Casos del Tribunal Supremo (Página 68)

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico resolvió si el Procurador de Menores debe descubrir las notas de investigación de un agente que testificó en una vista de causa probable en un caso de menor. El caso involucra a un menor acusado de recibir propiedad hurtada, donde el agente investigador basó su testimonio en sus notas al no existir declaración jurada ni informe policial formal. Después de hallarse causa probable, la defensa del menor solicitó el descubrimiento de estas notas. El Tribunal de Primera Instancia ordenó el descubrimiento de prueba pertinente. El Tribunal Supremo resolvió que el Procurador de Menores está obligado a divulgar las notas tomadas por el agente investigador que testificó en la vista de causa probable, si son solicitadas. Esta determinación afirma el derecho del menor a acceder a la información utilizada por los testigos de cargo para preparar su defensa. La decisión establece un requisito de descubrimiento para las notas de investigación que fundamentaron el testimonio en la etapa de causa probable. La opinión clarifica el alcance de la Regla 6.4 de Procedimiento para Asuntos de Menores.

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El Tribunal Supremo de Puerto Rico revisa la sentencia del Tribunal de Apelaciones en el caso de Ángel Figueroa Jaramillo, líder sindical de la UTIER. El caso se origina por un incidente durante un piquete obrero en la Autoridad de Energía Eléctrica en Mayagüez. Figueroa Jaramillo fue acusado de agresión por empujar a un oficial de seguridad que intentaba salir de las instalaciones. El empujón causó que el oficial cayera y sufriera lesiones. El Tribunal de Primera Instancia lo encontró culpable de agresión simple. No obstante, el Tribunal de Apelaciones revocó esta sentencia condenatoria. El Procurador General recurrió ante el Tribunal Supremo para impugnar dicha revocación. La controversia principal gira en torno a si el acusado estaba exento de responsabilidad penal por actuar en supuesta "defensa del espacio de protesta". El Tribunal Supremo procede a revocar la determinación del Tribunal de Apelaciones.

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Sentencia del Tribunal Supremo de Puerto Rico en el caso de José Torres Quintero y otros contra Pfizer Pharmaceuticals, Inc. La controversia principal giraba en torno al período retroactivo para reclamar salarios adeudados por empleados a su patrono. El Tribunal de Apelaciones había permitido una reclamación por un período de diez años. Mediante un auto de Certiorari, el Tribunal Supremo revisó esta determinación. En su sentencia del 4 de mayo de 2007, el Tribunal Supremo revocó la resolución apelada. El Tribunal Supremo concluyó que los empleados solo podían reclamar los salarios debidos y no pagados por los tres años anteriores a la presentación de la demanda. Varios jueces emitieron opiniones concurrentes o disidentes.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico, en su opinión del 3 de mayo de 2007 para el caso CC-2006-188, abordó la impugnación de una confiscación vehicular. La cuestión central a determinar era si el Estado debe conceder un remedio al demandante que prevalece en la acción de impugnación, aun cuando el vehículo confiscado carezca del número de identificación de una pieza. El Tribunal resolvió esta interrogante en la afirmativa. El caso se originó con la ocupación de un vehículo Lexus en julio de 2004 por alegada violación a la Ley de Sustancias Controladas. Aunque los cargos criminales contra el propietario fueron desestimados, el Departamento de Justicia procedió a la confiscación basándose en supuestas violaciones a otras leyes. Una inspección reveló que al vehículo le faltaba el número de identificación de la tapa del baúl, aunque el resto estaba en orden. La decisión establece que, a pesar de esta deficiencia, el propietario victorioso en la impugnación tiene derecho a un remedio por parte del Estado.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico revisó una sentencia del Tribunal de Apelaciones sobre la validez del Reglamento de la Policía Municipal de Ceiba. El caso se originó por la destitución del policía municipal Ángel L. Rivera Santiago, fundamentada en dicho reglamento. Rivera Santiago impugnó su despido y la validez del reglamento, argumentando que no cumplía con los requisitos de la Ley de Municipios Autónomos. El Tribunal de Apelaciones declaró nulo el reglamento por este motivo. Sin embargo, el Tribunal Supremo determinó que el proceso de reglamentación de la Policía Municipal se rige por la Ley de la Policía Municipal (Ley Núm. 19 de 1977), no por la Ley de Municipios Autónomos. Al aplicar la ley incorrecta, el Tribunal de Apelaciones incurrió en error. Por consiguiente, el Tribunal Supremo revocó la sentencia recurrida.

Resumen:

Este documento del Tribunal Supremo de Puerto Rico trata sobre un caso de incumplimiento de contrato de sociedad. Luis Ortiz Muñoz y Jaime Rivera Martínez formaron una sociedad verbal en 1986 para un negocio de equipos para personas con impedimentos. Acordaron aportar capital y dividir las ganancias 50/50. En 1988, decidieron incorporar el negocio, transfiriendo los activos de la sociedad a la corporación a cambio de 50% de las acciones para cada uno, y liquidar la sociedad. El negocio se incorporó como Equipos Pro-Impedidos, Inc. Posteriormente, Rivera Martínez obtuvo el control de la corporación mientras Ortiz Muñoz se ausentó por enfermedad. Ortiz Muñoz solicitó el cumplimiento del acuerdo de liquidación de la sociedad y emisión de acciones, pero Rivera Martínez se negó. Esto llevó a que Ortiz Muñoz y su esposa presentaran una demanda en el Tribunal de Primera Instancia en el año 2000.

Resumen:

Decisión del Tribunal Supremo de Puerto Rico en el caso In re José Rodríguez Rivera, abordando su conducta profesional. El procedimiento se originó a partir de una queja juramentada presentada por una secretaria del Tribunal, la Sra. Marisol Rosado Rodríguez. La queja describió un incidente telefónico donde el abogado, al finalizar una conversación sobre un señalamiento, hizo un comentario inapropiado a la secretaria. El comentario fue: "Sí, porque primero te calientas y después te mojas". El Lcdo. Rodríguez Rivera, al comparecer ante el Tribunal, admitió la veracidad de los hechos expuestos en la queja. Este caso se centra en la evaluación de la conducta de un abogado en su interacción con personal del tribunal. La decisión Per Curiam resuelve el asunto de la queja.

Resumen:

Este caso ante el Tribunal Supremo de Puerto Rico trata sobre la interpretación y aplicación de la Ley Núm. 458 de 2000. Dicha ley prohíbe adjudicar contratos gubernamentales a personas convictas por ciertos delitos, incluyendo fraude y malversación. La controversia surgió de una subasta de la Policía para adquirir embarcaciones de patrullaje, donde Marina Costa Azul y Marine World Distributors fueron los únicos licitadores. Marina impugnó la adjudicación a Marine World, alegando que su oferta no cumplía con los pliegos y que su principal accionista enfrentaba cargos federales por delitos cubiertos por la Ley Núm. 458, lo que descalificaba a la empresa. La Junta de Subastas de la Policía denegó la objeción de Marina y adjudicó la subasta a Marine World. Marina solicitó entonces una revisión administrativa de esta decisión. El Tribunal Supremo revisa el caso, siendo esta la primera vez que interpreta la Ley Núm. 458.

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Resolución del Tribunal Supremo de Puerto Rico emitida el 27 de abril de 2007 en el caso identificado como TS-5739. La materia principal del caso es la reinstalación al ejercicio de la notaría del Lcdo. Máximo Molina Fragosa. Tras examinar los documentos presentados, el Tribunal Supremo ordenó la reinstalación del Lcdo. Máximo Molina Fragosa a la práctica notarial. La decisión fue acordada por el Tribunal y certificada por la Secretaria.

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El Tribunal Supremo de Puerto Rico revisa una decisión del Tribunal de Apelaciones en el caso de El Pueblo de Puerto Rico contra Luis Cruz Alicea. El Tribunal de Apelaciones había resuelto que la Sala de Asuntos de Menores no tenía jurisdicción sobre Cruz Alicea, quien ya era mayor de edad, y que no procedía procesarlo como adulto por no haberse sometido el caso a tiempo. El Procurador General argumentó que la demora en la presentación del caso se debió a que Cruz Alicea se fugó de la jurisdicción y fue localizado después de cumplir la mayoría de edad. El Tribunal Supremo revoca la determinación del Tribunal de Apelaciones. Concluye que Luis Cruz Alicea debe ser procesado como adulto.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió una resolución el 24 de abril de 2007. La resolución trata sobre el Informe de Reglas de Derecho Probatorio 2007 presentado por el Comité Asesor Permanente de Reglas de Evidencia. Este Comité fue reactivado en enero de 2006 con la encomienda de evaluar las Reglas de Evidencia y desarrollar un proyecto moderno para agilizar los procedimientos judiciales. El Comité entregó su informe final el 10 de abril de 2007. Mediante esta resolución, el Tribunal Supremo tiene por cumplida la tarea del Comité y acepta formalmente el informe presentado. El Tribunal remite el informe al Secretariado de la Conferencia Judicial y Notarial para su difusión y análisis. Se instruye al Secretariado a conceder a la comunidad jurídica y la ciudadanía la oportunidad de examinar el informe y someter recomendaciones. Finalmente, el Tribunal agradece la labor realizada por los miembros del Comité.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió una resolución el 20 de abril de 2007. Esta resolución aborda una solicitud de baja voluntaria al ejercicio de la abogacía. La solicitud fue presentada por el Colegio de Abogados de Puerto Rico en nombre del Lcdo. Omar T. Ojeda Arcelay. El Lcdo. Ojeda Arcelay había solicitado autorización para darse de baja como abogado. Tras evaluar la moción presentada, el Tribunal autorizó al Lcdo. Omar Tomás Ojeda Arcelay a proceder con su baja voluntaria según lo solicitado. La decisión fue certificada por la Secretaria del Tribunal Supremo.

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Resolución del Tribunal Supremo de Puerto Rico en el caso In re Iván M. Flores Ayffán. El documento aborda la solicitud de reinstalación al ejercicio de la notaría presentada por el Lcdo. Flores Ayffán. Tras examinar la moción correspondiente, el Tribunal Supremo ordena su reinstalación. Dicha reinstalación será efectiva a partir del 1 de mayo de 2007. La resolución fue emitida en San Juan, Puerto Rico, el 19 de abril de 2007. La decisión fue acordada por el Tribunal y certificada por la Secretaria del Tribunal Supremo.

Resumen:

Resolución del Tribunal Supremo de Puerto Rico sobre la solicitud de reinstalación de Luis A. Ortiz López. El Sr. Ortiz López fue suspendido del ejercicio de la abogacía y la notaría por tres meses debido a deficiencia profesional, mediante sentencia de 22 de diciembre de 2006. Dicha sentencia advino final y firme el 16 de enero de 2007, fecha en que la suspensión se hizo efectiva. El peticionario solicitó su reinstalación el 26 de marzo de 2007, entendiendo que su suspensión concluía el 27 de marzo. El Tribunal determinó que el término de tres meses de suspensión, iniciado el 16 de enero de 2007, se cumplió el 15 de abril de 2007. Por consiguiente, el Tribunal ordenó la reinstalación del Sr. Luis A. Ortiz López al ejercicio de la profesión legal, efectiva a partir del 16 de abril de 2007.

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Este documento del Tribunal Supremo de Puerto Rico resuelve una controversia sobre una subasta pública de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (A.A.A.). La Junta de Subastas de la A.A.A. adjudicó los trabajos de facturación a Caribbean Forms Manufacturing (C.F.M.) y los informes de calidad de agua a Accumail de Puerto Rico. El Tribunal de Apelaciones revocó esta decisión, declarando a Accumail como adjudicatario de todos los trabajos, a pesar de que la Junta la había declarado no responsiva en ciertos renglones. El Tribunal Supremo revisó la determinación del foro apelativo. Se analizó si la Junta de Subastas abusó de su discreción al realizar las adjudicaciones originales. El pliego de subasta requería cotizaciones separadas para distintos servicios y frecuencias. El Tribunal Supremo concluyó que la Junta no abusó de su discreción. Por tanto, se reinstaló la decisión original de la Junta de Subastas y se revocó la sentencia del Tribunal de Apelaciones.

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El Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió una resolución el 11 de abril de 2007. Mediante este documento oficial, se designa a la Lcda. Sandra I. Velázquez Gómez. Su cargo será el de Compiladora y Publicista del Tribunal Supremo. Esta designación entrará en vigor el 18 de abril de 2007. La licenciada Velázquez Gómez también desempeñará administrativamente cualquier otra función que le asignen el Juez Presidente y el Tribunal Supremo. Sus responsabilidades se ejercerán conforme a las disposiciones que rigen el funcionamiento de la Oficina de la Compiladora y Publicista. La resolución fue acordada por el Tribunal y certificada por la Secretaria.

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Este documento es una decisión del Tribunal Supremo de Puerto Rico en un caso de certiorari. La disputa surge de una póliza de seguro de vida de Transamerica Occidental Life Insurance Company suscrita por Fernando Rodríguez. El asegurado designó a su hijo menor, Gabriel R. Rodríguez Febles, como beneficiario de un 38% de la póliza. Tanto la póliza como el testamento ológrafo del asegurado estipularon que los beneficios para el menor se mantendrían en un fideicomiso. La póliza designó a Orlando Rodríguez Álvarez como administrador hasta que el menor cumpliera 25 años. El testamento nombró a Neida Pumarejo o, en su defecto, a Orlando Rodríguez Álvarez, detallando además la forma de inversión y distribución mensual de los fondos. El caso aborda la interpretación y ejecución de estas disposiciones respecto a la administración de los fondos del seguro para el beneficiario menor de edad. El Tribunal Supremo revisa la decisión del Tribunal de Apelaciones sobre esta materia civil.

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El Tribunal Supremo de Puerto Rico atendió una querella contra el abogado Carlos A. Vilches López por conducta profesional. El abogado aceptó representar a clientes en una demanda por daños y perjuicios, pero no realizó gestiones diligentes tras presentarla. Esta inactividad resultó en sanciones y la eventual desestimación del caso por parte del Tribunal de Primera Instancia. Vilches López no informó a sus clientes sobre el estado real del litigio ni sobre la desestimación. El Tribunal Supremo determinó que esta actuación se apartó de las normas éticas que rigen la profesión. Se concluyó que su conducta infringió los Cánones 9, 12, 18, 19 y 35 de Ética Profesional. La suspensión del abogado advino final y firme el 7 de mayo de 2007.

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Este documento detalla una decisión del Tribunal Supremo de Puerto Rico sobre la conducta profesional del notario Ramón Flores Castro. La Oficina de Inspección de Notarías informó deficiencias significativas en sus protocolos notariales para los años 1999, 2001 y 2003. Flores Castro reconoció haber tenido que otorgar numerosos instrumentos nuevos para subsanar errores en documentos anteriores. Se destacaron problemas particularmente graves, incluyendo un testamento abierto de 1999 declarado nulo porque el notario no dio fe de la capacidad legal de la testadora, un error insubsanable debido a su fallecimiento. Otra deficiencia involucró un testamento de 2003 con identificación dual del testador, también insubsanable post-mortem. Ante el informe, el Tribunal solicitó una respuesta al notario. Flores Castro alegó que los errores fueron involuntarios e inadvertidos, le causaron malestar emocional y generalmente no perjudicaron a los clientes, señalando que el problema del testamento de 1999 resultó en una demanda manejada por su aseguradora. Esta decisión PER CURIAM aborda estos hallazgos y la respuesta del notario respecto a su deficiente obra notarial.

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Decisión per curiam del Tribunal Supremo de Puerto Rico en un procedimiento disciplinario contra el Lcdo. Elfrén García Muñoz. La Oficina del Procurador General presentó una querella imputándole cuatro cargos por violaciones a los Cánones 19, 20 y 23 del Código de Ética Profesional. El primer cargo específico alega que el licenciado no mantuvo informado a su cliente, el señor Epifanio de Jesús González, sobre incidentes importantes en tres pleitos que manejaba para él. El proceso disciplinario se inició en 1999, se paralizó y se reanudó en 2005 con la presentación formal de la querella. La decisión fue emitida el 3 de abril de 2007. La suspensión del abogado, resultado de este proceso, advino final y firme el 2 de mayo de 2007.

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El Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió una resolución en el caso AC-2002-32, relacionado con filiación y alimentos, entre Liza Ferrer García y Juan Alberto González. La resolución, fechada el 2 de abril de 2007, atendió una moción de reconsideración presentada por la parte demandante-recurrida. El Tribunal declaró no ha lugar la moción de reconsideración. El Juez Presidente reiteró su postura expresada en la sentencia original. El Juez Asociado señor Rebollo López emitió una opinión disidente en esta etapa de reconsideración. La opinión disidente relaciona la controversia con los casos *Chévere v. Levis I* y *II*. Estos precedentes abordaron si un alimentante queda exento de someter información de ingresos si acepta tener capacidad económica para proveer alimentos.

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El Tribunal Supremo de Puerto Rico, en decisión del 30 de marzo de 2007, atendió la solicitud de la Lcda. Marielba Torres Delgado. La abogada presentó una moción solicitando su baja voluntaria del ejercicio de la profesión. El Tribunal consideró esta petición, así como la respuesta del Colegio de Abogados de Puerto Rico. Mediante esta resolución, identificada con el número de caso TS-13,658, el Tribunal autorizó la inactivación voluntaria de la profesión solicitada por la Lcda. Torres Delgado. Este documento oficial certifica la decisión del Tribunal Supremo respecto a la renuncia al ejercicio de la abogacía por parte de la mencionada letrada.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico emite una resolución para despedir a la licenciada Maritza Santana Jiménez. Ella finaliza sus labores como Compiladora y Publicista del Tribunal Supremo tras varios años de servicio. La licenciada Santana Jiménez comenzó como Compiladora Auxiliar en 2005 y fue designada en propiedad en 2006. Su principal responsabilidad fue diseñar y dirigir la actualización y publicación de la colección oficial de decisiones del Tribunal, conocida como Decisiones de Puerto Rico. Esto incluyó la revisión y edición de opiniones, sentencias y votos particulares para asegurar la más alta calidad. El Tribunal reconoce su gran labor, dedicación, laboriosidad y compromiso con la Rama Judicial. Durante su gestión, se publicaron los tomos 155 al 159 de las Decisiones de Puerto Rico. La resolución testimonia el afecto y agradecimiento del Tribunal por su servicio y le desea éxito en su futuro personal y profesional.

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Robert Anel Díaz Morales fue sentenciado en marzo de 2004 por asesinato en primer grado, escalamiento agravado, robo y restricción a la libertad agravada. Apeló la sentencia ante el Tribunal de Apelaciones en abril de 2004, alegando insuficiencia de prueba. Mientras el recurso de apelación estaba pendiente, en septiembre de 2005, el peticionario solicitó al Tribunal de Apelaciones autorización para presentar una moción de nuevo juicio ante el Tribunal de Primera Instancia. Alegó haber localizado un testigo no disponible previamente que podría proveer prueba de coartada y contradecir su identificación. El Tribunal de Apelaciones denegó la solicitud inicialmente por falta de detalle sobre la nueva evidencia. El peticionario presentó una moción de reconsideración, ofreciendo más detalles y adjuntando una declaración. Este documento es una sentencia del Tribunal Supremo de Puerto Rico, fechada el 30 de marzo de 2007, que aborda el recurso de certiorari presentado por el peticionario en relación con las decisiones del Tribunal de Apelaciones sobre su solicitud de nuevo juicio.

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Este documento es una Sentencia del Tribunal Supremo de Puerto Rico en el caso CC-2006-421. La disputa surge de la demanda presentada por Ramón Miranda Ayala contra el Hospital San Pablo tras su despido en octubre de 2004. Miranda Ayala alegó que su despido fue discriminatorio por actividades sindicales o injustificado bajo la Ley 80. El Hospital San Pablo defendió la terminación, argumentando que estuvo justificada por conducta impropia del empleado. Específicamente, el hospital sostuvo que Miranda Ayala se apropió de cajas de cerveza pertenecientes a la institución. Este hecho fue supuestamente grabado por cámaras de seguridad. Miranda Ayala inicialmente negó los hechos, pero los aceptó al ser confrontado con el vídeo. El hospital afirmó que esta conducta violaba sus normas internas.

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Corresponde determinar si un acuerdo verbal entre un funcionario municipal y un contratista para prestar servicios al municipio es válido y vinculante. El señor Félix Colón Colón, dueño de un garaje, aceptó verbalmente la propuesta del Director de Obras Públicas del Municipio de Arecibo para reparar equipo pesado a crédito. El acuerdo nunca se formalizó por escrito ni se registró en la Oficina del Contralor. Surgió una disputa cuando el Municipio solicitó la devolución de equipo pendiente, alegando que la relación contractual no estaba legalmente formalizada. El contratista se negó a devolver el equipo hasta recibir el pago por los servicios prestados. El Municipio presentó una demanda de injunction contra el señor Colón. La cuestión principal es si dicho arreglo verbal tiene eficacia legal. El Tribunal Supremo resuelve que el acuerdo verbal no vinculó a las partes. Esto se debe a que la reducción a escrito es de carácter constitutivo para la eficacia de las obligaciones contraídas. Por tanto, el arreglo verbal carece de toda eficacia legal.

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El Tribunal Supremo de Puerto Rico, mediante Resolución de 28 de marzo de 2007 (EM-2007-02), concedió el Jueves Santo, 5 de abril de 2007, como día libre para los empleados de la Rama Judicial. Esta medida se tomó con cargo a la licencia de vacaciones del personal. En virtud de esta concesión, el Tribunal dispuso que, a efectos del cómputo de términos judiciales, el Jueves Santo se considerará como un día feriado. Conforme a los Artículos 388 y 389 del Código Político de 1902, cualquier término que venciera el 5 de abril de 2007 se extenderá automáticamente. La nueva fecha de vencimiento para dichos términos será el lunes, 9 de abril de 2007, al ser el próximo día laborable. Esta Resolución regula los procedimientos judiciales afectados por la concesión del día libre.

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El Tribunal Supremo de Puerto Rico, en su decisión del 26 de marzo de 2007 (CC-2003-521), aborda un caso de adopción. La controversia central es si una petición de adopción puede presentarse mientras aún se llevan a cabo esfuerzos razonables para la reunificación familiar. También se examina si dicha petición es admisible cuando el menor todavía se encuentra bajo la patria potestad de sus padres biológicos. El caso se origina con una petición de privación de patria potestad y adopción presentada por los esposos Estrella y Monge. Estos esposos ostentaban la custodia de facto de la menor, cuya custodia provisional estaba a cargo del Departamento de la Familia. La madre biológica de la menor fue parte en el procedimiento. Los peticionarios de adopción solicitaron la consolidación de su caso con un pleito de privación de custodia iniciado por el Departamento de la Familia. La opinión del Tribunal busca delimitar la relación entre las disposiciones legales sobre adopción y los requisitos de esfuerzos de reunificación familiar en Puerto Rico.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico examinó si procede desestimar una petición de adopción presentada por padres de crianza. La menor involucrada se encontraba bajo la custodia del Departamento de la Familia. La petición de adopción se presentó antes de que el tribunal de instancia hiciera una determinación final sobre el plan de permanencia de la menor. Esta determinación es requerida por la Ley de Bienestar Integral de la Niñez. La cuestión central era la procedencia de la solicitud de adopción en relación con la etapa procesal del plan de permanencia. El Tribunal determinó que, en estas circunstancias, la petición de adopción presentada prematuramente debe ser desestimada. La decisión enfatiza la necesidad de que el tribunal de instancia complete la determinación del plan de permanencia antes de que se considere una solicitud de adopción por parte de los padres de crianza.

Resumen:

Este caso del Tribunal Supremo de Puerto Rico resuelve la cuestión de la competencia territorial en procesos penales por infracciones al Código de Rentas Internas. Busca determinar el foro judicial adecuado para casos de dejar de rendir planillas de contribuciones sobre ingresos. El Ministerio Público presentó denuncias en San Juan contra Juanita Medina Boria y Eddie Miró Castañeda por no radicar planillas entre 2000 y 2004 con intención de evadir impuestos. Los acusados solicitaron el traslado del caso al Tribunal de Primera Instancia de Bayamón. Argumentaron que el delito, al ser una omisión, se comete en su lugar de residencia, no en la sede del Departamento de Hacienda en San Juan. Fundamentaron su petición en parte en el derecho constitucional a ser juzgados por un jurado de vecinos del distrito. La opinión del Tribunal, emitida por la Juez Asociada Rodríguez Rodríguez, resuelve de forma definitiva este conflicto de jurisdicción.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico considera la facultad de la Junta de Directores de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) para eximir de la subasta formal la adquisición de equipo bajo un estado de emergencia. Esta potestad, conferida por la Ley Núm. 92 de 2004, busca prevenir incumplimientos ambientales y multas. El caso surge de la Resolución Núm. 2132, emitida el 16 de abril de 2005, que dispensó del requisito de subasta la compra del 20% de la flota vehicular de la AAA. La decisión se fundamentó en un informe que documentaba el grave deterioro de los vehículos. Dicho informe alertaba sobre posibles interrupciones operacionales, problemas de servicio y el riesgo de violaciones ambientales por la incapacidad de responder a emergencias. La resolución requirió la solicitud de al menos tres cotizaciones en el mercado abierto. La controversia central es si la acción de la Junta se enmarca dentro de las facultades de emergencia otorgadas por la ley.

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El Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió una resolución el 16 de marzo de 2007 sobre el caso de Luis Carbone Rosario. La materia tratada fue su reinstalación permanente al ejercicio de la abogacía y la notaría. El Tribunal consideró el cumplimiento del Lcdo. Carbone Rosario con lo ordenado por la Comisión de Reputación para el Ejercicio de la Abogacía en su resolución del 3 de enero de 2006. También revisó el Informe sobre Cumplimiento con Términos de Reinstalación Condicionada presentado por dicha Comisión el 14 de febrero de 2006. Visto el cumplimiento del abogado con los requisitos, el Tribunal Supremo ordenó su reinstalación. Esta decisión le permite al Lcdo. Luis Carbone Rosario reanudar el ejercicio de la profesión legal y notarial en la jurisdicción del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

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El Tribunal Supremo de Puerto Rico consideró una moción de reconsideración en el caso CC-2006-1080, relacionado con cobro de dinero y ejecución de hipoteca. La resolución del 16 de marzo de 2007 denegó la solicitud de reconsideración presentada por los demandados-peticionarios. Esta determinación reitera la denegatoria previa del recurso de certiorari del 9 de febrero de 2007. La mayoría del Tribunal acordó la denegatoria de la reconsideración. El Juez Asociado señor Rebollo López emitió una Opinión Disidente. El Juez Asociado señor Fuster Berlingeri manifestó que reconsideraría la decisión. La opinión disidente del Juez Rebollo López expresa su desacuerdo con la mayoría por considerar que la denegatoria de la reconsideración comete una injusticia. Los peticionarios que solicitaron la reconsideración fueron Ramón Caballero Serrano y Aida Luz Rivera Martínez.

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El Tribunal Supremo de Puerto Rico atendió un caso sobre el acceso a información de una investigación de la Oficina de Asuntos Monopolísticos. La controversia surgió cuando demandantes en un pleito civil solicitaron acceso a los expedientes de una investigación contra distribuidores de gasolina bajo la Ley Núm. 77. El Tribunal ponderó el derecho de acceso a la información pública frente a la norma de confidencialidad de las investigaciones de monopolio. Reconoció el interés apremiante del Estado en mantener la confidencialidad para la efectiva investigación y procesamiento de violaciones a la Ley Núm. 77. Sin embargo, modificó la sentencia recurrida para permitir un acceso limitado. Ordenó al Tribunal de Primera Instancia realizar un examen en cámara del expediente de investigación, sin la presencia de las partes. La divulgación se limitará a la información que no sea impertinente, privilegiada, o que revele técnicas de investigación o la identidad de informantes. Tampoco se podrá divulgar información obtenida bajo confidencialidad de las partes investigadas.

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El Tribunal Supremo de Puerto Rico considera una controversia entre la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (UTIER). La disputa surge por la subcontratación de trabajos en una planta de la AEE. La UTIER alega que estas labores corresponden a la unidad apropiada que representa, definida en el convenio colectivo como "Operación y Conservación". La AEE sostiene que los trabajos son mejoras extraordinarias y caen fuera del alcance de la unidad. Ante la falta de acuerdo, la UTIER presentó una querella buscando arbitraje. La AEE impugnó esta vía, argumentando que la controversia sobre la alegada invasión de unidad es de la jurisdicción exclusiva de la Junta de Relaciones del Trabajo. El Tribunal Supremo debe dilucidar si este tipo de disputa, que involucra la interpretación del convenio y el alcance de la unidad, debe resolverse mediante arbitraje o ante la Junta. La decisión establecerá el foro competente para dirimir conflictos sobre la definición y el alcance de la unidad de negociación en el contexto de un convenio colectivo.

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El documento presenta una opinión del Tribunal Supremo de Puerto Rico en un caso de Certiorari. El peticionario, Carlos Luis Torres Santiago, exalcalde de Coamo, solicitó el pago de días de vacaciones y enfermedad acumulados al retirarse en 1997. Según la evidencia, acumuló 142 días de vacaciones. El municipio solo le pagó el equivalente a 60 días de vacaciones y 90 días de enfermedad, basándose en los límites legales vigentes. El exalcalde demandó al municipio mediante Sentencia Declaratoria y Mandamus para reclamar el pago de los días restantes. El caso llegó al Tribunal Supremo tras la desestimación de su demanda por el Tribunal de Apelaciones. El Tribunal Supremo revisa la sentencia apelada. La controversia principal es si el peticionario tiene derecho al pago de días de vacaciones acumulados en exceso del límite de 60 días establecido por la Ley de Municipios Autónomos.

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El Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió una Resolución en el caso In re: Carlos R. Carrión Crespo. La Resolución aborda la solicitud de baja voluntaria del ejercicio de la abogacía presentada por el Lcdo. Carlos Rafael Carrión Crespo. El Tribunal examinó dicha solicitud junto con una moción presentada por el Colegio de Abogados de Puerto Rico. Tras considerar ambos documentos, el Tribunal declaró con lugar la petición. Por tanto, se autoriza la baja voluntaria del ejercicio de la profesión de abogado en Puerto Rico solicitada por el Lcdo. Carlos Rafael Carrión Crespo. La decisión fue acordada por el Tribunal y certificada por la Secretaria.

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Sentencia del Tribunal Supremo de Puerto Rico en el caso El Pueblo de Puerto Rico vs. Gisselle Adams Figueroa (CC-2007-28), emitida el 9 de marzo de 2007. La materia principal del caso versa sobre la supresión de evidencia obtenida mediante una orden de allanamiento. El Tribunal Supremo confirmó la resolución denegatoria emitida por el Tribunal de Apelaciones. Esta confirmación se produjo debido a que el Tribunal Supremo se encontraba igualmente dividido. Varios jueces emitieron opiniones disidentes respecto a la decisión. El Juez Presidente Hernández Denton y el Juez Asociado Rebollo López disintieron, argumentando que procedía la supresión de la evidencia en las circunstancias del caso. La Juez Asociada Fiol Matta también habría expedido el recurso. La decisión, al confirmar la resolución apelada por división del Tribunal, mantuvo la validez de la evidencia cuestionada.

Resumen:

Sentencia del Tribunal Supremo de Puerto Rico de 9 de marzo de 2007 en el caso CC-2005-1009. Los peticionarios Sunny Rosario Sánchez, Juan Carlos Ortega Cruz y Elmer Rivera Calderón demandaron a Nélida Jiménez Velázquez y otros. Los peticionarios eran empleados en posiciones de confianza en la Oficina de Servicios Legislativos (OSL). Fueron destituidos en enero de 1993 tras un cambio en la administración de la Asamblea Legislativa. Alegaron que sus despidos fueron motivados por su afiliación política, violando sus derechos civiles. Sostuvieron que la afiliación política no era esencial para el desempeño de sus funciones. Argumentaron que tenían una expectativa razonable de continuidad en el empleo. La demanda original, presentada en marzo de 1993, solicitó la expedición de un injuction y el pago de daños y perjuicios. El caso aborda reclamos de discriminación política en el contexto de despidos de empleados públicos.

Resumen:

Se trata de una opinión del Tribunal Supremo de Puerto Rico en el caso CC-2005-822, relacionado con un cobro de dinero y daños por incumplimiento de contrato. Los demandantes, Richard de Jesús Viñas y otros, presentaron una demanda contra "The House Factory, Inc." y Romualdo González Lugo, entre otros, por una obra de construcción no terminada. Reclamaban el pago de ciertas sumas por el incumplimiento del contrato de arrendamiento de obras. Los demandados "The House Factory, Inc." y Romualdo González Lugo fueron debidamente emplazados. Al no presentar sus contestaciones a la demanda dentro del término legal, el Tribunal de Primera Instancia anotó la rebeldía de estas partes. Previo a la demanda, la agencia DACO había emitido una resolución ordenando a "The House Factory, Inc." pagar una suma considerable, la cual no fue cumplida. El caso llegó ante el Tribunal Supremo mediante un recurso de certiorari desde el Tribunal de Apelaciones. La opinión detalla el historial procesal del caso, incluyendo la presentación de la demanda, el emplazamiento y la anotación de la rebeldía. Este documento sienta las bases para el análisis y la decisión del Tribunal Supremo sobre los méritos del recurso presentado.

Resumen:

Resolución del Tribunal Supremo de Puerto Rico con fecha de 9 de marzo de 2007. Trata sobre la renuncia al ejercicio de la abogacía por parte de la Lcda. Ciara I. Ríos Fontánez. El Tribunal consideró la moción presentada por la licenciada expresando su deseo de renunciar. También se tomó en cuenta la moción contestando resolución del Colegio de Abogados de Puerto Rico. En consecuencia, el Tribunal autorizó la baja voluntaria de la Lcda. Ciara I. Ríos Fontánez del ejercicio de la profesión legal.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió sentencia el 8 de marzo de 2007 en el caso CC-2005-884, un recurso de certiorari sobre cobro de dinero. El caso enfrentó al Estado Libre Asociado y al Secretario de Hacienda contra Supermercados Amigo, Inc. Se revisó una sentencia del Tribunal de Apelaciones que determinó que Supermercados Amigo, Inc. era importadora de carne de res. Por ello, no estaba relevada de la obligación contributiva impuesta por la Ley Núm. 95 de 29 de noviembre de 1992. El Tribunal de Apelaciones también había resuelto que dicha ley era constitucional y perseguía un fin legítimo gubernamental. Tras escuchar a las partes, el Tribunal Supremo se encontró igualmente dividido. Debido a esta división, se confirmó la determinación del Tribunal de Apelaciones. Varios jueces asociados emitieron opiniones disidentes.

Resumen:

Resolución del Tribunal Supremo de Puerto Rico con fecha de 8 de marzo de 2007. Atiende la solicitud de reinstalación al ejercicio de la notaría presentada por el Lcdo. Julio E. Rivera Aponte en el caso número TS-8231. La solicitud se presenta tras haber cumplido un término de suspensión de un (1) mes. Dicha suspensión fue decretada mediante Opinión Per Curiam de 19 de diciembre de 2006. Habiendo verificado el cumplimiento del término de suspensión, el Tribunal declara ha lugar la solicitud. Por tanto, se concede la reinstalación solicitada al ejercicio de la notaría al Lcdo. Julio E. Rivera Aponte.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico consideró la conducta profesional del abogado Juan G. Colón Rivera en dos casos consolidados. El Procurador General informó que el abogado no respondió a sus requerimientos sobre una queja referida por el Tribunal. Asimismo, el abogado tampoco respondió a los requerimientos del Colegio de Abogados sobre otra queja. El Tribunal emitió Resoluciones en ambos casos, concediéndole términos para mostrar causa por la cual no debía ser disciplinado, apercibiéndole que el incumplimiento podría conllevar la suspensión. A pesar de ser notificado personalmente de ambas Resoluciones, el abogado no compareció ni respondió. Ante su falta de respuesta y cumplimiento, el Tribunal procedió a resolver la cuestión planteada. Se reitera el deber de todo abogado de atender y cumplir con los requerimientos y órdenes del Tribunal.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico considera el caso AC-2005-55, que enfrenta a la Corporación del Fondo del Seguro del Estado y su Unión de Médicos. La cuestión central es si el Fondo cargó correctamente a la licencia por vacaciones de los médicos los días libres concedidos por la Gobernadora con cargo a vacaciones. La controversia se basa en la interpretación del Convenio Colectivo vigente entre las partes. Específicamente, el Artículo 20 del Convenio dispone que los días declarados feriados por Proclama u Orden Ejecutiva del Gobernador o Presidente, o por Ley, serán sin cargo a licencia. Durante la vigencia del acuerdo, la Gobernadora concedió varios días libres designándolos específicamente "con cargo a vacaciones". El Convenio también establece un Comité de Querellas para resolver disputas sobre su aplicación. El Tribunal debe ahora determinar si la acción del Fondo de cargar estos días a la licencia de los médicos se ajusta a lo pactado en el Convenio Colectivo.

Resumen:

Resolución del Tribunal Supremo de Puerto Rico con fecha de 6 de marzo de 2007. Se refiere al caso Ex Parte Raymond J. Russo Correa, identificado con el número TS-6368. La materia principal es la renuncia al ejercicio de la abogacía por parte del Lcdo. Raymond J. Russo Correa. El Tribunal consideró la carta presentada por el abogado expresando su deseo de renunciar a la profesión. También tomó en cuenta una moción presentada por el Colegio de Abogados de Puerto Rico. Mediante esta resolución, el Tribunal autoriza la baja voluntaria del Lcdo. Raymond J. Russo Correa de la profesión legal. El documento certifica la decisión acordada por el Tribunal.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico examinó la moción presentada por el Lcdo. Rafael Martínez Álvarez III solicitando su renuncia al ejercicio de la abogacía. Tras considerar también la moción contestando resolución presentada por el Colegio de Abogados de Puerto Rico, el Tribunal emitió una resolución. Mediante este documento, se autoriza al Lcdo. Rafael Martínez Álvarez III a darse de baja voluntariamente de dicha institución. La decisión fue acordada por el Tribunal y certificada por la Secretaria del Tribunal Supremo.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió una decisión el 2 de marzo de 2007 sobre la conducta profesional del abogado Luis A. Toro Goyco (CP-2004-4). El caso se originó a partir de una investigación del Departamento de Hacienda por deficiencias en sus planillas de contribución sobre ingresos para los años 1988, 1989 y 1990. Inicialmente enfrentando cargos graves bajo la Ley de Contribuciones Sobre Ingresos, el Lcdo. Toro Goyco llegó a un acuerdo de alegación. Como resultado, se declaró culpable de tres cargos menos graves por violación a la entonces vigente Sección 145(a) de la Ley de Contribuciones Sobre Ingresos. Esta opinión PER CURIAM aborda la acción disciplinaria derivada de estas violaciones contributivas. La suspensión del abogado de la práctica de la abogacía advino final y firme el 26 de marzo de 2007.