Casos del Tribunal de Apelaciones (Página 47)

Resumen:

Domingo Vázquez Mariani presentó un recurso de Certiorari ante el Tribunal de Apelaciones solicitando la revisión de una Resolución del Tribunal de Primera Instancia (TPI) de Ponce. Mediante dicha Resolución, el TPI dejó sin efecto un dictamen previo y declaró No Ha Lugar mociones de intervención. Las mociones fueron presentadas por los hijos y la cónyuge supérstite de Don Alberto Mariani Vélez, uno de los peticionarios originales en el caso. El caso original trataba sobre el nombramiento de un Administrador y Contador Partidor para el caudal hereditario de Doña Almida Vélez Barbosa. Los interventores impugnaron los nombramientos y las actuaciones del administrador tras el fallecimiento de Don Alberto Mariani Vélez. El TPI determinó que las controversias presentadas eran contenciosas. Por ello, ordenó a los interventores iniciar un pleito independiente sobre partición de herencia. El Tribunal de Apelaciones, por los fundamentos expuestos, deniega la expedición del auto de certiorari solicitado por el señor Vázquez.

Resumen:

Este documento es una resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de certiorari. Los peticionarios impugnan una decisión del Tribunal de Primera Instancia (TPI) en un caso de liquidación de bienes hereditarios. El TPI denegó una solicitud de los peticionarios para ordenar al Registrador de la Propiedad inscribir unas particiones alícuotas adquiridas mediante escrituras públicas. El TPI razonó que carecía de jurisdicción para tal orden, correspondiendo el asunto al Registrador. Los peticionarios solicitaron reconsideración, argumentando la necesidad de la inscripción para la venta del inmueble y que la solicitud se basaba en un requerimiento registral. El TPI denegó la reconsideración, reiterando que no puede calificar instrumentos públicos para el Registro y que la Regla 134.1 del Reglamento del Registro no aplica al remedio solicitado. Los peticionarios recurren en certiorari, alegando error del TPI al denegar la orden al Registrador bajo la Regla 134.1 y artículos de la Ley de Registro. El Tribunal de Apelaciones procederá a disponer del asunto sin requerir la comparecencia de los recurridos.

Resumen:

Resolución de un panel judicial sobre un recurso de apelación presentado por IGC Group LLC. IGC solicita la revisión de una sentencia del Tribunal de Primera Instancia que declaró Ha Lugar una solicitud de sentencia sumaria de Transporte Rodríguez Asfalto, Inc. El caso se originó por una disputa de pago entre el contratista Rodríguez Asfalto y el subcontratista IGC en un proyecto de la Autoridad de Carreteras. La Autoridad de Carreteras consignó \$26,329.65 debido a la reclamación de IGC contra Rodríguez Asfalto. IGC reclamó sumas adicionales y solicitó la liberación de los fondos consignados a su favor. Rodríguez Asfalto se opuso, alegando que los trabajos estaban incluidos en el subcontrato original, y presentó una demanda contra IGC por falta de entrega de documentos. El foro primario dictaminó a favor de Rodríguez Asfalto, ordenando la liberación de los fondos consignados a su beneficio. IGC apeló esta decisión, y su solicitud de reconsideración fue denegada. El panel acoge el recurso como un Certiorari pero deniega su expedición.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones emitió una Sentencia el 16 de septiembre de 2024 en el caso KLAN202400733. El panel estuvo compuesto por los jueces Bermúdez Torres, Aldebol Mora y Adames Soto. La decisión responde a una Moción de Desistimiento Voluntario presentada por la parte apelante, Stericycle of Puerto Rico, Inc. En consecuencia, el Tribunal ordenó el archivo y cierre del caso. Este cierre se realiza por desistimiento con perjuicio. La determinación se fundamenta en la Regla 83(A) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones. La sentencia fue acordada por el Tribunal y certificada por su Secretaria.

Resumen:

El Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) revocó la exención contributiva concedida a la Sra. Heather O'Brien bajo la Ley 22-2012 debido a su incumplimiento en la presentación de informes anuales. La señora O'Brien impugnó la revocación mediante una demanda de sentencia declaratoria, alegando que nunca recibió las notificaciones del DDEC sobre la deficiencia en los informes ni sobre la orden de revocación. Sostuvo que se enteró de la revocación a través de notificaciones del Departamento de Hacienda. Argumentó que no se le notificó el inicio del procedimiento de revocación ni se le ofreció una vista previa. El DDEC solicitó la desestimación de la demanda, afirmando que sí se enviaron las notificaciones por correo electrónico y que existía un procedimiento administrativo específico para impugnar la revocación, haciendo improcedente la sentencia declaratoria. La señora O'Brien se opuso a la desestimación, reiterando su alegación de falta de notificación inicial. La controversia principal gira en torno a si el DDEC cumplió con el requisito de notificación adecuada antes de revocar el decreto contributivo.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico considera dos recursos de apelación consolidados presentados por Joseph Rodríguez Comas y Benjamín Rodríguez Ramos. Ambos apelantes impugnan sentencias dictadas por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Germán. Rodríguez Comas fue declarado culpable de dos cargos de alteración a la paz (Art. 241 C.P.), mientras que Rodríguez Ramos fue declarado culpable de dos cargos de amenaza (Art. 177 C.P.). Los casos se originan de hechos ocurridos el 8 de julio de 2023 en Lajas, relacionados con una disputa familiar por terrenos. Las denuncias contra Rodríguez Comas alegan el uso de lenguaje soez y ofensivo hacia los querellantes. Las denuncias contra Rodríguez Ramos alegan amenazas de muerte dirigidas a los mismos querellantes. El Tribunal de Primera Instancia impuso penas de reclusión, multas y penas especiales a ambos. El Tribunal de Apelaciones ha revisado los recursos y la prueba oral presentada. Se adelanta la confirmación de las sentencias apeladas.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico que consolida dos recursos de apelación. Los apelantes, Joseph Rodríguez Comas y Benjamín Rodríguez Ramos, impugnan sentencias del Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Germán. Rodríguez Comas fue declarado culpable de dos cargos de alteración a la paz (Art. 241 C.P.). Rodríguez Ramos fue declarado culpable de dos cargos de amenazas (Art. 177 C.P.). Ambos fueron sentenciados a penas de reclusión, multas y penas especiales. Los casos se originan de hechos ocurridos el 8 de julio de 2023 en Lajas, relacionados con una disputa de terrenos. Los incidentes involucraron lenguaje soez por parte de Rodríguez Comas y amenazas de muerte por parte de Rodríguez Ramos dirigidas a Madeline Rodríguez Cruz y Elías Ramos Feliciano. El Tribunal de Apelaciones revisó el tracto procesal y la prueba oral presentada. El panel adelanta la confirmación de las sentencias apeladas.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico, Panel II, emitió una Resolución en el caso de Beleric Robles Pujadas contra Fundación Stefano Steenbakkers Betancourt, Corp. y otra parte. La peticionaria presentó una Petición de Certiorari y una Moción en Auxilio de Jurisdicción ante este foro apelativo. El recurso de certiorari provenía de un caso de Cobro de Dinero por Incumplimiento de Contrato radicado en el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Bayamón (Caso Núm. BY2023CV03604). El panel, integrado por los jueces Bermúdez Torres, Martínez Cordero y Cruz Hiraldo, examinó las presentaciones de la parte peticionaria. En su Resolución del 16 de septiembre de 2024, el Tribunal de Apelaciones denegó la expedición del auto de certiorari. Consecuentemente, declaró No Ha Lugar la solicitud de auxilio de jurisdicción presentada. La decisión se basó en el examen de la petición a la luz del derecho aplicable, incluyendo referencias a reglas de procedimiento civil y del reglamento del tribunal.

Resumen:

Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de cobro de dinero y ejecución de hipoteca. La Peticionaria, María Medina Pantoja, solicitó un auto de Certiorari para revisar una Resolución del Tribunal de Primera Instancia. Dicha Resolución denegó su petición para que se dieran por admitidos automáticamente unos requerimientos de admisiones. La Peticionaria argumentó que la parte Recurrida no contestó los requerimientos dentro del término legal de veinte días, lo que, según la Regla 33 de Procedimiento Civil, conlleva la admisión automática. Sostuvo que el foro primario abusó de su discreción al no aplicar la regla de admisión automática. El Tribunal de Apelaciones, tras considerar la solicitud, deniega la expedición del auto de Certiorari. También deniega la Solicitud en Auxilio de Jurisdicción presentada por la Peticionaria. La decisión se fundamenta en la naturaleza discrecional del recurso de Certiorari y los criterios para su expedición.

Resumen:

Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre una petición de certiorari en un caso de desahucio en precario. Iliana Colón Vega demandó a Eduardo B. Ojeda Dávila alegando que este ocupa sin título una propiedad de la herencia de su padre. Ojeda Dávila compareció especialmente, reclamando ser poseedor y dueño de la propiedad, además de acreedor de la sucesión, y cuestionando la legitimación activa de la demandante y la jurisdicción del tribunal. El Tribunal de Primera Instancia emitió una orden indicando que resolvería el asunto jurisdiccional y ordenando al demandado nombrar representación legal para el juicio en su fondo. En desacuerdo con dicha orden, Ojeda Dávila acudió al Tribunal de Apelaciones mediante certiorari, imputando varios errores al foro primario. Tras revisar la petición, el Tribunal de Apelaciones denegó la expedición del auto de certiorari solicitado.

Resumen:

Esta resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico atiende una petición de Certiorari. La petición fue presentada por Juan Ramón Ramos Hernández contra Nachelly Peña Carmoega, et als. Proviene de un caso original del Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Carolina, sobre cobro de dinero y ejecución de hipoteca. El peticionario presentó el Certiorari el 30 de agosto de 2024. Tras considerar la petición, el Tribunal de Apelaciones emitió esta resolución el 16 de septiembre de 2024. El Tribunal decidió denegar la expedición del Certiorari. Esta denegatoria se realizó conforme a la Regla 52.1 de Procedimiento Civil.

Resumen:

Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico, Panel VII, en el caso KLCE202400921. Las partes son El Pueblo de Puerto Rico como peticionario y Juan Francisco Torres Huertas como recurrido. El caso proviene del Tribunal de Primera Instancia, Sala de Caguas, y trata sobre cargos que incluyen el Art. 93.A del Código Penal (Asesinato en Primer Grado). El Tribunal evaluó una Solicitud en Auxilio de Jurisdicción presentada por la parte peticionaria. Dicha solicitud, radicada el 12 de septiembre de 2024, fue declarada No Ha Lugar. Asimismo, se evaluó en sus méritos un recurso de Certiorari presentado el 23 de agosto de 2024. Este recurso de Certiorari fue denegado por el Tribunal. Como resultado, se ordena la continuación de los procedimientos ante el Foro de Instancia. La resolución fue emitida el 16 de septiembre de 2024. Se dispone la notificación inmediata a todas las partes y al tribunal de origen.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones revisando una Resolución del Tribunal de Primera Instancia en un caso de divorcio sobre alimentos. El señor Joel Hernán Ramos Rolón impugna la decisión del TPI de 25 de junio de 2024 mediante Certiorari. La Resolución apelada confirmó que fondos consignados eran para reembolso de gastos extraordinarios de pensión provisional. Ordenó el desembolso de dicho dinero a favor de la señora Hermelinda Molina Lugo. El TPI también encontró al señor Ramos Rolón en temeridad. Como resultado, le impuso \$3,000.00 en honorarios de abogado a pagar a la señora Molina Lugo. La disputa se enmarca en un proceso de revisión de pensión alimentaria iniciado en 2022. La señora Molina Lugo reclamó deudas y gastos, lo que llevó a la orden de desembolso y las determinaciones de temeridad y honorarios. El Tribunal de Apelaciones evalúa ahora la corrección de estas determinaciones del foro primario.

Resumen:

Este documento es una Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. El Banco Popular de Puerto Rico (BPPR) presentó un recurso de certiorari solicitando la revocación de una Resolución del Tribunal de Primera Instancia. Dicha Resolución denegó la Moción de Reconsideración del BPPR, la cual impugnaba la denegación previa de su Moción de Sentencia Sumaria en un caso de ejecución de hipoteca. BPPR demandó a la Sucesión de Carmen Lilia Flores y otros para ejecutar una hipoteca revertida tras el fallecimiento de los deudores originales. La parte demandada contestó la demanda, alegando falta de legitimación activa (standing) del BPPR, que el banco no era el tenedor del pagaré extraviado y que no se cumplió con las notificaciones requeridas por HUD. BPPR argumentó ser tenedor de un pagaré sustituto obtenido en otro caso y haber cumplido con las notificaciones a HUD. El Tribunal de Primera Instancia denegó la sentencia sumaria, indicando la existencia de controversias fácticas. El Tribunal de Apelaciones, por los fundamentos expuestos, deniega el auto de certiorari solicitado por el BPPR.

Resumen:

Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre un recurso de Certiorari presentado por Krupp & Co., Inc. contra José M. Toral Muñoz, su esposa y la sociedad conyugal. El recurso busca revisar una decisión del Tribunal de Primera Instancia que denegó una solicitud de descalificación de la peticionaria. El caso subyacente trata sobre enriquecimiento injusto y daños y perjuicios. Krupp alega que pagó facturas presentadas por el señor Toral Muñoz por servicios supuestamente no pagados por el fundador fallecido de la corporación. Posteriormente, Krupp encontró facturas originales marcadas como pagadas o sin cargo. Krupp demandó la restitución del dinero pagado y compensación por daños. Los recurridos presentaron una solicitud de desestimación del recurso de Certiorari. El Tribunal de Apelaciones declara No Ha Lugar la solicitud de desestimación y deniega la expedición del recurso de Certiorari.

Resumen:

El Hospital Español Auxilio Mutuo de Puerto Rico solicitó al Tribunal de Apelaciones revocar una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia. Dicha Sentencia declaró No Ha Lugar la petición del Hospital para impugnar un Laudo de Arbitraje. El Laudo, emitido por el Negociado de Conciliación y Arbitraje, determinó que el despido de una enfermera fue injustificado. El Hospital argumentó que la vista de arbitraje se celebró ex parte de forma indebida, a pesar de haber intentado excusar la incomparecencia de un testigo clave. La Unión recurrida se opuso, señalando que la solicitud de suspensión se envió después de la hora pautada para la vista. La Unión sostuvo que el árbitro actuó conforme al reglamento al proceder ex parte ante la incomparecencia injustificada. El Tribunal de Primera Instancia denegó la impugnación del Hospital y confirmó el Laudo. El Tribunal de Apelaciones, por los fundamentos expuestos, deniega la expedición del auto de certiorari solicitado, validando la decisión del foro primario y el Laudo arbitral.

Resumen:

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resolviendo una apelación. La Asociación de Propietarios Vega Serena, Inc. apeló la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de Bayamón. Dicha Sentencia desestimó con perjuicio la demanda de injunction presentada por la Asociación contra NSB Vega Baja, LLC. La Asociación alegaba que NSB construía sin los permisos requeridos por la Ley Núm. 161. NSB solicitó la desestimación por cosa juzgada, argumentando que casos previos entre las partes ya habían resuelto la existencia de permisos y la falta de legitimación activa de la Asociación. El Tribunal de Primera Instancia acogió este argumento y desestimó el caso, imponiendo además honorarios de abogado a la Asociación. La Asociación se opuso a la aplicación de la cosa juzgada. El Tribunal de Apelaciones, tras revisar los fundamentos, confirma la Sentencia apelada.

Resumen:

Sentencia de un panel de jueces que revisa un dictamen del Tribunal de Primera Instancia de Caguas. Dicho tribunal declaró Ha Lugar una Moción de Sentencia Sumaria presentada por Walmart Puerto Rico, Inc. y desestimó con perjuicio la demanda por daños y perjuicios de Carmen Amador. La señora Amador alegó que Walmart fue negligente al no bloquear tarjetas de regalo usadas en un fraude tras ser notificado, causándole una pérdida de $41,460. Walmart negó negligencia, atribuyendo el daño a terceros y a la propia apelante. Walmart argumentó que no tenía un deber legal, ya que el daño ocurrió cuando Amador proveyó los códigos de las tarjetas, no al comprarlas, destacando su preparación académica. El TPI encontró que no existía controversia sobre hechos esenciales, incluyendo la extensa formación y experiencia profesional de la demandante. El panel apelativo confirma la Sentencia recurrida.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emitió una sentencia en respuesta a una apelación presentada por PDCM Associates SE. PDCM apeló la decisión del Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Caguas, en un caso relacionado con un contrato de arrendamiento comercial. La disputa surgió de un contrato donde PDCM era el arrendador y Marco Herrera Batista era el arrendatario. El contrato establecía que PDCM era responsable de las reparaciones estructurales, incluyendo filtraciones. Herrera notificó repetidamente a PDCM sobre una filtración significativa en el techo que causaba daños al local. A pesar de múltiples comunicaciones, PDCM no realizó las reparaciones necesarias. Ante la falta de acción, Herrera presentó una demanda por incumplimiento de contrato y consignó los cánones de arrendamiento. Posteriormente, PDCM presentó una demanda de desahucio contra Herrera. El Tribunal de Primera Instancia falló a favor de Herrera en su demanda de incumplimiento, declaró No Ha Lugar la demanda de desahucio de PDCM e indemnizó a Herrera por daños. El Tribunal de Apelaciones revisó el caso y confirmó la sentencia recurrida.

Resumen:

Esta Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico aborda un caso sobre daños y perjuicios. El documento enfatiza la importancia fundamental de la jurisdicción judicial y los términos estrictos para presentar recursos apelativos. Se establece que los tribunales deben constatar su jurisdicción y que una sentencia dictada sin ella es nula. La Regla 52.2 de Procedimiento Civil requiere que los recursos ante el Tribunal de Apelaciones se presenten dentro de treinta días desde la notificación de la resolución u orden recurrida. Una moción de reconsideración oportuna interrumpe este término. En el caso particular, la peticionaria solicitó reconsideración de una resolución del Tribunal de Primera Instancia. Dicha reconsideración fue declarada sin lugar y notificada el 31 de julio de 2024. La peticionaria presentó su recurso de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones el 3 de septiembre de 2024. El Tribunal determinó que el recurso fue presentado treinta y cuatro días después de la notificación de la resolución en reconsideración. Concluyendo que el recurso era tardío, el Tribunal declaró que carecía de jurisdicción para atenderlo y desestimó el recurso.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en el recurso de apelación presentado por José D. Santiago Torres en un caso de daños y perjuicios. El apelante impugna una resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó dos mociones de reconsideración contra una sentencia parcial y órdenes previas. La demanda original alega tratamiento involuntario y detención indebida bajo la Ley de Salud Mental. El Tribunal de Apelaciones desestima el recurso en cuanto a las órdenes, señalando que el asunto ya fue resuelto y advino final y firme en una resolución anterior. Asimismo, decreta la desestimación del recurso de apelación presentado contra la sentencia parcial. Se revisa el tracto procesal, incluyendo la suspensión de la autorepresentación del demandante por el foro primario. La sentencia concluye con la desestimación de la apelación en su totalidad.

Resumen:

Este recurso de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico surge de una reclamación laboral por despido injustificado y represalias. La empleada, Yarilis M. Fontán Pérez, demandó a su empleador, Dr. Jaca Montijo, C.S.P., bajo el procedimiento sumario de la Ley Núm. 2. El proceso se ha extendido debido a la conducta del empleador, cuyas alegaciones fueron eliminadas por incumplimiento con órdenes de descubrimiento. El Tribunal de Primera Instancia dictó sentencia parcial a favor de la empleada. El empleador ha presentado múltiples recursos de apelación y certiorari, así como mociones de nulidad y relevo de sentencia, ante el Tribunal de Apelaciones y el Tribunal Supremo, sin éxito. En este recurso, el empleador impugna determinaciones recientes del foro primario sobre la imposición de costas a su favor tras prevalecer en apelación y la denegación de una nueva solicitud de nulidad de sentencia. El Tribunal de Apelaciones desestima el recurso de certiorari. Considera que la conducta del empleador ha sido frívola y temeraria, prolongando innecesariamente el pleito. Por ello, además de desestimar, impone sanciones económicas al empleador a favor de la empleada.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resuelve un recurso de certiorari presentado por el Dr. Jorge A. Bustillo Cancio y SIMED. Los peticionarios buscaban la revisión de una Minuta-Resolución Enmendada del Tribunal de Primera Instancia (TPI) de Bayamón, notificada el 6 de agosto de 2024. Dicha resolución denegó su solicitud de sentencia sumaria parcial en un caso de daños por alegada mala práctica médico-hospitalaria. La moción de sentencia sumaria buscaba la desestimación de la demanda contra el Dr. Bustillo, argumentando que actuó como asistente médico. Los peticionarios alegaron que el TPI erró al denegar la moción sin hacer determinaciones de hechos y a pesar de la supuesta falta de controversia sobre su rol. No obstante, la parte recurrida informó al Tribunal de Apelaciones que el TPI emitió una nueva Resolución fundamentada el 6 de septiembre de 2024, posterior a la presentación del recurso, que también denegó la misma moción. El Tribunal de Apelaciones determina que el recurso es prematuro al basarse en un dictamen que fue superado por la nueva resolución fundamentada del TPI. Por consiguiente, el Tribunal carece de jurisdicción para atender el recurso presentado. Se desestima el recurso de certiorari por falta de jurisdicción y se declara No Ha Lugar la solicitud en auxilio de jurisdicción.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en un caso de desahucio. La apelante, Gabriela Serrano Motta, recurre una Sentencia En Rebeldia dictada por el Tribunal de Primera Instancia. Dicha sentencia original declaró Ha Lugar una demanda de desahucio presentada por la Administración de Vivienda Pública y ordenó el desalojo de una propiedad. La sentencia en rebeldía fue dictada tras la incomparecencia de la apelante a la vista de desahucio. La apelante solicitó reconsideración, la cual fue denegada. Posteriormente, presentó apelación ante el Tribunal de Apelaciones. El Tribunal de Apelaciones desestima el recurso de apelación. La desestimación se fundamenta en la falta de jurisdicción por considerar el recurso prematuro. El tribunal reitera que un recurso prematuro adolece de un defecto insubsanable que impide entrar en los méritos del caso.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en un recurso de apelación presentado por Berny Guzmán Díaz. El recurso busca la revisión de una Sentencia Parcial del Tribunal de Primera Instancia que desestimó la causa de acción contra JRB Mercedes Specialist Inc. Guzmán Díaz demandó originalmente a Garage Isla Verde en 2021 por negarse a configurar partes de su vehículo. En julio de 2023, presentó una demanda contra tercero contra JRB Mercedes, alegando una negativa similar y solicitando daños e injunction. JRB Mercedes presentó una moción de desestimación por prescripción y/o sentencia sumaria, la cual fue declarada Ha Lugar por el foro primario. La Sentencia Parcial apelada desestimó con perjuicio la reclamación contra JRB Mercedes. El Tribunal de Apelaciones, por los fundamentos expuestos, confirma la Sentencia Parcial apelada.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resolviendo una apelación. La apelación fue presentada por Almaviva Restaurant, Almaviva Group y Carlos M. Aponte Nieves. Impugnan una sentencia dictada en rebeldía por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan. Dicha sentencia condenó a los apelantes a pagar \$122,400.00 a MR Condado Opportunity Zone Fund LLC. El pleito original es un cobro de dinero iniciado por Condado por incumplimiento de un contrato de arrendamiento y un acuerdo transaccional. Los demandados habían contestado la demanda, negado el incumplimiento y presentado una reconvención por daños. La sentencia en rebeldía se dictó aparentemente por la falta de los demandados en cumplir con órdenes de descubrimiento de prueba. La apelación busca la revocación de esta sentencia.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en la apelación presentada por Alexander Grave Ramos. El apelante solicita la revocación de las sentencias del Tribunal de Primera Instancia de Ponce que lo declararon culpable de asesinato en primer grado, portación ilegal de armas y disparar o apuntar armas. Tras un veredicto de culpabilidad, se le impuso una pena total de 129 años de reclusión. Los cargos se originan en hechos del 7 de agosto de 2019 en Ponce, donde se le imputa haber causado la muerte de Carlos Alberto Babilonia Ildefonso mediante disparos, portando un arma sin licencia y disparando en un lugar público. El documento describe el proceso judicial inicial y las acusaciones presentadas. Se lista la prueba testifical presentada en el juicio por jurado por el Ministerio Público y la defensa. La sentencia adelanta la confirmación de los dictámenes apelados. Se comienza a detallar la prueba desfilada, incluyendo el testimonio de un testigo sobre una discusión previa entre el apelante y la víctima.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisó una resolución del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR). El recurrente, un confinado, apeló la determinación disciplinaria en su contra. El DCR lo encontró incurso de violar el Código 104 del reglamento correccional. La infracción consistió en obstruir un conducto de aire acondicionado con plástico en su celda. Como sanción, se le suspendieron los privilegios de visita y comisaría por treinta días. El confinado solicitó reconsideración de la decisión, alegando vicios en la querella y que su compañero de celda asumió responsabilidad. El DCR denegó la solicitud de reconsideración. Ante ello, el confinado acudió al Tribunal de Apelaciones en revisión administrativa. Tras evaluar el recurso, el panel judicial determinó confirmar la resolución emitida por el DCR.

Resumen:

Este documento es una sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico que revisa la denegación de libertad bajo palabra a Joel Valentín Ávila por la Junta de Libertad Bajo Palabra (JLBP). El recurrente cumple una sentencia de diez años por Agresión Grave e infracciones a la Ley de Armas. Solicitó la revocación de la resolución de la JLBP del 25 de mayo de 2024 que le denegó el privilegio de libertad bajo palabra. La JLBP basó su decisión en varias determinaciones de hecho, incluyendo una querella disciplinaria reciente, su clasificación en seguridad mediana, la falta de corroboración de una oferta de empleo y la ausencia de evaluación por SPEA para tratamiento relacionado con sus delitos. El recurrente impugnó estas determinaciones de la JLBP. El Tribunal de Apelaciones confirma la resolución recurrida emitida por la JLBP. La sentencia reitera que la libertad bajo palabra no es un derecho, sino un privilegio cuya concesión depende del mejor interés de la sociedad y la probabilidad de rehabilitación del confinado.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones revisó una presentación del señor Héctor Correa Green, quien solicitó revocar una resolución del Tribunal de Primera Instancia (TPI). Dicha resolución, notificada el 16 de julio de 2024, declaró no ha lugar a una moción del peticionario. El señor Correa presentó su recurso, considerado un Certiorari, el 20 de agosto de 2024. Conforme a la Regla 52.2(b) de Procedimiento Civil, el término para presentar un Certiorari contra una resolución del TPI es de treinta días a partir de su notificación. Este término es de cumplimiento estricto y solo prorrogable si se demuestra justa causa debidamente sustentada. El recurso fue presentado 35 días después de la notificación de la resolución del TPI, excediendo el término reglamentario. El peticionario no ofreció justificación alguna para la tardanza. Al haberse presentado el recurso fuera del término establecido y sin justa causa, el Tribunal de Apelaciones carece de jurisdicción. Por tanto, se desestima el recurso de Certiorari por tardío.

Resumen:

Recurso de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones para revisar una resolución del Tribunal de Primera Instancia, Sala Municipal de San Juan. La resolución denegó la solicitud del peticionario, Iván R. Sotomayor Serra, para que se impusieran honorarios de abogado a la recurrida, María T. Velilla Sotomayor. Dicha solicitud de honorarios se presentó luego de que el foro primario denegara una orden de protección solicitada por la recurrida bajo la Ley de Violencia Doméstica. El peticionario alega que la denegatoria de honorarios contraviene la Regla 44.1 de Procedimiento Civil y un caso previo del Tribunal de Apelaciones. La recurrida argumenta que la imposición de honorarios es discrecional, que su caso es distinguible del precedente citado y que los honorarios requieren una determinación de temeridad. El Tribunal de Apelaciones considera el recurso extraordinario de certiorari y los criterios para su expedición y adjudicación.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en un caso de cobro de dinero entre Billenium, LLC y Norman Marrero Sánchez. Billenium demandó a Marrero Sánchez por el pago de una penalidad de cancelación de un contrato de instalación de placas solares. El caso llegó al Tribunal de Apelaciones luego de que el Tribunal de Primera Instancia denegara una Solicitud de Relevo de Sentencia presentada por Marrero Sánchez. Dicha solicitud se basaba en alegados problemas procesales relacionados con la notificación y celebración de una vista. Marrero Sánchez sostuvo que recibió notificación tardía y confusa sobre si la vista sería presencial en Toa Baja o en línea en Bayamón. Argumentó que esta situación impidió su participación adecuada en el proceso judicial. El Tribunal de Apelaciones revisó el recurso, tratándolo como un certiorari. Tras evaluar los fundamentos, el panel decidió expedir el recurso. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones revocó la Resolución del Tribunal de Primera Instancia que había denegado el relevo de sentencia. Esta decisión implica que el tribunal apelativo encontró mérito en la reclamación de Marrero Sánchez sobre los problemas procesales.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en el caso KLAN202400690. El apelante, Francisco Valdés Pérez, solicitó la revisión de una sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó con perjuicio su demanda contra Eurowheels Auto Corporation. Dicha sentencia de instancia también le impuso \$5,000 en honorarios de abogado por temeridad. La demanda original de Valdés Pérez alegaba incumplimiento de contrato y daños y perjuicios relacionados con la compra de un vehículo Ferrari. Sostuvo que Eurowheels falsificó su firma y documentos de título, impidiéndole vender el auto y causándole pérdidas. Reclamaba la devolución del precio de compra (\$76,000) y el pago de gastos significativos en mantenimiento y seguros. Eurowheels solicitó la desestimación, argumentando la existencia de litigios previos relacionados con el mismo vehículo y partes, incluyendo una demanda de consolidación presentada por el propio apelante y otra donde su hijo reclamaba la propiedad del auto. Tras revisar el expediente, el Tribunal de Apelaciones confirmó el dictamen recurrido.

Resumen:

Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre una petición de certiorari. El peticionario, José A. Velázquez Grau, solicitó la revisión de una decisión del Tribunal de Primera Instancia de Caguas. Dicha decisión determinó que el peticionario, su esposa y la sociedad legal de gananciales adeudaban a Banco Popular de Puerto Rico la suma de $276,685.91. El caso original es un procedimiento ordinario de cobro de dinero y ejecución de hipoteca iniciado por el banco en 2013. Las partes habían presentado previamente un acuerdo de sentencia por estipulación detallando las deudas, incluyendo pagarés garantizados con hipoteca. Tras la determinación del TPI, el peticionario solicitó reconsideración, la cual fue denegada. Habiendo evaluado la totalidad del expediente, el Tribunal de Apelaciones resuelve denegar el auto de certiorari solicitado.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en el caso KLAN202400682. EFRP Development, Inc. apeló la desestimación de su demanda contra U.S. Bank/Banco Popular. La demanda buscaba anular una venta judicial en un caso de ejecución de hipoteca. EFRP alegó que la subasta violó la Regla 51.7 de Procedimiento Civil por no cumplir el intervalo de siete días entre publicaciones de edictos. El Tribunal de Primera Instancia desestimó la demanda con perjuicio, aplicando la doctrina de cosa juzgada. Determinó que la controversia sobre la Regla 51.7 ya había sido resuelta en un caso anterior y confirmada por el Tribunal de Apelaciones. EFRP argumentó que el incumplimiento de la Regla 51.7 conllevaba la nulidad de la venta. El Tribunal de Apelaciones revisó la decisión del foro primario y confirmó la sentencia apelada.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones emite sentencia en una apelación sobre cobro de dinero. Windmar P.V. Energy, Inc. demandó a Amílcar Calderón Sierra por el impago de un préstamo relacionado con su relación laboral. La demanda reclamaba una deuda de $88,074.30 más intereses. El Tribunal de Primera Instancia anotó la rebeldía del demandado y dictó sentencia a favor de Windmar al no presentar este su alegación responsiva tras ser emplazado. Calderón Sierra apeló esta decisión, solicitando su revocación. El Tribunal de Apelaciones revisó el caso, incluyendo las gestiones de emplazamiento y las solicitudes de rebeldía presentadas por Windmar. Tras evaluar los fundamentos, el panel del Tribunal de Apelaciones resolvió confirmar la sentencia apelada.

Resumen:

Recurso de apelación ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico presentado por Harry González Montañez. El apelante impugna una Resolución del Tribunal de Primera Instancia que confirmó la validez de una escritura pública de divorcio por consentimiento mutuo. La controversia principal gira en torno a la alegada nulidad o ineficacia de la escritura, particularmente en cuanto a la liquidación de bienes gananciales. El apelante argumenta que la escritura no estuvo acompañada de una estipulación separada y juramentada preparada por abogados, y que el notario incumplió sus deberes. La apelada, Linka Matos Rivera, presentó evidencia que sugiere la ausencia de dicha estipulación anexa y la falta de representación legal de las partes al acordar el divorcio. Este caso surge tras una disputa previa sobre la ejecución de una pensión alimentaria extrajudicial para la hija menor de las partes. El Tribunal de Apelaciones había confirmado previamente la jurisdicción del foro primario sobre dicho asunto. Tras evaluar los fundamentos presentados, el panel especial del Tribunal de Apelaciones decidió confirmar la Resolución recurrida. Con esta decisión, se mantiene la validez de la escritura de divorcio según lo determinado por el Tribunal de Primera Instancia.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia. El caso fue iniciado por tres exempleadas contra su empleador y su presidente. Las demandantes alegaron discrimen por edad, sexo y origen nacional, acoso laboral, represalias, despido constructivo y daños. Una de las demandantes también alegó hostigamiento sexual. El Tribunal de Primera Instancia falló a favor de las demandantes. Se ordenó a los demandados pagar más de $1.3 millones en daños y honorarios de abogados. Los demandados apelaron esta decisión. El Tribunal de Apelaciones procedió a modificar la Sentencia recurrida. El caso fue devuelto al foro primario para que se realicen procedimientos adicionales según lo ordenado.

Resumen:

Comparece ante el Tribunal de Apelaciones José D. Santiago Torres en apelación contra María C. Loza De Coro y el Estado Libre Asociado. El recurso busca la revisión de una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de Ponce que desestimó su demanda por violación de derechos civiles. Santiago Torres demandó a Loza De Coro por daños, alegando que esta facilitó el ingreso involuntario de su hijo a un asilo tras un derrame cerebral. Loza De Coro solicitó la desestimación, indicando que actuó bajo la Ley de Salud Mental para el ingreso y evaluación del hijo. El tribunal de instancia desestimó la demanda al entender que no se presentó una reclamación con derecho a remedio. Insatisfecho, Santiago Torres apeló, argumentando que el tribunal aplicó erróneamente la demanda a los sufrimientos del hijo y no a los suyos, y que hubo falta de debido proceso. Durante la apelación, surgió una controversia sobre la notificación del recurso a la parte apelada. El apelante afirmó haber cumplido con la notificación a la dirección física de la apelada. Este documento detalla el trasfondo del caso y los procedimientos previos a la decisión del Tribunal de Apelaciones.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de Revisión Judicial. La recurrente, Vilmarie Quijano De Jesús "Pequeño Campeón de Jesús" (PCJ), solicita revocar una Resolución de la Junta Adjudicativa del Departamento de la Familia. Dicha Resolución confirmó hallazgos de una monitoría de ACUDEN sobre fondos federales delegados a PCJ para el Programa de Cuidado y Desarrollo del Niño (2011-2012). ACUDEN, agencia del DF, administra y supervisa estos fondos. Una monitoría fiscal en 2013 identificó hallazgos que llevaron a recomendar una factura al cobro a PCJ por \$60,036.06. PCJ fue notificada de los hallazgos y tuvo oportunidad de objetar. PCJ presentó objeciones formales detallando sus discrepancias y aportando documentación. El caso se centra en alegaciones de cobro indebido, enriquecimiento injusto, error en la adjudicación y parcialidad. La Sentencia revisará el proceso administrativo y la validez de los hallazgos y el cobro.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones revisa una Resolución del Tribunal de Primera Instancia en un caso de división de comunidad de bienes post ganancial. La controversia principal gira en torno a la disposición de una residencia ubicada en Toa Alta. Las partes, señor Otero y señora Seguí, habían alcanzado previamente un acuerdo transaccional aprobado por el TPI, que incluía gestiones sobre la hipoteca del inmueble. Tras alegaciones de incumplimiento por parte de la señora Seguí, el TPI ordenó la venta y transferencia de la propiedad. El señor Otero recurrió esta decisión mediante Certiorari, argumentando que había obtenido aprobación para refinanciar la propiedad, cumpliendo así con sus obligaciones de una manera menos gravosa que la venta forzosa. El Tribunal de Apelaciones expide el recurso de Certiorari. Se revoca la Resolución del TPI que ordenaba la venta del inmueble. El caso se devuelve al Tribunal de Primera Instancia para continuar los procedimientos conforme a lo resuelto por el Apelativo.

Resumen:

Comparece ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico una Petición de Certiorari instada por Annette Peredo Oruña. La peticionaria solicita la revisión de la Segunda Orden Enmendada en Reconsideración dictada por el Tribunal de Primera Instancia el 24 de julio de 2024. El caso de origen trata sobre la división o liquidación de la comunidad de bienes hereditarios de Manuel Osvaldo Peredo Lara, donde la peticionaria es heredera junto a las demandadas, incluyendo la viuda Eileen Carrión Rexach. La controversia en instancia se relaciona con el descubrimiento de prueba, específicamente la solicitud de certificaciones bancarias de la señora Carrión Rexach. El Tribunal de Primera Instancia había ordenado al Banco Popular de Puerto Rico divulgar información de cuentas asociadas al número de seguro social de la viuda. La orden recurrida enmendó la decisión previa para incluir a la peticionaria como persona autorizada y aclarar parámetros de confidencialidad. Dicha orden también declaró sin lugar una solicitud de reconsideración presentada por la señora Peredo Oruña. El recurso de certiorari busca la revisión de esta determinación del foro de instancia sobre el manejo del descubrimiento.

Resumen:

Ante el Tribunal de Apelaciones, Panel III (Especial), se presenta una lista de múltiples recursos de certiorari. Todos los recursos son incoados por COBRA ACQUISITIONS, LLC como peticionario. Los recurridos varían e incluyen varios municipios de Puerto Rico, la Autoridad de Energía Eléctrica y el Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Los casos provienen del Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan. La mayoría de los recursos versan sobre Sentencia Declaratoria. Uno de los casos listados trata sobre Arbitrios de Construcción. El documento enumera distintos procedimientos judiciales identificados por números de caso y de certiorari, todos con el mismo peticionario contra diferentes entidades gubernamentales.

Resumen:

El documento presenta un listado de casos ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico, Panel III (Especial). Cobra Acquisitions, LLC figura como peticionario en todos los procedimientos. Se trata de recursos de certiorari provenientes del Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan. Los recurridos incluyen varios municipios, la Autoridad de Energía Eléctrica y el Estado Libre Asociado de Puerto Rico. La mayoría de los casos versan sobre Sentencia Declaratoria. Un caso específico trata sobre Arbitrios de Construcción. Cada entrada detalla el número identificador del Tribunal de Apelaciones y el número del caso en el tribunal de instancia. Se enumeran múltiples casos con diferentes números de expediente del Tribunal de Primera Instancia.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico, Panel III (Especial), presenta un listado de varios recursos de certiorari. Todos los recursos fueron incoados por COBRA ACQUISITIONS, LLC como peticionario. Los recurridos incluyen múltiples municipios, la Autoridad de Energía Eléctrica y el Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Estos casos provienen del Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan. La mayoría de los recursos versan sobre Sentencias Declaratorias. Uno de los casos listados trata sobre Arbitrios de Construcción. Cada recurso está identificado con un número único del Tribunal de Apelaciones.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisando una apelación sobre la sucesión de Manuel Fernós López. La apelante, Iris Josefina Tous Fernós, impugna una Sentencia Parcial del Tribunal de Primera Instancia. Dicha sentencia desestimó la solicitud de partición y adjudicación de la herencia, manteniendo solo el nombramiento de un administrador judicial. El foro primario consideró que la acción se tornó contenciosa debido a controversias planteadas por otros herederos. La apelante, sobrina y heredera, había iniciado el proceso solicitando la administración judicial, nombramiento de administrador-partidor, liquidación y partición del caudal. Su petición original detallaba los numerosos herederos, algunos ausentes o en el extranjero, y los bienes del caudal ubicados en Puerto Rico y Florida. Argumentaba la necesidad de un administrador para gestionar los bienes, realizar avalúos y proponer la partición. El Tribunal de Apelaciones procede a evaluar el recurso tras no recibir oposición de las partes con interés.

Resumen:

El documento detalla varios casos judiciales ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico, asignados al Panel III (Especial). En todos los procedimientos listados, la entidad COBRA ACQUISITIONS, LLC figura como la parte peticionaria. Estos casos son recursos de certiorari que se originaron en el Tribunal de Primera Instancia, específicamente en la Sala de San Juan. Las partes recurridas varían e incluyen a varios municipios, la Autoridad de Energía Eléctrica y el Estado Libre Asociado de Puerto Rico. La mayoría de las acciones judiciales se clasifican bajo la materia de Sentencia Declaratoria. No obstante, uno de los casos, dirigido contra el Municipio Autónomo de Guayama, trata sobre Arbitrios de Construcción. Cada caso está identificado con un número de certiorari del Tribunal de Apelaciones y su número de caso correspondiente del Tribunal de Primera Instancia.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico, Panel III (Especial), atiende una serie de casos de certiorari presentados por COBRA ACQUISITIONS, LLC. Estos procedimientos se originan en el Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan. Los recurridos en estos casos son diversos municipios de Puerto Rico, la Autoridad de Energía Eléctrica y el Estado Libre Asociado de Puerto Rico. La mayoría de las apelaciones listadas se refieren a Sentencias Declaratorias. Un caso específico, identificado con el número KLCE202400883, trata sobre Arbitrios de Construcción. Los casos están individualmente identificados con números que van desde KLCE202400877 hasta KLCE202400883.

Resumen:

Presenta un listado de varios casos ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico, Panel III (Especial). COBRA ACQUISITIONS, LLC figura como peticionario en todas las acciones. Los recurridos son diversos municipios, la Autoridad de Energía Eléctrica y el Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Se trata de procedimientos de certiorari que provienen del Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan. Los casos involucran a los municipios de Cayey, Las Piedras, Utuado, Guaynabo, Humacao, Salinas y Guayama. La mayoría de los asuntos son sobre Sentencia Declaratoria. Uno de los casos listados trata sobre Arbitrios de Construcción. Se detallan los números identificadores de los casos en apelación y los números de caso correspondientes en el tribunal de instancia.