Casos del Tribunal de Apelaciones (Página 142)

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones revisó un recurso discrecional de certiorari presentado por Eduardo Francisco Mundo Rosario. El recurrente solicitaba la revisión de una Minuta Resolución emitida por el Tribunal de Primera Instancia de San Juan. Tras la notificación de dicha resolución, el recurrente presentó una moción de reconsideración ante el TPI. Sin embargo, el recurso de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones fue presentado antes de que el TPI se expresara sobre la moción de reconsideración pendiente. Al momento de presentar el certiorari, el TPI no había emitido determinación alguna respecto a la reconsideración. El Tribunal de Apelaciones, invocando la Regla 83(C) de su Reglamento, desestimó el recurso. La desestimación se fundamenta en la falta de jurisdicción por considerar el recurso premautro. El documento explica la naturaleza del certiorari y las limitaciones para revisar órdenes interlocutorias bajo la Regla 52.1 de Procedimiento Civil. La decisión subraya la importancia de agotar los remedios en la instancia antes de recurrir.

Resumen:

Emilio José Concepción García compareció ante el Tribunal de Apelaciones mediante recurso de Certiorari. Solicitó la revocación de una Resolución del Tribunal de Primera Instancia (TPI). Dicha Resolución acogió el informe de una examinadora de pensiones. Como resultado, se le impuso una pensión alimenticia provisional de $8,000.00 mensuales. El caso principal es una demanda de divorcio presentada por Jennifer Lee Doering. Durante el proceso, surgieron disputas procesales, incluyendo una solicitud del padre para trasladar el caso a otra región judicial por alegado conflicto. El padre argumentó que la determinación de pensión provisional debía dejarse sin efecto por la pendencia de dicha solicitud. La examinadora emitió su informe al no recibir orden de paralización. El TPI adoptó el informe de la examinadora. Tras evaluar el recurso y la oposición, el Tribunal de Apelaciones denegó el auto de Certiorari.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de despido injustificado bajo la Ley Núm. 80. La querellada, Medtronic Puerto Rico Operations, solicitó la revisión de una Orden del Tribunal de Primera Instancia de Ponce. Dicha Orden determinó que el peso inicial de la prueba en el caso recae sobre el patrono, a pesar de los argumentos de Medtronic sobre el efecto de la Ley de Transformación y Flexibilidad Laboral (Ley 4-2017). Medtronic sostuvo que la Ley 4-2017 eliminó la presunción de despido injustificado impuesta al patrono por la Ley 80 y que, por tanto, el empleado debía comenzar a desfilar la prueba. El Tribunal de Primera Instancia concluyó que la Ley 4-2017, como regla general, aplica a empleados contratados a partir de su aprobación y que el peso de la prueba inicial sigue siendo del patrono. Inconforme con esta determinación, Medtronic presentó una Petición de Certiorari ante el Tribunal de Apelaciones. El Tribunal de Apelaciones, tras considerar los fundamentos, denegó la expedición del auto de certiorari solicitado por Medtronic.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre un recurso de certiorari. Carlos Santos Vázquez solicita la revisión de una orden de protección expedida en su contra por el Tribunal de Primera Instancia de Toa Baja. La orden fue emitida al amparo de la Ley para la Seguridad, Bienestar y Protección de Menores, tras una solicitud de Amneriz Medina Hernández por alegaciones de maltrato a menores. El Tribunal de Primera Instancia expidió una orden ex parte y, tras una vista el 15 de enero de 2021, la extendió por cuatro meses. El peticionario alega que el TPI erró y abusó de su discreción al extender la orden sin celebrar una vista en su fondo ni recibir prueba, violando el debido proceso de ley. El Tribunal de Apelaciones considera el recurso sin la comparecencia de la parte recurrida. El tribunal revisor evaluará si el foro primario incurrió en un abuso de discreción o error manifiesto al extender la orden de protección.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en el caso KLAN202100057. La apelante, Zorangely Delgado Pérez, demandó al Municipio de Gurabo por daños y perjuicios tras un accidente causado por un depósito de tierra en la carretera PR-181 Km 4.2. Alegó negligencia municipal por falta de mantenimiento de la vía. El Municipio solicitó la desestimación argumentando que la carretera es estatal y no está bajo su jurisdicción ni control. El Tribunal de Primera Instancia desestimó la demanda al concluir que la demandante no probó que el Municipio tuviera responsabilidad sobre dicha carretera, a pesar de que el Municipio presentó una certificación al respecto. La demandante apeló esta determinación. El Tribunal de Apelaciones revisó el caso y confirmó la sentencia del foro primario. La confirmación se basó en que la apelante no logró establecer una reclamación que justificara un remedio contra el Municipio, específicamente al no refutar la falta de jurisdicción municipal sobre la carretera estatal donde ocurrió el accidente.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una Sentencia en el caso KLAN201900825. El Hospital HIMA San Pablo de Humacao apeló la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que lo declaró responsable por daños y perjuicios. La demanda original fue presentada por la familia de Rufino Resto Rivera, alegando impericia médica que resultó en su muerte durante su hospitalización en octubre de 2013. La familia demandó al hospital y a varios médicos involucrados en el tratamiento. El Hospital HIMA apeló la decisión de responsabilidad y órdenes post-sentencia. El hospital, en su contestación, negó la impericia pero admitió detalles sobre la atención médica y las quejas de la familia. También alegó que los médicos eran profesionales con privilegios, no empleados. Tras revisar el expediente, los alegatos y la prueba, el Tribunal de Apelaciones confirmó la Sentencia apelada del Tribunal de Primera Instancia.

Resumen:

Este caso ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico involucra una revisión administrativa solicitada por el Consejo de Titulares del Condominio Atenas Court. El Consejo impugna una Resolución de la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) que declaró favorable una consulta de ubicación para el señor Wilson Rodríguez Batista. Dicha consulta buscaba legalizar la construcción de dos contenedores para operar una cafetería con venta de bebidas alcohólicas. El proyecto se ubica en un predio clasificado como Conservación de Recursos y Suelo Rústico Especialmente Protegido Ecológico e Hídrico, dentro de la Zona Cársica. El recurrente alegó que la determinación de la OGPe era contraria a derecho, carecía de endosos necesarios y no se basó en evidencia sustancial. La OGPe defendió la legalidad de su resolución. El Tribunal, tras considerar los argumentos, determinó revocar la resolución emitida por la Junta Adjudicativa de la OGPe.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa una decisión de la Comisión de Investigación, Procesamiento y Apelación (CIPA). El caso se origina con la expulsión de la policía municipal de San Juan, Eva Pérez Padró, tras un incidente de violencia doméstica en febrero de 2017. Inicialmente suspendida, la examinadora recomendó una suspensión de 30 días y evaluación médica, pero el Comisionado optó por la expulsión permanente bajo una política de cero tolerancia. Pérez Padró apeló ante la CIPA, la cual revocó la expulsión en septiembre de 2020, ordenando su reinstalación y el pago de haberes. El Municipio de San Juan solicitó reconsideración, la cual fue denegada por la CIPA. Inconforme, el Municipio acudió al Tribunal de Apelaciones, alegando que la CIPA erró al determinar defensa propia, al evaluar la prueba del Municipio y al inferir de testimonios. El Tribunal procede a resolver el recurso de revisión presentado por el Municipio.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisando una decisión de la Junta de Apelaciones de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado. Los recurrentes, Luis A. Alicea Berríos y Carlos R. Ríos Rivera, impugnaron la reinstalación y nombramiento de Gladys G. Meléndez Díaz a un puesto de carrera en la CFSE tras ocupar un puesto de confianza. Inicialmente, la Junta de Apelaciones consideró que los recurrentes tenían legitimación activa en el caso. Sin embargo, en una resolución posterior, la Junta desestimó la apelación con perjuicio. La Junta fundamentó su decisión en que los recurrentes carecían de legitimación activa para impugnar la reinstalación, considerándola un derecho absoluto de la interventora. Concluyó que, al carecer los recurrentes de derecho al remedio solicitado, la Junta no tenía jurisdicción para atender el asunto. El Tribunal de Apelaciones, al evaluar el recurso de revisión, resuelve revocar la Resolución dictada por la Junta de Apelaciones.

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Comparece ante el tribunal Oriental Bank, sucesor de Scotiabank, apelando una sentencia previa relacionada con una compraventa de propiedad. El litigio surge de la adquisición de un inmueble por FSM, CORP. a Scotiabank en 2017. Tanto el contrato de opción como la escritura de compraventa incluyeron cláusulas "as is" explícitas. Estas estipulaban que el comprador inspeccionó o tuvo la oportunidad de inspeccionar la propiedad y la aceptó en su estado actual. El comprador renunció a reclamaciones por vicios ocultos, problemas administrativos o de colindancia. El vendedor (banco) advirtió que desconocía el estado físico de la propiedad al haberla adquirido por ejecución hipotecaria. La parte compradora demandó solicitando la nulidad de la compraventa, alegando que la propiedad sufría problemas de inundación que el vendedor conocía y no reveló. Tras revisar el recurso, el panel de jueces decidió confirmar la determinación del Tribunal de Primera Instancia.

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Comparece ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico un recurso de revisión judicial presentado por Anthony R. Negrón Burgos, un miembro de la población correccional. El recurso se dirige contra una decisión del Departamento de Corrección y Rehabilitación, específicamente la "Respuesta de Reconsideración" emitida por la División de Remedios Administrativos. La controversia se origina en una determinación del Comité de Clasificación y Tratamiento de noviembre de 2019. Dicha determinación reubicó al recurrente de labores de cocina a mantenimiento general y concedió días de bonificación. El Sr. Negrón Burgos alega que la reubicación fue arbitraria y represalia por señalar falta de equipo de seguridad. Presentó remedios administrativos ante el Departamento, los cuales fueron denegados. Ante la confirmación de la decisión administrativa, acude al Tribunal de Apelaciones. Sus argumentos principales incluyen la falta de inhibición de un funcionario y la violación de manuales por parte del Comité. El Tribunal procede a revisar la controversia planteada por el recurrente.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de certiorari presentado por RET Environmental Technologies, Inc. contra Peerless Oil \& Chemicals Inc. El recurso impugna una decisión del Tribunal de Primera Instancia que denegó una orden de protección solicitada por RET. RET buscaba impedir la producción de documentos en un caso de cobro de dinero iniciado por POC, alegando que la información constituía secretos de negocio y era impertinente. El Tribunal de Primera Instancia determinó que la información solicitada no era un secreto de negocio. RET recurrió esta decisión ante el Tribunal de Apelaciones, argumentando que el foro primario erró al no reconocer los documentos como secretos comerciales. Tras revisar el petitorio y la oposición de POC, el Tribunal de Apelaciones resolvió denegar la expedición del auto de certiorari.

Resumen:

Víctor M. García Benítez acude al Tribunal de Apelaciones mediante certiorari para revocar una Resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó su solicitud de nuevo juicio. García Benítez fue convicto tras renunciar a su derecho a juicio por jurado y ser juzgado por tribunal de derecho. La renuncia se basó en el entendimiento de que un veredicto de jurado requería una mayoría de nueve de doce miembros, conforme a la ley vigente en ese momento. Posteriormente, las decisiones en Ramos v. Louisiana y Pueblo v. Torres Rivera establecieron la unanimidad como requisito constitucional para los veredictos de jurado. García Benítez argumentó que su renuncia al jurado fue inválida porque se fundamentó en un apercibimiento erróneo sobre la unanimidad requerida. Solicitó un nuevo juicio basándose en esta alegada nulidad de la renuncia. El Tribunal de Primera Instancia denegó dicha solicitud. El Tribunal de Apelaciones, en esta Sentencia, deniega la expedición del auto de certiorari. Con ello, se confirma la decisión del Tribunal de Primera Instancia de no conceder un nuevo juicio a García Benítez.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emitió una resolución en un caso sobre incumplimiento de contrato y daños. Carlos Erazo Santana presentó un recurso ante este tribunal alegando que el Tribunal de Primera Instancia emitió una sentencia en su contra y no se la ha notificado. Solicitó al Tribunal de Apelaciones que ordenara al foro primario notificarle la sentencia para poder apelarla. El Tribunal de Apelaciones examinó el recurso presentado. La resolución explica la competencia del Tribunal de Apelaciones como foro apelativo intermedio. Señala que su competencia es para conocer de apelaciones de sentencias y certiorari de resoluciones u órdenes, entre otros asuntos. Dado que el señor Erazo Santana no recurría de una decisión sino que solicitaba una notificación, el Tribunal determinó que carecía de competencia para atender su petición. Por consiguiente, ordenó el archivo del recurso y su traslado al Tribunal de Primera Instancia. El propósito es que el foro primario examine lo relativo a la notificación de la sentencia.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico, Panel IV, emitió sentencia en el recurso de Certiorari KLCE202100368, presentado por TRIPLE-S PROPIEDAD, INC. contra ESCO MANUFACTURING, INC. Este recurso se originó de un caso de daños en el Tribunal de Primera Instancia de Bayamón. La sentencia, fechada el 4 de mayo de 2021, responde a una Solicitud de Desistimiento de la parte peticionaria. El Tribunal determinó que, al haberse desistido las causas de acción en el foro primario, el recurso de apelación se volvió académico. Por ello, se dictó una sentencia de desistimiento con perjuicio. Esta decisión conlleva el cierre y archivo definitivo del recurso ante el Tribunal de Apelaciones. Además, deja sin efecto una Resolución anterior del Tribunal de Apelaciones del 13 de abril de 2021.

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José Juan Rondón Cotto, condenado por agresión sexual, solicita la revisión de su sentencia de 25 años de cárcel. La pena le fue impuesta en 2017 tras aceptar una alegación de culpabilidad pre-acordada por dos cargos. El peticionario presentó una moción bajo la Regla 192.1 de Procedimiento Criminal, argumentando que la pena debía ajustarse a la mínima por supuesta reclasificación de los delitos. El Tribunal de Primera Instancia denegó su solicitud y la reconsideración. Mediante recurso de certiorari, el peticionario acude al Tribunal de Apelaciones buscando ser re sentenciado. El Tribunal de Apelaciones deniega la petición. Señala que el peticionario no apeló la sentencia original, la cual advino final y firme. Además, destaca que la pena de 25 años impuesta fue la recomendada y acordada en la alegación pre-acordada suscrita por el propio peticionario. El planteamiento bajo la Regla 192.1 no encuentra sustento en el expediente.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en el recurso de apelación presentado por Zulma M. Renta Ramos contra El Pueblo. Renta Ramos apeló por derecho propio su sentencia de seis años por fraude, impuesta tras declararse culpable mediante un acuerdo. Alegó un proceso judicial accidentado, la aplicación incorrecta del artículo penal (Art. 203 en lugar de Art. 211/213), la improcedencia de la reincidencia, errores en la hoja de liquidación y problemas con su clasificación de custodia y condiciones en prisión. Solicitó la modificación de la sentencia para reclasificar los cargos al artículo 211, lo que reduciría la pena a tres años. El Tribunal, al revisar el recurso, enfatizó la necesidad de establecer jurisdicción. Determinó que la apelante no incluyó copia de la sentencia ni otros documentos esenciales en su presentación. Ante la ausencia de la documentación necesaria para auscultar su jurisdicción, el Tribunal de Apelaciones desestimó el recurso.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en un recurso de certiorari presentado por Óptima Seguros. La aseguradora impugna la resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó su moción de desestimación en una demanda por incumplimiento de contrato de seguros tras el huracán María. La demanda fue incoada por el Condominio Torre de San Miguel, Attenure Holdings Trust 3 y HRH Property Holdings LLC. Óptima argumentó que la demanda debía desestimarse porque el Condominio cedió sus derechos de la póliza a Attenure y HRH sin el consentimiento de la aseguradora, violando una cláusula anti-cesión. Alegó que la cesión era inválida y que Attenure y HRH carecían de legitimación activa. Los demandantes recurridos defendieron la validez de la cesión post-pérdida. El foro primario denegó la desestimación, pero el Tribunal de Apelaciones expidió el certiorari y revocó dicha determinación.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una Resolución sobre una Petición de Certiorari presentada por Luis Carlos Lebrón Rivera. El Peticionario impugna una decisión del Tribunal de Primera Instancia que denegó su solicitud para especificar el abono a la sentencia por detención preventiva. Lebrón Rivera argumentó que el tiempo bajo restricción domiciliaria con grillete electrónico y el tiempo detenido en Estados Unidos en espera de extradición debían ser abonados. El foro primario había resuelto que solo se abona el tiempo en una institución penitenciaria de Puerto Rico. El Peticionario presentó dos señalamientos de error ante el Tribunal de Apelaciones, alegando que el foro primario erró al no considerar dichos periodos como detención preventiva. El Tribunal de Apelaciones revisó la petición y los autos. Considerando la naturaleza discrecional del recurso de certiorari y los criterios aplicables, el Tribunal decide no expedir el auto. Por tanto, se deniega la Petición de Certiorari presentada por Luis Carlos Lebrón Rivera.

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El Tribunal de Apelaciones emite sentencia sobre la solicitud de revisión administrativa presentada por la Sucesión de Juan Otero Seda. Los recurrentes impugnaban una Orden del Director Ejecutivo del Negociado del Deporte Hípico que requirió a Camarero Race Track pagarles una suma por un premio de poolpote de 2014. Alegaron errores en el cálculo de la cuantía del premio. Tras presentar solicitudes administrativas de reconsideración y revisión, acudieron al Tribunal de Apelaciones. La Comisión de Juegos y Camarero solicitaron la desestimación del recurso judicial. Argumentaron que la solicitud era prematura por no haberse agotado los remedios administrativos. El Tribunal examinó los escritos y documentos presentados por las partes. Finalmente, desestima la Solicitud de Revisión Administrativa. La desestimación se basa en la falta de jurisdicción, al considerar el recurso prematuro. Se determina que los recurrentes no agotaron los remedios administrativos disponibles conforme a la ley.

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Apelación ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de cobro de dinero. El recurso fue presentado por un codemandado que impugna una Sentencia Sumaria del Tribunal de Primera Instancia. La demanda original fue incoada por una Cooperativa contra un deudor principal y el apelante como codeudor por incumplimiento de un préstamo personal. Tras iniciarse el pleito, el deudor principal y la Cooperativa suscribieron un acuerdo de estipulación para un plan de pagos alternativo. La Cooperativa sostuvo que dicho acuerdo no implicaba una novación de la obligación original. El foro primario había solicitado al codeudor que presentara argumentos sobre la posible novación. No obstante, el Tribunal de Primera Instancia dictó Sentencia Sumaria contra el codeudor. El Tribunal de Apelaciones revisó el expediente y los fundamentos de la decisión recurrida. Consideró la naturaleza del acuerdo posterior y su posible efecto en la obligación del codeudor. Por los fundamentos expuestos en su sentencia, el Tribunal de Apelaciones revocó la determinación del Tribunal de Primera Instancia.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resolviendo una apelación en un caso de cobro de dinero. CPG/GS Island Properties VI, LLC apeló la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que favoreció a Génesis Security Services, Inc. La disputa surgió de un contrato de servicios de seguridad de 2015 y la alegada falta de pago de facturas por parte de CPG. Génesis demandó a CPG reclamando una deuda por servicios prestados. CPG se defendió cuestionando la validez y procedencia de las facturas. El Tribunal de Primera Instancia encontró que Génesis continuó prestando servicios tras expirar el contrato, con conocimiento y solicitud de CPG, y que hubo enriquecimiento injusto. Ordenó a CPG pagar $21,108.00 por servicios en Paseo Caribe. CPG apeló señalando errores sobre la prueba de las facturas y la relación de los servicios con sus propiedades. El Tribunal de Apelaciones, tras revisar el caso, confirma la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico atendió un recurso de revisión judicial presentado por Daniel Rivera Colón contra la Administración de Corrección y Rehabilitación. El recurrente impugnaba una determinación administrativa relacionada con una solicitud de servicios médicos, específicamente la provisión de un bastón, silla y colchón. Surgió una discrepancia sobre los documentos presentados, ya que el recurrente apelaba la denegación de un bastón, pero los documentos se referían a una silla y un colchón. El Tribunal requirió al recurrente que presentara la documentación correcta sobre la determinación apelada. Mientras tanto, la Administración de Corrección informó al Tribunal que ya se le habían entregado al recurrente un colchón nuevo, una silla plástica y un bastón de madera. El recurrente no cumplió con el requerimiento del Tribunal de presentar los documentos solicitados. Ante la entrega de los artículos requeridos, la controversia planteada en el recurso se tornó inexistente. Por consiguiente, el Tribunal desestimó el recurso de revisión judicial. La desestimación se fundamentó en la doctrina de academicidad, que impide a los tribunales resolver controversias que han perdido eficacia o se han vuelto ficticias.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa una determinación disciplinaria del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) contra el confinado Daniel Ortiz. El DCR encontró a Ortiz culpable de violar los códigos 200 (contrabando) y 219 (abuso de privilegio) del Reglamento Disciplinario, imponiéndole una amonestación. Los cargos se originaron tras un incidente donde Ortiz, empleado de mantenimiento, trajo su carrito de trabajo a su área de vivienda. Durante un registro al carrito, se encontraron manzanas y pan ocultos. Ortiz fue inicialmente acusado también de desobediencia y actitud hostil, pero la resolución del DCR solo lo halló responsable de contrabando y abuso de privilegio. El confinado argumentó que los alimentos le fueron regalados por otro recluso de sobrantes autorizados a desecharse. Varios testigos confinados declararon a favor de la versión de Ortiz sobre su actitud y la procedencia de la comida. La resolución del DCR consignó que Ortiz aceptó los hechos imputados, aunque negó la falta de respeto. El Tribunal de Apelaciones, mediante esta sentencia, revoca la determinación disciplinaria recurrida.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisó una decisión de la Comisión Apelativa del Servicio Público (CASP). El recurrente, Denis O. Vázquez Gascot, impugnó la resolución de la CASP que desestimó su apelación contra el Municipio de San Juan. Vázquez Gascot había apelado ante la CASP su destitución como Ingeniero III por parte del Municipio, alegando persecución política. El Municipio solicitó la desestimación de la apelación ante la CASP, argumentando falta de jurisdicción por notificación defectuosa. Sostuvo que la apelación no fue notificada a la dirección correcta ni a la persona autorizada para recibir emplazamientos. Aunque la CASP inicialmente denegó la desestimación, el Municipio reiteró su argumento jurisdiccional. Una oficial examinadora recomendó la desestimación por falta de jurisdicción debido al incumplimiento con el requisito de notificación. La CASP finalmente desestimó la apelación de Vázquez Gascot por este fundamento. El recurrente acudió al Tribunal de Apelaciones para revisar dicha determinación. El Tribunal de Apelaciones, tras examinar los fundamentos, confirmó la resolución recurrida de la CASP.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emitió una Sentencia en el caso de Sergio J. Lugo Vázquez contra la Junta de Libertad Bajo Palabra. El recurrente apeló la Resolución de la Junta que le denegó el privilegio de libertad bajo palabra el 24 de noviembre de 2020. La Junta no compareció ni presentó alegato en el recurso de apelación. La denegatoria de la Junta se basó en la falta de corroboración de un plan de vivienda fuera del pueblo de Toa Alta, donde residen las víctimas. Sin embargo, una resolución previa de la Junta de mayo de 2020 había concluido que el recurrente cumplía los requisitos para la libertad bajo palabra, destacando sus logros institucionales y plan de salida estructurado. El Tribunal de Apelaciones determinó que la Junta erró al emitir su Resolución denegatoria. Por tanto, revocó la Resolución del 24 de noviembre de 2020. Ordenó al Departamento de Corrección y Rehabilitación emitir un nuevo informe en 10 días o menos, incluyendo información sobre la vivienda del recurrente y su distancia a la de las víctimas. Finalmente, dispuso que la Junta de Libertad Bajo Palabra deberá emitir una nueva Resolución sobre la libertad bajo palabra en un plazo de cinco días tras recibir dicho informe.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisó una Resolución del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) que encontró a Nelson Pérez Vega, un confinado, incurso en conducta prohibida. La Resolución del DCR, emitida el 18 de noviembre de 2020, determinó que el señor Pérez Vega violó el Código 110 del Reglamento Disciplinario para la Población Correccional (daños a la propiedad). La imputación se basó en el hallazgo de un hueco en el piso de la celda donde residía, el cual había sido previamente reparado. Tras una vista administrativa, el DCR impuso una sanción de 30 días de suspensión de privilegios, aunque consignó que no había evidencia directa de que el recurrente hubiera causado el daño. El señor Pérez Vega recurrió la decisión ante el Tribunal de Apelaciones. El Tribunal evaluó los fundamentos presentados por el recurrente y la determinación de la agencia. Finalmente, el Panel VI del Tribunal de Apelaciones emitió una Sentencia el 30 de abril de 2021. En dicha Sentencia, el Tribunal resolvió CONFIRMAR la determinación recurrida del Departamento de Corrección y Rehabilitación.

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El Tribunal de Apelaciones revisa una Resolución del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO). Dicha resolución ordenó a la Junta de Directores del Condominio Parque 218 abstenerse de cobrar cuotas de mantenimiento aprobadas en una asamblea de 2017. La controversia se originó por una querella inicial que alegaba que los titulares de los apartamentos penthouse no pagaban la cuota correspondiente al área de la azotea. DACO intervino previamente, ordenando a la Junta celebrar una asamblea para abordar el aumento de la cuota. En la asamblea de marzo de 2017, se aprobó un aumento basado en la superficie del apartamento, resultando en una cuota mayor para las unidades de dos plantas (penthouse). Los recurrentes ante DACO, propietarios de un penthouse, impugnaron la asamblea, argumentando que la azotea es un elemento común y que siempre habían pagado una cuota menor. La Junta de Directores defendió el aumento, indicando que los titulares de los penthouse adquirieron derechos sobre el séptimo nivel (azotea) mediante escritura, aumentando su área privativa. Alegaron que la cuota se calculó según los pies cuadrados, conforme a la ley, y fue aprobada por la mayoría del Consejo de Titulares. El Tribunal de Apelaciones evalúa ahora la decisión de DACO que detuvo el cobro de estas cuotas aumentadas.

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Pedro A. Romero Rosa, un confinado bajo la custodia del Departamento de Corrección y Rehabilitación, presentó una moción de revisión judicial ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. Buscaba impugnar una determinación administrativa que confirmó una sanción disciplinaria impuesta en su contra. La sanción se originó por la posesión de una jeringuilla de fabricación casera, lo que constituyó una infracción al Reglamento Disciplinario para la Población Correccional. Tras una vista disciplinaria, se le encontró incurso en la infracción y se le impuso la privación de privilegios por cuarenta días. El recurrente solicitó reconsideración, la cual fue declarada No Ha Lugar por la Oficial de Reconsideración. Ante el Tribunal de Apelaciones, el recurrente alegó múltiples errores relacionados con la redacción y contenido del informe disciplinario inicial. El Tribunal de Apelaciones revisó el recurso. Mediante sentencia, el panel judicial confirmó la determinación administrativa recurrida.

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Recurso de revisión administrativa ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico presentado por el confinado Luis H. Quiñones Santiago. El peticionario se quejó de la falta de energía eléctrica, abanicos y extractores de aire en su celda y otras de la Institución 676 en Ponce. Presentó una solicitud de remedios administrativos ante el Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR). La División de Remedios Administrativos del DCR respondió que las reparaciones estaban pendientes debido a vandalismo y denegó la reconsideración. Quiñones Santiago acudió al Tribunal de Apelaciones alegando abuso de discreción y solicitando una orden de emergencia. El Procurador General, en representación del DCR, se opuso al recurso, argumentando que la División actuó conforme al reglamento y que los asuntos de reparación y emergencia estaban fuera de su jurisdicción. Posteriormente, el DCR informó al tribunal que el peticionario había sido trasladado a la Institución Guayama 1000. Se indicó que en la nueva institución, el peticionario fue ubicado en una celda que sí cuenta con servicio de electricidad. El peticionario confirmó su traslado. El Tribunal concluyó que el traslado resolvió la controversia principal sobre las condiciones de su celda, tornando el caso en académico y no justiciable.

Resumen:

Resumen:

Este documento es una sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de revisión judicial. El recurrente, una persona confinada, impugna una determinación del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR). El caso se originó en una solicitud de remedio administrativo sobre la provisión de tiempo de recreación. El recurrente alegó que el DCR incumplió un acuerdo y violó reglamentos y el caso *Morales Feliciano* sobre recreación diaria. La División de Remedios Administrativos del DCR denegó la solicitud inicial y la reconsideración. El DCR indicó que la recreación activa compartida no se ofrecía por falta de oficiales, solo recreación individual diaria. El recurrente presentó la revisión judicial, imputando errores al DCR por violar reglamentos y no investigar adecuadamente. El Tribunal de Apelaciones revisa la determinación administrativa del DCR sobre la queja de recreación del recurrente. El tribunal decidió prescindir de la comparecencia del DCR.

Resumen:

Comparece ante el Tribunal de Apelaciones un recurso de revisión judicial presentado por Adrián Andrés Cruz Martínez. El recurrente impugna resoluciones de la Junta de Síndicos del Sistema de Retiro de la Autoridad de Energía Eléctrica. La controversia central gira en torno a la fecha de efectividad de su jubilación por incapacidad. El señor Cruz Martínez alega que la fecha correcta es el 4 de octubre de 2018, mientras la Junta la fijó en el 3 de julio de 2019. La Junta ratificó esta fecha en la Resolución 2020-039 y la confirmó al denegar una solicitud de reconsideración mediante la Resolución 2021-005. El recurrente acude al Tribunal de Apelaciones solicitando la revocación de dichas resoluciones. El Tribunal, previo a considerar los méritos, evalúa su jurisdicción. Se determina desestimar el recurso. La desestimación se fundamenta en la falta de jurisdicción por presentación prematura del recurso.

Resumen:

El Municipio de Aibonito presentó un Recurso de Revisión Judicial ante el Tribunal de Apelaciones contra una Orden de la Comisión Apelativa del Servicio Público. Dicha Orden denegó una Moción de Desestimación presentada por el Municipio en un caso de retención iniciado por Francisco Sánchez Torres y otros. El Municipio argumentó que la querella original fue presentada tardíamente y que la causa de acción había sido abandonada por inactividad. La Comisión Apelativa rechazó estos argumentos, entendiendo que el término para presentar la querella fue interrumpido por litigios previos en los tribunales. El Municipio solicitó al Tribunal de Apelaciones revocar la decisión de la Comisión. Sin embargo, el Tribunal de Apelaciones, al evaluar el recurso, determinó que carece de jurisdicción para atender la revisión. Por tanto, el Tribunal de Apelaciones desestimó el recurso presentado por el Municipio de Aibonito por falta de jurisdicción.

Resumen:

Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre un recurso de mandamus. El peticionario, un confinado, solicitó que se le proveyera el medicamento Neurontin para una condición crónica. Previamente, había presentado una solicitud de remedio administrativo ante el Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR). El DCR denegó la solicitud porque el medicamento no estaba aprobado por la FDA para su diagnóstico. El peticionario no presentó una reconsideración administrativa, acudiendo directamente al Tribunal de Apelaciones mediante mandamus. El Tribunal explica que el mandamus es un recurso discrecional que requiere un deber ministerial claro y la ausencia de un remedio adecuado. Señala que el auto no procede si existe un recurso adecuado y eficaz en el curso ordinario de la ley. El Tribunal desestima el recurso de mandamus sin ulterior trámite, al no cumplir el peticionario con los requisitos para su expedición, incluyendo la falta de agotamiento de remedios administrativos.

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Super Asphalt Pavement, Corp. presentó un recurso de revisión judicial impugnando la adjudicación de la Subasta Núm. 20-21-04 por la Junta de Subastas del Municipio Autónomo de Humacao. La recurrente alegó que la notificación original de la adjudicación era insuficiente y violaba el debido procedimiento de ley al no incluir un resumen de las propuestas ni el análisis básico. La Junta de Subastas, reconociendo la necesidad de mayor detalle, emitió una notificación enmendada. Esta notificación enmendada incluyó la lista de compañías licitadoras, sus precios y razones detalladas para la selección del postor agraciado. Al subsanarse el defecto alegado mediante la notificación enmendada, el Tribunal de Apelaciones determinó que la controversia sobre la suficiencia de la notificación original se tornó académica. La doctrina de academicidad aplica cuando cambios fácticos o judiciales eliminan la controversia real y viva. Al no existir una controversia justiciable, el tribunal carece de jurisdicción para adjudicar el recurso. Por lo tanto, el Tribunal de Apelaciones desestimó el recurso de revisión judicial.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia, Sala de Bayamón. Dicha Sentencia declaró Ha Lugar las mociones de desestimación presentadas por los codemandados O2 Communications Inc. y Oscar J. Serrano (NotiCel), y Aiola Virella, David Cordero Mercado y Metro Puerto Rico LLC (Metro). El apelante, Francisco J. Domenech Fernández, había presentado una demanda por difamación y daños y perjuicios. Alegó que NotiCel y Metro reseñaron incorrectamente y con malicia real que él sometió información falsa en un procedimiento judicial de violencia doméstica. Reclamó una indemnización millonaria y medidas cautelares para detener y eliminar las publicaciones. Los demandados solicitaron la desestimación argumentando que las publicaciones estaban protegidas, el demandante era figura pública, no hubo malicia real y la información provenía de un documento judicial bajo el privilegio del reporte justo y verdadero. El apelante se opuso, alegando evidencia de malicia real y que el privilegio no aplicaba a expresiones propias. El Tribunal de Apelaciones procede a examinar la controversia.

Resumen:

B Billboard NC LLC (Bmedia) apeló la Sentencia Parcial del Tribunal de Primera Instancia (TPI) que denegó su solicitud de interdicto posesorio. El TPI basó su decisión en que Bmedia no presentó prueba de que las vallas publicitarias pudieran tratarse como bienes inmuebles. El caso se inició con una demanda de Bmedia contra Universal Group, Inc. por incumplimiento de contrato y daños contractuales. Bmedia también buscaba injunctions preliminares y permanentes relacionados con un contrato sobre el uso de terrenos para vallas publicitarias. La disputa contractual giraba en torno a la duración del acuerdo, con Bmedia reclamando 20 años y Universal Group notificando la no renovación tras 10 años. El TPI previamente había declarado sin lugar la solicitud de injunction preliminar y permanente, convirtiendo el caso en uno ordinario. En este recurso, Bmedia apeló específicamente la denegación posterior del interdicto posesorio. Tras evaluar el recurso, el panel de jueces resolvió confirmar el dictamen apelado del TPI.

Resumen:

Esta resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico atiende una petición de certiorari criminal presentada por Derek Ariel Cordero Figueroa. El señor Cordero solicitó la devolución de sus huellas dactilares y fotografías tomadas durante un proceso criminal. Inicialmente fue acusado de un delito grave, pero se declaró culpable de un delito menos grave y cumplió su sentencia. El tribunal de primera instancia denegó su solicitud de devolución de estos documentos, basándose en una ley que solo permite dicha acción tras absolución o indulto. El señor Cordero argumentó que la aplicación de esta ley a su caso violaba sus derechos constitucionales a la igual protección y a la rehabilitación. Sostuvo que fue tratado injustamente en comparación con personas acusadas inicialmente de delitos menos graves a quienes no se les toman datos biométricos. El Tribunal de Apelaciones revisa la decisión del tribunal de primera instancia. La resolución indica que el Tribunal denegará la expedición del auto de certiorari solicitado.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en el caso de El Pueblo contra David Martínez Ruiz. El señor Martínez Ruiz solicitó la revisión de una Resolución del Tribunal de Primera Instancia (TPI) que declaró no ha lugar su Moción de Supresión de Evidencia. Los hechos se originaron en un operativo encubierto donde el señor Martínez Ruiz fue arrestado por solicitar servicios de prostitución y posesión de sustancias controladas, las cuales fueron halladas en su vehículo tras un registro. El peticionario argumentó que el arresto y el registro fueron ilegales al no contar con orden judicial ni motivos fundados transferidos, solicitando la supresión de la evidencia como "fruto del árbol ponzoñoso". El Estado se opuso, alegando falta de legitimación activa y negando testimonios estereotipados. Tras una vista evidenciaria, el TPI denegó la supresión. El Tribunal de Apelaciones expidió el certiorari y, en esta Sentencia, revocó el dictamen del TPI.

Resumen:

Esta Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico atiende una petición de Certiorari presentada por los oficiales correccionales Idelfonso Montalvo Figueroa y Jafet Rivera Ortiz. Los oficiales buscaban revocar una resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó su solicitud de desestimación de una demanda en su contra. La demanda fue presentada por el confinado Luis M. Torres Morales, reclamando daños personales por una alegada agresión física por parte de los oficiales. Los oficiales argumentaron la desestimación basándose en la prescripción de la acción, alegando que la demanda fue presentada fuera de término, y en la inmunidad cualificada, afirmando que actuaron en el ejercicio de sus funciones oficiales. El Tribunal de Primera Instancia denegó la desestimación, concluyendo que la demanda fue presentada a tiempo según la fecha de recibo inicial y que el argumento de inmunidad era prematuro sin descubrimiento de prueba. Los oficiales recurrieron esta determinación mediante Certiorari. Sin embargo, el Tribunal de Apelaciones deniega la expedición del auto solicitado. Esta acción mantiene la determinación del foro primario de denegar la desestimación, permitiendo que la demanda continúe su curso en el Tribunal de Primera Instancia.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones consideró un recurso de certiorari presentado por José Suárez Conde. El peticionario solicitó dejar sin efecto una resolución del Tribunal de Primera Instancia de San Juan en un caso de daños y perjuicios. Dicha resolución denegó su solicitud de nulidad de emplazamiento. El peticionario argumentó que el emplazamiento que recibió estaba dirigido a "Fulano de Tal", no a su persona, y que la parte demandante no enmendó la demanda para nombrarlo específicamente. Consideró que el TPI erró al no decretar la nulidad del emplazamiento. Tras revisar el recurso y la oposición de la parte recurrida, el Tribunal de Apelaciones, ejerciendo su discreción sobre la expedición de autos de certiorari, resolvió denegar la expedición del recurso solicitado.

Resumen:

Este recurso de certiorari surge de un pleito sobre partición de herencia ante el Tribunal de Primera Instancia. El peticionario, Samuel Ávila Núñez, solicitó la revisión de una Minuta-Resolución que declaró su impugnación al Cuaderno Particional extemporánea. El foro primario determinó que la objeción se presentó fuera del término de 8 días establecido por ley, dando el cuaderno por sometido. Previamente, el Tribunal de Primera Instancia había concedido una prórroga al peticionario para expresarse sobre el cuaderno, pero luego indicó que dicha concesión fue por inadvertencia y sin discreción. El peticionario había manifestado desacuerdo con la adjudicación de ciertos bienes en el cuaderno. El Tribunal de Apelaciones revisó la determinación del foro primario. Tras analizar los fundamentos, el Tribunal de Apelaciones expidió el auto de certiorari. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones revocó la determinación recurrida del Tribunal de Primera Instancia.

Resumen:

Irving D. Carrasquillo Oliveras, confinado, presentó una demanda por daños y perjuicios alegando denegación de asistencia médica. Representándose por derecho propio, solicitó posteriormente al Tribunal de Primera Instancia la designación de un abogado de oficio por ser indigente y carecer de conocimiento legal. El foro primario denegó la solicitud, argumentando que la designación es discrecional y que el peticionario tenía alternativas para obtener representación legal gratuita o a contingencia. Inconforme con esta determinación, el señor Carrasquillo presentó una Petición de Certiorari ante el Tribunal de Apelaciones. Solicitó la revocación de la resolución del Tribunal de Primera Instancia, alegando que erró al no asignarle un abogado de oficio a pesar de su indigencia y desconocimiento procesal. El Tribunal de Apelaciones examinó la petición de certiorari. Tras considerar los fundamentos, el Tribunal de Apelaciones resolvió denegar la expedición del auto solicitado. Esta decisión confirma la determinación del Tribunal de Primera Instancia de no asignar un abogado de oficio al peticionario en su caso civil.

Resumen:

Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre una petición de certiorari presentada por Mapfre Pan American Insurance Company. Mapfre solicitó revocar una Resolución del Tribunal de Primera Instancia (TPI) que denegó su moción de sentencia sumaria. El caso subyacente trata de una demanda de Roberto Figueroa Rivera contra Mapfre por alegado incumplimiento de contrato relacionado con daños del Huracán María. Figueroa Rivera demandó, afirmando que Mapfre subvaloró y no le pagó completamente su reclamación por los daños. Mapfre presentó una moción de sentencia sumaria basada en la doctrina de pago en finiquito, argumentando que Figueroa Rivera aceptó el pago total al endosar y depositar un cheque marcado como pago final. Figueroa Rivera se opuso, alegando que existían controversias de hechos materiales, particularmente sobre si su aceptación del cheque constituyó un acuerdo válido debido a la alegada falta de información y posibles vicios del consentimiento. El TPI denegó la moción de sentencia sumaria de Mapfre, concluyendo que estas controversias fácticas impedían resolver el caso como cuestión de derecho. Mapfre entonces peticionó al Tribunal de Apelaciones para que revisara esta denegatoria mediante certiorari. El Tribunal de Apelaciones, por los fundamentos expuestos, denegó la expedición del auto de certiorari.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones resuelve una solicitud de certiorari presentada por José M. Falcón Concepción. El recurrente impugna una Resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó su petición para revisar una orden de pensión alimentaria. Dicha orden fue emitida por ASUME en octubre de 2019 y modificó la pensión para su hijo menor. La decisión de ASUME fue confirmada previamente por el Tribunal de Apelaciones en enero de 2020 y advino final y firme. Posteriormente, el Sr. Falcón solicitó en el foro primario una nueva determinación de pensión, alegando un cambio en las necesidades del menor por su traslado a escuela pública y aceptando capacidad económica. La madre se opuso, argumentando que no habían transcurrido los tres años requeridos para una revisión y que no existían cambios sustanciales. El Tribunal de Primera Instancia declaró no ha lugar la solicitud de revisión. El Sr. Falcón recurrió al Tribunal de Apelaciones, argumentando que un cambio en las necesidades justifica la revisión fuera del ciclo de tres años. Tras evaluar los escritos y la resolución recurrida, el Tribunal de Apelaciones deniega la expedición del auto de certiorari.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de certiorari. El peticionario, Maxwell Joel Rivera Acosta, solicitó la revisión de dos resoluciones del Tribunal de Primera Instancia (TPI). Ambas resoluciones denegaron solicitudes de recusación presentadas por el peticionario en un caso sobre incumplimiento de contrato y cobro de dinero. El caso original fue iniciado por Ián Ramos Martínez. Las solicitudes de recusación se presentaron después de que el TPI emitiera una orden relacionada con el descubrimiento de prueba. En dicha orden, el TPI compelió al peticionario a cumplir con las solicitudes del demandante y señaló que su postura rayaba en la temeridad. El peticionario argumentó que esta actuación justificaba la recusación del foro primario. El Tribunal de Apelaciones expidió el auto de certiorari para revisar las resoluciones. Tras evaluar los fundamentos, el Tribunal de Apelaciones confirmó las resoluciones recurridas del TPI.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre un recurso de certiorari. La peticionaria, Ana Cristina García Cintrón, impugnó una Orden del Tribunal de Primera Instancia. Dicha Orden declaró No Ha Lugar su solicitud para desestimar el caso y convertir el procedimiento de sumario laboral a ordinario. El pleito original fue incoado bajo la Ley Núm. 2 de Procedimiento Sumario de Reclamaciones Laborales. La historia procesal incluye una Sentencia previa de este Tribunal que ordenó la anotación de rebeldía contra la peticionaria y otros. El Tribunal Supremo denegó revisar esa determinación. Ante el foro primario, la peticionaria solicitó levantar la rebeldía y cambiar el procedimiento, lo cual fue denegado por la Orden recurrida. El Tribunal de Apelaciones desestima el presente recurso de certiorari por falta de jurisdicción.

Resumen:

Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de certiorari. El peticionario, Luis A. Bonnet Vázquez, solicitó la revisión de una resolución del Tribunal de Primera Instancia. Dicha resolución, emitida el 15 de marzo de 2021, declaró no ha lugar varias solicitudes de desestimación presentadas por el peticionario y Pan American Gun Club. Las mociones de desestimación se basaban en alegados incumplimientos con las Reglas de Procedimiento Civil y falta de una parte indispensable en una demanda por daños y perjuicios instada por CODEPOLA. El peticionario argumentó que el foro primario erró al no desestimar la demanda conforme a las Reglas 10.2 y 16.1. Tras revisar el recurso, el Tribunal de Apelaciones procedió a denegar el auto de certiorari solicitado. La denegatoria implica que la determinación del Tribunal de Primera Instancia de no desestimar la demanda se mantiene. El caso principal continuará su curso en el foro primario, incluyendo las etapas de descubrimiento de prueba y conferencia con antelación al juicio.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en un recurso de certiorari en un caso de daños y perjuicios. La Universidad Central de Bayamón y su aseguradora solicitan la revisión de una resolución del Tribunal de Primera Instancia de Bayamón. Dicha resolución declaró No Ha Lugar una Solicitud de Desestimación por Prescripción presentada por los peticionarios. El caso original fue incoado por Irma McCadney Santos y otros por daños sufridos en un elevador de la universidad en octubre de 2016. Los peticionarios presentaron la defensa de prescripción por primera vez en una contestación enmendada, después de haber admitido previamente la interrupción del término. Argumentaron que la reclamación extrajudicial no fue oportuna y que la paralización por Huracán María no aplicaba a la prescripción. El Tribunal de Primera Instancia denegó la moción de desestimación. El Tribunal de Apelaciones expide el auto de certiorari para revisar la decisión. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones confirma el dictamen recurrido. Esto significa que la decisión del foro primario de no desestimar el caso por prescripción es validada.