Casos del Tribunal de Apelaciones (Página 143)

Resumen:

José M. Gómez Herrera, miembro de la población correccional, solicitó al Tribunal de Primera Instancia (TPI) la corrección de su sentencia y la aplicación retroactiva del principio de favorabilidad. Argumentó que la Ley Núm. 168-2019, específicamente su Artículo 7.25, le permitía ser considerado para libertad bajo palabra tras cumplir el 75% de su pena, lo cual consideraba más favorable que la ley anterior. El TPI, Sala de Arecibo, declaró No Ha Lugar a su moción mediante Resolución de 4 de marzo de 2021. Inconforme, el señor Gómez Herrera presentó una petición de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones. Alegó que el TPI erró al denegar su solicitud sin vista, al interpretar incorrectamente el Art. 7.25 de la Ley 168-2019 y al no aplicar el principio de favorabilidad del Código Penal. El Tribunal de Apelaciones, tras revisar la petición, decidió denegar la expedición del auto de certiorari.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones deniega la expedición de un auto de certiorari solicitado por PR Recovery and Development JV, LLC. PR Recovery buscaba la revisión de una Resolución del Tribunal de Primera Instancia (TPI) de Guaynabo. Dicha Resolución declaró No Ha Lugar una Moción de Sentencia Sumaria presentada por PR Recovery en un caso de cobro de dinero y ejecución de garantías. PR Recovery demandó a los recurridos por incumplimiento de un préstamo comercial, alegando que la deuda le fue cedida por el Banco de Desarrollo Económico (BDE). Los recurridos se opusieron a la sentencia sumaria, cuestionando la legitimación activa de PR Recovery. Argumentaron que el BDE no podía ceder el préstamo a PR Recovery por no ser una institución financiera, lo que constituye una controversia de hecho material. El TPI determinó que existía una controversia real sobre si el BDE podía ceder los préstamos a PR Recovery. Por tanto, el Tribunal de Apelaciones concluye que el TPI actuó correctamente al denegar la sentencia sumaria y deniega el recurso de certiorari.

Resumen:

Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre un recurso de Certiorari presentado por Miguel Ángel Rivera López. El peticionario solicitó la revisión de una resolución del Tribunal de Primera Instancia de Aibonito. Dicha resolución, emitida el 16 de febrero de 2021, declaró Ha Lugar una moción del peticionario para corregir su sentencia bajo el principio de favorabilidad. El peticionario había sido sentenciado en 2014 a penas concurrentes, incluyendo 12 años por tres cargos de Tentativa de Agresión Sexual. El foro primario, al conceder la moción, rebajó las penas por Tentativa de Agresión Sexual de 12 a 10 años en cada caso. El peticionario recurrió en Certiorari, alegando erróneamente que el Tribunal de Primera Instancia había declarado No Ha Lugar su solicitud y violado el principio de favorabilidad. El Tribunal de Apelaciones revisó la petición. Considerando los fundamentos, el Tribunal de Apelaciones denegó la expedición del recurso de Certiorari. La denegación se realizó sin más trámite.

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El Tribunal de Apelaciones deniega expedir el auto de certiorari solicitado por United Surety & Indemnity Company (USIC) contra Yabucoa Volunteers of America Elderly Housing (YVOA). USIC buscaba la revisión de una Resolución del Tribunal de Primera Instancia (TPI) que declaró No Ha Lugar, por tardía, su solicitud de sentencia sumaria. La moción de sentencia sumaria fue presentada por USIC en el contexto de una demanda de sentencia declaratoria donde USIC pedía ser liberada de sus obligaciones bajo una fianza de cumplimiento para un proyecto de construcción, alegando actuaciones de mala fe de YVOA. YVOA, por su parte, presentó una reconvención reclamando incumplimiento de la fianza por parte de USIC. El TPI denegó la moción de sentencia sumaria de USIC por haber sido presentada luego de culminado el descubrimiento de prueba y otras etapas procesales. El Tribunal de Apelaciones considera que el TPI actuó dentro del marco de su discreción al denegar la moción por tardía. Por tanto, se deniega la revisión solicitada.

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Este documento es una resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de seguros por incumplimiento de contrato. El caso surge de una demanda presentada por el Consejo de Titulares del Condominio Parque 228 contra One Alliance Insurance Corporation por daños causados por el huracán María. La controversia ante el Tribunal de Apelaciones se centra en la negativa del Tribunal de Primera Instancia a permitir que la aseguradora realizara una nueva inspección del interior de los apartamentos. La aseguradora solicitó la expedición de un recurso de certiorari para revocar esta decisión. El Tribunal de Apelaciones resolvió denegar la expedición del recurso. Consideró que la solicitud de inspección se presentó en una etapa muy avanzada del descubrimiento de prueba. El tribunal no encontró causa para intervenir con la discreción del foro primario. Además, señaló la necesidad de no dilatar la solución de un asunto originado por los daños del huracán María.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones en un recurso de certiorari presentado por MAPFRE Insurance Company. El caso se origina en una demanda por incumplimiento contractual y daños presentada por Mayra Rodríguez contra MAPFRE relacionada con una reclamación por el huracán María. MAPFRE solicitó sentencia sumaria alegando pago en finiquito, la cual el Tribunal de Primera Instancia (TPI) inicialmente concedió, desestimando la demanda. La señora Rodríguez solicitó reconsideración, y el TPI declaró Ha Lugar, dejando sin efecto la sentencia sumaria y ordenando la continuación del caso. Inconforme, MAPFRE acudió en certiorari ante el Tribunal de Apelaciones. La aseguradora argumentó que el TPI erró al reconsiderar sin fundamento y al denegar la sentencia sumaria a pesar de la evidencia de pago en finiquito. El Tribunal de Apelaciones expidió el auto solicitado. En su sentencia, el foro apelativo revocó la Resolución del TPI que había concedido la reconsideración.

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Esta resolución del Tribunal de Apelaciones atiende una petición de certiorari presentada por Margarita Elisa Alegría Campos. Solicita la revisión de una Orden emitida por el Tribunal de Primera Instancia de San Juan el 4 de marzo de 2021. Dicha Orden declaró Con Lugar una moción de José Enrique Alegría Campos, requiriendo a la peticionaria presentar una demanda. El caso original inició con la solicitud de Rafael Kodesh Alegría para expedir cartas testamentarias como albacea de la sucesión de Sonia Campos Ledesma. Tras la expedición de las cartas, surgieron disputas sobre los informes de la sucesión y la formación del inventario. Margarita Elisa Alegría Campos impugnó los informes y solicitó el uso de mecanismos de descubrimiento de prueba. El Tribunal de Primera Instancia, a solicitud de la peticionaria, convirtió el caso de Ex Parte a contencioso el 30 de noviembre de 2020. La petición de certiorari se relaciona con un dictamen posterior emitido en este caso ya convertido a contencioso. El Tribunal de Apelaciones procederá a resolver el recurso sin trámites adicionales por razones de eficiencia procesal.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico desestima un recurso de certiorari presentado por Super Mix Concrete, Inc. y Coloso Mix, Inc. El recurso buscaba la revisión de una Resolución del Tribunal de Primera Instancia (TPI) en un caso de despido injustificado y otros reclamos incoado por Carlos J. Morales Torres. El TPI había determinado que no se constituyó un contrato de transacción entre las partes. Además, el foro primario convirtió una vista evidenciaria pautada en una conferencia con antelación al juicio. Las peticionarias impugnaron esta determinación del TPI mediante el certiorari. El Tribunal de Apelaciones concluye que carece de jurisdicción para atender el recurso. Por tanto, se desestima el certiorari presentado.

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Recurso de revisión judicial ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico presentado por Antonio M. Construction Inc. contra la Corporación del Fondo del Seguro del Estado y la Comisión Industrial. La empresa recurre de una resolución de la Comisión Industrial que confirmó las determinaciones del Administrador de la CFSE sobre el cobro de primas de seguro. Estas determinaciones se basaron en auditorías de nóminas y reclasificaciones de riesgos. La resolución de la Comisión Industrial confirmó el cobro de primas en varios casos, declaró inoportuna la apelación en otro y aceptó el desistimiento en uno adicional. Antonio M. Construction Inc. solicitó la revocación de dicha resolución. Tras evaluar el recurso y el alegato en oposición, el Tribunal de Apelaciones confirmó la resolución recurrida.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en el caso de Nancy Vega Santiago contra la Policía de Puerto Rico. La peticionaria impugna una Resolución y Orden Final de la Comisión Apelativa del Servicio Público (CASP). Dicha resolución desestimó por académica una apelación previa de la señora Vega Santiago. La apelación original ante la CASP cuestionaba un traslado cautelar que la peticionaria consideraba ilegal y punitivo. La CASP entendió que la apelación se tornó académica debido a un traslado posterior de la empleada. La señora Vega Santiago alegó que la CASP erró al aplicar la doctrina de academicidad y al permitir violaciones procesales. El Tribunal de Apelaciones procedió a revisar el dictamen apelado. Tras examinar el expediente, el Tribunal determinó revocar la decisión de la CASP. El fallo discute los principios de revisión judicial de decisiones administrativas y la doctrina de justiciabilidad.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de cobro de dinero iniciado por la Asociación de Residentes de Estancias de Cidra contra unos titulares. Los demandados presentaron una reconvención alegando deficiencias de la junta y reclamando daños. La Asociación solicitó la desestimación de la reconvención, argumentando jurisdicción primaria del DACo. El Tribunal de Primera Instancia denegó la desestimación y la posterior reconsideración de esa decisión. La Asociación presentó un recurso de Certiorari ante el Tribunal de Apelaciones para revisar la denegatoria de reconsideración. El Tribunal de Apelaciones deniega el recurso de Certiorari presentado por la Asociación. Se aclara que el Tribunal de Apelaciones no tiene jurisdicción sobre un segundo señalamiento de error. El caso principal de cobro de dinero y una moción de sentencia sumaria sobre este siguen pendientes en el foro primario.

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Daniel Ruiz Rivera fue declarado culpable en primera instancia por asesinato en segundo grado mediante veredicto mayoritario (9-3) y por violación a la Ley de Armas con veredicto unánime, siendo sentenciado a 60 años de prisión. Apeló la sentencia ante el Tribunal de Apelaciones. Tras la decisión de la Corte Suprema Federal en *Ramos v. Louisiana* que exige veredictos unánimes, Ruiz Rivera solicitó la nulidad del juicio y un nuevo proceso. El Procurador General concurrió en que la condena por asesinato debía ser revocada al no ser unánime. El Tribunal de Apelaciones declaró nulo el juicio en cuanto al delito de asesinato en segundo grado y ordenó un nuevo juicio para ese cargo. No obstante, rechazó la solicitud de nulidad respecto a la convicción por la Ley de Armas, ya que el veredicto fue unánime. El recurso de apelación continuó para evaluar los señalamientos de error restantes planteados por el apelante, relacionados con la selección del jurado, las instrucciones y la evaluación de la prueba, aplicables a la convicción subsistente. El documento detalla el trámite procesal posterior, incluyendo la presentación de transcripciones y alegatos.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico atendió la apelación de Empresas Benitez Toledo Inc. contra la desestimación de su demanda por el Tribunal de Primera Instancia. Empresas Benitez había demandado al Estado Libre Asociado, ORIL y otros funcionarios, solicitando un injunction y sentencia declaratoria. La empresa impugnaba la autoridad de la ORIL para ordenar el decomiso de leche por incumplimiento en el nivel de grasa, alegando exceso de autoridad y violación de derechos constitucionales. El Tribunal de Primera Instancia desestimó la demanda, concluyendo que Empresas Benitez debía agotar los remedios administrativos disponibles ante la ORIL. Consideró que la controversia sobre la autoridad de la agencia estaba siendo tratada en procesos administrativos ya iniciados por la empresa. Empresas Benitez apeló, argumentando error al no conceder el injunction y al requerir el agotamiento administrativo. El Tribunal de Apelaciones revisó el recurso y los alegatos de las partes. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones confirmó el dictamen apelado del Tribunal de Primera Instancia.

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El Tribunal de Apelaciones deniega la expedición de un recurso de certiorari solicitado por Luis González Irizarry en un caso de Apropiación Ilegal Agravada. La denegatoria se fundamenta en el incumplimiento del peticionario con el Reglamento del Tribunal de Apelaciones. La solicitud inicial no contenía una relación fiel de hechos, señalamientos de error ni argumentación de derecho, según lo exige la Regla 34(C). Además, el apéndice estaba incompleto, incluyendo solo la resolución recurrida. Mediante resolución previa, se le concedió al peticionario un término de quince días para incluir la moción que dio origen a la resolución impugnada en el apéndice. El peticionario no cumplió con esta orden. El Tribunal reitera la obligatoriedad de observar las disposiciones reglamentarias para la presentación y perfeccionamiento de los recursos, incluso para quienes comparecen por derecho propio. Por tanto, al no subsanar los defectos señalados, se deniega la expedición del recurso.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de daños y perjuicios. La apelante, Zulma García Berrios, demandó a HCOA PR Management Services, LLC y otros por cobros indebidos tras la cancelación de un contrato. Los apelados solicitaron la desestimación, alegando que el contrato requería arbitraje y que el Tribunal de Primera Instancia carecía de jurisdicción. El Tribunal de Primera Instancia desestimó la demanda, concluyendo que no tenía jurisdicción debido a la cláusula de arbitraje y la política pública a favor del mismo. La apelante solicitó reconsideración, la cual fue denegada. La apelante recurre ante el Tribunal de Apelaciones, argumentando que el foro primario erró al desestimar por falta de jurisdicción, especialmente al reconocer duda sobre la existencia o vigencia del contrato. El Tribunal de Apelaciones revisa la determinación jurisdiccional del foro de instancia.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de despido injustificado. La apelada, Jannette Meléndez Flores, demandó a Southwest Health Corp. (Hospital) tras ser despedida en diciembre de 2019. Alegó que el despido fue injustificado y que el Hospital incumplió sus propias reglas disciplinarias. El Hospital defendió el despido como justificado, citando la conducta irrespetuosa de la empleada hacia sus supervisados y su historial disciplinario. El Tribunal de Primera Instancia falló a favor de la Sra. Meléndez, condenando al Hospital a pagar mesada y honorarios de abogado. El Hospital apeló esta decisión. El Tribunal de Apelaciones revisó el caso. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones confirmó la Sentencia del TPI en cuanto a la procedencia del despido injustificado, modificándola únicamente para aclarar que el interés legal se computaría desde la fecha de su dictamen.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de Expediente de Dominio y Prescripción Extraordinaria. La apelación fue presentada por Antonio Rolón Colón y Otros tras la desestimación de su demanda por el Tribunal de Primera Instancia. El foro primario desestimó el caso por entender que los demandantes incumplieron el término de 120 días para emplazar a los demandados. El Tribunal de Primera Instancia computó dicho término desde la fecha de radicación de la demanda, el 8 de junio de 2020. Los apelantes argumentan que este cómputo es incorrecto. Sostienen que el plazo debió comenzar a correr desde la fecha en que se autorizó la expedición de los emplazamientos, el 5 de agosto de 2020. Alegan que solicitaron emplazamiento por edicto al radicar la demanda y que hubo dilaciones procesales. La apelación busca determinar si el Tribunal de Primera Instancia erró al aplicar la Regla 4.3(c) de Procedimiento Civil. La parte apelada no presentó alegato en oposición al recurso.

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Esta Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resuelve un recurso presentado por Midland Credit Management Puerto Rico, LLC. Midland apeló una decisión del Tribunal de Primera Instancia en un caso de cobro de dinero contra Bienvenida Carreno de Santis. Midland reclamaba una deuda de tarjeta de crédito de Home Depot, adquirida originalmente de Citibank. El Tribunal de Primera Instancia había desestimado la demanda de Midland sin perjuicio por falta de jurisdicción. La desestimación se basó en que el TPI determinó que Midland no cumplió con el requisito jurisdiccional de notificar adecuadamente a la deudora sobre la deuda *antes* de presentar la demanda. La evidencia mostró que la carta de interpelación enviada por Midland fue devuelta como "no reclamada" por el servicio postal. El TPI concluyó que Midland no demostró haber realizado esfuerzos adicionales razonables para notificar a la deudora tras el fracaso de la carta inicial. Midland argumentó en apelación que el TPI erró al declararse sin jurisdicción. El Tribunal de Apelaciones revisó los argumentos y el expediente. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones confirmó la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia, validando la desestimación por falta de jurisdicción debido a la notificación pre-demanda insuficiente.

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Este documento es una sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. Atiende la apelación presentada por Carlos Erazo Santana contra una decisión del Tribunal de Primera Instancia. El apelante solicitó un auto de habeas corpus, el cual fue denegado por el foro primario. La denegación se basó en que el peticionario debía agotar el trámite administrativo. Erazo Santana buscaba su excarcelación, en parte relacionada con la pandemia de COVID-19, mientras cumplía una sentencia criminal válida. El Departamento de Corrección argumentó que el habeas corpus no procedía para impugnar una sentencia válida ni sin agotar los remedios administrativos. El Tribunal de Apelaciones revisó el recurso y la naturaleza del auto de habeas corpus. Determinó que el habeas corpus es para detenciones ilegales y requiere el agotamiento de vías administrativas cuando aplique. El Tribunal de Apelaciones confirmó la sentencia del Tribunal de Primera Instancia que denegó la petición de habeas corpus. La decisión reafirma la necesidad de agotar los remedios administrativos y que el habeas corpus no es para cuestionar sentencias válidas.

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Este es un fallo del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de despido. La parte apelante, Empresas Stewart, impugna una Sentencia Sumaria Parcial Enmendada del Tribunal de Primera Instancia. Dicha sentencia mantuvo las reclamaciones de la parte recurrida, Elba Delgado Benítez, por despido injustificado (Ley núm. 80) y discrimen por edad (Ley núm. 100). La querella original fue presentada por dos exempleadas contra Service Corporation International, alegando múltiples violaciones laborales, aunque una de ellas desistió posteriormente. Empresas Stewart compareció como demandada, defendiendo que los despidos estuvieron justificados por el alegado pobre desempeño y negligencia de las empleadas. La apelante solicitó sentencia sumaria argumentando la falta de base fáctica o jurídica para las reclamaciones. El Tribunal de Primera Instancia acogió parcialmente la moción de sentencia sumaria, pero permitió que las reclamaciones bajo la Ley 80 y la Ley 100 continuaran. El Tribunal de Apelaciones, tras revisar el recurso, decide modificar y confirmar el dictamen apelado.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisó una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó una demanda de injunction posesorio. La apelante, Aura Beatriz Colón Figueroa, solicitó la revisión de la desestimación de su reclamación para recobrar la posesión de una residencia. Alegó haber poseído el inmueble desde 2011 y que la demandada, Kim Teresa Koch Figueroa, intentó despojarla en noviembre de 2020. La demandante argumentó que su caso debía tramitarse como una acción posesoria bajo artículos específicos del Código de Enjuiciamiento Civil, los cuales requieren la celebración de un juicio. El foro primario, sin embargo, procesó el caso bajo la Regla 56 de Procedimiento Civil y desestimó la demanda tras una vista argumentativa. El Tribunal de Apelaciones determinó que el Tribunal de Primera Instancia erró al no tramitar la reclamación como una acción posesoria. Concluyó que la naturaleza de la acción, dirigida a recobrar la posesión, exigía el procedimiento establecido en el Código de Enjuiciamiento Civil. Por tanto, el Tribunal de Apelaciones revocó la Sentencia desestimatoria. El caso es devuelto al Tribunal de Primera Instancia para que se celebre el juicio a la brevedad posible.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisando una apelación del Municipio Autónomo de Carolina. El Municipio busca revocar una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que lo condenó a pagar a Karlan Group, Inc. La Sentencia de instancia ordenó el pago de \$6,000.00 más intereses por una multa, intereses sobre el pago tardío de la retención contractual de \$51,643.58, y \$15,000.00 en honorarios de abogado. La controversia surge de un contrato de construcción de un área de lavado entre Karlan y el Municipio. Karlan demandó por incumplimiento de contrato, cobro de dinero y daños. La disputa se centró en retrasos en la obra, específicamente en la conexión de agua, que Karlan imputó al Municipio. A pesar de la entrega de la obra, el Municipio impuso una multa por alegado atraso y retuvo el pago final. Karlan reclamó la anulación de la multa, el pago de la retención con intereses, y daños. El Municipio se defendió alegando la negativa de Karlan a someter una declaración jurada y la presunción de corrección de sus actos.

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El Tribunal de Apelaciones consideró una solicitud de revisión presentada por el confinado Anthony R. Negrón Burgos. El recurrente impugnaba una sanción de 30 días de segregación disciplinaria impuesta por el Departamento de Corrección por violación del Código 117 (Agresión). Mediante un escrito titulado "auxilio de jurisdicción", solicitó la paralización de la sanción alegando haber presentado una reconsideración ante el Departamento. Sin embargo, el señor Negrón no acompañó copia del documento de reconsideración con su solicitud ante el Tribunal. Esta omisión fue considerada fatal por el Tribunal, impidiendo determinar si poseía jurisdicción para atender el recurso conforme al Reglamento aplicable. El Tribunal recordó que la comparecencia por derecho propio no exime del cumplimiento de las reglas procesales. Por tanto, el Tribunal desestimó el escrito del recurrente por no haber sido presentado con la diligencia y los requisitos necesarios. Se ordenó notificar la sentencia al Departamento de Corrección para que entregue copia al confinado y al Procurador General.

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El Consejo de Titulares del Condominio Estancias de Aragón apeló una decisión del Tribunal de Primera Instancia, Sala de Ponce. El Consejo había demandado a BRIM Incorporado y a unos inquilinos para lograr el desalojo de un apartamento afectado por terremotos. El foro primario desestimó la demanda con perjuicio, acogiendo una solicitud de BRIM basada en nulidad de orden previa y falta de legitimación activa del Consejo. Además, impuso honorarios por temeridad al Consejo. El Tribunal de Apelaciones acogió el recurso como un certiorari, al considerar que la desestimación era un dictamen interlocutorio. Tras evaluar los argumentos de las partes y la determinación recurrida, el Tribunal de Apelaciones expidió el auto de certiorari. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones revocó la determinación del Tribunal de Primera Instancia.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa una sentencia sumaria que desestimó una demanda por incumplimiento de contrato. El apelante, Ramón Colón Vázquez d/b/a Raco Muffler Shop, demandó a su aseguradora, Cooperativa de Seguros Múltiples, por la alegada subestimación de daños y mala fe en el ajuste de una reclamación por el huracán María. La aseguradora se defendió argumentando que la reclamación fue saldada totalmente mediante un cheque de \$16,317.28, el cual el apelante aceptó y cobró. La aseguradora sostuvo que este pago configuró la doctrina de pago en finiquito, extinguiendo la reclamación. El foro primario acogió esta defensa y dictó sentencia sumaria a favor de la aseguradora, desestimando la demanda con perjuicio. El apelante recurre ante el Tribunal de Apelaciones solicitando la revocación de dicho dictamen. La sentencia del Tribunal de Apelaciones examinará la procedencia de la aplicación de la doctrina de pago en finiquito en este caso.

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Se trata de una Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico que revisa una determinación del Departamento de Corrección y Rehabilitación. El recurrente, Carlos Luis González Rivera, impugna una sanción disciplinaria impuesta por el Departamento. Se le encontró responsable de violar los Códigos 227 y 205 del Reglamento Disciplinario para la Población Correccional. La infracción se originó en un incidente durante el servicio médico donde se le imputó actuar de forma hostil y desobedecer una orden de un oficial. La sanción impuesta fue una amonestación por escrito. El recurrente solicitó reconsideración ante el Departamento, la cual fue declarada no ha lugar. Inconforme, presentó un recurso de revisión judicial ante el Tribunal de Apelaciones. Entre los errores señalados, alega que la vista disciplinaria no se celebró dentro del término jurisdiccional de 30 días laborables que dispone el reglamento aplicable. El Tribunal aceptó la comparecencia del recurrente para evaluar la legalidad de la determinación administrativa.

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El Tribunal de Apelaciones consolidó dos recursos de certiorari presentados por la Dra. Yezmin H. Bolaños Hernández contra resoluciones del Tribunal de Primera Instancia. Ambos recursos impugnaban la denegatoria de su moción de desestimación de una solicitud de autorización judicial y la denegatoria de su moción para sustituir al defensor judicial de los menores herederos. La solicitud de autorización judicial fue presentada por la albacea, Sra. Ana Matilde del Toro Agrelot, para vender bienes del caudal relicto. La peticionaria argumentó falta de legitimación de la albacea por un recurso pendiente sobre su nombramiento y conflicto de interés del defensor judicial. El Tribunal de Apelaciones desestimó el segundo recurso por duplicidad. Tras examinar los escritos, el tribunal dejó sin efecto la paralización de los procedimientos previamente ordenada. Finalmente, denegó la expedición del auto de certiorari solicitado en el primer recurso.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una resolución en respuesta a una petición de certiorari presentada por Brian Ortiz Zayas. El peticionario impugna una determinación del Tribunal de Primera Instancia en un caso por agresión sexual y violación a la Ley de Maltrato de Menores. El foro primario autorizó a la presunta víctima a testificar mediante circuito cerrado durante la vista preliminar, basándose en la Regla 131.1 de Procedimiento Criminal. El Ministerio Público justificó esta medida por la condición emocional de la víctima y para evitar intimidación, dado que los hechos ocurrieron cuando era menor y el acusado era su padrastro. El señor Ortiz Zayas alegó que esta orden violentaba su derecho constitucional a la confrontación. Tras examinar el recurso, el Tribunal de Apelaciones resuelve denegar la expedición del auto de certiorari solicitado.

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La Junta de Directores y la Cooperativa de Viviendas Los Robles apelaron una decisión del Tribunal de Primera Instancia. Dicha decisión dejó sin efecto una resolución de la Cooperativa que destituyó a Jaime Luis Mattei Arroyo como socio y ordenó el desalojo de su familia. La Cooperativa basó su resolución en un incidente con un arma de fuego ocurrido en la unidad residencial. Mattei Arroyo presentó una revisión judicial alegando transgresiones al debido proceso de ley en el procedimiento interno. Durante el proceso judicial, el señor Mattei Arroyo falleció. La Cooperativa solicitó la desestimación del caso argumentando que se tornó académico por el deceso. El Tribunal de Primera Instancia denegó la desestimación y determinó que se laceró el debido proceso del finado Mattei Arroyo. Por ello, el foro primario dejó sin efecto la resolución de la Cooperativa. La Cooperativa recurrió en apelación ante el Tribunal de Apelaciones. El Tribunal de Apelaciones desestima el recurso de apelación presentado por la Cooperativa.

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José L. Martínez Doperoy presentó un recurso de revisión administrativa ante el Tribunal de Apelaciones contra una decisión de la Junta de Libertad Bajo Palabra que le denegó el privilegio de libertad bajo palabra. El recurrente solicitaba la revocación de dicha denegatoria. Durante el trámite judicial, el Procurador General informó al tribunal que la Junta de Libertad Bajo Palabra, con posterioridad a la presentación del recurso, concedió al recurrente el remedio solicitado, otorgándole la libertad bajo palabra. El Tribunal consideró que, al haberse concedido el privilegio de libertad bajo palabra, la controversia que motivó el recurso desapareció. Según la jurisprudencia, un caso en el que la controversia ha cesado se convierte en académico. La adjudicación de un caso académico no tendría efectos prácticos y el tribunal pierde jurisdicción sobre el mismo. Por lo tanto, el Tribunal de Apelaciones desestimó el recurso por haber devenido académico y por falta de jurisdicción.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en el caso KLRA202000504. El recurso de revisión administrativa fue presentado por la Corporación del Fondo del Seguro del Estado (CFSE) contra la Unión de Empleados de la CFSE. El caso provenía de la Junta de Relaciones del Trabajo y trataba sobre licencia sindical. La parte recurrente, CFSE, presentó una moción informando su desistimiento de la solicitud de revisión administrativa. El Tribunal declaró ha lugar la moción de desistimiento. Conforme a la Regla 83(A) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, se ordenó el archivo definitivo de la causa.

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Este dictamen del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico atiende una petición de certiorari presentada por Condado 3, LLC. Condado 3 impugna una resolución del tribunal de primera instancia que denegó su moción de ejecución de sentencia. El tribunal inferior fundamentó su denegatoria en que el pagaré subyacente no era un instrumento negociable, impidiendo la ejecución. El caso se origina de un préstamo hipotecario otorgado por Westernbank a los esposos Morales-Morales en 2010, garantizado por un pagaré no negociable e hipoteca. Tras el cese de operaciones de Westernbank, el préstamo fue adquirido por Banco Popular. Ante el impago, los esposos y Banco Popular suscribieron una Estipulación sobre Plan de Pago y Sentencia por Consentimiento en 2014. Este acuerdo reconoció la deuda y consintió expresamente a la entrada y ejecución de sentencia en caso de incumplimiento. El Tribunal de Apelaciones revisa si la naturaleza no negociable del pagaré original prevalece sobre los términos de ejecución de la sentencia por consentimiento posterior.

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Se trata de una apelación ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de acción reivindicatoria e interdicto. La Asociación de Residentes de Sabanera del Río demandó a un vecino por construir estructuras que alegadamente invadieron terrenos comunes de la urbanización. La Asociación solicitó la demolición de las obras, la restauración de las áreas comunes y el pago de daños. El vecino demandado alegó haber construido de buena fe, creyendo que las estructuras estaban dentro de su propiedad, basándose en una verja existente y una supuesta aprobación del Comité de Arquitectura. Argumentó que aplicaba la figura de la construcción extralimitada y que tenía derecho a adquirir el terreno invadido. El Tribunal de Primera Instancia dictó sentencia sumaria ordenando la demolición, al concluir que el vecino construyó en terreno ajeno y actuó de mala fe. La Asociación presentó una moción de sentencia sumaria argumentando la mala fe del vecino por modificar planos aprobados y no realizar mensuras. El Tribunal de Apelaciones, al revisar la decisión del TPI, concluye que lo procedente es dictar sentencia sumaria a favor del dueño de la residencia. Un caso relacionado con la Oficina del Inspector General de Permisos sobre la demolición está condicionado al resultado de este litigio sobre la titularidad del terreno.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resolviendo una apelación presentada por Víctor M. Agosto Cotto. El apelante buscaba revocar las determinaciones de culpabilidad dictadas por el Tribunal de Primera Instancia. Fue hallado culpable de tentativa de asesinato en primer grado y violaciones a la Ley de Armas. Los hechos ocurrieron el 13 de enero de 2018 en San Juan. La prueba principal incluyó el testimonio de la víctima, Sonia M. De La Matta Martínez. Ella declaró que el apelante, su expareja, le disparó múltiples veces mientras ella se acercaba a su vehículo. La víctima sufrió heridas graves, incluyendo un pulmón perforado, y requirió hospitalización prolongada. Tras revisar los fundamentos, el Tribunal de Apelaciones confirmó la Sentencia recurrida.

Resumen:

Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un litigio sobre daños causados por el Huracán María. El caso enfrenta a Ramón A. Clemente Rodríguez contra Mapfre Pan American Insurance Company por incumplimiento contractual. La controversia principal gira en torno a la valoración de los daños a la propiedad del demandante. El Tribunal de Primera Instancia ordenó que la valoración se realizara mediante el procedimiento de "appraisal" establecido en la Ley 242-2018. Dicho foro aplicó la ley retroactivamente, argumentando un interés público apremiante en la recuperación post-huracán. Mapfre solicitó reconsideración, alegando la naturaleza prospectiva de la ley y menoscabo contractual, pero fue denegada. Inconforme, Mapfre presentó una petición de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones. El Tribunal de Apelaciones deniega la expedición del auto de certiorari solicitado por Mapfre. Esta decisión valida la determinación del Tribunal de Primera Instancia de referir la valoración de daños al proceso de "appraisal" bajo la Ley 242-2018.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una resolución sobre una petición de Certiorari. La peticionaria, Yazmarie Pérez Luciano, impugna una resolución interlocutoria del Tribunal de Primera Instancia en un caso de despido injustificado contra Triple-S Management Corporation. La resolución recurrida autorizó a la parte recurrida a tomar la deposición de un representante del nuevo patrono de la peticionaria. El Tribunal de Apelaciones examinó la petición y la oposición. Conforme a la jurisprudencia establecida, las resoluciones interlocutorias dictadas bajo la Ley Núm. 2 de 1961 no son revisables salvo excepciones limitadas. El tribunal determinó que no se cumplen los criterios para ejercer su jurisdicción revisora en este caso. La peticionaria tampoco articuló razones para la revisión bajo la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones. Por consiguiente, el Tribunal deniega la expedición del auto de certiorari.

Resumen:

El Consejo de Titulares del Condominio Hato Rey presentó un recurso de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. El recurso buscaba la revocación de una Orden del Tribunal de Primera Instancia (TPI) que denegó parcialmente una solicitud de descubrimiento de prueba. La disputa se originó en una demanda del Condominio contra su aseguradora, Triple-S Propiedad, Inc., por incumplimiento de contrato, mala fe y daños. Durante el descubrimiento, el Condominio solicitó documentos e información sobre la investigación y manejo del reclamo, así como datos sobre las reservas de la aseguradora. Triple-S objetó la producción de gran parte de esta información, alegando secreto de negocio, ser onerosa e impertinente, especialmente en cuanto a las reservas. El Condominio presentó una moción para compeler el descubrimiento, a la cual Triple-S se opuso. El TPI emitió la Orden que denegó parcialmente la solicitud del Condominio. El Tribunal de Apelaciones revisó la petición de certiorari. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones resolvió denegar la expedición del certiorari solicitado.

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La Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico atiende una petición de certiorari presentada por Edwin Javier Seda Pérez. El peticionario buscaba revocar una decisión del Tribunal de Primera Instancia (TPI) en un caso de divorcio relacionado con pensión alimentaria y gastos educativos. Las partes habían acordado provisionalmente un arreglo de pensión, incluyendo pagos específicos y porcentajes para diversos costos de los estudios universitarios de su hijo menor en Estados Unidos. Posteriormente, el TPI modificó su resolución previa sobre la división de los gastos universitarios no cubiertos por becas o ayudas. La determinación modificada estableció que estos gastos específicos serían cubiertos a partes iguales, 50% por cada padre, hasta la determinación final de la pensión. El peticionario impugnó esta modificación mediante el recurso extraordinario de certiorari. El Tribunal de Apelaciones revisó la actuación del TPI y el marco legal para expedir dicho auto. Al considerar que el TPI actuó dentro de su discreción, el Tribunal denegó expedir el auto de certiorari solicitado.

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Sentencia de un panel judicial de Puerto Rico que atiende la apelación presentada por Luis Torres. El apelante solicitó la revisión de una decisión del Tribunal de Primera Instancia que desestimó su recurso especial de acceso a información pública. Dicho recurso fue presentado contra la Directora Ejecutiva de la Comisión de Evaluación Judicial y la Jueza Presidenta del Tribunal Supremo. Torres reclamaba acceso a una extensa lista de documentos y estadísticas sobre evaluaciones judiciales realizadas desde el año 2000, amparado en la Ley Núm. 141-2019. El foro primario denegó el acceso al declarar Ha Lugar una moción de desestimación. Este foro revisor procede a modificar la Sentencia apelada. No obstante, la decisión del foro primario es confirmada según modificada. El caso gira en torno a la aplicación de la ley de acceso a la información pública a registros relacionados con la evaluación del desempeño judicial.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite esta Resolución en respuesta a un recurso de Certiorari incoado por César E. García Estrada. El peticionario impugnó la determinación del Tribunal de Primera Instancia de Bayamón que denegó su solicitud de reducción de pena del 25% bajo el Código Penal de 2012. El Tribunal de Apelaciones, con facultad discrecional sobre el Certiorari, tiene el deber de verificar su jurisdicción. Al evaluar el recurso, se encontró que adolecía de serios defectos reglamentarios. Estos incluían la ausencia de un índice detallado, una relación fiel de los hechos procesales, un apéndice con los documentos del expediente y, notablemente, la omisión de la Resolución emitida por el tribunal inferior. El Tribunal recordó que la comparecencia por derecho propio no exime del cumplimiento de las reglas procesales. Debido a estas deficiencias que impiden asumir jurisdicción y ejercer la función revisora, el recurso de Certiorari es desestimado.

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Se presenta un recurso de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un litigio de seguros por daños causados por el Huracán María. La peticionaria, Triple S Propiedad, solicita la revisión de una determinación del Tribunal de Primera Instancia. Dicha determinación denegó la solicitud de la aseguradora para desestimar las reclamaciones basadas en la Ley Núm. 247-2018, presentadas por el Consejo de Titulares del Condominio Mansiones de Garden Hills. El Consejo demandó a Triple S por incumplimiento de contrato y daños, incluyendo causas de acción al amparo de la Ley 247. Triple S argumentó que la Ley 247 no aplica retroactivamente a los hechos ocurridos antes de su aprobación y que sus remedios no pueden reclamarse concurrentemente con otras acciones. El Tribunal de Primera Instancia rechazó estos argumentos. La aseguradora recurre en certiorari, alegando que el TPI erró al resolver sobre la retroactividad y la concurrencia de remedios bajo la Ley 247-2018. El Tribunal de Apelaciones revisa esta decisión interlocutoria del foro primario mediante este recurso discrecional.

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Se presenta una sentencia judicial sobre la apelación de una reclamante (Luz N. Antonetty Cintrón) contra una decisión del Secretario del Trabajo y Recursos Humanos. La decisión original del Negociado de Seguridad de Empleo descalificó a la recurrente para recibir beneficios de desempleo por no aprobar un periodo probatorio debido a alegado pobre desempeño. La recurrente apeló esta determinación y solicitó una audiencia, proveyendo su dirección y número de teléfono correctos. La División de Apelaciones del DTRH programó varias audiencias telefónicas. Sin embargo, en las notificaciones de audiencia, el DTRH utilizó un número de teléfono incorrecto para la recurrente, distinto al que ella había especificado en su solicitud de apelación. Ante la falta de comparecencia de la recurrente a las audiencias (presumiblemente por no ser contactada correctamente), el DTRH emitió una Resolución de No Comparecencia. Esta resolución fue confirmada por la Oficina de Apelaciones y el Secretario del DTRH, manteniendo la descalificación para el beneficio. El tribunal revisó el proceso administrativo. Considerando el error del DTRH al usar información de contacto incorrecta, el tribunal revocó la determinación recurrida.

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Este documento es una sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de incumplimiento de contrato de seguro. La apelante, Fabiana Pérez Robles, recurre una Sentencia Parcial del Tribunal de Primera Instancia. Dicha sentencia parcial declaró prescrita una reclamación por daños ocurridos el 8 de octubre de 2017, mientras que permitió continuar las reclamaciones relacionadas con el huracán María (20 de septiembre de 2017). La demanda original de la apelante solo alegaba daños por el huracán María y la denegación de cubierta por parte de la aseguradora, United Surety and Indemnity Company. La aseguradora solicitó sentencia sumaria, argumentando falta de cubierta y que el evento del 8 de octubre no estaba en la demanda y estaba prescrito. La apelante argumenta que el foro primario debió permitir una enmienda a la demanda para incluir el evento posterior. La aseguradora se opone, señalando que no se solicitó enmienda en primera instancia y que la apelante no discutió la prescripción. El Tribunal de Apelaciones revisa la decisión del foro primario sobre la prescripción de la causa de acción del 8 de octubre de 2017.

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Resolución en Reconsideración del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de Sentencia Declaratoria. El Estado Libre Asociado (ELA), en representación de la Oficina del Comisionado de Seguros (OCS), solicitó revocar una decisión del Tribunal de Primera Instancia (TPI). El TPI había denegado la Solicitud de Desestimación del ELA en una demanda presentada por Universal Insurance Company (UNICO) y Universal Group, Inc. (Grupo). La demanda de UNICO y Grupo cuestiona la actuación de la OCS al denegar una solicitud de práctica de contabilidad permitida relacionada con un balance por cobrar a Grupo por más de $100 millones. La OCS denegó la solicitud de UNICO, ordenó revertir parte de la transacción y someter un plan, basándose en supuestos incumplimientos del Código de Seguros. Tras la demanda de UNICO y Grupo, el ELA solicitó la desestimación en el TPI, la cual fue denegada. El ELA recurrió al Tribunal de Apelaciones mediante certiorari, que fue denegado inicialmente. Mediante esta resolución, el Tribunal de Apelaciones deniega la solicitud de reconsideración del ELA sobre la denegatoria de expedir el recurso de certiorari.

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La apelación presentada por Puerto Rico Telephone Company contra el Municipio de Cidra versa sobre una controversia jurisdiccional. La disputa surge de la impugnación de una ordenanza municipal que impone cargos por el uso de servidumbres de paso a compañías de telecomunicaciones. Puerto Rico Telephone demandó al Municipio en el Tribunal de Primera Instancia, buscando una sentencia declaratoria sobre la nulidad de la ordenanza. El Municipio solicitó la desestimación, alegando que el Negociado de Telecomunicaciones tiene jurisdicción primaria exclusiva bajo la Ley de Telecomunicaciones. Puerto Rico Telephone argumentó que la Ley de Municipios Autónomos confiere jurisdicción exclusiva al Tribunal de Primera Instancia para impugnar ordenanzas. El Tribunal de Primera Instancia desestimó la demanda por entender que carecía de jurisdicción sobre la materia. La apelación cuestiona si el foro primario para resolver este conflicto es el Tribunal de Primera Instancia o el Negociado de Telecomunicaciones. El documento introduce la doctrina de jurisdicción primaria como principio relevante para determinar qué organismo debe conocer inicialmente la controversia.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de certiorari presentado por Jonathan Lebrón Vargas. El recurso impugna una determinación del Tribunal de Primera Instancia, Sala de Caguas, en un caso de daños y perjuicios incoado por Sylvia M. Soto Matos. El foro primario desestimó la demanda de Soto Matos por incumplimiento en el diligenciamiento del emplazamiento de la codemandada (esposa del peticionario) dentro del término legal. No obstante la desestimación, el Tribunal de Primera Instancia impuso al peticionario el pago de \$1,000 por concepto de honorarios de abogado. La imposición se basó en la determinación del tribunal de que el peticionario actuó de forma temeraria para impedir el emplazamiento. El peticionario acudió al Tribunal de Apelaciones señalando errores en la imposición de honorarios y la determinación de temeridad. Tras examinar el expediente, el Tribunal de Apelaciones denegó la expedición del auto solicitado. Con esta decisión, el Tribunal de Apelaciones confirma la determinación del foro primario, incluyendo la imposición de honorarios de abogado al peticionario.

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Este recurso de apelación surge de una demanda por incumplimiento de contrato y daños contractuales presentada por José Cora Sánchez contra MAPFRE Pan American Insurance Company. El Apelante reclamó daños a su propiedad causados por el huracán María, alegando que MAPFRE no ajustó su reclamación de manera justa y denegó cubierta sin justificación, incurriendo en prácticas desleales. El Tribunal de Primera Instancia desestimó sumariamente la demanda. MAPFRE había solicitado la desestimación basándose en la figura de "pago en finiquito", argumentando que el Apelante endosó y cobró un cheque como pago total y final de la reclamación. El Apelante se opuso, alegando la existencia de controversias sobre hechos materiales, mala fe de la aseguradora y que la aplicación del "pago en finiquito" constituía una práctica desleal. El Tribunal de Apelaciones revisó la sentencia del foro primario. Por los fundamentos expuestos, el Tribunal de Apelaciones revocó la sentencia recurrida. El caso es devuelto al Tribunal de Primera Instancia para la continuación de los procedimientos.