Casos del Tribunal de Apelaciones (Página 81)

Resumen:

Se revisa mediante certiorari una resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó una solicitud de reconsideración. La peticionaria impugna la anotación de rebeldía en su contra por no presentar la contestación a la demanda dentro del término concedido. A pesar de prórrogas obtenidas, la peticionaria presentó su alegación responsiva fuera de término, anejándola a una moción de reconsideración. Alegó error o inadvertencia excusable como justificación para la tardanza. El TPI impuso una sanción económica y, tras el pago, denegó la reconsideración, manteniendo la anotación de rebeldía. La peticionaria argumentó que el TPI erró al no cumplir con la Regla 39.2 antes de anotar la rebeldía. El Tribunal de Apelaciones expidió el auto para revisar el dictamen. Tras la revisión, el Tribunal de Apelaciones confirma la resolución recurrida del Tribunal de Primera Instancia.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones resuelve una solicitud de certiorari presentada por Hacienda San José Homeowners Association, Inc. (HSJ). HSJ pidió revocar una Resolución del Tribunal de Primera Instancia de Caguas que autorizó cierto descubrimiento de prueba. El caso subyacente es una demanda incoada por el Consejo de Titulares del Condominio Puerta del Parque contra HSJ. El Condominio alega que paga la misma cuota de mantenimiento que otras secciones de HSJ pero recibe menos servicios. Se menciona que HSJ aumentó la cuota del Condominio en 2013 con compromisos de mantenimiento específicos. Posteriormente, HSJ aprobó y luego eliminó aportaciones para electricidad y áreas verdes del Condominio. El Condominio sostiene que HSJ ignoró sus solicitudes de información y remedios. La demanda incluye reclamaciones por cobro de dinero, enriquecimiento injusto, incumplimiento y trato desigual. El Tribunal de Apelaciones denegó la expedición del auto de certiorari solicitado por HSJ.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico consideró recursos de certiorari presentados por el Municipio de San Juan, Óptima Seguros y Bermúdez Investment Corporation. Estos recursos impugnaban una resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó su solicitud de sentencia sumaria. La acción original es una demanda por daños y perjuicios presentada por Olga Evelyn Otero Santana. La señora Otero Santana alega haber sufrido una caída y graves lesiones en una rampa ubicada en una acera municipal, cerca de un restaurante. Atribuye la caída a la negligencia en la construcción, mantenimiento, iluminación y falta de pasamanos en la rampa. Los peticionarios negaron responsabilidad y argumentaron la ausencia de controversia de hechos para justificar la sentencia sumaria. El Tribunal de Apelaciones consolidó los recursos de certiorari. Tras revisar el caso, el panel decidió expedir los recursos. Finalmente, modificó el dictamen recurrido del Tribunal de Primera Instancia. Así modificado, el Tribunal de Apelaciones confirmó la denegatoria de la sentencia sumaria.

Resumen:

Resolución del Tribunal de Apelaciones en un caso de impericia médica y daños y perjuicios. La demandante, Ana I. González Gutiérrez, alegó negligencia del Dr. Miguel Ramírez Ripoll y otros durante y después de una cirugía de catarata. Los demandados presentaron una Moción en Solicitud de Sentencia Sumaria, argumentando que el propio perito de la demandante validó el tratamiento y que no se presentó prueba de negligencia o nexo causal. El Tribunal de Primera Instancia declaró no ha lugar dicha moción. Los demandados recurrieron al Tribunal de Apelaciones mediante certiorari para revocar esa decisión. El Tribunal de Apelaciones, por los fundamentos expuestos, denegó la expedición del recurso de certiorari. Esto implica que la decisión del Tribunal de Primera Instancia de no dictar sentencia sumaria se mantiene.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico consolidó dos recursos de certiorari presentados por el Municipio de San Juan, Óptima Seguros y Bermúdez Investment Corporation. Los peticionarios impugnaron una Resolución del Tribunal de Primera Instancia que declaró "No Ha Lugar" su solicitud de sentencia sumaria. El caso original es una demanda por daños y perjuicios presentada por Olga Evelyn Otero Santana. La demandante alega haber sufrido una caída grave en una rampa ubicada en una acera municipal frente a un restaurante, resultando en fracturas y síndrome de dolor crónico. Atribuye la caída a la negligencia de los demandados por la construcción, falta de mantenimiento, iluminación y ausencia de pasamanos en la rampa. Los peticionarios argumentaron en su moción de sentencia sumaria que no existía controversia de hechos y que la demandante carecía de prueba. El Tribunal de Apelaciones expidió los recursos, modificó el dictamen recurrido y, así modificado, lo confirmó.

Resumen:

Se trata de una revisión judicial ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. North Sight Communications, LLC impugna la adjudicación de la Subasta Núm. SF (OC) 2023-015 del Departamento de Educación a favor de Codecom, LLC. La subasta buscaba adquirir radios portátiles y móviles para el Departamento de Educación. NSC presentó una solicitud de revisión ante la Junta Revisora de la ASG tras la notificación de la adjudicación. Sus argumentos principales se centran en supuestas violaciones al reglamento durante el acto de apertura de ofertas. NSC alegó que no se permitió a los licitadores examinar los documentos presentados. También sostuvo que la Junta de Subastas no verificó la inclusión de todos los documentos requeridos ni inició y selló las páginas de las ofertas. Además, indicó que no se preparó un acta del acto de apertura dentro del término de 24 horas. Estas irregularidades, según NSC, afectaron la transparencia y confiabilidad del proceso de subasta. El documento detalla el historial de la subasta, incluyendo enmiendas y fechas clave, y los fundamentos de la impugnación presentada por NSC.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa una resolución del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO). La resolución del DACO decretó la rescisión de un contrato de compraventa de vehículo entre Munich, LLC y David A. Flores Cabán. DACO concluyó que Munich incurrió en dolo grave al momento de la contratación, viciando el consentimiento del comprador. El señor Flores Cabán adquirió un vehículo BMW usado de Munich. Como parte de la transacción, se incluyó una garantía extendida de Veritas, ya que el auto no contaba con la garantía del fabricante. Tras percibir ruidos en el vehículo, el señor Flores Cabán descubrió que el automóvil había estado involucrado en un accidente previo. El vehículo había sido declarado "pérdida total" por el seguro. Esta condición implicaba que el vehículo no estaba cubierto por la garantía del fabricante. El Tribunal de Apelaciones, al revisar el caso, confirmó la determinación del DACO. Se ratifica así la rescisión del contrato de compraventa debido al dolo grave.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emitió sentencia en el recurso de revisión presentado por Elaine M. Acosta Javierre contra el Negociado de Servicio al Contribuyente. La controversia central giró en torno a un error matemático determinado por Hacienda en la planilla de contribución sobre ingresos de la recurrente para el año 2015. El error se relacionaba con una compensación recibida por la Sra. Acosta Javierre al separarse de su empleo, calculada bajo la Ley 80-1976. Hacienda determinó que dicha compensación estaba sujeta a la Contribución Básica Alterna y que no incluirla constituía un error. La Oficina de Apelaciones Administrativas confirmó la determinación de Hacienda. Dicha oficina concluyó que la compensación no estaba explícitamente exenta del cómputo de la Contribución Básica Alterna según el Código de Rentas Internas y el Reglamento aplicable para 2015. La recurrente apeló esta decisión administrativa ante el Tribunal de Apelaciones. El Tribunal revisó el caso y los fundamentos presentados. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones confirmó la Resolución de la Oficina de Apelaciones Administrativas.

Resumen:

Esta sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico atiende un recurso de revisión administrativa de una resolución del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO). La resolución original del DACO surgió de una disputa sobre la compraventa de un vehículo de motor y ordenó al recurrente, Felcon Automotive, LLC, pagar $15,088.00 más intereses a los recurridos. El recurrente impugnó esta resolución ante el Tribunal de Apelaciones, alegando múltiples errores, especialmente en cuanto al cálculo y otorgamiento de daños. Posteriormente, uno de los recurridos argumentó que la resolución del DACO no era final y solicitó relevo a la agencia. El DACO informó entonces al tribunal que había dejado sin efecto la resolución recurrida. Otras partes involucradas se opusieron a la acción del DACO, sosteniendo que la agencia carecía de jurisdicción para anular su decisión mientras el caso estaba bajo revisión judicial. El Tribunal de Apelaciones finalmente desestima el recurso de revisión administrativa. La desestimación se fundamenta en el principio de academicidad, ya que la resolución subyacente que se impugnaba ha sido dejada sin efecto por la propia agencia.

Resumen:

Ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico se presentó un recurso de revisión judicial contra una resolución de la Junta de Retiro del Gobierno. El peticionario, Severino Bermúdez Varela, solicitó la revocación de la decisión de la Junta que le denegó beneficios de bono de medicamentos, aguinaldo de navidad y aportación a plan médico. El señor Bermúdez había solicitado pensión en 2013 pero continuó trabajando en el mismo puesto sin interrupción hasta 2021. La Junta denegó los beneficios argumentando que no cumplía la definición de pensionado al no haberse separado del servicio público. El peticionario alegó que la Junta erró basándose en una carta normativa especial de 2013. El Tribunal examinó el recurso, los documentos y el expediente administrativo. Tras el análisis, el Tribunal resolvió confirmar la determinación recurrida. Con ello, se sostuvo la denegatoria de los beneficios reclamados por el señor Bermúdez.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de revisión administrativa. El recurrente, un miembro de la población correccional, solicitó la intervención judicial para que se ordenara al Departamento de Corrección y Rehabilitación emitir una respuesta final a su solicitud de remedio administrativo de mayo de 2023. Dicha solicitud administrativa no había sido atendida en su totalidad dentro de los términos reglamentarios. Un recurso de revisión judicial anterior sobre el mismo asunto fue desestimado en diciembre de 2023 por prematuro, ya que la respuesta inicial de la agencia no era final. En el curso de este nuevo recurso, el Departamento de Corrección y Rehabilitación informó al Tribunal que, el 7 de marzo de 2024, emitió una nueva resolución. Esta resolución atendió finalmente todos los reclamos del recurrente relacionados con su matrícula y participación en programas educativos. Al existir ahora una determinación administrativa final sobre todos los puntos planteados, el proceso administrativo ha concluido. Por consiguiente, el Tribunal determina que carece de jurisdicción para conocer del recurso que buscaba compeler la emisión de dicha respuesta. Se desestima el recurso de revisión administrativa por falta de jurisdicción.

Resumen:

Karina Ríos Rivera recurrió ante el Tribunal de Apelaciones para impugnar una resolución de la Oficina de Apelaciones del Sistema de Educación (OASE). La OASE había desestimado con perjuicio su reclamación sobre un nombramiento. La desestimación se fundamentó en el alegado incumplimiento de una orden que solicitaba a la recurrente confirmar su interés en continuar el caso. La señora Ríos Rivera argumentó que el incumplimiento fue resultado de un error o inadvertencia de su abogado con el correo electrónico. Sostuvo que la desestimación por un único incumplimiento era errónea. El Departamento de Educación, parte recurrida, compareció ante el Tribunal de Apelaciones y coincidió con la recurrente. Alegó que la desestimación fue improcedente, especialmente si la orden no fue debidamente notificada o si no se siguió el procedimiento reglamentario. Ambas partes solicitaron que el caso fuera devuelto a la OASE. El Tribunal de Apelaciones determinó que la desestimación fue incorrecta en derecho. En consecuencia, el Tribunal revocó la resolución de la OASE y ordenó la continuación de los procedimientos administrativos.

Resumen:

Comparece ante el Tribunal de Apelaciones el Sr. Antonio Jusino Rodríguez solicitando la revisión de una Resolución de la Junta de Retiro del Gobierno de Puerto Rico. La Resolución recurrida, emitida el 18 de enero de 2024, confirmó una determinación previa sobre una solicitud de beneficios por defunción. El Sr. Jusino Rodríguez, como viudo de la Sra. Lilliam González Ortiz, maestra retirada, reclamaba el derecho a recibir la mitad de la pensión de su esposa tras su fallecimiento. Presentó una solicitud de beneficios por defunción ante la Junta de Retiro. El proceso ante la agencia incluyó una apelación inicial por parte del Sr. Jusino Rodríguez que fue desestimada por prematura, ya que la Junta aún no había emitido una determinación final. Posteriormente, la Junta de Retiro emitió una determinación sobre la solicitud, la cual fue confirmada en la Resolución apelada. El Sr. Jusino Rodríguez argumentó que su derecho a los beneficios estaba preservado bajo las leyes de retiro aplicables. El Tribunal de Apelaciones revisó el caso. Por los fundamentos expuestos en la sentencia, el Tribunal confirmó la Resolución emitida por la Junta de Retiro.

Resumen:

Sentencia de un panel de jueces que resuelve recursos consolidados de certiorari y apelación. Los recursos impugnan una Sentencia Parcial del Tribunal de Primera Instancia, Sala de Caguas. El caso original fue instado por Franklin Credit Management Corporation contra el matrimonio Cintrón-Molina por cobro de dinero y ejecución de hipoteca. La Sentencia Parcial recurrida denegó la desestimación contra el Sr. Cintrón pero la concedió a favor de la Sra. Molina y la sociedad de gananciales por falta de emplazamiento conforme a derecho. Este tribunal acoge el recurso como apelación para revisar dicho dictamen. Se discuten las diligencias realizadas por Franklin Credit para emplazar a los demandados, incluyendo intentos en residencias y lugares de trabajo. Se detalla la declaración jurada del emplazador sobre los intentos infructuosos de localización y entrega de los emplazamientos. Ante la imposibilidad de emplazamiento personal, Franklin Credit solicitó autorización para emplazar por edicto. Finalmente, este tribunal MODIFICA la Sentencia Parcial apelada, REVOCANDO en parte y CONFIRMANDO en parte.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre la liquidación de sociedad legal de gananciales tras un divorcio. La apelante, Luz Evelyn Muñiz Muñoz, solicitó la revisión de la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que declaró Ha Lugar su demanda contra el apelado, Abel Durant Toro. Las partes estuvieron casadas bajo el régimen de gananciales desde 1994 hasta su divorcio en 2016. La apelante presentó la demanda de liquidación en 2018 para dividir la comunidad de bienes post-divorcio. Alegó que el apelado incumplió órdenes previas del pleito de divorcio relativas a un negocio ganancial y la disposición de bienes. El Tribunal de Primera Instancia celebró juicio y dictó sentencia determinando las participaciones y forma de pago. La apelante recurrió esta decisión. El Tribunal de Apelaciones revisó los fundamentos y determinaciones del foro primario. Se decidió modificar la Sentencia apelada. La Sentencia del Tribunal de Primera Instancia es confirmada según modificada por el Tribunal de Apelaciones.

Resumen:

Ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico se revisa una apelación contra una sentencia que denegó un injunction. El apelante, Julio Santiago de Alba, solicitó un interdicto estatutario contra su vecino, Alberto Hernández Rivera. Alegó que Hernández Rivera realizó construcciones ilegales en su propiedad que violaban reglamentos de planificación y afectaban sus derechos propietarios. El Tribunal de Primera Instancia declaró No Ha Lugar la solicitud de injunction y desestimó la acción. Hernández Rivera se opuso, indicando que parte de las estructuras existían previamente y que el Municipio había aprobado una consulta para legalizar las obras. Mencionó que una decisión previa del Tribunal de Apelaciones revocó la aprobación administrativa solo por la nulidad del reglamento utilizado, no por los méritos de la construcción. La controversia sobre la nulidad de dicho reglamento estaba pendiente ante el Tribunal Supremo. Tras revisar el caso, el Tribunal de Apelaciones confirmó el dictamen apelado que denegó el injunction.

Resumen:

Sentencia de un tribunal apelativo sobre un caso de despido injustificado. Edgardo Lugo Fournier apeló la desestimación de su querella contra GFR Media, LLC. Lugo Fournier reclamaba que su despido en 2020, tras años de servicio, fue arbitrario y violó la Ley Núm. 80. Solicitaba una indemnización por despido injustificado. GFR Media defendió que el despido constituyó justa causa debido a una reorganización empresarial. La reorganización fue consecuencia del impacto económico de la pandemia de COVID-19. La empresa alegó haber eliminado la posición del apelante y otras similares, sin contratar personal para tareas equivalentes en los seis meses siguientes. El Tribunal de Primera Instancia acogió la moción de sentencia sumaria de GFR Media y desestimó la querella. El tribunal apelativo revisó el dictamen. Finalmente, el tribunal apelativo confirmó la sentencia recurrida.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de apelación por despido injustificado bajo la Ley 80. La apelante, Yadira Abouomar Rivera, impugna la Sentencia Sumaria del Tribunal de Primera Instancia que desestimó su demanda contra Axesa Servicios de Información y Caribe Media. La Sra. Abouomar Rivera alegó haber sido despedida sin justa causa por Axesa tras más de 15 años de servicio, solicitando compensación. Axesa defendió el despido como parte de una restructuración bona fide debido a dificultades económicas y disminución de ventas. Caribe Media argumentó no ser el patrono de la apelante. El foro primario concedió la sentencia sumaria a favor de los demandados, al encontrar justificado el despido y desestimar la demanda. La apelante recurrió esta decisión ante el Tribunal de Apelaciones. Tras revisar el caso, el Tribunal de Apelaciones confirmó la Sentencia Sumaria apelada.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisó una sentencia del Tribunal de Primera Instancia sobre patentes municipales. La controversia surgió por una determinación de deficiencia de pago de patentes impuesta por el Municipio de Guayanilla a Freepoint Commodities LLC por más de \$15 millones. Freepoint impugnó la deficiencia, argumentando que sus actividades comerciales relevantes no se realizaban en Guayanilla, sino principalmente en Peñuelas y fuera de Puerto Rico. El Municipio sostuvo que la venta de combustible a la AEE ocurría en Guayanilla y que el transporte involucraba su territorio marítimo. El Tribunal de Primera Instancia dictó sentencia sumaria a favor de Freepoint, concluyendo que no procedía la imposición de patentes. El Municipio apeló esta decisión ante el Tribunal de Apelaciones. Tras evaluar los argumentos y fundamentos, el Tribunal de Apelaciones confirmó la sentencia apelada. Con esta determinación, se ratifica que Freepoint Commodities LLC no estaba obligada al pago de patentes municipales en el Municipio de Guayanilla por el periodo fiscal en disputa.

Resumen:

Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre una impugnación de confiscación de vehículo. Yadiel Omar Franco Díaz apeló la denegatoria de su solicitud de sentencia sumaria por el Tribunal de Primera Instancia en su demanda contra el Estado. La demanda busca impugnar la confiscación de su vehículo Ford Mustang. La confiscación inicial se basó en una presunta violación del Artículo 5.06 de la Ley de Tránsito, que autoriza la confiscación. Franco Díaz argumentó que la confiscación devino ilegal porque el caso criminal se resolvió con una alegación de culpabilidad a un delito menor (Artículo 5.07) que no conlleva confiscación. Sostuvo que, al no existir condena por el delito que autorizaba la confiscación, la base legal para retener el vehículo desapareció. El Estado se opuso, alegando que la confiscación es una acción *in rem* independiente del proceso penal y que su legalidad se presume. El Tribunal de Apelaciones acogió el recurso como un certiorari para revisar la resolución interlocutoria. Finalmente, el Tribunal denegó la expedición del auto solicitado, confirmando la decisión del foro primario de no dictar sentencia sumaria a favor del peticionario.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de ejecución de hipoteca. El peticionario, Carlos José Suárez Guillén, solicitó la revisión de una resolución del Tribunal de Primera Instancia. Dicha resolución denegó su moción de desestimación y acción independiente de nulidad de sentencia por mala fe. El caso se inició en 2015 por Banco Santander tras el incumplimiento de un pagaré hipotecario de 2013. Se dictó sentencia sumaria a favor del demandante en 2017. Tras varios trámites procesales y recursos previos denegados, Estrella Homes, LLC fue sustituida como parte demandante. Estrella Homes solicitó la ejecución de la sentencia. El peticionario presentó la moción que fue denegada por el foro primario en septiembre de 2022. El Tribunal de Apelaciones, al evaluar el recurso de certiorari, determina denegarlo. La sentencia confirma la decisión del Tribunal de Primera Instancia de no dar lugar a la solicitud del peticionario.

Resumen:

Compareció ante el Tribunal de Apelaciones Aldo Brito Rodríguez en revisión judicial contra una determinación de la Comisión Apelativa del Servicio Público (CASP). La CASP impuso al recurrente una suspensión definitiva de empleo y sueldo de diez días laborables por alegado incumplimiento de métricas de productividad y otras ofensas. El licenciado Brito impugnó la decisión, cuestionando la jurisdicción de la CASP para establecer dichas métricas e imponer la sanción, y alegando violaciones al debido proceso. Previamente, el recurrente intentó detener el procedimiento disciplinario mediante un interdicto en el Tribunal de Primera Instancia, pero su demanda fue desestimada. Ahora, el Tribunal de Apelaciones desestima el recurso de revisión judicial. La desestimación se fundamenta en la falta de jurisdicción del Tribunal. El recurrente no agotó todos los remedios administrativos disponibles ante la propia CASP antes de acudir a la vía judicial.

Resumen:

Este es un fallo del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico relativo a una reclamación por daños y perjuicios derivada de un accidente de múltiples vehículos. El caso se originó de dos demandas consolidadas presentadas contra Transporte León LLC. y otras partes. Los apelantes impugnaron una sentencia parcial del Tribunal de Primera Instancia que desestimó la reclamación contra el codemandado Oriental Sand & Gravel, Inc. Los apelantes habían alegado que Oriental era responsable por cargar el camión involucrado en el accidente sin verificar la aptitud del conductor. Oriental solicitó sentencia sumaria, argumentando que solo cargó el camión y no tenía nexo causal con el accidente o la condición del conductor. El Tribunal de Primera Instancia concedió la moción de Oriental, al no encontrar cocausación. El Tribunal de Apelaciones revisó la apelación contra esta desestimación. El panel apelativo finalmente confirmó la sentencia parcial del Tribunal de Primera Instancia, manteniendo la desestimación de Oriental del caso.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emitió una sentencia el 18 de marzo de 2024 en el caso KLAN202300534. Este caso era una apelación criminal presentada por Luis A. Martinez Pino contra El Pueblo de Puerto Rico. La apelación provenía del Tribunal de Primera Instancia, Sala de Bayamón, relacionada con un cargo de Tentativa de Art. 93 del Código Penal. La parte apelante presentó una Moción Solicitando Desistimiento de la apelación. El Tribunal declaró CON LUGAR dicha moción, acogiendo el desistimiento. La decisión se fundamentó en la Regla 83(A) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones. Como resultado, se ordenó el archivo definitivo de la causa. Adicionalmente, se instruyó a la Secretaría del Tribunal a dejar sin efecto la preparación de la transcripción de prueba oral del juicio.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico denegó la expedición de los recursos de certiorari presentados por Bristol Myers Squibb y Aerotek. Los peticionarios impugnaban la Resolución del Tribunal de Primera Instancia que declaró no ha lugar sus mociones de sentencia sumaria en un caso de discrimen por madre obrera. La recurrida, Zailiz Paola Amador Rivera, alegó haber sido despedida discriminatoriamente de su empleo temporero a consecuencia de su estado de gestación. Los peticionarios sostuvieron que la terminación se debió a la culminación de la asignación o a incumplimientos de normas, negando el discrimen y, en el caso de Aerotek, el conocimiento del embarazo al momento del despido. El Tribunal de Primera Instancia determinó que, a pesar de hechos no controvertidos, persistían hechos materiales en controversia que impedían dictar sentencia sumaria y requerían un juicio. Al denegar los recursos, el Tribunal de Apelaciones validó la decisión del foro primario de continuar con el proceso judicial para dirimir las controversias fácticas.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una Resolución en un caso de alegado discrimen por madre obrera. Los peticionarios, Aerotek y Bristol Myers Squibb, impugnan la decisión del Tribunal de Primera Instancia que denegó sus mociones de sentencia sumaria. Argumentan que el foro primario erró al no dictar sentencia sumaria, pues, a su juicio, no existían controversias de hecho. La recurrida, Zailiz Paola Amador Rivera, alegó haber sido despedida discriminatoriamente debido a su estado de gestación. El Tribunal de Primera Instancia determinó que, si bien muchos hechos no estaban en disputa, persistían controversias sobre hechos materiales propuestos por ambos peticionarios. Estos hechos en controversia justificaban la necesidad de un juicio para dirimir elementos de credibilidad. La existencia de estas controversias de hecho impedía la concesión de la sentencia sumaria solicitada. Por los fundamentos expuestos, el Tribunal de Apelaciones denegó la expedición de los recursos de certiorari.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa una resolución de la Oficina de Apelaciones del Sistema de Educación (OASE). El recurrente, Alfredo Ares Ruiz, impugna la decisión de la OASE de dejar sin efecto una resolución previa por falta de jurisdicción. El caso original se remonta a 2009, cuando el Departamento de Educación destituyó al señor Ares Ruiz como maestro. El proceso administrativo ante la Comisión Apelativa (predecesora de la OASE) se extendió por años, enfrentando dilaciones. Tras la declaración de quiebra del Gobierno de Puerto Rico bajo la Ley PROMESA, el Departamento de Educación solicitó la paralización de los procedimientos administrativos. La OASE determinó que la Ley PROMESA le impedía continuar con el caso, declarándose sin jurisdicción. El señor Ares Ruiz recurrió esta determinación ante el Tribunal de Apelaciones. El Tribunal de Apelaciones examinó los fundamentos de la resolución de la OASE. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones confirmó la resolución de la OASE, validando su decisión de falta de jurisdicción bajo el amparo de PROMESA.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisando una resolución del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACo). El caso surge de una querella presentada por una consumidora, Maritza Ayala Toro, contra el vendedor (A&G Holding), el financiador (Popular Auto) y un concesionario (Cabrera) por defectos en un vehículo usado comprado en enero de 2021. El auto presentó problemas eléctricos y mecánicos, particularmente con el panel de instrumentos, poco después de la compra. La consumidora intentó obtener reparaciones bajo garantía en varias ocasiones. El DACo declaró con lugar la querella contra el vendedor y el financiador, desestimando la acción contra el concesionario. Popular Auto apeló esta decisión. El Tribunal de Apelaciones revisó los hechos probados por el DACo, incluyendo los problemas del vehículo y un informe pericial. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones confirmó la Resolución del DACo.

Resumen:

Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de certiorari. El peticionario, Wilfredo Ortiz Santana, impugnó la decisión del Tribunal de Primera Instancia en un caso de interdicto posesorio. El foro primario había denegado la solicitud de sentencia sumaria del peticionario. En su lugar, el Tribunal de Primera Instancia ordenó la celebración de una vista en su fondo para el 21 de marzo de 2024. El peticionario buscaba con la sentencia sumaria tramitar el caso de forma expedita. Tras evaluar el recurso, el Tribunal de Apelaciones decidió prescindir de la comparecencia de la parte recurrida. Finalmente, el panel denegó la expedición del auto de certiorari. Esto significa que la decisión del Tribunal de Primera Instancia de celebrar la vista en su fondo se mantiene.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisó una decisión del Tribunal de Primera Instancia en un caso sobre despido injustificado (Ley 80) y discrimen (Ley 100). La demandante, una extécnica de farmacia, demandó a su empleador y a la sucesión de la dueña, alegando ambiente hostil y despido constructivo tras más de 14 años de servicio. Una codemandada, parte de la sucesión, solicitó la desestimación del caso, argumentando que las reclamaciones eran remedios laborales exclusivos, estaban impedidas por una decisión administrativa previa y carecían de alegaciones suficientes. El Tribunal de Primera Instancia declaró No Ha Lugar a la solicitud de desestimación. La codemandada peticionó al Tribunal de Apelaciones para revisar dicha determinación. El Tribunal de Apelaciones expidió el auto de certiorari. Tras la revisión, el Tribunal modificó la resolución del foro primario. La modificación consistió en desestimar la causa de acción presentada al amparo de la Ley Núm. 100. Así modificada, la resolución del Tribunal de Primera Instancia fue confirmada.

Resumen:

Un pleito de cobro de dinero, daños e incumplimiento de contrato fue instado por María de los Ángeles Ayala Lebrón contra Best Health Group, LLC. La señora Ayala Lebrón alega ser la única heredera de su hermano fallecido, quien poseía una participación del 15% en Best Health, tras la repudiación de la herencia por parte de otros hermanos. Best Health planteó si los posibles sobrinos, hijos de los hermanos que repudiaron, eran partes indispensables, dependiendo de la aplicación del derecho de representación. El Tribunal de Primera Instancia inicialmente consideró esta posibilidad, pero luego, en reconsideración, determinó que los sobrinos no eran partes indispensables, concluyendo que el derecho de representación no aplicaba al no haber repudiado todos los hermanos. Best Health recurrió esta decisión mediante certiorari ante el Tribunal de Apelaciones. El Tribunal de Apelaciones revisó la determinación del foro primario sobre las partes indispensables y la aplicación del derecho de representación. Encontrando un error, el Tribunal de Apelaciones expidió el auto solicitado por Best Health. Por consiguiente, el Tribunal de Apelaciones revocó la Resolución y Orden emitida por el Tribunal de Primera Instancia el 8 de febrero de 2024.

Resumen:

Se trata de una apelación ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. La apelante, Myrna Mabel Echegaray del Valle, impugna una sentencia sumaria del Tribunal de Primera Instancia. Dicha sentencia desestimó su querella contra Eagle Industries del Caribe, Inc. por despido injustificado y discrimen. La señora Echegaray del Valle alegó haber sido despedida sin justa causa y discriminada por edad y género, reclamando que fue sustituida por un empleado masculino de menor edad. Eagle Industries sostuvo que el despido fue por justa causa, citando violaciones graves a normas y deshonestidad, y negó la sustitución discriminatoria, indicando que las funciones fueron redistribuidas. El Tribunal de Primera Instancia concedió la sentencia sumaria a favor de la empresa. Tras revisar el recurso, el Tribunal de Apelaciones confirma la sentencia apelada. La desestimación sumaria de la querella por despido injustificado y discrimen queda validada.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico que resuelve una solicitud de certiorari. La peticionaria, Migdalia López Gómez, impugna una determinación del Tribunal de Primera Instancia de San Juan. Dicha determinación declaró Ha Lugar una solicitud de ejecución de sentencia y depósito de honorarios presentada por la Asociación de Empleados del Estado Libre Asociado de Puerto Rico (AEELA). El caso original se relaciona con el despido de la peticionaria de la AEELA en 2013 y un pleito posterior. La peticionaria alegó que la decisión de ejecución contravenía sentencias previas del Tribunal de Apelaciones que establecieron la ley del caso y ordenaron mantener el statu quo a su favor. Presentó dos señalamientos de error ante el Tribunal de Apelaciones. Tras evaluar el recurso, el Tribunal de Apelaciones desestima la solicitud de certiorari.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa una Resolución emitida por el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACo). Dicha Resolución declaró Con Lugar una querella presentada por la señora Ivelisse Ortiz López contra Jamalo Auto Corp. y Caribe Federal Credit Union (CFCU). La querella original versaba sobre la compraventa de un vehículo de motor usado que, según la consumidora, presentaba serios desperfectos y corrosión no informados. La señora Ortiz López solicitó la nulidad de la compraventa y del contrato de financiamiento. DACo falló a favor de la consumidora en su resolución. Caribe Federal Credit Union, la entidad financiera, presentó un recurso de Revisión Judicial ante el Tribunal de Apelaciones para impugnar la decisión del DACo. El Tribunal procedió a evaluar los fundamentos de la Resolución recurrida. Tras su análisis, el Tribunal de Apelaciones determinó modificar la Resolución del DACo. Finalmente, la Resolución recurrida fue confirmada tal como fue modificada por el Tribunal.

Resumen:

Se presenta ante este Tribunal de Apelaciones una Petición de Certiorari incoada por Anthony Vázquez. El recurso solicita la revisión de una Resolución emitida por el Tribunal de Primera Instancia (TPI) en enero de 2024. Mediante dicha Resolución, el TPI declaró ha lugar una Moción sobre Desestimación presentada por el señor Vázquez. La moción se fundamentó en la Regla 64(P) de Procedimiento Criminal y el debido proceso de ley. Como resultado, el TPI dejó sin efecto las determinaciones de causa para acusar y devolvió el caso a la etapa de vista preliminar. El trasfondo procesal incluye cargos por violaciones a la Ley de Sustancias Controladas y una vista preliminar inicial donde se determinó no causa. Posteriormente, en una vista de reconsideración, el TPI modificó su dictamen y determinó causa probable para acusar. Esta determinación se realizó mientras el señor Vázquez comparecía sin representación legal. El documento detalla esta secuencia de eventos que culminó en la decisión del TPI ahora bajo revisión.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emitió una resolución el 15 de marzo de 2024, atendiendo una solicitud de BHC, LLC y otros. Los Peticionarios solicitaron revocar una decisión del Tribunal de Primera Instancia (TPI) que declaró No Ha Lugar su Moción de Sentencia Sumaria. El TPI determinó que quedaba un asunto material sin resolver para el juicio, específicamente sobre el conocimiento de las partes recurridas respecto a la condición de inundabilidad de la propiedad. Tras revisar el asunto, el tribunal apelativo no encontró indicio de que el TPI actuara con prejuicio, parcialidad, error manifiesto o craso abuso de discreción. El tribunal también concluyó que no existían fundamentos jurídicos bajo sus reglas para expedir el auto de certiorari solicitado. Por lo tanto, el Tribunal de Apelaciones decidió no intervenir con la determinación del TPI. Se denegó la expedición del auto de certiorari.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en un recurso de apelación sobre un caso de daños y perjuicios. La apelante, María A. Fargas De Jesús, impugna la Sentencia Parcial del Tribunal de Primera Instancia que desestimó su demanda contra Kim Sam PR Retail, LLC (KSPR) por prescripción. El foro primario concluyó que la acción contra KSPR estaba prescrita al no haber sido incluido en la reclamación inicial ni en la demanda subsiguiente, impidiendo la interrupción del término prescriptivo. La apelante argumentó que fue inducida a error sobre la identidad del propietario responsable y que incluyó un nombre ficticio ("John Doe") para cubrir a las partes correctas. Tras evaluar el expediente y el derecho aplicable, el Tribunal de Apelaciones procedió a revisar la decisión recurrida. La sentencia del Tribunal de Apelaciones revoca el dictamen del Tribunal de Primera Instancia que había declarado Ha Lugar la moción de desestimación por prescripción presentada por KSPR. La apelación se centró en si la acción contra KSPR había prescrito debido a la falta de emplazamiento o inclusión formal dentro del término legal.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones resolviendo un recurso de apelación presentado por la Asociación de Condóminos Quadrangle Medical Center. La Asociación demandó a la Sra. Lisette Enid Cruz Peña por el cobro de cuotas de mantenimiento adeudadas por la Oficina 305. La Sra. Cruz Peña alegó que su exesposo, el Sr. Osvaldo I. Caro Pérez, era el responsable de la deuda según acuerdos de divorcio y un posterior acuerdo privado/arrendamiento verbal donde él ocupaba la propiedad. El Tribunal de Primera Instancia ordenó a la Sra. Cruz Peña pagar una parte del principal de la deuda (\$5,531.02) pero la eximió de intereses y recargos, imputando parte de la deuda al Sr. Caro Pérez basado en el acuerdo entre ellos. La Asociación apeló esta decisión. El Tribunal de Apelaciones revisó el dictamen del foro primario. El Tribunal de Apelaciones modificó la Sentencia apelada y así modificada la confirmó.

Resumen:

Jonathan Sierra De Jesús solicitó la revisión judicial de una resolución de la Junta de Libertad Bajo Palabra ante el Tribunal de Apelaciones. La Junta había denegado el privilegio de libertad bajo palabra al peticionario. Asimismo, determinó posponer la reconsideración de su caso hasta agosto de 2024. Esta decisión se tomó luego de que el Departamento de Corrección no proveyera una nueva reliquidación de sentencia solicitada por la Junta. Inconforme con la fecha de reconsideración, el señor Sierra De Jesús presentó una solicitud de remedio administrativo para corregirla. Dicha solicitud fue denegada por el Departamento, argumentando que la Junta es la única con facultad para calendarizar las vistas. El peticionario acudió entonces al Tribunal de Apelaciones para impugnar la denegación de su remedio administrativo. El Tribunal, ejerciendo su función revisora, confirmó la determinación de la Junta. La sentencia valida la decisión de la Junta de posponer la próxima evaluación del caso hasta agosto de 2024.

Resumen:

Este caso de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico surge de un proceso de alimentos en el Tribunal de Primera Instancia de Arecibo. Jorge Rodríguez Alicea, el padre, impugna una Orden del TPI que limita su acceso directo a información sobre el cuido de la menor. La Orden recurrida establece que el padre debe solicitar primero la información a la madre, Monika Rodríguez González, y solo acudir al tribunal si ella no la provee. El padre alegó que esta restricción violaba su derecho a la patria potestad. La madre argumentó que los asuntos de patria potestad debían ventilarse en un caso separado. El Tribunal de Apelaciones expidió el auto de certiorari para revisar la determinación del TPI. Tras la revisión, el Tribunal de Apelaciones confirmó la Orden emitida por el Tribunal de Primera Instancia.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emitió un dictamen en un recurso de apelación presentado por Yesenia Feliciano Chárriez. La apelación buscaba la revisión y paralización de decisiones del Tribunal de Primera Instancia que ordenaron el cierre del caso de pensión alimentaria y la terminación/suspensión de la obligación del padre, José Javier Serrano González. El tribunal inferior basó sus decisiones en la alegación del padre de que tenía la custodia de las hijas y la madre no aportaba. La madre se opuso, argumentando que mantenía la custodia legal según la sentencia de divorcio original. El Tribunal de Apelaciones revisó el historial del caso, incluyendo acuerdos previos de pensión. Por los fundamentos expuestos, el Tribunal de Apelaciones revocó el dictamen y la orden apelada del Tribunal de Primera Instancia.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de Mandamus sobre acceso a información pública. El Gobierno de Puerto Rico, en representación del Departamento de Salud y el Registro Demográfico, apela una decisión del Tribunal de Primera Instancia. Dicha decisión concedió una Petición de Mandamus al Centro de Periodismo Investigativo (CPI). El CPI solicitó acceso a la base de datos de mortalidad de Puerto Rico. Este es el cuarto recurso de Mandamus instado por el CPI para obtener información similar. En casos previos, los tribunales habían ordenado la divulgación de estos datos, con la condición de suprimir información confidencial como números de seguro social. La controversia actual se centra en que el Estado entregó la base de datos suprimiendo campos que ya habían sido divulgados anteriormente. El Tribunal de Primera Instancia ordenó al Estado producir los documentos requeridos por el CPI. El Estado apeló esta determinación. El Tribunal de Apelaciones revisa la Sentencia apelada. El Tribunal de Apelaciones resuelve modificar la Sentencia del foro primario y, así modificada, la confirma.

Resumen:

Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de certiorari presentado por JI Site Developers, LLC. La peticionaria solicitó revocar una resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó una Moción de Relevo de Sentencia por Nulidad al Haberse Dictado en Ausencia de Partes Indispensable, presentada por la Universidad de Puerto Rico en Carolina y otros. El caso subyacente trata sobre una demanda de JI Site contra la UPR Carolina por la cancelación de un contrato de arrendamiento de terreno para una antena de telecomunicaciones. La UPR Carolina alegó que el contrato era nulo por incumplir con regulaciones universitarias sobre arrendamientos a largo plazo y subastas. JI Site buscaba interdictos y sentencia declaratoria para validar el contrato y obtener acceso a la propiedad. El Tribunal de Apelaciones denegó la expedición del auto de certiorari solicitado por JI Site.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones confirma una sentencia del Tribunal de Primera Instancia que ordenó la distribución a partes iguales (50%) de fondos producto de la venta de un inmueble en liquidación de comunidad de bienes. El apelante reclamaba créditos por gastos, pero sus alegaciones fueron eliminadas por el TPI como sanción por incumplimiento reiterado con órdenes de descubrimiento de prueba. La apelada presentó una petición de quiebra, pero el Tribunal de Apelaciones determinó que la paralización automática no aplicaba en este contexto. Al no existir controversias válidas sobre los créditos tras la eliminación de las alegaciones del apelante, el TPI concluyó que procedía la división equitativa de los fondos consignados. La sentencia del TPI, que también impuso honorarios de abogado por temeridad al apelante, es confirmada en su totalidad.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una resolución en el caso de Carlos Bechara Fagundo contra Firstbank Puerto Rico, originado en un cobro de dinero. El señor Bechara Fagundo presentó un recurso de certiorari solicitando la revisión de una Resolución Parcial y Orden del Tribunal de Primera Instancia (TPI). En el foro primario, el peticionario había alegado la nulidad de una sentencia previa por falta de jurisdicción sobre su persona debido a defectos en el emplazamiento y notificación. El TPI determinó que la sentencia no fue debidamente notificada por edicto, considerando los trámites posteriores "ultra vires" y una violación al debido proceso, pero no desestimó el caso con perjuicio. El peticionario acudió al Tribunal de Apelaciones imputando error al TPI por no desestimar la demanda con perjuicio. El Tribunal de Apelaciones, actuando como celoso guardián de su jurisdicción, examinó el recurso. Se explica que un recurso es prematuro cuando se presenta antes de que el asunto esté listo para adjudicación, constituyendo un defecto insubsanable de jurisdicción. Dado que el recurso impugna un dictamen interlocutorio del TPI y no una sentencia final que resuelva la controversia principal, el Tribunal de Apelaciones concluye que el recurso es prematuro. Por consiguiente, se desestima el recurso de certiorari por falta de jurisdicción.

Resumen:

Este documento detalla el historial procesal en un caso de divorcio ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico, centrado en la modificación de la pensión alimenticia. Inicialmente, se fijó la pensión y la responsabilidad de gastos escolares y médicos según un informe de la Examinadora de Pensiones Alimenticias. Aproximadamente dos años después, la madre solicitó una revisión de la pensión, alegando primero mayores ingresos del padre y luego basándose en la matrícula de los hijos en una institución privada. El padre se opuso a la revisión, argumentando que la decisión de cambiar a educación privada fue unilateral, innecesaria y económicamente inviable. Solicitó que los menores regresaran a la escuela pública o que la madre cubriera los gastos de la educación privada. La madre presentó mociones adicionales pidiendo permiso para continuar la educación privada y reclamando retroactivos por gastos escolares y pensión supuestamente impagada. El tribunal de primera instancia ordenó a la madre acreditar haber consultado y obtenido el consentimiento del padre para la matrícula en la escuela privada. El caso gira en torno a la disputa sobre la decisión unilateral de cambiar la educación de los menores y su impacto en la pensión alimenticia.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de Certiorari sobre Desahucio en Precario. La Peticionaria, Lydia E. González Quiñones, impugnó la decisión del Tribunal de Primera Instancia que denegó su moción de desestimación. La demanda de desahucio fue instada por David Colón Berrios como "mandatario verbal" de las Recurridas, Ivette y Frances Lebrón Echevarria, quienes reclaman la propiedad como herederas. La Peticionaria alegó poseer título sobre la propiedad basado en su matrimonio con el causante, la sociedad de gananciales no liquidada y su residencia continua. Argumentó también la falta de legitimación activa del demandante original por basarse en un mandato verbal. El Tribunal de Apelaciones expidió el auto de certiorari. La Sentencia revoca el dictamen recurrido del Tribunal de Primera Instancia.

Resumen:

Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de liquidación de comunidad postganancial. La peticionaria, Ana María Ortiz Aponte, solicitó mediante Certiorari la revisión de una resolución del Tribunal de Primera Instancia. Dicha resolución denegó su Moción en Solicitud de Dictamen de Sentencia Sumaria en el pleito contra su exesposo, Regalado Maldonado Hernández. El caso principal versa sobre la división y liquidación de los bienes y deudas acumulados durante el matrimonio bajo el régimen de sociedad legal de gananciales. La peticionaria demandó la liquidación, reclamando su porción y alegando administración exclusiva por el recurrido. El recurrido contestó la demanda, disputando la naturaleza ganancial de ciertos bienes y alegando que una propiedad fue cedida a la hija de las partes, quien interviene en el caso. También presentó una reconvención y argumentó que la hija era parte indispensable. El Tribunal de Primera Instancia, tras los trámites, denegó la sentencia sumaria solicitada por la peticionaria. El Tribunal de Apelaciones, mediante esta resolución, deniega la expedición del auto de Certiorari solicitado por la peticionaria.

Resumen:

Se revisa judicialmente una resolución del Tribunal Administrativo de ASUME sobre modificación de pensión alimentaria. La pensión inicial para el padre no custodio, James Santiago Rodríguez, se basó en un salario mínimo imputado por desempleo. La madre custodia, Maite A. Rivera Fonseca, solicitó la modificación alegando cambios en los ingresos del padre, incluyendo la formación de una corporación. Durante el proceso administrativo, surgieron disputas sobre la posibilidad de obtener información financiera de la corporación. El foro administrativo inicialmente determinó que la corporación era una entidad separada y denegó solicitudes de descubrimiento de prueba sobre sus finanzas. A pesar de las objeciones y la complejidad probatoria, ASUME finalmente declaró Ha Lugar la solicitud de modificación de pensión de la madre. El padre no custodio recurrió esta decisión ante el Tribunal de Apelaciones. El Tribunal de Apelaciones, tras evaluar el recurso, confirmó el dictamen administrativo recurrido.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones considera un recurso de Certiorari presentado por Iris N. Rodríguez Pagán contra una Resolución del Tribunal de Primera Instancia de Carolina. La resolución impugnada denegó una moción de reconsideración sobre el rechazo de una solicitud de cita con la Jueza Administradora del TPI. La peticionaria, litigando por derecho propio y en forma pauperis (estatus concedido por el tribunal), busca la revisión de dicha determinación en un caso subyacente de ejecución de hipoteca y cobro de dinero. El Tribunal de Apelaciones examinó la solicitud de certiorari a la luz de las reglas procesales apelativas. Se determinó que la petición incumple sustancialmente con los requisitos de la Regla 34 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones. Entre las deficiencias se encuentran la falta de claridad sobre el error señalado, la omisión de documentos esenciales como la resolución recurrida y la moción original, y la ausencia de una relación de hechos procesales. El incumplimiento con estas normas impide al tribunal colocarse en posición de revisar la decisión del foro primario. Por tanto, el recurso no cumple con los requisitos necesarios para su perfeccionamiento y revisión judicial.