Casos del Tribunal de Apelaciones (Página 116)

Resumen:

Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre una petición de certiorari. El recurso fue presentado por Óptima Seguros, aseguradora del Municipio de San Juan, contra una resolución del Tribunal de Primera Instancia. Dicha resolución denegó una moción de sentencia sumaria en un caso de daños y perjuicios incoado por María A. Peña Carrazo. La señora Peña Carrazo demandó tras sufrir una caída en una acera de la Calle Loíza, alegando desperfectos. Óptima Seguros solicitó la desestimación argumentando que la acera es propiedad estatal (DTOP), no municipal, lo que excluiría la responsabilidad del municipio bajo la ley vigente. La demandante enmendó su demanda para incluir a la AEE, señalando que esta entidad pudo haber causado el desperfecto. El foro primario denegó la sentencia sumaria al considerar que existían hechos materiales en controversia. Específicamente, la duración de la condición que causó la caída y la posible responsabilidad del municipio en cuanto a aviso o mantenimiento de limpieza. Óptima Seguros busca que el Tribunal de Apelaciones revise esta determinación.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en un recurso de revisión judicial. Denise Balzac Holmberg impugna una resolución del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO). Dicha resolución declaró "No Ha Lugar" su querella contra el Consejo de Titulares del Condominio Park Boulevard y Martinal Real Estate. La querella original alegaba gastos no aprobados, solicitudes de información y un incumplimiento contractual. DACO se declaró sin jurisdicción sobre el reclamo contractual y limitó su análisis a los otros puntos. DACO determinó que los recurridos actuaron conforme a derecho y al reglamento del condominio respecto a asuntos presupuestarios y la renovación del contrato de administración. Concluyó que procedía el archivo de la querella. El Tribunal de Apelaciones, tras examinar el recurso, determina que procede la desestimación del mismo. Esto valida la decisión previa de DACO.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico denegó la expedición de un auto de certiorari solicitado por Edwin Jiménez Rivera. El recurso buscaba revocar una Resolución del Tribunal de Primera Instancia que declaró No Ha Lugar su solicitud para desestimar una reconvención. Jiménez Rivera había demandado a su exesposa, Evet Rivera Vázquez, para reclamar $100,000 por mejoras a su propiedad durante el matrimonio. La señora Rivera Vázquez presentó una reconvención reclamando daños emocionales y rentas por el uso de su propiedad. El señor Jiménez Rivera argumentó que la reconvención carecía de fundamento fáctico, existía inmunidad entre cónyuges para acciones extracontractuales y no había contrato de arrendamiento. El Tribunal de Primera Instancia denegó la desestimación, indicando que la reconvención debía evaluarse liberalmente en esa etapa procesal. Insatisfecho, el señor Jiménez Rivera acudió al Tribunal de Apelaciones. Este foro, tras revisar el caso, decidió denegar la expedición del auto solicitado.

Resumen:

Río Hondo Cinema Corporation demandó a Subway Realty, LLC y posteriormente incluyó a Félix Peña Fernández, et al. en una acción de cobro de dinero, incumplimiento de contrato y desahucio. Tras intentos infructuosos de emplazamiento personal, Río Hondo Cinema solicitó y obtuvo autorización judicial para emplazar a Peña Fernández, et al. por edicto. Peña Fernández, et al. presentaron una moción de desestimación, impugnando la validez del emplazamiento por edicto. Alegaron que la declaración jurada que sustentaba la solicitud de edicto era insuficiente, genérica y carecía de detalles sobre las gestiones de localización. Sostuvieron, además, que el tribunal carecía de jurisdicción sobre la materia. Argumentaron que el Gobierno de los Estados Unidos había confiscado derechos sobre el contrato de arrendamiento/subarrendamiento en controversia. Esto, según Peña Fernández, et al., convertía al gobierno federal en parte indispensable y requería que la reclamación se presentara ante el tribunal que emitió la orden de confiscación. Río Hondo Cinema se opuso a la desestimación, defendiendo la suficiencia de la declaración jurada y las gestiones de emplazamiento. Arguyó que la confiscación federal no afectaba su derecho propietario ni su capacidad para desahuciar a Peña Fernández, et al., quienes ya no poseían derechos sobre el local. Este documento del Tribunal de Apelaciones detalla el historial procesal y los argumentos de las partes en torno a la moción de desestimación.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resolvió dos recursos de Certiorari consolidados presentados por Motopac, Corp. Motopac demandó a FG Auto Corp. por incumplimiento de contrato y a Total Petroleum Puerto Rico Corp. por interferencia torticera. El litigio se originó por un alegado contrato de exclusividad entre Motopac y FG Auto de 2013 a 2018. Como parte del descubrimiento, Motopac solicitó a FG Auto la producción de documentos (facturas, correos electrónicos) para todo el período contractual. El Tribunal de Primera Instancia ordenó la producción de documentos solo para los meses de enero a abril de 2018 y denegó la reconsideración de Motopac para ampliar el período. Adicionalmente, el tribunal primario impuso una sanción a Motopac a solicitud de Total por alegado incumplimiento en el calendario de deposiciones. Motopac apeló estas decisiones mediante los recursos de certiorari. El Tribunal de Apelaciones, tras evaluar los fundamentos, DENEGÓ el auto solicitado por Motopac.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una resolución sobre recursos de certiorari presentados por Myrna Lozada Guzmán contra Goldman, Antonetti & Córdova. La señora Lozada solicita la revisión de una decisión del Tribunal de Primera Instancia que denegó su petición de descubrimiento de prueba. El caso original es una querella laboral bajo la Ley Núm. 2 por alegado discrimen, represalias e incumplimiento de contrato. La peticionaria sostiene que fue objeto de represalias, como reducción de sueldo, tras reclamar comisiones. El recurrido niega las alegaciones, argumentando que sus acciones se basaron en motivos de negocio. El Tribunal de Primera Instancia había limitado el descubrimiento de prueba en el caso. La señora Lozada buscaba documentos detallados sobre la producción y salarios de abogados del bufete, así como pagos de clientes, desde 2015. El Tribunal de Primera Instancia denegó esta solicitud de descubrimiento. El Tribunal de Apelaciones, al evaluar los recursos, resuelve denegar los autos de certiorari solicitados por la señora Lozada.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico que atiende el recurso presentado por Mapfre Praico Insurance Company. MAPFRE apela la Sentencia Parcial emitida por el Tribunal de Primera Instancia, que le ordenó pagar $153,345.81 al Condominio Los Arcos de Suchville. La controversia surge de una demanda incoada por el Condominio contra MAPFRE por incumplimiento de contrato y daños tras el huracán María. El Condominio alegó que MAPFRE subvaloró injustificadamente los daños a su propiedad asegurada. MAPFRE ofreció inicialmente $138,357.61, cantidad que el Condominio consideró muy inferior a los daños reales estimados por peritos en más de $6.5 millones. El Condominio aceptó la oferta como pago parcial, reservándose el derecho a reclamar la diferencia y daños adicionales por mala fe y violaciones al Código de Seguros. La Sentencia Parcial apelada concedió la solicitud de sentencia sumaria parcial del Condominio.

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Myrna Lozada Guzmán presentó recursos de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones para revisar una resolución del Tribunal de Primera Instancia. Dicha resolución denegó su solicitud de descubrimiento de prueba contra Goldman, Antonetti & Córdova (GAC). Lozada demandó a GAC por discrimen y represalias bajo las Leyes Núm. 100 y 115, alegando haber sufrido represalias tras reclamar comisiones. En el litigio, solicitó a GAC documentos sobre su producción, la de otros abogados, pagos de clientes y salarios desde 2015. El Tribunal de Primera Instancia había limitado el descubrimiento y posteriormente denegó la solicitud específica de Lozada para estos documentos. Los recursos de certiorari de Lozada fueron consolidados por el Tribunal de Apelaciones. El Tribunal de Apelaciones, tras evaluar los fundamentos, denegó los autos de certiorari solicitados. Esto valida la decisión del Tribunal de Primera Instancia de no ordenar la producción de los documentos requeridos por Lozada en esta etapa procesal.

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Un Consejo de Titulares demandó a Triple-S Propiedad, Inc. por incumplimiento de contrato y daños sustanciales tras el huracán María, reclamando compensación no cubierta adecuadamente por la póliza. Las partes, tras negociaciones, acordaron someter sus controversias a un proceso de arbitraje mediante un Memorando de Entendimiento. El Tribunal de Primera Instancia (TPI) emitió una orden requiriendo a Triple-S seleccionar un árbitro para presidir dicho proceso. Triple-S recurrió esta orden del TPI ante el Tribunal de Apelaciones mediante un recurso de certiorari. El Tribunal de Apelaciones, tras evaluar la petición, resolvió denegar la expedición del auto de certiorari solicitado por Triple-S. La resolución confirma la decisión del TPI de ordenar a la aseguradora proceder con la selección del árbitro para el arbitraje acordado.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre una reclamación de despido injustificado bajo la Ley 80. El recurrido, Efraín Pabón Alicea, demandó a su empleador, Able Sales Company, Inc., tras ser despedido el 16 de marzo de 2018. Pabón alegó que el despido fue ilegal e injustificado, reclamando la indemnización de ley. Able Sales sostuvo que el despido respondió a una reorganización y reducción de personal causada por la pérdida de un cliente importante. La empresa solicitó sentencia sumaria, argumentando que la causa del despido era un hecho incontrovertido. El Tribunal de Primera Instancia denegó la moción de sentencia sumaria, identificando hechos no controvertidos pero manteniendo la controversia sobre la justificación del despido. Able Sales apeló esta determinación ante el Tribunal de Apelaciones. El Tribunal de Apelaciones revisa la negativa de sentencia sumaria. La sentencia del Tribunal de Apelaciones modifica y confirma el dictamen recurrido, permitiendo que el caso continúe.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico considera una apelación presentada por el Estado Libre Asociado contra una sentencia del Tribunal de Primera Instancia de Ponce. Dicha sentencia declaró con lugar una demanda de expropiación forzosa a la inversa incoada por la Sucesión Salvador Mandry Nones. El foro primario condenó al ELA al pago de \$30,496,000.00 por concepto de justa compensación, más intereses y costas. La acción de expropiación inversa se fundamenta en la aprobación de la Ley Núm. 227 de 2008. Esta ley designó el área natural Punta Cucharas en Ponce como Reserva Natural del Estado Libre Asociado. En virtud de esta ley, cientos de cuerdas de terreno, incluyendo propiedades de la Sucesión Mandry, pasaron a formar parte de dicha reserva. La administración de esta reserva se rige por las disposiciones de la Ley Núm. 150 de 1988, Ley del Programa de Patrimonio Natural. El apelante, ELA, solicita que se revoque la sentencia emitida por el Tribunal de Primera Instancia.

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Se presentó un recurso de revisión judicial ante el Tribunal de Apelaciones por Kelvin Calderón Floran contra la Junta de Planificación. El recurso buscaba dejar sin efecto un boleto de multa administrativa de \$2,100 y una orden de cese y desista emitidos por la agencia. La Junta de Planificación impuso la multa y la orden tras una inspección al negocio Sofia's MiniMarket, alegando falta de permisos. La Orden de cese y desista no especificaba las disposiciones infringidas ni los hechos particulares. El Boleto de Multa Administrativa tampoco detallaba las leyes o reglamentos específicos incumplidos, solo hacía referencias generales. La advertencia sobre el derecho a reconsideración o revisión judicial en el boleto era insuficiente, solo referenciaba la LPAU sin términos específicos y requería el pago previo de la multa. Un informe de investigación posterior, que incluía detalles del permiso existente del negocio, no fue notificado al recurrente. Por los fundamentos expuestos, el Tribunal de Apelaciones revocó la determinación de la Junta de Planificación. Consecuentemente, el boleto de multa y la orden de cese y desista quedaron sin efecto.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de ejecución de hipoteca In Rem. Firstbank Puerto Rico solicitó un recurso de certiorari contra una Orden del Tribunal de Primera Instancia. Dicha Orden denegó solicitudes de enmienda nunc pro tunc y declaró la falta de jurisdicción sobre una co-demandada por emplazamiento incorrecto. Firstbank inició la acción de ejecución de hipoteca en 2017 contra los prestatarios. Se dictó sentencia en rebeldía In Rem a favor de Firstbank en agosto de 2018. Posteriormente, Firstbank solicitó la ejecución de la sentencia mediante venta en pública subasta de la propiedad hipotecada. El Tribunal de Apelaciones examinó el recurso de certiorari presentado por Firstbank. El tribunal expidió el auto de certiorari y procedió a modificar la Orden recurrida del foro primario. La Orden del Tribunal de Primera Instancia, una vez modificada por el Tribunal de Apelaciones, fue confirmada. El caso aborda cuestiones procesales relativas a la jurisdicción y la corrección de errores en el proceso de ejecución hipotecaria.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico que atiende una petición de certiorari presentada por el Dr. Pedro Farinacci Morales. El peticionario solicitó la revisión de una Minuta Resolución del Tribunal de Primera Instancia de Bayamón. Dicha resolución denegó su solicitud para incluir a Coamo Imaging Center, Inc. como parte indispensable en el litigio. El caso principal, que data de 1993, involucra alegadas violaciones a la Ley General de Corporaciones, y se consolidó con acciones posteriores de desahucio, injunction e incumplimiento de contrato presentadas por Island X-Ray, Inc. contra Farinacci Morales. Estas acciones se relacionan con un contrato de compraventa de 2002 entre Island X-Ray y Farinacci Morales sobre un negocio de radiología. Tras revisar los fundamentos, el Tribunal de Apelaciones deniega la expedición del auto de certiorari solicitado por Farinacci Morales.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de certiorari instado por Jonathan Lebrón Vargas. El recurso busca revocar la determinación del Tribunal de Primera Instancia que denegó dejar sin efecto la anotación de su rebeldía en el caso civil CG2021CV00445. La controversia se relaciona con una demanda por cobro de honorarios de abogada presentada por Sylvia Soto Matos. Existía un caso previo (CG2020CV00004) entre las mismas partes donde la demanda original fue desestimada sin perjuicio, pero una reconvención de Lebrón quedó pendiente de adjudicación. El Tribunal de Apelaciones había confirmado previamente que el caso 00004 seguía activo debido a la reconvención no resuelta. Mientras el caso 00004 estaba pendiente, Soto presentó la nueva demanda (00445) por los mismos honorarios. Lebrón presentó una moción en 00445 alertando sobre la duplicidad y solicitando desestimación, pero se anotó su rebeldía. El Tribunal de Apelaciones concluye que el caso 00004 estaba aún pendiente, haciendo improcedente la segunda demanda. Por tanto, revoca la decisión del foro primario y deja sin efecto la anotación de rebeldía.

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Noel A. Nieves Rijos presentó un recurso de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones para revisar una Orden de Protección emitida en su contra. Dicha orden fue expedida por el Tribunal de Primera Instancia de Bayamón a solicitud de Clara M. Rivera Correa, al amparo de la Ley 54 de Violencia Doméstica. El foro primario celebró una vista con la comparecencia de ambas partes y sus abogados. Tras evaluar la prueba, el Tribunal de Primera Instancia expidió la orden de protección, con vigencia de un año. Las determinaciones de hecho incluyeron controversias relacionadas con la hija de las partes, presencia no autorizada del peticionario en casa de la recurrida y un incidente violento en el Viejo San Juan a pesar de una orden previa. El peticionario argumentó que el Tribunal de Primera Instancia erró al expedir la orden sin que se configuraran los requisitos de ley. El Tribunal de Apelaciones revisó el recurso y la oposición presentada por la recurrida. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones denegó la expedición del auto de certiorari solicitado por el señor Nieves Rijos.

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Comparece ante este Tribunal de Apelaciones una Petición de Certiorari presentada por Triple-S Propiedad, Inc. La petición busca la revisión de una Orden emitida el 3 de agosto de 2021 por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan. El caso subyacente trata sobre reclamaciones de daños e incumplimiento de contrato de seguros por los huracanes Irma y María, presentadas por el Consejo de Titulares del Condominio Magdalena Tower y otros. El recurso surge en el contexto de disputas procesales relacionadas con el descubrimiento de prueba, específicamente la toma de deposiciones, y el estatus de negociaciones o un alegado acuerdo entre peritos. Triple-S solicitó extender el periodo de descubrimiento, lo cual fue denegado inicialmente por el foro primario, generando mociones de reconsideración. Tras la presentación de la Petición de Certiorari y el Alegato en Oposición de los recurridos, el recurso quedó perfeccionado. Este foro apelativo procedió a examinar los documentos del expediente. Luego de dicho análisis, el Tribunal de Apelaciones resolvió desestimar la Petición de Certiorari. La desestimación se fundamenta en la determinación de que el Tribunal carece de jurisdicción para atender el asunto planteado en la petición.

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Antonio Borgos Brito presentó un recurso de revisión judicial ante el Tribunal de Apelaciones para impugnar una determinación del Departamento de Corrección y Rehabilitación. La decisión recurrida, emitida por el Comité de Clasificación y Tratamiento, ratificó su nivel de custodia máxima. El recurrente, quien cumple una sentencia de 20 años, había cumplido casi 8 años al momento de la evaluación. El CCT basó su decisión en un patrón repetitivo de conducta indisciplinada y falta de compromiso con la rehabilitación. A pesar de que la escala de reclasificación arrojó una puntuación para custodia intermedia, la Oficina de Clasificación confirmó la decisión, citando el uso de modificación discrecional y un historial de más de 7 querellas disciplinarias. Borgos argumentó que la evaluación fue errónea y parcializada, solicitando una nueva evaluación y un nivel de custodia menor. El Departamento de Corrección y Rehabilitación compareció ante el tribunal. El Tribunal de Apelaciones revisó el recurso presentado. La sentencia emitida por el Tribunal de Apelaciones CONFIRMÓ la determinación recurrida del Departamento de Corrección y Rehabilitación.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre una Petición de Certiorari presentada por el Consejo de Titulares del Condominio Balcones de Carolina II contra Chubb Insurance Company of Puerto Rico. La petición buscaba revocar una Minuta Resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó una orden protectora solicitada por el Consejo de Titulares. El caso subyacente trata sobre daños e incumplimiento de contrato relacionados con el manejo de reclamaciones tras el huracán María. El Consejo de Titulares solicitó la orden protectora para prohibir a Chubb realizar una nueva inspección de unidades ya inspeccionadas, considerándola irrazonable y dilatoria. Chubb argumentó que la inspección era necesaria para el descubrimiento de prueba y la preparación de su perito. El Tribunal de Primera Instancia denegó la orden protectora. El Consejo de Titulares acudió en certiorari al Tribunal de Apelaciones. El Tribunal de Apelaciones, por los fundamentos expuestos, DENEGÓ la expedición del auto de certiorari.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en la revisión judicial solicitada por Raúl Rosario Maldonado contra el Departamento de Corrección y Rehabilitación. El recurrente impugnó la decisión del Comité de Clasificación y Tratamiento que ratificó su clasificación como confinado de custodia máxima. Tras agotar el remedio de reconsideración administrativa, que fue denegado, el señor Rosario Maldonado presentó una moción en apelación ante este foro. El Departamento de Corrección, por conducto del Procurador General, solicitó la desestimación del recurso. El Tribunal de Apelaciones procedió a revisar el legajo apelativo para determinar si poseía jurisdicción para entender en los méritos. La sentencia reitera la doctrina sobre la jurisdicción, destacando que los tribunales deben ser celosos guardianes de su autoridad y desestimar casos cuando carecen de ella. Tras su análisis, el Tribunal concluyó que no tenía jurisdicción para revisar la determinación administrativa recurrida. Por consiguiente, se decretó la desestimación del recurso de apelación.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de certiorari presentado por Educational Technical College, Inc. (EDUTEC) y el Sr. Emilio Huyke Vélez. Los peticionarios solicitaban la revisión de una Resolución del Tribunal de Primera Instancia (TPI) de 30 de junio de 2021. Dicha Resolución del TPI denegó su Moción Solicitando se Deje sin Efecto Anotación en Rebeldía. El caso subyacente involucra demandas consolidadas de M.A.O. & ASSOCIATES INVESTMENT, INC. contra EDUTEC por cobro de dinero, incumplimiento de contrato y daños y perjuicios relacionados a un contrato de arrendamiento. La anotación de rebeldía fue solicitada por MAO debido a la alegada falta de EDUTEC y el Sr. Huyke en suplir prueba requerida y la incomparecencia del Sr. Huyke a deposiciones. El TPI anotó la rebeldía el 20 de mayo de 2021 tras no recibir réplica a la solicitud de MAO. Posteriormente, el TPI denegó la moción para dejar sin efecto dicha anotación. El Tribunal de Apelaciones procedió a revisar el recurso de certiorari. Tras la revisión, el Tribunal de Apelaciones determinó desestimar el recurso. La desestimación se fundamentó en la falta de jurisdicción del Tribunal para atender el recurso.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre dos recursos de certiorari consolidados. Los recursos fueron presentados por ORC Miramar Corporation y otros codemandados en un caso de cobro de dinero y ejecución de garantías. Impugnaban dos Resoluciones del Tribunal de Primera Instancia que denegaron sus solicitudes de desestimación por falta de jurisdicción. El caso principal fue incoado por VS PR, LLC, quien reclama el pago de préstamos adquiridos del Banco de Desarrollo Económico. VS PR, LLC demandó a ORC como deudor principal y a los demás como garantes por incumplimiento de pago. Los peticionarios argumentaron que el caso debía desestimarse por duplicidad de procesos y falta de jurisdicción, citando litigios previos sobre los mismos préstamos. El Tribunal de Apelaciones consolidó ambos recursos para su consideración conjunta. Tras evaluar los fundamentos presentados, el Tribunal denegó la expedición del auto de certiorari solicitado. Esta decisión implica que el Tribunal de Apelaciones no revoca las resoluciones del foro primario que permitieron que el caso continuara.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de Certiorari. El peticionario, Atanacio Serrano Picón, solicitó la revisión de una resolución del Tribunal de Primera Instancia en un caso de desahucio en precario. La resolución recurrida ordenó la conversión del procedimiento sumario de desahucio a un procedimiento ordinario. El foro primario también aceptó la contestación a la demanda, una reconvención y una demanda contra tercero presentadas por la parte recurrida. La recurrida alegó poseer la propiedad en concepto de dueña, basándose en un contrato de compraventa con un heredero del otro cotitular. Asimismo, sostuvo ser edificadora de buena fe por haber realizado mejoras sustanciales a la propiedad. El peticionario se opuso a la conversión, argumentando la irrelevancia de estos planteamientos en la etapa sumaria. El Tribunal de Apelaciones evaluó el expediente sin requerir la comparecencia de la parte recurrida. Finalmente, el Tribunal resolvió denegar la expedición del recurso de certiorari. También declaró No Ha Lugar la solicitud de orden provisional en auxilio de jurisdicción.

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El Tribunal de Apelaciones denegó la expedición de un auto de certiorari solicitado por Mapfre Praico Insurance Company. Mapfre pretendía revocar una Resolución del Tribunal de Primera Instancia (TPI) que declaró No Ha Lugar su Moción de Desestimación y Solicitud de Sentencia Sumaria. El caso principal trata sobre una demanda por incumplimiento de contrato de seguros presentada por el Consejo de Titulares del Condominio Paseo Horizonte I y otros contra Mapfre por daños causados por el Huracán María. Mapfre argumentó que la demanda debía desestimarse porque el Consejo de Titulares cedió sus derechos de reclamación a Attenure sin el consentimiento de la aseguradora, lo cual, según Mapfre, violaba la póliza. Los demandantes replicaron que la cesión ocurrió después del siniestro (post-pérdida) y que este tipo de cesión es válida en derecho y no infringe la póliza ni el Código de Seguros. El TPI denegó la desestimación, interpretando la cláusula anti-cesión de la póliza a favor de los demandantes, al considerar que no prohibía explícitamente las cesiones post-pérdida. El TPI también señaló que la interpretación de Mapfre restringiría la libre contratación y el derecho de disposición de una reclamación, lo cual iría en contra de la política pública. Al denegar el certiorari, el Tribunal de Apelaciones confirmó la decisión del TPI de permitir que el caso continúe, validando provisionalmente la postura del TPI sobre la cesión post-pérdida en esta etapa procesal.

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Se trata de una apelación contra una sentencia del Tribunal de Primera Instancia (TPI) que desestimó una demanda de expropiación forzosa a la inversa. El TPI ordenó el archivo sin perjuicio de la demanda al concluir que los demandantes (apelantes) incumplieron el término reglamentario para emplazar al Estado Libre Asociado (ELA), considerándolo parte indispensable. Los apelantes solicitan la revocación de esta decisión. Argumentan que no transgredieron el término de emplazamiento, que el ELA no es parte indispensable y que no procedía desestimar el pleito respecto a las demás partes demandadas. Los apelados, por su parte, han solicitado la desestimación de la apelación. Alegan que el asunto se ha tornado académico. Esto se debe a que los apelantes presentaron una nueva demanda idéntica contra las mismas partes en otro tribunal de primera instancia poco después de presentar el recurso de apelación. El documento detalla el tracto procesal que llevó a la desestimación inicial y a la presentación de la apelación y la nueva demanda.

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El Tribunal de Apelaciones resuelve una petición de Certiorari presentada por Harry Reynolds Kerkorian. El peticionario impugna una Resolución del Tribunal de Primera Instancia que le encontró deudor de $27,509.23$ por concepto de pensión alimentaria acumulada para su hija Stephanie durante su minoridad. El señor Reynolds alegó que esta deuda fue transigida mediante un acuerdo previo con Stephanie. Dicho acuerdo, formalizado en junio de 2018, versó sobre la pensión de alimentos entre parientes tras la mayoría de edad de Stephanie. Stephanie sostuvo que el acuerdo solo cubrió la pensión post-mayoría de edad, no la deuda acumulada durante su minoridad. El Tribunal de Primera Instancia determinó que la deuda de minoridad no fue transigida por el acuerdo de 2018. Descartó los argumentos del peticionario, incluyendo la interpretación de una expresión previa del Tribunal de Apelaciones sobre el alcance del acuerdo. Mediante esta Resolución, el Tribunal de Apelaciones deniega la expedición del auto de Certiorari solicitado. Esta denegatoria valida la determinación del foro primario respecto a la existencia y no transacción de la deuda de pensión alimentaria de minoridad.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una Resolución sobre dos recursos de certiorari consolidados (KLCE202100965 y KLCE202100999). Los recursos fueron presentados por varios codemandados en un caso de cobro de dinero y ejecución de garantías incoado por VS PR, LLC. Los peticionarios solicitaban la revocación de dos Resoluciones del Tribunal de Primera Instancia. Dichas resoluciones denegaron sendas solicitudes de desestimación por falta de jurisdicción presentadas por los peticionarios. La demanda original de VS PR, LLC alega el incumplimiento de ORC Miramar Corporation y sus garantes en el pago de facilidades de crédito adquiridas del Banco de Desarrollo Económico. Los peticionarios argumentaron, entre otras cosas, la duplicidad de procesos con casos anteriores sobre los mismos préstamos. El Tribunal consolidó ambos recursos al versar sobre la misma parte y la denegación de solicitudes de desestimación por falta de jurisdicción en el mismo caso subyacente. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones deniega la expedición del auto de certiorari solicitado.

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Este documento es una Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de usucapión. La apelante, Haydee Vélez Valls, demandó a Summit Homes Corporation para adquirir por usucapión un remanente de propiedad colindante. El proceso se complicó cuando la apelante intentó emplazar a Summit Homes y descubrió que la corporación había sido cancelada por el Departamento de Estado en 2014. Tras no lograr el emplazamiento personal, la apelante solicitó autorización para emplazar mediante edicto. El Tribunal de Primera Instancia denegó la solicitud, argumentando que una corporación cancelada carece de personalidad jurídica y no puede ser demandada ni emplazada. El tribunal ordenó a la apelante mostrar causa por la cual no se debía desestimar la demanda y cómo se podía emplazar a una entidad inexistente. A pesar de los argumentos de la apelante, el tribunal de instancia mantuvo su posición. Finalmente, el Tribunal de Primera Instancia emitió una Sentencia denegando el emplazamiento por edicto y desestimando la demanda sin perjuicio. La apelante recurrió al Tribunal de Apelaciones solicitando la revocación de dicha Sentencia.

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Ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico, la Universidad de Puerto Rico presentó un recurso de mandamus contra la Oficial Examinadora y la Procuradora de la Mujer. La Universidad solicitó que se ordenara a la Oficial Examinadora emitir un informe con determinaciones de hecho y conclusiones de derecho tras denegar una moción de desestimación presentada por la Universidad en un caso de hostigamiento sexual en el empleo. La Universidad argumentó que la Oficial Examinadora incumplió su deber ministerial al negarse a rendir dicho informe fundamentado y notificarlo a la Procuradora para una decisión final sobre la desestimación. La moción de desestimación de la Universidad se basaba en alegadas violaciones al debido proceso de ley y falta de jurisdicción de la agencia. La Oficial Examinadora había denegado la moción de desestimación "por ahora", reservándose la adjudicación para después de la vista administrativa, y luego denegó la solicitud de la Universidad para el informe. El Tribunal de Apelaciones, tras evaluar los fundamentos, denegó la expedición del auto de mandamus solicitado por la Universidad de Puerto Rico.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisó una determinación del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR). Moisés Ibarra González, confinado cumpliendo una sentencia de 99 años por asesinato y Ley de Armas, impugnó la decisión del Comité de Clasificación y Tratamiento de mantener su nivel de custodia mediana. Previamente, un recurso similar fue desestimado por defectos procesales en la resolución del DCR, los cuales fueron subsanados. El Comité ratificó la custodia mediana a pesar de que la escala de clasificación arrojó una puntuación mínima. Utilizó su facultad discrecional considerando la gravedad del delito, la reciente reclasificación de máxima a mediana y el escaso tiempo cumplido en relación con la sentencia. El Comité determinó que la puntuación subestimaba la gravedad del delito y la proporcionalidad del tiempo cumplido. Ibarra González argumentó que su puntuación, buen comportamiento y cumplimiento del plan institucional justificaban la custodia mínima. El Tribunal recordó la deferencia a las agencias administrativas y el balance entre el interés público en la seguridad y la rehabilitación y el interés del confinado. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones confirmó la determinación del DCR.

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Sentencia de un panel de jueces sobre la apelación de Empire Gas Company contra una Resolución del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACo). La Resolución confirmó dos multas impuestas a Empire. Una multa fue por incumplir los requisitos de notificación de un aumento de precios de gas licuado establecidos en la Orden 2014-08. La otra multa se impuso por no contestar un Requerimiento de Información (RQI-2021-010) sobre márgenes de ganancia. DACo justificó las multas basándose en su autoridad para regular el mercado de gas, prevenir la especulación y el incumplimiento específico de Empire con las normativas y solicitudes de información. La corte revisó el caso y confirmó la Resolución recurrida, ratificando así las multas impuestas por DACo.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisó un recurso de revisión judicial presentado por el confinado Luis Lugo Ramos contra el Departamento de Corrección y Rehabilitación. El recurrente impugnaba una supuesta querella disciplinaria emitida por la agencia. Aunque se le autorizó a litigar como indigente, el Tribunal encontró el recurso confuso y carente de información esencial. El escrito no incluía copia de la alegada querella ni de documento alguno que evidenciara una determinación administrativa. Tampoco hacía referencia a la decisión específica recurrida ni describía el contenido de la querella. El Tribunal enfatizó la obligación de las partes, incluso las que comparecen por derecho propio, de cumplir rigurosamente con las reglas procesales para perfeccionar los recursos apelativos. Se destacó que el incumplimiento con los requisitos de contenido y apéndice puede impedir la tramitación del recurso. La sentencia citó la base legal para la revisión judicial de decisiones administrativas y las reglas que rigen el contenido de dichos recursos ante el Tribunal de Apelaciones.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de divorcio. La apelante, madre, solicitó la revisión de una orden del Tribunal de Primera Instancia que amplió las relaciones paterno-filiales a favor del padre. El caso se originó en una demanda de divorcio donde se estableció la custodia con la madre y relaciones paterno-filiales iniciales con previsión de ampliación. Las partes habían presentado previamente un acuerdo conjunto detallando las relaciones propuestas. El Tribunal de Apelaciones acogió el recurso como apelación y revisó la decisión del foro primario. El Tribunal de Apelaciones determinó revocar la orden apelada. El caso es devuelto al Tribunal de Primera Instancia. El foro de origen debe ordenar un estudio social y celebrar una vista evidenciaria. Finalmente, deberá emitir un nuevo dictamen fundamentado sobre las relaciones paterno-filiales de conformidad con lo dispuesto.

Resumen:

Esta resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico, Panel II, atiende una petición de certiorari presentada por Jacqueline Carrero et al. contra Ángel Rafael Carrero Fred et al. El recurso procede del Tribunal de Primera Instancia, Sala de Fajardo, y se relaciona con casos consolidados sobre entredicho provisional, interdicto preliminar y permanente, y daños y perjuicios. Con fecha de 13 de septiembre de 2021, el Tribunal consideró la petición de certiorari sometida por la parte peticionaria. Tras su consideración, el Tribunal resolvió denegar la expedición del recurso. La resolución cita la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, indicando que no es necesario fundamentar la decisión de denegar la expedición en estos casos.

Resumen:

Sentencia de un panel apelativo revisando un dictamen del Tribunal de Primera Instancia en un caso de despido injustificado y discrimen por edad. La empleada, Sra. Madeline García Calderón, demandó a su patrono, Joyería Consuegra, alegando haber sido despedida sin justa causa tras 25 años de servicio y que su edad (50 años) fue un factor determinante. Reclamó indemnización, reinstalación, salarios dejados de devengar y daños. El patrono argumentó que la empleada renunció o fue despedida por reorganización y que la reclamación por discrimen estaba prescrita. El Tribunal de Primera Instancia concedió sentencia sumaria parcial a favor de la empleada y la denegó al patrono. Joyería Consuegra apeló esta decisión. El panel apelativo, tras revisar los argumentos y documentos, confirmó la sentencia apelada.

Resumen:

Ángel Luis Rivera Nieves presentó un recurso de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. Solicitaba la revocación de una Resolución del Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Bayamón. Dicha resolución había declarado No ha Lugar su Moción en Solicitud de Desestimación de cargos criminales. Los cargos imputados al peticionario eran por alegadas violaciones a los Artículos 199 B (Daño agravado) y 127 A (Maltrato a personas de edad avanzada) del Código Penal. El peticionario argumentó la desestimación por motivos como la ausencia total de prueba y el fraccionamiento de delito. Tras una vista preliminar, el foro primario encontró causa probable para acusar por los delitos de Daños y Maltrato a personas de edad avanzada. La Moción en Solicitud de Desestimación y una posterior solicitud de reconsideración fueron denegadas por el Tribunal de Primera Instancia. El Tribunal de Apelaciones revisó el recurso presentado por el peticionario. Por los fundamentos expuestos, el Tribunal de Apelaciones denegó la expedición del recurso de certiorari incoado.

Resumen:

Antonio Beltrán Martínez presentó un recurso de revisión judicial contra decisiones administrativas del Departamento de Corrección y Rehabilitación. Las decisiones impugnadas, de 9 y 15 de junio de 2021, le asignaron a segregación administrativa y solicitaron su traslado institucional. Estas medidas cautelares se tomaron a raíz de incidentes disciplinarios ocurridos a principios de junio de 2021, incluyendo alegadas amenazas y disturbios. El recurso de revisión fue incoado ante el Tribunal de Apelaciones el 20 de julio de 2021. Cabe destacar que, el 22 de julio de 2021, el Departamento desestimó la querella disciplinaria contra el recurrente por no celebrar la vista administrativa dentro del término prescriptivo. El Tribunal de Apelaciones resolvió desestimar el recurso de revisión judicial. La desestimación se fundamentó en la falta de jurisdicción, al considerar que el recurso fue presentado de forma prematura.

Resumen:

Este recurso del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico aborda una controversia sobre la facultad del Tribunal de Primera Instancia para ejecutar un pagaré hipotecario al portador cuyo tenedor se desconoce o no es parte activa en el litigio. El caso se originó por una demanda de cobro de dinero y ejecución de hipoteca presentada por el vendedor de una propiedad (Arbona) contra los compradores por incumplimiento en el pago de un pagaré. Sin embargo, el vendedor había cedido previamente los derechos de cobro y entregado el pagaré a un banco como garantía de un préstamo personal. El banco, tenedor del pagaré, fue inicialmente parte en el proceso pero luego fue desestimado del caso por acuerdo con el vendedor. Los compradores argumentaron que el vendedor carecía de legitimación activa para demandar al no ser el tenedor del pagaré. La apelación requirió dilucidar si la acción podía prosperar bajo estas circunstancias procesales y fácticas. Tras examinar el recurso y el derecho aplicable, el Tribunal de Apelaciones confirmó la sentencia apelada del Tribunal de Primera Instancia.

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La sentencia del Tribunal de Apelaciones resuelve una apelación contra una decisión del Tribunal de Primera Instancia de Salinas. Los apelantes, Rolando Alvarado Burgos y Luz L. Dones Alvarado, demandaron a MAPFRE PAN AMERICAN INSURANCE COMPANY por incumplimiento de contrato y daños tras el huracán María. Alegaron que la aseguradora no les compensó justamente por los daños a su propiedad, a pesar de tener una póliza vigente. Mapfre se defendió argumentando que había emitido un cheque por \$389.73 como pago total y final de la reclamación. La aseguradora invocó la doctrina del pago por finiquito, sosteniendo que el endoso y cobro del cheque constituía aceptación. El Tribunal de Primera Instancia dictó sentencia sumaria a favor de Mapfre, desestimando la demanda basándose en dicha doctrina. Los apelantes recurrieron esta decisión ante el Tribunal de Apelaciones. Tras examinar los escritos y documentos, el Tribunal de Apelaciones determinó revocar la sentencia sumaria. Ordenó la continuación de los procedimientos en el foro primario.

Resumen:

Este documento es una sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. Resuelve una apelación presentada por Francisco Valdés Pérez contra una sentencia del Tribunal de Primera Instancia de San Juan. La demanda original de Valdés Pérez era por daños y perjuicios relacionados con la compra de un vehículo Ferrari. El Tribunal de Primera Instancia desestimó la demanda. Consideró que el caso duplicaba litigios previos entre las mismas partes y sobre la misma controversia medular (la titularidad del vehículo). El foro primario señaló que Valdés Pérez ya había sido declarado en rebeldía en un caso anterior y que un segundo caso idéntico fue desestimado. Calificó la presentación de esta tercera demanda como un abuso del derecho y temeraria, imponiendo costas y honorarios. El Tribunal de Apelaciones revisó el recurso. Procedió a desestimar la apelación. La desestimación se fundamentó en la falta de jurisdicción debido a que el recurso fue presentado de forma tardía.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de revisión judicial. HV Global Management Corp. y Meridian Financial Services, Inc. (Hyatt) recurren una resolución del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACo). La resolución del DACo declaró con lugar una querella de Carmen González Gerena y Edgar M. Lloréns Arrieta. Los querellantes alegaron no poder usar su derecho vacacional ("time share") en Hacienda del Mar tras el Huracán María. El DACo eximió a los consumidores del pago de cuotas de mantenimiento para 2018 y 2019, y hasta que la propiedad sea reparada. También ordenó a Hyatt cesar gestiones de cobro. Hyatt solicitó reconsideración al DACo, la cual fue denegada. Inconforme, Hyatt presentó la revisión judicial ante el Tribunal de Apelaciones, alegando, entre otros errores, que el DACo no tenía jurisdicción al emitir su resolución.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones resuelve una Petición de Certiorari presentada contra una Orden provisional emitida por el Tribunal de Primera Instancia al amparo de la Ley Núm. 140. Dicha Orden dispuso que la peticionaria entregara una copia de una llave a la recurrida en una controversia sobre un portón. La peticionaria impugnó la Orden alegando violación al debido proceso por no haberse celebrado una vista. El Tribunal de Apelaciones inicialmente paralizó los procedimientos en auxilio de jurisdicción. La parte recurrida presentó una Moción de Desestimación argumentando que el Tribunal de Apelaciones carecía de jurisdicción para revisar determinaciones provisionales bajo la Ley 140. La Resolución explica que la Ley 140 establece un procedimiento rápido para adjudicaciones provisionales. Las órdenes emitidas bajo esta ley son inapelables y no constituyen cosa juzgada. La parte inconforme debe iniciar una acción civil ordinaria en el Tribunal de Primera Instancia para dirimir la controversia de forma definitiva. Dado que la Orden impugnada es un remedio provisional bajo la Ley 140, este Tribunal carece de facultad en ley para atender el recurso. Por consiguiente, se desestima la Petición de Certiorari.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre un recurso de certiorari presentado por Jonathan Kotthoff. El recurso impugna una Resolución del Tribunal de Primera Instancia que determinó que el estado de Michigan era el foro apropiado para la controversia de custodia de tres menores. Kotthoff inició el proceso de divorcio en Puerto Rico, solicitando la custodia y el regreso de los menores que se habían trasladado a Michigan con su madre, Shelby Ludtke, tras el huracán María. Alegó que Puerto Rico era la residencia de los menores y que la madre los había "secuestrado" bajo la ley federal PKPA. Ludtke, por su parte, sostuvo que se fue de Puerto Rico con consentimiento, estableció residencia en Michigan y era la cuidadora principal. Presentó una moción para que el tribunal de Puerto Rico se declarara sin jurisdicción sobre la custodia. El Tribunal de Primera Instancia concluyó que Michigan era el foro adecuado. El Tribunal de Apelaciones revisó los argumentos de las partes sobre la residencia y la jurisdicción. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones confirmó la Resolución del Tribunal de Primera Instancia. Esto valida la determinación de que Michigan es el foro apropiado para resolver el asunto de la custodia.

Resumen:

Sentencia de un panel de jueces sobre un recurso de revisión relacionado con beneficios de desempleo. La recurrente apeló una determinación del Negociado de Seguridad de Empleo que la declaró inelegible. La notificación inicial indicaba un plazo de quince días para apelar, que vencía el 8 de octubre de 2020. Sin embargo, la recurrente presentó su apelación ante la División de Apelaciones el 13 de noviembre de 2020. Tanto la División de Apelaciones como la Oficina de Apelaciones ante el Secretario del Trabajo confirmaron que la apelación fue presentada tardíamente. La recurrente argumentó haber recibido la notificación inicial con retraso y mencionó demoras postales por la pandemia. El Secretario del Trabajo confirmó la resolución recurrida basándose únicamente en la apelación tardía, sin entrar en los méritos de la inelegibilidad. Tras revisar el expediente, el panel de jueces confirma la determinación recurrida.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de desahucio en precario. Margarita González Pérez apeló la decisión del Tribunal de Primera Instancia que ordenó su desalojo de una propiedad de Nelson Vélez Valentín. El Tribunal de Primera Instancia había declarado con lugar la demanda de desahucio. La apelante solicitó la revocación de esta sentencia. Sin embargo, el Tribunal de Apelaciones determina que carece de jurisdicción para atender el recurso. La apelación debe ser desestimada por incumplimiento procesal. La apelante no prestó la fianza requerida para apelar una sentencia de desahucio antes de radicar el recurso. Tampoco obtuvo una exención autorizada por el tribunal de instancia. A pesar de solicitar posteriormente litigar *in forma pauperis*, el incumplimiento inicial con el requisito de la fianza es fatal. Por consiguiente, el recurso de apelación es desestimado.

Resumen:

Comparecen ante el Tribunal de Apelaciones los peticionarios CNC Puerto Rico LLC y Edwin Dwight O'Bannon, Jr. mediante una Petición de certiorari. Solicitan la revocación de una Resolución emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan. Dicha Resolución ordenó la devolución del caso a la Sala de Bayamón del Tribunal de Primera Instancia. El propósito del retorno era que la Sala de Bayamón resolviera una solicitud de reconsideración presentada por los peticionarios. La solicitud de reconsideración se refería a una Resolución previa de la Sala de Bayamón que declaró No Ha Lugar una Moción de desestimación de los peticionarios. El caso, un cobro de dinero, se inició en Bayamón y fue trasladado a San Juan. Tras trámites en San Juan, incluyendo la presentación de la moción de reconsideración allí, la Sala de San Juan determinó que la reconsideración debía ser resuelta por el foro de origen. Los peticionarios acuden al Tribunal de Apelaciones para impugnar esta decisión de devolver el caso a Bayamón. El Tribunal de Apelaciones, tras revisar los fundamentos expuestos, decide denegar la expedición del auto de certiorari.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en un caso de impugnación de confiscación de un vehículo Four Track. El Gobierno de Puerto Rico (ELA) recurrió la decisión del Tribunal de Primera Instancia que ordenó la devolución del vehículo a Alex Noel Acevedo Martínez tras consignar una fianza. El ELA argumentó que el vehículo es ilegal porque el número de motor no coincide con el número de cuadro y se desconoce su procedencia. El propietario había impugnado la confiscación y solicitado la devolución del vehículo bajo fianza, lo cual fue concedido por el foro primario. El Tribunal de Apelaciones, tras revisar el recurso de certiorari, resolvió expedir el auto y revocar la resolución apelada. En lugar de confirmar la devolución, el tribunal ordenó al Tribunal de Primera Instancia celebrar una vista evidenciaría. Esta vista busca dilucidar las controversias jurídicas, particularmente la alegación del ELA sobre la ilegalidad del vehículo, que fundamenta la confiscación.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resuelve un recurso de certiorari discrecional presentado por la familia Villoldo-Varona. Buscaban revocar una Resolución del Tribunal de Primera Instancia de Humacao que denegó su Moción de Sentencia Sumaria y/o Desestimación. El caso original, iniciado en 2004 por la familia Rodríguez-Benítez, es una reclamación de daños y perjuicios. Los demandantes alegan que la construcción de los Peticionarios en Palmas del Mar excedió los límites de altura y violó servidumbres en equidad. Sostienen que la edificación de 52.27 pies de altura perjudicó su derecho de luces y vista, superando el límite de 36 pies. Decisiones previas, confirmadas en apelación, ya habían determinado que la construcción violaba los límites de altura. El litigio se encontraba en una etapa avanzada, con una vista evidenciaría sobre daños previamente ordenada. La Moción de Sentencia Sumaria buscaba poner fin al caso antes de esa vista. El Tribunal de Apelaciones acordó denegar la expedición del recurso de certiorari solicitado. Esta denegatoria mantiene en vigor la decisión del foro primario y permite que el caso continúe su curso.