Casos del Tribunal Supremo (Página 67)

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Resolución del Tribunal Supremo de Puerto Rico con fecha de 20 de julio de 2007. El caso, identificado como TS-10788, trata sobre la solicitud de baja voluntaria del ejercicio de la abogacía presentada por la Lcda. Noemí E. Acaron Benn. El Tribunal examinó la moción de la peticionaria y la contestación del Colegio de Abogados. Mediante esta resolución, el Tribunal autoriza a la Lcda. Acaron Benn a darse de baja voluntaria de la profesión legal. La decisión fue tomada por una Sala de Verano del Tribunal.

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El documento aborda un procedimiento disciplinario contra el Lcdo. Julio César Colón Ortiz por conducta profesional. El caso se origina en la representación del abogado para ejecutar una sentencia de cobro de dinero y daños. Para hacer efectiva la sentencia, se intentó embargar un camión propiedad del deudor. Surgió una complicación cuando el deudor supuestamente vendió el camión antes del embargo, transfiriendo la licencia a otra entidad. A pesar de la transferencia y la objeción del nuevo poseedor, el abogado insistió en que se embargara el vehículo. El embargo se llevó a cabo, y la compañía que alegaba ser la nueva dueña presentó una moción para anularlo. Sin embargo, mientras la moción de nulidad estaba pendiente de resolución, el Lcdo. Colón Ortiz procedió a solicitar y llevar a cabo la subasta del camión embargado. Esta actuación, subastar el bien embargado sin esperar la decisión sobre la validez del embargo, es el objeto del procedimiento de conducta profesional.

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Sentencia del Tribunal Supremo de Puerto Rico (2007 TSPR 141, CC-2005-346). Examina la revisión de una decisión del Tribunal de Apelaciones. El Tribunal de Apelaciones revocó una Resolución de la Junta de Planificación. Dicha Resolución de la Junta había aprobado una consulta de ubicación. La consulta era para un proyecto residencial multifamiliar en San Juan. El proyecto, de 70 apartamentos, se ubicaría en una finca de 2.3998 cuerdas. La Junta había denegado una consulta previa para el mismo proyecto en 2002. La denegación inicial se basó en el incumplimiento con el Plan de Uso de Terrenos y el Plan de Ordenación de San Juan. Una segunda consulta idéntica fue sometida y posteriormente aprobada por la Junta. Las asociaciones de vecinos recurrieron la aprobación, logrando su revocación en Apelaciones, lo que llevó el caso al Supremo.

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El Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió una resolución el 17 de julio de 2007. Esta resolución establece medidas especiales para el cómputo de términos judiciales. El motivo es la concesión del jueves, 26 de julio de 2007, como día libre para los empleados de la Rama Judicial. En virtud de su facultad reglamentaria, el Tribunal dispuso que el 26 de julio de 2007 se considerará como un día feriado completo. Para ello, se aplicarán los Artículos 388 y 389 del Código Político de 1902. Cualquier término procesal que expire en esa fecha se extenderá automáticamente. La nueva fecha de vencimiento será el lunes, 30 de julio de 2007, el próximo día laborable.

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Resolución enmendada del Tribunal Supremo de Puerto Rico. Establece las Salas de Verano para el receso judicial de 2007. Se constituyen dos paneles de jueces para operar durante este periodo. El primer panel funcionará del 1 de julio al 17 de agosto de 2007, presidido por el Hon. Francisco Rebollo López. Lo integran también las Hon. Liana Fiol Matta y Anabelle Rodríguez Rodríguez. El segundo panel operará del 18 de agosto al 30 de septiembre de 2007, presidido por el Hon. Federico Hernández Denton. Este segundo panel incluye a los Hon. Jaime B. Fuster Berlingeri y Efraín E. Rivera Pérez. Los Presidentes de Sala tienen la facultad de sustituir jueces o convocar al Pleno. El Tribunal continuará emitiendo Opiniones y Sentencias durante todo el receso.

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El Tribunal Supremo de Puerto Rico, en su opinión del 29 de junio de 2007 para los casos consolidados CC-2007-350 y CC-2007-361, abordó si los tribunales pueden ordenar a la Asamblea Legislativa iniciar una enmienda constitucional. La cuestión surgió tras un referéndum donde el electorado favoreció un sistema legislativo unicameral. Se examinó la exigibilidad judicial del mandato de la Ley Núm. 477 de 23 de septiembre de 2004, que autorizó dicho referéndum. El Tribunal analizó los postulados del sistema republicano y el procedimiento de enmienda constitucional según el Artículo VII, Sección 1 de la Constitución. Concluyó que la Ley Núm. 477 es contraria a esta disposición constitucional, que delega la facultad de iniciar enmiendas en la Asamblea Legislativa. Por lo tanto, el mandato de la Ley Núm. 477 fue declarado inoficioso y no exigible judicialmente.

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El Tribunal Supremo de Puerto Rico atiende un caso de injunction y daños y perjuicios que involucra a la Sociedad Española de Auxilio Mutuo (Hospital Auxilio Mutuo). La controversia se relaciona con el uso de las oficinas en el edificio Torre del Auxilio Mutuo, construido por la SEAM para profesionales de la salud. El edificio fue sometido al régimen de propiedad horizontal mediante una escritura matriz. Dicha escritura estableció un listado taxativo que especificaba la especialidad médica asignada a cada oficina individual. Por ejemplo, la oficina 518 fue designada para Otorrinolaringología y la oficina 702 para Cardiología. La escritura matriz declaró explícitamente el propósito del edificio y el uso específico designado para cada unidad. La asignación de especialidades evolucionó durante el desarrollo del proyecto según la demanda de los médicos interesados. La escritura matriz final reflejó estos cambios, detallando el número de oficinas para cada especialidad, incluyendo quince para Cardiología.

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Este documento es una decisión del Tribunal Supremo de Puerto Rico en el caso CC-2005-1208, que trata sobre una reclamación de compensación por despido. El Tribunal se propone interpretar y aplicar las Reglas 15.3 y 51.7 de Procedimiento Civil y el Art. 1.06 de la Ley General de Corporaciones. El caso se origina con Jessica Berastain, quien fue contratada como recepcionista por COMTEC Communication y renunció a su empleo anterior. Berastain fue despedida por el presidente de COMTEC al tercer día de trabajo, supuestamente sin causa y sin recibir pago por el tiempo trabajado. El Departamento del Trabajo determinó que hubo discriminación y ordenó su reinstalación e indemnización. Ante la negativa de la empresa, el Secretario del Trabajo presentó una querella judicial contra COMTEC y sus principales en representación de Berastain. La decisión aborda este litigio, centrándose en los aspectos procesales y de derecho corporativo pertinentes al caso de despido.

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Esta resolución del Tribunal Supremo de Puerto Rico establece la integración de las Salas de Verano para el receso de 2007. Conforme a la Regla 4(d) de su Reglamento, se definen dos periodos de funcionamiento. La primera Sala operará del 1ro. de julio al 17 de agosto de 2007, presidida por el Hon. Francisco Rebollo López, junto a los Hons. Jaime B. Fuster Berlingeri y Anabelle Rodríguez Rodríguez. La segunda Sala funcionará del 18 de agosto al 30 de septiembre de 2007, con el Hon. Federico Hernández Denton como Presidente, acompañado por los Hons. Efraín E. Rivera Pérez y Liana Fiol Matta. Los Presidentes de Sala quedan facultados para sustituir jueces y convocar al Pleno si es necesario. El Tribunal continuará emitiendo y certificando Opiniones y Sentencias durante todo el receso de verano.

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Este documento del Tribunal Supremo de Puerto Rico trata sobre la conducta profesional de la licenciada María del R. Pujol Thompson. Se originó por una queja de un cliente, Oscar Morales Ramírez, quien alegó que la abogada no lo representó diligentemente ni se comunicó adecuadamente. El cliente indicó que su pleito judicial fue desestimado por inactividad debido a la falta de diligencia de la letrada. El asunto fue referido al Procurador General para investigación. El informe del Procurador General confirmó que el caso fue desestimado con perjuicio por los reiterados incumplimientos de la licenciada Pujol Thompson con las órdenes del tribunal. La abogada aceptó la desestimación pero negó no haberse comunicado con el cliente. El Procurador General señaló que la conducta de la licenciada probablemente violó el Canon 18 de Ética Profesional por falta de diligencia. El encabezado del documento indica que la suspensión de la abogada fue efectiva el 21 de junio de 2007.

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El Tribunal Supremo de Puerto Rico considera el caso CC-2005-1076, centrado en el procedimiento de revisión judicial aplicable bajo la Ley de Detectives Privados. La cuestión principal es si un tercero que solicita la cancelación de una licencia de agencia de seguridad debe utilizar el mismo remedio de juicio *de novo* ante el Tribunal de Primera Instancia que una parte cuya licencia es denegada o revocada. La agencia Ranger American presentó una querella ante la Policía contra Loomis Fargo, alegando que esta última obtuvo su licencia en contravención de la ley. Ranger American sostuvo que el principal ejecutivo de Loomis Fargo no cumplía con el requisito de tener licencia de detective privado, solicitando por ello la cancelación de la licencia de la compañía. El Tribunal debe determinar si el mecanismo de revisión *de novo*, estatuido para quienes sufren una denegación o revocación directa, se extiende a un tercero querellante que busca la cancelación de una licencia ya expedida.

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El Tribunal Supremo de Puerto Rico, en su resolución de 15 de junio de 2007 (TS-2311), examinó la solicitud de renuncia voluntaria al ejercicio de la abogacía presentada por el Lcdo. David Urbina Urbina. Tras considerar dicha solicitud y un escrito del Colegio de Abogados de Puerto Rico, el Tribunal declaró con lugar la petición. Mediante esta decisión, se aceptó la renuncia voluntaria del Lcdo. Urbina Urbina al ejercicio de la profesión legal.

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El Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió una Resolución el 15 de junio de 2007 en el caso In re: María Inés Cintrón Silva, identificado con el número TS-6415. La materia tratada es la baja voluntaria al ejercicio de la abogacía. Tras examinar una moción presentada por el Colegio de Abogados de Puerto Rico, el Tribunal autorizó a la Lcda. María I. Cintrón Silva a darse de baja como abogada. Esta decisión responde a la solicitud previa realizada por la licenciada. La resolución fue acordada por el Tribunal y certificada por la Secretaria.

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El Tribunal Supremo de Puerto Rico consideró el caso AC-2004-0064, presentado por la Asociación de Maestros y Educadores Puertorriqueños en Acción. La disputa se centró en la aplicación retroactiva de la Ley Núm. 96 de 2001, que enmendó la Ley Núm. 45 de 1998 sobre relaciones laborales en el servicio público. Bajo la Ley Núm. 45, los empleados no afiliados a un sindicato estaban exentos de cargos por servicio. La Ley Núm. 96 impuso un cargo por servicio de hasta el 50% de la cuota regular para estos empleados. Los apelantes argumentaron que la Ley Núm. 96 se aplicó retroactivamente a quienes ya eran no afiliados bajo la ley anterior. El Tribunal de Apelaciones había dictaminado que no hubo retroactividad porque el cobro inició tras la vigencia de la Ley 96. El Tribunal Supremo, en su opinión, determinó que la legislación sí fue aplicada retroactivamente en ausencia de una disposición expresa o circunstancias extraordinarias. Por consiguiente, el Tribunal Supremo revocó la sentencia del Tribunal de Apelaciones.

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Maximino Ramos Ramos demandó a Westernbank Puerto Rico por restitución de fondos y daños y perjuicios. El Tribunal de Primera Instancia falló a favor de Ramos, ordenando a Westernbank el pago de \$68,191.40 por restitución, \$15,000 por daños y \$2,500 por honorarios de abogado. Westernbank solicitó determinaciones de hecho adicionales y reconsideración, lo cual fue denegado. Inconforme con la sentencia, Westernbank apeló ante el Tribunal de Apelaciones. Durante el proceso apelativo, Westernbank solicitó utilizar una transcripción de la prueba oral realizada por un transcriptor independiente. Ramos Ramos se opuso al uso de dicha transcripción, argumentando falta de autorización judicial, que el transcriptor no era funcionario del tribunal y no se le tomó juramento. Este documento es una sentencia del Tribunal Supremo de Puerto Rico que revisa el caso. La controversia principal parece centrarse en la admisibilidad y uso de la transcripción de la prueba oral en la apelación.

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Este documento del Tribunal Supremo de Puerto Rico aborda una controversia entre el Partido Nuevo Progresista (PNP) y varios de sus miembros afiliados. La disputa se centra en las sanciones impuestas por el partido a los demandantes y la validez de dichas acciones. El caso plantea el delicado equilibrio entre la prerrogativa del Estado para mantener el orden electoral, la autonomía de los partidos políticos en sus asuntos internos y los derechos de los miembros afiliados bajo la Ley Electoral. El PNP recurre ante el Tribunal Supremo mediante auto de certificación. Solicita la revocación de una sentencia del Tribunal de Primera Instancia. Dicho foro declaró nulas las sanciones del PNP por violaciones al debido proceso y al reglamento interno. El tribunal de instancia ordenó la reintegración de los demandantes como miembros. También prohibió al partido obstruir sus derechos, incluyendo la postulación a cargos electivos en primarias. La decisión del Tribunal Supremo sopesará estos intereses fundamentales para el sistema electoral puertorriqueño.

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Este documento del Tribunal Supremo de Puerto Rico inicia un procedimiento disciplinario contra el licenciado Calixto López González. La querella se fundamenta en la alegada emisión de un cheque personal sin fondos suficientes con ánimo de defraudar. Específicamente, se refiere a un cheque de $8,101.44 emitido en septiembre de 1999 para cubrir un pago hipotecario de su esposa a la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Quebradillas. La Cooperativa intentó cobrar la deuda en múltiples ocasiones, incluyendo gestiones extrajudiciales y una carta certificada, sin éxito. Tras una querella policial y ante la Fiscalía, el abogado se comprometió a pagar, pero tampoco cumplió. La Cooperativa presentó entonces una demanda civil de cobro de dinero en marzo de 2001. El licenciado López González no contestó la demanda, lo que llevó a una sentencia en rebeldía en su contra. A pesar de la sentencia, el pago no se realizó, motivando la presentación de la querella disciplinaria ante el Tribunal Supremo.

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El Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió una Resolución el 8 de junio de 2007 en el caso identificado como TS-5456. La Resolución atiende una Moción solicitando baja voluntaria del ejercicio de la abogacía. Dicha Moción fue presentada por el Colegio de Abogados de Puerto Rico. El Tribunal autorizó la baja voluntaria del ejercicio de la abogacía de la Lcda. Enid González Alemán. La materia del caso es la baja voluntaria del ejercicio de la abogacía. La decisión fue acordada por el Tribunal y certificada por la Secretaria.

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Este documento es una opinión del Tribunal Supremo de Puerto Rico (2007 TSPR 118). Interpreta la Ley núm. 104 de 29 de junio de 1955 sobre reclamaciones y demandas contra el Estado. El enfoque principal es la extensión del requisito de notificación previa al Estado en demandas por daños y perjuicios basadas en culpa o negligencia. Se examina el alcance de la "justa causa" que puede eximir al reclamante de cumplir con dicha notificación. El caso específico involucra a Samuel Berríos Román, quien demandó al Estado por lesiones sufridas en un accidente de motora atribuido a las malas condiciones de una carretera. El señor Berríos no notificó al Estado dentro del término de 90 días requerido por la ley. Alegó como "justa causa" su desconocimiento del procedimiento legal. El Estado solicitó la desestimación de la demanda por incumplimiento del requisito de notificación. El Tribunal debe determinar si la ignorancia del procedimiento legal constituye una "justa causa" válida bajo la Ley núm. 104.

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Resolución del Tribunal Supremo de Puerto Rico en el caso In re: Celeste Mattina Canales, identificado con el número TS-4695. La materia principal abordada es la petición de reinstalación al ejercicio de la abogacía presentada por la señora Mattina Canales. El Tribunal Supremo revisó la moción titulada "Petición de Reinstalación al Ejercicio de la Abogacía". Mediante esta Resolución, fechada el 7 de junio de 2007, el Tribunal accedió a la petición de reinstalación. La decisión fue acordada por el Tribunal y certificada por la Secretaria del Tribunal Supremo.

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El Tribunal Supremo de Puerto Rico examina en esta opinión un caso de desahucio para determinar el alcance del derecho a hogar seguro. La controversia central es si este derecho, invocado para el beneficio de una menor, puede prevalecer sobre una propiedad que es bien privativo del padre. El caso surge de la relación entre Santos A. Candelario Vargas y Madeline Muñiz Díaz, quienes tuvieron una hija y convivieron en un inmueble adquirido por el señor Candelario Vargas durante el concubinato. Tras la ruptura, la señora Muñiz Díaz y la menor continuaron residiendo en la propiedad. El señor Candelario Vargas presentó una demanda de desahucio, alegando que el inmueble era suyo privativo. La señora Muñiz Díaz se defendió reclamando el uso de la propiedad como hogar seguro para la hija. Las partes estipularon que la señora Muñiz Díaz reconocía el carácter privativo del bien y desistía de otras reclamaciones. El Tribunal de Primera Instancia falló a favor del desahucio. El Tribunal Supremo revisa si la titularidad privativa cede ante la reclamación de hogar seguro en este contexto.

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Este documento es una opinión del Tribunal Supremo de Puerto Rico en el caso AC-2006-33. La controversia surge entre la Oficina del Comisionado de Seguros y la Asociación de Empleados del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. El caso trata sobre alegadas violaciones al Código de Seguros por parte de la Asociación. La disputa principal se relaciona con la reducción del monto del beneficio del Seguro por Muerte Sobreseído. Este seguro, administrado por la Asociación desde 1921, quedó sujeto a la jurisdicción del Comisionado de Seguros a partir de 1996. Debido a problemas de insolvencia, la Asociación cerró el ingreso de nuevos asegurados a este seguro en 1989 y mantuvo sus fondos separados. La Asociación solicitó la revisión de un dictamen del Tribunal de Apelaciones que confirmó las determinaciones del Comisionado. El Tribunal Supremo, en su opinión del 5 de junio de 2007, revoca el dictamen recurrido.

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El Tribunal Supremo de Puerto Rico examinó un caso de hostigamiento sexual en el empleo para delinear la obligación patronal de tomar medidas inmediatas y apropiadas. La decisión buscaba aclarar cuándo las acciones de un empleador son suficientes para liberarlo de responsabilidad ante tales incidentes. El tribunal concluyó que las medidas adoptadas por el patrono en este caso particular no fueron adecuadas. La recurrida, una empleada que llegó a ser gerente, demandó a su empleador y a un co-demandado. Se estableció que la empleada nunca tuvo acceso al manual de normas sobre hostigamiento sexual de la empresa. Tampoco recibió adiestramiento sobre su contenido ni se le instruyó para orientar a sus propios empleados al respecto. Estos hechos fueron relevantes para la determinación de la insuficiencia de la respuesta patronal. La opinión fue emitida por la Jueza Asociada señora Fiol Matta.

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El Tribunal Supremo de Puerto Rico aborda en el caso CC-2005-0511 la determinación de la pensión alimentaria. La controversia principal se centra en cómo considerar el número total de hijos menores de un padre alimentante al aplicar las tablas-guía. Se plantea si deben contarse todos los hijos, incluyendo aquellos con pensiones previamente fijadas o que conviven con el padre. El caso específico involucra a Osvaldo Cardona Rosa, padre de cinco hijos de distintas relaciones. Dos hijos son con la recurrida, Ivette Quiles Pérez, quienes residen con ella. Otros dos hijos conviven con el padre y su pareja actual. Un quinto hijo tiene una pensión alimentaria fijada previamente. La cuestión crucial es si se deben incluir los cinco hijos en el conteo para seleccionar la tabla-guía aplicable. Esto es fundamental para determinar el monto de la pensión de los hijos que solicitan la fijación o modificación.

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El Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió una orden el 1 de junio de 2007. La orden atiende una Moción Informativa presentada por el Colegio de Abogados de Puerto Rico. Mediante esta decisión, el Tribunal autoriza la baja voluntaria del ejercicio de la abogacía. La autorización se concede al Lcdo. David Pujol Pantinat. Este documento oficial certifica la acción tomada por el Tribunal Supremo en el caso identificado como TS-13,304. La decisión permite que el abogado cese voluntariamente su práctica legal.

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El Tribunal Supremo de Puerto Rico emite su opinión en el caso CC-2005-754. Juan M. Negrón Ayala fue hallado culpable por jurado de Asesinato en Primer Grado y violación a la Ley de Armas. Apeló la sentencia, alegando que el tribunal de instancia erró al no instruir al jurado sobre el delito de Homicidio Voluntario. El Tribunal de Apelaciones acogió este planteamiento, revocó las convicciones y ordenó un nuevo juicio. El Procurador General recurrió entonces al Tribunal Supremo, argumentando que la prueba presentada no requería la instrucción sobre homicidio voluntario. El Tribunal Supremo expidió el recurso de certiorari. En esta opinión, el Tribunal Supremo revoca la decisión del Tribunal de Apelaciones. Los hechos del caso, no disputados, involucran a Negrón Ayala disparando seis veces a Noel Colón González, causándole la muerte.

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El Tribunal Supremo de Puerto Rico aborda si la causal de divorcio por ruptura irreparable es válida en un proceso adversativo. La controversia surge de una demanda de divorcio presentada por una esposa invocando dicha causal de forma contenciosa. Los tribunales inferiores desestimaron la demanda, interpretando que la ruptura irreparable solo procede en un contexto no adversativo mediante petición conjunta. El Tribunal Supremo revisa su decisión previa en *Figueroa Ferrer v. Estado Libre Asociado*. Concluye que la causal de ruptura irreparable no existe en el ordenamiento jurídico puertorriqueño para demandas de divorcio contenciosas. Su aplicación se limita estrictamente a procesos no adversativos donde medie una solicitud conjunta de ambos cónyuges. La decisión busca unificar criterios ante interpretaciones divergentes de los paneles del Tribunal de Apelaciones. El Tribunal Supremo confirma la interpretación de los foros inferiores sobre el alcance limitado de esta causal.

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Este documento es una opinión del Tribunal Supremo de Puerto Rico en el caso CC-2006-528 entre Villamil Development y el Centro de Recaudaciones de Ingresos Municipales (CRIM). La materia trata sobre la impugnación de una imposición contributiva sobre propiedad inmueble. Villamil Development, dueña de un edificio en Hato Rey, objetó la tasación realizada por el CRIM para el año fiscal 2004-2005. La objeción se centró en la inclusión de mejoras hechas por inquilinos en el valor tributable de la propiedad. Villamil solicitó una revisión administrativa ante el CRIM para corregir la tasación. El CRIM denegó la solicitud de revisión. La denegación se fundamentó en el alegado incumplimiento por parte de Villamil de un requisito jurisdiccional. Dicho requisito, establecido en el Artículo 3.48 de la ley, exige el pago de la contribución dentro de 30 días antes de solicitar la revisión administrativa. Villamil había pagado el primer semestre con el descuento por pronto pago, lo que el CRIM consideró insuficiente para cumplir con el requisito de pago previo. El Tribunal Supremo emite su opinión para resolver esta controversia sobre la aplicación del requisito de pago previo para la revisión administrativa.

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El Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió una resolución el 1 de junio de 2007 en el caso In re: Roberto Torres Viera, identificado con el número TS-9143. La materia tratada fue la solicitud de reinstalación al ejercicio de la abogacía. El Tribunal examinó la segunda moción presentada por el querellado Roberto Torres Viera solicitando su reinstalación. Como resultado de dicho examen, el Tribunal acordó reinstalar a Roberto Torres Viera al ejercicio de la profesión legal. Esta decisión fue certificada por la Secretaria del Tribunal Supremo.

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Resolución del Tribunal Supremo de Puerto Rico con fecha de 1 de junio de 2007. El documento aborda la materia de baja voluntaria al ejercicio de la abogacía. Se refiere específicamente al caso de la Lcda. Amalia María Toledo Hernández. El Colegio de Abogados de Puerto Rico presentó una moción solicitando esta baja en nombre de la abogada. El Tribunal Supremo, atendiendo dicha moción, autorizó a la Lcda. Toledo Hernández a darse de baja como abogada. Esta decisión fue acordada por el Tribunal y certificada por la Secretaria.

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El Tribunal Supremo de Puerto Rico considera el caso del licenciado Marcos Morell Corrada. Morell Corrada fue declarado culpable en la Corte de Distrito Federal de delitos graves. Estos incluyen conspiración, interferencia con el comercio mediante extorsión y fraude contributivo. Por estos hechos, se le impuso una sentencia de sesenta meses de prisión, multas y libertad supervisada. El Procurador General de Puerto Rico presentó una querella ante el Tribunal Supremo. La querella se basa en las convicciones federales de Morell Corrada. Se argumenta que su conducta implica depravación moral. El Procurador General solicita la separación de Morell Corrada del ejercicio de la abogacía. Este documento es la decisión del Tribunal Supremo sobre este asunto.

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El Tribunal Supremo de Puerto Rico revisa un caso entre CMI Hospital Equipment Corp. y el Departamento de Salud. La controversia se origina en un contrato de arrendamiento de equipo entre CMI y SIMAH, quien posteriormente se declaró en quiebra. Tras la quiebra de SIMAH, el Departamento de Salud obtuvo autorización del Tribunal de Quiebras para tomar posesión y utilizar el equipo de CMI. El Departamento usó el equipo para continuar prestando servicios médico-hospitalarios de emergencia. CMI demandó al Departamento reclamando el pago por el uso de su propiedad, basándose en cobro de dinero y enriquecimiento injusto. El Tribunal Supremo aplica la normativa sobre la equidad a esta acción gubernamental autorizada por un tribunal federal. La decisión aborda si el Departamento, al utilizar el equipo bajo estas circunstancias excepcionales, incurrió en responsabilidad hacia CMI. Este caso examina los límites de la acción gubernamental y los derechos de los propietarios de bienes utilizados en situaciones de emergencia autorizadas judicialmente.

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Caso ante el Tribunal Supremo de Puerto Rico entre Carmen Rodríguez de Oller, viuda y beneficiaria, y Transamerica Occidental Life Insurance Company. La controversia gira en torno a la reclamación de beneficios de una póliza de seguro de vida tras el fallecimiento del asegurado, Rafael Oller Cestero. El asegurado había considerado cancelar la póliza, pero fue persuadido por el agente a dejarla caducar tras el término 1996-97. Transamerica envió avisos de falta de pago y posible caducidad. No obstante, la aseguradora también informó al asegurado sobre los valores acumulados de la póliza. Además, comunicó que se estaban realizando deducciones mensuales de dichos valores para el pago de primas, proyectando pagos similares para el año 1997-98. El asegurado falleció en octubre de 1997. La viuda presentó la reclamación de beneficios. El litigio se centra en determinar si la póliza estaba vigente al momento del fallecimiento, considerando las comunicaciones de la aseguradora y el uso de los valores acumulados para el pago de primas.

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La controversia principal en este caso ante el Tribunal Supremo de Puerto Rico (CC-2005-1229) es si los años de servicio prestados al Departamento de Salud antes de la privatización de un hospital deben incluirse en el cómputo de la mesada por despido injustificado. El caso surge de la reclamación de Lourdes Mercado Ortiz contra Adventist Health System Corp., la entidad privada que adquirió el hospital bajo la Ley Núm. 190. La señora Mercado Ortiz trabajó para el Departamento de Salud desde 1981 hasta la venta del hospital en 1998. Adventist Health la contrató, pero la despidió sin justa causa en 2001. Ella demandó bajo la Ley Núm. 80, buscando que se incluyeran sus años de servicio gubernamental en el cálculo de la mesada. Adventist Health sostuvo que el concepto de patrono sucesor no aplicaba a ese período. El Tribunal Supremo determinó que los años de servicio con el Departamento de Salud antes de la privatización no deben considerarse para calcular la mesada pagadera por la entidad privada.

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El caso versa sobre la solicitud de destitución de un albacea testamentario y el proceso apelativo subsiguiente. Gerardo García Ramis fue designado albacea de la sucesión de Jorge Serrallés Porrata-Doria y obtuvo las cartas testamentarias correspondientes. Los herederos solicitaron la remoción del albacea, pero el Tribunal de Primera Instancia denegó dicha petición. Los herederos apelaron esta decisión ante el Tribunal de Apelaciones. Sin embargo, el recurso de apelación fue presentado doce días después de expirado el término legal para recurrir. A pesar de la extemporaneidad, el Tribunal de Apelaciones acogió el recurso como uno de certiorari. El Tribunal Supremo revisa ahora la determinación del Tribunal de Apelaciones de aceptar un recurso presentado fuera del término jurisdiccional. La controversia central es si el Tribunal de Apelaciones tenía jurisdicción para considerar el recurso tardío.

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El Tribunal Supremo de Puerto Rico resolvió una controversia entre el Municipio de San Juan y Professional Research & Community Services. La cuestión principal era determinar el término prescriptivo aplicable a una deuda de patentes municipales establecida mediante una estipulación judicial. El Municipio había demandado a Professional por deficiencias en el pago de patentes correspondientes a varios años fiscales. Las partes llegaron a una estipulación para resolver el pleito de cobro. El Tribunal analizó si esta estipulación convertía la obligación legal tributaria en una deuda personal. Se determinó que, en virtud de la estipulación judicial, la obligación original se transformó en una obligación personal. Por tanto, la deuda resultante de la estipulación está sujeta al término prescriptivo de quince años dispuesto en el Código Civil. Esta decisión permite al Municipio cobrar la deuda dentro de ese plazo más extenso.

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Opinión del Tribunal Supremo de Puerto Rico en un caso de daños y perjuicios. Los peticionarios, Luis D. López Cotto y Jessica Meletiche Hernández, demandan a Western Auto y otras entidades. El caso se origina por un incidente en el que el empleado Luis D. López Cotto fue encerrado en un baño por compañeros de trabajo y rociado con un extintor de fuego. Se alega que la gerencia conocía la situación de riesgo en el baño. Como consecuencia, López Cotto sufrió daño pulmonar permanente y desorden de estrés postraumático. La Corporación del Fondo del Seguro del Estado clasificó el suceso como un accidente de trabajo, ordenando compensación bajo la ley aplicable. La opinión del Tribunal Supremo, emitida el 17 de mayo de 2007, aborda este litigio. El caso probablemente examina si el incidente constituye un accidente de trabajo cubierto exclusivamente por la ley especial o si permite una reclamación civil por daños.

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El Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió una resolución en el caso CC-2007-218, que involucra a Moisés Figueroa Agosto y Luis Delgado Colón como peticionarios frente a El Pueblo de Puerto Rico. La materia del caso se relaciona con cargos bajo los Artículos 401 y 412 de Sustancias Controladas. Los peticionarios presentaron una solicitud de certiorari ante el Tribunal. Tras examinar la solicitud, el Tribunal resolvió declararla "no ha lugar". Esta decisión fue adoptada por la mayoría del Tribunal. Sin embargo, la resolución contó con la disidencia del Juez Asociado señor Rebollo López, quien emitió una opinión escrita. El Juez Asociado señor Rivera Pérez también disintió de la decisión de no ha lugar, aunque sin emitir una opinión escrita. La opinión disidente del Juez Rebollo López inicia su argumentación refiriéndose a la garantía constitucional contra registros y allanamientos irrazonables, destacando la importancia de proteger la libertad individual frente a la acción gubernamental.

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La Asociación Puertorriqueña de Importadores de Cerveza y otros presentaron un recurso de certiorari ante el Tribunal Supremo de Puerto Rico. El caso impugna la constitucionalidad del Artículo 2 de la Ley Número 69 de 30 de mayo de 2002. Dicha ley enmendó el Código de Rentas Internas para aumentar impuestos a bebidas alcohólicas, incluyendo la cerveza. Sin embargo, la Ley 69 concedió una exención contributiva escalonada a cervezas producidas por entidades con una producción anual menor a 31 millones de galones. Los importadores argumentaron que esta disposición favorecía la cerveza local y perjudicaba la importada. Alegaron que violaba la cláusula de comercio interestatal de la Constitución de EE.UU. y la Ley de Relaciones Federales. La demanda inicial en el Tribunal de Primera Instancia fue desestimada. El Tribunal de Apelaciones confirmó la desestimación. Los peticionarios acudieron al Tribunal Supremo señalando errores en la decisión apelada.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico emite sentencia en un caso de Cobro de Dinero originado en la Región Judicial de Humacao. La controversia se centra en un inmueble sobre el cual Nayri L. Collazo Vázquez tuvo un contrato verbal de opción de compra con José Antonio Casillas Fernández. Collazo entregó \$30,000.00 como parte del precio acordado y tomó posesión para realizar mejoras. Casillas, con consentimiento de Collazo, vendió la propiedad a Roberto Huertas Infante y Milka Mojica del Toro por un precio superior. Collazo demandó a los compradores alegando un acuerdo verbal para que le restituyeran el dinero entregado y el valor de las mejoras. Los demandados negaron la existencia de tal convenio y que se subrogaran en la posición de Collazo. Tras el fallecimiento de la demandante original, sus padres fueron sustituidos como peticionarios en el proceso judicial. El documento detalla los antecedentes fácticos y procesales que llevaron el caso ante el Tribunal Supremo.

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El Tribunal Supremo de Puerto Rico examinó la solicitud de reinstalación al ejercicio de la abogacía presentada por Rubén Rivera Vera. Tras considerar su petición y un escrito adicional, el Tribunal autorizó la reinstalación inmediata del abogado Rivera Vera. Sin embargo, el Tribunal lo censuró enérgicamente por haber incurrido en conducta violatoria de la Ley Notarial. Se hizo notar su aparente falta de entendimiento sobre la gravedad de dicha conducta. El Tribunal le apercibió que en el futuro no mostrará la misma leniencia. La decisión fue acordada por el Tribunal, aunque un Juez Asociado expresó que no lo reinstalaría.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió una resolución el 11 de mayo de 2007. La resolución aborda la solicitud de baja voluntaria del ejercicio de la abogacía. El caso involucra al Lcdo. Luis A. Colón Trinidad. El Colegio de Abogados de Puerto Rico presentó una moción solicitando esta autorización. El Tribunal examinó la moción presentada el 4 de abril de 2007. Mediante esta resolución, el Tribunal Supremo autorizó al Lcdo. Luis A. Colón Trinidad a darse de baja como abogado. La decisión responde a la solicitud de baja voluntaria presentada.

Resumen:

Este documento del Tribunal Supremo de Puerto Rico aborda una solicitud de revisión judicial procedente de la Junta de Planificación. El caso se origina con la consulta de ubicación presentada por Víctor S. Maldonado para desarrollar un parque industrial pesado en el Barrio Cotto Norte de Manatí. El terreno propuesto se ubica en la Cuenca Hidrográfica de la Laguna Tortuguero, con zonificación agrícola y de bosques interiores. La solicitud incluía una posible enmienda al Mapa de Zonificación Especial del área. Varias agencias gubernamentales evaluaron el proyecto, presentando opiniones diversas. Algunas agencias no tuvieron objeción, mientras que otras condicionaron su recomendación favorable a mejoras de infraestructura o a la realización de estudios ambientales y arqueológicos. El Municipio de Manatí endosó el proyecto por su potencial desarrollo económico. La Junta de Planificación solicitó al proponente la presentación de documentos adicionales, como una evaluación ambiental, para continuar con el proceso.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico revisa la destitución de Sonia M. Vázquez Cintrón, Directora de la División de Préstamos Especiales y Recobros del Banco de Desarrollo Económico. La controversia principal es determinar si medió justa causa para su despido. El Banco la destituyó alegando incumplimiento en el pago de una garantía personal sobre un préstamo. Dicho préstamo correspondía a Hecson de Puerto Rico, Inc., corporación en la que la señora Vázquez Cintrón figuraba como oficial y garantizadora solidaria. El Banco fundamentó la destitución en conflicto de interés y deslealtad hacia la institución. Hecson había solicitado previamente financiamiento al Banco, el cual fue denegado en dos ocasiones por su precaria situación económica. La señora Vázquez Cintrón fue contratada por el Banco después de la solicitud inicial de Hecson. La decisión judicial analizará si los hechos constituyen justa causa para la terminación del empleo.