Casos del Tribunal de Apelaciones (Página 125)

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El Colegio de Médicos Veterinarios apela una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que declaró inconstitucional la Sección 5 de la Ley 107 de 1986, la cual establece la colegiación compulsoria para la práctica de la medicina veterinaria. El caso se originó cuando el Colegio demandó a varios veterinarios por supuestas prácticas ilegales, a lo que uno de ellos, el Dr. Froilán Oliveras, presentó una reconvención solicitando una sentencia declaratoria sobre la inconstitucionalidad de la colegiación obligatoria. El Tribunal de Primera Instancia denegó el injunction solicitado por el Colegio y, tras un intento de desistimiento del Colegio, continuó con la reconvención. El Departamento de Justicia intervino en el caso, apoyando la postura del Dr. Oliveras sobre la inconstitucionalidad de la colegiación compulsoria. El Tribunal de Primera Instancia evaluó las posiciones y dictó Sentencia declarando Con Lugar la reconvención del Dr. Oliveras y decretando la inconstitucionalidad de la referida sección de ley. Esta Sentencia es la que el Colegio impugna ahora ante el Tribunal de Apelaciones.

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Un caso ante el Tribunal de Apelaciones surge de una disputa familiar sobre el cuido de cuatro hermanos adultos incapacitados. La acción original fue presentada en el Tribunal de Primera Instancia bajo la Ley 121, Carta de Derechos de la Persona de Edad Avanzada. Se solicitaba que una hermana, Carmen Lydia Pérez González, cumpliera con un acuerdo de cuido semanal. El Departamento de la Familia intervino, presentando un informe que detallaba el plan de cuido familiar y el conflicto existente. El Tribunal de Primera Instancia, tras evaluar la prueba, ordenó a la hermana cumplir con su turno de cuido por seis meses. Carmen Lydia Pérez González recurrió la decisión mediante Certiorari ante el Tribunal de Apelaciones. El Tribunal de Apelaciones, en el ejercicio de su discreción, resolvió no intervenir con la determinación del foro primario. La resolución del Tribunal de Apelaciones confirma la orden del TPI de continuar con el plan de cuido establecido.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de revisión presentado por Sunnova Energy Corporation. Sunnova impugnó una resolución del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACo) que dejó sin efecto la desestimación de una querella. La querella original fue presentada por Ramón Peña Ortiz contra Sunnova y Máximo Solar por un contrato de energía solar. DACo había desestimado inicialmente la querella, pero la reinstauró tras una solicitud de reconsideración del querellante. Sunnova alegó que DACo carecía de jurisdicción debido a una cláusula de arbitraje en el contrato y que se violó su debido proceso. El Tribunal de Apelaciones resolvió desestimar el recurso de revisión. La desestimación se fundamenta en la falta de jurisdicción del propio Tribunal para conocer del recurso. La sentencia señala que la cuestión jurisdiccional se relaciona con el poder de los tribunales y la notificación de resoluciones administrativas.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa una sentencia sumaria del Tribunal de Primera Instancia. El caso involucra una demanda por incumplimiento de contrato y mala fe contra una aseguradora por daños causados por los huracanes Irma y María. La demandante alegó que la aseguradora subvaloró los daños a su propiedad. La aseguradora solicitó sentencia sumaria parcial, argumentando que la demandante aceptó un pago de $125.60 por la reclamación de María, cobrando un cheque que incluía un relevo de liquidación total. La aseguradora invocó la doctrina de pago en finiquito. La demandante se opuso, cuestionando la claridad del pago como final y alegando conducta indebida de la aseguradora. El Tribunal de Apelaciones concluyó que el Tribunal de Primera Instancia erró al aplicar la doctrina de pago en finiquito sumariamente. Determinó que la aseguradora no demostró, como hechos incontrovertidos, que la oferta fuera justa, que se brindara orientación adecuada, que la asegurada entendiera la finalidad del pago, o que no hubiera opresión. Por tanto, se revoca la desestimación sumaria basada en dicha doctrina.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso sobre daños y perjuicios. La parte demandada, Funeraria Monserrate, solicitó autorización para presentar una demanda contra tercero contra el Municipio de Salinas. El Tribunal de Primera Instancia denegó dicha solicitud. El TPI fundamentó su decisión en que la potencial reclamación contra el Municipio estaba prescrita para la demandante original. Concluyó que, por ende, la reclamación del demandado contra el tercero también estaba prescrita. El TPI añadió que, de establecerse responsabilidad de un tercero no incluido, la indemnización de la demandante se reduciría. La Funeraria recurrió la decisión del TPI mediante un recurso de certiorari. Alegó que el TPI erró al denegar la demanda contra tercero, afectando su derecho a un proceso justo. El Tribunal de Apelaciones, mediante esta Resolución, declina intervenir con la decisión recurrida del Tribunal de Primera Instancia.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa una sentencia declaratoria sobre la vigencia de servidumbres en la comunidad de Río Mar. El caso enfrenta a titulares de unidades residenciales (Clústers 1 y 2) contra las compañías propietarias de los terrenos donde ubican las instalaciones recreativas. La controversia gira en torno a servidumbres constituidas en la década de 1970 que otorgan a los titulares el derecho a usar facilidades como campos de golf y canchas de tenis, condicionadas al pago de cuotas anuales. Los titulares alegan haber cumplido con los pagos y que las servidumbres son válidas, impidiendo la modificación o eliminación de las instalaciones sin su consentimiento. Las compañías apelantes argumentan la invalidez de las servidumbres por alegado incumplimiento en los pagos o que tienen derecho a alterar las facilidades. El Tribunal de Primera Instancia dictó sentencia sumaria declarando la vigencia de las servidumbres al no haberse cumplido la condición resolutoria de impago. Mediante este recurso, las compañías apelantes solicitaron la revisión de dicha determinación. El Tribunal de Apelaciones, tras considerar los argumentos, confirma la sentencia apelada.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico que resuelve una apelación presentada por Roxana Vázquez Adorno contra Caribbean University PR. La apelación impugnaba una sentencia sumaria del Tribunal de Primera Instancia que desestimó sus reclamaciones. La señora Vázquez Adorno demandó por despido injustificado (Ley 80), represalias (Ley 115) y violación a la reserva de empleo bajo la Ley del Fondo del Seguro del Estado (Ley 45). Alegó que fue despedida en represalia por reportar un accidente de trabajo y estar bajo el Fondo. El patrono sostuvo que el despido ocurrió tras expirar el término de protección de la Ley 45 y que la empleada ya había sido declarada incapacitada por el Seguro Social antes del accidente. El Tribunal de Primera Instancia concedió la sentencia sumaria al patrono, desestimando todas las reclamaciones. El Tribunal de Apelaciones revisó los fundamentos y confirmó la sentencia apelada.

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Sentencia de un panel de jueces en Puerto Rico que atiende la apelación de Edwin Meléndez Monserrate. El apelante fue declarado culpable por el Tribunal de Primera Instancia de portación y uso ilegal de armas de fuego, disparar o apuntar armas, maltrato agravado y tentativa de asesinato. Los cargos se originaron en dos incidentes separados ocurridos en septiembre y diciembre de 2016. El primer incidente involucró una agresión a su esposa separada utilizando un arma de fuego. El segundo incidente consistió en disparar contra un vehículo ocupado por dos personas. Los casos fueron consolidados para juicio. Tras considerar los escritos y el derecho aplicable, el panel judicial decide modificar el dictamen apelado.

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Varias compañías de seguridad, incluyendo Bridge Security Services, St. James Security Services y J&N Security, presentaron recursos de revisión judicial ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. Impugnaban la Resolución de la Junta Revisora de Subastas de la Administración de Servicios Generales (ASG). Dicha Resolución había confirmado la determinación de la Junta de Subastas de rechazar las ofertas de los recurrentes en la Subasta Formal Núm. 19-133-C para servicios de vigilancia. Las compañías alegaron diversos errores en el proceso de descalificación y revisión administrativa. El Tribunal de Apelaciones consolidó los recursos presentados por las distintas empresas. Tras evaluar el caso, el Tribunal emite una Sentencia. Por los fundamentos expuestos, el Tribunal determina desestimar los recursos de revisión judicial. La desestimación se basa en la falta de jurisdicción del Tribunal para conocer de los asuntos planteados.

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Motopac, Corp. presentó una petición de certiorari impugnando una resolución del Tribunal de Primera Instancia (TPI) que denegó su moción de desestimación. La base de la moción era la alegada falta de acumulación de Vital Solutions, Inc., considerada una parte indispensable. Tras la denegatoria de reconsideración por el TPI, Motopac acudió al Tribunal de Apelaciones. Este foro ordenó a la parte recurrida, Healthy Air Masters, Inc. (HAM), mostrar causa por la que no debía expedirse el auto. HAM informó que, con posterioridad a la radicación de la petición de certiorari, presentó una demanda enmendada ante el TPI. Dicha enmienda incluyó como partes a Vital Technologies, Inc., Vital Solutions, LLC y The Ecology Works, Inc., abordando el fundamento del recurso. La resolución explica la naturaleza discrecional del auto de certiorari y el alcance de la revisión de órdenes interlocutorias bajo la Regla 52.1 de Procedimiento Civil. La acción de HAM de enmendar la demanda para incluir a las partes alegadamente indispensables torna académico el recurso presentado por Motopac.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de custodia y relaciones filiales. El padre peticionario impugna la decisión del Tribunal de Primera Instancia que autorizó a la madre a trasladarse a Florida con la hija menor. La madre solicitó la relocalización argumentando el mejor bienestar de la menor, presentando evidencia de matrícula escolar y residencia en Florida. Señaló dificultades económicas en Puerto Rico y la calidad de la escuela en Florida. El Tribunal de Primera Instancia autorizó el traslado, concluyendo que redundaba en el mejor bienestar de la hija y que la madre cumplió con la Ley 102-2018. El TPI destacó que el padre no presentó prueba sustantiva en contra del traslado durante aproximadamente tres años. El padre argumentó que el TPI debió realizar una vista evidenciaria y que la madre no cumplió con los requisitos legales. El Tribunal de Apelaciones, en el ejercicio de su discreción, declina intervenir con la decisión del Tribunal de Primera Instancia. La resolución se basa en el principio rector del mejor bienestar del menor en casos de custodia y relocalización.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico que resuelve una apelación en un caso de ejecución de hipoteca. Los apelantes, Francisco Díaz Castillo y María de Lourdes Rivera Otero, recurren la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que declaró con lugar la demanda de ejecución de hipoteca presentada por FirstBank de Puerto Rico. FirstBank demandó alegando el incumplimiento de un pagaré de $250,000 garantizado con una hipoteca sobre una propiedad. Los apelantes admitieron la deuda y la hipoteca, pero negaron el incumplimiento total, alegando pagos parciales y que la propiedad era su vivienda principal. El Tribunal de Primera Instancia refirió el caso a mediación y posteriormente dictó sentencia a favor de FirstBank. El Tribunal de Apelaciones revisó el recurso presentado por los apelantes. Tras considerar los fundamentos expuestos, el Tribunal de Apelaciones decidió confirmar la Sentencia apelada.

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La Asociación de Residentes Estancias de Río Hondo III, Inc. apeló la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia (TPI) que desestimó su demanda de cobro de dinero contra Silvia Pla Monrozeau. La demanda original fue presentada en 2015 por cuotas de mantenimiento impagadas, iniciándose bajo el procedimiento sumario de la Regla 60. Tras varios trámites, el TPI convirtió el caso a procedimiento ordinario en febrero de 2021. En marzo de 2021, otra sala del TPI ordenó a la Asociación mostrar interés en 10 días, bajo apercibimiento de archivo. El TPI desestimó la demanda sin perjuicio, aplicando la Regla 39.2(a), al entender que la Asociación no cumplió con la orden. La Asociación apeló, argumentando que la Regla 39.2 no aplicaba inmediatamente tras la conversión del caso y que sí había mostrado interés previamente. El Tribunal de Apelaciones revisó el recurso. Por los fundamentos expuestos, el Tribunal de Apelaciones revocó la Sentencia apelada del TPI.

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Comparece ante el Tribunal de Apelaciones un recurso contra una sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó una acción civil de daños. La acción civil se originó tras una controversia entre vecinas sobre hojas secas, resuelta inicialmente mediante una orden del Tribunal Municipal bajo la Ley Núm. 140. La orden municipal prohibió a una parte arrojar hojas y ordenó a la otra recoger hojas y podar árboles. Una de las partes instó una demanda en el Tribunal de Primera Instancia solicitando dejar sin efecto la orden municipal y reclamando cuantiosos daños. El foro primario desestimó la demanda, entendiendo que las alegaciones ya habían sido objeto de resolución municipal. La parte demandante argumentó que la Ley 140 permite expresamente acciones ordinarias posteriores para reclamar daños y que las órdenes municipales bajo esta ley no constituyen cosa juzgada. El Tribunal de Apelaciones revisó la determinación de desestimación. Por los fundamentos expuestos en la sentencia, el Tribunal de Apelaciones REVOCÓ la Sentencia recurrida del Tribunal de Primera Instancia.

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El Tribunal de Apelaciones revisa en certiorari la determinación del Tribunal de Primera Instancia que denegó una moción de desestimación por emplazamiento tardío. El peticionario fue incluido en el pleito como parte de la sucesión del demandado original, quien falleció. Los demandantes tuvieron dificultad en obtener la información de contacto de los herederos para diligenciar el emplazamiento. El Tribunal de Primera Instancia concedió extensiones de término para emplazar, supeditadas a la obtención de dicha información. El peticionario fue emplazado personalmente en octubre de 2020, dentro del término extendido por el TPI. El peticionario solicitó la desestimación, alegando que el emplazamiento fue tardío y que las extensiones no le aplicaban. El Tribunal de Apelaciones concluye que el TPI actuó correctamente al denegar la desestimación. El término jurisdiccional para emplazar no comenzó hasta que los demandantes conocieron la dirección del peticionario. El emplazamiento se realizó dentro del término concedido por el TPI, siendo oportuno.

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El Tribunal de Apelaciones atiende un recurso presentado por Carlos Oyola Rosado y otros contra el Municipio Autónomo de Caguas. Los apelantes buscan revocar una sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó su demanda de ejecución de sentencia y cobro de dinero. La demanda reclama el pago de $2,474,772.37 por salarios no devengados por empleados municipales. La disputa se remonta a 1999, cuando empleados apelaron una reducción ilegal de su jornada laboral. Tras múltiples trámites administrativos y judiciales, incluyendo decisiones de agencias como la CASARH y la CASP, el Tribunal de Apelaciones emitió una sentencia final y firme en 2017. Dicha sentencia confirmó una resolución administrativa, finalizó la controversia y reconoció el derecho de los apelantes a la compensación. La presente apelación surge de la desestimación de la acción para ejecutar esa sentencia firme.

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Apelación ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de cobro de dinero. La Asociación de Propietarios y Residentes Ciudad Jardín Bairoa demandó a los residentes José Ulises Dalmau Santiago y otros. La demanda original reclamaba más de \$13,000 por cuotas de mantenimiento y cargos por mora. La asociación enmendó la demanda, reduciendo la reclamación a poco más de \$11,000. Los residentes admitieron deber cuotas, pero disputaron la cuantía. Argumentaron que un aumento en la cuota mensual era ilegal y que la deuda real era menor, alrededor de \$8,400. La controversia principal giró en torno al monto exacto adeudado. El Tribunal de Primera Instancia falló a favor de la asociación para el cobro, pero no por la suma total reclamada. Esta sentencia del Tribunal de Apelaciones revisa la decisión del foro primario.

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Un caso laboral bajo la Ley Núm. 2 de 1961 enfrenta a Jorge Dávila Chaparro contra Autozone, Inc. por despido injustificado. Autozone alegó que el despido estuvo justificado por conducta impropia del empleado. Autozone presentó una Moción de Sentencia Sumaria, la cual fue denegada por el Tribunal de Primera Instancia al encontrar controversias de hechos. Inconforme, Autozone acudió al Tribunal de Apelaciones mediante Petición de Certiorari para revisar dicha denegatoria. El Tribunal de Apelaciones enfatiza la naturaleza sumaria y de rápida adjudicación del procedimiento bajo la Ley Núm. 2. Citando jurisprudencia del Tribunal Supremo, se señala que las resoluciones interlocutorias en casos de Ley 2 deben revisarse, por regla general, tras una sentencia final. Ejerciendo su facultad discrecional, el Tribunal de Apelaciones resuelve desestimar el recurso de certiorari presentado por Autozone.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de cobro de dinero. La Asociación de Propietarios y Residentes Ciudad Jardín Bairoa, Inc. demandó a José Ulises Dalmau Santiago y otros por cuotas de mantenimiento impagas. La Asociación reclamaba inicialmente más de $13,000, luego ajustado a más de $11,000. Los demandados admitieron una deuda parcial pero disputaron la cuantía, alegando un aumento ilegal en la cuota mensual por encima de $100. Argumentaron que la deuda, de existir, ascendía a aproximadamente $8,400 y solicitaron estados de cuenta para conciliar. También presentaron defensas basadas en un alegado acuerdo transaccional y la falta de notificación extrajudicial. La controversia principal se centró en determinar el monto exacto de la deuda. El Tribunal de Primera Instancia celebró juicio y dictó sentencia a favor de la Asociación para el cobro de dinero. No obstante, el foro primario no concedió la totalidad de las cantidades reclamadas por la Asociación. Este documento del Tribunal de Apelaciones resuelve la apelación presentada contra esa sentencia de primera instancia.

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Comparece ante el Tribunal de Apelaciones el Director Administrativo de los Tribunales mediante certiorari. Solicita revocar una Resolución de la Junta de Personal de la Rama Judicial. La Junta había denegado una solicitud de paralización automática de una apelación de destitución presentada por Orlando Ríos Alabarces. El Director Administrativo argumentó que la apelación debía paralizarse bajo las secciones 362 y 922 del Código Federal de Quiebras, ya que la posible reinstalación tendría un impacto económico en el gobierno en quiebra. La Junta determinó que la paralización no aplicaba porque la destitución y la apelación ocurrieron después de la radicación de la quiebra. Tras denegar una reconsideración, el Director Administrativo acudió al Tribunal de Apelaciones alegando error y falta de jurisdicción de la Junta. El Tribunal de Apelaciones, como cuestión de umbral, examinó su propia jurisdicción. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones desestimó el recurso de certiorari. La desestimación se fundamentó en la falta de jurisdicción del Tribunal para atender el recurso.

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El Tribunal de Apelaciones emite una Resolución sobre un recurso de certiorari presentado por Julio Manuel Santana Herrera. El peticionario impugna la denegatoria del Tribunal de Primera Instancia a su moción de desestimación. La moción alegaba una violación a su derecho constitucional y estatutario a un juicio rápido. Las acusaciones por asesinato y Ley de Armas fueron presentadas en septiembre de 2020 por hechos de julio de 2019. El juicio, inicialmente señalado para octubre de 2020, sufrió múltiples posposiciones. Las dilaciones se debieron, en parte, a dificultades de comunicación con el acusado y un cambio de representación legal. El Ministerio Público afirmó estar preparado para el juicio en varias ocasiones. La defensa planteó la violación al juicio rápido por primera vez en abril de 2021 y presentó la moción en junio de 2021. El TPI denegó la moción, considerando que las dilaciones fueron atribuibles a la defensa y que esta consintió la fecha del juicio sin objetar los términos. El Tribunal de Apelaciones, en el ejercicio de su discreción, declinó intervenir con la decisión recurrida.

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Se revisa una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó una demanda de Consolidated Waste Services, LLC contra el Municipio Autónomo de Cidra y funcionarios. Consolidated Waste demandó por incumplimiento de contrato y cobro de dinero, reclamando más de un millón de dólares por servicios de recogido de desperdicios sólidos bajo un contrato de 2012. El Tribunal de Primera Instancia desestimó la demanda aplicando la doctrina de impedimento colateral por sentencia. Esta decisión se basó en una sentencia previa del Tribunal de Apelaciones de 2013 que había declarado nulo el mismo contrato por no contar con la aprobación de la Legislatura Municipal. Los apelados argumentaron que la reclamación constituía cosa juzgada, ya que la sentencia de 2013 era final y firme. Consolidated Waste sostuvo que una sentencia posterior del Tribunal Supremo de Puerto Rico clarificó la ley, validando su contrato y haciendo inaplicable la sentencia previa por injusta. Alegaron que el alcalde tenía facultad para otorgar el contrato sin la aprobación legislativa según la ley vigente en ese momento. Consideraron que el Tribunal de Primera Instancia debió evaluar los méritos de su demanda a la luz de la interpretación del Tribunal Supremo. El Tribunal de Apelaciones, tras revisar los fundamentos, confirma la sentencia apelada que desestimó la demanda.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico que resuelve un recurso de revisión judicial presentado por la Junta de Directores del Condominio Parque de Loyola. La Junta apeló una Resolución del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACo) que falló en su contra en una querella de un titular de apartamento. El caso se originó por una notificación de la Junta al titular sobre una supuesta deuda de cuotas de mantenimiento, amenazando con suspenderle los servicios de agua y luz. La Junta invocó disposiciones de la Ley de Condominios que permiten la suspensión por adeudar dos o más plazos consecutivos. El DACo determinó que el titular nunca adeudó dos o más plazos consecutivos. Se encontró que la Junta retuvo pagos de mantenimiento del titular para crear ficticiamente la condición de deuda requerida por la ley. El DACo concluyó que la acción de la Junta fue falsa, incorrecta, nula e ilegal. El Tribunal de Apelaciones revisó el caso y confirmó la determinación administrativa del DACo.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de certiorari. Luis G. Rullán Marín solicitó revocar una Resolución del Tribunal de Primera Instancia. El caso original es un divorcio de 2004 con litigios prolongados sobre pensión alimentaria. La controversia actual se centra en una moción de descubrimiento de prueba presentada por el señor Rullán. Dicha moción buscaba la entrega de documentos para la fijación retroactiva de la pensión alimentaria de años anteriores (2005-2016). El Tribunal de Primera Instancia denegó la moción por académica en su Resolución del 16 de febrero de 2021. Esto ocurrió a pesar de que las partes estipularon la pensión final para la hija menor, reservando sus derechos sobre reclamos pasados. El señor Rullán acudió al Tribunal de Apelaciones para impugnar esa denegatoria. El Tribunal de Apelaciones, tras revisar la petición, DENEGÓ la expedición del auto de certiorari.

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Jeff Adams presentó un recurso de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones para revisar una resolución del Tribunal de Primera Instancia que confirmó una multa de tránsito. Adams había solicitado la revisión de la infracción ante el TPI, pero su recurso fue declarado no ha lugar tras una vista. En su petición de certiorari, Adams alegó que el juez de primera instancia no le permitió dirigirse al tribunal ni presentar prueba. El Tribunal de Apelaciones evaluó el escrito de Adams y la resolución recurrida. La corte recordó la importancia del cumplimiento estricto de las reglas procesales apelativas, incluso para quienes litigan por derecho propio. Tras revisar el escueto escrito de certiorari, el tribunal determinó que este incumplía con los requisitos de contenido establecidos en la Regla 34(C) de su Reglamento. Por consiguiente, el Tribunal de Apelaciones desestimó la petición de certiorari debido a su incumplimiento con las disposiciones reglamentarias aplicables.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en un recurso de revisión judicial contra una resolución del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACo). El caso se originó por una querella de incumplimiento de garantía relacionada con un sistema suavizador de agua adquirido por los querellantes en 2005. Tras una falla en el equipo en 2016, los querellantes reclamaron daños a su propiedad causados por el agua dura. Las partes alcanzaron un acuerdo parcial ante el DACo para la reparación del sistema, pero la controversia sobre la indemnización por los daños a la propiedad continuó. El DACo, basándose en informes de inspección que documentaron manchas y deterioro en diversas áreas de la residencia, resolvió a favor de los querellantes. La resolución del DACo condenó a la compañía International Home Products a pagar \$19,439.62 en daños. Mediante esta sentencia, el Tribunal de Apelaciones revoca la resolución del DACo.

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LUMA Energy apeló una Orden y Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que le ordenaba entregar información y documentos a una Comisión de la Cámara de Representantes. Dicha orden se emitió al amparo del Artículo 34-A del Código Político, en el contexto de una investigación legislativa sobre el contrato de LUMA con la AEE. LUMA solicitó la paralización de los efectos de la decisión apelada mientras se resolvía el recurso. El Tribunal de Apelaciones inicialmente paralizó los procedimientos en el foro primario y solicitó la postura de la parte apelada. Tras evaluar los escritos, el Tribunal de Apelaciones acogió el recurso como un certiorari. Finalmente, el Tribunal denegó la expedición del auto de certiorari. Como resultado, se dejó sin efecto la paralización que se había decretado previamente.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en el caso KLAN202100434. La apelante, Yelitza Rivera Pérez, recurrió una Sentencia Sumaria del Tribunal de Primera Instancia que desestimó su demanda contra Mapfre por daños causados por el Huracán María. El TPI había declarado Ha Lugar la solicitud de sentencia sumaria de Mapfre, concluyendo que la apelante aceptó un pago en finiquito al endosar y cambiar cheques emitidos por la aseguradora. El foro primario entendió que este acto extinguió la reclamación de la apelante. El Tribunal de Apelaciones modificó la Sentencia Sumaria apelada. Dejó sin efecto el dictamen en contra de Mapfre Pan American Insurance. Sin embargo, mantuvo la desestimación en cuanto a Mapfre PRAICO, ya que esta compañía no emitió la póliza en controversia. En consecuencia, se devolvió el caso al Tribunal de Primera Instancia para la continuación de los procedimientos contra Mapfre Pan American Insurance.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de declaratoria de herederos. El recurso, presentado por Evelyn Margaret Toro Rodríguez, se acoge como certiorari contra una resolución del Tribunal de Primera Instancia de Cabo Rojo. La disputa se centra en la declaratoria de herederos de Doña Margarita Eusebia Rodríguez Irizarry, quien falleció intestada. El Tribunal de Primera Instancia declaró herederos a los hijos sobrevivientes, a un nieto y a un biznieto. La peticionaria solicitó reconsideración para incluir a los hijos de dicho nieto, quienes no fueron reconocidos como herederos. El nieto en cuestión sobrevivió a la causante pero falleció antes de la petición de declaratoria. La peticionaria argumentó que sus hijos debían heredar en representación de él. El Tribunal de Primera Instancia denegó la solicitud de inclusión. El recurso ante el Tribunal de Apelaciones impugna esta denegatoria y la exclusión de los biznietos.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emitió sentencia en el caso de Glenda Vélez Porrata contra Amgen Manufacturing Limited. La apelación impugnaba la decisión del Tribunal de Primera Instancia de desestimar la demanda de Vélez por represalias, discrimen por impedimento y despido injustificado. El Tribunal de Primera Instancia desestimó el caso al determinar que existía un acuerdo de arbitraje entre las partes. Vélez había suscrito acuerdos de arbitraje en 2005 y 2014, este último con opción de exclusión que no utilizó. Amgen solicitó la desestimación basándose en el acuerdo y la Ley Federal de Arbitraje. Vélez se opuso, argumentando que el acuerdo no aplicaba a sus funciones. El Tribunal de Apelaciones revisó la determinación del foro primario. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones resolvió confirmar la sentencia apelada.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de certiorari presentado por Jay O'Neill González Mercado. El peticionario impugna una resolución del Tribunal de Primera Instancia (TPI) que declaró No Ha Lugar su Moción de Desestimación. Dicha moción se basó en alegadas violaciones al debido proceso por la no entrega de prueba exculpatoria por parte del Ministerio Público en un caso donde enfrenta cargos por secuestro y asesinato, entre otros. El TPI había concluido que la evidencia señalada por la defensa no era exculpatoria y no habría alterado la determinación de causa probable para acusar. El peticionario argumentó que el TPI erró al evaluar la prueba y su impacto. Mediante esta resolución, el Tribunal de Apelaciones deniega la expedición del auto de certiorari solicitado.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en el caso KLAN202100172, una apelación del Municipio Autónomo de San Juan contra 3RG Group, Corp. El caso original, sobre cobro de dinero y ejecución de hipoteca, se inició en el Tribunal de Primera Instancia. El Municipio demandó a 3RG Group por el impago de \$1,931,100.00, parte del precio aplazado de un contrato de compraventa de inmuebles municipales para un proyecto de desarrollo. Esta suma estaba garantizada por un pagaré hipotecario y, según el Municipio, venció el 31 de julio de 2013. El Tribunal de Primera Instancia desestimó la demanda del Municipio y denegó su moción de sentencia sumaria. El Municipio apeló esta decisión, solicitando su revocación. 3RG Group se opuso a la apelación, pidiendo la confirmación de la sentencia apelada y alegando que el Municipio incumplió sus propios compromisos.

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El Tribunal de Apelaciones revisa una resolución del Tribunal de Primera Instancia de Aguadilla sobre el cálculo de intereses post sentencia en un caso de accidente de vehículo de motor. Se dictó sentencia condenatoria contra Real Legacy Assurance Company y otros por daños y perjuicios. Posteriormente, la aseguradora Real Legacy entró en proceso de rehabilitación y liquidación. La orden de liquidación del Tribunal de San Juan dispuso que los intereses sobre las deudas de la aseguradora dejarían de acumularse a partir de la fecha de dicha orden. Sin embargo, el TPI de Aguadilla ordenó el pago de intereses desde la fecha de la sentencia hasta la fecha en que se consignó el pago del principal y las costas. La Asociación de Garantía de Seguros Misceláneos, subrogada a Real Legacy, se opuso a este cálculo de intereses. El Tribunal de Apelaciones expide el recurso de certiorari solicitado y revoca la resolución recurrida del TPI de Aguadilla.

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Sentencia de un panel de jueces en Puerto Rico resolviendo un recurso de apelación. El apelante solicitó la revocación de una sentencia del Tribunal de Primera Instancia que decretó el cierre y archivo de su caso. La demanda original fue presentada por el apelante, heredero universal de su hermano fallecido, contra el apelado. Alegó que el apelado se apropió de bienes muebles del causante, incluyendo un vehículo Toyota Tacoma. El apelado, por su parte, afirmó que el causante le había donado el vehículo en vida. El Tribunal de Primera Instancia celebró un juicio y formuló determinaciones de hecho sobre el caso. Tras considerar el recurso de apelación, el panel de jueces confirmó el dictamen apelado.

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Se presenta una apelación contra la sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó una demanda por daños relacionados con el Huracán María. La demandante, una asegurada, demandó a Mapfre Pan American Insurance Company por incumplimiento de contrato, daños, mala fe y violaciones al Código de Seguros. Tras presentar una reclamación por pérdidas, Mapfre envió un cheque y una carta que mencionaba la posibilidad de solicitar reconsideración. La asegurada depositó el cheque, pero alegó desconocer que esto constituía un pago final y total de la reclamación. Mapfre argumentó la defensa de pago en finiquito y solicitó sentencia sumaria, la cual fue concedida por el tribunal de primera instancia. La asegurada apeló la desestimación de su demanda. El Tribunal de Apelaciones revisó los fundamentos fácticos y procesales del caso. Considerando las normas jurídicas aplicables, el Tribunal de Apelaciones determinó revocar la sentencia apelada. La revocación implica que la desestimación basada en el pago en finiquito fue incorrecta según este tribunal.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico que resuelve una apelación. Las apelantes, legisladoras del Partido Proyecto Dignidad, impugnaban la desestimación de su demanda por el Tribunal de Primera Instancia. La demanda original solicitaba un interdicto, sentencia declaratoria y decreto de inconstitucionalidad contra el Gobernador y la Secretaria de Educación. El pleito se relacionaba con acciones bajo la Ley Núm. 62-2017 sobre escuelas coeducativas y Órdenes Ejecutivas sobre perspectiva de género en el sistema educativo. El Tribunal de Primera Instancia desestimó la demanda por falta de legitimación activa de las demandantes. Las apelantes solicitaron al Tribunal de Apelaciones revocar dicha Sentencia. Tras revisar el marco fáctico-jurídico, el Tribunal de Apelaciones decidió confirmar la Sentencia apelada. Esto valida la desestimación de la demanda original debido a que las demandantes carecían de legitimación activa para presentarla.

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Sentencia de un tribunal apelativo de Puerto Rico resolviendo un recurso presentado por Franklin Torres Rivera. El apelante solicitó revocar la decisión de un Tribunal de Primera Instancia que desestimó su demanda por daños y perjuicios. La demanda original fue presentada contra Supermercados Econo y su aseguradora tras una caída sufrida por el apelante en el área de recibo de mercancía en noviembre de 2014. El apelante alegó negligencia de Econo por mantener un acceso inseguro a la plataforma de entrega, utilizando cajones de leche como escalera. El Tribunal de Primera Instancia celebró juicio y declaró No Ha Lugar la demanda. Determinó, entre otros hechos, que el apelante usó cajones de leche para bajar de la plataforma, estaba consciente del riesgo y sabía que había una escalera fija disponible. El foro primario concluyó que el accidente no se debió a negligencia de la parte demandada. El tribunal apelativo revisó el dictamen. Finalmente, el tribunal apelativo confirmó la sentencia recurrida, manteniendo la desestimación de la demanda.

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El Tribunal de Apelaciones revisó una impugnación de subasta presentada por Puerto Rico Telephone Company, Inc. (Claro) contra la Junta de Subastas del Municipio de Juana Díaz. Claro recurrió la adjudicación de un proyecto de modernización tecnológica a Unified Global Solutions, Corp. La Junta de Subastas determinó que la propuesta de Claro no cumplió con el requisito esencial de incluir los costos para una plataforma icloud con interconexión SD-WAN. Claro alegó que dichos costos sí estaban consignados en su propuesta. El Tribunal recordó el amplio interés público en las subastas gubernamentales y la discreción de las entidades adjudicadoras. Los tribunales solo intervienen si se demuestra actuación arbitraria, caprichosa, fraude o mala fe. Tras evaluar el caso, el Tribunal de Apelaciones concluyó que no procedía intervenir con el criterio de la Junta. Por tanto, confirmó el dictamen que adjudicó la subasta a Unified Global Solutions, Corp.

Resumen:

Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de certiorari presentado por José Carlos Aponte Ramos. El Peticionario impugna la denegatoria del Tribunal de Primera Instancia a su moción de supresión de evidencia. La evidencia en cuestión fue incautada tras una intervención policial en un bar, donde agentes respondieron a un aviso sobre una persona agresiva y armada. Un agente observó un arma en la cartera abierta del señor Aponte Ramos, procediendo a desarmarlo y arrestarlo al no poseer licencia de portación. Un registro posterior reveló armas y municiones adicionales, resultando en cargos bajo la Ley de Armas. El Peticionario alegó que la evidencia se obtuvo ilegalmente. El Tribunal de Primera Instancia denegó la supresión y la reconsideración. El Tribunal de Apelaciones, tras evaluar el recurso, deniega la expedición del auto de certiorari.

Resumen:

El Consejo de Titulares del Condominio Caminos Verdes presentó una demanda de interdicto contra la señora Liza M. Colón Robles por la instalación de un compresor de aire acondicionado en un área común. El Condominio alegó que la instalación se realizó sin autorización y en contravención de la normativa aplicable, a pesar de que una asamblea previa había votado en contra. La señora Colón Robles se opuso a la demanda, argumentando falta de daño irreparable, prematuridad del caso y alegando irregularidades en la asamblea y la defensa de incuria. El Tribunal de Primera Instancia declaró con lugar la demanda del Condominio. La señora Colón Robles apeló esta decisión ante el Tribunal de Apelaciones. Tras revisar el caso, el Tribunal de Apelaciones modificó la sentencia apelada. La modificación consistió únicamente en descontar la suma de $300.00 de la cantidad concedida por concepto de costas. Así modificada, la sentencia del Tribunal de Primera Instancia fue confirmada.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones resolviendo una petición de certiorari presentada por Raymond Rosado Abreu. El peticionario impugna la denegatoria de una moción en el Tribunal de Primera Instancia donde alegó la ilegalidad de su sentencia bajo la Ley de Armas. Basó su reclamo en que la imputación es contraria a la Segunda Enmienda de la Constitución de Estados Unidos. El Tribunal de Apelaciones examina la solicitud y detecta incumplimientos con los requisitos reglamentarios para la presentación de un certiorari. Se destaca la importancia de la jurisdicción y el cumplimiento estricto de las normas procesales para el ejercicio de la función revisora. La Regla 34 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones exige, entre otros, una relación de hechos, señalamiento de errores y un apéndice con las decisiones recurridas. Al no cumplir el peticionario con estos requisitos, el Tribunal carece de la autoridad para atender el recurso en sus méritos. Por tanto, se procederá a resolver la solicitud con base en las deficiencias procesales identificadas.

Resumen:

Se revisa una sentencia emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Bayamón, que desestimó con perjuicio una demanda. La demanda fue incoada por José Ramón Rivera Meléndez y otros reclamando daños y perjuicios. El reclamo se originó por una caída sufrida por el Sr. Rivera Meléndez en el estacionamiento de Sam's Club en octubre de 2014. La demanda inicial fue presentada contra Sam's Club y Plaza del Parque, añadiéndose posteriormente a Wal-Mart Stores, Inc. Wal-Mart Stores, Inc. solicitó la desestimación por falta de jurisdicción, alegando no hacer negocios en Puerto Rico. El Tribunal de Primera Instancia ordenó a la parte demandante responder a esta solicitud de desestimación. Ante el incumplimiento de la parte demandante con las órdenes del tribunal para responder, la demanda fue desestimada. La parte demandante apeló dicha desestimación. El panel de jueces evaluó el recurso, los escritos y el derecho aplicable, confirmando la sentencia recurrida.

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Marie Hernández Ortiz apeló la sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó su demanda por daños y perjuicios contra Plaza Health L.L.C. La apelante demandó a la farmacia tras sufrir una caída en el establecimiento, alegando negligencia por la presencia de un papel en el suelo. Argumentó que la farmacia incumplió su deber de mantener áreas seguras y entrenar a su personal. La farmacia negó responsabilidad, atribuyendo la caída a la propia falta de cuidado de la señora Hernández. Tras el juicio, el Tribunal de Primera Instancia concluyó que la demandante no probó la negligencia de la farmacia. Determinó que la caída se debió a la falta de cuidado de la apelante al no observar por dónde caminaba. El tribunal de instancia también señaló que la farmacia no tuvo tiempo razonable para percatarse del papel. La apelante solicitó reconsideración, lo que llevó a una sentencia enmendada sin alterar el fallo. El Tribunal de Apelaciones revisó el recurso y, mediante esta sentencia, confirma la determinación del foro de instancia.

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Eliezer Santana Báez, un miembro de la población correccional, presentó un recurso de revisión judicial ante el Tribunal de Apelaciones contra el Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR). Impugnaba una sanción colectiva que suspendió privilegios en su unidad de vivienda y la respuesta administrativa del DCR a su queja. El peticionario alegó que las notificaciones de la sanción carecían de validez legal por omitir determinaciones de hechos, conclusiones de derecho y apercibimientos de apelación. Solicitó la revocación de la sanción y de la respuesta administrativa. El DCR solicitó la desestimación del recurso, argumentando que el peticionario no agotó los remedios administrativos al no solicitar reconsideración de la respuesta administrativa. El Tribunal de Apelaciones analizó la controversia y el requisito de agotar los remedios administrativos. Determinó que el peticionario no solicitó la reconsideración de la respuesta administrativa, a pesar de estar apercibido para ello. Concluyó que, al no agotar este remedio, el Tribunal carecía de jurisdicción para atender el recurso. Por consiguiente, el Tribunal desestimó el recurso de revisión judicial.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones evaluó una petición de certiorari presentada por Universal Insurance Company. La aseguradora solicitó la revocación de una Resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó su Moción de Sentencia Sumaria. El foro primario concluyó que existían hechos materiales en controversia y que no se configuró la doctrina de pago en finiquito. El caso subyacente es una demanda por incumplimiento de contrato presentada por Yolanda Torres Rosario contra Universal por daños a su propiedad tras el huracán María. Universal argumentó en su moción que el pago realizado al excónyuge de la demandante, asegurado nombrado, constituyó un pago final que extinguió la obligación. La señora Torres se opuso, alegando controversias sobre si dicho pago la vinculaba y otros hechos medulares. Tras evaluar el recurso, la oposición y la determinación recurrida, el Tribunal de Apelaciones denegó la expedición del auto de certiorari.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en un recurso de certiorari presentado por el Municipio de Utuado y Multinational Insurance Company. Los peticionarios buscaban la revocación de una resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó su moción de sentencia sumaria. Dicha moción se basaba en la defensa de prescripción de la causa de acción. El demandante reclamaba daños y perjuicios por una caída ocurrida el 3 de julio de 2016. Los peticionarios argumentaron que la demanda, presentada en octubre de 2018, excedía el término prescriptivo de un año. Sostuvieron que las notificaciones extrajudiciales del demandante no interrumpieron el término de forma efectiva o no fueron presentadas a tiempo o a todas las partes. Tras revisar los fundamentos, el Tribunal de Apelaciones expidió el auto de certiorari. Finalmente, revocó la resolución recurrida, acogiendo la defensa de prescripción planteada por el Municipio y su aseguradora.