Casos del Tribunal de Apelaciones (Página 87)

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre una apelación procedente del Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Humacao. Los apelantes, residentes de la Urbanización Jardín Central, impugnaron una Sentencia Parcial que desestimó la demanda contra ciertos apelados, incluyendo a Joseph McCloskey Vázquez y Luis E. Pérez Pagán. La demanda original, incoada en 2019, solicitaba un injunction permanente, cumplimiento específico de contrato y daños y perjuicios. Los residentes alegaron que el desarrollador, la asociación de residentes y otros demandados incumplieron obligaciones contractuales. Específicamente, reclamaron la falta de provisión de servicios de mantenimiento y seguridad prometidos. También argumentaron que no se veló por el cumplimiento de las disposiciones reglamentarias y condiciones restrictivas. Los apelantes señalaron que el control de acceso carecía de los permisos requeridos, a pesar de que el proyecto se vendió con la promesa de seguridad 24/7. El Tribunal de Apelaciones revisó el dictamen del foro primario. Por los fundamentos expuestos, el Tribunal de Apelaciones confirmó la Sentencia Parcial apelada.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en un recurso de revisión administrativa. El caso fue presentado por Wilson Avilés Sánchez contra la Corporación del Fondo del Seguro del Estado (CFSE) y una interventora. El recurrente impugnó su exclusión del registro de elegibles para un puesto de Asesor Legal V en la CFSE. La exclusión se basó en la determinación de la CFSE de que no cumplía con el requisito de cinco años de experiencia en la práctica de abogado. Avilés Sánchez argumentó que su puesto actual implicaba trabajo legal y que su experiencia fue evaluada incorrectamente. Tras apelar ante la Junta de Apelaciones de la CFSE, solicitó sentencia sumaria para ser incluido en la lista. La Junta de Apelaciones denegó su solicitud de sentencia sumaria en octubre de 2023. Avilés Sánchez recurrió esta determinación ante el Tribunal de Apelaciones. El Tribunal, tras revisar el caso, decidió revocar el dictamen apelado.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de desahucio en precario. Los apelados, Judith Ann y César Colón Chardón, demandaron a la apelante, Julissa López Santiago, para desalojar una propiedad en Ponce. El contrato de arrendamiento original había vencido, y los propietarios deseaban vender la propiedad. La inquilina permaneció en la propiedad a pesar de las solicitudes de desalojo. El Tribunal de Primera Instancia declaró con lugar la demanda de desahucio y ordenó el desalojo. La inquilina apeló, alegando errores en la negativa a convertir el procedimiento a ordinario y en la imposición de honorarios de abogado. El Tribunal de Apelaciones, ejerciendo su facultad discrecional, procede a desestimar el recurso de apelación. La Sentencia enfatiza la obligación de los tribunales de verificar su propia jurisdicción. Se desestima la apelación por los fundamentos que se expondrán a continuación en la Sentencia.

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Este caso de expropiación forzosa llega al Tribunal de Apelaciones mediante un recurso de Certiorari presentado por El Ojo de Agua Development, Inc. La parte peticionaria impugna una Resolución del Tribunal de Primera Instancia (TPI) de mayo de 2023. Mediante dicha Resolución, el TPI declaró "No Ha Lugar" una moción de El Ojo de Agua para el pago de la justa compensación previamente adjudicada en una sentencia de 2015. El TPI fundamentó su decisión en la falta de jurisdicción, indicando que la Corte Título III posee jurisdicción exclusiva sobre disputas relacionadas con las distribuciones bajo el Plan de Ajuste del ELA. El Ojo de Agua argumentó que el Plan de Ajuste sí confería jurisdicción al TPI para ordenar el pago. El Estado Libre Asociado de Puerto Rico se opuso, sosteniendo que la paralización de procedimientos bajo Título III seguía vigente para la ejecución de sentencias y que la jurisdicción recaía en la Corte Título III. El Tribunal de Apelaciones expidió el auto de Certiorari para revisar la determinación del TPI. Tras la revisión, el Tribunal de Apelaciones confirmó la Resolución apelada. Con ello, se valida la determinación del TPI de que carece de jurisdicción para ordenar el pago de la compensación en este caso, reafirmando la jurisdicción exclusiva de la Corte Título III para estos asuntos bajo el Plan de Ajuste.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en el caso KLRA202300656. El recurrente, Edwin Martínez Padilla, solicitó la revisión administrativa de una resolución del Departamento de la Familia. Dicha resolución, emitida por la Junta Adjudicativa, confirmó una determinación previa de la Unidad de Maltrato Institucional. La determinación original concluyó que el recurrente, maestro, incurrió en maltrato institucional con fundamento, bajo la modalidad de abuso sexual. Martínez Padilla apeló la determinación inicial ante la Junta Adjudicativa, la cual la confirmó. Presentó una moción de reconsideración que fue declarada "No Ha Lugar". Posteriormente, acudió al Tribunal de Apelaciones en revisión. El Departamento de la Familia solicitó la desestimación del recurso. El Tribunal, tras evaluar las comparecencias, resuelve desestimar el recurso. La desestimación se fundamenta en la falta de jurisdicción del Tribunal para atender el caso.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisó una sentencia del Tribunal de Primera Instancia que declaró nula la confiscación de un vehículo propiedad de Mario Ortiz Molina. El Gobierno apeló la decisión del foro primario que acogió la demanda de impugnación de confiscación presentada por Ortiz Molina. Este último argumentó que la incautación de su vehículo fue ilegal y que la notificación de la confiscación se realizó fuera del término legal de 30 días establecido por la Ley Uniforme de Confiscaciones, contados desde la ocupación del bien. El Estado, por su parte, sostuvo que la notificación fue oportuna al haberse enviado dentro de los 30 días siguientes a la expedición de la orden de confiscación, en el contexto de una investigación penal. El Tribunal de Primera Instancia determinó que la notificación fue tardía, declarando Ha Lugar la demanda. Tras evaluar los argumentos y el expediente, el Tribunal de Apelaciones confirmó la Sentencia apelada.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa dos dictámenes de la Oficina del Comisionado de Seguros (OCS) en un caso entre el Comisionado y MAPFRE PRAICO INSURANCE COMPANY. MAPFRE recurre las decisiones de la OCS relacionadas con una reclamación de seguro de viaje denegada por supuesta condición preexistente. La OCS había ordenado a MAPFRE pagar la reclamación y le impuso una multa de \$20,000 por violaciones al Código de Seguros. También había denegado una solicitud de desestimación de MAPFRE y ordenado una vista administrativa. El Tribunal confirma la Resolución de la OCS del 27 de noviembre de 2023 que ordenó el pago y la multa. Sin embargo, determina que la Resolución del 18 de julio de 2023, que denegó la desestimación, es interlocutoria y no es susceptible de revisión ante este foro. La sentencia valida la acción de la OCS respecto al pago de la reclamación y la sanción impuesta a MAPFRE.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico considera una solicitud de Certiorari presentada por Nelson J. Zambrano en un caso de custodia, alimentos y patria potestad. El peticionario impugna una orden del Tribunal de Primera Instancia que le exige mantener a su hija menor estudiando en Robinson School y asumir los costos. Zambrano argumentó que no podía seguir costeando dicha institución debido a dificultades financieras derivadas de gastos legales en otro pleito. La madre, Olga L. Mayor Aguirre, se opuso al cambio de escuela, alegando que no se justificaba por una merma real de ingresos y afectaría la estabilidad de la menor. El TPI determinó que la menor debía permanecer en Robinson School y que el padre debía pagar. El Tribunal de Apelaciones anticipa denegar el auto discrecional de Certiorari solicitado por el padre.

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Sentencia de un panel judicial que revisa una resolución administrativa de la División de Revisiones Administrativas de la Oficina de Gerencia de Permisos (DRA-OGPe). Los recurrentes impugnaron la decisión de la DRA-OGPe que declaró "No Ha Lugar" su recurso de revisión a una enmienda a un permiso de construcción otorgado a Liberty para una torre de telecomunicaciones. Alegaron que la enmienda se concedió sin cumplir los requisitos del Reglamento Conjunto 2020. Argumentaron que la enmienda modificó la fundación, triplicó el área de impacto y se autorizó sin evaluación ambiental adecuada. Señalaron que la construcción se ubica en un área de alta susceptibilidad a deslizamientos según el USGS y que no se cumplieron los requisitos formales de las reglas de evaluación ambiental. El tribunal, tras revisar los fundamentos, determinó revocar la resolución administrativa emitida por la DRA-OGPe.

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Se presenta una Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en el caso KLAN202200941. El apelante, William L. Hiraldo Medina, recurre de una Sentencia Enmendada del Tribunal de Primera Instancia de Fajardo. Dicha sentencia lo declaró culpable de violaciones a los Artículos 5.04 y 5.15 de la Ley de Armas, imponiéndole quince años de prisión tras un veredicto de culpabilidad por jurado. El apelante alega que el veredicto se basó en prueba insuficiente y contradictoria que no superó la presunción de inocencia. También argumenta que el tribunal erró al sentenciarlo mientras un cargo de asesinato relacionado estaba pendiente, violando el debido proceso. El Tribunal de Apelaciones ha emitido varias resoluciones requiriendo al apelante la presentación de la transcripción o exposición de la prueba oral del juicio. Ha habido dilaciones en la presentación de dicho documento. El proceso de revisión de la exposición narrativa de la prueba por las partes está en curso. La Sentencia detalla el trasfondo del caso y los pasos procesales seguidos hasta la fecha en la apelación.

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Un confinado, Carlos L. Cáceres Pizarro, presentó un recurso de revisión administrativa ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico contra la Junta de Libertad Bajo Palabra. El recurrente solicitó la intervención judicial sobre cinco peticiones específicas que había elevado previamente a la Junta, relacionadas con la concesión de libertad, el formato de vista y la representación legal. Como parte de su recurso, incluyó documentos como hojas de liquidación de sentencia y una carta de aceptación de una fundación. No obstante, el recurrente no sometió el dictamen final emitido por la Junta de Libertad Bajo Palabra resolviendo sus peticiones. El Tribunal de Apelaciones determinó que carecía de jurisdicción para atender el recurso. La jurisdicción del Tribunal para la revisión administrativa se limita a las decisiones, órdenes y resoluciones finales de los organismos administrativos. Al no haberse presentado la determinación final de la Junta sobre las peticiones del recurrente, no existía una acción administrativa final sujeta a revisión. Por tanto, el Tribunal desestimó el recurso por falta de jurisdicción.

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Es una Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de certiorari instado por Carmen Coralis Rosado Quiñones, procedente de un caso de robo agravado. La peticionaria, compareciendo por derecho propio, fue requerida por el tribunal a someter documentos esenciales para su recurso, además de un formulario de indigencia. Aunque presentó el formulario de indigencia, incumplió con la orden de adjuntar los documentos necesarios, como la sentencia o la determinación recurrida. El tribunal señala que las reglas procesales, incluyendo la exigencia de un apéndice con documentos clave según la Regla 34, deben cumplirse, incluso por quienes litigan sin abogado. La falta de estos documentos impide al tribunal considerar el recurso en sus méritos. Por lo tanto, el Tribunal de Apelaciones desestima el recurso de certiorari debido al incumplimiento de la peticionaria con los requisitos procesales.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa la desestimación de una petición de expediente de dominio. La apelante, Carmen Rodríguez Vargas, buscaba inmatricular una finca heredada en el Registro de la Propiedad. El Tribunal de Primera Instancia desestimó la petición sin perjuicio por incumplimiento con los requisitos de la Ley del Registro de la Propiedad Inmobiliaria. El foro primario determinó que la peticionaria no notificó a su hija, quien poseía un derecho de superficie y la posesión material de la finca, considerándola parte indispensable. Además, encontró deficiencias en la descripción de la finca y la omisión de revelar el derecho de superficie existente. La apelante argumentó que la ley no exige la citación de quien posee un derecho de superficie y que la inscripción no afectaría dicho derecho. También cuestionó los requisitos de descripción y divulgación de cargas. El Tribunal de Apelaciones confirma la sentencia apelada. La decisión se fundamenta en el estricto cumplimiento del Art. 185 de la Ley del Registro de la Propiedad, que exige notificar a personas con derechos reales y cumplir formalidades de descripción y divulgación de cargas.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emitió una Sentencia en la apelación presentada por Precise Balancing Techniques, Inc. y otros contra Praderas de Navarro Shopping Center Corp. El caso original, tramitado en el Tribunal de Primera Instancia de Caguas, combinó acciones de desahucio y cobro de dinero. Praderas demandó por el impago de cánones de arrendamiento de un local comercial, reclamando una deuda de $49,038.24 más intereses y honorarios. Las partes alcanzaron un acuerdo parcial estipulado que resolvió el desahucio, incluyendo un pago y el desalojo del local. La reclamación de cobro de dinero continuó por separado en el foro primario. El Tribunal de Primera Instancia dictó una Sentencia, posteriormente enmendada tras una reconsideración, declarando Ha Lugar la demanda de cobro de dinero a favor de Praderas. Los apelantes recurrieron esta decisión ante el Tribunal de Apelaciones. Tras revisar los fundamentos del caso, el Tribunal de Apelaciones confirmó la Sentencia apelada del Tribunal de Primera Instancia. La decisión del foro apelativo valida el dictamen del tribunal inferior respecto al cobro de la deuda.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en el caso de José F. Valle Morales contra la Autoridad de Acueductos y Alcantarillado (AAA) y ORANF. El señor Valle Morales apeló la desestimación de su demanda por el Tribunal de Primera Instancia de Mayagüez. Su demanda original solicitaba un injunction, daños y perjuicios, y alegaba violación de derechos constitucionales. Argumentó que la AAA transfirió deudas de sus inquilinos a su cuenta residencial, resultando en el corte del servicio de agua en su hogar por más de nueve años. Alegó que la AAA le negó vistas administrativas a pesar de múltiples solicitudes y que la transferencia de deudas era improcedente. El tribunal de instancia desestimó el caso al considerar que no evidenció haber solicitado revisión administrativa dentro del término reglamentario tras recibir una notificación de deuda. El apelante imputó error al tribunal inferior por desestimar la demanda y denegar la reconsideración. El Tribunal de Apelaciones, tras evaluar los fundamentos, determinó revocar la Sentencia apelada.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre una petición de Certiorari. El recurso fue presentado por miembros de la sucesión de Crecencio Rivera Ortiz contra una resolución del Tribunal de Primera Instancia. Dicha resolución descalificó al licenciado Pedro L. Betancourt Rivera, abogado de los peticionarios. La descalificación se basó en que el abogado tenía interés en el caudal hereditario y sería testigo al ser mencionado en las alegaciones de la demanda. La demanda original, presentada por Betty González Dones, busca la división y liquidación de la comunidad de bienes hereditarios. La recurrida, señora González Dones, se opuso a la expedición del auto de certiorari, solicitando que se mantenga la descalificación. El Tribunal de Apelaciones ha recibido las comparecencias de ambas partes y da por perfeccionado el recurso. El documento detalla el historial procesal del caso subyacente, incluyendo la presentación de la demanda y cuestiones de competencia territorial.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones en un caso de impericia profesional. El codemandado Ángel Luis Colón Camacho solicitó la revisión de una orden del Tribunal de Primera Instancia que mantuvo la anotación de rebeldía en su contra. Dicha rebeldía fue anotada por no contestar la demanda dentro del término concedido, a pesar de habérsele otorgado una prórroga. Aunque presentó su contestación y una moción para dejar sin efecto la rebeldía al día siguiente de la anotación, el foro primario le requirió mostrar justa causa para la demora. Al no cumplir con esta orden, el Tribunal de Primera Instancia denegó su solicitud de reconsideración sobre la rebeldía. Colón Camacho recurrió de esta determinación mediante apelación, la cual fue convertida en certiorari por el Tribunal de Apelaciones al no tratarse de una sentencia final. Tras evaluar el historial procesal y los argumentos del peticionario, el Tribunal de Apelaciones resolvió denegar la expedición del auto de certiorari solicitado.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resolviendo un recurso de certiorari instado por Vargas Air Conditioning General Contractors, Inc. La petición busca la revisión de dos resoluciones del Tribunal de Primera Instancia en un caso de daños y perjuicios presentado por Luis Molina Cirino. El caso se originó por una caída en un restaurante Wendy's, y Vargas Air fue incluida posteriormente en la demanda enmendada como la supuesta encargada del mantenimiento de aires acondicionados. El foro primario había anotado la rebeldía de Vargas Air por no presentar alegación responsiva. Vargas Air solicitó dejar sin efecto la rebeldía, alegando fallas en el emplazamiento y falta de jurisdicción, pero el tribunal de primera instancia denegó su solicitud. El Tribunal de Apelaciones evaluó los escritos de las partes. Concluyó que procedía expedir el auto de certiorari. Por tanto, revocó la determinación del tribunal de primera instancia y dejó sin efecto la rebeldía anotada contra Vargas Air.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisó la sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó la demanda de Juan Pablo Maturana Solis contra Claro Puerto Rico. Maturana Solis había reclamado despido injustificado, represalias y discrimen por raza y origen nacional. Alegó que su despido fue en represalia por una querella interna previa. Claro defendió su acción argumentando que el despido estuvo justificado por la negligencia, conducta impropia, insubordinación y bajo desempeño del empleado. La empresa también negó las alegaciones de represalias y discrimen, señalando la falta de evidencia y nexo causal. El Tribunal de Primera Instancia concedió la solicitud de sentencia sumaria de Claro y desestimó todas las reclamaciones de Maturana Solis. Tras evaluar los fundamentos presentados, el Tribunal de Apelaciones confirmó la sentencia apelada.

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El Tribunal de Apelaciones emite sentencia en un recurso de Certiorari presentado por Jorge Torres Rodríguez. El peticionario impugnó una Resolución y Orden del Tribunal de Primera Instancia que dispuso su reclusión hospitalaria y evaluación de procesabilidad. Dicha orden se emitió al amparo de las Reglas 240 y 241 de Procedimiento Criminal. El proceso de procesabilidad se inició tras dificultades en la vista inicial de Regla 6 y la mención de un hallazgo previo de no procesabilidad del acusado. El señor Torres Rodríguez enfrenta denuncias por maltrato a persona de edad avanzada y portación de arma blanca. Argumentó que el foro primario carecía de jurisdicción para ordenar la evaluación de procesabilidad sin una previa determinación de causa probable para arresto. El Tribunal de Apelaciones expidió el auto de Certiorari. Sin embargo, confirmó la Resolución recurrida del Tribunal de Primera Instancia. El caso se devuelve al foro primario para la celebración de la vista de seguimiento pautada. El objetivo es que el Tribunal de Primera Instancia tome una decisión informada sobre la procesabilidad del peticionario.

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Este documento es una Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de alimentos. El apelante, Wilfredo Torres Vélez, solicita la revisión de una Resolución del Tribunal de Primera Instancia de Caguas que fijó una pensión alimentaria de $554.13 mensuales para sus dos hijos menores. El padre argumenta que el TPI incidió al acoger las recomendaciones de la Examinadora de Pensiones Alimentarias sin considerar los beneficios del seguro social que reciben sus hijos debido a su incapacidad. El documento detalla los antecedentes del caso, incluyendo la pensión previa, el accidente del padre, su declaración de incapacidad y los pagos de seguro social recibidos por él y los menores. La madre, Yesmarie Arzola Aponte, solicitó la revisión de los alimentos. Durante el proceso, el padre planteó la consideración de los beneficios de los hijos y la custodia compartida. El Tribunal de Apelaciones resuelve Modificar la Resolución del TPI y así modificada la Confirma.

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Este es un juicio del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico que revisa una resolución del Tribunal de Primera Instancia. Hospital Pavía Arecibo (Doctor Susoni Health Community Service Corp.) solicitó un recurso de certiorari tras la negativa del tribunal primario a desestimar sumariamente una demanda. La demanda fue presentada por Sandra E. Rosa Rodríguez, una exempleada despedida en julio de 2019. La recurrida alega despido injustificado, discrimen, hostigamiento sexual y represalia por quejas internas y participación en actividades sindicales. Reclama indemnización por daños, salarios y beneficios dejados de devengar. El hospital peticionario sostiene que el despido fue justificado debido a comentarios inapropiados de la empleada en redes sociales, violación de políticas, historial disciplinario y una querella de hostigamiento sexual basada en una relación consensual. El hospital también argumentó que un contrato de transacción previo impedía la demanda y que el caso podría ser jurisdicción exclusiva de la Junta de Relaciones del Trabajo. El Tribunal de Apelaciones evalúa ahora la decisión del Tribunal de Primera Instancia de no desestimar el caso.

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Esta revisión administrativa ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico concierne a Ingrid Hajek impugnando una decisión del Condominio Villas del Mar. Hajek deseaba instalar tormenteras blancas, pero el Condominio denegó el permiso basándose en una regla que exige color bronce o acero inoxidable. Tras comunicaciones infructuosas, Hajek presentó una querella ante el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACo). El DACo desestimó la querella de Hajek, concluyendo que fue presentada fuera del término estatutario de 30 días para impugnar decisiones del Condominio. Hajek apeló la desestimación del DACo ante el Tribunal de Apelaciones, argumentando que la determinación de extemporaneidad fue errónea y que la decisión del Condominio era inválida. El Tribunal de Apelaciones revisó los argumentos presentados por ambas partes. Basado en su análisis, el Tribunal de Apelaciones confirmó la resolución del DACo. Por consiguiente, el Tribunal sostuvo la desestimación de la querella administrativa de Hajek contra el Condominio.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emitida el 22 de febrero de 2024. El panel estuvo compuesto por los jueces Figueroa Cabán, Bonilla Ortiz y Mateu Meléndez, con el juez Figueroa Cabán como ponente. El Tribunal atendió una Moción Conjunta de Desistimiento con Perjuicio. Dicha moción fue presentada el 15 de febrero de 2024 por Edwin Rodríguez Rodríguez, Olga Cancel Rivera, su comunidad de bienes y MMG PRCI I, LLC. El Tribunal declaró "Ha lugar" la referida moción. En consecuencia, se dictó sentencia de desistimiento con perjuicio. Se ordenó el cierre y archivo definitivo del procedimiento identificado con el número KLCE202400134. La decisión se fundamenta en la Regla 83(A) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones. La sentencia fue acordada y mandada por el Tribunal, y certificada por la Secretaria.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. Se presenta un recurso de certiorari por Rosa Beatriz Sanabria Nazario. La peticionaria impugna una Resolución y Orden del Tribunal de Primera Instancia. Dicha orden resolvió sobre costas, honorarios de abogado e intereses presentencia en un caso de despido injustificado. El foro primario ordenó el pago de costas y el 15% de la indemnización para honorarios de abogado según la Ley Núm. 80. Sin embargo, denegó los reclamos de intereses presentencia y honorarios adicionales basados en quantum meruit (solicitaba 25%). La peticionaria acude al Tribunal de Apelaciones solicitando la revocación de esta decisión. El Tribunal de Apelaciones, por los fundamentos expuestos, deniega la expedición del recurso discrecional de certiorari.

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Manny Dávila, Inc. apeló una sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó su demanda de sentencia declaratoria. La corporación buscaba anular la inscripción de una hipoteca en el Registro de la Propiedad. Alegaba que la escritura hipotecaria contenía un error al describir incorrectamente la cabida de su finca, lo que, a su juicio, invalidaba el asiento. El Estado Libre Asociado y el Registro de la Propiedad se opusieron, argumentando que un error de cabida no anula la hipoteca. Sostenían que el procedimiento adecuado era la rectificación del asiento o un acta de subsanación, requiriendo el consentimiento o la inclusión de los acreedores hipotecarios como partes indispensables. El foro primario desestimó la demanda al concluir que la nulidad era improcedente, la rectificación era la vía correcta y faltaban partes indispensables. Tras denegarse una reconsideración, Manny Dávila, Inc. presentó el recurso de apelación ante el Tribunal de Apelaciones.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico, en un panel especial, emitió una Sentencia el 21 de febrero de 2024. Se examinó un recurso de certiorari y la posición de las partes. El Tribunal decidió expedir el auto de certiorari solicitado. Se revocó la Resolución emitida por el foro recurrido. La revocación se fundamenta en que la Resolución no se atuvo a la Sentencia previa del Tribunal de Apelaciones de 19 de diciembre de 2022. En aquella Sentencia, se había ordenado al foro recurrido celebrar una vista probatoria. Dicha vista tenía el propósito de adjudicar de manera fundamentada el cálculo de los intereses acumulados a favor de los beneficiarios. El Tribunal de Apelaciones reitera que la función judicial implica adjudicar y que solo resta que el Tribunal de Primera Instancia emita su decisión fundamentada tras cumplir con lo ordenado.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre un caso de deslinde y reivindicación. La Sucesión González Rodríguez y Corporación Agrícola Amorós demandaron a José Miguel Rodríguez Rivera por confusión de linderos y ocupación de terrenos colindantes. Los demandantes solicitaron el deslinde de sus fincas y la reivindicación del área invadida. El demandado reconvino, alegando haber adquirido la propiedad en controversia por usucapión desde 1960. Los demandantes presentaron una moción de sentencia sumaria, argumentando que el demandado no presentó prueba suficiente para su alegación de usucapión. El Tribunal de Primera Instancia declaró Ha Lugar la moción, ordenando el deslinde y la reducción de cabida de la finca del demandado. El señor Rodríguez Rivera apeló esta sentencia sumaria. El Tribunal de Apelaciones revisó el recurso y el alegato en oposición de los apelados. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones resolvió confirmar la sentencia apelada.

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Comparecen ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico empleados de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) en revisión judicial. Impugnan una revisión de escala salarial implementada por la AAA mediante la Resolución Núm. 3302. Tras ser notificados individualmente de sus nuevos salarios y su derecho a revisión, los empleados solicitaron revisión administrativa ante la Oficina de Apelaciones de la AAA. Dicha Oficina declaró no tener jurisdicción sobre el reclamo de los recurrentes. Los empleados acudieron entonces al Tribunal de Apelaciones para revisar la determinación jurisdiccional de la Oficina de Apelaciones. El Tribunal examina si la Oficina de Apelaciones poseía jurisdicción para atender la impugnación de la escala salarial. Por los fundamentos expuestos, el Tribunal anuncia que revocará la determinación de la Oficina de Apelaciones.

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El Tribunal de Apelaciones evalúa una Petición de certiorari presentada por Gerardo González Collazo y Oscar Martínez Hernández. Los peticionarios buscan la revisión de una Resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó sus solicitudes de nuevo juicio. Fueron declarados culpables de asesinato en primer grado y otros delitos en 1999. La base para la solicitud de nuevo juicio es la alegación de que una jurado estuvo parcializada durante el juicio original. La jurado reportó sentirse intimidada por uno de los acusados, aunque inicialmente afirmó que esto no afectaría su decisión. Los peticionarios alegan que la jurado posteriormente admitió haber comunicado el incidente a todos los miembros del jurado, sugiriendo contaminación. El Tribunal de Primera Instancia celebró una vista evidenciaria sobre este asunto en 2023. Concluyó que la prueba presentada no demostró que el proceso deliberativo del jurado se viera afectado. El foro primario determinó que los peticionarios no presentaron prueba suficiente de prejuicio real para justificar un nuevo juicio.

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Se resuelve una apelación contra una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia (TPI) que decretó el archivo de un caso civil. Los apelantes habían instado una demanda solicitando la liquidación de participación corporativa y daños. El TPI ordenó a los apelantes mostrar causa para no imponerles una fianza de no residente y, posteriormente, les impuso una fianza de $2,500.00. Tras una moción de reconsideración, el TPI requirió a los apelantes detallar los bienes inmuebles objeto de liquidación para evaluar una excepción a la fianza. Los apelantes incumplieron esta última orden, así como la de prestar la fianza dentro del término de sesenta días dispuesto por la Regla 69.5 de Procedimiento Civil. Ante el incumplimiento reiterado, el TPI desestimó la demanda y ordenó el archivo sin perjuicio del caso. Los apelantes recurrieron esta decisión, solicitando su revocación. El panel apelativo revisó los fundamentos del TPI. Por los fundamentos expuestos, el tribunal apelativo confirma la Sentencia del TPI que ordenó el archivo del caso.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico, Panel VII, emitió una Resolución en el caso KLCE202301439. La resolución atiende una petición de certiorari presentada por Kevin Ubiñas Gerena contra El Pueblo de Puerto Rico. El recurso proviene del Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Aguadilla, y se relaciona con la supresión de evidencia en casos criminales. El Tribunal de Apelaciones, haciendo uso de su discreción, denegó la expedición del recurso solicitado. La determinación se fundamenta en la ausencia de criterios que justifiquen su intervención con una resolución interlocutoria dentro de un proceso criminal. La corte cita jurisprudencia previa, como Pueblo v. Rivera Montalvo y Pueblo v. Díaz De León, para sustentar su decisión. La resolución fue acordada por el panel de jueces y certificada por la Secretaria del Tribunal de Apelaciones. Se ordena la notificación inmediata de la resolución.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en un recurso de Certiorari presentado por las sucesiones de Mario García Quintero y Anunciata Incera. Los peticionarios impugnan una Resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó su Moción de Sentencia Sumaria en un caso de cobro de dinero. La demanda original fue presentada por el Consejo de Titulares de un condominio para reclamar cuotas de mantenimiento adeudadas por dos corporaciones. Estas corporaciones eran propiedad de los fallecidos, cuyos certificados de incorporación fueron cancelados previamente. En su moción de sentencia sumaria, los peticionarios cuestionaron la autoridad del administrador del condominio para demandar y la responsabilidad de los accionistas por deudas corporativas tras la cancelación de los certificados. Tras revisar el caso, el Tribunal de Apelaciones resuelve expedir el auto solicitado. Finalmente, el Tribunal confirma la decisión del Tribunal de Primera Instancia que denegó la Moción de Sentencia Sumaria de los peticionarios.

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Comparece ante el Tribunal de Apelaciones la parte apelante solicitando la revisión de una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de Ponce. Dicha sentencia declaró Ha Lugar mociones de sentencia sumaria y desestimó con perjuicio una demanda de daños y perjuicios. La demanda original fue presentada por los apelantes tras una caída sufrida por la señora Vázquez Rodríguez en el estacionamiento del Centro del Sur Mall en Ponce en 2018. Alegaron que la caída se debió a las malas condiciones del pavimento y reclamaron daños contra Commercial Centers Management y el Municipio Autónomo de Ponce, así como sus aseguradoras. Los demandados argumentaron falta de responsabilidad, indicando que el área no estaba bajo su control o negando negligencia. La parte apelante desistió de la acción contra el Municipio sin perjuicio. La aseguradora de Commercial Centers presentó una solicitud de sentencia sumaria. El Tribunal de Primera Instancia concedió la sentencia sumaria, desestimando el caso. El Tribunal de Apelaciones, tras revisar el caso, confirma la Sentencia apelada.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emitió una Sentencia en el caso de Kindred Spirits, Inc. contra Randiel José Negrón Torres. El peticionario, Negrón Torres, solicitó mediante certiorari la revocación de una Resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó su moción de desestimación. Kindred Spirits, Inc., dueña del restaurante Bottles, demandó a Negrón Torres por libelo, calumnia y difamación, alegando que sus expresiones públicas sobre las prácticas laborales y salariales del restaurante eran falsas y dañinas. Negrón Torres argumentó que sus declaraciones estaban vinculadas a una querella sobre impago de salarios, protegidas por el privilegio del reporte justo y verdadero, y constituían ejercicio de libre expresión sobre un asunto de interés público. La recurrida se opuso, sosteniendo que las defensas afirmativas no procedían en esa etapa y que las expresiones no eran meros reportes. El Tribunal de Apelaciones expidió el auto de certiorari solicitado. Concluyó que procedía revocar la Resolución recurrida y, en consecuencia, ordenó desestimar la demanda instada en contra del peticionario.

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Ángel Luis Rosado Arroyo presentó un recurso de revisión administrativa ante el Tribunal de Apelaciones contra la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Arecibo (COOPACA). El recurrente alega cuatro errores por parte de COOPACA relacionados con el manejo del saldo de un préstamo de su compañera consensual fallecida. Sus reclamos incluyen la denegación de solicitudes, falta de procesos uniformes para socios impedidos y omisión de notificación de acciones en cuentas. Rosado solicita la revisión de una decisión de la Corporación Pública para la Supervisión y Seguro de las Cooperativas (COSSEC) y pide una investigación y sanciones. Para determinar si posee jurisdicción, el Tribunal ordenó previamente al recurrente someter copia de la decisión administrativa de COSSEC que impugna. La Sentencia explica la importancia de la jurisdicción y el deber del Tribunal de verificarla antes de atender el recurso. Se mencionan las leyes que rigen la revisión judicial de decisiones administrativas. El plazo para que el recurrente presentara el documento requerido venció el 13 de febrero de 2024. La capacidad del Tribunal para resolver el fondo del recurso depende de la confirmación de su jurisdicción.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre un recurso de revisión administrativa. Alexis Candelaria Monserrate recurre la resolución de la Junta de Libertad Bajo Palabra que le denegó el privilegio de libertad bajo palabra. La resolución de la Junta fue emitida el 3 de noviembre de 2023 y notificada el 30 de noviembre de 2023. El recurrente presentó su escrito de revisión judicial el 26 de enero de 2024, alegando que la determinación de la Junta no se basó en la evidencia. El Tribunal examina su jurisdicción para revisar decisiones administrativas. Se destaca que la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme establece un término de treinta días para presentar la solicitud de revisión tras la notificación de la orden final. Dado que el recurso se presentó fuera de este término, el Tribunal concluye que carece de jurisdicción. Por consiguiente, se desestima el recurso de revisión judicial presentado por el recurrente.

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Este documento es una Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. Resuelve un Recurso de Revisión Administrativa presentado por Evaliz Rivera Medina. La recurrente buscaba la revisión judicial de una Resolución del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACo). Dicha Resolución, emitida el 15 de septiembre de 2023, atendió una querella sobre compra venta de vehículo de motor. El DACo había declarado Ha Lugar la querella contra B&K Auto, Corp. pero la desestimó contra Pentagon Federal Credit Union. El Tribunal de Apelaciones analizó el expediente del caso. Determinó que el recurso de revisión judicial fue presentado fuera del término legal establecido. La Sentencia subraya la naturaleza jurisdiccional de los términos para recurrir y la necesidad de cumplir con las normas procesales. Conforme a la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, el término para solicitar revisión judicial es de treinta días. Al haberse presentado tardíamente, el Tribunal concluyó que carecía de jurisdicción y procedió a desestimar el recurso.

Resumen:

Juan R. Sequeira López de Victoria presentó un recurso de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones para revisar una Orden del Tribunal de Primera Instancia. El caso se originó tras ser dado de baja de Ponce Health Science University por no cumplir con requisitos de vacunación, a pesar de solicitar exoneraciones. El peticionario presentó una demanda buscando sentencia declaratoria e interdictos para reanudar sus estudios. El foro primario citó a una vista de injunction preliminar, pero denegó su solicitud urgente de un interdicto provisional inmediato. Alegó ante el Tribunal de Apelaciones que esta denegatoria constituía un error que le causaba daño irreparable al impedirle continuar su semestre. El Tribunal de Apelaciones evaluó la petición bajo los criterios para la expedición de un auto de certiorari. Considerando la naturaleza discrecional del recurso, el Tribunal resolvió denegar la expedición del auto solicitado.

Resumen:

Una Petición de Certiorari fue presentada por Somed LLC ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. Somed solicitó la revisión de una Resolución del Tribunal de Primera Instancia de Fajardo, dictada el 9 de enero de 2024. Mediante dicha resolución, el Tribunal de Primera Instancia declaró No Ha Lugar la solicitud de Somed para declarar en desacato a Hiram Guadalupe Pérez e imponerle honorarios por temeridad. Somed había obtenido previamente una Sentencia de desahucio en precario contra el señor Guadalupe. Posteriormente, Somed solicitó el lanzamiento y luego pidió el desacato, alegando que el recurrido no había desalojado la propiedad y/o había suscrito un contrato de arrendamiento con un tercero para evadir la Sentencia. El señor Guadalupe se opuso, afirmando que ya había desalojado el inmueble y que el contrato de arrendamiento con el tercero fue suscrito por un representante de la propia Somed. El Tribunal de Primera Instancia había denegado previamente la solicitud de lanzamiento, señalando que el recurrido había informado que no ocupaba la propiedad. Por los fundamentos expuestos, el Tribunal de Apelaciones denegó el recurso de Certiorari presentado por Somed LLC.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones, mediante resolución de 21 de febrero de 2024, consideró la solicitud del Sr. Omar Alvarado Alvarado para revocar una Orden Interlocutoria del Tribunal de Primera Instancia de Bayamón. Dicha orden del foro primario dispuso sobre la pertinencia de ciertas preguntas en un interrogatorio entre las partes. Luego de deliberar, el panel apelativo determinó no intervenir con la decisión recurrida. El tribunal explicó que no surgió del expediente que el Tribunal de Primera Instancia actuara con prejuicio, parcialidad, error manifiesto o craso abuso de discreción. Tampoco se divisaron fundamentos jurídicos que motivaran la expedición del auto instado al amparo de los criterios de la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones. Basado en lo anterior, se denegó la expedición del auto de certiorari solicitado.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de divorcio sobre custodia y relaciones filiales. El peticionario, Geovany Soto Ponce, solicitó revocar dos resoluciones del Tribunal de Primera Instancia (TPI) de diciembre de 2023 y enero de 2024. Estas resoluciones se originaron tras un incidente donde la madre, Luzem Arlene Torres Osorio, informó que los hijos se negaron a relacionarse con el padre. El TPI ordenó a las partes identificar un recurso terapéutico para facilitar las relaciones paternofiliales. El padre impugnó esta orden, alegando falta de debido proceso y alienación parental, y solicitó sanciones contra la madre. El TPI emitió una resolución abordando la moción del padre, reafirmando la necesidad de terapia y ordenando a la madre permitir la comunicación telefónica. El Tribunal de Apelaciones evaluó la solicitud del peticionario y los documentos del caso. Determinó que el recurso de apelación fue presentado de forma prematura. Por tanto, el Tribunal de Apelaciones desestimó el recurso.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico, en un panel especial, atendió dos recursos de certiorari relacionados con un litigio entre el Consejo de Titulares del Condominio Reina del Mar y Triple-S Propiedad, Inc. El caso original en el Tribunal de Primera Instancia versaba sobre incumplimiento de contrato de seguros y daños y perjuicios relacionados con los huracanes Irma y María. El Tribunal de Apelaciones ordenó la consolidación de ambos recursos de certiorari por involucrar a las mismas partes y materia. Posteriormente, las partes presentaron una estipulación de desistimiento voluntario con perjuicio de la demanda. El Tribunal declaró "Con Lugar" dicha moción, aprobando el desistimiento. Como resultado, se ordenó el archivo del recurso de Apelación presentado.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre la impugnación de la Subasta Formal Núm. 23J-13341 de la Administración de Servicios Generales (ASG). American Roofing of Puerto Rico, Inc. recurrió judicialmente tras no obtener respuesta a su solicitud de revisión administrativa de la adjudicación. La empresa recurrente alegó múltiples errores en el proceso de subasta y la resolución de adjudicación de la ASG. El Tribunal, al examinar planteamientos jurisdiccionales, determinó que la notificación de la adjudicación de la subasta por parte de la ASG resultó defectuosa. Esta conclusión primó sobre la consideración de los méritos de la impugnación planteada por American Roofing. Por tanto, el Tribunal ordenó a la ASG corregir y notificar nuevamente la adjudicación. Los términos para recurrir en alzada comenzarán a correr a partir de la nueva notificación.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa una decisión del Secretario del Trabajo y Recursos Humanos que confirmó la concesión de beneficios de seguro por desempleo a Betsy N. Rodríguez Ortiz, exempleada de Morovis Community Health Center (MCHC). MCHC presentó un recurso de revisión administrativa impugnando dicha determinación. Como cuestión jurisdiccional, el Tribunal aborda si un patrono privado posee legitimación activa para recurrir una decisión que concede beneficios por desempleo a un exempleado. El Tribunal reitera su postura consistente de que los patronos privados carecen de dicha legitimación. Esta determinación se basa en la doctrina de justiciabilidad, que exige que la parte recurrente demuestre un interés real y un daño claro y palpable, no abstracto. Al no cumplir MCHC con este requisito de legitimación, el Tribunal concluye que no puede atender el recurso. Por consiguiente, el Tribunal desestima el recurso de revisión presentado por Morovis Community Health Center.

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Esta sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico atiende una petición de certiorari presentada por Cost Control Company, Inc. Cost Control solicitó revocar una resolución del Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Ponce. El foro primario había declarado No Ha Lugar la solicitud de desestimación presentada por Cost Control en un caso de despido. La controversia se origina en una querella instada por Raquel Ramírez Benítez contra su exempleador, Cost Control. La señora Ramírez Benítez alegó despido injustificado bajo la Ley Núm. 80. En una segunda querella, añadió causas de acción por discrimen por edad bajo la Ley Núm. 100 y daños. Cost Control argumentó que el despido fue justificado y negó las alegaciones de la querella. El Tribunal de Apelaciones expidió el auto de certiorari para revisar la decisión del foro primario. El Tribunal modificó la Resolución recurrida y, así modificada, la confirmó.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisó una determinación del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACo). La recurrente, Valerie García García, solicitó la revocación de una resolución del DACo que desestimó su querella. La querella original ante el DACo alegaba vicios redhibitorios en un vehículo Nissan Rogue adquirido en mayo de 2018. La consumidora reportó ruidos y vibraciones persistentes poco después de la compra. A pesar de múltiples visitas al concesionario y reparaciones bajo garantía, incluyendo el reemplazo del motor, la recurrente alegaba que los problemas continuaban y solicitaba la resolución del contrato. El DACo, tras evaluar la prueba, determinó que todas las condiciones reportadas fueron reparadas adecuadamente bajo garantía y sin costo. Un técnico del DACo también realizó una inspección del vehículo. El Tribunal de Apelaciones examinó el expediente y el derecho aplicable. Confirmó la resolución del DACo que declaró No Ha Lugar la querella y desestimó la reclamación de la consumidora.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una Resolución en los casos consolidados KLCE202201419 y KLCE202300626. Estos recursos de certiorari involucran al Consejo de Titulares del Condominio Reina del Mar y a TRIPLE-S PROPIEDAD, INC. Los casos se originan en el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Carolina, bajo el número civil CA2019CV03588. La disputa principal versa sobre incumplimiento de contrato de seguros y daños y perjuicios relacionados con los Huracanes Irma y María. Las partes presentaron una "Estipulación de Desistimiento Voluntario con Perjuicio de la Demanda" el 6 de febrero de 2024. El Tribunal declara "Con Lugar" dicha moción. En consecuencia, se aprueba el desistimiento presentado por las partes. Se ordena el archivo del recurso de Apelación.

Resumen:

Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre una petición de Certiorari. Los peticionarios, René Ronda Rivera y la Asociación de Propietarios de Vega Serena, buscaban revocar un injunction preliminar. Dicho injunction fue emitido por el Tribunal de Primera Instancia de Bayamón a favor de NSB Vega Baja, LLC. NSB, desarrollador del proyecto La Sabana, demandó a los peticionarios por interferir con trabajos de construcción. La interferencia consistía en impedir la conexión de una tubería sanitaria de La Sabana al sistema existente en Vega Serena. NSB presentó permisos de la Oficina de Gerencia de Permisos y la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, además de un acuerdo de servidumbre. El Tribunal de Primera Instancia concedió el injunction, determinando que NSB tenía autorización válida y que el trabajo era necesario. El tribunal concluyó que los peticionarios no podían obstaculizar trabajos de utilidad pública debidamente autorizados. Tras revisar la petición, el Tribunal de Apelaciones denegó la expedición del recurso de Certiorari.