Casos del Tribunal de Apelaciones (Página 105)

Resumen:

Comparece la Sucesión de Juan Otero Seda ante el Tribunal de Apelaciones solicitando la modificación de una resolución de la Comisión de Juegos. La disputa se centra en la cuantía a pagar del premio Poolpote ganado por Juan Otero Seda en agosto de 2015. Una porción significativa de un premio anterior de octubre de 2014 fue retenida por fraude y, tras litigios previos, se ordenó su inclusión en premios subsiguientes. Decisiones judiciales anteriores, confirmadas por el Tribunal Supremo, validaron el derecho de la Sucesión a recibir la porción retenida del premio de octubre de 2014. El Director Ejecutivo de la Comisión ordenó el pago de aproximadamente \$926,000 a la Sucesión como redistribución de dichos fondos. La Sucesión impugnó esta cantidad, reclamando un monto superior. La Comisión de Juegos confirmó la orden del Director Ejecutivo. La Sucesión recurrió esta determinación ante el Tribunal de Apelaciones. Mediante esta Sentencia, el Tribunal de Apelaciones confirma la determinación recurrida de la Comisión de Juegos.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de Certiorari presentado por Frankie E. Cortés Figueroa contra Caribbean Restaurants (Burger King). El caso original trata sobre despido injustificado, Ley 80 y represalias. Cortés impugna una decisión del Tribunal de Primera Instancia que denegó su solicitud de declarar No Ha Lugar de plano la moción de sentencia sumaria presentada por Caribbean Restaurants. Cortés argumentó que la moción de sentencia sumaria se basaba en su deposición, la cual consideraba inadmisible por no habérsele tomado juramento, en violación de las reglas de procedimiento. Solicitó desestimar la moción de sentencia sumaria o, alternativamente, un término para oponerse en los méritos. Caribbean Restaurants se opuso, alegando que la objeción a la deposición fue extemporánea y una táctica dilatoria. El Tribunal de Primera Instancia declaró No Ha Lugar la solicitud de Cortés. El Tribunal de Apelaciones, tras considerar las comparecencias de las partes, deniega el auto de Certiorari solicitado por el Peticionario.

Resumen:

Comparecen Vivienda Social Inc. y su Presidente, el Sr. Miguel L. Nogueras Barranco, solicitando la revocación de una Resolución emitida por el Tribunal de Primera Instancia (TPI). Mediante dicha Resolución, el TPI declaró No Ha Lugar la Moción Conjunta de Sentencia Sumaria presentada por los peticionarios. Asimismo, denegó su solicitud de desestimación sumaria de la causa de acción instada por United Surety Indemnity Company (USIC). El TPI concluyó que existen controversias de hecho que impiden un dictamen sumario y la desestimación por prescripción solicitada. Estas controversias incluyen la posibilidad de descorrer el velo corporativo respecto a la responsabilidad personal del señor Nogueras Barranco. El trasfondo del caso se relaciona con una fianza judicial emitida por USIC en 1997 para Villas de Montellano Associates, garantizada con un acuerdo de indemnización y un certificado de depósito de \$800,000 provisto por Vivienda Social como colateral. El presente tribunal deniega la expedición del auto de Certiorari solicitado por Vivienda Social y el señor Nogueras Barranco.

Resumen:

Este caso ante el Tribunal de Apelaciones revisa una Resolución del Tribunal de Primera Instancia en un pleito civil entre Cynthia Ocasio Burgos y la Sucesión Hernández Santiago. La controversia original sobre colindancias y servidumbres llevó a una reconvención por parte de la Sucesión. La demanda inicial de la señora Ocasio Burgos fue desestimada con perjuicio por falta de partes indispensables, decisión que advino final y firme. El pleito continuó únicamente en cuanto a la reconvención de la Sucesión. Posteriormente, la señora Ocasio Burgos solicitó la desestimación de la reconvención alegando nuevamente la ausencia de miembros indispensables de la Sucesión. El Tribunal de Primera Instancia permitió a la Sucesión enmendar su reconvención para incluir a estos miembros, pero limitó el método de emplazamiento. La Sucesión recurrió esta limitación mediante Certiorari. El Tribunal de Apelaciones expide el auto solicitado, modifica la Resolución recurrida y, así modificada, la confirma.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre un recurso de revisión judicial. Alice Meléndez Merengo, José A. Meléndez Romero y Prima Group, Inc. solicitaron la revisión de una determinación interlocutoria de la Oficina del Comisionado de Seguros (OCS). Dicha determinación regulaba el manejo del descubrimiento de prueba en un proceso administrativo. Los recurrentes reconocieron que la norma general limita la revisión judicial a decisiones administrativas finales, pero pidieron una excepción. El Tribunal examinó la etapa procesal y las alegaciones presentadas. Concluyó que carecía de jurisdicción para intervenir en este momento procesal. La revisión judicial de determinaciones interlocutorias no procede bajo la normativa vigente. No se justificaba la intervención del Tribunal en esta etapa del proceso administrativo. Los recurrentes podrán impugnar la determinación final que emita la OCS oportunamente. Por consiguiente, el Tribunal desestimó el recurso por falta de jurisdicción.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en un recurso de apelación. El recurso fue presentado por Buena Vibra Group, Inc., Colectivo 84, Corp., y USB United Social Business, Corp. contra Jeff Daniel Fontánez Ramírez. La apelación impugna una Sentencia Sumaria Parcial del Tribunal de Primera Instancia. Dicha sentencia determinó que el señor Fontánez tiene derecho a información financiera de las corporaciones apelantes para los años 2014, 2015 y 2016. El foro primario concluyó que el señor Fontánez sigue siendo accionista hasta que sus acciones sean redimidas válidamente, otorgándole el derecho a la información bajo la Ley de Corporaciones. Las corporaciones apelantes argumentaron que el señor Fontánez dejó de ser accionista tras una supuesta redención en 2019. El caso original involucró reclamaciones por daños, interdictos y sentencia declaratoria sobre la relación entre las partes tras la renuncia del señor Fontánez. Tras evaluar los alegatos y el derecho aplicable, el Tribunal de Apelaciones resuelve confirmar parcialmente la Sentencia Sumaria Parcial apelada.

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Este caso ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico surge de una demanda por daños y perjuicios ex contractu. Los demandantes alegaron que el banco incumplió un contrato de venta al por menor a plazos y pagaré relacionado con la compra de un vehículo, específicamente en el manejo de pagos, incluyendo un cheque de $10,000. La controversia principal gira en torno al término prescriptivo aplicable a la causa de acción: tres años bajo la Ley de Transacciones Comerciales o quince años bajo el Código Civil para relaciones contractuales. El foro primario concluyó que aplicaba el término de 15 años y que la demanda no estaba prescrita. Además, determinó que el banco incumplió el contrato y ordenó una vista para determinar los daños. El banco apeló, reiterando su argumento de que la causa de acción está prescrita bajo el término de tres años. El caso tiene un historial procesal que incluye una apelación previa donde se revocó una sentencia desestimando la demanda por prescripción y se ordenó un juicio en su fondo.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en revisión judicial de una decisión de la Junta de Libertad Bajo Palabra. El recurrente, Raúl Rodríguez Liceaga, impugnó la denegatoria de su solicitud de libertad bajo palabra. El recurrente cumple una sentencia por el delito de actos lascivos. Presentó un plan de salida estructurado y corroborado en cuanto a hogar, oferta de empleo y amigo consejero, según determinó la Junta. No obstante, la Junta denegó el privilegio, fundamentando su decisión, en parte, en la cercanía del hogar propuesto a la residencia de la parte perjudicada. Esta proximidad también había sido motivo para denegarle previamente un pase extendido con monitoreo electrónico. El Tribunal de Apelaciones revisó el recurso presentado por el recurrente y la posición de la Junta. Tras la revisión, el Tribunal resolvió confirmar la Resolución de la Junta de Libertad Bajo Palabra.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de certiorari relacionado con un caso de daños y perjuicios. El pleito original, presentado en 2015 tras un accidente fatal en 2014, fue paralizado y archivado administrativamente pendiente de un proceso ante el Fondo del Seguro del Estado. Concluido el trámite administrativo, el tribunal de primera instancia ordenó a los demandantes presentar un nuevo pleito, instado en 2019. La parte peticionaria en este recurso, Condominium Administration, solicitó la desestimación del nuevo caso alegando que la acción había prescrito. El Tribunal de Primera Instancia denegó la moción de desestimación, determinación que fue reiterada tras una segunda solicitud. Condominium Administration recurrió en certiorari ante el Tribunal de Apelaciones impugnando la negativa a desestimar. El Tribunal de Apelaciones expidió el auto solicitado. No obstante, el Tribunal de Apelaciones confirmó la Resolución recurrida. Esto valida la decisión del foro primario de no desestimar el caso por prescripción en esta etapa procesal.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de revisión. El peticionario, Transporte Sonnell, LLC, impugna la adjudicación de la Subasta Núm. 1 Serie 2021-2022 del Municipio de Moca para la adquisición de un camión cisterna. El Tribunal concedió inicialmente un auxilio de jurisdicción para paralizar los efectos de la adjudicación. La Junta de Subastas de Moca recibió propuestas de tres compañías, incluyendo la peticionaria, para el renglón del camión cisterna. El aviso de subasta requería el cumplimiento de especificaciones y advertía sobre la descalificación. La Junta evaluó las propuestas y determinó que las tres cumplían con lo requerido en el aviso. No obstante, el Tribunal de Apelaciones, tras considerar los fundamentos, resolvió dejar sin efecto la determinación recurrida de la Junta de Subastas.

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El Tribunal de Apelaciones emite sentencia en un recurso de certiorari instado por Televicentro of Puerto Rico, LLC h/n/c WAPA TV y otros. La parte peticionaria solicitó revocar una resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó una orden protectora sobre descubrimiento de prueba. El caso subyacente es una demanda por difamación y daños y perjuicios presentada por Ildefonso Torres Rodríguez y Nydia I. Santana Segarra contra WAPA TV y otros. La demanda se basa en reportajes televisivos sobre una investigación criminal contra el Lcdo. Torres, que los demandantes alegan fueron falsos y difamatorios. Durante el descubrimiento, los demandantes solicitaron información detallada sobre los hechos reportados. El Tribunal de Primera Instancia ordenó a la parte peticionaria descubrir la información requerida. El Tribunal de Apelaciones acogió el recurso de certiorari para dilucidar el asunto. Sin embargo, el Tribunal de Apelaciones confirmó la resolución recurrida. La sentencia reafirma que la libertad de prensa no constituye un manto de inmunidad contra la observancia de una norma jurídica válida.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emitió una sentencia en un caso de destitución de un empleado judicial. El Director Administrativo de los Tribunales solicitó la revocación de una resolución de la Junta de Personal de la Rama Judicial. La Junta de Personal había declarado sin lugar un Aviso de Paralización presentado por el Director Administrativo. La Junta ordenó la continuación de la apelación del empleado destituido, Miguel Rivera Torres. El Director Administrativo argumentó que el caso estaba automáticamente paralizado bajo la ley PROMESA. Sostuvo que la apelación del empleado, al buscar el pago de haberes dejados de percibir, representaba una reclamación monetaria contra una rama del gobierno. El empleado alegó que la paralización no aplicaba porque los hechos de su destitución ocurrieron después de la petición de quiebra. El Director Administrativo replicó que la paralización de PROMESA es automática y cubre todos los procedimientos contra la entidad gubernamental. El Tribunal de Apelaciones expidió el auto de Certiorari y revocó la resolución de la Junta de Personal. Ordenó devolver el caso a la Junta para que disponga el archivo administrativo de los procedimientos mientras dure la paralización automática por PROMESA.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de revisión. La recurrente, Francheska M. Camilo González, solicitó la revisión de varias determinaciones de la Universidad de Puerto Rico. Estas determinaciones se relacionaban con alegaciones de plagio y robo de diseños, revisión de notas y una suspensión académica. La recurrente también reclamaba una cuantiosa indemnización por daños y perjuicios. El Tribunal señala que la recurrente había presentado previamente otro recurso similar que fue desestimado por incumplimientos procesales. En este caso, el Tribunal desestima el recurso sin trámite ulterior. La desestimación se fundamenta en el incumplimiento craso de la recurrente con el Reglamento del Tribunal. Se destaca la naturaleza jurisdiccional de los términos y requisitos procesales. El incumplimiento impide al Tribunal ejercer su jurisdicción para atender los méritos del recurso.

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Ángel J. Collazo Santiago enfrentó denuncias por violencia doméstica y Ley de Armas, siendo liberado bajo fianza con supervisión electrónica y zona de exclusión. Posteriormente, fue encarcelado por alegadamente violar dicha zona de exclusión. Collazo solicitó su excarcelación, argumentando que la víctima se había mudado del área de exclusión y había desistido de una orden de protección, tornando la condición irrelevante y su detención inconstitucional. El tribunal de primera instancia declaró No Ha Lugar su solicitud de excarcelación. Collazo acudió al Tribunal de Apelaciones mediante una Petición de Hábeas Corpus o, en la alternativa, un certiorari. El Tribunal de Apelaciones acogió el recurso como uno de certiorari. El tribunal apelativo resolvió expedir el certiorari a los fines de revocar el dictamen recurrido.

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Félix Alvarado Ramos recurre ante el Tribunal de Apelaciones una resolución del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR). Dicha resolución lo encontró incurso en violaciones disciplinarias por posesión de accesorios de teléfono celular y daños a la propiedad. Como sanción, se le suspendieron privilegios de comisaría, visitas y recreación por cuarenta días. La querella disciplinaria se basó en el hallazgo de una batería de celular modificada en su celda. Alvarado Ramos impugnó la decisión administrativa, alegando notificación tardía de la querella y la resolución, y que el Oficial Examinador no dio credibilidad a su testimonio. El DCR declaró No Ha Lugar la reconsideración. Ahora, el recurrente solicita revisión judicial, reiterando sus argumentos sobre los términos de notificación y la valoración de la prueba. El Tribunal revisará si la actuación del DCR fue arbitraria, ilegal o constituyó abuso de discreción.

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Se presenta una demanda de daños y perjuicios por Daymarie Bonilla Cepeda contra Auto Excelente Inc. y otras partes. La reclamación se basa en un accidente de tránsito alegadamente causado por serios desperfectos mecánicos en un vehículo vendido por Auto Excelente Inc. La demandante imputa a Auto Excelente Inc. negligencia, omisión, dolo e incumplimiento contractual por la venta del vehículo defectuoso, ocultar su historial y negarse a corregir los problemas. Co-demandadas como aseguradoras y otro centro de autos fueron desestimadas del caso mediante sentencias sumarias. La señora Bonilla Cepeda solicitó sentencia sumaria contra Auto Excelente Inc., argumentando que los hechos probaban su responsabilidad por la venta del vehículo con desperfectos y la violación de regulaciones. Auto Excelente Inc. se opuso a esta solicitud sin refutar específicamente los hechos alegados. El documento describe el historial procesal en el Tribunal de Primera Instancia relacionado con las mociones de sentencia sumaria presentadas por las partes.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una Resolución en el caso de certiorari presentado por Southern Health Care Group, Inc. contra Anatilde Vélez Rodríguez. El recurso busca revisar una determinación del Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Guayama. En el foro primario, la señora Rodríguez Vélez presentó una querella por despido injustificado. Southern Health Care presentó una moción de sentencia sumaria, la cual fue declarada No Ha Lugar por el tribunal, al encontrar controversias de hechos materiales. Inconforme, Southern Health Care solicitó al foro primario que emitiera una nueva resolución conforme a la Regla 36.4 de Procedimiento Civil. Esta solicitud también fue declarada No Ha Lugar por el Tribunal de Primera Instancia. Southern Health Care acudió entonces al Tribunal de Apelaciones mediante certiorari, alegando error del foro primario por no cumplir con la Regla 36.4. El Tribunal de Apelaciones evaluó el recurso extraordinario. Por los fundamentos expuestos en la resolución, el Tribunal de Apelaciones DENEGÓ el recurso de certiorari presentado por Southern Health Care Group, Inc.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emitió una sentencia en respuesta a una apelación presentada por las Sucesiones de Daniel De Jesús Álvarez y Esperanza Moreno. La apelación buscaba la revisión de una sentencia del Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Bayamón. Dicha sentencia del foro primario desestimó sin perjuicio la causa de acción por daños y perjuicios instada por la parte apelante. La desestimación se fundamentó en el incumplimiento de las partes con la orden de presentar el informe de conferencia con antelación al juicio dentro del término concedido. El foro primario había apercibido que el incumplimiento podría conllevar sanciones o la desestimación del caso, aplicando la Regla 39.2(a) de Procedimiento Civil. La demanda original incluía una solicitud de interdicto y reclamaciones por daños a la propiedad y angustias mentales. El Tribunal de Primera Instancia había denegado el interdicto pero permitió que la acción de daños continuara. Tras evaluar el recurso, el Tribunal de Apelaciones determinó revocar la sentencia apelada.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa una sentencia en rebeldía de divorcio. El apelante impugna la parte del dictamen que concedió la patria potestad exclusiva de la hija a la apelada. Alega que no fue debidamente notificado de la vista de divorcio, privándole de su derecho a defenderse sobre la patria potestad. El Tribunal de Primera Instancia había decretado el divorcio, otorgado la patria potestad exclusiva a la madre y denegado una moción de reconsideración del padre. Tras evaluar el caso, el Tribunal de Apelaciones resuelve modificar la sentencia recurrida. Deja sin efecto la adjudicación exclusiva de la patria potestad a la madre. Ordena al Tribunal de Primera Instancia celebrar una nueva vista en rebeldía en 30 días. Esta nueva vista deberá contar con la comparecencia de ambas partes para atender específicamente las alegaciones sobre la patria potestad de la menor.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de daños y perjuicios. La apelante, Sandra E. Rosa Rodríguez, demandó al Agente J. Colón por la supuesta expedición fraudulenta de multas de tránsito en 2016. Alegó que las multas fueron represalias por disputas legales con un compañero de trabajo del agente. El Departamento de Justicia, en representación del agente, informó al Tribunal de Primera Instancia que el pleito estaba paralizado automáticamente bajo el Título III de la Ley PROMESA. Esto se debía a que los hechos reclamados ocurrieron antes de la petición de quiebra del Estado en mayo de 2017. El foro primario declaró la paralización del caso. La apelante solicitó reconsideración, la cual fue denegada, reiterándose la paralización. La apelante recurrió entonces al Tribunal de Apelaciones. El Tribunal de Apelaciones confirmó la Resolución apelada, manteniendo la paralización automática del pleito en virtud de la Ley PROMESA.

Resumen:

Eduardo Torres Rodríguez presentó una apelación criminal ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. Solicitó la revocación de una sentencia del Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Mayagüez. Dicha sentencia lo declaró culpable de delitos de amenaza, alteración a la paz y posesión ilegal de arma blanca. Los hechos imputados ocurrieron el 4 de octubre de 2019. El Tribunal de Primera Instancia lo encontró culpable tras un juicio por tribunal de derecho. El apelante argumentó que el Ministerio Público no probó los elementos de los delitos más allá de duda razonable. El Tribunal de Apelaciones revisó los autos originales, la prueba ilustrativa y la transcripción de la prueba oral. Tras evaluar el recurso, el Tribunal de Apelaciones confirmó la determinación recurrida.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resolviendo una apelación presentada por Carlos Miguel Ortiz Méndez. El apelante impugna la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que declaró nula una Sentencia por consentimiento previa. La controversia se origina en un caso de cobro de dinero y ejecución de hipoteca sobre una propiedad del matrimonio Fernández-Quintana. Lime Residential, LTD ejecutó una hipoteca de cuarto rango y adquirió la propiedad en subasta. Ortiz Méndez intervino en el caso tras la subasta, alegando ser tenedor de hipotecas de rango preferente sobre la misma propiedad. Argumentó que la ejecución de la hipoteca posterior era improcedente mientras las hipotecas preferentes estuvieran en litigio. El Tribunal de Primera Instancia había declarado nula una Sentencia por consentimiento, presumiblemente relacionada con las reclamaciones de Ortiz o el estado de la propiedad, por falta de parte indispensable. El Tribunal de Apelaciones revisó los fundamentos del caso. Por los motivos expuestos, el Tribunal de Apelaciones confirmó la Sentencia apelada. Esto valida la decisión del foro primario de anular la Sentencia por consentimiento.

Resumen:

Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de ejecución de hipoteca. La peticionaria, María Elena Ortiz Correa, solicitó revocar una resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó su moción de relevo de sentencia. El foro primario había dictado sentencia a favor de Franklin Credit Management Corporation tras la incomparecencia de la peticionaria en el pleito de ejecución. La señora Ortiz Correa argumentó que la sentencia era nula por falta de jurisdicción, alegando que el gravamen hipotecario no era ejecutable tras su descargo en quiebra. Franklin Credit replicó que la hipoteca estaba inscrita y que la quiebra no eliminó el gravamen al no iniciarse un procedimiento adversativo. El Tribunal de Apelaciones deniega la expedición del auto de Certiorari, confirmando la decisión del foro primario.

Resumen:

Recurso de Certiorari ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico procedente de un caso de daños y perjuicios. La acción original fue instada por un titular de local comercial contra el Consejo de Titulares y aseguradora de un condominio. El demandante reclamaba daños sufridos por filtraciones provenientes de áreas comunes generales, específicamente la azotea. Los peticionarios (demandados en el foro primario) solicitaron la desestimación parcial de la demanda. Argumentaron que no eran responsables por los daños bajo el Artículo 1810 del Código Civil ni el Artículo 15(g) de la Ley de Condominios. El Tribunal de Primera Instancia denegó la solicitud de desestimación parcial. Inconformes, los peticionarios acudieron en certiorari ante el Tribunal de Apelaciones, alegando error del foro primario al denegar la desestimación bajo dichas disposiciones legales. El Tribunal de Apelaciones, tras evaluar el recurso, denegó la expedición del auto de certiorari solicitado.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de libelo, calumnia o difamación. Los peticionarios recurren una Resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó su solicitud de desestimación de la demanda. La acción fue instada por el recurrido, quien alega haber sufrido daños por insultos y una denuncia policial falsa presentada por los peticionarios. Estos últimos argumentan que el foro primario no adquirió jurisdicción sobre ellos debido a fallas en el emplazamiento. También cuestionan la suficiencia de las alegaciones de la demanda. El historial procesal detalla la presentación de la demanda, las gestiones para emplazar, la autorización de emplazamiento por edicto tras alegadas dificultades, y la contestación de los peticionarios donde plantearon la falta de jurisdicción y la prescripción. La disputa se centra en la validez del emplazamiento realizado y si se cumplieron los términos legales, afectando la jurisdicción del tribunal.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una resolución sobre una petición de certiorari. Félix R. Colón Báez solicitó la revisión de una orden de protección final dictada en su contra bajo la Ley Núm. 54 a favor de Shirley Borrero Rodríguez. El Tribunal de Primera Instancia había emitido previamente una orden provisional y hallado causa probable para arresto. La misma jueza que presidió la vista inicial y determinó causa probable también llevó a cabo la vista final. El peticionario solicitó la inhibición de la jueza, alegando prejuicio y violación al debido proceso por su contacto previo con la prueba. La jueza rehusó inhibirse y dictó la orden de protección final por cinco años, imponiendo talleres educativos y restitución de daños. El peticionario presentó el certiorari argumentando error del foro primario al no inhibirse. La peticionada se opuso, sosteniendo que la naturaleza civil del procedimiento no requería la inhibición bajo las Reglas de Procedimiento Civil. El Tribunal de Apelaciones consideró las comparecencias de ambas partes. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones DENEGÓ la petición de certiorari.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de certiorari presentado por la Administración de Terrenos. El recurso impugna una resolución del Tribunal de Primera Instancia (TPI) en un caso de expropiación forzosa contra W.M.S. Corporation. El caso original, iniciado en 2005, busca adquirir terrenos para el proyecto del Puerto de las Américas en Ponce. La disputa reciente se centra en el descubrimiento de prueba relacionado con un perito tasador sustituto, Wilfredo Lanause. El TPI ordenó a las partes completar el descubrimiento sobre este perito en 45 días. La Administración de Terrenos presentó una moción de reconsideración, la cual fue denegada por el TPI. La Administración de Terrenos acudió al Tribunal de Apelaciones solicitando la revisión de esta determinación. El Tribunal de Apelaciones deniega la expedición del auto de certiorari sin trámite ulterior. Esta decisión confirma la orden del TPI de continuar con el descubrimiento respecto al perito sustituto.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en el caso de José L. Pérez López contra el Negociado de la Policía. El recurrente apeló la denegatoria de su solicitud de licencia de armas por parte del Negociado. La denegatoria se fundamentó en que el récord del solicitante reflejaba una convicción por delito grave, conforme a la Ley de Armas vigente al momento de la solicitud. El señor Pérez López alegó que la decisión violaba sus derechos constitucionales, la igualdad de protección y una ley de rehabilitación. También cuestionó la base de la denegatoria relacionada con su récord penal y el testimonio de un funcionario policial. El Negociado de la Policía se opuso a la revisión, defendiendo su determinación. Tras revisar el recurso, el Tribunal de Apelaciones confirmó la resolución del Negociado de la Policía. Por tanto, se sostuvo la denegación de la licencia de armas al recurrente.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una sentencia en el caso KLAN202100785, relacionado con un recurso de apelación en un caso de filiación. La apelante, Gilda Marie Santos Iglesias, presentó una moción solicitando el desistimiento del recurso. Dicha moción fue radicada el 3 de noviembre de 2021. La apelante indicó que el recurso presentado el 22 de octubre de 2021 era prematuro. El Tribunal consideró la solicitud de desistimiento conforme a la Regla 83 de su Reglamento. Se declara ha lugar la moción presentada por la parte apelante. En consecuencia, se desestima el recurso de apelación. La desestimación se fundamenta en la falta de jurisdicción del Tribunal por haber sido presentado el recurso de forma prematura.

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Comparecen los doctores Noel Santos Montes y Raúl Rivera De La Vega, apelantes, solicitando la revocación de una Sentencia Parcial del Tribunal de Primera Instancia (TPI). Dicha sentencia desestimó con perjuicio su causa de acción sobre acción derivativa contra el Hospital Doctor Susoni Incorporado y su Junta de Directores. Los apelantes alegaron que un acuerdo de financiamiento perjudicó al Hospital y benefició personalmente a los miembros de la Junta, incumpliendo sus deberes. Los apelados argumentaron que se configuró una fusión corta, donde el único remedio para accionistas minoritarios es el avalúo, sin derecho a voto o notificación, salvo fraude o ilegalidad. El TPI desestimó la demanda por insuficiencia de alegaciones fácticas específicas. Además, concluyó que sustantivamente, en casos de fusión corta, solo procede el avalúo si no hay fraude o ilegalidad, lo cual no fue probado por los apelantes. El TPI también determinó que la acción derivativa era improcedente e incompatible con la fusión corta. El panel de jueces revisó la Sentencia Parcial apelada. Por los fundamentos expuestos, se confirma la Sentencia Parcial del TPI.

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Sentencia de un panel de jueces que resuelve una Apelación presentada por la señora Minerva Ortega Cabrera. La apelación impugna una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia (TPI) que declaró "Ha Lugar" una Demanda de cobro de dinero. Dicha demanda fue incoada por el señor Ernesto Belén Tirado, quien reclamaba a la señora Ortega Cabrera la suma de $14,018.72. El TPI ordenó a la apelante el pago de dicha cantidad, intereses y costas. La señora Ortega Cabrera presentó la apelación tras ser declarada "No Ha Lugar" una Solicitud de Reconsideración de la Sentencia del TPI. El documento detalla el historial procesal del caso en el TPI, incluyendo disputas sobre el emplazamiento y la anotación y posterior levantamiento de rebeldía contra la apelante. El señor Belén Tirado presentó un alegato oponiéndose a la apelación. La sentencia procede a pormenorizar los hechos atinentes para resolver la apelación.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico consideró un recurso de certiorari presentado por Nohan Rosaly Freyre. El peticionario solicitó la revisión de una Orden de Protección emitida en su contra por el Tribunal de Primera Instancia de Cabo Rojo. Dicha orden fue expedida al amparo de la Ley contra el Acecho, a solicitud de Marilyn Lugo Torres, quien alegó ser víctima de abuso emocional. El señor Rosaly Freyre argumentó que el Tribunal de Primera Instancia erró al emitir la orden sin prueba suficiente y en medio de otras controversias legales y administrativas entre las partes. La señora Lugo Torres no presentó alegato en respuesta al recurso. El Tribunal de Apelaciones expidió el auto de certiorari para revisar el caso. Tras la revisión, el panel de jueces decidió confirmar la determinación del Tribunal de Primera Instancia. La sentencia fue emitida el 4 de noviembre de 2021.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una Resolución en un recurso de certiorari procedente del Tribunal de Primera Instancia de Bayamón. El peticionario, Manuel Valentín Morales, solicitó la revocación de una Resolución del TPI que denegó su Moción Solicitando Traslado de Sala bajo la Regla 81 de Procedimiento Criminal. El peticionario alegó falta de imparcialidad en el TPI, citando denegaciones previas de mociones y la presencia de un familiar de la víctima trabajando en el tribunal. Argumentó que esta situación requería la inhibición de todos los jueces del TPI y el traslado del caso. El TPI declaró no ha lugar su moción de traslado/inhibición. Inconforme, el peticionario presentó una Petición de Certiorari ante el Tribunal de Apelaciones. El Tribunal de Apelaciones revisó la petición y el marco legal sobre la naturaleza discrecional del certiorari. Tras considerar los argumentos, el Tribunal de Apelaciones resolvió denegar la expedición del certiorari solicitado.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico que revisa una Resolución del Tribunal de Primera Instancia, Sala de Caguas, mediante recurso de certiorari. El caso concierne a Erick Nickie Ramos Román, participante en un programa de desvío terapéutico (Drug Court) bajo la Regla 247.2 de Procedimiento Criminal. Su caso fue trasladado de la Región Judicial de Mayagüez a Caguas tras cambiar su residencia. El tribunal de Caguas ordenó la devolución del caso a Mayagüez, al entender que el traslado no cumplió con las guías aplicables del programa. El peticionario solicitó reconsideración, argumentando que cualificaba para el desvío y que el traslado era conforme a las guías uniformes. El Tribunal de Apelaciones expide el auto de certiorari y revoca la resolución recurrida. Ordena al Tribunal de Primera Instancia, Región de Caguas, proceder con el traslado del caso a la región judicial más accesible y conveniente para el Sr. Ramos como participante del programa.

Resumen:

El señor Geovanny Ortiz Pérez, miembro de la población correccional, presentó un recurso de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones. Solicitó la revisión de una Resolución y Sentencia del Tribunal de Primera Instancia (TPI) que desestimó su demanda contra el Teniente Miguel Cabán Rosado. En su demanda, Ortiz alegó violación de derechos civiles por la remoción de páginas de su agenda y apropiación de artículos personales durante un registro. El TPI desestimó la demanda por falta de jurisdicción, al considerar que el asunto ya había sido resuelto en el foro administrativo del Departamento de Corrección y Rehabilitación. Ortiz apeló esta decisión del TPI ante el Tribunal de Apelaciones en un recurso anterior. Un panel de este Tribunal confirmó la desestimación del TPI mediante Sentencia que advino final y firme. A pesar de la decisión final previa, Ortiz presentó este segundo recurso de certiorari solicitando revisar la misma determinación. El Tribunal de Apelaciones desestima el presente recurso por falta de jurisdicción. La desestimación se fundamenta en que la controversia ya fue resuelta de forma final y firme en el recurso de apelación anterior.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisó la Sentencia Parcial emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan, en el caso civil SJ2020CV03193. La apelante, NeoDeck Holding, Corp., solicitó la revisión del dictamen que desestimó sus reclamaciones bajo los artículos 4 y 12 de la Ley de Monopolios de Puerto Rico y la solicitud de injunction bajo el artículo 13A de dicha ley. NeoDeck había demandado a Inmediata Health Group, LLC y otros, alegando conducta monopolística por la negativa de Inmediata a interconectar programas, buscando sentencia declaratoria, injunction y daños. La parte apelada, Inmediata, se opuso a la apelación, solicitando la confirmación de la sentencia parcial, argumentando que la demanda no exponía una reclamación válida bajo las leyes monopolísticas ni justificaba un remedio interdictal. Los co-apelados, Mark Rieger y Jorge De Ramery, se unieron a la moción de desestimación de Inmediata. Tras un análisis del recurso y los documentos, el Tribunal de Apelaciones confirmó la Sentencia Parcial apelada.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa la Sentencia emitida por el Tribunal de Primera Instancia en un caso de daños y perjuicios. La apelación fue presentada por Rut Rodríguez González contra Academia Joeleanny Inc. y Gloria Sánchez Hernández. La demanda original alegaba daños, negligencia institucional y discrimen por un incidente que involucró al hijo menor de la apelante, un niño con necesidades especiales, y una maestra de la Academia. El incidente se centró en el uso alegado de fuerza excesiva por parte de la maestra al reprender al menor, causándole un hematoma. El foro primario determinó que la maestra actuó negligentemente al excederse en la fuerza, pero desestimó las causas de acción por maltrato institucional y discrimen. La Sentencia apelada concedió una indemnización de \$4,000 al menor y \$1,000 a la madre por los daños sufridos. La apelante recurre la decisión, argumentando que la actuación de la maestra fue intencional, no meramente negligente. El Tribunal de Apelaciones procede a evaluar el recurso con base en el expediente y los alegatos de las partes.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico que examina un recurso de apelación presentado por Chubb Insurance Company. Chubb impugna una Sentencia Parcial del Tribunal de Primera Instancia en un caso de incumplimiento de contrato y violaciones al Código de Seguros. La demanda fue incoada por la Asociación de Residentes del Condominio Monterrey Estates. El caso surge de una reclamación por daños causados por el huracán María a la propiedad asegurada. Monterrey Estates alega que la oferta de Chubb fue irrazonable y la investigación deficiente. El Tribunal de Primera Instancia desestimó una causa de acción específica, pero denegó la desestimación total por caducidad solicitada por Chubb. El Tribunal de Apelaciones acoge el recurso y procederá a resolver la controversia, enfocándose en los fundamentos expuestos por las partes y el derecho aplicable.

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Lcdo. Ralphie R. Pérez Agosto presentó un recurso de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. Solicitó la revocación de una resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó su solicitud de reconsideración y relevo como abogado de oficio. Había sido designado para representar a Jorge L. Rivera García en un caso de asesinato en primer grado. El abogado argumentó que su designación era irregular e inconsistente con el reglamento de asignación de abogados de oficio. Alegó haber recibido cinco designaciones en tres regiones judiciales distintas en un corto período de tiempo, lo que, a su juicio, menoscababa la uniformidad del proceso. El Tribunal de Primera Instancia declaró no ha lugar su solicitud de relevo. El Tribunal de Apelaciones expidió el auto de certiorari para revisar la decisión. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones confirmó la resolución recurrida, manteniendo la designación del abogado.

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Este documento es una sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. Trata sobre la revisión administrativa solicitada por Organic Power, LLC contra una resolución del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA). La resolución del DRNA acogió un informe que encontró que Organic Power operaba una planta de digestión anaeróbica sin los permisos requeridos, incluyendo permisos de construcción, operación, manejo de desperdicios sólidos, fuentes de emisión y uso. La investigación del DRNA se originó por querellas vecinales y una inspección tras un derrame de aproximadamente 5,000 galones de digestato y otros líquidos. El derrame alcanzó áreas fuera de la propiedad y un drenaje pluvial. Organic Power no notificó el incidente a las agencias ni a la comunidad, y removió terreno impactado sin autorización ni plan de cumplimiento. La resolución del DRNA ordenó a Organic Power cesar operaciones hasta obtener los permisos necesarios y le impuso una multa de \$363,736.94. El Tribunal de Apelaciones confirmó la resolución recurrida.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emitió una Resolución el 2 de noviembre de 2021 en el caso KLRX202100027. Este recurso de Mandamus fue presentado por Andrés Díaz Franco contra la Hon. Marisol Díaz Guerrero. El caso original proviene del Tribunal de Primera Instancia, Sala de Bayamón, bajo los números DDI2015-1838 y DCU2015-0408, y trata sobre Ruptura Irreparable y Custodia. La Resolución declara ha lugar la Moción de Desistimiento presentada por la parte peticionaria, Sr. Andrés Díaz Franco. Como resultado, se ordena el cierre y archivo del recurso por desistimiento.

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El Tribunal de Apelaciones revisó la denegatoria de un permiso de construcción solicitada por QMC Telecom, LLC a la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe). QMC Telecom buscaba construir una torre de telecomunicaciones en Caguas. La OGPe denegó el permiso al requerir evidencia de un trámite discrecional (CCO) y endoso del Negociado de Telecomunicaciones (NET) por considerar que el proyecto presentaba una variación. Esta variación se basaba en que la torre propuesta no cumplía con la distancia mínima de 15 metros a una estructura cercana, según la Ley 89-2000 y el Reglamento Conjunto. QMC Telecom argumentó que el proyecto cumplía ministerialmente con la ley debido al consentimiento del dueño de la propiedad, haciendo innecesaria la variación. Aunque el NET recomendó la autorización ministerial por el consentimiento, la OGPe sostuvo que el proyecto no cumplía ministerialmente con la Ley 89-2000. La División de Revisiones Administrativas de la OGPe confirmó la denegatoria. El Tribunal de Apelaciones, mediante esta sentencia, confirmó la determinación recurrida, validando la denegatoria del permiso de construcción.

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Comparece ante el Tribunal de Apelaciones un recurso de apelación en un caso de daños y perjuicios derivado de un accidente de tránsito ocurrido en abril de 2019. Las Apelantes, incluyendo a una persona lesionada gravemente y la sucesión de la persona fallecida, demandaron a la Autoridad Metropolitana de Autobuses y otros. La demanda original, presentada en agosto de 2019, reclamaba daños por las lesiones de una de las víctimas y el sufrimiento emocional de una familiar. Posteriormente, en marzo de 2021, las Apelantes enmendaron la demanda para incluir a otro miembro de la sucesión y añadir una causa de acción específica a nombre de la sucesión por los daños sufridos por la persona fallecida antes de morir. Los Apelados solicitaron la desestimación parcial de esta nueva causa de acción, alegando que estaba prescrita al no haber sido presentada oportunamente en la demanda original. El Tribunal de Primera Instancia dictó una Sentencia Parcial desestimando dicha causa de acción por prescripción. Las Apelantes recurrieron esta decisión ante el Tribunal de Apelaciones. El Tribunal de Apelaciones revisó el dictamen del foro primario y confirmó la Sentencia Parcial apelada.

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Jeisa Aimara González Del Toro presentó un recurso de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. El recurso buscaba la revisión de una resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó su solicitud de inhibición de la jueza de instancia. La peticionaria alegó que la jueza demostró prejuicio y parcialidad en el caso de divorcio y custodia. Fundamentó su solicitud en un patrón de comentarios, manifestaciones y determinaciones de hechos realizadas por la jueza antes de la vista en los méritos. También citó órdenes emitidas por la jueza que, a su juicio, violaron el debido proceso y mostraron parcialidad. Específicamente, mencionó comentarios sobre un informe, la celebración de vistas sin su presencia y órdenes sobre relaciones paternofiliales. La peticionaria argumentó que estas acciones le causaron preocupación de que su caso estuviera siendo prejuzgado. El Tribunal de Primera Instancia declaró no ha lugar la solicitud de inhibición. El Tribunal de Apelaciones, tras revisar los fundamentos, denegó la expedición del recurso de certiorari.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en los recursos consolidados KLAN202100315 y KLAN202100326. Las apelantes, Comité Gerícola Regional de Mayagüez y LRF Project Funding & Management Corp., impugnaron una sentencia del Tribunal de Primera Instancia. Dicha sentencia las condenó solidariamente a compensar a la Sucesión de Lourdes Barrios Ramos. La acción original se basó en despido injustificado y discrimen por razón de embarazo bajo la Ley de Madres Obreras. La señora Barrios Ramos fue despedida por LRF Project durante un periodo probatorio, alegando incumplimiento, mientras se encontraba en estado de gestación. El foro primario ordenó el pago del doble de salarios dejados de percibir, daños por actuación intencional y honorarios por temeridad. Las apelantes argumentaron, entre otras cosas, no haber sido notificadas del embarazo. Tras revisar los fundamentos, el Tribunal de Apelaciones confirmó la sentencia apelada.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resolviendo apelaciones consolidadas presentadas por Comité Gerícola Regional de Mayagüez y LRF Project Funding & Management Corp. Los apelantes impugnaron una sentencia del Tribunal de Primera Instancia, Sala de Mayagüez. Dicha sentencia condenó solidariamente a los apelantes a compensar a la Sucesión de Lourdes Barrios Ramos. La reclamación original fue por despido injustificado y discrimen por razón de embarazo bajo la Ley de Madres Obreras. La señora Barrios Ramos fue despedida por LRF Project durante un periodo probatorio mientras se encontraba en estado de gestación. El foro primario ordenó el pago del doble de los salarios dejados de percibir, daños por actuación intencional y honorarios por temeridad. El Tribunal de Apelaciones revisó los fundamentos de derecho del caso. Por los motivos expuestos, el Tribunal de Apelaciones confirmó la sentencia apelada.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico que resuelve una apelación presentada por Carla Blanco Ramos. La apelación impugna la desestimación de una demanda por el Tribunal de Primera Instancia. La demanda original fue incoada contra su hermano, Carlos Blanco Ramos, en su capacidad de fiduciario sucesor de un fideicomiso familiar. El litigio se centra en la alegada distribución desigual de los bienes del fideicomiso. La apelante sostuvo que, contrario a la voluntad de los fideicomitentes de dividir el corpus en partes iguales entre los tres hermanos, su hermano recibió acciones de la corporación Doctor's Center, Inc. con un valor sustancialmente mayor. Ella recibió acciones preferidas valoradas en una cantidad significativamente menor. La demanda buscaba cumplimiento específico, restitución y daños por violación al deber de fiducia. El Tribunal de Primera Instancia desestimó la acción. El Tribunal de Apelaciones, tras revisar el caso, confirma la sentencia apelada.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resolviendo la apelación de Víctor J. González Guzmán. El apelante impugnó la Sentencia Sumaria del Tribunal de Primera Instancia que desestimó su demanda contra Lanco Manufacturing Corp. La demanda original alegaba despido injustificado bajo la Ley 80 y reclamaba daños por negligencia patronal que causó deterioro en su salud. El TPI había determinado que el despido de González estaba justificado conforme al manual de la empresa. Además, resolvió que las condiciones de salud desarrolladas estaban cubiertas por la inmunidad patronal de la Ley 45. González había detallado en su demanda enmendada incidentes laborales, problemas de salud relacionados con químicos y esfuerzos por cambiar de área de trabajo. También describió alegados incidentes de negligencia imputados por la empresa que precedieron a su despido. El Tribunal de Apelaciones, tras evaluar los argumentos, confirma la Sentencia Sumaria apelada. Esta decisión ratifica la desestimación de las reclamaciones de González por despido y daños.