Casos del Tribunal de Apelaciones (Página 95)

Resumen:

Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de certiorari. La controversia surge en el Condominio Villa Caparra Plaza, donde un titular y arrendatarios instaron una querella bajo la Ley 140. Alegaron la remoción de un circuito para cargador de vehículo eléctrico en un estacionamiento privado y la restricción del servicio eléctrico. Los demandados, el Consejo de Titulares y la Junta de Directores, solicitaron la desestimación por falta de jurisdicción. Argumentaron que la Ley de Condominios (Ley 129-2020) otorga jurisdicción primaria y exclusiva al DACO para reclamos contra la Junta o Administrador. El Tribunal de Primera Instancia declaró No Ha Lugar la solicitud de desestimación. Los Peticionarios recurrieron en certiorari ante el Tribunal de Apelaciones para revisar dicha orden. El Tribunal de Apelaciones DESESTIMÓ la causa de acción por falta de jurisdicción.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico con fecha 11 de enero de 2024. La Sra. Juliana Del Toro Vargas solicitó la revocación de una Orden emitida por el Tribunal de Primera Instancia (TPI) el 28 de diciembre de 2023. Mediante dicha Orden, el TPI requirió a la parte querellante prestar una fianza de no residente por la cantidad de dos mil dólares (\$2,000.00) en un término de 60 días. Se apercibió que el incumplimiento con esta orden conllevaría la desestimación del pleito. El Tribunal de Apelaciones revisó el recurso presentado por la señora Del Toro Vargas. Tras deliberar, el panel decidió no intervenir con la decisión del foro primario. Se determinó que no surge del expediente que el TPI actuara mediando prejuicio, parcialidad, error manifiesto o mediante craso abuso de su discreción. Tampoco se divisaron fundamentos jurídicos que motivaran la expedición del auto instado al amparo de la Regla 40. Por consiguiente, el Tribunal de Apelaciones denegó la expedición del auto de certiorari solicitado.

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Compareció ante este Tribunal el Lcdo. David Efron mediante petición de certiorari solicitando la revocación de una Orden del Tribunal de Primera Instancia de 28 de septiembre de 2023. Dicha Orden se emitió en un caso de daños y perjuicios iniciado en 2005 contra Brighton Dorado Group, Inc. y otros. Tras desestimarse la demanda contra Brighton, se le concedieron costas y gastos por \$89,654.82, cuya ejecución fue ordenada. Se permitió descubrimiento sobre los bienes del señor Efron para satisfacer la deuda. Brighton solicitó la consignación de las costas o el prorrateo del salario de Efron, alegando que poseía otros bienes e ingresos. Efron se opuso, argumentando que su salario ya estaba parcialmente embargado y carecía de liquidez. El Tribunal de Primera Instancia ordenó a Efron consignar la suma principal de las costas, al entender que tenía otros bienes y fuentes de ingreso. Efron solicitó reconsideración, la cual fue denegada. El Tribunal de Apelaciones, tras evaluar la petición de certiorari contra esta determinación, denegó su expedición.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa un recurso presentado por el Dr. Jaca Montijo, C.S.P. contra dictámenes del Tribunal de Primera Instancia en un caso de despido injustificado y represalias. La apelada, Yarilis M. Fontán Pérez, había presentado reclamaciones al amparo de varias leyes laborales, incluyendo la Ley Núm. 80 y la Ley Núm. 115. El Tribunal de Primera Instancia declaró con lugar la acción por represalias y la reclamación por vacaciones acumuladas, ordenando pagos significativos por daños, penalidades y honorarios de abogado. También emitió una Sentencia Parcial concediendo mesada bajo la Ley Núm. 80 y salarios dejados de percibir, y una Orden eliminando alegaciones del apelante. El recurso de apelación solicitó la revisión de estos tres dictámenes. El Tribunal de Apelaciones confirma la Sentencia que resolvió las reclamaciones por represalias y vacaciones. No obstante, el Tribunal declara que carece de jurisdicción para revisar la Sentencia Parcial sobre la Ley Núm. 80 y la Orden que eliminó alegaciones.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una sentencia en el caso de Ángel Ruiz Morales IV contra Hewlett Packard Enterprise. El Apelante recurrió la desestimación de su demanda por discrimen en el empleo, represalias y despido injustificado, dictada por el Tribunal de Primera Instancia (TPI). El TPI había desestimado el caso original debido a la alegada falta de diligencia y reiterado incumplimiento del demandante con las órdenes judiciales. Antes de que la apelación fuera revisada en sus méritos, la parte Apelada presentó una moción solicitando su desestimación. La Apelada argumentó que el recurso de apelación fue notificado de forma defectuosa. Específicamente, la notificación se envió a una dirección anterior, ignorando el cambio de dirección registrado por la representación legal de la Apelada. El Tribunal de Apelaciones considera que el requisito de notificación es fundamental para el debido proceso. Al verificar la notificación defectuosa, el Tribunal concluye que no tiene jurisdicción para atender el recurso. Por lo tanto, el Tribunal de Apelaciones desestima la apelación presentada por Ángel Ruiz Morales IV.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en dos recursos relacionados a la expropiación forzosa de la Finca 27.661 en Río Grande. Concilio de Salud Integral de Loíza, Inc. (CSILO) impugnó decisiones del Tribunal de Primera Instancia en el caso iniciado por el Municipio de Río Grande. CSILO apeló una Sentencia Parcial y órdenes que desestimaron su reconvención en el procedimiento de expropiación. Adicionalmente, solicitó un auto de certiorari contra una Resolución que rechazó su pedido de desestimar la expropiación por falta de jurisdicción. El Municipio buscaba adquirir la propiedad donde se encontraba el antiguo Centro Judicial. El Tribunal de Primera Instancia ya había transferido el título de la propiedad al Municipio. La reconvención de CSILO se basaba en alegaciones de impedimento de uso de la propiedad por parte del Municipio. El Tribunal de Apelaciones confirma la Sentencia Parcial apelada, validando la desestimación de la reconvención. También deniega la expedición de los autos de certiorari solicitados por CSILO contra las órdenes y la resolución recurridas.

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El Tribunal de Apelaciones resuelve una petición de certiorari en un caso sobre cese y desista y daños bajo la Ley de Marcas de Puerto Rico. La parte peticionaria demandó alegando confusión por un nombre comercial similar y solicitó un remedio expedito. El Tribunal de Primera Instancia ordenó emplazar a la parte recurrida conforme a derecho, en lugar de emitir una citación para vista según solicitaba la peticionaria bajo el procedimiento especial de la ley. La peticionaria argumentó que esta orden violaba el carácter expedito del proceso legal aplicable. Tras presentar una moción de reconsideración que aún no ha sido resuelta, la peticionaria acudió al Tribunal de Apelaciones. El Tribunal de Apelaciones desestima el recurso de certiorari. La desestimación se fundamenta en que la petición es prematura.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre una petición de certiorari presentada por Carlos Luis Ortiz Ramos. El peticionario busca revocar una decisión del Tribunal de Primera Instancia que denegó su solicitud de desestimar una reclamación de pensión alimentaria. La madre, Karina Massiel Duarte Ventura, presentó la petición en representación de sus dos hijos menores, quienes residen y siempre han vivido en la República Dominicana. El padre argumenta que el tribunal de Puerto Rico carece de jurisdicción sobre la materia para casos de alimentos internacionales cuando los menores y la madre residen fuera de la isla. Sostiene que las leyes y guías de Puerto Rico no aplican y que el caso no debió ser referido a la Examinadora de Pensiones. El documento detalla los criterios legales para la expedición de un auto de certiorari en Puerto Rico, según la Regla 52.1 de Procedimiento Civil y la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones. El tribunal evalúa si procede revisar la determinación del foro primario a la luz de estos argumentos y estándares.

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Resuelve una apelación presentada por Caparra Construction, Corp. contra una Sentencia Parcial del Tribunal de Primera Instancia. Dicha sentencia parcial concedió una solicitud de sentencia sumaria a favor de Bird Group, LLC, desestimando la reclamación de Caparra en su contra. Caparra demandó originalmente a Bird Group y otras entidades por incumplimiento de contrato y cobro de dinero relacionado con trabajos de construcción. Alegó que fue subcontratada y que las demandadas, incluyendo Bird Group, incumplieron con el pago de trabajos realizados en "The Mall of San Juan". Bird Group solicitó la desestimación argumentando que no tenía relación contractual directa con Caparra y que era una entidad legal separada de DCK/Bird, la parte con la que Caparra alegó contratar. Caparra se opuso, alegando la existencia de controversias de hechos sobre el rol de Bird Group y su participación en las negociaciones. El Tribunal de Apelaciones revisó los fundamentos presentados por las partes. Tras evaluar el recurso, el Tribunal de Apelaciones confirmó la Sentencia Parcial apelada.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resuelve recursos presentados por el Concilio de Salud Integral de Loíza, Inc. (CSILO) en un caso de expropiación forzosa iniciado por el Municipio de Río Grande. El Municipio busca adquirir la Finca 27.661, donde ubicaba el antiguo Centro Judicial. CSILO apeló una Sentencia Parcial del Tribunal de Primera Instancia que desestimó su reconvención y cuatro órdenes interlocutorias. También solicitó certiorari sobre una Resolución que denegó su moción para desestimar la petición de expropiación por falta de jurisdicción. El Tribunal de Apelaciones confirma la Sentencia Parcial apelada que desestimó la reconvención de CSILO. Además, deniega la expedición de los autos de certiorari solicitados por CSILO. La decisión valida las determinaciones del Tribunal de Primera Instancia en cuanto a la desestimación de la reconvención y la jurisdicción sobre el caso de expropiación.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que declaró Ha Lugar una Moción de Sentencia Sumaria a favor de ARCO Construction Company, Inc. El apelante, Héctor Luis Barreto Cintrón, demandó a ARCO por incumplimiento de contrato y cobro de dinero. Alegó que ARCO lo contrató para servicios legales relacionados con una compraventa y le solicitó actuar como depositario de fondos, pactando honorarios del 7% sobre las cantidades recibidas. Barreto Cintrón sostuvo haber recibido y depositado dos cheques de gerente por un total de $556,000, los cuales fueron posteriormente devueltos por el banco. Reclamó a ARCO el pago de sus honorarios y daños. ARCO negó haber tenido comunicación o acuerdo contractual con el apelante, sugiriendo que fue víctima de un esquema de fraude y cuestionando la jurisdicción del tribunal. El foro primario desestimó la demanda mediante sentencia sumaria. El Tribunal de Apelaciones, tras revisar el caso, confirma la Sentencia apelada.

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Comparece ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico el señor Awadallah Odeh mediante recurso de certiorari. Solicita la revocación de una Resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó su solicitud de descubrimiento de prueba sobre los ingresos de la parte recurrida. La parte recurrida está compuesta por los abuelos y tío custodios de los menores involucrados en un caso de custodia y pensión alimentaria. La parte recurrida había solicitado ser eximida de presentar evidencia de sus ingresos para la vista de alimentos. El foro primario acogió esta solicitud, basándose en que el Reglamento 8529, Artículo 8, no utiliza los ingresos de abuelos custodios para computar la pensión alimentaria. El peticionario argumentó que el ordenamiento sí considera los ingresos de parientes custodios. El Tribunal de Apelaciones evaluó el recurso y los documentos presentados. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones decidió expedir y confirmar el dictamen impugnado del Tribunal de Primera Instancia. La cuestión de la custodia de los menores sigue pendiente en el foro primario.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resolviendo una apelación en un caso de cobro de dinero y ejecución de hipoteca. Los apelantes impugnaron una Sentencia Sumaria emitida por el Tribunal de Primera Instancia que declaró con lugar la demanda. La acción fue incoada originalmente por Banco Santander de Puerto Rico, luego sustituido por Estrella Residential II, LLC, debido al incumplimiento en el pago de un préstamo hipotecario otorgado en 2002. La parte demandante alegó que los apelantes dejaron de pagar las mensualidades desde enero de 2018. Los apelantes sostuvieron que la parte demandante no había acreditado la tenencia física del pagaré original. El Tribunal de Apelaciones revisó el dictamen apelado del foro primario. Por los fundamentos expuestos, el Tribunal de Apelaciones decidió modificar la Sentencia Sumaria. Una vez modificada, la sentencia del Tribunal de Primera Instancia fue confirmada.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa mediante certiorari una Resolución del Tribunal de Primera Instancia de Bayamón en un caso sobre alimentos, custodia y relaciones paterno/materno filiales. La peticionaria, quien comparece por derecho propio, solicitó acceso al Informe social forense preparado por la Unidad Social. El foro primario denegó su petición, condicionando el acceso al informe a que informara su representación legal. La peticionaria impugna esta decisión, argumentando que viola su derecho al debido proceso de ley y el acceso a la justicia. El Tribunal de Apelaciones anticipa expedir el auto de certiorari. Considera que la determinación del Tribunal de Primera Instancia debe ser revocada. La controversia central es si una parte que comparece por derecho propio tiene derecho a acceder directamente a un informe pericial clave en un caso de familia. La Sentencia introduce la naturaleza discrecional del auto de certiorari como mecanismo de revisión judicial.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una sentencia en reconsideración sobre la suspensión de la licencia de perito electricista de Nelson A. Hernández Pérez por la Junta Examinadora. La Junta suspendió la licencia por alegado incumplimiento con el Artículo 16, Inciso (H) de la Ley 115-1976. Tras recibir la notificación de suspensión, el señor Hernández Pérez presentó una moción ante la Junta. Sin esperar la resolución de dicha moción, acudió al Tribunal de Apelaciones mediante recurso de revisión judicial. El Tribunal desestimó inicialmente el recurso por prematuro, al considerar que carecía de jurisdicción. En esta reconsideración, el Tribunal reafirma su postura de desestimación. Explica que un recurso es prematuro cuando se presenta antes de que el foro administrativo haya resuelto lo que tenía ante su consideración. La presentación prematura carece de eficacia jurídica y priva al tribunal de jurisdicción en ese momento. Se mantiene la desestimación del recurso por prematuro, aunque se aclaran los fundamentos.

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Comparecen ante el Tribunal de Apelaciones Havana Corporation y Luis Alberto Veloz Lozada mediante recurso de certiorari. Solicitan la revisión de dos dictámenes del Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Bayamón, en un caso civil iniciado por Club Náutico de Vega Baja, Inc. El primer dictamen es una Resolución del 6 de noviembre de 2023 que denegó su solicitud de inhibición de la jueza Sarah Y. Rosado Morales. El segundo es una Orden enmendada del 14 de noviembre de 2023, emitida por la jueza Rosado Morales, que les impuso sanciones monetarias y les apercibió sobre el juicio. El Tribunal de Apelaciones, en su sentencia, deniega el certiorari en cuanto a la solicitud de inhibición de la jueza. No obstante, expide el auto para revisar la Orden enmendada que impuso las sanciones y apercibimientos. El caso subyacente trata sobre nulidad de contrato, desahucio, enriquecimiento injusto, daños y perjuicios, y sentencia declaratoria. La controversia ante el apelativo se centra en la recusación de la jueza y las sanciones impuestas tras trámites procesales como la denegatoria de sentencia sumaria.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en revisión administrativa. El caso involucra a William Vargas Román, supervisor de la Autoridad Metropolitana de Autobuses (AMA), disciplinado con suspensión de empleo y sueldo y amonestación escrita. Las sanciones se impusieron por ausentarse el Viernes Santo de 2022 tras ser requerido por su supervisora. Vargas Román apeló, alegando que la orden de trabajar en día feriado constituía tiempo extra y requería aprobación expresa y escrita de la Presidenta de la AMA, la cual no obtuvo, haciendo la orden inválida. El Comité de Apelaciones de la AMA sostuvo las medidas disciplinarias. El Comité concluyó que Vargas Román fue debidamente notificado de su deber de trabajar, citando el Reglamento de Personal y una directriz sobre horas extras. Vargas Román recurrió ante el Tribunal de Apelaciones, planteando que el Comité erró al validar una solicitud de tiempo extra y una suspensión basadas en una orden que considera "ultra vires" por falta de la aprobación presidencial requerida. El recurrente argumenta que la ausencia no puede ser insubordinación si la orden era legalmente ineficaz. El Tribunal procederá a resolver la revisión administrativa tras recibir las comparecencias de las partes.

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SENTENCIA del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de certiorari presentado por el Negociado de la Policía. El Negociado solicitó la revocación de una Resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó su solicitud de desestimación de una demanda de injunction. La demanda fue instada por Mario Torres Cintrón para la devolución inmediata de su licencia de armas y arma incautada tras un incidente con agentes de policía, por el cual no se le radicaron cargos criminales. El Negociado argumentó que el injunction no era el remedio procesal adecuado, sino que el señor Torres debía agotar el remedio administrativo provisto por ley y reglamento. El Tribunal de Apelaciones evaluó el recurso. Determinó que existían remedios adecuados en ley distintos al injunction. Por tanto, el Tribunal de Apelaciones expidió el auto de certiorari. Revocó la resolución del foro primario. Desestimó la demanda de injunction instada por el señor Torres Cintrón.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en el caso KLRA202300075. La Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) recurrió una Resolución Final Parcial de su Oficina de Apelaciones (OA). Dicha resolución ordenó a la AAA realizar un estudio de revalorización para el perfil de clase de Asesor Legal, ocupado por Idalia M. Díaz Pedroza. La Lcda. Díaz Pedroza había solicitado la revisión de escala y revalorización de su puesto, alegando desigualdad salarial respecto a otros empleados con cualificaciones inferiores o puestos de mayor escala con tareas de menor complejidad. La AAA se opuso a la revalorización, considerándola una prerrogativa gerencial. Tras evaluar los escritos y el expediente administrativo, el Tribunal desestimó el recurso presentado por la AAA. La desestimación se fundamentó en la falta de jurisdicción del Tribunal para atender el caso.

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Apelación procedente de una sentencia del Tribunal de Primera Instancia, Sala de Bayamón, en un caso de cobro de dinero y ejecución de hipoteca instado por FirstBank Puerto Rico contra el matrimonio Díaz-Santiago. FirstBank demandó al matrimonio por incumplimiento en el pago de un pagaré hipotecario garantizado con una propiedad en Bayamón. Tras ser emplazados, los demandados no comparecieron ni contestaron la demanda. El Tribunal de Primera Instancia declaró la rebeldía y dictó sentencia a favor de FirstBank, ordenando el pago de la deuda y la venta en pública subasta del inmueble hipotecado. El matrimonio Díaz-Santiago presentó una moción de reconsideración alegando confusión por negociaciones directas con el banco, pero el foro primario la declaró No Ha Lugar. Insatisfechos con la sentencia y la denegatoria de reconsideración, los demandados acudieron al Tribunal de Apelaciones.

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El Tribunal de Apelaciones revisó mediante certiorari una decisión del Tribunal de Primera Instancia en un caso de cobro de dinero. La entidad Propietarios Paseos de Aguadilla, Inc. demandó a Edgardo Vargas Santiago por cuotas de mantenimiento impagas. El Tribunal de Primera Instancia desestimó la demanda por insuficiencia de prueba. Determinó que la asociación no probó su legitimación activa ni la existencia de una obligación contractual clara para el pago de las cuotas. El testimonio presentado fue inconsistente sobre el origen de la obligación y la certeza del monto adeudado. Paseos de Aguadilla solicitó relevo de esa sentencia, lo cual fue denegado por el foro primario. La asociación recurrió en certiorari ante el Tribunal de Apelaciones impugnando esa denegatoria. Tras examinar el recurso, el Tribunal de Apelaciones confirmó la Resolución recurrida, manteniendo la desestimación original de la demanda por cobro de dinero.

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El Departamento de Hacienda apeló una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de San Juan que desestimó su demanda contra Don Rifa, LLC. Hacienda había solicitado un Injunction y Sentencia Declaratoria para detener la operación de una aplicación móvil de rifas, calificándola de lotería clandestina no autorizada. El foro primario desestimó la demanda al concluir que no había daño irreparable y existía un remedio legal adecuado. Hacienda impugnó esta decisión, alegando error del TPI al denegar el injunction y desestimar el caso. El Tribunal de Apelaciones revisó los antecedentes, incluyendo la intervención previa del DACo y la posición de Hacienda sobre la ilegalidad de la operación y su impacto en los recaudos públicos. Tras considerar los fundamentos, el Tribunal de Apelaciones revoca la Sentencia apelada. Se ordena la devolución del caso al Tribunal de Primera Instancia para la continuación de los procesos.

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Este caso ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico surge de una acción de expropiación forzosa iniciada en 2005 por la Autoridad de Carreteras y Transportación. La controversia principal gira en torno al método de cálculo de los intereses sobre la justa compensación por las propiedades expropiadas. La Autoridad aplicó interés simple conforme a una enmienda legal de 2015. Sin embargo, la parte apelante, Rexach Hermanos, Inc., sostuvo que la jurisprudencia del Tribunal Supremo exige el cómputo de interés compuesto, capitalizado semestralmente, como parte esencial de la justa compensación. Rexach argumentó que la ley de 2015 que impone el interés simple contraviene la interpretación constitucional previa. El Tribunal de Apelaciones concluyó que, en casos de expropiación con un lapso de tiempo sustancial, la justa compensación constitucionalmente requiere intereses compuestos. Por tanto, el Tribunal de Primera Instancia no podía válidamente limitarse al interés simple dispuesto por la ley. La sentencia establece que el interés compuesto es un componente constitucional de la justa compensación en estas circunstancias.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico considera una petición de Certiorari presentada por Amaury Ortiz Reyes. El peticionario busca revisar una resolución del Tribunal de Primera Instancia de Bayamón que denegó su moción de desestimación de cargos bajo la Regla 64(p) de Procedimiento Criminal. Los cargos incluyen asesinato y varias infracciones a la Ley de Armas. Ortiz Reyes argumentó que existía una ausencia total de prueba, ya que la legítima defensa se configuraba con la evidencia presentada por el Ministerio Público en la vista preliminar. Sostuvo que la legítima defensa excluía la responsabilidad penal y la intención criminal necesaria para los delitos imputados. El Tribunal de Primera Instancia denegó la moción, indicando que la legítima defensa no era el procedimiento adecuado para considerarla bajo la Regla 64(p). El peticionario alegó error en esta determinación y en la conclusión de que había prueba suficiente. Tras evaluar el recurso, el Tribunal de Apelaciones resuelve denegar la expedición del auto de Certiorari solicitado.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de daños y perjuicios. C\&C Auto Body Shop apeló la decisión del Tribunal de Primera Instancia que favoreció a María Magdalena Colón. La señora Colón demandó a C\&C alegando negligencia en la reparación de su vehículo, lo que resultó en daños al motor. C\&C argumentó que la demanda estaba prescrita, ya que la acción se presentó fuera del término de un año desde que la demandante tuvo conocimiento de los daños. La controversia legal giró en torno a si aplicaba el término prescriptivo de un año (daños) o quince años (contrato). El foro primario rechazó el argumento de prescripción de C\&C y dictó sentencia a favor de la señora Colón. El Tribunal de Apelaciones, al revisar el caso, REVOCA la Sentencia apelada.

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Este documento es una sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. Resuelve una apelación presentada por Triple-S Propiedad, Inc. contra una Sentencia Parcial del Tribunal de Primera Instancia. La Sentencia Parcial apelada ordenó a Triple-S pagar al Consejo de Titulares del Condominio Le Rivage la suma de \$242,927.39. Esta cantidad corresponde al monto mínimo que la aseguradora reconoció adeudar por daños causados por el huracán María. El caso se originó por una demanda del Condominio alegando incumplimiento de contrato y manejo inadecuado de su reclamación de seguro. El Condominio solicitó sentencia sumaria parcial para que se le adelantara la suma no disputada. Argumentó que la ley y la jurisprudencia exigen el pago inmediato de las cantidades reconocidas por la aseguradora. Triple-S apeló la orden de pago inmediato de dicha cuantía. El Tribunal de Apelaciones revisa la controversia con base en los argumentos de ambas partes.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de revisión administrativa sobre pensión alimentaria. Rubén López Dávila recurre la Resolución en Reconsideración de ASUME de julio de 2021. El caso inició por solicitud de la madre para revisar la pensión de sus hijos menores. Tras vistas evidenciarias, ASUME modificó la pensión a $919, luego la ajustó a $711.87 mensual en reconsideración, retroactivo a enero de 2019. El recurrente alegó tres errores, destacando la pérdida de la grabación de una vista evidenciaria crucial. Argumentó que la falta de la grabación violó el debido proceso y lo dejó en estado de indefensión. También impugnó la imputación de ingresos basada en gastos y la omisión de una pensión escalonada. La madre, por su parte, señaló que el padre reportó mayores ingresos en un proceso de quiebra. El Tribunal de Apelaciones evaluó los planteamientos y el expediente administrativo. Finalmente, el Tribunal resolvió revocar la Resolución en Reconsideración de ASUME.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una resolución sobre una "Urgente Moción en Auxilio de Jurisdicción y Solicitando Posposición de Deposición" presentada por Carlos Mirabal Pargas y Aida Mirabal Delgado. La moción fue radicada sin acompañar recurso alguno ni estar vinculada a un caso pendiente ante el Tribunal. Esta omisión procesal constituye base suficiente para su desestimación. El Tribunal evaluó la posibilidad de considerar el escrito como un recurso de certiorari. No obstante, determinó que el escrito no cumplía con importantes exigencias reglamentarias, específicamente la Regla 34 (B) y 34 (C) (1) (b), (d) (e) y (f) de su Reglamento. Ante estos escollos procesales insalvables, el Tribunal se ve impedido de atender los méritos de la moción. Por consiguiente, se desestima la moción presentada y se ordena el cierre y archivo del caso.

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Este recurso de apelación, acogido como certiorari, proviene de un caso de desahucio por falta de pago en el Tribunal de Primera Instancia. Dicho foro dictó sentencia final y firme en diciembre de 2019, basada en un acuerdo transaccional donde la peticionaria se comprometió a desalojar la vivienda o pagar una deuda. Al incumplir el acuerdo, el TPI ordenó su lanzamiento en febrero de 2020. Posteriormente, la peticionaria presentó escritos en agosto y octubre de 2021 solicitando ayuda para evitar el desalojo, alegando gestiones de asistencia federal para cubrir la deuda. El TPI denegó estas solicitudes, indicando que existía sentencia final y firme. La peticionaria recurrió ante el Tribunal de Apelaciones el 3 de diciembre de 2021, impugnando las órdenes denegatorias del TPI. El Tribunal de Apelaciones desestima el recurso por falta de jurisdicción. La presentación del certiorari ocurrió fuera del término estricto de 30 días a partir de la notificación de las órdenes recurridas, sin que se acreditara justa causa para la tardanza.

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Sprint Communications Company, L.P. recurre ante el Tribunal de Apelaciones contra una Resolución y Orden del Negociado de Telecomunicaciones de Puerto Rico (NET). La decisión del NET ordena a Sprint presentar estados financieros auditados para los años 2014 a 2020 y pagar multas por incumplimiento. El NET fundamentó su orden en una determinación previa de 2016 que interpretó el "ingreso bruto total" de Sprint, concluyendo que superaba el umbral para requerir los estados financieros. Sprint había impugnado la decisión de 2016, pero un recurso anterior ante este Tribunal de Apelaciones en 2017 confirmó la determinación, sin entrar a evaluar la interpretación del ingreso por razones procesales. El NET consideró que la obligación de Sprint de presentar los estados financieros y la interpretación del término "ingreso bruto total" constituían cosa juzgada. Por ello, el NET denegó la solicitud de Sprint de ser eximida de la presentación para el período 2014-2020 e impuso multas por \$134,000. Sprint alegó en su recurso que el NET erró al aplicar la doctrina de cosa juzgada. El Tribunal de Apelaciones, en esta Sentencia, confirma la determinación recurrida del NET.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de certiorari presentado por el Consejo de Titulares del Condominio Villas del Sol contra Mapfre Praico Insurance Company. El caso original es una demanda por incumplimiento de contrato relacionada con daños causados por el Huracán María. La controversia principal gira en torno a si el proceso de "appraisal" establecido por la Ley 242-2018 es aplicable a una póliza de seguro preexistente. El Tribunal de Primera Instancia denegó la solicitud del Consejo de Titulares para referir la disputa de daños a dicho proceso, resolviendo que la ley no tenía efecto retroactivo. El Consejo de Titulares recurrió, argumentando que el mecanismo de "appraisal" es de naturaleza procesal y que el foro primario interpretó erróneamente la ley y la intención legislativa. El Tribunal de Apelaciones expidió el auto de certiorari y revocó la decisión recurrida. Esto implica que el Tribunal de Apelaciones determinó que el proceso de "appraisal" de la Ley 242-2018 sí es aplicable en este caso.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre una petición de certiorari presentada por el Hospital Ryder Memorial, Inc. El Hospital solicita la revocación de una resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó su moción de sentencia sumaria en un caso de despido injustificado y discriminación por edad. La demandante, Keila I. Díaz Pérez, alegó que fue despedida injustamente y discriminada por edad, mientras el Hospital sostuvo que fue por reorganización. El TPI denegó la sentencia sumaria al determinar la existencia de hechos materiales en controversia. El Hospital impugna esta decisión, alegando inconsistencias y errores en las determinaciones de hechos del TPI. El Tribunal de Apelaciones procede a evaluar la petición, destacando la naturaleza discrecional del recurso de certiorari y prescindiendo de la comparecencia de la parte recurrida. La resolución detalla el contexto procesal y las normas aplicables al recurso.

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La resolución atiende una petición de certiorari de MAPFRE PRAICO Insurance Company contra una Orden del Tribunal de Primera Instancia. Dicha Orden refirió una reclamación de daños por huracán María, presentada por el Departamento de Corrección y Rehabilitación, a un proceso de valoración ("appraisal"). El TPI basó su decisión en la Ley 242-2018, a pesar de que las partes habían intentado sin éxito un acuerdo extrajudicial tras una paralización inicial. Mapfre argumentó que el TPI erró al ordenar el appraisal *sua sponte*, pues la póliza lo excluía, las partes no lo pidieron y la ley no le otorgaba esa discreción. Tras la denegación de su solicitud de reconsideración en el TPI, Mapfre presentó la petición de certiorari. El panel revisó los fundamentos presentados por la peticionaria. Finalmente, por los motivos expuestos en la resolución, se deniega la expedición del auto de certiorari solicitado por Mapfre.

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Se presenta una Petición de Certiorari por Ciprián Santana Guerrero para revisar una resolución del Tribunal de Primera Instancia. Dicha resolución declaró No Ha Lugar su Moción Solicitando Desestimación en una demanda por daños y perjuicios. La demanda fue presentada por Josefa Castillo Díaz, quien alegó sufrir lesiones graves tras una caída en las escaleras de una propiedad que le arrendaba el peticionario. La recurrida atribuyó la caída a la negligencia del señor Santana Guerrero y solicitó indemnización. El peticionario argumentó que las alegaciones de la demanda eran insuficientes para justificar un remedio. El foro primario denegó la moción de desestimación y la reconsideración subsiguiente. El peticionario alegó que el tribunal primario erró al considerar suficientes las alegaciones de la demanda. También solicitó la paralización de los procedimientos ante el foro primario. El Tribunal de Apelaciones, tras evaluar el recurso, DENEGA la Petición de Certiorari.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico confirmó la sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó una reclamación por despido injustificado. Las apelantes, exempleadas de Ryder Memorial Hospital, Inc., fueron suspendidas de empleo y sueldo de forma temporera e indefinida en noviembre de 2017 y nunca fueron reintegradas. Presentaron su demanda en septiembre de 2019, reclamando indemnización bajo la Ley 80. El patrono solicitó la desestimación por prescripción, argumentando que el término de un año había transcurrido desde el despido. Las empleadas alegaron que el término no comenzó hasta pasados nueve meses del despido, incluyendo el período para ofrecer preferencia de reempleo. El Tribunal de Primera Instancia determinó que la acción estaba prescrita. El Tribunal de Apelaciones concurrió, resolviendo que el término prescriptivo comenzó a correr desde la fecha del despido efectivo. Al haberse presentado la demanda casi dos años después, la reclamación estaba fuera de término. Por tanto, se confirmó la desestimación de la querella por prescripción.

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Santos Oquendo Serrano apela la sentencia sumaria emitida por el Tribunal de Primera Instancia de Humacao en un caso de cobro de dinero. La Asociación de Residentes de la Urb. Olympic Park & Olympic Court, Inc. demandó a Oquendo Serrano por el impago de cuotas de mantenimiento. La Asociación reclamó inicialmente \$12,193.85, actualizando la deuda a \$21,787.20 al 17 de junio de 2021, incluyendo recargos, intereses, penalidades, costas y honorarios. Oquendo Serrano solicitó la desestimación de la moción de sentencia sumaria y no compareció a la conferencia inicial. El TPI declaró con lugar la demanda, encontrando que Oquendo Serrano adeudaba \$21,787.20 y ordenando el pago de \$17,999.04 más cuotas futuras y cargos. El Tribunal de Apelaciones revisa ahora este recurso para disponer del mismo.

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El Tribunal de Apelaciones recibió un referido del Tribunal de Primera Instancia (TPI) en relación con una petición del Departamento de la Familia para revisar una denegatoria de orden de protección. El TPI había dictado sentencia ordenando el cierre del asunto, indicando que la revisión correspondía al Tribunal de Apelaciones. Sin embargo, el Tribunal de Apelaciones determinó que no podía aceptar el referido. La sentencia del TPI no constituye una sentencia final revisable por este foro intermedio. Además, los documentos remitidos por el Departamento de la Familia incumplen los requisitos reglamentarios para la revisión administrativa. No se presentó un recurso de revisión formal dentro del término, no se incluyó la orden recurrida, ni se identificaron o discutieron los errores alegados. El remedio solicitado, una vista de revisión de una denegatoria de orden de protección, es ajeno al recurso de revisión judicial regulado por el Reglamento del Tribunal de Apelaciones. La ley aplicable dispone que la revisión de una orden de protección puede ser ante cualquier sala de superior jerarquía, no necesariamente el Tribunal de Apelaciones. Por tanto, se ordena el cierre administrativo del caso y su devolución al TPI para la acción que corresponda.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre un recurso presentado por el Comisionado Electoral del Partido Popular Democrático. El Comisionado apeló una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que denegó su recurso de revisión. Dicho recurso buscaba impugnar una Certificación de Desacuerdo de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE). La CEE había denegado la solicitud del Comisionado para enmendar la certificación de elección de legisladores municipales de Aguas Buenas. La CEE fundamentó su negativa en que la solicitud se presentó fuera del término de diez días establecido por el Código Electoral. El Tribunal de Primera Instancia declaró No Ha Lugar el recurso del Comisionado, confirmando la decisión de la CEE. El Comisionado solicitó al Tribunal de Apelaciones revocar esa Sentencia y ordenar la enmienda de la certificación. La CEE argumentó que el Tribunal de Apelaciones carecía de jurisdicción por ser el recurso tardío según el Código Electoral. El Tribunal de Apelaciones desestimó el recurso presentado.

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Este documento es una sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre la impugnación de Geovanny Ortiz Pérez a su clasificación de custodia. El Sr. Ortiz Pérez, quien cumple una sentencia de 152 años, recurrió la decisión del Departamento de Corrección de mantenerlo en custodia mediana. Había sido reclasificado a custodia mediana en 2018 debido a sus buenos ajustes institucionales. En una evaluación de 2021, su puntuación en la escala de clasificación indicaba elegibilidad para custodia mínima. No obstante, el Comité de Clasificación y la supervisora aplicaron una modificación no discrecional obligatoria. Esta regla, basada en enmiendas al manual de la agencia, exige que los confinados a los que les resten más de 15 años para ser considerados para libertad bajo palabra sean ubicados en custodia mediana, independientemente de su puntuación. La agencia citó esta regla y el hecho de que el Sr. Ortiz Pérez no cumplía con la excepción de 10 años ininterrumpidos en custodia mediana. El Sr. Ortiz Pérez argumentó que esta regla era rígida, contradecía los principios de rehabilitación y aplicaba criterios más onerosos. El Tribunal de Apelaciones revisó el caso y confirmó la determinación del Departamento de Corrección de ratificar su nivel de custodia mediana.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisó una determinación del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACo). El recurrente, Juan José Céspedes, impugnó la desestimación de su querella contra Autogermana, Inc. y BMW Financial Services. La querella original ante el DACo alegaba que un vehículo BMW X6M adquirido en 2013 presentaba defectos y vicios ocultos que ponían en peligro al conductor. Céspedes sostuvo que llevó el vehículo a Autogermana en múltiples ocasiones sin que se resolvieran las fallas. Tras una inspección y una extensa vista administrativa, el DACo declaró la querella Sin Lugar. El DACo determinó que no se probó que las fallas fueran defectos de fábrica. La evidencia sugirió que las condiciones se debían a la pérdida de comunicación entre módulos por bajo voltaje de la batería, relacionado al uso del vehículo en cortas distancias. El DACo concluyó que los recurridos no incurrieron en incumplimiento ni negligencia. El Tribunal de Apelaciones confirmó el dictamen del DACo.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico que consolida varios casos entre Janssen Ortho, LLC y entidades relacionadas, y el Municipio de Gurabo. Las controversias giran en torno a deficiencias de patentes municipales y revisiones judiciales conexas. Se consolidaron tres procedimientos específicos para su resolución. Estos incluyen una apelación de las entidades Janssen impugnando una sentencia de instancia sobre cosa juzgada y sentencia sumaria. El Municipio presentó dos recursos de certiorari. Uno recurre de una resolución de instancia que declaró al Municipio en rebeldía. El otro impugna la denegatoria de la solicitud del Municipio para descalificar la representación legal de las entidades Janssen. La sentencia consolida estos asuntos por versar sobre las mismas partes y materia, iniciando un repaso de sus antecedentes.

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En un proceso penal contra Rodolfo Díaz Hernández por agresión sexual grave contra la menor JMP, surgió una controversia sobre el descubrimiento de prueba. La defensa solicitó acceso al expediente de JMP en el Tribunal de Menores, alegando su pertinencia porque el señor Díaz fue entrevistado como sospechoso en ese caso por hechos relacionados con la menor. El Ministerio Público se opuso, argumentando que el expediente era confidencial y no pertinente al caso actual. El Tribunal de Primera Instancia ordenó al Ministerio Público obtener el expediente y reunirse con la defensa para evaluarlo en su totalidad. Tras denegarse su reconsideración, el Ministerio Público presentó una Petición de Certiorari. Alega que el TPI erró al ordenar el descubrimiento de todo el expediente confidencial sin demostrarse su pertinencia y sin examinarlo previamente en el tribunal. El recurso de certiorari, un vehículo procesal extraordinario y discrecional, busca corregir errores de derecho de tribunales inferiores. El tribunal superior ha concedido una moción urgente y está listo para resolver la petición de certiorari sobre la orden de descubrimiento del TPI.