Casos del Tribunal de Apelaciones (Página 51)

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emitió una sentencia en un recurso de apelación sobre un caso de cobro de dinero. El apelante, Javier R. Aponte Betancourt, solicitó la revocación de una sentencia dictada por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Municipal de Bayamón. La parte apelada, Island Portfolio Services, LLC (como agente), presentó la demanda original en julio de 2022 reclamando una deuda de \$8,875.39. Los intentos iniciales de notificación al demandado en una dirección de San Juan resultaron en correo devuelto. Tras la incomparecencia del demandado a una vista, la parte apelada localizó una nueva dirección en Guaynabo. El caso fue trasladado del TPI de San Juan al TPI de Bayamón, la región judicial competente. Se ordenó una nueva notificación a la dirección de Guaynabo, la cual fue enviada por correo certificado pero marcada como no reclamada. El Tribunal de Apelaciones, tras revisar el recurso, confirmó el dictamen apelado del TPI de Bayamón.

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Se presentó una petición de Certiorari por Domingo Caraballo Santos ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. Solicitó la revisión de una Resolución y Orden del Tribunal de Primera Instancia en un caso criminal sobre delitos tentados. El foro primario había denegado una petición del señor Caraballo Santos relacionada con una moción bajo la Regla 192.1 de Procedimiento Criminal. El peticionario pidió la nulidad del dictamen del foro primario y de una supuesta Sentencia. Sin embargo, el peticionario no articuló errores específicos supuestamente cometidos por el tribunal inferior. Además, la petición incumplió numerosos requisitos procesales para la presentación de un Certiorari. Documentos esenciales, incluyendo la supuesta Sentencia y las mociones relevantes consideradas por el foro primario, no fueron incluidos. El Tribunal de Apelaciones señaló estas deficiencias significativas en la presentación. A pesar de las fallas procesales, el tribunal procedió con la revisión, haciendo referencia a su autoridad para prescindir de ciertos escritos. La sentencia comienza delineando el concepto legal de jurisdicción en el sistema puertorriqueño.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en el caso KLCE202400803, Edgardo Guerrero Flores contra Marimet Irurita Olivero. El caso, sobre Divorcio por Ruptura Irreparable, provenía del Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Carolina. La parte peticionaria, Edgardo Guerrero Flores, presentó una Solicitud de Desistimiento el 23 de agosto de 2024. El Tribunal, mediante resolución de 28 de agosto de 2024, declaró ha lugar la solicitud. Conforme a la Regla 83(A) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, se ordenó el archivo del caso por desistimiento. La resolución fue certificada por la Secretaria del Tribunal de Apelaciones.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en un caso de impugnación de confiscación de vehículo. Caribe Federal Credit Union apeló la decisión del Tribunal de Primera Instancia de Guayama. El TPI había declarado no ha lugar la demanda de Caribe, que buscaba evitar la confiscación de un vehículo Mercedes Benz. El automóvil, propiedad de la Sra. Nieves y utilizado por una compañía de transporte, fue ocupado tras un incidente que involucró a sus pasajeros en una persecución y balacera policial. La policía procedió a la ocupación del vehículo para fines de confiscación. Caribe, reconocida como parte con legitimación, argumentó que la titular y ella misma eran terceros inocentes. El TPI determinó que no eran terceros inocentes, validando la confiscación. La apelación se centra en el error del TPI al no reconocer la figura del tercero inocente. El Tribunal de Apelaciones adelanta que revocará la sentencia apelada. La sentencia detallará los fundamentos para esta determinación.

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El Tribunal de Apelaciones revisó mediante recurso de Certiorari una Resolución del Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Carolina, en un caso sobre daños y perjuicios. Los peticionarios, Allied Car & Truck Rental, Inc. y AAA Car Rental Inc., solicitaron la revisión de la decisión del TPI que declaró No Ha Lugar su Solicitud de Recusación contra la jueza de instancia. Alegaron que la jueza mostró parcialidad o perjuicio a través de expresiones realizadas en una vista, indicando insatisfacción con una determinación previa del Tribunal de Apelaciones y favorabilidad hacia la prueba de la parte demandante. El TPI, a través de la Jueza Coordinadora, denegó la recusación, argumentando que el prejuicio debe ser personal y demostrado de forma afirmativa y específica, lo cual no se estableció. Tras examinar el recurso, el Tribunal de Apelaciones decidió expedir el auto de certiorari. No obstante, el Tribunal de Apelaciones confirmó la Resolución recurrida del Tribunal de Primera Instancia.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en un recurso de certiorari presentado por Royale Blue Hospitality (RBH) contra PORTA Ship Maintenance (PORTA). RBH solicitó la revocación de una Resolución del Tribunal de Primera Instancia (TPI) que levantó una rebeldía previamente anotada contra PORTA. La acción original en el TPI era una acción reivindicatoria y otros reclamos sobre la embarcación "Yunque Princess". RBH demandó a PORTA alegando negligencia por daños a la embarcación durante el Huracán Fiona mientras estaba bajo su control y por incumplimiento de contrato al no devolverla. PORTA se defendió alegando un derecho de retención por servicios impagos y atribuyendo los daños a fuerza mayor. El TPI había sancionado inicialmente a PORTA eliminando sus alegaciones y defensas y anotando la rebeldía. Posteriormente, el TPI dictó la Resolución recurrida que dejó sin efecto dicha sanción. El Tribunal de Apelaciones revisó los antecedentes del caso y las posturas de las partes. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones expide el auto de certiorari y revoca la Resolución del TPI que levantó la rebeldía de PORTA.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa una apelación presentada por la Corporación del Fondo del Seguro del Estado. El Fondo, actuando en subrogación de los derechos de una trabajadora, impugna una Sentencia Parcial del Tribunal de Primera Instancia de Fajardo. Dicha sentencia concedió una moción de sentencia sumaria a favor de la Asociación de Garantía de Seguros Misceláneos, desestimando la acción en su contra. La demanda original buscaba recuperar los gastos médicos incurridos por el Fondo tras un accidente laboral en 2013, alegadamente causado por la negligencia de una compañía. La Asociación de Garantía de Seguros Misceláneos, como garante de la aseguradora en liquidación de la compañía demandada, argumentó que la reclamación era tardía. Sostuvo que el término para reclamar había vencido y que no existía póliza de seguro para la compañía demandada que cubriera la fecha del accidente. El Tribunal de Apelaciones, tras evaluar los fundamentos, confirma la Sentencia Parcial apelada. Con esta decisión, se valida la desestimación de la acción civil contra la Asociación de Garantía de Seguros Misceláneos.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico atiende la apelación de Jhonatan Asmal Ramírez Jiménez contra sentencias del Tribunal de Primera Instancia. El apelante fue condenado a 99 años por asesinato en primer grado, y penas adicionales por infracciones a la Ley de Armas y poner en riesgo la seguridad pública. La controversia central es si la prueba estableció asesinato en primer grado o, como alega el apelante, asesinato atenuado. El apelante argumenta que actuó bajo un arrebato de cólera provocado por la víctima, sin tiempo para reflexionar. Cita prueba testifical sobre una discusión previa, amenazas y un presunto golpe de la víctima como provocación adecuada. Sostiene que la prueba desfilada configura los elementos del asesinato atenuado. Tras examinar los autos, la prueba del Ministerio Público, incluyendo vídeos y testimonios, y los argumentos de las partes, el Tribunal adelanta que procede la confirmación de la sentencia condenatoria.

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Este documento es una Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico, Panel III, en el caso de José Díaz Linares contra CP Corp. Díaz Linares apela la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de Bayamón que declaró No Ha Lugar su Querella por despido injustificado y discrimen por edad. El apelante alegó haber sido despedido injustificadamente en 2019 tras laborar desde 2007, además de sufrir discrimen por edad y modificaciones unilaterales a su contrato en 2016. Reclamó compensación bajo la Ley Núm. 80, daños y honorarios de abogado. La apelada, CP Corp., sostuvo que el despido fue justificado por la mala actitud y deficiente desempeño del apelante, lo que provocó que un cliente solicitara su remoción. Negó haber reemplazado al apelante por alguien más joven y afirmó haber usado una agencia temporera para cubrir el puesto. La apelada solicitó sentencia sumaria, presentando hechos que, a su entender, refutaban la presunción de despido injustificado y discrimen. Tras evaluar el expediente y los argumentos, el Tribunal de Apelaciones confirmó la decisión del foro primario.

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Este documento es una resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de certiorari presentado por el Sr. Noah Kamil Assad Byrne. El recurso busca revocar una decisión del Tribunal de Primera Instancia que denegó su petición desestimatoria y solicitud de sentencia sumaria en un caso de liquidación de comunidad de bienes. La demandante, Sra. Gretchen Marie Hernández Rivera, reclama la división de bienes presuntamente creados durante una década de cohabitación more uxorio, alegando la existencia de un matrimonio consensual y la creación conjunta de negocios y propiedades. El Sr. Assad Byrne niega la existencia de una comunidad de bienes o pacto alguno, afirmando que las empresas y bienes son de su dominio exclusivo. Además, presentó una reconvención solicitando una sentencia declaratoria y reclamando enriquecimiento injusto por parte de la demandante. El Tribunal de Primera Instancia ordenó la continuación de los procedimientos. El Tribunal de Apelaciones anticipa denegar la expedición del auto de certiorari.

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La Administración para el Sustento de Menores (ASUME) apeló una sentencia del Tribunal de Primera Instancia (TPI-SJ) que desestimó su demanda de cobro de dinero contra Héctor Reyes Rivera. El TPI-SJ desestimó la demanda sin perjuicio porque ASUME no cumplió con una orden para indicar cómo emplazaría al demandado, quien residía fuera de Puerto Rico. ASUME recurrió ante el Tribunal de Apelaciones, señalando error en la decisión del TPI-SJ sobre la notificación y el emplazamiento. Durante el proceso apelativo, el Tribunal de Apelaciones ordenó a ASUME mostrar causa por no haber notificado oportunamente al apelado sobre el recurso de apelación. ASUME admitió el incumplimiento, atribuyéndolo a un error de oficina. El Tribunal de Apelaciones desestima el recurso de apelación presentado por ASUME. La desestimación se fundamenta en el incumplimiento procesal de ASUME al no notificar a la parte apelada dentro del término correspondiente.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisó una Sentencia Sumaria Parcial del Tribunal de Primera Instancia en Caguas. Dicha sentencia había concedido una acción reivindicatoria al Fideicomiso Irrevocable Rodríguez Bruno contra María de Lourdes Aponte Cruz. La determinación ordenaba a la apelante, cónyuge supérstite del fideicomitente, a entregar la posesión de la vivienda que fue el hogar conyugal. El inmueble fue donado por el esposo fallecido al Fideicomiso poco antes de morir. La apelante argumenta que la donación es inoficiosa y afecta sus derechos hereditarios como heredera y cónyuge supérstite. El Tribunal de Apelaciones revocó la sentencia sumaria. Determinó que no se podía adjudicar la propiedad sin antes realizar el inventario y la partición de la herencia del causante. Por tanto, devolvió el caso al Tribunal de Primera Instancia para que se proceda con dichos trámites antes de resolver sobre la acción reivindicatoria. El litigio se centra en la disputa por la posesión de la propiedad entre el Fideicomiso y la viuda del causante.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite Sentencia en el caso KLAN202400455, una apelación presentada por el Estado Libre Asociado, representado por el DTOP. La apelación impugna una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de Aguadilla que concedió un entredicho provisional e injunction a favor de Víctor Ramírez Tirado. Ramírez Tirado, operador de una estación de inspección de vehículos, alegó que el DTOP cerró su negocio y desactivó su acceso al sistema E-Marban y venta de marbetes. Sostuvo que estas acciones se tomaron sin celebrar la vista administrativa requerida por reglamento. El TPI ordenó al DTOP levantar el cierre y reestablecer el acceso hasta que se celebrara dicha vista. El DTOP solicitó la revocación de este dictamen. Tras evaluar el recurso de apelación y la oposición, el Tribunal de Apelaciones decidió revocar la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que confirmó una multa impuesta a Edric Vivoni Farage. El Sr. Vivoni fue multado con $1,000 por estacionarse en un espacio reservado para personas con impedimentos en Caguas sin poseer el rótulo o carnet autorizado. Tras agotar los recursos administrativos, incluyendo una solicitud de reconsideración, el Apelante acudió al foro judicial. El Tribunal de Primera Instancia declaró No Ha Lugar su recurso de revisión administrativa al determinar que no demostró estar autorizado para ocupar dicho estacionamiento. En apelación, el Sr. Vivoni argumentó que el estacionamiento no estaba debidamente rotulado y que un parquímetro sugería que era un espacio regular. El Municipio de Caguas, por su parte, reiteró que el Apelante no acreditó la autorización requerida. El Tribunal de Apelaciones, con el beneficio de la comparecencia de ambas partes, confirma el dictamen apelado. La decisión se basa en los fundamentos expuestos, que incluyen la falta de demostración de autorización por parte del Apelante.

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Alejandro Varas Duboy y Mariana López López recurren una decisión del Departamento de la Familia que confirmó un hallazgo de negligencia emocional contra sus dos hijos menores. El caso se originó por un referido que alegaba que el padre gritaba y usaba palabras soeces frecuentemente con su hijo de seis años. Una trabajadora social investigó, entrevistando a familiares, vecinos y personal escolar. La investigación concluyó que existía negligencia emocional continua, basándose en el comportamiento del padre, el testimonio del hijo y la falta de capacidades protectoras de los padres. La trabajadora social recomendó evaluación psicológica y talleres psicoeducativos para la familia. Los padres impugnaron el hallazgo ante la Junta Adjudicativa del Departamento, la cual confirmó la decisión. Los padres solicitaron entonces una revisión administrativa ante el Tribunal de Apelaciones. El Departamento pidió una transcripción si se cuestionaba la apreciación de la prueba, pero los padres indicaron que no impugnaban los hechos probados administrativamente. El Tribunal revisará la decisión administrativa sobre el hallazgo de negligencia infantil.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisó una adjudicación de subasta del Municipio Autónomo de Toa Baja. Sonnell Transit Service, LLC impugnó la decisión de la Junta de Subastas que favoreció a AMR Trucking & Construction, LLC para el arrendamiento de vehículos de movilidad urbana (trolleys). Sonnell Transit alegó que AMR Trucking debió ser descalificada por no poseer ciertas licencias o autorizaciones requeridas. La Junta de Subastas defendió su decisión, argumentando que AMR Trucking cumplió con los requisitos del pliego y fue el licitador más bajo para el renglón adjudicado. La Junta sostuvo que las licencias mencionadas por Sonnell Transit no eran aplicables a la partida específica de la subasta. Tras evaluar el recurso, el Tribunal de Apelaciones emitió sentencia. La sentencia, fechada el 27 de agosto de 2024, confirmó la Notificación Sobre Adjudicación emitida por la Junta de Subastas. Esto valida la adjudicación del arrendamiento a AMR Trucking por \$8,800 mensuales para el renglón disputado.

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Roberto Casado Berrios recurre ante el Tribunal de Apelaciones para impugnar la decisión del Departamento de Corrección y Rehabilitación de mantenerlo en custodia mediana. En mayo de 2024, el Comité de Clasificación y Tratamiento determinó mantener su nivel de custodia, citando un "detainer federal" y la puntuación obtenida en la escala de reclasificación. La agencia señaló que el Recurrente fue condenado en la jurisdicción federal en 2018 por delitos relacionados con drogas, lo que llevó a reclasificaciones previas a custodia máxima y luego a mediana. Corrección confirmó la decisión en apelación interna, indicando que la puntuación de 2 y la orden de detención de otra jurisdicción (sentencia federal hasta 2028) justifican la custodia mediana. El Recurrente argumenta que su puntuación amerita custodia mínima y que su sentencia estatal es más extensa que la federal. El Tribunal de Apelaciones revisa la decisión administrativa con gran deferencia, verificando si fue arbitraria, ilegal o irrazonable y si las determinaciones de hecho se basan en evidencia sustancial. La autoridad de Corrección para clasificar a la población correccional emana del Plan de Reorganización Núm. 2 de 2011. Tras la revisión, el Tribunal concluye que procede confirmar la decisión del Departamento de Corrección y Rehabilitación.

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Se trata de una apelación contra una resolución del Tribunal de Primera Instancia que fijó la pensión alimentaria para dos menores. El apelante, padre de los niños, impugnó la suma de $3,609.88 mensuales que se le ordenó pagar, la cual incluía los gastos de educación. La decisión del foro primario se basó en un informe de la Examinadora de Pensiones Alimenticias. Dicho informe consideró los ingresos de ambos padres, siendo el del padre significativamente mayor, y los gastos de los menores. Se determinó que la abuela materna cubría una parte sustancial de los gastos de los niños, incluyendo mantenimiento de vivienda, matrícula escolar, mensualidades y actividades extracurriculares. El Tribunal de Apelaciones revisó la resolución apelada. Tras analizar los fundamentos, el tribunal decidió confirmar la determinación del foro primario.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emitió una sentencia sobre una apelación presentada por Nex Gen LLC. Nex Gen impugnó una Resolución Enmendada del Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Carolina. Dicha Resolución ordenó a Nex Gen paralizar el uso de una valla publicitaria en Canóvanas. La orden se basó en la ausencia de los permisos de construcción y uso requeridos para la valla. La Junta de Planificación inició el proceso tras inspecciones que revelaron la construcción y operación ilegal. La Junta emitió una Orden de Cese y Desista y solicitó auxilio de jurisdicción judicial. Nex Gen apeló la determinación del foro primario ante el Tribunal de Apelaciones. Tras evaluar el expediente, el Tribunal de Apelaciones procedió a confirmar la decisión del Tribunal de Primera Instancia.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de Certiorari. La peticionaria, Lissette Enid Cruz Peña, solicita la revisión de una Orden del Tribunal de Primera Instancia que denegó su reconsideración. Dicha Orden mantuvo en vigor una Resolución previa del TPI en un caso de cobro de dinero. La Resolución del TPI ordenó a la peticionaria pagar a la Asociación de Condóminos Quadrangle Medical Center la suma total de $134,089.50. Este monto incluye cuotas de mantenimiento, intereses mensuales e intereses por penalidad. El recurso de Certiorari cuestiona la denegatoria de reconsideración y la interpretación del TPI sobre la penalidad dispuesta en el reglamento del condominio. El Tribunal de Apelaciones, tras evaluar el recurso, deniega la expedición del auto de Certiorari.

Resumen:

Comparece ante el Tribunal de Apelaciones Neurology Solutions and Tech Services, Inc. mediante un recurso de certiorari. La parte peticionaria busca revocar una Resolución del Tribunal de Primera Instancia que declaró No Ha Lugar su moción de desestimación. La demanda original fue instada por Kristal Ramos Encarnación y sus padres por daños y perjuicios, alegando impericia profesional y exposición a polvo durante trabajos de construcción que causaron problemas respiratorios a Kristal. Neurology Solutions solicitó la desestimación argumentando inmunidad patronal bajo la Ley del Sistema de Compensación por Accidentes del Trabajo. La parte recurrida se opuso, indicando que Neurology Solutions no era un patrono asegurado ni estatutario. El Tribunal de Primera Instancia denegó la solicitud de desestimación. El Tribunal de Apelaciones desestima el recurso de certiorari. La desestimación se fundamenta en la falta de jurisdicción. El tribunal apelativo determinó que hubo incumplimiento con las disposiciones reglamentarias para el perfeccionamiento del recurso.

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Luis Laguer Martínez apela la sentencia condenatoria dictada por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Aguadilla. Fue hallado culpable de infracciones a la Ley de Sustancias Controladas, específicamente posesión con intención de distribuir cocaína ("crack") y posesión de parafernalia. Como resultado, fue sentenciado a cumplir penas concurrentes de veinte y tres años. Los hechos que dieron lugar a las acusaciones ocurrieron el 7 de junio de 2023 en Aguadilla. Un agente de la policía, mientras diligenciaba una orden de arresto federal contra el apelante, lo observó y posteriormente ocupó evidencia. La prueba presentada en el juicio incluyó la sustancia controlada, parafernalia, dinero en efectivo y el testimonio del agente. El apelante solicita al Tribunal de Apelaciones que revoque la condena impuesta.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones consideró un recurso discrecional de Certiorari presentado por los peticionarios. El recurso buscaba revocar una Resolución del Tribunal de Primera Instancia que declaró No Ha Lugar una Moción de Desestimación. Los peticionarios alegaban que el TPI erró al validar los emplazamientos y afirmar que adquirió jurisdicción sobre ellos. Tras deliberar, el Tribunal de Apelaciones decidió no expedir el auto solicitado. La corte revisó el expediente y las argumentaciones, concluyendo que el TPI resolvió la moción correctamente. No se encontró indicio de que el foro recurrido actuara de forma arbitraria, caprichosa, abusara de su discreción o cometiera un error de derecho. Por tanto, el Tribunal denegó la expedición del auto de Certiorari conforme a los fundamentos expuestos y los criterios que guían su discreción.

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El Tribunal de Apelaciones emite sentencia en un recurso de certiorari relacionado con un caso de derecho laboral bajo el procedimiento sumario de la Ley Núm. 2 de 1961. La peticionaria impugnó una resolución del Tribunal de Primera Instancia que concedió una prórroga a la parte recurrida para contestar una querella. La querella original incluía reclamaciones por despido injustificado, horas extras y vacaciones. La peticionaria argumentó que el tribunal primario erró al conceder la prórroga, contraviniendo la naturaleza expedita de la Ley Núm. 2 y careciendo de jurisdicción para extender el término. El procedimiento sumario de la Ley Núm. 2 busca abreviar los trámites y lograr una pronta disposición de las reclamaciones laborales para proteger al trabajador. El Tribunal de Apelaciones concluye que el tribunal primario erró al conceder la extensión. Por tanto, se expide el auto solicitado y se revoca la resolución recurrida.

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Panel judicial revisa Sentencia Parcial emitida por el Tribunal de Primera Instancia. Servicios Médicos Universitarios, Inc. (SMU) apeló el dictamen que declaró Ha Lugar la solicitud de sentencia sumaria presentada por Triple S Propiedad, Inc. (Triple-S). El caso de origen involucra demandas por daños y perjuicios contra SMU y Triple-S, alegando muertes por contagio de una bacteria en un hospital. SMU presentó una demanda coparte contra Triple-S reclamando defensa y cubierta bajo su contrato de seguro. Triple-S se opuso a la solicitud de SMU, argumentando la aplicación de varias cláusulas de exclusión del seguro. La Sentencia Parcial apelada, emitida el 8 de noviembre de 2022, favoreció a Triple-S. Tras revisar los fundamentos, el panel judicial determina revocar la Sentencia Parcial apelada.

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Se revisa judicialmente una resolución del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACo) relativa a una querella por la compra de un vehículo usado. La compradora, Katherine M. Ortiz Castro, alegó que su consentimiento fue viciado al recibir un Nissan Versa diferente al que acordó adquirir de Master Motors. Master Motors negó las alegaciones, sosteniendo que la compra fue libre y voluntaria. Luego de una vista administrativa, el DACo concluyó que Master Motors actuó con dolo grave al entregar un vehículo distinto, viciando el consentimiento de la compradora. En consecuencia, el DACo ordenó la resolución del contrato de compraventa y del financiamiento asociado. Master Motors impugnó esta decisión, solicitando reconsideración y posteriormente presentando esta revisión judicial. El Tribunal de Apelaciones, mediante esta sentencia, confirma la resolución emitida por el DACo.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso sobre división de comunidad de bienes. El apelante, Arnaldo Rodríguez Vázquez, solicita la revocación de una sentencia sumaria del Tribunal de Primera Instancia que declaró ha lugar la demanda de liquidación de bienes gananciales presentada por la apelada, Madeline Pérez Colón. La apelada inició el pleito para la división de bienes y deudas, el cual fue contestado por el apelante. Las partes estipularon hechos relevantes, incluyendo la fecha del divorcio, la salida del apelante del hogar conyugal y la posterior ejecución hipotecaria del apartamento. Se estipuló que el apelante no realizó pagos de hipoteca ni mantenimiento tras su partida y que asumió la deuda de un vehículo. El Tribunal de Primera Instancia dictó sentencia sumaria a favor de la apelada, basándose en la solicitud, la prueba y los hechos estipulados, sin que el apelante presentara oposición. El apelante recurre ahora dicha determinación.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en el caso de revisión judicial presentado por Víctor Fortunato Irizarry contra el Departamento de Corrección y Rehabilitación. El recurrente, una persona confinada, impugnó la denegatoria de su solicitud de bonificación por estudio y trabajo por parte de la División de Remedios Administrativos del DCR. La agencia había denegado la bonificación basándose en una determinación de reincidencia habitual. Tras agotar los remedios administrativos, incluyendo una solicitud de reconsideración denegada, el recurrente acudió al Tribunal de Apelaciones. Alegó varios errores por parte de la administración correccional relacionados con la bonificación y el cumplimiento de normativas. El Tribunal procedió a evaluar el recurso presentado. Sin embargo, la sentencia determina la desestimación del recurso. La razón fundamental para la desestimación es que el recurso fue presentado de forma tardía. El Tribunal reitera que la presentación tardía priva al foro de jurisdicción para atender el caso.

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Miguel A. Gómez Rivera compareció ante el Tribunal de Apelaciones solicitando la revisión de una decisión del Departamento de Corrección y Rehabilitación. La División de Remedios Administrativos del Departamento determinó que los delitos por los cuales cumple sentencia no bonifican por buena conducta o asiduidad. El recurrente alegó que su sentencia ordenaba al Departamento aplicar todas las bonificaciones a las que tuviera derecho. El Tribunal de Apelaciones, tras evaluar el escrito, resolvió desestimar el recurso presentado. La desestimación se fundamenta en la falta de jurisdicción del tribunal para entender en el asunto. Se observó que el recurrente no adhirió los aranceles de presentación requeridos ni solicitó litigar como indigente. Los tribunales deben ser celosos guardianes de su jurisdicción y desestimar inmediatamente los recursos sobre los cuales no la tienen. La Regla 83 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones faculta la desestimación *motu proprio* por falta de jurisdicción.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre una revisión administrativa. Los recurrentes impugnaron un permiso de construcción otorgado por la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) a Innovattel Properties, LLC. El permiso autorizaba la construcción de una torre de telecomunicaciones en Aibonito. Los recurrentes alegaron que el permiso fue emitido indebidamente y solicitaron su revocación. Innovattel siguió el proceso requerido, incluyendo estudios ambientales y geotécnicos, y obtuvo endosos de agencias. La OGPe aprobó la evaluación ambiental y posteriormente concedió el permiso de construcción. La impugnación administrativa de los recurrentes ante la OGPe fue denegada, lo que llevó a esta apelación. Presentaron varios señalamientos de error, incluyendo fallas en la evaluación ambiental, falta de determinaciones para un permiso discrecional, problemas con la consulta de ubicación en un área sensitiva y corte no autorizado de raíces de árboles. El Tribunal revisó el caso basándose en los argumentos de los recurrentes. Finalmente, el Tribunal confirmó la determinación de la OGPe, validando el permiso de construcción.

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Este documento es una Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. Revisa mediante certiorari una Resolución del Tribunal de Primera Instancia en un caso de cobro de dinero. Los peticionarios impugnaron la denegatoria de su moción de reconsideración y descalificación. Alegaban que la sustitución y acumulación de una parte simultáneamente como demandante y demandada creaba un conflicto de interés insalvable para su representación legal. También argumentaron falta de notificación adecuada de una demanda enmendada y anejos. Los peticionarios señalaron errores del TPI al denegar la descalificación y aprobar la demanda enmendada con la indebida acumulación. El Tribunal de Apelaciones decidió expedir el auto de certiorari. Concluyó que la Resolución recurrida debía ser modificada.

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El panel deniega el recurso de apelación presentado por Oriental Bank contra una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia (TPI) de San Juan. Dicha sentencia del TPI declaró Ha Lugar la Solicitud de Sentencia Sumaria de Nice Realty Group, LLC e Inversiones B Tres, Inc. (apelados), denegó la de Oriental, y concedió la demanda de los apelados. La demanda original alegaba dolo, mala fe y negligencia de Oriental (sucesor de Scotiabank) en el cumplimiento de dos contratos de opción de compra sobre propiedades en los condominios Astralis y Le Rivage. Respecto a Astralis, los apelados alegaron que el banco vendió la propiedad a un tercero a un precio menor que el pactado en la opción, causándoles pérdidas y lucro cesante. En cuanto a Le Rivage, sostuvieron que Oriental no cumplió el contrato, devolviendo el depósito y aduciendo impedimentos internos. Los apelados reclamaron indemnización por daños y perjuicios y cumplimiento específico. Oriental negó las alegaciones, invocando defensas como la imposibilidad sobrevenida. Al denegar la apelación, el panel confirma la decisión del TPI a favor de los apelados.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en un recurso presentado por Manuel Santana Domínguez y Sonny M. Arroyo Pedró. Los apelantes impugnan la desestimación con perjuicio de su acción por el Tribunal de Primera Instancia contra AEELA y Banco Popular de Puerto Rico. Buscaban hacer cumplir una Resolución del DACO de 2013 que, según ellos, resolvió un contrato hipotecario y uno de compraventa. Alegaron que la Resolución del DACO advino final y firme contra AEELA y BPPR tras un proceso apelativo previo. AEELA solicitó la desestimación argumentando que no era dueña del préstamo desde 2012. BPPR pidió la desestimación invocando la doctrina de cosa juzgada, aludiendo a que los asuntos ya fueron litigados en un caso de ejecución hipotecaria anterior. El Tribunal de Apelaciones confirma la sentencia apelada del Tribunal de Primera Instancia.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en la apelación presentada por el Municipio Autónomo de Caguas contra Oiltec Eco Logistic. El Municipio apeló la desestimación de su demanda por el Tribunal de Primera Instancia. La demanda municipal buscaba el cese de operaciones de Oiltec, la revocación de su permiso de uso y el cobro de multas administrativas. El Municipio alegaba que Oiltec incurrió en violaciones ambientales por disposición ilegal de desperdicios. Oiltec opera una facilidad de reciclaje de grasas y desperdicios no peligrosos, contando con permisos de uso emitidos por la Oficina de Permisos municipal. Estos permisos clasifican la operación como Industrial Liviana. El Tribunal de Primera Instancia declaró "No Ha Lugar" la petición del Municipio y desestimó el caso. El Tribunal de Apelaciones confirma la sentencia apelada, manteniendo la desestimación de la demanda municipal.

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El Municipio Autónomo de San Lorenzo apela una sentencia del Tribunal de Primera Instancia que declaró con lugar una demanda por represalias presentada por Lydia Ortiz García. La señora Ortiz García, expolicía municipal, fue despedida en 2008, pero tras procesos administrativos y judiciales, su despido fue revocado y modificado a una suspensión, ordenándose su reinstalación. Ella alega que el Municipio tomó represalias en su contra por apelar exitosamente su despido. Estas represalias incluyeron demoras irrazonables en su reinstalación, exigencia de agotar vacaciones acumuladas y requerirle asistir nuevamente a la Academia de la Policía y pasar pruebas de cadete, a pesar de su edad, experiencia previa y haber asistido a la Academia anteriormente. También aduce haber sufrido malos tratos, discrimen y negativa a un acomodo razonable. La apelada busca reinstalación y compensación económica sustancial por daños y perjuicios, incluyendo doble penalidad y honorarios de abogado. El Municipio niega las alegaciones, argumentando que sus acciones se basaron en leyes y coordinación con la Policía de Puerto Rico para la reinstalación. El Tribunal de Primera Instancia encontró probados ciertos hechos y falló a favor de la señora Ortiz García, lo que motiva esta apelación.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en un recurso de revisión administrativa. Omar Carrión Torres impugna un permiso de uso otorgado por la OGPe a Lucas Castro para el negocio Los Palitos Sport Bar & Agencia Hípica. El permiso autoriza usos como cafetín, bar y agencia hípica. Carrión Torres alegó que el permiso era inválido por falta de licencia hípica y por ser un uso prohibido en la zona. Castro argumentó que el permiso impugnado era una renovación no revisable de un permiso anterior de 2021. La División de Revisiones Administrativas de la OGPe declaró "No Ha Lugar" la solicitud de Carrión Torres, al entender que el permiso mantenía el uso previamente autorizado. Carrión Torres recurrió esta decisión ante el Tribunal de Apelaciones. El Tribunal de Apelaciones, tras revisar los fundamentos, confirma el dictamen administrativo recurrido.

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Un panel de juezas revisó una Petición de Certiorari presentada por la parte demandada-peticionaria en un caso de daños y perjuicios. Los peticionarios solicitaron la revisión de dos Órdenes emitidas por el Tribunal de Primera Instancia (TPI) en Ponce. La primera Orden, del 2 de julio de 2024, declaró Ha Lugar una moción de la parte demandante-recurrida y concedió a esta última un término para replicar a las solicitudes de desestimación presentadas por los demandados, condicionado a la notificación de contestaciones a interrogatorios. La segunda Orden, del 9 de julio de 2024, declaró Ha Lugar una solicitud de término adicional para contestar descubrimiento de prueba por parte de los demandantes. El caso original trata sobre alegados daños por la venta de una propiedad supuestamente no segregada legalmente. Los demandados habían presentado mociones de desestimación. Tras evaluar los fundamentos presentados, el panel denegó la expedición del recurso de certiorari y declaró No Ha Lugar las mociones en auxilio de jurisdicción.

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Efraín Rivera Rodríguez presentó un recurso de Certiorari ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico para revisar una Resolución del Tribunal de Primera Instancia de Arecibo. Dicha Resolución declaró No Ha Lugar una Moción de desestimación por prescripción de cargos por agresión sexual y actos lascivos. El peticionario argumentó que los delitos estaban prescritos porque la orden de arresto, emitida en abril de 2013, fue diligenciada en agosto de 2023, excediendo el término de cinco años que, según él, establece la Regla 51 para la validez de la orden. El foro primario denegó la desestimación, basándose en parte en que el imputado conocía de la existencia del proceso judicial en su contra. El Tribunal de Apelaciones revisó la controversia planteada. Tras considerar los fundamentos, el Tribunal de Apelaciones expidió el auto de Certiorari. En su Sentencia, el Tribunal de Apelaciones revocó la Resolución emitida por el Tribunal de Primera Instancia.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en el caso KLCE202400804. El peticionario, Carlos A. Rodríguez Toro, solicitó un recurso de certiorari para revisar una determinación del Tribunal de Primera Instancia. Dicha determinación denegó una moción de desestimación presentada por el peticionario en un caso por infracción al Artículo 7.02 de la Ley 22 (conducir bajo los efectos). El peticionario argumentó que se violó su derecho a juicio rápido, ya que transcurrieron 170 días desde su detención inicial hasta la presentación formal de cargos. El foro primario declaró No Ha Lugar la moción, resolviendo que el término de juicio rápido comenzó cuando se determinó causa probable y se ordenó la citación. Inconforme, el peticionario acudió al Tribunal de Apelaciones. Mediante esta resolución, el Tribunal de Apelaciones deniega la expedición del recurso de certiorari solicitado por el peticionario.

Resumen:

Marisol Morales Rosario presentó un recurso de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones. Solicitó la revisión de una Resolución del Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Mayagüez. Dicha Resolución, emitida el 17 de mayo de 2024, desestimó su Petición sobre Expediente de Dominio. El foro primario determinó que el procedimiento de expediente de dominio era improcedente en derecho para el caso. La peticionaria había iniciado el expediente para justificar el dominio de una propiedad adquirida mediante compraventa. Tras la desestimación, solicitó reconsideración, la cual fue declarada no ha lugar. La señora Morales Rosario acudió al Tribunal de Apelaciones imputando errores al TPI por desestimar el caso y adjudicarse facultades indebidas. Luego de evaluar el expediente, el Tribunal de Apelaciones denegó la solicitud de certiorari.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de cobro de dinero. Tetrad Enterprises, LLC apeló la decisión del Tribunal de Primera Instancia que declaró Ha Lugar la demanda de JLG Consulting Engineering, P.S.C. El pleito se originó en 2020 por una reclamación de cobro de dinero de JLG contra Tetrad. Esta es la tercera ocasión que las partes comparecen ante este Tribunal en el mismo caso. Tras un juicio en su fondo donde JLG presentó prueba y Tetrad no, el foro primario emitió una sentencia basada en 118 determinaciones de hechos. Entre los hechos probados se incluyó la ausencia de un contrato escrito, la solicitud de servicios de JLG por parte de Tetrad para un proyecto con el DRNA, y la valoración del trabajo de JLG por el propio perito de Tetrad según guías profesionales. El Tribunal de Primera Instancia falló a favor de JLG. El Tribunal de Apelaciones revisó el recurso presentado por Tetrad. Por los fundamentos expuestos, el Tribunal de Apelaciones decidió confirmar la Sentencia apelada.

Resumen:

Se revisa la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó una Querella por despido injustificado, represalias y discrimen. La apelante alegó haber sido despedida injustificadamente y discriminada por edad y género tras un cambio de puesto y supuesta falta de cooperación. Sostuvo que su despido, basado en una publicación de Facebook, fue un subterfugio para ocultar discrimen y represalias. Los apelados defendieron que la terminación fue justificada por la conducta de la apelante, incluyendo comentarios denigrantes en redes sociales sobre un supervisor y falta de cooperación. Argumentaron que la conducta violaba la política de la empresa y afectaba su funcionamiento. Los apelados solicitaron sentencia sumaria, afirmando que no había controversia sobre la causa justificada del despido y la falta de evidencia de discrimen o represalias. El Tribunal de Primera Instancia declaró Ha Lugar la solicitud de sentencia sumaria y desestimó la querella. La apelante recurrió esta decisión. El panel de jueces revisó los fundamentos presentados por ambas partes. Finalmente, se confirma la Sentencia apelada.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emitió Sentencia en el recurso de apelación presentado por Stalin Antonio Sepúlveda Morales contra el Estado Libre Asociado. El caso original es una impugnación de confiscación. El apelante recurrió la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó su demanda. La desestimación en instancia ocurrió tras concederse una moción de reconsideración del Estado. Dicha moción argumentaba la falta de emplazamiento del apelante dentro del término legal de quince días. El Tribunal de Primera Instancia, tras una vista, concluyó que el emplazamiento fue defectuoso y desestimó el caso. El apelante acudió al Tribunal de Apelaciones señalando error en dicha desestimación. El Tribunal de Apelaciones resolvió desestimar el recurso de apelación. La desestimación se basa en que el recurso es defectuoso, conforme a las reglas que rigen el perfeccionamiento de los recursos apelativos.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico conoció de una apelación presentada por Lilliam González Santiago. El recurso buscaba revocar una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de Caguas en un caso sobre alimentos y cuido para la madre de las partes, Sra. Martina Santiago García, bajo la Ley 121 y Ley 193. El foro primario había ordenado a los hijos aportar \$80 semanales cada uno y buscar un hogar de cuidado a largo plazo para su madre. La apelante alegó que la orden de trasladar a la madre a un hogar de ancianos era un error de derecho y abuso de discreción, contrario a la voluntad de la adulta mayor y un poder duradero. Tras revisar el recurso, el Tribunal de Apelaciones determinó que no tenía jurisdicción para atender la apelación. La falta de jurisdicción se debió al incumplimiento de las disposiciones reglamentarias necesarias para perfeccionar el recurso. Por consiguiente, el Tribunal de Apelaciones desestimó la apelación.

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Este documento es una sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico relativa a una apelación presentada por la Administración para el Sustento de Menores (ASUME). ASUME apeló una decisión del Tribunal de Primera Instancia que desestimó su caso de cobro de dinero contra Omayra Santiago Calderón. ASUME había demandado a la Sra. Santiago Calderón bajo la Regla 60 para recuperar $7,996.00, alegando que recibió indebidamente fondos no relacionados con la pensión alimentaria. El Tribunal de Primera Instancia desestimó el caso porque ASUME no cumplió con una orden que le exigía especificar si emplazaría a la demandada por edicto o desistiría del caso. ASUME argumenta en apelación que el Tribunal de Primera Instancia erró al requerir métodos de emplazamiento formales, sosteniendo que la Regla 60 permite la notificación por correo certificado, incluso si la demandada reside fuera de Puerto Rico. ASUME afirma que el tribunal aplicó incorrectamente las normas de emplazamiento ordinarias a un procedimiento sumario bajo la Regla 60. La agencia sostiene que el correo certificado proporciona una notificación razonable y que la desestimación fue contraria a derecho. El Tribunal de Apelaciones revisa la desestimación del Tribunal de Primera Instancia basándose en los argumentos de ASUME sobre el método adecuado de notificación en un caso de Regla 60.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre una revisión administrativa. El recurrente, Ramón Ortiz Cruz, impugna una decisión de la Junta Adjudicativa del Departamento de la Familia. El caso original trata sobre una determinación de maltrato institucional a menores con fundamento en su contra, derivada de hechos de 2019. Ortiz Cruz apeló esta determinación ante la Junta Adjudicativa en 2021. Durante el proceso administrativo, solicitó que su perito tuviera acceso al informe preparado por el perito del Departamento de la Familia (CIMVAS). La Junta Adjudicativa denegó esta solicitud el 10 de mayo de 2024. Inconforme, Ortiz Cruz presentó un recurso de revisión ante el Tribunal de Apelaciones, alegando violación a su debido proceso por impedir la evaluación del informe pericial. El Tribunal de Apelaciones, tras revisar el recurso, desestimó la petición. Con esta decisión, el Tribunal confirmó la determinación de la Junta Adjudicativa de negar el acceso al informe pericial solicitado.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa la adjudicación de la Subasta Núm. 17, Serie 2024-2025 del Municipio de Cataño, relacionada con la adquisición de asfalto, repavimentación y escarificación. La recurrente, Professional Asphalt, LLC., impugnó la decisión de la Junta de Subastas que adjudicó la subasta a Miguelito Asphalt, Inc. Professional Asphalt alegó errores en la notificación de la adjudicación y en la selección del licitador. Al examinar el dictamen recurrido, el Tribunal determinó que la notificación de la adjudicación emitida por la Junta de Subastas no cumplió con los requisitos de debido proceso de ley. Debido a esta deficiencia en la notificación, el Tribunal no entró a considerar los demás señalamientos de error. Por tanto, el caso es devuelto a la Junta de Subastas del Municipio de Cataño. Dicho organismo deberá emitir y notificar nuevamente su dictamen. La nueva notificación debe cumplir con todos los requisitos legales correspondientes.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico atendió una Solicitud de Revisión presentada por Ricoh Puerto Rico, Inc. Ricoh impugnaba la Resolución de Adjudicación emitida por la Junta de Subastas de la Administración de Servicios Generales (ASG). Dicha resolución adjudicó la buena pro del contrato identificado como RFP 24J-01599 a Xerox Corporation, Inc. El propósito del contrato era establecer un servicio de digitalización e indexación de documentos para la Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia (ADSEF). El pliego de la subasta establecía criterios de evaluación como capacidad técnica, desempeño pasado, precio y capacidad financiera. A pesar de la impugnación de Ricoh sobre la adjudicación, el Tribunal no evaluó los méritos del caso. Mediante Sentencia, el Tribunal de Apelaciones desestimó el recurso presentado por Ricoh Puerto Rico. La desestimación se basó en la falta de jurisdicción del Tribunal. Esto se debió a que la notificación del recurso fue considerada defectuosa.

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El Consejo de Titulares del Condominio Crystal House comparece ante el Tribunal de Apelaciones mediante recurso de revisión judicial. Solicita la revocación de una Notificación y Orden del DACo de 31 de julio de 2024. Mediante esa orden, el DACo declaró No Ha Lugar la Moción sobre Acumulación de Parte Indispensable y Paralización de Procedimientos presentada por el Consejo. El caso original en el DACo inició con una querella de César Vázquez Class contra el Consejo y una aseguradora desconocida en 2018. Vázquez Class alegó daños continuos por filtraciones en el condominio que afectaban su apartamento y solicitó indemnización. El Consejo se defendió y planteó la falta de una parte indispensable. Posteriormente, el Consejo identificó a Chubb Insurance Agency, Inc. como la aseguradora y solicitó su inclusión, argumentando que sus derechos se verían afectados. Vázquez Class se opuso, indicando que el DACo ya había resuelto previamente la cuestión de la parte indispensable. El Tribunal de Apelaciones, al evaluar el recurso del Consejo contra la orden del DACo, determina que corresponde desestimar el recurso presentado.

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Daniel Rivera Colón, una persona confinada, presentó un recurso de revisión contra el Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) por denegación de acceso a un ortopeda. El recurrente solicitó atención especializada por artritis y dolores, alegando contar con referidos médicos. El DCR determinó que Rivera Colón necesitaba un referido formal para la clínica de ortopedia y le sugirió utilizar el sistema de "sick call" o consultar al médico de la institución. Insatisfecho, el recurrente solicitó reconsideración, indicando que su situación no mejoraba a pesar de seguir las indicaciones. El DCR, tras corroborar, mantuvo su postura, confirmando la falta de referido y reiterando la orientación previa. Rivera Colón apeló ante el Tribunal de Apelaciones, argumentando que la dilación en la atención médica constituía trato cruel e inusitado. El DCR se opuso, defendiendo la razonabilidad de su determinación. El Tribunal de Apelaciones revisó el caso aplicando el criterio de deferencia a las agencias administrativas. Finalmente, el Tribunal confirmó la determinación emitida por el Departamento de Corrección y Rehabilitación.