RIVERA TORRES, MIGUEL V. DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE TRIBUNALES

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emitió una sentencia en un caso de destitución de un empleado judicial. El Director Administrativo de los Tribunales solicitó la revocación de una resolución de la Junta de Personal de la Rama Judicial. La Junta de Personal había declarado sin lugar un Aviso de Paralización presentado por el Director Administrativo. La Junta ordenó la continuación de la apelación del empleado destituido, Miguel Rivera Torres. El Director Administrativo argumentó que el caso estaba automáticamente paralizado bajo la ley PROMESA. Sostuvo que la apelación del empleado, al buscar el pago de haberes dejados de percibir, representaba una reclamación monetaria contra una rama del gobierno. El empleado alegó que la paralización no aplicaba porque los hechos de su destitución ocurrieron después de la petición de quiebra. El Director Administrativo replicó que la paralización de PROMESA es automática y cubre todos los procedimientos contra la entidad gubernamental. El Tribunal de Apelaciones expidió el auto de Certiorari y revocó la resolución de la Junta de Personal. Ordenó devolver el caso a la Junta para que disponga el archivo administrativo de los procedimientos mientras dure la paralización automática por PROMESA.