Marina Costa Azul v. Comisión de Seguridad

Este caso ante el Tribunal Supremo de Puerto Rico trata sobre la interpretación y aplicación de la Ley Núm. 458 de 2000. Dicha ley prohíbe adjudicar contratos gubernamentales a personas convictas por ciertos delitos, incluyendo fraude y malversación. La controversia surgió de una subasta de la Policía para adquirir embarcaciones de patrullaje, donde Marina Costa Azul y Marine World Distributors fueron los únicos licitadores. Marina impugnó la adjudicación a Marine World, alegando que su oferta no cumplía con los pliegos y que su principal accionista enfrentaba cargos federales por delitos cubiertos por la Ley Núm. 458, lo que descalificaba a la empresa. La Junta de Subastas de la Policía denegó la objeción de Marina y adjudicó la subasta a Marine World. Marina solicitó entonces una revisión administrativa de esta decisión. El Tribunal Supremo revisa el caso, siendo esta la primera vez que interpreta la Ley Núm. 458.