Casos del Tribunal Supremo (Página 23)

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ordenó la suspensión inmediata e indefinida del Lcdo. Rolando A. Silva Iglecia. Esta medida disciplinaria se impuso por su reiterado incumplimiento con las órdenes de la Curia. El abogado no contestó las quejas presentadas en su contra ni respondió a las comunicaciones del Tribunal y la Oficina del Procurador General. El Procurador General concluyó que el licenciado Silva Iglecia violó los Cánones 9 y 12 del Código de Ética Profesional. La suspensión, efectiva a partir de la notificación el 7 de febrero de 2019, se fundamenta en la autoridad del Tribunal para disciplinar a los miembros de la profesión legal que no acatan sus mandatos.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ejerce su poder disciplinario para suspender inmediata e indefinidamente a la Lcda. Ana V. Piñero Parés de la profesión legal. Esta acción se fundamenta en la inobservancia de requerimientos de la Oficina de Inspección de Notarías (ODIN) y órdenes judiciales. La abogada ya había sido suspendida previamente en 2016. Tras una evaluación de su obra notarial incautada, ODIN reportó graves deficiencias en los protocolos de 2010-2014. Se encontraron protocolos sin encuadernación, foliación ni notas de apertura o cierre. Además, se reportó la ausencia de 59 escrituras públicas. El informe de ODIN también detalló deficiencias arancelarias significativas. La suspensión es efectiva a partir del 15 de enero de 2019.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió una decisión Per Curiam en el caso AB-2018-44, referente a la conducta profesional del Lcdo. Ovidio Ruiz Fontanet. Una querella fue presentada en su contra por una clienta, quien alegó problemas con su representación legal. La querellante indicó que el licenciado la refirió a su hijo, quien supuestamente la representó a pesar de estar suspendido de la profesión desde 2010. También se mencionan alegaciones de firmas falsificadas en documentos judiciales y la falta de entrega del expediente. El Tribunal notificó en múltiples ocasiones al Lcdo. Ruiz Fontanet para que respondiera a la querella. A pesar de los apercibimientos, el licenciado no compareció ni contestó dentro de los términos concedidos. Ante su incumplimiento, el Tribunal procede a suspenderlo del ejercicio de la abogacía. La suspensión es inmediata e indefinida, efectiva a partir del 15 de enero de 2019.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió una decisión el 4 de enero de 2019 en el caso TS-15,095, relacionado con Natacha Carlo Aybar. La materia tratada fue la solicitud de reactivación al ejercicio de la abogacía presentada por la Sra. Carlo Aybar. Tras examinar la moción, el Tribunal determinó declararla con lugar. Como resultado, se ordenó al Secretario del Tribunal registrar el cambio de estatus de la Sra. Carlo Aybar a abogada activa en el Registro Único de Abogados y Abogadas de Puerto Rico. Adicionalmente, se le instruyó a la licenciada Carlo Aybar revisar y confirmar que su información de contacto en dicho registro esté actualizada.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ejerce su poder disciplinario contra el Lcdo. Benancio Santana Rabell. El proceder surge de una queja por no completar trabajos notariales (escrituras) para los que recibió honorarios. Un informe de la Oficina de Inspección de Notaría (ODIN) recomendó su suspensión notarial y un referido sobre firmas cuestionables. Tras no responder a los requerimientos del Tribunal sobre el informe, el letrado fue suspendido inmediata e indefinidamente del ejercicio de la notaría. Se le ordenó además reembolsar honorarios y devolver documentos al cliente afectado. Posteriormente, el abogado presentó una moción de reconsideración alegando problemas de salud y traslado. La suspensión por conducta profesional se hace efectiva el 23 de enero de 2019, fecha de su notificación. La decisión aborda la inobservancia del abogado a los requerimientos del Tribunal y sus deberes profesionales.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico impone una suspensión al licenciado Arturo Pérez Guerrero por infringir varios Cánones de Ética Profesional. Las violaciones incluyen los Cánones 9, 12, 17, 18, 20, 35 y 38. El proceso disciplinario se inició luego de que el propio abogado informara al Tribunal sobre una suspensión previa de doce meses impuesta por la United States Patent and Trademark Office (USPTO). Tras recibir la comunicación del letrado, el Tribunal refirió el asunto a la Oficina del Procurador General para investigación. El Procurador General presentó un informe detallando las circunstancias. Con base en dicho informe y las infracciones éticas, el Tribunal determina la necesidad de suspender al abogado del ejercicio de la profesión. La suspensión será efectiva una vez que la Sentencia advenga final y firme conforme a la Regla 45 del Reglamento del Tribunal Supremo.

Resumen:

Resolución del Tribunal Supremo de Puerto Rico con fecha de 13 de abril de 2018. Establece la integración de las Salas de Despacho que operarán durante los meses de mayo y junio de 2018. Se constituyen dos Salas de Despacho conforme a la Regla 4(d) del Reglamento del Tribunal Supremo. La Primera Sala estará presidida por la Hon. Anabelle Rodríguez Rodríguez e integrada por los Jueces Pabón Charneco, Kolthoff Caraballo y Estrella Martínez. La Segunda Sala será presidida por el Hon. Rafael L. Martínez Torres e incluirá a los Jueces Rivera García, Feliberti Cintrón y Colón Pérez. Se dispone que, en caso de empate en la votación de una Sala, se designará a otro Juez o Jueza del Tribunal en orden de antigüedad para dirimirlo. La resolución fue acordada por el Tribunal y certificada por el Secretario.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió una Resolución el 28 de diciembre de 2018 en el caso In re: José A. Vázquez Borrero. La Resolución evaluó una moción urgente de solicitud de reinstalación presentada por el Sr. Vázquez Borrero. El Tribunal declaró con lugar dicha moción. Consecuentemente, se ordenó la reinstalación del Sr. José A. Vázquez Borrero al ejercicio de la abogacía. La Resolución también dispuso sobre el manejo de los créditos de educación jurídica continua que el licenciado tomó en exceso mientras estuvo suspendido. Se ordenó al Programa de Educación Jurídica Continua prorratear esos créditos para cubrir el tiempo activo previo a la suspensión y acreditar el excedente al nuevo periodo.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico examinó la aplicación de la doctrina de la ley del caso entre paneles del Tribunal de Apelaciones. La controversia surgió en un proceso penal contra Christian Serrano Chang, acusado de asesinato en primer grado por la muerte de un menor de dos años. El Ministerio Público le imputó una violación del Artículo 93(a) del Código Penal, alegando premeditación y/o maltrato intencional de menores. Un panel del Tribunal de Apelaciones contradijo un dictamen previo de otro panel del mismo foro. El panel justificó su decisión al considerar que el dictamen anterior era erróneo y podía causar una grave injusticia. El Tribunal Supremo resolvió que el panel del Tribunal de Apelaciones erró al contradecir el dictamen previo. La decisión reafirma que, bajo la doctrina de la ley del caso, un panel del Tribunal de Apelaciones no puede contradecir un dictamen de otro panel del mismo foro sobre controversias ya adjudicadas. El caso principal se centra en cargos de asesinato en primer grado relacionados con la muerte del niño. La vista preliminar encontró causa probable para acusar por asesinato en primer grado bajo el inciso (a) del Art. 93.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico decretó la separación del Lcdo. Juan L. Duquela Fuentes de la práctica de la notaría. Esta medida disciplinaria se impuso por su desobediencia a los requerimientos de la Oficina de Inspección de Notarias (ODIN). ODIN identificó múltiples deficiencias en su obra protocolar, incluyendo asuntos arancelarios y la falta de encuadernación. Además, el notario no entregó el Libro de Registro de Testimonios ni el tomo de Protocolo del año 2016. También incumplió con su obligación de comparecer a una reunión de reinspección final. A pesar de ser notificado de estas deficiencias y requerimientos, el licenciado Duquela Fuentes no cumplió cabalmente con las solicitudes de ODIN. Ejerciendo su poder disciplinario, el Tribunal determinó que su conducta ameritaba la suspensión. La suspensión de su notaría es efectiva a partir del 27 de diciembre de 2018.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico decretó la suspensión inmediata e indefinida del Lcdo. Jaime M. Rivera Ortiz de la práctica de la abogacía y la notaría. Esta medida disciplinaria se impone por su reiterado incumplimiento con los requisitos de educación jurídica continua. El licenciado Rivera Ortiz no cumplió con los periodos de 2009-2011, 2011-2013 y 2013-2015. A pesar de las múltiples prórrogas y oportunidades concedidas por el Programa de Educación Jurídica Continua, persistió en su inacción. El Tribunal le otorgó términos adicionales en agosto de 2017 y abril de 2018 para que cumpliera con los créditos adeudados. La orden de abril de 2018 le apercibió de las posibles sanciones, incluyendo la suspensión. Siete meses después de dicha notificación personal, el abogado no compareció ni evidenció cumplimiento. Ante su falta de respuesta y acatamiento de las órdenes, el Tribunal procedió con la suspensión. La suspensión es efectiva a partir del 9 de enero de 2019.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió una decisión disciplinaria contra el Lcdo. Ángel M. Collazo Santiago. La acción se fundamenta en la falta de pago de la deficiencia arancelaria acumulada por su obra notarial. El licenciado adeudaba una suma considerable en aranceles protocolares y de tomos de testimonios. A pesar de órdenes previas del Tribunal que le requerían saldar la deuda y subsanar otras deficiencias, el licenciado no realizó el pago. Se le concedieron términos y prórrogas para cumplir con sus obligaciones financieras. Aunque atendió parcialmente otras deficiencias y presentó informes adeudados, persistió en el incumplimiento del pago arancelario. Ante la falta de satisfacción de la deuda, el Tribunal ejerció su poder disciplinario. Como consecuencia, el Tribunal Supremo ordenó la suspensión del licenciado de la profesión jurídica.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió una decisión el 14 de diciembre de 2018 en el caso identificado como TS-1962. La materia principal del caso era la solicitud de reinstalación al ejercicio de la abogacía presentada por el Lcdo. Luis E. Dubón Otero. Para tomar su determinación, el Tribunal examinó el informe de la Oficina del Procurador General y el informe y recomendación de la Comisión de Reputación. También se consideró la contestación ofrecida por el peticionario a dichos informes. Tras evaluar la documentación presentada, el Tribunal Supremo resolvió reinstalar al Lcdo. Luis E. Dubón Otero al ejercicio de la profesión legal. La decisión fue acordada por el Tribunal y certificada por el Secretario.

Resumen:

El caso enfrenta a Héctor Saldaña Egozcue y otros peticionarios contra la Junta de Administración Central del Condominio Park Terrace y otros recurridos. La controversia se originó con querellas presentadas ante el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACo) impugnando acciones de la junta del condominio. El DACo emitió una resolución desestimando la mayoría de las reclamaciones. La cuestión principal ante el Tribunal Supremo es de derecho administrativo procesal. Se busca aclarar cómo se computa el término para solicitar revisión judicial de una moción de reconsideración no atendida por una agencia. La duda surge específicamente cuando el plazo de quince días establecido por la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme (LPAU) vence en sábado, domingo o día feriado. El Tribunal Supremo aborda la necesidad de definir la regla aplicable para el cómputo de este término en dichas circunstancias. La opinión establece el criterio para determinar la fecha límite para acudir a los tribunales en estos casos particulares.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ejerció su poder disciplinario contra el Lcdo. Armando A. Cardona Estelritz. Se ordenó su suspensión inmediata e indefinida del ejercicio de la abogacía y la notaría. La decisión se fundamenta en el incumplimiento del abogado de acatar las órdenes de este Tribunal. Específicamente, el letrado no respondió a los requerimientos de la Subsecretaria del Tribunal Supremo. Estos requerimientos estaban relacionados con una queja presentada por un cliente, Néstor L. Santiago Márquez. El cliente alegó que el abogado desistió de casos sin su consentimiento y no le informó sobre el estado procesal. A pesar de dos comunicaciones concediéndole términos para contestar la queja, el abogado no compareció. Esta conducta llevó a la remisión del asunto a la Oficina del Procurador General y, finalmente, a la imposición de la medida disciplinaria. La suspensión es efectiva a partir de la notificación al abogado.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico decretó la suspensión del Lcdo. Gerardo De Jesús Annoni de la profesión legal. La decisión se basa en su reiterado incumplimiento con los requisitos del Programa de Educación Jurídica Continua (PEJC) y su desobediencia a múltiples órdenes judiciales. El abogado no satisfizo las exigencias del PEJC ni pagó las multas correspondientes a los periodos 2007-2009, 2009-2011 y 2011-2013. Desde 2017, el Tribunal le concedió varios términos y prórrogas para que cumpliera y presentara la certificación requerida del PEJC. A pesar de las oportunidades brindadas y advertencias, el letrado no cumplió cabalmente con los requerimientos. Esta decisión disciplinaria se suma a una suspensión previa como notario en 2017. La suspensión de la abogacía será efectiva a partir del 4 de enero de 2019.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico consideró un procedimiento disciplinario contra el licenciado Armando F. Pietri Torres (TS-11,646) en el caso CP-2016-8. El caso se originó por las interacciones del abogado con su vecina, Carmen Lydia Hernández Maldonado, quien enfrentaba un divorcio de su esposo, Iván Rodríguez Morales. El abogado, admitido en 1996, sostuvo conversaciones con la señora Hernández Maldonado sobre sus problemas matrimoniales y el posible proceso de divorcio. Le ofreció consejos e incluso se comunicó con su esposo sobre la situación, incluyendo asuntos como el desalojo del apartamento. Estas acciones plantearon preocupaciones sobre posibles conflictos de interés o violaciones a la ética profesional. Una Comisionada Especial participó en el proceso. La decisión del Tribunal, fechada el 11 de diciembre de 2018, resultó en una suspensión para el abogado. La suspensión se hizo efectiva el 20 de diciembre de 2018, fecha en que se le notificó. Este documento detalla los antecedentes y hallazgos que llevaron a la medida disciplinaria impuesta por el Tribunal.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico considera si el mecanismo de revisión judicial provisto en un reglamento de la Policía es válido. El caso surge de la denegación por el Superintendente de la Policía de una solicitud de licencia de armas al señor Warner O. Barahona Gaitán. La denegación se basó en el incumplimiento con la Ley de Armas de 2000, específicamente por haber sido expulsado de la Policía. Tras una vista administrativa que confirmó la denegación, se planteó la controversia sobre el foro judicial competente para revisar la decisión. La cuestión central es si el Art. 25 del Reglamento Núm. 6244 de la Policía, que dispone un juicio de novo ante el Tribunal de Primera Instancia, es ultra vires. Se argumenta que este procedimiento reglamentario es contrario al contemplado en la Ley de Armas de 2000. El Tribunal Supremo debe determinar si la disposición reglamentaria excede la autoridad conferida por la ley. La materia del caso indica que el Tribunal establecerá que el Tribunal de Apelaciones es el foro adecuado para cuestionar las resoluciones finales del Superintendente bajo la Ley de Armas de 2000.

Resumen:

Este caso ante el Tribunal Supremo de Puerto Rico enfrenta a una cooperativa de ahorro y crédito con el Registrador de la Propiedad de Guayama. La controversia central gira en torno a la aplicación de la exención de aranceles registrales provista por la Ley de Cooperativas y la Ley de Aranceles del Registro de la Propiedad. Específicamente, se busca determinar si dicha exención beneficia a un tercero, en este caso un socio cooperativista, que adquiere un inmueble de la cooperativa. La disputa surgió tras la presentación de una escritura de compraventa donde la cooperativa vendió una propiedad a uno de sus socios. La cooperativa reclamó la exención para la transacción, pero el Registrador la denegó para la parte compradora. El Tribunal ejerce su jurisdicción para aclarar el alcance de la exención. Se establece que la exención registral para cooperativas solo aplica a documentos presentados para inscripción que sean a favor de las propias cooperativas o sus subsidiarias. Por tanto, no se extiende a terceros que adquieran bienes de la cooperativa, aunque sean socios.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico, en resolución del 5 de diciembre de 2018, atendió la solicitud de reinstalación al ejercicio de la abogacía presentada por Ricardo A. Álvarez Westwood. La resolución autoriza su reinstalación. Como consecuencia de esta decisión, se reactivan las quejas disciplinarias AB-2016-0075 y AB-2016-0317 que estaban pendientes contra él. Se le concede un término de veinte días para que presente su contestación a la queja AB-2016-0075. El Juez Asociado Martínez Torres emitió una expresión disidente, indicando que no proveería la reinstalación en esta etapa. Argumentó que la solicitud no debería considerarse hasta que se adjudiquen las quejas pendientes. Considera que el interés público requiere verificar la idoneidad ética antes de activar la licencia, abogando por un trato igualitario a otros solicitantes.

Resumen:

Este documento es una opinión del Tribunal Supremo de Puerto Rico (CC-2016-983) con fecha de 4 de diciembre de 2018. La cuestión principal a resolver es la admisibilidad de prueba de conducta específica sobre actos criminales en otro caso, de los cuales el acusado resultó absuelto. Se analiza si dicha prueba puede ser admitida bajo la Regla 404(b) de las Reglas de Evidencia para fines excepcionales como el modus operandi. El caso involucra a Danny Serrano Morales, acusado de robo agravado y posesión ilegal de armas. El Ministerio Público solicitó admitir evidencia de otro robo presuntamente cometido por el señor Serrano Morales poco después de los hechos del caso actual. La fiscalía argumentó que este otro robo mostraba el mismo patrón o modus operandi. Sin embargo, el acusado fue absuelto de los cargos en ese otro caso. La opinión busca determinar si la absolución impide la admisión de esta evidencia bajo la Regla 404(b).

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico atiende el caso del Lcdo. Francisco Joubert Lugo por su incumplimiento con los requisitos del Programa de Educación Jurídica Continua (PEJC). El abogado no completó los cursos obligatorios para múltiples periodos entre 2009 y 2015. Adicionalmente, desatendió los requerimientos de la Oficina del PEJC, incluyendo la falta de comparecencia a una vista y la omisión de respuesta a notificaciones. Tampoco efectuó el pago de multas por cumplimiento tardío. Ante esta situación, el Tribunal le ordenó en dos ocasiones mostrar causa por la cual no debía ser suspendido. Al no recibir respuesta a sus órdenes, el Tribunal se vio forzado a tomar acción. Por consiguiente, se decreta la suspensión inmediata e indefinida del licenciado Joubert Lugo del ejercicio de la abogacía y la notaría. Esta suspensión será efectiva a partir del 11 de diciembre de 2018.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió resoluciones en el caso CC-2018-647 el 4 de diciembre de 2018. Los peticionarios, Sonia Cedeño Aponte y Josué Orta Rivera, solicitaron un recurso de certiorari contra el Estado Libre Asociado y el Departamento de la Familia. El Tribunal denegó la petición de certiorari. Cuatro jueces asociados (Pabón Charneco, Rivera García, Estrella Martínez y Colón Pérez) disintieron de esta decisión y hubieran expedido el recurso. El Juez Asociado Estrella Martínez emitió un voto particular disidente, al que se unieron otros dos jueces. Posteriormente, el Tribunal también denegó las solicitudes de los peticionarios para que el caso fuera atendido en pleno, se unieran casos y se celebrara una vista oral. Respecto a la solicitud de unión de casos, dos jueces asociados (Rivera García y Estrella Martínez) hubiesen provisto ha lugar.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico, mediante Resolución de 30 de noviembre de 2018, autorizó un receso administrativo para el Programa de Educación Jurídica Continua. Esta medida, recomendada por la Directora Ejecutiva, busca una sana administración y control de gastos. El receso se extenderá desde el viernes, 21 de diciembre de 2018, a las 5:00 p.m., hasta el viernes, 4 de enero de 2019. Las labores del Programa se reanudarán el martes, 8 de enero de 2019. Como consecuencia del receso, todo término dispuesto en el Reglamento del Programa que venza durante este periodo se extenderá automáticamente. La nueva fecha límite para dichos términos será el viernes, 11 de enero de 2019. Se ordena la inmediata difusión pública de esta Resolución.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico suspendió de manera inmediata e indefinida al Lcdo. Héctor R. Díaz Vanga del ejercicio de la profesión legal. La decisión se fundamenta en el incumplimiento del abogado con las órdenes del Tribunal en relación con tres asuntos disciplinarios pendientes. Estos casos (AB-2017-260, AB-2018-42, AB-2018-234) se originaron por quejas presentadas en su contra. A pesar de múltiples notificaciones y comunicaciones, el licenciado Díaz Vanga no respondió a las quejas ni acató las directrices del Tribunal. El abogado ya contaba con un historial de sanciones éticas previas, incluyendo una amonestación en 2011 y una censura en 2018. Su reiterada falta de respuesta y acatamiento a las órdenes judiciales motivó la severa sanción de suspensión indefinida.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ejerce su poder disciplinario contra la abogada Rebecca Santiago Méndez. La acción surge de una querella presentada por un cliente, el Sr. Juan Carlos Miranda Temes. El cliente contrató a la abogada en 2011 para tramitar una Declaratoria de Herederos y una Planilla de Herederos, pagando un adelanto de $750. La abogada incumplió con los requerimientos de la Oficina del Procurador General y provocó una dilación excesiva en el caso. No realizó las gestiones necesarias de manera diligente. Además, tardó en reembolsar los honorarios por los servicios no prestados. La letrada cuenta con un historial de suspensiones previas en su carrera profesional. Como resultado de esta conducta, el Tribunal ordena su suspensión del ejercicio de la abogacía. La suspensión es efectiva a partir del 4 de diciembre de 2018.

Resumen:

Resolución del Tribunal Supremo de Puerto Rico de 27 de noviembre de 2018. El documento aborda la solicitud de readmisión al ejercicio de la abogacía presentada por el Sr. Roberto Roldán Burgos. Tras evaluar la petición, el Tribunal determinó proveer con lugar la solicitud. En consecuencia, se ordena la reinstalación del Sr. Roldán Burgos a la práctica de la abogacía. La decisión fue acordada por el Tribunal y certificada por el Secretario.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico emite esta Resolución el 21 de noviembre de 2018, relativa a la Comisión para el Estudio y Evaluación de la Función Notarial en Puerto Rico. Dicha Comisión fue reconstituida en diciembre de 2016 con la tarea de actualizar las recomendaciones de un informe de 2010. Los trabajos de la Comisión se vieron afectados por los huracanes Irma y María, lo que provocó retrasos en su calendario. Debido a esto, la Comisión solicitó una extensión de término en noviembre de 2017, la cual fue concedida por el Tribunal. El 9 de noviembre de 2018, la Comisión presentó una nueva moción pidiendo otra extensión para cumplir con su encomienda. En esta última solicitud, la Comisión detalló el estado actual y el progreso de sus labores. La presente Resolución del Tribunal aborda esta solicitud más reciente de extensión de término.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico, en su decisión CC-2018-356 del 20 de noviembre de 2018, examinó el derecho de las partes a recibir copia de los informes sociales en casos de custodia, patria potestad o relaciones de familia. Los foros inferiores habían denegado esta solicitud a la parte peticionaria en un litigio de custodia entre un padre y la abuela materna, citando una decisión previa del Tribunal. El Tribunal Supremo aclaró su norma establecida en Colón v. Meléndez (1963). Determinó que los abogados de las partes en este tipo de casos tienen derecho a ser notificados y a recibir copia de los informes sociales. Esta decisión se fundamentó en la pertinencia de dichos informes para la controversia familiar. La opinión, emitida por el Juez Asociado Kolthoff Caraballo, establece una norma clara sobre el acceso a estos documentos cruciales.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió una Resolución en el caso CC-2018-637, Rafael L. Roig Pou y otros ex parte v. Registro Demográfico de Puerto Rico. La Resolución, fechada el 14 de noviembre de 2018, denegó la petición de certiorari presentada por los peticionarios. También concedió una solicitud de relevo y asunción de representación legal. Se hizo constar que el Juez Asociado señor Estrella Martínez emitió un voto particular disidente. A este voto se unieron la Jueza Presidenta Oronoz Rodríguez y el Juez Asociado señor Colón Pérez. Posteriormente, el 15 de noviembre de 2018, el Tribunal emitió una Resolución enmendada nunc pro tunc. Esta enmienda tuvo el único propósito de añadir al Juez Asociado señor Rivera García como parte del voto particular disidente. Ambas resoluciones fueron notificadas inmediatamente.

Resumen:

El Secretario del Tribunal Supremo, Lcdo. Juan Ernesto Dávila Rivera, ha presentado su renuncia al cargo, efectiva el 11 de noviembre de 2018. Su renuncia se debe a que asumirá el puesto de Presidente de la Comisión Estatal de Elecciones. Para asegurar la continuidad de las funciones del cargo, el Tribunal ha designado al Lcdo. José Ignacio Campos Pérez como el nuevo Secretario. Esta designación se realiza conforme a la Regla 9 del Reglamento del Tribunal. El nombramiento será efectivo inmediatamente después de que el Lcdo. Campos Pérez preste juramento. El nuevo Secretario ejercerá las funciones inherentes al cargo y aquellas que le asigne el Tribunal. La resolución fue acordada por el Tribunal y certificada por la Secretaria Interina. Se ordena su publicación inmediata en el portal de la Rama Judicial.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió una resolución el 13 de noviembre de 2018, identificada como EN-2018-7. El documento aborda la designación de la Directora Ejecutiva del Programa de Educación Jurídica Continua. En virtud de la Regla 8 del Reglamento de Educación Jurídica Continua, el Tribunal designa a la Lcda. María C. Molinelli González para ocupar dicho cargo. La designación es efectiva inmediatamente. El Juez Asociado señor Colón Pérez hizo constar una expresión discrepando del curso de acción seguido por la mayoría para el nombramiento. Argumentó que la facultad de designar funcionarios en cargos administrativos como este históricamente corresponde al Juez Presidente. La Juez Asociada señora Rodríguez Rodríguez disintió. La Jueza Presidenta Oronoz Rodríguez y el Juez Asociado señor Rivera García no intervinieron en la decisión.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico emite una resolución para despedir al Lcdo. Juan Ernesto Dávila Rivera, quien finaliza sus funciones como Secretario del Tribunal el 9 de noviembre de 2018. Se reconoce su laboriosidad, buena relación con el personal y excelente servicio brindado al pueblo. El licenciado Dávila Rivera tuvo una destacada trayectoria en el Tribunal, sirviendo previamente como Oficial Jurídico de dos Jueces Asociados antes de asumir la Secretaría en marzo de 2016. Durante su incumbencia como Secretario, agilizó y modernizó los trabajos de la Secretaría, implementando la notificación electrónica de Sentencias y Resoluciones. Recientemente fue confirmado para presidir la Comisión Estatal de Elecciones y como Juez Superior. El Tribunal expresa su agradecimiento por su contribución a la institución y le desea éxito en sus nuevos retos profesionales. Se destaca su compromiso con el servicio público y la excelencia a lo largo de su carrera. Una expresión concurrente de Jueces Asociados resalta sus cualidades personales y profesionales, deseándole lo mejor en esta nueva etapa.

Resumen:

Opinión del Tribunal Supremo de Puerto Rico (2018 TSPR 180) en el caso CC-2016-676. El recurso de Certiorari fue presentado por el Colegio de Médicos-Cirujanos y la Asociación de Laboratorios Clínicos. La controversia central es la validez de varios artículos de un reglamento. Este reglamento regula la negociación colectiva de los proveedores y organizaciones de servicios de salud. Se analizan los requisitos y limitaciones impuestos a dicha negociación. El Tribunal evaluó estas disposiciones regulatorias bajo el Derecho Administrativo. La opinión fue emitida por el Juez Asociado Estrella Martínez. La decisión fue dictada el 7 de noviembre de 2018.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió una Resolución el 6 de noviembre de 2018 en el caso In re: Joel Ernesto Reyes Martínez (TS-17,543). Tras evaluar la moción presentada por el Lcdo. Reyes Martínez, el Tribunal ordenó su suspensión provisional del ejercicio de la abogacía. Esta suspensión se hizo efectiva el 7 de noviembre de 2018, fecha de su notificación. La Resolución también le exige al abogado mantener informado al Tribunal sobre el estado del procedimiento penal que enfrenta en el foro federal. Específicamente, se refiere al caso United States of America v. Joel Reyes Martínez, Criminal No. 18-cr-099-FAB. El Tribunal apercibe que, una vez la sentencia en el caso federal advenga final y firme, procederá a suspenderlo de manera indefinida de la profesión legal.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico, mediante decisión *Per Curiam*, ordena la suspensión del licenciado Enrique Verges Borrero del ejercicio de la abogacía y la notaría. La suspensión se fundamenta en el incumplimiento del letrado con órdenes del Tribunal. Específicamente, el licenciado no cumplió con los requisitos de educación jurídica continua (PEJC) para los periodos 2010-2012 y 2012-2014. A pesar de haber solicitado estatus inactivo en 2014 y alegar cumplimiento, el PEJC certificó su deficiencia. El Tribunal le requirió subsanar el incumplimiento o mostrar causa, pero el licenciado no atendió las órdenes de manera satisfactoria. Por consiguiente, se decreta su suspensión. La suspensión será efectiva a partir del 26 de noviembre de 2018, fecha de su notificación por correo certificado.

Resumen:

Resolución del Tribunal Supremo de Puerto Rico con fecha de 1 de noviembre de 2018. Trata sobre la solicitud de reinstalación al ejercicio de la abogacía y la notaría de la señora Verónica del Carmen Crespo Peña. El Tribunal examinó su moción y determinó que se cumplió la condición impuesta en una resolución anterior. Por consiguiente, se ordena la reinstalación de la señora Crespo Peña a ambas prácticas. Esta reinstalación está condicionada a la presentación previa de evidencia de una fianza vigente. El Juez Asociado Martínez Torres disiente, indicando que no procedería la reinstalación en esta etapa hasta que se diluciden quejas pendientes.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico dilucida una cuestión de derecho procesal civil relativa a las mociones de reconsideración y los términos para apelar. Se plantea si una parte afectada por un dictamen sustancialmente alterado por el foro primario, luego de una primera moción de reconsideración, tiene derecho a solicitar una subsiguiente reconsideración. La pregunta clave es si esta segunda moción interrumpe el término para recurrir al Tribunal de Apelaciones. El Tribunal Supremo resuelve que una subsiguiente moción de reconsideración, que cumpla con los criterios reglamentarios, sí tiene el efecto de interrumpir el término para apelar. Esto ocurre cuando dicha moción impugna una determinación que modificó sustancialmente el dictamen original como consecuencia de la primera solicitud de reconsideración. La decisión clarifica el procedimiento y los plazos para recurrir en situaciones donde las resoluciones judiciales son modificadas sustancialmente tras una reconsideración inicial.

Resumen:

Resolución del Tribunal Supremo de Puerto Rico con fecha de 30 de octubre de 2018 en el caso Ex parte Leslie J. Martínez Botet, identificado con el número TS-16,521. La materia tratada es la solicitud de reinstalación al ejercicio de la abogacía. La Sra. Leslie J. Martínez Botet presentó una moción solicitando dicha reinstalación. El Tribunal examinó la moción presentada. Mediante esta resolución, el Tribunal Supremo provee ha lugar la solicitud. Se ordena al Secretario del Tribunal registrar el cambio de estatus de la Sra. Martínez Botet. Su estatus debe ser cambiado a abogada activa en el Registro Único de Abogados y Abogadas de Puerto Rico (RÚA). La resolución fue acordada por el Tribunal y certificada por el Secretario.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico emite una decisión disciplinaria contra el notario Luis D. Méndez Cordero. La acción surge tras una queja de un cliente por errores en escrituras y la falta de entrega de copias. El Tribunal ordenó la incautación preventiva de su obra notarial y le requirió mostrar causa para no suspenderlo. La Oficina de Inspección de Notarías también le hizo requerimientos. A pesar de múltiples notificaciones de la Secretaría del Tribunal y de la ODIN, el licenciado Méndez Cordero no respondió ni compareció. Incluso admitió no haber recibido notificaciones iniciales por tener la dirección desactualizada y, tras una prórroga, tampoco contestó. Ante su falta de respuesta y comparecencia, el Tribunal procede a disciplinarlo. La suspensión del ejercicio de la notaría es efectiva a partir del 26 de noviembre de 2018.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió una Resolución en el caso Ex parte Joseph E. Valentín Cuebas, identificado con el número TS-11,548. La Resolución, fechada el 18 de octubre de 2018, aborda la solicitud del Sr. Valentín Cuebas para cambiar su estatus en el Registro Único de Abogados y Abogadas. Específicamente, la solicitud buscaba la reactivación al ejercicio de la abogacía, pasando a un estatus activo. Tras examinar la solicitud, el Tribunal determinó declararla con lugar. Como resultado, se ordena al Secretario del Tribunal registrar el cambio de estatus a abogado activo en el RÚA. Adicionalmente, se instruye al abogado Joseph E. Valentín Cuebas a revisar y confirmar que su información de contacto en dicho registro esté debidamente actualizada.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió una resolución en respuesta a una moción presentada por Televicentro of Puerto Rico, LLC. La moción solicitaba autorización para utilizar equipo audiovisual, incluyendo transmisión en vivo y grabación, para cubrir la vista de desinsaculación del jurado en el caso ELA v. Héctor O'Neill. El Tribunal denegó la solicitud. La decisión no fue unánime, reflejando diferentes posturas entre los jueces. El Juez Asociado señor Kolthoff Caraballo, con la concurrencia del Juez Asociado señor Martínez Torres, emitió un voto particular de conformidad explicando su posición sobre la entrada de cámaras a las salas. Otros jueces habrían concedido la solicitud o solicitado posturas adicionales a las partes.

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El Tribunal Supremo de Puerto Rico ordenó la suspensión inmediata e indefinida de la Lcda. Elba Nilsa Villalba Ojeda del ejercicio de la Notaría. Esta decisión surge tras evaluar una moción de la Oficina de Inspección de Notarías (ODIN) que notificaba su incumplimiento. La suspensión se basa en su reiterada falta en atender los señalamientos de la ODIN y subsanar las deficiencias en su obra protocolar. Se le concedió un término final e improrrogable de treinta días para corregir, a sus expensas, las faltas señaladas en un informe previo. Se le apercibió que el incumplimiento con este plazo podría acarrear sanciones disciplinarias más severas. Dichas sanciones podrían incluir la suspensión del ejercicio de la abogacía. La suspensión del ejercicio notarial es efectiva desde el 25 de octubre de 2018, fecha de su notificación.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico aprobó un nuevo Reglamento para la Asignación de Abogados y Abogadas de Oficio, resultado de un proceso de revisión y consulta pública. Este reglamento, que se integra a la Resolución ER-2018-4, moderniza y amplía las normas vigentes sobre asignaciones de oficio. Por primera vez, regula la asignación de representación legal en procedimientos de naturaleza civil, además de los casos penales. Introduce un sistema mecanizado para la selección, asignación y notificación de abogados mediante un módulo electrónico. Establece un esquema de exenciones aplicables por año fiscal y crea el concepto de zonas judiciales para una distribución más uniforme. Define con mayor precisión los derechos y deberes del abogado auxiliar y reconoce la figura del abogado asesor. Incorpora un mecanismo procesal para canalizar alegaciones de conflicto de intereses. Además, incentiva el trabajo pro bono realizado a través de entidades autorizadas como mecanismo de cumplimiento.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico resolvió la solicitud de reinstalación al ejercicio de la abogacía presentada por José Meléndez Figueroa. Mediante Resolución de 9 de octubre de 2018, el Tribunal declaró con lugar la moción de reinstalación. Se ordenó al Secretario del Tribunal cambiar el estatus del peticionario a abogado activo en el Registro Único de Abogados y Abogadas de Puerto Rico. Se le requirió actualizar su información en el RUA y se le advirtió sobre su obligación de mantenerla al día. La Resolución también dispuso la reactivación de la querella CP-2005-09. Al día siguiente, una Resolución nunc pro tunc enmendó la anterior para corregir el número de la querella a CP-2005-19 y hacer constar la no intervención de la Jueza Presidenta. Algunos jueces asociados disintieron de la decisión o del momento de la reinstalación.

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El Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió una resolución el 4 de octubre de 2018 en el caso TS-7552. La materia tratada fue la solicitud de reinstalación al ejercicio de la abogacía por parte del Sr. Salvador Ribas Dominicci. El Sr. Ribas Dominicci presentó su moción solicitando la reinstalación el 24 de septiembre de 2018. El Tribunal examinó la moción presentada. Se determinó que se había cumplido con la orden previa del Tribunal emitida el 3 de julio de 2018. Por consiguiente, el Tribunal proveyó ha lugar a la solicitud de reinstalación. La resolución fue acordada por el Tribunal y certificada por el Secretario.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico, en decisión del 4 de octubre de 2018, examinó la moción presentada por el Sr. Rafael J. Vázquez González. Dicha moción informaba sobre el cumplimiento de una orden previa y reiteraba su solicitud de reinstalación al ejercicio de la abogacía. Tras evaluar la presentación, el Tribunal dio por cumplida la orden emitida el 28 de agosto de 2018. En consecuencia, se autorizó la reinstalación del señor Vázquez González para ejercer la profesión legal. El Juez Asociado señor Martínez Torres expresó su disenso. Su oposición a la reinstalación en esta etapa se fundamenta en la existencia de una queja pendiente, identificada como AB-2013-483.

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El Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió una Sentencia en el caso de certiorari CC-2018-668, Raimundo Espinoza Chirino v. María José Andrade Núñez, con fecha de 3 de octubre de 2018. Mediante esta Sentencia, dictada al amparo de la Regla 50 de su Reglamento, el Tribunal examinó la petición de certiorari presentada. La decisión revocó el dictamen emitido por el Tribunal de Apelaciones el 29 de junio de 2018. El Tribunal Supremo ordenó al Tribunal de Primera Instancia que revalúe en los méritos una nueva solicitud de traslado de un menor de edad. Esta reevaluación debe considerar el tiempo transcurrido y los cambios en las circunstancias de las partes involucradas. La Sentencia contó con la disidencia del Juez Asociado señor Rivera García, a la cual se unieron otros jueces. La Jueza Asociada señora Rodríguez Rodríguez también disintió, específicamente sobre el uso de la Regla 50 para resolver la controversia, argumentando que limita el derecho de las partes a responder y debe reservarse para casos que requieran solución expedita sin evaluación de méritos.

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El Tribunal Supremo de Puerto Rico examinó la conducta ética de la Jueza Superior Gema González Rodríguez. El procedimiento disciplinario se originó por quejas de varios de sus antiguos clientes. Las reclamaciones surgieron del manejo de sus casos durante la transición de la abogada a la judicatura a finales de 2012. Se le imputó no informar a los promoventes sobre su nombramiento y su impedimento para continuar representándolos. También se le acusó de no completar las gestiones legales para las que fue contratada. La querella imputó violaciones a los Cánones 18, 19, 20, 27, 35 y 38 de Ética Profesional, así como al Canon 1 de Ética Judicial. El Tribunal evaluó estas faltas a la luz de la normativa ética aplicable. Como resultado, se impuso una suspensión inmediata de cuatro meses de empleo y sueldo a la jueza.

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El Tribunal Supremo de Puerto Rico revisó una sentencia del Tribunal de Apelaciones relativa a la suspensión de una licencia médica. La Junta de Licenciamiento y Disciplina Médica había suspendido la licencia de la Dra. Denys Cabral Jiménez, otorgada en 2004. La Junta fundamentó la suspensión en que la licencia fue emitida sin que la doctora cumpliera los requisitos de ley, específicamente, sin haber aprobado una de las reválidas médicas. Alegó poseer documentación sobre la puntuación real y posible alteración de documentos. El Tribunal de Apelaciones había ordenado la reinstalación de la licencia suspendida. La Junta solicitó al Tribunal Supremo que revocara esa sentencia. El Tribunal Supremo determinó que la Junta actuó válidamente al concluir que la doctora no obtuvo la nota de pase necesaria. Por ende, la doctora no cumplía con los requisitos legales para ser acreedora de la licencia. El Tribunal Supremo revocó el dictamen del Tribunal de Apelaciones. La decisión reafirma la facultad de la Junta para revocar licencias emitidas sin cumplir los requisitos de ley.