago de aranceles es esencial para el perfeccionamiento de un recurso y para que el tribunal adquiera jurisdicción. Se reconoce la excepción para litigar *in forma pauperis* para personas que demuestren indigencia. Sin embargo, al no haber cumplido el recurrente con la orden de subsanar la falta de aranceles o solicitar la indigencia, el recurso no fue perfeccionado. La falta de perfeccionamiento constituye un defecto insubsanable que priva al tribunal de jurisdicción. Por consiguiente, el Tribunal de Apelaciones procede a desestimar el recurso presentado por Juan A. Velázquez Nadal.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de revisión administrativa presentado por el confinado Jonathan Sierra de Jesús contra el Departamento de Corrección. El recurso impugna una resolución de la División de Remedios Administrativos relacionada con el remedio administrativo ICG-850-19. El caso se origina tras una prueba toxicológica positiva y el subsiguiente procedimiento disciplinario. Sierra presentó un remedio administrativo cuestionando el proceso de toma de muestra y la denegación de una prueba de corroboración. Alegó padecer de una condición médica que afectó la muestra y que se le violó el debido proceso. La División de Remedios Administrativos denegó su reconsideración, rechazando sus argumentos sobre la condición médica y la razón para no realizar la prueba de corroboración. El Tribunal de Apelaciones revisó la determinación de la División de Remedios Administrativos. Tras evaluar los fundamentos, el Tribunal decidió REVOCAR la Resolución recurrida.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa una sentencia del Tribunal de Primera Instancia que denegó una moción de desestimación en un caso de incumplimiento de contrato y persecución maliciosa. Los demandantes alegaron que, tras una demanda civil previa, los demandados presentaron una reconvención con alegaciones falsas y uno de ellos instigó una denuncia penal por daños a la propiedad contra uno de los demandantes, brindando testimonio falso. Aunque el proceso penal terminó favorablemente para el demandante, este sufrió daños. Los demandados solicitaron la desestimación de la causa de acción por persecución maliciosa, argumentando que el Estado inicia los procesos penales y que no se alegaron hechos específicos de instigación maliciosa. Los demandantes intentaron enmendar la demanda para añadir alegaciones de instigación activa. El Tribunal de Primera Instancia denegó la desestimación. El Tribunal de Apelaciones concluye que procede la desestimación de la causa de acción por persecución maliciosa.

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Recurso de apelación ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre pensión alimentaria. La apelante, Julissa Santiago Alvarado, impugna una Resolución del Tribunal de Primera Instancia que acogió un informe recomendando cesar provisionalmente el pago de pensión alimentaria por parte del apelado, Alfredo González Cruz. La recomendación se fundamentó en que la menor alimentista no residía con la madre, sino con su abuela materna. Las partes habían estipulado previamente una pensión mensual detallada que incluía diversos gastos y un pago suplementario por hipoteca. El padre solicitó una revisión de la pensión, lo que llevó a una vista ante una Examinadora a la que la madre no compareció. El Tribunal de Primera Instancia ordenó el cese provisional del pago basado en el informe de la Examinadora. El Tribunal de Apelaciones revisó el dictamen recurrido. Por los fundamentos expuestos, el Tribunal de Apelaciones REVOCA la decisión del foro primario.

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Este documento es una sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de custodia. La apelante, Maybelline Deida Soler, recurrió una decisión del Tribunal de Primera Instancia que concedió la custodia física y legal de la menor XGD al apelado, Eduardo Galán Mercado. La apelación cuestionó la apreciación de la prueba testifical por parte del tribunal de instancia. El Tribunal de Apelaciones revisó el caso, incluyendo una transcripción de la prueba oral. El trasfondo fáctico incluye la relación de los padres, la separación y, de manera significativa, una querella por alegados actos lascivos contra la menor por parte de la nueva pareja de la madre. Esta querella resultó en una investigación policial y del Departamento de la Familia. Se emitió una orden de protección contra la pareja de la madre en 2016, vigente por seis meses, debido a las alegaciones y una investigación criminal pendiente. El documento también señala un alegado incumplimiento de la madre con instrucciones de no exponer a los menores a su pareja. El Tribunal de Apelaciones procede a emitir su sentencia tras el estudio del caso.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que ordenó a MAPFRE PRAICO Insurance Company cumplir con una Resolución y Orden de la Oficina de Mediación y Adjudicación (OMA) del Departamento del Trabajo. La OMA había ordenado a MAPFRE pagar \$3,218.68 a un empleado por salarios adeudados, luego de reabrir un caso inicialmente desestimado contra la aseguradora. La orden final de la OMA se basó en la falta de contestación de MAPFRE a la querella, aplicando la Regla 5.6 del Reglamento de la OMA. Ante el incumplimiento de MAPFRE, el Departamento del Trabajo acudió al foro primario para solicitar la puesta en vigor de la resolución mediante un procedimiento de desacato. El Tribunal de Primera Instancia determinó el incumplimiento de MAPFRE y ordenó el cumplimiento de la orden de pago. MAPFRE apeló esta decisión ante el Tribunal de Apelaciones. Tras analizar el recurso, el Tribunal de Apelaciones confirma la Sentencia apelada.

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Se presenta una apelación ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico contra una sentencia del Tribunal de Primera Instancia de San Juan. La sentencia apelada declaró con lugar una demanda de daños y perjuicios por un ataque de perro. El Tribunal de Primera Instancia ordenó a la apelante, Gloria Del Mar Freyre Medina, y a su sociedad legal de gananciales, pagar \$4,560 por pérdida de ingresos y \$60,000 por daños físicos y angustias mentales. La controversia se originó por una demanda presentada por Jesús Manuel Bosque Olivan alegando daños por la caída causada por el ataque de un perro propiedad de la apelante. El caso en primera instancia procedió a una sentencia en rebeldía contra la apelante tras no asegurar representación legal después de que sus abogados renunciaran. La apelante impugna la sentencia alegando falta de notificación adecuada de la vista en rebeldía, ausencia de prueba sobre la posesión del animal y error en la valoración de los daños. El Tribunal de Apelaciones revisó el recurso. Por los fundamentos expuestos, el Tribunal de Apelaciones confirma el dictamen recurrido del Tribunal de Primera Instancia.

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La parte apelante, compuesta por Carlos Martínez Díaz y otros, recurre en apelación contra una sentencia sumaria del Tribunal de Primera Instancia. Dicha sentencia desestimó con perjuicio su demanda por incumplimiento de contrato contra Mapfre Praico Insurance Company. Los apelantes sufrieron daños en su propiedad por el huracán María y demandaron a la aseguradora, alegando que subestimó los daños, se negó a compensarles adecuadamente e incurrió en mala fe contractual. Mapfre, por su parte, sostuvo haber atendido la reclamación diligentemente, ajustado de buena fe y realizado un pago. El foro primario fundamentó su decisión de desestimar la demanda en la aplicación de la doctrina de pago en finiquito. Los apelantes solicitan la revocación de este dictamen.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en el recurso presentado por Universal Insurance Company y Firstbank de Puerto Rico. Las apelantes buscan dejar sin efecto una sentencia previa del Tribunal de Primera Instancia. El caso original fue instado por la Sra. Rosario Concepción Garrido contra Firstbank y Universal. La Sra. Concepción alegó que Firstbank, durante un proceso de ejecución, entró negligentemente a su apartamento (G-303) en lugar del correcto (G-301). Este error resultó en la apropiación de sus bienes, cambio de cerradura y daños económicos y emocionales. Firstbank se defendió argumentando que el error fue causado por la administración del condominio. El Tribunal de Primera Instancia encontró a Firstbank negligente, rechazando su defensa y destacando su falta de diligencia. El tribunal de instancia condenó a Firstbank a pagar sumas específicas por entrada ilegal, bienes perdidos y gastos de viaje. Tras evaluar el recurso, el Tribunal de Apelaciones confirma el dictamen apelado.

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Ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico, Roberto Guerrios Rivera presentó un recurso de certiorari. Solicitó la revocación de dos dictámenes del Tribunal de Primera Instancia (TPI) en un caso de divorcio y alimentos. La primera orden, de junio de 2020, denegó su petición de cerrar el caso de alimentos ante ASUME y ordenó a la agencia auditar su deuda. La segunda, una resolución de diciembre de 2020, declaró No Ha Lugar su reconsideración. El peticionario alegó que estas órdenes violaban una sentencia previa del TPI que supuestamente ordenó el cierre del caso en ASUME y un plan de pago directo. La madre de los menores, Iris Velia Rivera Torres, se opuso al cierre, argumentando incumplimiento y discrepancias en la deuda, solicitando la auditoría. El TPI justificó sus órdenes en el incumplimiento reiterado del peticionario y la necesidad de dilucidar el balance adeudado mediante auditoría. Considerado el recurso, el Tribunal de Apelaciones resolvió denegar la expedición del certiorari solicitado por el señor Guerrios Rivera.

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Comparece ante el Tribunal de Apelaciones Gilbert Louis Acevedo Malave mediante recurso de certiorari. Solicita la revocación de una Resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó su solicitud de desestimación al amparo de la Regla 64(p) de Procedimiento Criminal. El peticionario enfrenta acusaciones por infracciones a la Ley de Armas y la Ley de Violencia Doméstica. Argumentó que las acusaciones bajo la Ley de Armas debían desestimarse por falta de prueba suficiente sobre el tipo específico de arma utilizada en las vistas de causa probable y preliminar. El Ministerio Público se opuso, señalando que el peticionario no incluyó la transcripción del testimonio de la perjudicada y que la determinación de causa probable goza de presunción de corrección. El Tribunal de Primera Instancia declaró No Ha Lugar la solicitud de desestimación. El Tribunal de Apelaciones, tras evaluar el recurso, deniega la expedición del auto de certiorari sin trámite ulterior. La denegatoria se realiza conforme a la Regla 7(B)(5) de su Reglamento. La resolución confirma la decisión del Tribunal de Primera Instancia de no desestimar las acusaciones.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de incumplimiento de contrato. La apelante, María de los Ángeles Rodríguez, demandó a Mapfre Insurance Company tras sufrir daños por el huracán María y quedar insatisfecha con el ajuste de su reclamación. Alegó que la aseguradora subestimó los daños, se negó a compensarla adecuadamente e incurrió en mala fe. El Tribunal de Primera Instancia desestimó la demanda con perjuicio, aplicando la doctrina de pago en finiquito. La aseguradora argumentó que la apelante cobró un cheque marcado como pago total y final de la reclamación, a pesar de haber solicitado reconsideración previamente. La apelante recurre la sentencia de desestimación, buscando su revocación. El Tribunal de Apelaciones evalúa la procedencia de dicho recurso.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resolviendo un recurso de certiorari presentado por Mapfre Praico Insurance Company. Mapfre impugnó una resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó su solicitud de desestimación en una demanda presentada por el Consejo de Titulares del Condominio Dalia Hills. La demanda del Condominio se relaciona con el procesamiento de su reclamación de seguro por daños de los huracanes Irma y María. Mapfre argumentó que las causas de acción extracontractuales, incluyendo las basadas en la Ley Núm. 247-2018, debían desestimarse por no ser retroactivas y no poder acumularse con reclamos de incumplimiento de contrato. El Condominio sostuvo que la Ley 247-2018 sí es retroactiva y permite la acumulación de acciones. El Tribunal de Primera Instancia declaró no ha lugar la moción de desestimación. El Tribunal de Apelaciones expidió el certiorari para revisar dicha determinación. Tras evaluar los argumentos, el Tribunal de Apelaciones confirmó la resolución recurrida, manteniendo la decisión del foro primario.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico considera una apelación de Jimmy Román Cartagena, convicto en ausencia por un tribunal de derecho por violaciones a la Ley de Armas. El apelante impugnó inicialmente el juicio en ausencia y la apreciación de la prueba. Posteriormente, argumentó que su renuncia al derecho a juicio por jurado fue inválida bajo el nuevo estándar constitucional que exige veredictos unánimes, establecido en *Ramos v. Louisiana* y adoptado en Puerto Rico. Alegó que, a la luz de esta nueva norma, su renuncia no fue inteligente y solicitó la anulación de la convicción para celebrar un nuevo juicio con jurado. El Pueblo se opuso, sosteniendo que la regla de *Ramos* aplica a casos juzgados por jurado, no por un juez. El tribunal examina la decisión de *Ramos* y su impacto en el requisito de unanimidad, contrastándola con la jurisprudencia previa. La sentencia analiza si el nuevo estándar constitucional afecta la validez de una renuncia a jurado en un caso juzgado por tribunal de derecho.

Resumen:

Reynaldo Montero García presentó un recurso de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. Solicitó la revisión de una resolución del Tribunal de Primera Instancia (TPI) que denegó su petición de modificación de sentencia. El peticionario cumple una condena de 15 años por un delito tipificado en el Artículo 133 del Código Penal de 2012. Argumentó que la Ley Núm. 246-2014 enmendó dicho artículo, reduciendo la pena a 10 años, y que debía aplicarse el principio de favorabilidad. El TPI rechazó su solicitud, determinando que la Ley 246-2014 no redujo la pena del Art. 133, sino que añadió una pena accesoria. Inconforme, Montero García alegó ante el Tribunal de Apelaciones que el TPI erró al no aplicar el principio de favorabilidad. El Tribunal de Apelaciones, tras considerar la petición, resolvió denegar la expedición del auto de certiorari. Esta decisión implica que el Tribunal de Apelaciones no encontró fundamentos suficientes para revisar la determinación del TPI.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de revisión administrativa presentado por Jorge Piñero Rodríguez. El recurrente impugna una resolución del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) que lo encontró culpable de violar los Códigos 121 (amenaza) y 205 (disturbios) del Reglamento Disciplinario. Como resultado, se le impuso una sanción de sesenta días de privación de privilegios de comisaria, visitas y recreación. La querella disciplinaria se basó en un incidente ocurrido el 5 de agosto de 2020. El proceso administrativo incluyó una investigación, notificación de cargos y derechos, y una vista donde el recurrente negó las imputaciones. El Tribunal revisa el expediente administrativo y la solicitud de desestimación del DCR. La sentencia detalla el historial procesal y los fundamentos de la decisión recurrida, enmarcada en los requisitos del debido proceso de ley.

Resumen:

Esta resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico trata sobre una Petición de Certiorari presentada por el Director Administrativo de los Tribunales. El caso subyacente involucra la solicitud de aumento salarial por mérito de Zulmarie González Díaz, la cual fue denegada. La Sra. González Díaz presentó una querella ante la Junta del Personal de la Rama Judicial. El Director Administrativo argumentó que el caso estaba sujeto a la paralización automática impuesta por PROMESA debido al proceso de quiebra del gobierno. Sin embargo, la Junta del Personal determinó que la paralización automática no aplicaba porque la querella fue presentada después de la fecha de la petición de quiebra del gobierno. La Junta denegó el aviso de paralización del Director Administrativo y su posterior moción de reconsideración. El Director Administrativo apeló ante el Tribunal de Apelaciones, alegando que la Junta del Personal erró y actuó sin jurisdicción al no aplicar la paralización de PROMESA. El Tribunal está revisando la decisión de la Junta del Personal sobre la aplicabilidad de la paralización automática a esta querella presentada post-petición.

Resumen:

Este documento es una resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico relativa a una Petición de Certiorari presentada por MAPFRE PRAICO Insurance Company. MAPFRE solicitó la revisión de una resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó su Moción de Sentencia Sumaria en un caso presentado por Edith Valentín de Pablo. La demanda original alegaba incumplimiento de contrato, daños y perjuicios, y dolo y mala fe por parte de MAPFRE en relación con una reclamación de seguro por daños causados por el Huracán María a una propiedad comercial. Valentín de Pablo había asegurado la propiedad con MAPFRE, pero la reclamación fue denegada. MAPFRE argumentó a favor de la desestimación sumaria, alegando que no existían hechos esenciales controvertidos, mientras que Valentín de Pablo sostuvo lo contrario. El tribunal de primera instancia denegó la moción de MAPFRE, al encontrar que existían controversias de hechos esenciales. MAPFRE apeló entonces esta denegación mediante Certiorari. El Tribunal de Apelaciones, tras evaluar la petición y el razonamiento del tribunal primario, DENEGÓ el certiorari solicitado.

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Travis Herbert Bonilla Pérez compareció ante el Tribunal de Apelaciones mediante Certiorari Criminal. Solicitó la revocación de una sentencia dictada por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Mayagüez. Dicha sentencia lo declaró culpable tras una alegación de culpabilidad por delitos como daño agravado, violaciones a la Ley Núm. 54 de Violencia Doméstica y abandonar la escena de un accidente. El foro de instancia lo condenó a cumplir 10 años de cárcel. El Peticionario impugnó el Informe Pre-Sentencia y solicitó una pena suspendida o mixta, peticiones que fueron denegadas por el TPI. Su recurso ante el Apelativo planteó errores sobre la denegación de la impugnación del informe y un alegado abuso de discreción en la imposición de la pena. El Tribunal de Apelaciones acogió el recurso como Certiorari. Por los fundamentos expuestos en la Resolución, se desestima el auto de certiorari solicitado por Travis Herbert Bonilla Pérez.

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Este documento es una sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de Certiorari. La Cooperativa de Ahorro y Crédito de Arecibo solicitó la revisión de una resolución del Tribunal de Primera Instancia (TPI). El TPI había denegado la solicitud de la Cooperativa para ejecutar una sentencia de cobro de dinero dictada en rebeldía contra Joel Rodríguez Márquez en 2009. La sentencia original condenaba al recurrido a pagar \$7,981.58 más intereses y honorarios de abogado. La Cooperativa realizó gestiones extrajudiciales para cobrar la deuda sin éxito. En 2019, solicitó la ejecución de la sentencia, y el TPI requirió una explicación por la demora de más de cinco años. A pesar de la declaración jurada de la Cooperativa detallando sus esfuerzos, el TPI denegó la ejecución en 2020 sin fundamentos específicos. La Cooperativa recurrió al Tribunal de Apelaciones, alegando error y abuso de discreción. El Tribunal de Apelaciones revisó el caso, notando la incomparecencia del recurrido. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones expidió el auto de Certiorari y revocó la resolución del TPI que denegó la ejecución de la sentencia.

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Este caso es una apelación de una sentencia sumaria que desestimó una demanda por despido injustificado. Una empleada demandó a su patrono, MCS Healthcare Holdings, LLC, alegando que fue despedida sin justa causa tras 14 años de servicio. El patrono justificó el despido en el incumplimiento de la empleada de publicar documentos regulatorios en la página web a la hora requerida por la reglamentación federal. La empleada sostuvo que el despido fue desproporcionado y que sí cumplió con la reglamentación al publicar los documentos más tarde el día requerido, sin que el patrono sufriera multas o pérdidas. El Tribunal de Primera Instancia concedió sentencia sumaria a favor del patrono, al entender que no había controversia sobre el incumplimiento de la empleada. El Tribunal de Apelaciones revisó dicha determinación. Concluyó que el TPI erró al resolver el caso por la vía sumaria. Subsisten varias controversias sobre hechos medulares relacionados con la justificación del despido. Estas controversias requieren ser adjudicadas mediante un juicio.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en el caso de Ángel Díaz Suárez contra la Administración de los Sistemas de Retiro. El recurrente solicitó la revisión judicial de una resolución de la Junta de Retiro que denegó su pensión por incapacidad ocupacional. La Junta de Retiro confirmó la determinación administrativa inicial. Tras la resolución, el señor Díaz Suárez presentó una solicitud de reconsideración ante la Junta de Síndicos. Posteriormente, presentó la solicitud de revisión ante el Tribunal de Apelaciones. La parte recurrida argumentó que el tribunal carecía de jurisdicción porque la reconsideración administrativa no se presentó dentro del término legal. El Tribunal de Apelaciones examinó los autos y determinó que, efectivamente, carece de jurisdicción para entender el recurso. La solicitud de revisión es desestimada debido a que la reconsideración administrativa fue presentada fuera del término, lo que afecta la jurisdicción del foro apelativo.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emitió Sentencia en el caso KLAN202100076, resolviendo una apelación. Ramón A. Hernández Lucca y Ruth Madeline Colón Colón apelaron la decisión del Tribunal de Primera Instancia que desestimó su demanda. La demanda original solicitaba el cumplimiento de contratos para la cesión de una licencia de la FCC y la venta de activos, además de daños. La Corporación Apelada argumentó la nulidad de dichos contratos. Alegó que no cumplían con los requisitos de firma establecidos en una Resolución Corporativa, la cual exigía la comparecencia de al menos dos apoderados. El foro primario desestimó la demanda y declaró nulos los contratos mediante sentencia sumaria. Esta decisión se basó, en parte, en hechos dados por admitidos debido a la falta de respuesta de los apelantes a requerimientos de descubrimiento. El Tribunal de Apelaciones revisó el caso y confirmó la Sentencia apelada.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre un recurso de certiorari presentado por Wilfredo Molina Rivera. El peticionario impugnó la denegatoria del Tribunal de Primera Instancia a su moción para suprimir la identificación que hizo la víctima en una rueda de confrontación. El acusado enfrenta cargos por secuestro, agresión sexual, robo y violación a la Ley de Armas. La defensa alegó que la rueda de confrontación fue sugestiva y que la víctima había identificado a otra persona previamente. Tras una vista evidenciaria, el Tribunal de Primera Instancia concluyó que la rueda no presentó vicios de sugestividad estatal y que la identificación de la víctima fue confiable, destacando su certeza y el tiempo de observación durante los hechos. El foro primario consideró irrelevante una identificación previa sin intervención estatal. El Tribunal de Apelaciones, en el ejercicio de su discreción, declinó intervenir con la decisión recurrida. La confiabilidad final de la prueba de identificación corresponderá al juzgador de hechos en el juicio.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en un recurso de apelación presentado por Aracelis Y. Burgos Curbelo. La apelación busca revocar una Sentencia Parcial del Tribunal de Primera Instancia de Hatillo. Dicha sentencia parcial declaró ha lugar el remedio solicitado por Corporación de Servicios Médicos Primarios (CSM) y desestimó la reconvención de la Sra. Burgos. CSM demandó a la Sra. Burgos por incumplimiento de contrato y daños y perjuicios, alegando que, como Directora de Finanzas, implementó prácticas de facturación médica indebidas que expusieron a CSM a pérdidas millonarias. La Sra. Burgos, a su vez, presentó una reconvención bajo la Ley Núm. 115. Argumentó que la demanda de CSM constituía una represalia por una querella previa que ella había presentado contra CSM por despido injustificado y discrimen. El Tribunal de Primera Instancia desestimó esta reconvención por represalias. El Tribunal de Apelaciones acogió el recurso como apelación y revisó los fundamentos del caso. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones confirma la Sentencia Parcial apelada.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de cobro de dinero y ejecución de hipoteca. Ricardo Feliciano Figueroa demandó a Juan Cuevas Plaza, deudor original, y a Jonathan Morales Cruz, actual titular de las propiedades hipotecadas. Figueroa reclamaba el pago de un pagaré hipotecario de \$60,000.00 y la ejecución de la garantía. El Tribunal de Primera Instancia (TPI) dictó sentencia en rebeldía contra Cuevas Plaza y, posteriormente, sentencia sumaria contra Morales Cruz. El TPI encontró a Morales Cruz solidariamente responsable por \$38,694.00, distribuyendo el pago entre Figueroa y el Estado. Figueroa apeló esta sentencia, mientras Morales Cruz presentó una solicitud de reconsideración ante el TPI. El Tribunal de Apelaciones analizó su jurisdicción. Determinó que un recurso de apelación presentado mientras pende una moción de reconsideración en el foro primario es prematuro. Un recurso prematuro priva de jurisdicción al tribunal apelativo y debe ser desestimado sin entrar en los méritos.

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Este caso de apelación surge de una demanda por incumplimiento de contrato presentada por la Asociación de Residentes del Condominio La Monserrate contra su aseguradora, Triple S Propiedad. La Asociación reclamó daños a la propiedad asegurada causados por el huracán María, alegando que Triple S incumplió la póliza al subvalorar los daños y omitir cubiertas. Triple S solicitó la desestimación argumentando que la Asociación no cumplió con el requisito de notificación previa al Comisionado de Seguros y a la aseguradora, según el Artículo 27.164 del Código de Seguros (Ley Núm. 247-2018). La Asociación se opuso, sosteniendo que la reclamación era bajo el Código Civil o que sí notificó. El Tribunal de Primera Instancia emitió una Sentencia parcial desestimando la causa de acción. La Asociación apeló dicha Sentencia. El Tribunal de Apelaciones revisó la determinación del foro primario. Por los fundamentos expuestos, el Tribunal de Apelaciones revocó la Sentencia parcial apelada.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico consolidó dos recursos de revisión. Estos recursos impugnaban la adjudicación de la Subasta Núm. P-20-34 por la Junta de Subastas de la Autoridad de Carreteras y Transportación. La subasta buscaba servicios de mantenimiento de carreteras y fue adjudicada a Ferrovial Agromán, LLC. La recurrente Puerto Rico Asphalt, LLC alegó notificación defectuosa y error al no aplicar el porciento de preferencia a su cotización. La recurrente A & M Group, Inc. argumentó que su propuesta fue rechazada erróneamente por supuestamente no cumplir con un requisito específico. Ambas empresas fueron licitadoras no agraciadas cuyas propuestas fueron rechazadas. El Tribunal revisó los fundamentos de las impugnaciones presentadas. Finalmente, el Tribunal confirmó la determinación de la Junta de Subastas. La adjudicación de la Subasta Núm. P-20-34 a favor de Ferrovial Agromán, LLC fue ratificada.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisó una determinación del Departamento de Corrección y Rehabilitación sobre la clasificación de custodia de un confinado. El recurrente, Jovanny Del Valle Bermúdez, impugnó la decisión administrativa que ratificó su nivel de custodia máxima. El Departamento fundamentó su determinación en el historial de violencia del recurrente, la gravedad de los delitos por los que cumple una sentencia de 144 años, las circunstancias de los hechos que pusieron en riesgo a terceros y su historial de evasión tras romper un grillete electrónico. El recurrente alegó que el Comité de Clasificación erró al basar su decisión en estos factores. Tras examinar el expediente administrativo, el Tribunal de Apelaciones resolvió confirmar la determinación del Departamento de Corrección y Rehabilitación.

Resumen:

Este documento es una resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de custodia. La Peticionaria solicitó la descalificación de la oficina de abogados del Recurrido. Alegó que miembros de la firma actuaron como notarios al autenticar la firma del Recurrido en documentos clave del caso, creando un conflicto de interés. El Recurrido se opuso, argumentando que la función notarial se limitó a dar fe de la firma y que el reglamento permite la participación si la firma no está en controversia principal. El Tribunal de Primera Instancia denegó la solicitud de descalificación. El Tribunal de Apelaciones decidió abstenerse de intervenir con esa decisión. Consideró que la Peticionaria no demostró que el TPI actuara contrario a derecho o incurriera en abuso de discreción. La resolución reitera que la descalificación es un remedio severo que solo procede cuando es estrictamente necesario, tras un análisis de las circunstancias y un balance de intereses.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico de 16 de abril de 2021. Resuelve sobre un escrito presentado por el Sr. Rafael Agosto Medina, titulado Moción, en el que solicitaba una entrevista para explicar sucesos. El Tribunal determinó que el escrito no incluía señalamientos de error, discusión de una situación que justificara intervención o remedio, ni documentos pertinentes del expediente de instancia. Concluyó que el escrito no constituía un recurso revisable bajo el ordenamiento procesal vigente. Por tanto, el Tribunal desestimó el escrito del señor Agosto. La desestimación se fundamentó en que el recurso no fue perfeccionado conforme a la ley y reglas aplicables, y no se prosiguió con diligencia. Se ordenó notificar la sentencia al Secretario del Departamento de Corrección y Rehabilitación y al Procurador General, instruyendo al Administrador de Corrección a entregar copia al confinado.

Resumen:

Gabriel E. Rivera López, un confinado cumpliendo una sentencia de 106 años por delitos graves incluyendo dos asesinatos, apeló la determinación del Departamento de Corrección y Rehabilitación. El Comité de Clasificación y Tratamiento mantuvo su nivel de custodia máxima, a pesar de su buen comportamiento y participación en programas dentro de la institución. Rivera López solicitó la revisión de esta decisión ante el Tribunal de Apelaciones, buscando ser reclasificado a custodia mediana. El tribunal consideró el Manual para la Clasificación de Confinados, el cual establece criterios objetivos y modificaciones discrecionales basadas en factores como la gravedad del delito. La revisión judicial de decisiones administrativas conlleva deferencia al criterio especializado de la agencia, a menos que actúe de manera irrazonable o contraria a derecho. Tras examinar el recurso, el tribunal no encontró motivo para intervenir con la determinación del Comité. Se concluyó que la agencia actuó razonablemente y dentro de sus facultades al aplicar modificaciones discrecionales, autorizadas por el Manual, para mantener la custodia máxima. La gravedad de los delitos originales fue un factor determinante considerado por el Comité. La decisión administrativa de mantener la custodia máxima fue confirmada.