Casos del Tribunal de Apelaciones (Página 68)

Resumen:

Comparece el Ministerio Público ante el Tribunal de Apelaciones mediante recurso de certiorari. Solicita revocar una Resolución del Tribunal de Primera Instancia (TPI) que acogió una solicitud de habeas corpus. El habeas corpus fue presentado por Jesús Ricardo Ubri Custodio, quien se encontraba sumariado por varios delitos graves. Ubri Custodio argumentó la violación de su derecho a juicio rápido, al excederse el término constitucional de seis meses sin que se celebrara el juicio. Inicialmente, el TPI desestimó cargos por violación al juicio rápido, ordenando su excarcelación, pero el Ministerio Público refiló los cargos el mismo día. Tras una segunda vista preliminar, se presentaron nuevas acusaciones y se inició un juicio por jurado. Este primer juicio culminó en un jurado disuelto al no alcanzar un veredicto unánime. El TPI pautó un segundo juicio, pero antes de iniciar, concedió el habeas corpus solicitado por Ubri Custodio. La Resolución del TPI declaró Ha Lugar el habeas corpus y ordenó la excarcelación del recurrido. El Ministerio Público impugna esta decisión ante el Tribunal de Apelaciones.

Resumen:

La Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (ASSMCA) comparece ante el Tribunal de Apelaciones solicitando la revocación de una resolución del Tribunal de Primera Instancia (TPI). Dicha resolución del TPI, emitida en un caso sobre ingreso involuntario bajo la Ley de Salud Mental, ordenó a ASSMCA ubicar a un paciente en cuidado prolongado o, alternativamente, sufragar los costos de su ubicación temporal o gastos hospitalarios. ASSMCA presentó una moción en el TPI alegando que la orden era ilegal y contraria a las normas de contratación y fondos. El TPI declaró no ha lugar la moción de ASSMCA, indicando que ya había considerado su posición y que los argumentos no justificaban la nulidad de la orden. Insatisfecha, ASSMCA recurrió al Tribunal de Apelaciones mediante certiorari. Alegó que el TPI erró al ordenar el pago de servicios no contratados e interferir con su política pública y la separación de poderes. El Hospital Panamericano, parte recurrida, presentó una moción de desestimación. Tras evaluar los escritos, el Tribunal de Apelaciones deniega la expedición del recurso de certiorari solicitado por ASSMCA.

Resumen:

Sentencia de un panel de jueces en Puerto Rico que resuelve una apelación presentada por el señor Pedro Raúl Lebrón Vargas. El apelante impugna una Sentencia Parcial del Tribunal de Primera Instancia de Mayagüez. Dicha sentencia declaró como gananciales los fondos recibidos por el señor Lebrón de la Administración Federal de Veteranos por concepto de compensación por incapacidad. La controversia surgió en el contexto de una demanda de liquidación de comunidad de bienes post ganancial. El señor Lebrón sostenía que los fondos eran privativos, mientras que la señora Joan Pérez Martínez, la apelada, argumentaba su carácter ganancial. La apelada indicó que la compensación fue aprobada durante el matrimonio y sustituyó ingresos para la sociedad conyugal. Tras revisar los fundamentos, el panel de jueces confirma la Sentencia Parcial apelada. Con ello, se ratifica que la compensación por incapacidad de veterano recibida durante la vigencia del matrimonio es de carácter ganancial.

Resumen:

Resolución judicial de un panel de jueces sobre un recurso de Certiorari presentado por Ricardo R. Hatton Rentas. El Sr. Hatton solicitó la revisión de una decisión del Tribunal de Primera Instancia (TPI) que denegó su moción para desestimar reconvenciones enmendadas. El caso se originó con una demanda del Sr. Hatton contra Jennice Durán Rosado por daños y perjuicios bajo la doctrina de Libelo y Calumnia. La Sra. Durán presentó reconvenciones alegando interferencia torticera contractual y, en enmiendas posteriores, persecución maliciosa. El Sr. Hatton argumentó que las reclamaciones por persecución maliciosa carecían de bases fácticas suficientes. El TPI declaró No Ha Lugar la moción de desestimación del Sr. Hatton. Inconforme, el Sr. Hatton acudió al tribunal superior mediante Certiorari, alegando error del TPI al no desestimar las reconvenciones. El panel judicial, tras considerar el recurso, resuelve denegar la expedición del Certiorari solicitado.

Resumen:

Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de divorcio con asuntos de custodia pendientes. Como parte de una evaluación social ordenada por el Tribunal de Primera Instancia (TPI), se realizaron pruebas toxicológicas a las partes. El peticionario arrojó positivo en la prueba ordenada por el tribunal, lo que llevó a la trabajadora social a recomendar tratamiento y relaciones paternofiliales supervisadas. El peticionario impugnó el resultado, alegando uso de cannabis medicinal y presentando una prueba posterior con resultados distintos. Solicitó una vista evidenciaria para confrontar la prueba y presentar su defensa. El TPI acogió los resultados de la prueba ordenada por el tribunal, desestimó la prueba presentada por el peticionario y denegó la solicitud de vista. Insatisfecho, el peticionario acudió al Tribunal de Apelaciones mediante auto de certiorari, argumentando que el TPI erró y abusó de su discreción al negarle el debido proceso de ley. El Tribunal de Apelaciones, tras evaluar la petición, deniega la expedición del auto de certiorari.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisó una sentencia del Tribunal de Primera Instancia de Bayamón. Caparra Center Associates, LLC apeló la desestimación de su demanda contra Bertha Neumann de Zayas y otros. La demanda buscaba el cobro de dinero por incumplimiento de un contrato de arrendamiento comercial. Caparra Center alegó que los apelados eran garantizadores personales de un contrato de 1994, extendido en 2015. Reclamaba que la garantía cubría el término extendido y la deuda acumulada por la arrendataria. Los apelados sostuvieron que su garantía solo aplicaba al contrato original y se extinguió con la extensión de 2015, que consideraron una nueva obligación. El Tribunal de Primera Instancia denegó la moción de sentencia sumaria del apelante y desestimó la demanda. El Tribunal de Apelaciones, tras revisar los fundamentos, confirmó la sentencia apelada. Esto significa que la desestimación de la demanda contra los garantizadores fue ratificada.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa una Sentencia Parcial del Tribunal de Primera Instancia de Carolina. Dicha sentencia declaró con lugar una solicitud de sentencia sumaria de la parte apelada, Lcda. Patricia Miranda De León, y desestimó con perjuicio una demanda de nulidad de escritura pública presentada por el apelante, Adalberto Cuadrado Rivera. El señor Cuadrado Rivera demandó a la Lcda. Miranda De León para anular una escritura de dación en pago de honorarios de abogado por $\$10,000$. Alegó que la escritura, otorgada mientras estaba recluido, es nula por incumplir formalidades notariales. Sostuvo que el notario no estuvo presente cuando firmó y que la fecha y lugar de otorgamiento en la escritura son incorrectos, ya que se encontraba encarcelado en otro municipio. La Lcda. Miranda De León defendió la validez del acuerdo y reconvino, alegando que la acción de nulidad era maliciosa. El apelante solicitó sentencia sumaria para desestimar la reconvención, reiterando la nulidad de la escritura por su reclusión en la fecha indicada. El Tribunal de Primera Instancia, sin embargo, falló a favor de la Lcda. Miranda De León, desestimando la demanda de nulidad. La apelación busca revocar esta determinación.

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Se resuelve la apelación presentada por la Sra. Carmen Burgos López contra la Sentencia Sumaria emitida por el Tribunal de Primera Instancia. Dicho dictamen concedió el petitorio desestimatorio sumario de la parte apelada y declaró sin lugar la demanda de la apelante por daños y perjuicios. La demanda se basaba en un alegado embargo ilegal, producto de una sentencia en rebeldía en un caso previo de cobro de dinero por cuotas de mantenimiento. La apelante adujo que la sentencia original era contraria a derecho porque ya no era dueña del apartamento cuando se presentó la demanda. La parte apelada solicitó sentencia sumaria, presentando hechos y evidencia. Tras una apelación previa que ordenó al TPI permitir a la apelante oponerse, esta presentó una oposición que el foro primario consideró incumplió las reglas procesales. El TPI concedió la sentencia sumaria basándose en los hechos propuestos por la parte apelada y el incumplimiento procesal de la apelante. El tribunal apelativo revisó el dictamen del TPI. Por los fundamentos expuestos, se confirma la Sentencia Sumaria apelada.

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Petición de Ángel Orlando Rivera Medina para ser eliminado del Registro de Ofensores Sexuales de Puerto Rico. El peticionario fue convicto en Wisconsin en 1989 por agresión sexual y cumplió parte de su sentencia y libertad supervisada en Puerto Rico. Argumenta que extinguió su condena en enero de 1997, antes de la entrada en vigor de la Ley Núm. 28 de 1997 que creó el registro en la isla. Sostiene que, por ello, no estaba obligado a inscribirse o que cumple con los requisitos para ser removido. El Tribunal de Primera Instancia denegó su solicitud inicial y una reconsideración. Rivera Medina recurre ante el Tribunal de Apelaciones, alegando errores del TPI al no considerar que su sentencia terminó antes de la ley y que ha transcurrido tiempo suficiente. El Ministerio Público se opuso, indicando que la sentencia original de Wisconsin requería registro por quince años. El Tribunal de Apelaciones revisa la determinación del TPI y los fundamentos presentados por las partes.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico desestima un recurso de revisión presentado por Emmanuel Fuentes Enriquez contra el Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR). El recurrente, un confinado, solicitó autorización para tener una máquina de recortar cabello personal, petición que fue denegada por el DCR. Tras la denegatoria inicial, el recurrente solicitó una reconsideración administrativa. El DCR acogió la reconsideración e indicó que emitiría una resolución final en 30 días. Sin embargo, el recurrente presentó su recurso de revisión judicial ante el Tribunal de Apelaciones antes de que el DCR emitiera dicha resolución final. Aunque el DCR posteriormente confirmó la denegatoria en su resolución de reconsideración, el recurso judicial fue presentado prematuramente. Por lo tanto, el Tribunal concluye que el recurrente no agotó los remedios administrativos disponibles antes de acudir a la vía judicial. La desestimación se fundamenta en la falta de jurisdicción debido a este incumplimiento procesal.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico consideró una petición de certiorari en un caso de ejecución de hipoteca y cobro de dinero. La petición fue presentada por Gilberto Vázquez García e Iris Margarita Collazo Vázquez contra Apex Bank. Los peticionarios solicitaron la revocación de una Resolución del Tribunal de Primera Instancia de Guayama. Dicha Resolución había declarado sin lugar la solicitud de sentencia sumaria parcial presentada por los peticionarios. Los peticionarios alegaban haber saldado la hipoteca, mientras que Apex Bank sostenía que existían atrasos y deuda pendiente. El foro primario denegó la sentencia sumaria al encontrar controversias de hechos persistentes sobre los pagos y la deuda. Inconformes, los peticionarios acudieron al Tribunal de Apelaciones mediante certiorari. Tras examinar la petición y la oposición, el Tribunal de Apelaciones denegó la expedición del auto de certiorari. La decisión implica que el Tribunal no encontró mérito suficiente bajo los criterios de certiorari para revisar la determinación del foro primario en este momento.

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Se presenta una apelación ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico contra una sentencia del Tribunal de Primera Instancia. Dicha sentencia desestimó un recurso y confirmó la descalificación de la candidatura del Dr. Ediel José Varela Deliz al Senado por el Distrito de San Juan por parte de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE). El recurrente alega que la CEE le impidió completar la presentación de endosos al cerrarle el acceso al sistema electrónico antes de la fecha límite. Sostiene que la CEE rechazó endosos y no garantizó el debido proceso de ley ni a él ni a los electores respecto a la notificación y subsanación de los endosos rechazados. El Dr. Varela Deliz argumenta que la CEE erró al no asegurar la accesibilidad al sistema, al determinar la incompatibilidad de firmas sin un proceso claro de subsanación, y al impedirle continuar registrando endosos. El Tribunal de Primera Instancia desestimó su reclamación, dando paso a esta apelación.

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Francisco Canales Canales presentó un recurso de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones. Solicitó la revocación de una Resolución del Tribunal de Primera Instancia, Sala de Utuado. Dicha resolución denegó su petición para corregir la sentencia impuesta, al considerar que no cumplió los requisitos de la Regla 192.1 de Procedimiento Criminal. El Procurador General de Puerto Rico compareció solicitando la desestimación del recurso. Argumentó que el peticionario no le notificó la presentación del recurso en el término reglamentario. El Tribunal de Apelaciones desestima el certiorari. Fundamenta su decisión en la obligación de perfeccionar los recursos conforme a los preceptos legales y reglamentarios. La omisión de la notificación adecuada a la parte recurrida impide el perfeccionamiento del recurso, justificando la desestimación.

Resumen:

Nelson Luis Sánchez Rodríguez solicitó al Tribunal de Apelaciones revocar una Resolución del Tribunal de Primera Instancia. Dicha Resolución denegó su petición para dejar sin efecto una Sentencia en un pleito de cobro de dinero y ejecución de hipoteca. El pleito original fue presentado por Luna Residential II LLC contra los deudores hipotecarios y Sánchez Rodríguez como titular registral de la propiedad hipotecada. Sánchez Rodríguez fue debidamente emplazado pero no compareció ni contestó la demanda. Ante su inacción, Luna Residential II LLC solicitó y obtuvo una sentencia en rebeldía contra los demandados. Posteriormente, Sánchez Rodríguez pidió dejar sin efecto la sentencia, alegando que comunicaciones extrajudiciales con la abogada de la demandante le llevaron a no contestar. El Tribunal de Primera Instancia declaró No Ha Lugar su solicitud, al considerar que no presentó justa causa para su incomparecencia. Inconforme con esta determinación, Sánchez Rodríguez recurrió al Tribunal de Apelaciones. Mediante esta Resolución, el Tribunal de Apelaciones deniega la expedición del auto solicitado por el peticionario. La decisión confirma la determinación del foro primario de no dejar sin efecto la sentencia en rebeldía.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre una impugnación de confiscación de vehículo. La Cooperativa de Ahorro y Crédito Jesús Obrero apeló la desestimación de su demanda por el Tribunal de Primera Instancia. El foro primario desestimó el caso al determinar que la Cooperativa carecía de legitimación activa para impugnar la confiscación bajo la Ley 119-2011. La Cooperativa, como acreedor financiero garantizado del vehículo confiscado, alegó la nulidad e ilegalidad de la confiscación por incumplimiento procesal y violaciones constitucionales. También cuestionó la constitucionalidad de la ley y el valor de tasación del automóvil. La entidad apelante presentó evidencia de su interés propietario y consignó una fianza equivalente al valor del vehículo. El Estado argumentó que la Cooperativa no había probado su legitimación activa conforme a la ley. El Tribunal de Primera Instancia, a pesar de admitir la fianza y ordenar la devolución del vehículo, desestimó la demanda. El Tribunal de Apelaciones revisó la determinación de falta de legitimación activa. Por los fundamentos expuestos, el Tribunal de Apelaciones revocó la Sentencia apelada.

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Recurso de certiorari presentado por un padre contra una Resolución del Tribunal de Primera Instancia sobre alimentos entre parientes para su hija mayor de edad y estudiante universitaria. El foro primario fijó una pensión de $480 mensuales, a ser pagada por ambos padres en igual proporción. El peticionario alega que la distribución igualitaria es incorrecta y viola el principio de proporcionalidad, dado que la madre tiene mayores ingresos. También sostiene que el tribunal erró al no retrotraer la eliminación de la pensión alimentaria previa a la fecha de su solicitud. El Tribunal de Apelaciones expidió el auto de certiorari. Tras revisar el caso, el panel judicial determinó modificar la Resolución recurrida.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de cobro de dinero. Metro 3, LLC apeló la desestimación de su demanda contra Jorge Urrutia Vallés por el Tribunal de Primera Instancia. La demanda original reclamaba incumplimiento de contrato de arrendamiento y cobro de rentas adeudadas tras la desocupación temprana de una oficina. El foro primario desestimó el caso al acoger una moción del apelado, quien alegó falta de jurisdicción por diligenciamiento tardío de la notificación-citación bajo la Regla 60. El Tribunal de Apelaciones revisó la decisión de desestimación. Determinó que la desestimación basada en el diligenciamiento tardío de la notificación-citación bajo la Regla 60 fue errónea. Por tanto, el Tribunal de Apelaciones revocó la sentencia apelada. Ordenó que el caso se convierta al trámite ordinario y que se expidan y diligencien los emplazamientos conforme a la Regla 4.3 de Procedimiento Civil.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emitió una Resolución denegando un recurso de certiorari presentado por Will A. Rivera Mercado. El peticionario solicitaba la revisión de una Resolución del Tribunal de Primera Instancia que declaró No Ha Lugar su moción de desestimación bajo la Regla 64(p) de Procedimiento Criminal. Dicha moción argumentaba que el Ministerio Público no presentó prueba de causalidad en la vista preliminar sobre los cargos por violación a la Ley de Vehículos y Tránsito (Artículos 7.06 y 5.07(c)) que resultaron en una muerte. El Tribunal de Primera Instancia concluyó que la fiscalía sí presentó prueba suficiente a través de testimonios de agentes para establecer los elementos del delito y la conexión con el acusado, incluyendo evidencia física. El Tribunal de Apelaciones, tras evaluar los fundamentos, denegó el certiorari.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de apelación sobre división o liquidación de comunidad de bienes. El apelante, Francisco López Rodríguez, solicita la revisión de una sentencia del Tribunal de Primera Instancia que liquidó la copropiedad sobre un inmueble y autorizó su venta en pública subasta. La apelada, Vanessa Delgado Echevarría, demandó la división de la propiedad adquirida conjuntamente antes de su matrimonio bajo capitulaciones. La controversia se centra en la división de un solar en Trujillo Alto, incluyendo las aportaciones al pronto pago, mejoras y los pagos hipotecarios. El apelante alegó haber realizado todos los pagos de la hipoteca desde junio de 2019. El foro primario reconoció créditos a favor de ambas partes por sus respectivas aportaciones y pagos. La sentencia de instancia adjudicó los porcientos de participación y dispuso la venta del inmueble. El Tribunal de Apelaciones revisó la decisión de primera instancia. Finalmente, el panel judicial modificó en parte la sentencia apelada y, así modificada, la confirmó.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resolviendo apelaciones consolidadas entre la Oficina del Contralor Electoral (OCE) y el Departamento de la Familia (DF). La controversia principal gira en torno a si ciertos artículos del DF, como camisas, jackets, banderines y telones de fondo, que llevan el logo de gobierno y el nombre de la agencia sobre un fondo predominantemente azul, constituyen "anuncios" sujetos a la veda electoral bajo la Ley 222-2011. La OCE determinó que sí, argumentando que el color azul se asocia a un partido político. El DF discrepó, señalando la tonalidad del azul y la fecha de distribución de los artículos. El Tribunal de Primera Instancia falló a favor del DF, adoptando una definición restrictiva de "anuncio". Sin embargo, el Tribunal de Apelaciones, por mayoría de su panel, concluye que dichos artículos sí constituyen anuncios para fines de la veda electoral. Se determina que la interpretación del TPI subvirtió el propósito legislativo de la veda. Por tanto, se revoca la determinación apelada del Tribunal de Primera Instancia.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en el caso de Daisy Rivera Rodríguez contra JC Penney Puerto Rico, Inc. y AIG Insurance Company, sobre daños y perjuicios. La apelación proviene de una sentencia del Tribunal de Primera Instancia que concedió sentencia sumaria a favor de AIG y desestimó la demanda de la señora Rivera Rodríguez. La demanda original alegaba que la señora Rivera Rodríguez sufrió una caída en una tienda JC Penney en julio de 2020 debido a la negligencia del establecimiento, resultando en lesiones físicas. AIG, aseguradora de JC Penney, argumentó que la caída se debió a la propia negligencia de la demandante, quien admitió no estar mirando por donde caminaba. AIG solicitó sentencia sumaria basándose en la visibilidad del objeto con el que tropezó la apelante. El Tribunal de Primera Instancia, tras reconsiderar una decisión previa, dictó sentencia sumaria a favor de AIG y archivó el caso con perjuicio. El Tribunal de Apelaciones, en esta sentencia, confirma el dictamen apelado.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa una decisión administrativa sobre la inelegibilidad a beneficios de seguro por desempleo. La recurrente, Sabeel Vargas García, renunció a su empleo en Laboratorio Clínico Irizarry Guash debido a la falta de cuido para su hija recién nacida. Solicitó beneficios de desempleo, pero el Negociado de Seguridad del Empleo (NSE) la descalificó, argumentando que la renuncia fue por razones personales no atribuibles al patrono. La División de Apelaciones del DTRH y la Oficina de Apelaciones ante el Secretario confirmaron esta determinación. Basaron su decisión en la Sección 4(b)(2) de la Ley de Seguridad de Empleo, interpretando que la falta de cuido de niños generalmente no constituye justa causa para renunciar bajo la ley, y que el caso no cumplía las excepciones. La señora Vargas García apeló ante el Tribunal de Apelaciones, alegando error al declararla inelegible. El Tribunal de Apelaciones, mediante sentencia, confirma el pronunciamiento administrativo recurrido.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones revisó una Resolución de la Comisión Apelativa del Servicio Público (CASP) que declaró No Ha Lugar la apelación de Israel J. Martínez Cruz contra el Municipio de San Juan. El recurrente, un Supervisor, solicitó la reclasificación de su puesto a Gerente de Centro Urbano tras asumir nuevas responsabilidades. Alegó haber sido objeto de represalias y discrimen por sus solicitudes de reclasificación, presentando querellas y apelaciones. La CASP había desestimado sus reclamaciones. El Tribunal de Apelaciones modificó la Resolución de la CASP. La modificación se realizó únicamente para aclarar que el Tribunal de Primera Instancia posee jurisdicción exclusiva sobre controversias al amparo de la Ley 115-1991. Así modificada, la Resolución de la CASP fue confirmada.

Resumen:

El señor Yoniel Alexis Bonet Lebrón presentó una Petición de Certiorari ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. Buscaba la revocación de una Resolución del Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Cabo Rojo, en un caso de divorcio por ruptura irreparable contra la señora Cristaly M. Almodóvar Torres. La resolución recurrida, emitida el 15 de marzo de 2024, denegó la autorización para publicar por edicto la sentencia de divorcio. El tribunal primario condicionó la publicación a que se acreditara que la demandada no se encontraba en servicio militar activo, citando el Servicemembers Civil Relief Act. El peticionario alegó que el foro de instancia erró al imponer dicho requisito antes de emitir o publicar la sentencia de divorcio. El Tribunal de Apelaciones, sin embargo, desestimó la Petición de Certiorari. La desestimación se fundamentó en la falta de jurisdicción. Esto se debió a un craso incumplimiento con las disposiciones reglamentarias necesarias para perfeccionar el recurso de certiorari.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones resuelve un Recurso de Certiorari presentado por Alpha One Security Solutions, Inc. contra Gilbert A. Malavé Concepción, buscando revisar una denegatoria de sentencia sumaria del Tribunal de Primera Instancia en un caso de despido injustificado y discrimen por edad. Tras la presentación del recurso, ambas partes informaron al tribunal que la peticionaria había radicado una petición de quiebra bajo el Capítulo 7 del Código de Quiebras Federal. La radicación de la quiebra activó una paralización automática de los procedimientos judiciales contra la peticionaria. El tribunal enfatiza su deber ineludible de auscultar la jurisdicción, señalando que la falta de esta no es subsanable y conlleva la desestimación. Dado que la quiebra paraliza la acción subyacente y, por ende, el recurso apelativo, el Tribunal de Apelaciones concluye que carece de jurisdicción para continuar con el caso. Por consiguiente, el recurso de certiorari es desestimado por falta de jurisdicción.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emitió una Resolución en un Recurso de Certiorari presentado por Tradewind Aviation, LLC. Tradewind solicitó la revocación de una Resolución del Tribunal de Primera Instancia de Bayamón. Dicha Resolución del TPI rechazó la petición de Tradewind para dejar sin efecto la anotación de rebeldía dictada en su contra en un caso de despido injustificado y represalias. Tradewind argumentó que la anotación de rebeldía fue incorrecta porque no fue emplazada conforme a derecho y el TPI carecía de jurisdicción. El Tribunal de Apelaciones examinó el recurso y la aplicabilidad del certiorari bajo la Regla 52.1 de Procedimiento Civil. Tras considerar los argumentos, el Tribunal resolvió denegar el auto de certiorari solicitado por Tradewind Aviation.

Resumen:

Se presenta ante este foro un recurso de certiorari solicitado por la Sra. Magali Zayas Castro. La peticionaria busca la revisión de una Resolución del Tribunal de Primera Instancia que declaró No Ha Lugar su solicitud de desestimación de demanda. La demanda original fue presentada por los herederos Karen, Eduardo y Edwin Fernández González contra la señora Zayas, quien es la albacea testamentaria. Los demandantes alegan que la albacea ha incumplido sus deberes al dejar de pagar la hipoteca de un bien inmueble hereditario. Esta omisión ha provocado una demanda de cobro de dinero y ejecución de hipoteca, poniendo en riesgo los derechos hereditarios. La señora Zayas contestó la demanda y presentó una reconvención, alegando dificultades económicas y la negativa de los herederos a modificar la hipoteca. Sostiene que los herederos han obstaculizado una solución extrajudicial y solicita la liquidación y partición del caudal. El Tribunal de Primera Instancia denegó la solicitud de desestimación de la demanda presentada por la albacea. Por los fundamentos expuestos, este panel judicial DENEGA el recurso de certiorari interpuesto por la señora Zayas.

Resumen:

Esta es una sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico relativa a un asunto de custodia dentro de un caso de divorcio. El peticionario, Sr. Iván Sotomayor Serra, representándose por derecho propio, solicitó acceso al informe social completo preparado por la Unidad Social de Relaciones de Familia. El tribunal de primera instancia denegó su solicitud, dictaminando que solo los abogados, no las partes que comparecen por derecho propio, reciben el informe completo, y que estas últimas solo tienen acceso a las recomendaciones. El Sr. Sotomayor argumentó que necesitaba el informe completo para responder a la moción de la parte recurrida y que las partes pro se deben ser tratadas como las partes representadas según las reglas de procedimiento. Después de que la parte recurrida no respondiera a la orden de mostrar causa, el Tribunal de Apelaciones expidió el auto de certiorari. El Tribunal de Apelaciones revocó la orden del tribunal de primera instancia, dictaminando efectivamente que la parte que comparece por derecho propio debe tener acceso al informe social completo.

Resumen:

Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. La Sra. Carmen Santiago Chardón solicitó la revisión de dos órdenes del Tribunal de Primera Instancia. Dichas órdenes denegaron un desembolso a su favor y le impusieron el pago de honorarios de notario y tasador. El caso subyacente es una Petición de División de Comunidad de Bienes Hereditarios presentada por el albacea y fiduciario testamentario, Sr. Michael K. Allio Littauer. El Sr. Allio busca administrar los bienes del causante para establecer fideicomisos a favor de los hijos menores, herederos representados por la Sra. Santiago. Alegó gastos que exceden los fondos líquidos y la necesidad de órdenes judiciales para acceder a activos como los de E*TRADE. La Sra. Santiago contestó la demanda, cuestionando la actuación del albacea y la validez del fideicomiso. Presentó una reconvención reclamando ser acreedora del caudal hereditario por sumas adeudadas por el causante. Solicitó la destitución del albacea y el nombramiento de un defensor judicial y administrador para los menores. Tras considerar los fundamentos, el Tribunal de Apelaciones DENEGÓ la expedición del auto de certiorari solicitado por la Sra. Santiago.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de cobro de dinero bajo la Regla 60. Island Portfolio Services, LLC apeló la desestimación de su demanda contra Ludymar Berríos Negrón por el Tribunal de Primera Instancia. El TPI desestimó el caso sin perjuicio por falta de jurisdicción, al entender que la agencia de cobro no acreditó el recibo de la carta de interpelación requerida por la Ley 143-1968. Island Portfolio argumentó que la ley solo exige el envío de la carta por correo certificado a la última dirección conocida, no su recibo por el deudor. Señaló que la correspondencia fue enviada pero no reclamada o marcada como "Refused". El Tribunal de Apelaciones revisó la Sentencia del TPI. Determinó que el TPI incidió al requerir prueba del recibo de la carta de cobro. Por tanto, el Tribunal de Apelaciones Revocó la Sentencia apelada. Ordenó la continuación de los procedimientos en el Tribunal de Primera Instancia.

Resumen:

Un panel de jueces revisó un recurso de certiorari presentado por la Sra. Nicole P. Ortiz González. La peticionaria impugnaba una Resolución del Tribunal de Primera Instancia, Sala de Aguadilla. Dicha resolución declaró no ha lugar una solicitud de la señora Ortiz para que se dieran por admitidos unos requerimientos de admisiones enviados al Sr. Manuel A. Quiñones Rivera. La solicitud de admisiones se presentó en el contexto de una Petición de Privación de Patria Potestad instada por la señora Ortiz contra el señor Quiñones. El foro primario denegó la solicitud de dar por admitidas las admisiones al considerar que las deficiencias en las contestaciones no causaron perjuicio a la peticionaria o al menor. El señor Quiñones posteriormente presentó sus contestaciones a los requerimientos. La señora Ortiz presentó el certiorari alegando error del foro primario al denegar su solicitud. Tras evaluar el recurso, el panel DENEGÓ el certiorari solicitado.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre la aplicación de la veda electoral establecida por la Ley 222-2011. Se consolidan apelaciones presentadas por la Oficina del Contralor Electoral (OCE) contra el Departamento de la Familia (DF). La controversia central es si ciertos artículos utilizados por empleados del DF en actividades oficiales, como banderines, telones, camisas y jackets con logo gubernamental y fondo predominantemente azul, constituyen "anuncios" sujetos a la veda. La OCE determinó que sí, al considerar que el color azul predominante se asocia a un partido político. El DF argumentó sobre las tonalidades específicas de azul y la fecha de distribución de algunas piezas. El Tribunal de Primera Instancia (TPI) acogió una interpretación restrictiva del concepto "anuncio" propuesta por el DF. El Panel del Tribunal de Apelaciones, por mayoría, discrepa de la decisión del TPI. Interpretan que los objetos descritos sí constituyen anuncios sujetos a la veda. Consideran que la determinación del TPI subvirtió el claro propósito legislativo de la veda electoral. Por tanto, se revoca la determinación apelada del Tribunal de Primera Instancia.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico que resuelve una Apelación en un caso de desahucio en precario. La apelación fue presentada por Paseo 13, Inc. contra una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia. Mango Tree Properties, LLC demandó a Paseo 13 y otros por ocupar ilegalmente una propiedad de su titularidad sin contrato ni derecho. Paseo 13 contestó la demanda, negó las alegaciones y presentó una reconvención reclamando el valor de mejoras realizadas a la propiedad. El Tribunal de Primera Instancia declaró Ha Lugar la demanda de desahucio contra Paseo 13 y desestimó la reconvención. Paseo 13 apeló dicha determinación ante el Tribunal de Apelaciones. La Sentencia de Primera Instancia determinó, entre otros hechos, que Mango Tree es la titular de la propiedad en controversia. El Tribunal de Apelaciones, tras revisar el recurso, confirma la Sentencia apelada.

Resumen:

SENTENCIA del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de Daños y Perjuicios. Los apelantes, Iván González Pizarro y otros, recurren una Resolución del Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Salinas, que declaró No Ha Lugar su Moción de Reconsideración. La controversia original surge de una demanda presentada por Fernando Luis Soto Robert y otros (apelados). La demanda alega que el señor Soto Robert, empleado del señor González Pizarro, sufrió quemaduras de segundo grado el 2 de abril de 2018. El incidente ocurrió cuando un motor de una embarcación propiedad de los apelantes explotó mientras intentaban encenderlo en Salinas. El señor Soto Robert se encontraba asistiendo al señor González Pizarro en ese momento. Los apelados reclamaron daños físicos, morales, lucro cesante y pérdidas económicas. El Tribunal de Apelaciones procedió a revisar el recurso. Por los fundamentos expuestos, el Tribunal confirmó la Resolución recurrida del foro de instancia.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en una apelación civil. Emma Marie Lozada Ramírez y Richard Hernando Castro Báez apelaron una decisión del Tribunal de Primera Instancia, Sala de Humacao. El caso original fue un cobro de dinero y ejecución de hipoteca presentado por Banco Popular de Puerto Rico. Banco Popular demandó por incumplimiento en un préstamo hipotecario garantizado por una propiedad en Humacao. La sentencia de primera instancia declaró con lugar la demanda del banco. Ordenó a los apelantes pagar una deuda de \$227,277.03, más intereses, cargos y honorarios. Asimismo, dispuso la ejecución de la propiedad hipotecada para el pago de la obligación. El Tribunal de Apelaciones revisó la apelación presentada por la parte demandada. Finalmente, resolvió confirmar la sentencia emitida por el Tribunal de Primera Instancia.

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Sentencia de un panel de jueces que resuelve una apelación contra un dictamen del Tribunal de Primera Instancia de Utuado. La apelación fue presentada por Hiram González Gerena, Moisés Caraballo Morales y Juan Manuel Galán. El dictamen apelado declaró con lugar una demanda de interdicto posesorio instada por Productos Mamá Delia, Inc. (PMD). PMD alegó que los apelantes instalaron una verja que le impedía el acceso a su finca agrícola. PMD opera un cultivo hidropónico en la propiedad desde 2009, contando con certificaciones y permisos. El Tribunal de Primera Instancia ordenó a los apelantes remover la verja, restituir la posesión a PMD y pagar honorarios de abogado por temeridad. Los apelantes negaron los actos de despojo y afirmaron que la verja estaba en su propiedad. La sentencia actual, tras evaluar el caso, confirma la determinación de temeridad y el pago de honorarios de abogados impuestos a los apelantes.

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Revisión judicial de una resolución de la Oficina de Apelaciones de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA). La AAA recurre la decisión administrativa que ordenó conceder un aumento salarial por reinstalación al señor Obed Morales Colón. El señor Morales Colón, reinstalado a su puesto de carrera en 2017 tras ocupar un puesto de confianza, reclamó el aumento salarial. La AAA denegó la petición, argumentando que estaba prohibida por la Ley Núm. 3-2017 y que el asunto constituía cosa juzgada, ya que reclamos anteriores habían sido denegados por la Comisión Apelativa del Servicio Público (CASP) y confirmados por este Tribunal. La Oficina de Apelaciones de la AAA declaró Con Lugar la apelación del empleado y ordenó el aumento. Mediante esta Sentencia, el Tribunal de Apelaciones revoca la Resolución Final de la Oficina de Apelaciones.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre una revisión administrativa procedente de la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe). El caso involucra la solicitud de Américo de Jesús Ortiz para legalizar un taller de hojalatería y pintura y construir baños en una propiedad en Aguas Buenas. La solicitud se presentó en un distrito residencial (R-1), lo que requirió una variación de uso. El proceso administrativo incluyó certificaciones ambientales, una vista pública y objeciones de vecinos. Inicialmente, OGPe autorizó condicionalmente la consulta de ubicación. Sin embargo, tras una solicitud de revisión administrativa presentada por los vecinos, OGPe anuló su decisión inicial y declaró procedente la objeción. El señor De Jesús apeló esta determinación final de OGPe ante el Tribunal de Apelaciones. El Tribunal revisó el historial del caso y los procedimientos administrativos. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones confirmó la determinación recurrida de OGPe. Esto significa que se mantiene la anulación de la autorización para la consulta de ubicación del taller.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en la apelación presentada por Christopher Ortiz Cruz contra el Departamento de Corrección y Rehabilitación. El recurso proviene del Tribunal de Primera Instancia de Arecibo y trata sobre una Petición de Mandamus. El apelante, una persona confinada, impugna la Sentencia del foro primario que desestimó su petición. La desestimación se basó en la falta de jurisdicción, aplicando la doctrina de agotamiento de remedios administrativos. El peticionario había solicitado Mandamus alegando denegación de servicios de biblioteca y problemas con la correspondencia tras intentar remedios administrativos. El Tribunal de Primera Instancia determinó que no se había evidenciado el agotamiento de dichos remedios. El Tribunal de Apelaciones confirma la Sentencia apelada. Considera que el foro primario actuó correctamente al aplicar la doctrina de agotamiento de remedios y determinar que carecía de jurisdicción para intervenir. No encontró razón para excepcionar la aplicación de esta doctrina en el caso.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisando una decisión de la Oficina de Apelaciones del Sistema de Educación (OASE). El caso involucra a una maestra transitoria cuyo contrato no fue renovado por el Departamento de Educación. La maestra apeló la decisión ante la OASE, impugnando el proceso de evaluación que motivó la no renovación. La OASE desestimó la apelación, argumentando falta de jurisdicción y que el recurso fue presentado fuera de término. La maestra recurrió al Tribunal de Apelaciones, señalando errores en la determinación de la OASE. El Tribunal de Apelaciones concluye que la OASE erró al desestimar la apelación. Determina que la decisión de no renovar el contrato de la maestra transitoria sí era apelable ante la OASE. Asimismo, resuelve que la apelación fue presentada de forma oportuna, ya que el término formal para apelar nunca comenzó a transcurrir.

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Comparece ante el Tribunal de Apelaciones un recurso de revisión administrativa presentado por Tidal Basin Caribe, LLC. La recurrente impugna la adjudicación del Requerimiento de Propuestas No. CDBG-DRMIT-RFP-2023-05 por parte del Departamento de la Vivienda de Puerto Rico. Dicho requerimiento solicitaba servicios de gerencia de programas relacionados con fondos CDBG-DR y CDBG-MIT. La Junta de Subastas del Departamento de la Vivienda adjudicó el contrato a Innovative Emergency Management, Inc. y Tetra Tech, Inc. Tidal Basin Caribe fue uno de los proponentes que el comité evaluador clasificó como "Not Qualified" según los criterios del RFP. La recurrente solicitó la revisión judicial de esta decisión y obtuvo una orden de paralización temporal de los procedimientos. Tras evaluar el recurso, el Tribunal de Apelaciones emite su sentencia. La decisión deja sin efecto la paralización previamente concedida. Finalmente, el Tribunal desestima el recurso de revisión administrativa. La desestimación se fundamenta en la falta de jurisdicción del Tribunal para atender el caso.

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Un caso bajo la Ley 408 de salud mental llegó al Tribunal de Apelaciones mediante certiorari presentado por ASSMCA. El Tribunal de Primera Instancia (TPI) ordenó a la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (ASSMCA) sufragar el costo de ubicar a una paciente, con alta clínica de hospitalización pero sin hogar, en una institución adecuada. La paciente, con historial psiquiátrico y diagnosticada con trastorno esquizoafectivo y discapacidad intelectual, requería un hogar con tratamiento. El TPI ordenó a ASSMCA evaluarla y luego ordenó su ubicación temporal y el pago de los costos. ASSMCA se opuso, alegando que el hogar identificado no tenía contrato con la agencia, que faltaba determinar la elegibilidad de la paciente y que la orden judicial invadía su discreción administrativa y manejo de fondos limitados. El TPI denegó la reconsideración solicitada por ASSMCA. Inconforme, ASSMCA recurrió al Tribunal de Apelaciones. El Tribunal de Apelaciones, en el ejercicio de su discreción, determinó no intervenir en esta etapa con lo actuado por el TPI.

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La Cooperativa de Ahorro y Crédito Saulo D. Rodríguez (GURACOOP) apeló una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia (TPI) que desestimó su demanda de cobro de dinero contra Rafael David Bou Aquino. GURACOOP reclamaba \$5,581.01 por incumplimiento de un pagaré y un contrato de tarjeta de crédito. La demanda fue presentada mediante el procedimiento ordinario de cobro de dinero. El TPI desestimó la demanda argumentando que debía haberse tramitado conforme a la Regla 60 de Procedimiento Civil, que establece un procedimiento sumario para cuantías menores a \$15,000. GURACOOP solicitó reconsideración en el TPI, alegando que la Regla 60 permite al demandante elegir entre el procedimiento ordinario y el sumario. Posteriormente, GURACOOP retiró su solicitud de reconsideración en el TPI para proceder con la apelación ante el Tribunal de Apelaciones. El Tribunal de Apelaciones resuelve desestimar el recurso de apelación. La desestimación se fundamenta en la falta de jurisdicción del Tribunal de Apelaciones para atender el recurso.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones resolviendo una apelación. Perfect Integrated Solutions, Inc. apeló la desestimación sumaria de su demanda por cobro de dinero contra el Municipio de San Juan. Integrated reclamaba el pago de \$545,990.61 por servicios de limpieza y mantenimiento prestados bajo contrato. El Tribunal de Primera Instancia había desestimado sumariamente la acción civil. Integrated alegó que el Municipio se obligó contractualmente y aún adeudaba la suma reclamada por servicios ya realizados. El Municipio se opuso, argumentando que algunas facturas fueron pagadas, otras no cumplían requisitos o no fueron entregadas correctamente, y que la deuda estaba prescrita. Integrated había solicitado sentencia sumaria en el foro primario, aportando una declaración jurada y facturas para sustentar su reclamo. El Municipio también solicitó sentencia sumaria a su favor. Este documento presenta el historial fáctico y procesal que fundamenta la decisión del Tribunal de Apelaciones sobre la apelación de Integrated.

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Este es un fallo del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico relativo a un caso de divorcio que involucra la custodia y las relaciones filiales de menores. La disputa se centra en el horario en que el padre debe entregar a los dos hijos menores a la madre. El tribunal de primera instancia acogió las recomendaciones de un informe social, que estipulaba que los niños fueran entregados los domingos por la noche. El padre solicitó cambiar esto a los lunes por la mañana, pero presentó su solicitud después del plazo establecido por el tribunal para responder al informe. El tribunal de primera instancia adoptó las recomendaciones del informe, considerando extemporánea la objeción del padre. El padre apeló, argumentando que el tribunal erró al no permitir su impugnación y al no priorizar el mejor bienestar de los menores. El Tribunal de Apelaciones revisó el caso y decidió confirmar la decisión del tribunal de primera instancia. El tribunal apelativo concluyó que la presentación del padre fue tardía y que no explicó cómo su horario propuesto beneficiaba el mejor bienestar de los niños.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en una apelación sobre un pleito de clase contra To-Ricos, LTD. Los apelantes alegaron que To-Ricos incurrió en prácticas engañosas al no incluir el peso del agua retenida y el empaque en el peso neto de los pollos. Sostuvieron que esta conducta resultó en enriquecimiento injusto y daños a los consumidores, buscando la certificación de un pleito de clase. El Tribunal de Primera Instancia desestimó la demanda. To-Ricos solicitó la desestimación argumentando, entre otros motivos, la falta de remedio legal, la ausencia de partes indispensables (vendedores al detal) y la preclusión de las reclamaciones por la ley federal Poultry Products Inspection Act (PPIA). To-Ricos afirmó que la PPIA regula el etiquetado avícola y no impone los requisitos que los apelantes pretendían exigir. Los apelantes recurrieron la sentencia desestimatoria ante el Tribunal de Apelaciones. El Tribunal de Apelaciones, tras evaluar los fundamentos, confirma la Sentencia apelada.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de ejecución de hipoteca. Wilmington Savings Fund Society demandó a la sucesión de Ángel Manuel Cruz Rivera. Los miembros de la sucesión fueron emplazados por edicto y, al no presentar alegación responsiva, se dictó sentencia en rebeldía ordenando la venta de la propiedad. Dos miembros de la sucesión solicitaron al Tribunal de Primera Instancia relevo de sentencia bajo la Regla 49.2, aduciendo desconocimiento del pleito por residir fuera de Puerto Rico. El Tribunal de Primera Instancia denegó la moción de relevo, determinando que no cumplía con los requisitos de la regla. Las peticionarias apelaron esta denegatoria ante el Tribunal de Apelaciones. El Tribunal de Apelaciones revisó el recurso presentado. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones denegó la apelación, confirmando la decisión del foro primario.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de impericia médico profesional y hospitalaria. El Sindicato de Aseguradores para la Suscripción Conjunta de Seguros de Responsabilidad Médico-Hospitalaria (SIMED) comparece mediante recurso de Certiorari. Solicita la revisión de una Resolución del Tribunal de Primera Instancia (TPI) de San Juan. Dicha resolución del TPI declaró No Ha Lugar una solicitud de desestimación presentada por SIMED. El caso original fue instado por Carmen Maldonado Serrano alegando negligencia en el manejo de su brazo durante una hospitalización en 2021. Una demanda previa sobre los mismos hechos fue desestimada sin perjuicio por falta de emplazamiento. La demanda actual fue presentada en julio de 2023. El Tribunal de Apelaciones, mediante esta resolución, deniega la expedición del auto de Certiorari solicitado por SIMED.