Casos del Tribunal Supremo (Página 6)

Resumen:

Este documento es una Resolución del Tribunal Supremo de Puerto Rico, fechada el 16 de abril de 2024. La materia tratada es la readmisión al ejercicio de la abogacía. La Resolución se refiere a la solicitud presentada por la Sra. María de los Ángeles Trigo Castillo. Ella solicitó un cambio de estatus para volver a ser abogada activa. El Tribunal Supremo examinó su solicitud. Mediante esta Resolución, el Tribunal Supremo proveyó ha lugar a la solicitud de readmisión al ejercicio de la abogacía. Se ordena al Secretario del Tribunal registrar el cambio de estatus a abogada activa en el Registro Único de Abogados y Abogadas de Puerto Rico (RÚA). Asimismo, se ordena a la Lcda. Trigo Castillo actualizar su información de contacto en dicho registro.

Resumen:

Aquí tienes un resumen conciso del documento: Este documento presenta la decisión del Tribunal Supremo de Puerto Rico en el caso CC-2023-0158, de fecha 12 de abril de 2024. El caso enfrenta a Legal Coop, una cooperativa de trabajo asociado, contra COSSEC. La cuestión principal a resolver fue determinar si COSSEC tiene la facultad de denegar un permiso de operación a una cooperativa de tipo diverso que ya ha sido autorizada por la Comisión de Desarrollo Cooperativo (CDCOOP) y el Departamento de Estado. El Tribunal concluyó que COSSEC no posee dicha facultad para denegar el permiso en esa etapa del proceso. Su autoridad se limita a regular y fiscalizar la entidad una vez que esta se ha incorporado formalmente como cooperativa. Esta decisión clarifica el alcance de las facultades de COSSEC en relación con la incorporación de cooperativas de tipos diversos en Puerto Rico.

Resumen:

Este documento es una Resolución del Tribunal Supremo de Puerto Rico, fechada el 8 de abril de 2024. La Resolución atiende la Moción presentada por la Sra. Lissette Marín Aponte solicitando su readmisión al ejercicio de la abogacía y la notaría. Tras examinar la moción y una certificación del Programa de Educación Jurídica Continua, el Tribunal decidió readmitir a la licenciada Marín Aponte a ambas profesiones. La Resolución también aprueba la fianza notarial expedida a su nombre. Se ordena remitir la fianza al Secretario de Hacienda y una copia certificada de la Resolución a este funcionario y al Secretario de Estado para su conocimiento. Se instruye a la licenciada Marín Aponte a recoger su sello y obra notarial depositada en el Archivo Notarial. Finalmente, se ordena a la Secretaría del Tribunal actualizar el Registro Único de Abogados y Abogadas.

Resumen:

Aquí tienes un resumen conciso del documento: Este documento es una decisión del Tribunal Supremo de Puerto Rico, fechada el 4 de abril de 2024, en el caso "In re: Juan A. Sánchez Rivoleda". El Tribunal ordena la suspensión inmediata e indefinida del licenciado Juan A. Sánchez Rivoleda del ejercicio de la abogacía y la notaría. La suspensión se fundamenta en su incumplimiento reiterado con los requerimientos de la Oficina de Inspección de Notarías (ODIN) y con órdenes previas del propio Tribunal Supremo. La ODIN había reportado deficiencias en la obra notarial del abogado, así como retrasos, cancelaciones y falta de corrección de dichas deficiencias, incluyendo asuntos arancelarios. A pesar de las comunicaciones y órdenes, el licenciado Sánchez Rivoleda no atendió los requerimientos. Adicionalmente, el Tribunal lo refiere a un procedimiento de desacato civil ante el Tribunal de Primera Instancia. La decisión resalta la necesidad de ejercer la facultad disciplinaria ante la falta de cumplimiento profesional.

Resumen:

Este documento es una Resolución del Tribunal Supremo de Puerto Rico, con fecha de 3 de abril de 2024, relativa al caso de Marcos A. Rivera Ortiz. La materia principal es su solicitud de reinstalación en el ejercicio de la abogacía. El Tribunal examinó la moción presentada y proveyó Ha Lugar a la solicitud de reinstalación. No obstante, el Tribunal también ordenó la activación de las Quejas AB-2023-0187 y AB-2023-0200 para que continúen su trámite correspondiente. El Juez Asociado señor Martínez Torres, al que se unió el Juez Asociado señor Feliberti Cintrón, emitió una expresión disidente. En su opinión, denegarían la solicitud de reinstalación hasta que se adjudiquen las quejas pendientes en contra del Sr. Rivera Ortiz, en protección del interés público. La Jueza Presidenta Oronoz Rodríguez se inhibió del caso.

Resumen:

Este documento es una decisión del Tribunal Supremo de Puerto Rico, con fecha de 1 de abril de 2024. El caso, identificado como TS-16,299, trata sobre la readmisión al ejercicio de la abogacía. La Sra. Annabelle L. Mullen Pacheco presentó una Moción solicitando cambiar su estatus a abogada activa en el Registro Único de Abogados y Abogadas. El Tribunal Supremo examinó la Moción presentada. Tras su examen, el Tribunal acordó proveer ha lugar a la solicitud de la Sra. Mullen Pacheco. En consecuencia, se autoriza su readmisión al ejercicio de la profesión legal. La decisión fue certificada por el Secretario del Tribunal Supremo.

Resumen:

Este documento corresponde al encabezado y detalles iniciales de una decisión del Tribunal Supremo de Puerto Rico, identificada como 2024 TSPR 29. Consolida los casos CC-2023-0305 y CC-2023-0306. Las partes involucradas incluyen a un grupo de individuos, Voili Voilà Corporation, David Chaymol, la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPE) y el Municipio Autónomo de Guaynabo junto a su Oficina de Permisos Urbanísticos. La materia principal del litigio se centra en el Derecho de Permisos. Específicamente, aborda la controversia sobre la exigencia de realizar una consulta de ubicación. Dicha consulta es requerida para obtener un permiso para un proyecto de uso ecoturístico. La necesidad de esta consulta se fundamenta en la clasificación del terreno donde se ubicaría el proyecto. El caso llegó al Tribunal Supremo a través de un recurso de Certiorari.

Resumen:

Este documento es una resolución del Tribunal Supremo de Puerto Rico, identificada con el número de caso EM-2024-0004. Fue emitida el 26 de marzo de 2024 y trata sobre la aprobación de cambios de estatus a inactivo para abogados. La resolución autoriza específicamente los cambios solicitados durante el periodo de febrero de 2024. El cuerpo del documento presenta una lista detallada de los abogados, incluyendo sus nombres y números de colegiación, a quienes se les concedió el estatus de inactivo. Esta publicación oficializa la lista de profesionales del derecho que pasaron a estatus inactivo en dicho mes. La resolución fue acordada por el Tribunal y certificada por el Secretario. En esencia, es un registro administrativo del Tribunal Supremo sobre el estatus de los abogados en Puerto Rico.

Resumen:

Este documento es la decisión del Tribunal Supremo de Puerto Rico en el caso CC-2023-0227 (2024 TSPR 27), con fecha de 20 de marzo de 2024. La materia principal es Derecho de Familia, específicamente la autoridad de los tribunales de Puerto Rico para hacer cumplir las órdenes de alimentos cuando el progenitor obligado reside fuera de la jurisdicción. La controversia central es si los foros locales pueden ordenar y registrar en otra jurisdicción de Estados Unidos una determinación de arresto por desacato civil por incumplimiento del deber de prestar alimentos. El Tribunal Supremo resolvió que sí tienen esta autoridad, aun cuando la persona resida fuera de Puerto Rico, siempre que se conserve jurisdicción sobre la persona. La decisión subraya el interés del Estado en proteger a los menores y asegurar el cumplimiento de las obligaciones parentales. El Tribunal Supremo revocó la determinación del Tribunal de Apelaciones, que había concluido que el foro primario carecía de las herramientas para hacer efectiva la orden. El caso fue devuelto al Tribunal de Primera Instancia para que gestione el registro en Florida de la obligación alimentaria del Sr. Miguel A. Montes Díaz hacia su hija, la Sra. Cecille M. Montes James, y de la determinación de desacato civil en su contra.

Resumen:

Este documento es una decisión del Tribunal Supremo de Puerto Rico, fechada el 15 de marzo de 2024, relativa a la conducta profesional del Lcdo. Aníbal E. Espinosa Valentín. El Tribunal ejerce su facultad disciplinaria para suspender al licenciado del ejercicio de la abogacía y la notaría. La suspensión es de carácter inmediato e indefinido. La razón principal de esta medida disciplinaria es el incumplimiento del licenciado con los requisitos del Programa de Educación Jurídica Continua (PEJC). Adicionalmente, el abogado desobedeció las órdenes previas emitidas por el Tribunal Supremo relacionadas con dicho incumplimiento. El documento contextualiza brevemente la obligación de cumplir con el PEJC para los abogados activos tras la eliminación de la colegiación obligatoria. Esta decisión subraya la seriedad con la que el Tribunal Supremo trata el incumplimiento de las regulaciones de educación continua y sus propias directrices.

Resumen:

Este documento es una decisión del Tribunal Supremo de Puerto Rico, emitida el 13 de marzo de 2024, en el caso CC-2023-0200. El caso enfrenta a R&B Power, Inc. contra la Junta de Subastas de la Administración de Servicios Generales. La decisión aborda dos cuestiones clave en derecho administrativo. Primero, si una agencia puede aplicar una disposición en una carta circular que es una regla legislativa sin seguir el procedimiento de reglamentación de la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme (LPAU). El Tribunal dictamina que no, reiterando la obligación de cumplir con la LPAU para adoptar reglas legislativas. Segundo, resuelve si la Junta Revisora de Subastas conserva jurisdicción sobre una revisión administrativa si la resuelve fuera del término original. El Tribunal concluye que sí mantiene jurisdicción, siempre que la determinación se emita antes de que venza el término para acudir al Tribunal de Apelaciones y antes de que se presente un recurso ante ese foro. La decisión reitera la doctrina sobre la reglamentación administrativa y extiende la doctrina de Flores Concepción a los procesos de la Junta Revisora.

Resumen:

Este documento es una decisión Per Curiam del Tribunal Supremo de Puerto Rico, fechada el 12 de marzo de 2024, en el caso CP-2017-0001. La decisión concierne la conducta profesional del Lcdo. José A. Soto Peña. El Tribunal determinó que el abogado infringió los Cánones 9, 12 y 38 del Código de Ética Profesional. Estas infracciones se derivan, en parte, de su reiterado incumplimiento con órdenes judiciales en un caso civil previo, incluyendo la incomparecencia a una conferencia. Como resultado de esta conducta antiética, el Tribunal ordenó la suspensión inmediata e indefinida del licenciado Soto Peña del ejercicio de la abogacía. La decisión menciona el historial disciplinario del abogado, que incluye una suspensión previa en 2017, su reinstalación en 2019 y una censura en 2020. El Tribunal enfatiza su obligación de disciplinar a los abogados por conducta antiética.

Resumen:

Aquí tienes un resumen conciso del documento: Este documento es una decisión del Tribunal Supremo de Puerto Rico, fechada el 8 de marzo de 2024, en el caso In re: Frank Pola Jr. (TS-7,102, AB-2023-0177). El Tribunal ejerció su poder disciplinario sobre el Lcdo. Frank Pola Jr. y decretó su suspensión inmediata e indefinida del ejercicio de la abogacía y la notaría. La sanción se impone por infringir el Canon 9 del Código de Ética Profesional. La acción disciplinaria surge de una queja presentada por una ciudadana. La querellante alegó problemas con una escritura de compraventa autorizada por el licenciado Pola en 1987, incluyendo la falta de inscripción y errores en el documento. Estos problemas impiden la venta actual de la propiedad. A pesar de los intentos de la querellante, el licenciado Pola no realizó las correcciones prometidas y dejó de responder a sus comunicaciones. Por estos incumplimientos, el Tribunal determinó imponer la suspensión.

Resumen:

Aquí tienes un resumen conciso del documento: El Tribunal Supremo de Puerto Rico, mediante decisión Per Curiam (TSPR 21, TS-3544) de 7 de marzo de 2024, decretó la suspensión inmediata e indefinida del Lcdo. Pedro Nicot Santana del ejercicio de la abogacía y la notaría. Esta severa medida disciplinaria se impuso por su reiterado incumplimiento con los requerimientos de la Oficina de Inspección de Notarías (ODIN) y con las órdenes emitidas por el propio Tribunal Supremo. La ODIN intentó coordinar la inspección de su obra notarial de los años 2018 a 2021 y sus Registros de Testimonios desde 2016, sin éxito. A pesar de las comunicaciones iniciales y las órdenes judiciales posteriores, el licenciado Nicot Santana no cumplió con sus obligaciones. El Tribunal recordó que el abogado ya había sido suspendido provisionalmente en 1992 por razones similares de inobservancia a requerimientos y resoluciones. Adicionalmente a la suspensión, el caso fue referido para un procedimiento de desacato civil ante el Tribunal de Primera Instancia.

Resumen:

Este documento es la Opinión del Tribunal Supremo de Puerto Rico en los casos consolidados CC-2022-0847 y CC-2023-0005, con fecha de 6 de marzo de 2024. La materia principal es el Derecho Constitucional, específicamente el reconocimiento del privilegio cualificado del periodista. El Tribunal aborda la cuestión de si existe este privilegio bajo la Constitución de Puerto Rico para proteger fuentes e informaciones confidenciales de periodistas, especialmente en el contexto de acciones por difamación. Por primera vez, el Tribunal Supremo reconoce la existencia de este privilegio cualificado como corolario de la libertad de expresión y de prensa. Sin embargo, este privilegio no es absoluto y puede ceder ante el interés de una parte en un caso de difamación. Para compeler la divulgación, la parte solicitante debe demostrar que lo publicado es falso y difamatorio, que hizo esfuerzos razonables para obtener la información por otros medios, y que conocer la fuente o información es necesario para establecer su causa de acción. El Tribunal modificó la decisión recurrida y devolvió el caso al Tribunal de Primera Instancia para que aplique estos nuevos criterios.

Resumen:

Este documento es una decisión del Tribunal Supremo de Puerto Rico, con fecha de 5 de marzo de 2024, en el caso disciplinario CP-2016-0001 contra el Lcdo. Carlos H. Raffucci Caro. El Tribunal ejerció su potestad disciplinaria debido a que el letrado quebrantó principios deontológicos y leyes que rigen la profesión. Se determinó que violó los Cánones 18, 35 y 38 del Código de Ética Profesional, así como Arts. 2 y 56 de la Ley Notarial y la Regla 5A del Reglamento Notarial. Como consecuencia, el Tribunal decretó su suspensión inmediata e indefinida del ejercicio de la abogacía y la notaría. El caso se originó a partir de una queja presentada en 2009 por la Sra. Zor Janet Alejandro Portalatín, quien realizó imputaciones serias sobre la conducta notarial del licenciado. La queja detalló incidentes relacionados con el manejo de escrituras públicas, incluyendo la alegada apropiación de un comprobante de presentación y el retiro de un documento del Registro de la Propiedad sin autorización. La decisión subraya la obligación del Tribunal de disciplinar a los letrados que se apartan de las normas profesionales.

Resumen:

Este documento es una Resolución del Tribunal Supremo de Puerto Rico, con fecha de 4 de marzo de 2024, correspondiente al caso número TS-21,132. La materia principal abordada es la reinstalación al ejercicio de la abogacía. La Resolución examina una Moción presentada por el Lcdo. Richard A. García Pérez en cumplimiento de una orden previa. El Tribunal determina que el licenciado ha cumplido satisfactoriamente con la orden emitida el 18 de enero de 2024. En consecuencia, el Tribunal Supremo ordena la reinstalación del licenciado Richard A. García Pérez al ejercicio activo de la profesión legal. Finalmente, se instruye al Secretario del Tribunal a registrar este cambio de estatus en el Registro Único de Abogados y Abogadas de Puerto Rico (RÚA).

Resumen:

Este documento es una Resolución del Tribunal Supremo de Puerto Rico, con fecha de 1 de marzo de 2024, en el caso In re: María del Mar Martín Hidalgo. La materia principal es la conducta profesional y la suspensión provisional del ejercicio de la abogacía y la notaría. La Resolución se emite luego de que la Lcda. Martín Hidalgo incumpliera una orden previa del 22 de febrero de 2024 que le requería mostrar causa por la cual no debía ser suspendida provisionalmente, tras recibir serios señalamientos. Debido a su incumplimiento y como medida de protección social, el Tribunal la suspende provisionalmente de ambas profesiones. La suspensión estará vigente hasta que concluya el procedimiento bajo la Regla 15 del Reglamento del Tribunal Supremo. Se le ordena notificar a sus clientes, devolver expedientes y honorarios no devengados, e informar a los foros judiciales y administrativos sobre su suspensión. Debe certificar el cumplimiento de estas obligaciones ante el Tribunal en un plazo de treinta días. Su fianza notarial queda automáticamente cancelada.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió una decisión disciplinaria en el caso TS-19,522, ejerciendo su facultad sobre la Lcda. Maritza Ortiz Sánchez. La acción se fundamenta en el incumplimiento de la abogada con el Canon 9 del Código de Ética Profesional. La conducta que motivó la intervención ocurrió durante un proceso apelativo iniciado por la licenciada Ortiz Sánchez en un caso de Mandamus que instó por derecho propio. El Tribunal de Apelaciones refirió el asunto al Supremo tras notar el comportamiento de la abogada. La licenciada Ortiz Sánchez realizó manifestaciones irrespetuosas y ofensivas sobre el sistema judicial, jueces y compañeros abogados. Calificó el proceso judicial como una "farsa adjudicativa" y las actuaciones judiciales como "charlatanería". También sugirió que las decisiones eran "por encargo" y que jueces y abogados padecían enfermedades mentales. Como resultado de esta conducta, el Tribunal Supremo decretó su suspensión inmediata e indefinida del ejercicio de la abogacía y la notaría.

Resumen:

Este documento es una Resolución del Tribunal Supremo de Puerto Rico, emitida el 28 de febrero de 2024. La Resolución aborda la Aprobación de Cambio de Estatus Inactivo de abogados. Su propósito principal es oficializar y publicar la lista de abogados a quienes se les autorizó cambiar a estatus inactivo durante el mes de enero de 2024. El documento detalla los nombres y números de registro de los abogados que obtuvieron dicha aprobación. Esta publicación sirve como certificación oficial de la decisión del Tribunal Supremo sobre estos cambios de estatus profesional.

Resumen:

Este documento, identificado como ER-2024-0001 y emitido por el Tribunal Supremo de Puerto Rico el 26 de febrero de 2024, trata sobre las enmiendas al Reglamento del Programa de Educación Jurídica Continua. El propósito principal es modificar la Regla 6, que regula el nombramiento, facultades y limitaciones de los miembros de la Junta de Educación Jurídica Continua. Las enmiendas buscan propulsar altos estándares de ética profesional y establecer un mecanismo de inhibición ante conflictos de interés. Se añade la Regla 6(G), que prohíbe a los miembros de la Junta ser proveedores o tener interés pecuniario en entidades proveedoras de educación jurídica continua durante su incumbencia. La Regla 6(H) permite a un miembro fungir como recurso de un proveedor acreditado, siempre y cuando se inhiba de cualquier determinación relacionada con dicho proveedor. Esta prohibición no aplica a Jueces miembros de la Junta que participen en actividades de la Academia Judicial Puertorriqueña. Las enmiendas entraron en vigor inmediatamente tras su aprobación.

Resumen:

Este documento es la decisión del Tribunal Supremo de Puerto Rico en el caso CC-2022-0662, A la Orden Shopping, S.E. v. Autoridad de Energía Eléctrica. La controversia principal giraba en torno a si la Ley de Contabilidad del Gobierno y las normas de contratación gubernamental aplican a la AEE. También se analizó si la ausencia de un contrato válido impedía una acción de expropiación forzosa a la inversa. El caso surge de la ocupación por parte de la AEE de una propiedad de A la Orden tras vencer un contrato de arrendamiento, sin pagar renta ni suscribir un nuevo acuerdo por un periodo. El Tribunal resolvió que la Ley de Contabilidad y las reglamentaciones de contratación *sí* aplican a la Autoridad de Energía Eléctrica. Sin embargo, determinó que esta aplicación *no* impide que proceda una acción de expropiación forzosa a la inversa. En consecuencia, el Tribunal revocó la sentencia del tribunal apelativo intermedio. El caso fue remitido al foro de instancia para que continúe los procedimientos. La decisión se alinea con pronunciamientos recientes del Tribunal en Ortiz Zayas v. ELA.

Resumen:

Este documento es la decisión del Tribunal Supremo de Puerto Rico en el caso CC-2023-0237, Luis P. Costas Elena y otros v. Magic Sport Culinary Corp. y otros, emitida el 16 de febrero de 2024. La cuestión principal abordada por el Tribunal fue determinar si la validez de una reclamación civil de compensación triple por daños bajo la Ley contra el Crimen Organizado y Lavado de Dinero de Puerto Rico requiere una convicción criminal previa. El Tribunal analizó si la causa de acción civil está directamente atada al resultado de una acción penal relacionada. Resolvió esta interrogante en la negativa. La decisión establece que no es un requisito indispensable contar con una convicción criminal para que proceda la reclamación civil. El fundamento de esta determinación es que la propia Ley contra el Crimen Organizado y Lavado de Dinero dispone que los remedios o acciones de naturaleza civil pueden instarse independientemente de la acción penal u otro remedio disponible en ley. El caso subyacente involucra una demanda por daños y perjuicios relacionada con alegadas construcciones ilegales. La opinión, emitida por el Juez Asociado señor MARTÍNEZ TORRES, aclara la naturaleza independiente de la acción civil de compensación triple bajo esta legislación.

Resumen:

Este documento es una Resolución del Tribunal Supremo de Puerto Rico, fechada el 15 de febrero de 2024, relativa a la reinstalación al ejercicio de la notaría. La Resolución atiende la solicitud de la Lcda. Laura A. Dahdah de Surillo. Tras examinar su moción, el Tribunal ordena su reinstalación al ejercicio del notariado. Además, se aprueba la fianza notarial otorgada por Universal Insurance Company para garantizar sus funciones. La Resolución dispone que la fianza sea remitida al Secretario de Hacienda para archivo, según lo dispuesto por ley. También se ordena enviar copias certificadas de la Resolución al Secretario de Hacienda y al Secretario de Estado para su conocimiento. Finalmente, se instruye a la peticionaria a recoger su obra notarial del archivo correspondiente.

Resumen:

Este documento, identificado como RG-2023-0001 y con fecha de 9 de febrero de 2024, recoge una decisión del Tribunal Supremo de Puerto Rico. El caso surge de un recurso gubernativo presentado por la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Isabela contra el Registrador de la Propiedad, Sección de Arecibo II. La controversia principal gira en torno a si se deben pagar aranceles al Registro de la Propiedad para inscribir una escritura de cancelación de hipoteca. Esta situación particular se da cuando un socio cooperativista ha saldado un préstamo hipotecario otorgado por la cooperativa. El Registrador había requerido el pago de aranceles de presentación e inscripción, citando la Ley del Arancel y la Ley del Registro de la Propiedad Inmobiliaria. La Cooperativa recurrió esta determinación. El Tribunal Supremo tuvo la oportunidad de resolver esta interrogante. La opinión emitida por el Juez Asociado señor Kolthoff Caraballo contesta la pregunta en la afirmativa. Por lo tanto, la decisión establece que sí corresponde el pago de aranceles registrales en estos casos.

Resumen:

Este documento es la decisión 2024 TSPR 10 del Tribunal Supremo de Puerto Rico, identificada como CC-2023-0257. El caso surge de un pleito de daños y perjuicios por alegada negligencia médica. La controversia principal aborda dos puntos cruciales de procedimiento civil y prescripción. Primero, la decisión establece el curso de acción que deben seguir los tribunales cuando una demanda no es emplazada dentro del término de 120 días que exige la Regla 4.3(c). Segundo, aclara cuándo comienza a transcurrir nuevamente el término prescriptivo que fue interrumpido por la presentación de una reclamación judicial. Esto es relevante cuando la demanda inicial es desestimada y archivada sin perjuicio precisamente por no haberse diligenciado el emplazamiento dentro del plazo legal. El caso fáctico involucró una primera demanda que no cumplió con el término de emplazamiento, una solicitud de desistimiento posterior a dicho término, una desestimación sin perjuicio y la subsiguiente presentación de una segunda demanda. La opinión, emitida por el Juez Asociado Señor Estrella Martínez, busca clarificar las consecuencias procesales y de prescripción en estas situaciones.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico examinó la Moción en Solicitud de Reinstalación al Ejercicio de la Abogacía presentada por Michelle H. Fuster Santana. La resolución, emitida el 24 de abril de 2023, aborda este pedido. El Tribunal advirtió a la peticionaria sobre la prohibición de suscribir documentos como licenciada cuando no lo sea. Se le apercibió que un futuro incumplimiento con esta norma podría conllevar una sanción. No obstante la advertencia, el Tribunal procedió a reinstalarla al ejercicio de la abogacía. La decisión fue acordada por el Tribunal y certificada por el Secretario.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió una Resolución el 31 de agosto de 2023 en el caso EM-2023-0010. Esta decisión, tomada por la Sala de Verano, aborda la aprobación de cambios de estatus de abogados. La resolución autoriza específicamente el cambio a estatus como Abogado(a) Inactivo(a). Dicha autorización corresponde a las solicitudes procesadas durante el mes de julio de 2023. El documento detalla una lista de quince abogados por nombre y número de colegiado. Estos profesionales del derecho han sido formalmente autorizados a pasar a estatus inactivo según lo dispuesto por el Tribunal.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico resolvió el caso El Pueblo v. Pedro Marrero, CC-2023-0102, el 29 de diciembre de 2023. La controversia principal giró en torno a si una confesión debe ser suprimida únicamente porque el detenido fue llevado ante un magistrado después de transcurridas 36 horas desde su arresto. El señor Marrero fue arrestado el 25 de febrero de 2020, confesó mientras estaba detenido y fue presentado ante el tribunal el 27 de febrero de 2020, al radicarse las denuncias. Posteriormente, solicitó la supresión de su confesión basándose en la demora. El Tribunal Supremo determinó que el transcurso de más de 36 horas entre el arresto y la presentación ante el tribunal, por sí solo, no es causa suficiente para suprimir una confesión. La decisión establece que deben evaluarse la totalidad de las circunstancias para determinar la admisibilidad de la evidencia. Este fallo clarifica la aplicación de las reglas de procedimiento criminal relativas al tiempo máximo de detención antes de la comparecencia inicial.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico resolvió el caso CC-2022-0796, con partes como St. James Security Services, LLC, la Autoridad de Energía Eléctrica y O'Neil Security Systems. La controversia central consistía en determinar si los servicios de vigilancia y protección exigidos en las facilidades de la AEE debían clasificarse como servicios profesionales. Esta clasificación es relevante para la aplicación de la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico. El Tribunal analizó los requerimientos estatales y federales que rigen estos servicios. Tras un cuidadoso análisis, el Tribunal concluyó que los referidos servicios de vigilancia y protección son, en efecto, servicios profesionales. La decisión fue emitida el 22 de diciembre de 2023.

Resumen:

Este Recurso Gubernativo ante el Tribunal Supremo aborda un asunto procesal en el derecho registral puertorriqueño. La controversia surge cuando un notario presenta escritos de recalificación a través del sistema digital Karibe tras recibir notificaciones de faltas de la Registradora. A pesar de la presentación oportuna, una falla tecnológica impidió la notificación por correo electrónico del aviso de solicitud de recalificación. El Tribunal Supremo interviene para determinar el efecto de esta falla tecnológica en el proceso registral. La decisión busca salvaguardar el principio de justicia fundamental en el ordenamiento jurídico registral. Se establecerá el camino a seguir en situaciones donde el cumplimiento de una parte se ve frustrado por fallas tecnológicas del sistema. El caso destaca la jurisdicción del Tribunal Supremo sobre estos recursos y la importancia de la notificación en el proceso de recalificación.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico decretó la suspensión inmediata e indefinida del Lcdo. Ricardo José Montalvo Negrón. La medida disciplinaria se impone por infringir el Canon 9 del Código de Ética Profesional. Un ciudadano, el señor Jerson Cintrón De Jesús, presentó una queja contra el letrado. El señor Cintrón De Jesús contrató al licenciado Montalvo Negrón en mayo de 2021 para un trámite de declaratoria de herederos, pagándole $400. El abogado no entregó recibo, no realizó el servicio ni devolvió los documentos o el dinero. A pesar de múltiples intentos del cliente, el letrado fue inubicable y no cumplió sus promesas de reunirse o entregar el trabajo. El Tribunal ejerce su facultad disciplinaria ante la displicencia del abogado hacia sus deberes profesionales y las órdenes judiciales. Esta decisión subraya la obligación de los abogados de actuar con diligencia y mantener comunicación con sus clientes. La suspensión busca proteger la confianza pública en la profesión legal.

Resumen:

Resolución del Tribunal Supremo de Puerto Rico con fecha de 20 de diciembre de 2023. El documento aprueba y certifica el cambio de estatus a Abogado(a) Inactivo(a) para un grupo de profesionales del derecho. Esta aprobación cubre las solicitudes autorizadas por el Tribunal durante los meses de octubre y noviembre de 2023. La resolución detalla los nombres y números de colegiado de los abogados que obtuvieron dicho cambio de estatus en octubre. Asimismo, lista los nombres y números de colegiado de aquellos a quienes se les aprobó el estatus inactivo en noviembre. La publicación de esta lista oficializa los cambios de estatus autorizados por el Tribunal Supremo en el periodo indicado.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico revisa una decisión del Tribunal de Apelaciones en un caso entre Banco Popular, los demandados Gómez Alayón y López del Valle, y Oriental Bank. La controversia principal gira en torno a si el Tribunal de Apelaciones abusó de su discreción al expedir un recurso de certiorari. Dicho recurso modificó una determinación del Tribunal de Primera Instancia. La determinación del foro primario dio por cumplida una orden y no sancionó a un tercero no parte en el pleito. El Tribunal Supremo concluye que el Tribunal de Primera Instancia actuó conforme a su discreción y dentro del criterio de razonabilidad. Sostiene que el Tribunal de Apelaciones no debió intervenir con las decisiones del foro primario sobre el manejo de los casos sin que existiera un abuso de discreción. Por lo tanto, el Tribunal Supremo revoca la determinación del Tribunal de Apelaciones. El caso original se relaciona con la ejecución de una sentencia sumaria obtenida por Banco Popular contra los demandados por una deuda.

Resumen:

Se constituyó una Sala Especial de Despacho del Tribunal Supremo de Puerto Rico para atender el caso MC-2023-0083, Michael L. Ruiz Matos contra el Departamento de Corrección y Rehabilitación, debido a una división previa entre los miembros de la sala regular. Esta sala especial, integrada por cinco jueces, consideró un escrito presentado por el peticionario. El Tribunal acogió dicho escrito, intitulado Reconsideración, como un recurso de certiorari. Tras su evaluación, la Sala Especial de Despacho resolvió declarar no ha lugar el certiorari presentado por el Sr. Ruiz Matos. La decisión contó con un Voto Particular Disidente emitido por el Juez Asociado señor Estrella Martínez, al cual se unió la Jueza Presidenta Oronoz Rodríguez.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió una resolución el 11 de diciembre de 2023. La resolución trata sobre la designación de los miembros y el Presidente de la Junta de Personal de la Rama Judicial. Actuando en virtud de la Ley de Personal para la Rama Judicial y su reglamento, el Tribunal procedió a realizar los nombramientos. Se nombró al Lcdo. Hernán Chico Fuertes como miembro por un término de dos años. La Lcda. Omayra Toledo De La Cruz fue designada como miembro por un término de tres años. El Lcdo. Hiram Morales Lugo fue nombrado Presidente de la Junta por un término de cuatro años. Estos nombramientos tienen efecto inmediato. Los designados ejercerán sus cargos hasta que sus sucesores sean nombrados y tomen posesión. El Tribunal también expresó su agradecimiento a la Lcda. Alba N. Caballero Fuentes y al Lcdo. Manuel J. Fernós por sus años de servicio al cesar sus funciones. La resolución ordena su publicación y notificación a las partes pertinentes.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió una decisión el 7 de diciembre de 2023 en el caso CP-2019-0008. La decisión concierne a los abogados Marcos A. Rivera Ortiz y John Ward Llambías. Ambos letrados son suspendidos del ejercicio de la abogacía de forma inmediata. La suspensión se fundamenta en infracciones a los Cánones 9, 12, 18, 19 y 38 del Código de Ética Profesional. El caso se originó a partir de una queja ética presentada en 2006 por un grupo de clientes. Los clientes alegaron conducta profesional indebida en la representación legal que les brindaron los abogados. La representación estaba relacionada con una demanda por beneficios de incapacidad contra una aseguradora. El tribunal concluye que las acciones de los abogados constituyen violaciones a los cánones éticos mencionados.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico, mediante Resolución de 6 de diciembre de 2023, autorizó un receso administrativo para el Programa de Educación Jurídica Continua. Dicho receso se extenderá desde el lunes 25 de diciembre de 2023 hasta el viernes 5 de enero de 2024, ambos días inclusive. Las labores del Programa se reanudarán a partir del lunes 8 de enero de 2024. Como consecuencia de este receso, todo término dispuesto en el Reglamento del Programa de Educación Jurídica Continua que venza durante este periodo se extenderá automáticamente hasta el martes 16 de enero de 2024. Es importante destacar que esta extensión de término no aplicará a los periodos de cumplimiento de tres años que venzan entre estas fechas, según lo establecido en la Regla 29 del Reglamento. La Resolución ordena la difusión pública de esta determinación.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico atiende la solicitud del Programa de Educación Jurídica Continua respecto a varios profesionales del Derecho. Tras la eliminación de la colegiación obligatoria en 2009, abogados previamente no colegiados adquirieron estatus activo y la obligación de cumplir con los requisitos de educación jurídica continua. El Programa identificó a varios abogados que incumplieron con esta obligación, habiendo adquirido estatus activo por los cambios legales o por el vencimiento de exoneraciones. Estos casos fueron referidos al Tribunal Supremo. El Tribunal concedió a los abogados múltiples oportunidades, incluyendo edictos públicos, para comparecer y cumplir con las horas de educación continua requeridas. Habiendo transcurrido los plazos sin que los profesionales comparecieran o cumplieran, y certificada su falta de cumplimiento por el Programa, el Tribunal ordena al Secretario cambiar el estatus de estos abogados a inactivo.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió Sentencia el 22 de noviembre de 2023 en el caso de certiorari CC-2022-0604, Marilyn Martínez Rodríguez v. Dr. Karl Lang Correa h/n/c Instituto Cardiopulmonar. El Tribunal confirmó el dictamen emitido por el Tribunal de Apelaciones. La controversia principal giró en torno a si un tribunal de primera instancia conserva jurisdicción para ordenar una vista en rebeldía tras anotar la rebeldía en un pleito bajo la Ley de Procedimiento Sumario de Reclamaciones Laborales. La Sentencia contó con una Opinión de Conformidad emitida por el Juez Asociado señor Martínez Torres, a la que se unieron otros jueces. Esta opinión estuvo de acuerdo con confirmar la desestimación sin perjuicio. Se emitió también una Opinión Disidente por el Juez Asociado señor Estrella Martínez, a la que se unió otro juez. La Jueza Presidenta concurrió sin opinión escrita. Dos jueces asociados no intervinieron en la decisión.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico emite una decisión disciplinaria contra el Lcdo. Javier Pérez Rojas. Se le impone una suspensión del ejercicio de la abogacía por treinta días. La sanción se debe a su incumplimiento con una orden previa del Tribunal Supremo. Dicha orden le exigía notificar inmediatamente una Sentencia que decretaba su suspensión inmediata e indefinida. Además, el licenciado no informó a su cliente ni al tribunal de instancia en un caso de deslinde y amojonamiento sobre su estado de suspensión. Este proceder constituyó una falta a sus deberes profesionales y al cumplimiento de los dictámenes judiciales. La decisión subraya la seriedad de no acatar las órdenes del Tribunal y de no mantener informadas a las partes y tribunales sobre el estado profesional del abogado.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico consideró si el Colegio de Peritos Electricistas es una parte indispensable en un pleito contra LUMA Energy. El pleito impugnaba la exigencia de LUMA de que peritos electricistas no colegiados compraran y cancelaran sellos del Colegio para emitir certificaciones eléctricas. El Tribunal concluyó que el Colegio es, en efecto, una parte indispensable en este caso. Esta determinación se basa en que un porcentaje de los ingresos por la venta de dichos sellos está legalmente asignado para el funcionamiento del Colegio. Por consiguiente, el resultado del litigio incide directamente en un derecho propietario del Colegio. El Colegio posee un interés común en la controversia, haciendo su presencia esencial para una adjudicación adecuada. El documento también menciona una sentencia previa que declaró inconstitucional el requisito de colegiación obligatoria para los peritos.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico interpretó disposiciones de la Ley de Patentes Municipales. El caso abordó la excepción al término prescriptivo para determinar deficiencias por declaraciones falsas o fraudulentas con intención de evadir el pago. Se examinó a quién corresponde el peso de la prueba sobre la intención de evadir. El Tribunal determinó que la municipalidad que alega la deficiencia debe probar que el contribuyente actuó con intención de evadir el pago. También se analizó si una declaración de volumen de negocio puede juramentarse ante una persona autorizada por leyes de Estados Unidos. La Corte resolvió que sí puede juramentarse ante tales personas, según permite la ley. Esta decisión clarifica aspectos clave del derecho tributario municipal sobre fraude, carga de la prueba y formalidades de las declaraciones.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico decretó la suspensión inmediata e indefinida del Lcdo. Gilberto Cuevas Vélez del ejercicio de la abogacía y la notaría. Esta acción disciplinaria se fundamenta en la infracción del Canon 9 del Código de Ética Profesional. La determinación surge a raíz de una queja presentada en su contra por autorizar una escritura de compraventa en 2019. Se alegó que el letrado procedió con la escritura a sabiendas de que la propiedad adeudaba una suma considerable en contribuciones. El Tribunal le notificó la queja en dos ocasiones, concediéndole términos para responder. Sin embargo, el licenciado Cuevas Vélez incurrió en inacción reiterada y no compareció ante el Tribunal. La suspensión se impone por su incumplimiento con los postulados éticos y su falta de respuesta al proceso disciplinario.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió una Resolución el 20 de octubre de 2023 en el caso identificado como TS-10,045. La materia principal abordada en esta decisión es la reinstalación al ejercicio de la abogacía. La resolución concierne al Sr. Miguel A. Montes Díaz, quien solicitó su regreso a la práctica legal. El Tribunal Supremo consideró una Moción en cumplimiento de orden presentada por el Director de la Oficina de Inspección de Notarías. Tras evaluar la moción, el Tribunal Supremo determinó reinstalar al Sr. Miguel A. Montes Díaz al ejercicio de la abogacía. La decisión fue acordada por el Tribunal y certificada por el Secretario.

Resumen:

Resolución del Tribunal Supremo de Puerto Rico con fecha de 17 de octubre de 2023. Autoriza formalmente el cambio a estatus de Abogado(a) Inactivo(a) para aquellos profesionales que solicitaron y obtuvieron dicha aprobación durante el mes de septiembre de 2023. El documento lista específicamente los nombres y números de registro de los abogados a quienes se les concedió este cambio de estatus. Un total de once abogados figuran en la lista aprobada por el Tribunal. Esta resolución certifica y publica la decisión judicial sobre estos cambios de estatus profesional.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió una resolución el 17 de octubre de 2023 en el caso Ex parte Miguel A. Serrano Urdaz. La materia tratada fue la readmisión al ejercicio de la abogacía. El Sr. Serrano Urdaz presentó una solicitud de reactivación en el Registro Único de Abogados y Abogadas (RUA). Tras examinar la solicitud, el Tribunal declaró ha lugar la petición. Se ordenó a la Secretaria registrar el cambio de estatus a abogado activo en el RUA. Asimismo, se le requirió al licenciado Serrano Urdaz actualizar su información de contacto en dicho registro.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió una Resolución el 13 de octubre de 2023. La Resolución atiende la Petición de reinstalación al ejercicio de la abogacía presentada por la señora María I. Torres Alvarado. El Tribunal examinó dicha petición, radicada el 5 de octubre de 2023. También consideró una Certificación del Programa de Educación Jurídica Contínua con fecha de 12 de octubre de 2023. Tras evaluar estos documentos, el Tribunal determinó reinstalar a la señora Torres Alvarado. Se ordena a la Secretaría del Tribunal Supremo realizar el cambio pertinente en el Registro Único de Abogados y Abogadas (RUA).

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico examinó la constitucionalidad del requisito de colegiación compulsoria para los técnicos de refrigeración y aire acondicionado. La controversia surgió de una demanda presentada por técnicos licenciados que impugnaron la validez de la afiliación obligatoria al Colegio de Técnicos y el pago de cuotas. Los demandantes alegaron que esta obligación, establecida por la Ley Núm. 36 de 1970, lesionaba su derecho a la libre asociación. Sostuvieron que existían alternativas menos onerosas para que el Estado regulara la profesión. La cuestión central ante el Tribunal era determinar si la colegiación compulsoria constituía el medio menos restrictivo para lograr la regulación estatal. En su decisión del 12 de octubre de 2023, el Tribunal concluyó que no lo era. Por consiguiente, declaró la inconstitucionalidad del requisito de colegiación compulsoria para ejercer la profesión de técnico de refrigeración y aire acondicionado en Puerto Rico.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ejerce su facultad disciplinaria para suspender a un miembro de la profesión legal. Se trata del Lcdo. Roberto Rivera Irizarry, quien es suspendido de manera inmediata e indefinida del ejercicio de la abogacía y la notaría. La sanción se impone debido a su reiterado incumplimiento con las órdenes del Tribunal. Existen dos quejas pendientes ante el Foro contra el letrado, consolidadas en este caso. Ambas quejas, presentadas por la Sra. Elizabeth Lugo López y la Sra. Elba González Padua, giran en torno a la misma herencia. Las querellantes alegan que el abogado fue contratado en 2003 para localizar fondos bancarios del causante. A pesar del tiempo transcurrido (20 años) y el pago de honorarios, el trabajo no se ha completado. La indiferencia del letrado hacia las órdenes del Tribunal para atender estas quejas ha motivado esta severa sanción disciplinaria.