Casos del Tribunal de Apelaciones (Página 41)

Resumen:

Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de Certiorari presentado por New Beginning Center Inc. La parte peticionaria impugnó una determinación del Tribunal de Primera Instancia que denegó su solicitud de anulación del emplazamiento. El caso original es un pleito de desahucio y cobro de dinero iniciado por la familia López Torres contra Hogar Sanación LLC por incumplimiento de contrato de arrendamiento. La demanda fue enmendada para incluir a New Beginning Center Inc., alegando ocupación no autorizada de las propiedades arrendadas y solicitando su desahucio y el pago de la deuda. Ante la alegada imposibilidad de emplazamiento personal, la parte demandante obtuvo autorización para emplazar a New Beginning Center Inc. por edicto. New Beginning Center Inc. solicitó la nulidad de dicho emplazamiento, argumentando gestiones de diligenciamiento insuficientes. El Tribunal de Primera Instancia declaró No Ha Lugar la solicitud de anulación. El Tribunal de Apelaciones, por los fundamentos expuestos, denegó el recurso de Certiorari presentado por New Beginning Center Inc., confirmando implícitamente la validez del emplazamiento por edicto.

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El Sindicato Puertorriqueño de Trabajadores solicitó al Tribunal de Apelaciones revocar una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que había dejado sin efecto un laudo arbitral. El arbitraje se originó por la suspensión de un empleado del Departamento de Educación, la cual la Unión impugnó bajo el convenio colectivo. La controversia principal giró en torno a la interpretación del término de 90 días para notificar una sanción disciplinaria. El árbitro determinó que la acción disciplinaria estaba prescrita, al entender que el término comenzaba desde la notificación de intención de formular cargos, y ordenó la restitución del empleado. El Departamento de Educación recurrió al TPI, argumentando una interpretación errónea del convenio y la ley por parte del árbitro respecto al cómputo del término. El TPI le dio la razón al Departamento de Educación y revocó el laudo arbitral. Ante esto, el Sindicato acudió al Tribunal de Apelaciones mediante un recurso de certiorari. El Tribunal de Apelaciones, mediante esta Resolución, deniega la expedición del auto de certiorari solicitado por el Sindicato.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre un recurso de certiorari presentado por BONN, LLC. La compañía solicitó revocar una orden del Tribunal de Primera Instancia que declaró Ha Lugar una moción para incluir a BONN, LLC como parte indispensable en un pleito de divorcio sobre pensión alimentaria. La madre en el caso argumentó que BONN, LLC era la fuente principal de ingresos del padre y que debía descorrerse el velo corporativo por alegado uso indebido para evadir obligaciones alimentarias. El padre se opuso, aduciendo falta de emplazamiento y representación legal independiente para la compañía, y que no había prueba suficiente para descorrer el velo. La madre replicó que la inclusión y emplazamiento de la compañía era precisamente lo solicitado. El Tribunal de Apelaciones evaluó el recurso y determinó desestimarlo. La desestimación se fundamentó en la falta de jurisdicción sobre la persona del peticionario, BONN, LLC.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre una petición de certiorari presentada por el Estado Libre Asociado. El Estado recurrió una determinación del Tribunal de Primera Instancia en un caso de impugnación de confiscación de vehículo. El caso original fue iniciado por Julio Arturo Figueroa Ramírez, quien alegó que su vehículo fue confiscado ilegalmente al no ser utilizado en actos delictivos. El Estado defendió la confiscación, argumentando su presunción de legalidad. El proceso se paralizó inicialmente bajo la Ley Promesa, pero luego continuó. Popular Auto LLC, acreedor con gravamen sobre el vehículo, se unió al litigio, impugnando la confiscación por falta de notificación. Popular Auto también solicitó sentencia sumaria basada en la deuda y la nulidad de la confiscación respecto a su interés. La petición de certiorari del Estado buscaba dejar sin efecto una decisión del foro primario que denegó una moción estatal. El Tribunal de Apelaciones denegó la expedición del recurso de certiorari solicitado por el Estado.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa mediante Certiorari una resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó una moción de sentencia sumaria presentada por Oriental Bank. El caso original fue incoado por Allied Management Group, Inc. (AMGI) contra Scotiabank (ahora Oriental Bank) por daños y perjuicios. AMGI demandó al banco tras este negarse a entregar unos pagarés hipotecarios que le habían sido entregados como colateral, a pesar de que la deuda específica garantizada por dichos pagarés había sido saldada. AMGI alegó que la negativa del banco le impidió refinanciar sus obligaciones, disponer libremente de la propiedad hipotecada y liberar a su presidente de garantías personales. Tras un extenso tracto procesal que incluyó apelaciones y una decisión del Tribunal Supremo ordenando la devolución de los pagarés, el caso continuó para la acción de daños. Oriental Bank solicitó sentencia sumaria, argumentando que AMGI no presentó evidencia que sustentara sus alegaciones de daños o que demostrara que la negativa del banco fue la causa próxima de los mismos. AMGI se opuso, afirmando que la relación causal entre la negativa del banco y los daños reclamados constituye una controversia de hechos que impide la sentencia sumaria.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una Resolución en un caso de cobro de dinero. El peticionario, David A. Navarro Acevedo, recurre de una Orden del Tribunal de Primera Instancia (TPI). Dicha Orden denegó su moción de relevo de una sentencia dictada en rebeldía. La sentencia en rebeldía fue emitida en abril de 2020 a favor de PR Recovery and Development JV, LLC. El peticionario alegó que el emplazamiento inicial en 2019 fue defectuoso y violó el debido proceso de ley. Argumentó que el emplazador mintió y que tenía prueba en video. El TPI declaró No Ha Lugar la moción de relevo y una posterior reconsideración. El peticionario solicitó un auto de Certiorari ante el Tribunal de Apelaciones, señalando error en la denegatoria del relevo y la falta de vista evidenciaria. PR Recovery and Development no compareció en esta etapa apelativa. El Tribunal de Apelaciones, tras revisar el recurso, deniega la expedición del auto de Certiorari solicitado.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en un recurso de apelación presentado por Fabrics Industrial Laundry Corp. y Fabrix Industrial Laundry Corp. La apelación busca la revisión de una sentencia del Tribunal de Primera Instancia que declaró No Ha Lugar su solicitud de relevo de anotación de rebeldía y declaró Con Lugar la demanda presentada por Aperol LLC. La demanda original versaba sobre incumplimiento de contrato, cobro de dinero y otros reclamos. El foro primario había anotado la rebeldía de los apelantes tras no comparecer luego de ser emplazados por edicto. Posteriormente, el Tribunal de Primera Instancia celebró una vista en rebeldía y dictó sentencia en contra de los apelantes. Tras denegar una moción de reconsideración, los apelantes acudieron al Tribunal de Apelaciones. El Tribunal de Apelaciones, sin embargo, desestima el recurso de apelación. La desestimación se fundamenta en la falta de jurisdicción para atender el recurso.

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Apelación ante el Tribunal de Apelaciones en un caso de ejecución de hipoteca presentado por Banco Popular de Puerto Rico contra Alexander Despiau Batista. Banco Popular demandó en 2016 alegando incumplimiento de un préstamo de construcción de 2013 garantizado con hipoteca, solicitando el pago de la deuda y la venta en pública subasta de la propiedad. El apelante admitió el préstamo e incumplimiento, pero alegó que el banco incumplió sus obligaciones al no desembolsar y evidenciar adecuadamente los fondos de construcción. Sostuvo que la construcción estaba incompleta y defectuosa, invocando la excepción de contrato no cumplido. Banco Popular solicitó sentencia sumaria, argumentando la inexistencia de controversia sobre los hechos esenciales del incumplimiento y la deuda. El apelante se opuso, alegando que el presunto incumplimiento del banco generaba una controversia fáctica. El Tribunal de Primera Instancia dictó sentencia sumaria a favor de Banco Popular. El apelante recurrió esta determinación ante el Tribunal de Apelaciones. El Tribunal de Apelaciones, tras evaluar el recurso, confirmó la sentencia recurrida.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emitió una sentencia en un recurso de apelación sobre una demanda de daños y perjuicios. El apelante, Wilfredo Vega Villanueva, impugnó la Sentencia Sumaria del Tribunal de Primera Instancia que desestimó su reclamación contra la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA). El caso se originó en 2018 tras el hallazgo de una conexión no autorizada ("niple") en la residencia del apelante. La AAA impuso una multa de \$1,000, cuya validez fue confirmada tras procesos administrativos y judiciales, incluyendo una denegatoria de certiorari por el Tribunal Supremo. La cuenta acumuló deuda, incluyendo la multa y otros cargos, llevando a acuerdos de pago. El apelante y la abonada incumplieron los términos de estos acuerdos en múltiples ocasiones. Como resultado del impago y el incumplimiento, la AAA suspendió el servicio de agua repetidamente, previa notificación. El apelante demandó a la AAA por daños, alegando violaciones reglamentarias y estatutarias. El Tribunal de Primera Instancia desestimó la demanda mediante sentencia sumaria al no justificar la concesión de un remedio. El Tribunal de Apelaciones revisó el caso y confirmó la Sentencia Sumaria recurrida, validando la desestimación de la demanda por daños y perjuicios.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en el caso de cobro de dinero entre RST ERP PR, INC. (apelado) y EMPIRE GAS COMPANY, INC. (apelante). Empire apeló una Sentencia Parcial del Tribunal de Primera Instancia que desestimó partes de su reconvención. RST demandó a Empire por el cobro de servicios de desarrollo de una plataforma de manejo financiero, alegando falta de pago desde finales de 2017. Empire respondió y presentó una reconvención, reclamando que el incumplimiento de RST le causó pérdidas millonarias. Empire alegó que no pudo utilizar los servicios pagados a RST ni equipos de terceros debido a la falta de integración. El Tribunal de Primera Instancia declaró Ha Lugar la moción de sentencia parcial de RST, desestimando varios párrafos de la reconvención de Empire. Dicho tribunal también limitó la posible responsabilidad de RST a la cantidad pagada por Empire por servicios (\$426,638.32). Empire recurrió esta decisión ante el Tribunal de Apelaciones. El Tribunal de Apelaciones, tras revisar los fundamentos, confirmó el dictamen recurrido.

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Comparecen ante el Tribunal de Apelaciones los señores Domingo Benjamín Benítez Liberato y Melitza Osorio Santiago. Solicitan la revocación de una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó su demanda por daños y perjuicios. La demanda fue incoada contra varios médicos, una clínica y un hospital. El caso se relaciona con el tratamiento médico recibido por el Sr. Benítez a partir de 2010. Inicialmente fue diagnosticado con papiledema y pseudo tumor cerebri (PTC), recibiendo tratamiento que estabilizó su condición pero dejó daño permanente en su visión. Años después, en 2017, acudió a una sala de emergencias por un deterioro visual y dolores de cabeza. Existe controversia sobre si informó su historial de PTC al médico que lo atendió en la emergencia. El Tribunal de Primera Instancia declaró No Ha Lugar a la demanda de los Apelantes. El Tribunal de Apelaciones, tras evaluar el caso, confirma la Sentencia recurrida.

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Se presenta una apelación ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico contra una Sentencia Sumaria Parcial. La apelante, Luz Enilda Cancel Morales, busca revocar la desestimación de su demanda contra la Cooperativa de Ahorro y Crédito La Pepiniana. La demanda original alegaba incumplimiento de contrato, negligencia y daños por parte de la Cooperativa. La apelante sostenía que la Cooperativa entregó dinero de sus cuentas y congeló sus acciones basándose en un embargo contra su esposo, a pesar de su régimen de separación de bienes y de no estar incluida en la orden. La Cooperativa argumentó que actuó conforme a una orden judicial y acuerdos contractuales, señalando que la apelante autorizó transacciones a su esposo y no informó sobre su régimen matrimonial. La defensa de la Cooperativa también indicó que la apelante recuperó su dinero y sus acciones fueron liquidadas, sugiriendo que ella causó sus propios daños. El Tribunal de Primera Instancia concedió la sentencia sumaria a favor de la Cooperativa. Esta decisión se basó en la prueba documental, los acuerdos contractuales y las autorizaciones de la apelante, así como su falta de oposición a la moción de sentencia sumaria. El Tribunal de Apelaciones revisará ahora si procedía la desestimación sumaria de la demanda.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de desahucio en precario. Madrigal Realty, LLC y Guillermo Nevárez González apelaron la decisión del Tribunal de Primera Instancia que denegó su demanda de desahucio contra Gonzalo Maldonado Sierra. Los apelantes alegaron que Maldonado Sierra ocupaba una porción de su propiedad sin derecho ni pago. El apelado se defendió argumentando que poseía el inmueble en concepto de dueño por más de sesenta años, cumpliendo los requisitos para adquirir la titularidad por usucapión. Explicó que sus antecesores recibieron el lote a cambio de trabajo y que él continuó la posesión tras una cesión de derechos. Los apelantes replicaron que la defensa de usucapión no procedía en un juicio sumario de desahucio y que no existía un conflicto de títulos genuino. El Tribunal de Primera Instancia declaró No Ha Lugar la demanda de desahucio. El Tribunal de Apelaciones, tras revisar el recurso, confirmó el dictamen apelado. La sentencia fue emitida el 21 de octubre de 2024.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite Sentencia en el recurso presentado por el Municipio Autónomo de Humacao. El Municipio apeló la decisión del Tribunal de Primera Instancia que declaró con lugar la demanda de Edgardo Luis Marrero Martínez. Dicha demanda alegaba discrimen por razón de ideas y filiación política, así como represalias en el empleo, acciones que el TPI encontró probadas. El TPI, sin embargo, desestimó una causa de acción por discrimen de género presentada por el señor Marrero Martínez. Durante la tramitación del recurso de apelación, el señor Marrero Martínez falleció, siendo sustituido en el pleito por su sucesión, compuesta por sus hijos. Tras examinar el expediente y los argumentos, el Tribunal de Apelaciones confirmó la Sentencia apelada. El documento detalla el historial de empleo del señor Marrero Martínez en el municipio y su identificación política.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisó la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Bayamón, en un caso de incumplimiento de contrato y cobro de dinero. El apelante, Enrique Ochoa Viñas, demandó a Hugo de la Uz Colón por el alegado impago de la venta de una embarcación. Ochoa Viñas reclamaba una deuda de $120,000, argumentando que De la Uz Colón solo realizó el primer pago de un contrato de venta por $200,000. El demandado, De la Uz Colón, negó las alegaciones, cuestionó la titularidad de la embarcación y presentó una reconvención. En su reconvención, De la Uz Colón alegó que Ochoa Viñas incurrió en dolo y engaño al presentar una tasación inflada y ocultar problemas estructurales. También afirmó que Ochoa Viñas incumplió su compromiso de gestionar la documentación necesaria para la embarcación. De la Uz Colón solicitó la resolución del contrato, la devolución de pagos y el resarcimiento por daños económicos y emocionales. El Tribunal de Primera Instancia declaró "No Ha Lugar" tanto la demanda original como la reconvención. Tras examinar el recurso, el Tribunal de Apelaciones confirmó la Sentencia apelada.

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La Cooperativa de Ahorro y Crédito Roosevelt Roads apela la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó su demanda de cobro de dinero contra Milagros Báez Velázquez. La Cooperativa demandó a la Sra. Báez por el impago de un préstamo personal. La demanda fue presentada el 1 de abril de 2024. El tribunal de instancia desestimó el caso el 20 de agosto de 2024, sin perjuicio, al considerar que había expirado el término de 120 días para emplazar a la demandada. La Cooperativa había solicitado autorización para emplazar por edicto el 28 de mayo de 2024, dentro del plazo. A pesar de presentar dos mociones de reconsideración argumentando la solicitud oportuna y los esfuerzos de servicio, el tribunal mantuvo su decisión. La apelación se centra en la corrección de la desestimación por falta de emplazamiento, considerando la solicitud de emplazamiento alterno dentro del término. El recurso busca dilucidar si la desestimación fue apropiada bajo las circunstancias procesales presentadas.

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Transporte Rodríguez Asfalto Inc. impugnó la decisión de la Junta de Subastas del Municipio de Villalba. La Junta descalificó a Transporte Rodríguez y adjudicó las Subastas RFP #001 y #002, para servicios de asfalto y repavimentación, a A&M Solutions LLC. La descalificación de Transporte Rodríguez se fundamentó en su historial de incumplimiento con obligaciones municipales. Transporte Rodríguez alegó que la notificación de la Junta era defectuosa y contraria a derecho. El Tribunal de Apelaciones revisó el recurso presentado. El Tribunal señaló que las subastas municipales se rigen por la Ley de Municipios Autónomos y reglamentos, no por la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme. Finalmente, el Tribunal desestimó el recurso de revisión judicial. La desestimación se basó en la falta de jurisdicción del tribunal apelativo.

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Unique Security Services, Inc. presentó un recurso de revisión judicial ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. La empresa impugnó la adjudicación de la Subasta Núm. 2024-002 para servicios de seguridad del CRIM, otorgada a Bridge Security, Inc. Tras la adjudicación, Unique solicitó reconsideración administrativa ante el Director Ejecutivo del CRIM. La resolución de adjudicación y la ley aplicable establecen que la revisión judicial procede tras una determinación final o rechazo de plano de la reconsideración administrativa. El Director Ejecutivo no emitió una decisión sobre la solicitud de reconsideración de Unique. Unique presentó el recurso de revisión judicial antes de que transcurriera el término legal para que la reconsideración se entendiera rechazada de plano. El Tribunal de Apelaciones desestimó el recurso. La desestimación se fundamentó en la falta de jurisdicción por ser el recurso prematuro, al no haberse agotado el remedio administrativo.

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Sentencia judicial que revisa una determinación del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO). La parte recurrente, IP Motive, LLC, solicitó la revocación de la decisión del DACO que declaró Ha Lugar una querella de María C. Alcalá Rodríguez. La querella original alegaba fraude por parte de IP Motive, indicando que se le facturaron más de \$11,000 por productos y servicios que creyó eran gratuitos tras una oferta de facial. Durante el proceso administrativo, la representación legal de IP Motive solicitó sin éxito la posposición de la vista por conflicto de calendario. A pesar de que la vista se celebró por videoconferencia, IP Motive no compareció. DACO determinó que Alcalá Rodríguez, una persona de edad avanzada, fue cargada por artículos que entendió eran de cortesía. La agencia encontró que se realizaron cargos significativos en su tarjeta de crédito sin su conocimiento adecuado del costo. Tras revisar el recurso, el tribunal confirma la determinación administrativa emitida por el DACO.

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Esta sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa una resolución emitida por el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACo). El caso involucra a los propietarios, Edgar Ríos y Lilliam Reyes, contra desarrolladores y contratistas, incluyendo a CPG Island Properties VI, LLC y Bird Construction Co., Inc., en relación con defectos en un apartamento comprado en el complejo Paseo Caribe. Previamente, el DACo había ordenado a CPG, Bird y San Gerónimo Caribe Project corregir solidariamente los defectos de la propiedad y pagar $20,000 en honorarios de abogado. Además, el DACo impuso una multa de $15,200 contra CPG por temeridad. CPG y Bird presentaron recursos de revisión judicial separados impugnando la resolución del DACo, los cuales el Tribunal consolidó. El Tribunal indica su intención de modificar la determinación recurrida y devolver el caso. El documento detalla los roles de las partes involucradas en el desarrollo del proyecto y enumera la lista específica de deficiencias señaladas por los compradores durante su inspección previa al cierre en junio de 2013.

Resumen:

Este documento es una Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico que resuelve recursos de Revisión Judicial consolidados. Los recurrentes, CPG Island Properties VI, LLC y Bird Construction Co., Inc., impugnan una Resolución del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACo). Dicha Resolución de DACo ordenó a CPG, Bird y San Gerónimo Caribe Project corregir solidariamente defectos en una propiedad. Adicionalmente, impuso el pago solidario de \$20,000 en honorarios de abogado y \$15,200 adicionales contra CPG por temeridad. El caso original en DACo fue iniciado por los esposos Edgar Ríos y Lilliam Reyes, quienes compraron un apartamento en el complejo Paseo Caribe. Los compradores identificaron una lista detallada de deficiencias en el inmueble antes del cierre de la compraventa en 2013. Bird actuó como Contratista General y CPG como urbanizador/desarrollador del proyecto. El Tribunal de Apelaciones anuncia que modificará la determinación de DACo y devolverá el caso. Se detallan los antecedentes del proyecto y la relación contractual entre las partes.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emitió una Resolución en el caso KLCE202401127, donde Noel López Colón es peticionario en un recurso de certiorari procedente del Tribunal de Primera Instancia de Caguas. El peticionario solicitó la revisión de una determinación previa y presentó una Moción en Auxilio de Jurisdicción para paralizar el juicio señalado. El Tribunal declaró No Ha Lugar la Moción en Auxilio de Jurisdicción. La notificación de dicha moción por correo certificado no cumplió con el requisito de notificación simultánea de la Regla 79(E) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones. En cuanto al recurso de certiorari, el Tribunal denegó la expedición del auto. Concluyó que el peticionario no logró persuadir al Tribunal de que el foro primario hubiera cometido un error que justificara la intervención apelativa en esta etapa de los procedimientos.

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Los recurridos Richard Charles Brown Wood y Maricarmen Gianati Medina demandaron a Costa Isabela Partners Inc. y otros por difamación, invasión a la privacidad y daños. Los peticionarios, incluyendo a Costa Isabela Partners Inc., acudieron al Tribunal de Apelaciones mediante un recurso de certiorari y una solicitud urgente de paralización. Buscaban dejar sin efecto tres determinaciones del Tribunal de Primera Instancia de Aguadilla. Estas resoluciones, notificadas el 23 de septiembre y 2 de octubre de 2024, impusieron multas y sanciones por incumplimiento en el descubrimiento de prueba. Una de las órdenes recurridas también dispuso que el descubrimiento no estaba paralizado y requirió la comparecencia a deposiciones bajo apercibimiento de desacato. El Tribunal de Apelaciones analizó el recurso bajo la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, que limita la revisión de órdenes interlocutorias. La corte concluyó que el caso no cumplía con los criterios excepcionales para la expedición del certiorari. Por tanto, el Tribunal de Apelaciones denegó la expedición del auto solicitado. Asimismo, declaró No Ha Lugar la Urgente Solicitud de Orden de Paralización en Auxilio de Jurisdicción.

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Este dictamen del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico se refiere a un recurso presentado por el Pueblo de Puerto Rico. El recurso impugna una decisión del Tribunal de Primera Instancia, Sala de Mayagüez, relacionada con una segunda convicción bajo el Artículo 7.02 de la Ley de Vehículos y Tránsito. El tribunal primario sentenció al acusado a treinta días de restricción domiciliaria, una multa y suspensión de licencia. El Pueblo de Puerto Rico argumenta que la ley aplicable exige una pena de cárcel para esta infracción y no permite la sustitución por restricción domiciliaria. Alegan que el tribunal de instancia abusó de su discreción al imponer una pena no contemplada por la legislatura. El Tribunal de Apelaciones acogió la presentación como una apelación. El apelado no presentó su posición. El Tribunal procederá a resolver el caso basándose en los documentos sometidos. El dictamen inicial indica que el Tribunal expedirá el auto y revocará la decisión del foro primario.

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El Tribunal de Apelaciones revisa la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia, Sala de Arecibo, sobre la custodia de dos hijos menores de edad. Omar Javier Fernández González apela la decisión que otorgó la custodia monoparental a la madre, Jailene Rivera Román. El apelante presentó una demanda solicitando la custodia, alegando ser el progenitor más involucrado y que la madre descuidaba a los niños y hablaba negativamente de él. La apelada contestó negando las alegaciones, afirmando que ella suplía las necesidades de los menores y que el apelante tenía deuda de alimentos y no contaba con aptitudes para la custodia. Se menciona un proceso previo de custodia provisional y la orden de un estudio social. Tras evaluar los fundamentos, el Tribunal de Apelaciones confirma la Sentencia apelada.

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Se trata de una Sentencia que resuelve un Recurso de Apelación presentado por Peter Rodríguez Figueroa. El apelante impugna una Orden de Protección final dictada en su contra por el Tribunal de Primera Instancia de Ponce. Dicha orden fue emitida a favor de Sonia Ivette Natal Rosado al amparo de la Ley Núm. 54 de Violencia Doméstica. El apelante señaló tres errores, argumentando principalmente la inconstitucionalidad del Artículo 2.1 B de la Ley 54 (según enmendado por Ley 95-2023). Alegó violación a su derecho a portar armas y al debido proceso de ley por no poder contrainterrogar o presentar prueba. También cuestionó que la duración de la orden no estuviera condicionada al resultado del caso criminal. El tribunal apelativo, tras considerar los fundamentos expuestos, desestima el Recurso de Apelación. La sentencia aborda inicialmente cuestiones de jurisdicción y la posibilidad de corregir errores formales.

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Transporte Rodríguez Asfalto, Inc. presentó una demanda de cobro de dinero contra CJO Construction Corp. por un balance adeudado de \$150,030.00 por la venta de asfalto. Transporte Rodríguez alegó que CJO retuvo unilateralmente dicho monto basándose en un supuesto descuento por ajuste de combustible aplicado por la Autoridad de Carreteras, dueño de la obra. CJO argumentó que el descuento de la Autoridad de Carreteras le era aplicable a Transporte Rodríguez bajo los términos del contrato de obra pública. El Tribunal de Primera Instancia denegó una solicitud de sentencia sumaria y celebró un juicio para dilucidar si CJO podía realizar el descuento unilateralmente y si este aplicaba al subcontratista. Tras evaluar la prueba testifical y documental, el foro primario declaró Ha Lugar la demanda de cobro de dinero a favor de Transporte Rodríguez. CJO Construction Corp. apeló esta Sentencia ante el Tribunal de Apelaciones. El Tribunal de Apelaciones, compuesto por un panel especial, revisó el recurso. Por los fundamentos expuestos, el Tribunal de Apelaciones confirmó la Sentencia apelada.

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Recurso de apelación presentado por BHC, LLC contra Eric A. Velasco Álvarez y Etelvina García Verdesia ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. La apelación busca revocar una Sentencia Sumaria del Tribunal de Primera Instancia de San Juan. Dicha sentencia declaró sin lugar la demanda de BHC para recuperar un depósito de \$25,000.00 y le impuso honorarios por temeridad. La disputa surge de un Contrato de Opción de Compraventa de un inmueble en Isabela, donde BHC entregó el depósito. El contrato estipulaba la devolución del depósito solo si la compraventa no se realizaba por causas atribuibles a los vendedores. BHC alegó que la transacción fracasó por problemas registrales imputables a los vendedores, exigiendo la devolución del dinero. Los apelados argumentaron que BHC abandonó la transacción y era el responsable de la falta de cierre. El Tribunal de Primera Instancia resolvió que no procedía la devolución del depósito y condenó a BHC al pago de \$2,500.00 en honorarios. El Tribunal de Apelaciones, mediante esta Sentencia, revoca la decisión apelada.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en el caso KLAN202400710. Resuelve la apelación presentada por Galaxia Performance LLC contra Virginia Meléndez Santana. El caso original es de cobro de dinero y ejecución de hipoteca. Galaxia apeló una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de Guaynabo que desestimó el caso el 1 de julio de 2024 bajo la Regla 39.2(a) de Procedimiento Civil. La demanda inicial, presentada en diciembre de 2022, alegaba incumplimiento de pagos sobre una hipoteca desde abril de 2022. El foro primario había referido el caso a mediación compulsoria conforme a la Ley 184-2012. La parte demandada presentó su contestación a la demanda. El Tribunal de Apelaciones, tras evaluar los fundamentos, revoca la Sentencia apelada.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico que resuelve una apelación civil. La apelante, Valerie Pagán Salellas, solicitó la revocación de una Sentencia Parcial del Tribunal de Primera Instancia. Dicha sentencia desestimó su causa de acción contra la aseguradora Mapfre-Praico. La demanda original alegaba daños sufridos por la apelante durante una actividad de "zumba en trampolín" en un evento, atribuyendo negligencia a los organizadores. MAPFRE, aseguradora de uno de los codemandados, solicitó la desestimación basándose en una exclusión de póliza para lesiones sufridas por participantes en eventos cubiertos. El Tribunal de Primera Instancia acogió el argumento de la aseguradora y desestimó la reclamación contra MAPFRE. Tras evaluar el legajo apelativo, el Tribunal de Apelaciones resuelve confirmar el dictamen apelado.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa una Resolución del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) a solicitud de Western Auto of Puerto Rico, Inc. (Advance Auto). Advance Auto recurre la decisión de DACO que favoreció a Josué J. Ramos Pagán, alegando violación a su debido proceso por falta de notificación de la querella y la vista administrativa. DACO había declarado en rebeldía a Advance Auto por su incomparecencia a la vista administrativa. La querella original ante DACO involucró la alegación del señor Ramos Pagán de haber comprado un motor específico con bajo millaje, pero haber recibido uno diferente con mucho mayor uso. El Tribunal solicitó a DACO que certificara si se realizó la notificación a Advance Auto. DACO certificó haber notificado a la recurrente sobre la querella y el señalamiento de vista en su dirección postal registrada, acompañando evidencia. El recurso se perfeccionó con las posiciones de las partes y la certificación de DACO. La sentencia abordará si la notificación fue adecuada y si la resolución de DACO es válida.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de revisión administrativa presentado por Joel Hernández Santos contra el Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR). El recurrente impugnó la denegatoria del DCR a su solicitud de reconsideración para ser referido al proceso de evaluación para el proyecto de pre-reinserción a la libre comunidad. El DCR había denegado la solicitud indicando que el recurrente no cumplía con los criterios de elegibilidad para pases sin custodia según el Reglamento Núm. 9499, específicamente en cuanto al porcentaje de sentencia cumplida y el tiempo en custodia mediana. El Sr. Hernández Santos alegó que la Unidad Sociopenal del DCR erró al determinar su elegibilidad y al no referirlo para evaluación, argumentando que dicha determinación corresponde a un Comité de Clasificación y Tratamiento. También señaló que no se le programó una entrevista para las evaluaciones correspondientes. El Tribunal de Apelaciones evaluó el recurso. La sentencia inicia citando la doctrina de deferencia judicial a las decisiones de las agencias administrativas. Tras la evaluación, el Tribunal resolvió confirmar la decisión recurrida del DCR.

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Appeal ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre la adjudicación de una subasta municipal. CSCG, Inc. impugna la decisión del Municipio de Isabela de otorgar la subasta para la construcción de la Plaza de Veteranos a MJO Builders, LLC. CSCG presentó la oferta económica más baja (\$2.189M) pero fue descalificada. La descalificación se basó en la supuesta falta de entrega de dos estados financieros auditados, un requisito que CSCG alega no estaba en el pliego oficial. La subasta fue adjudicada a MJO Builders, LLC, cuya oferta era superior (\$2.485M), por cumplir con la documentación y tener la mejor oferta entre los licitadores que cumplieron. El documento detalla las normativas aplicables del Código Municipal y el Reglamento de Administración Municipal. Estas leyes rigen la adjudicación de subastas, priorizando al postor más bajo y responsable que cumpla con los requisitos. Permiten adjudicar a un postor no tan bajo si es por interés público, con justificación escrita. También establecen los criterios de evaluación y los requisitos de notificación a todos los licitadores. La sentencia revisa la alegación de CSCG de que la Junta de Subastas erró al descalificarla por un requisito no incluido en el pliego.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en un recurso de Certiorari presentado por Jorge J. Marrero Gerena contra Venezia Club House LLC. El recurso busca revisar una resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó una Moción Urgente al amparo de la Regla 49.2 de Procedimiento Civil. Este caso es la tercera ocasión en que las partes comparecen ante este foro revisor dentro del mismo pleito. El litigio principal trata sobre incumplimiento de contrato y daños, donde una sentencia sumaria ordenó la venta de una propiedad. Dicha sentencia fue confirmada previamente por el Tribunal de Apelaciones y el Tribunal Supremo denegó la revisión. Tras ordenarse la ejecución de la sentencia y el lanzamiento de los ocupantes, el peticionario solicitó la paralización de los procedimientos y una orden protectora, la cual fue denegada por el foro primario. El Tribunal de Apelaciones expide el certiorari para evaluar la denegatoria de la moción urgente. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones confirma la Resolución recurrida del Tribunal de Primera Instancia.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resuelve un recurso de certiorari presentado por Ivonne Oquendo Sánchez y La Exce Trading, LLC. Los Peticionarios solicitan revocar una resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó su moción de desestimación por falta de jurisdicción. El caso original es un cobro de dinero iniciado por Juan Carlos Salgado Martínez, quien alega incumplimiento de un acuerdo de inversión donde transfirió $56,000 esperando recibir el doble en un año. Salgado sostiene que los Peticionarios no le devolvieron ni el principal ni el beneficio acordado, alegando un posible esquema de fraude. Los Peticionarios contestaron la demanda y presentaron una moción de desestimación argumentando, entre otras cosas, falta de jurisdicción sobre la materia. El foro primario denegó dicha moción. El Tribunal de Apelaciones, tras revisar el recurso, decide denegar la expedición del certiorari solicitado por los Peticionarios.

Resumen:

Esta Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico atiende una petición de Certiorari presentada por Wallace Vázquez Sanabria. El peticionario buscaba revocar una Orden del Tribunal de Primera Instancia de 31 de julio de 2024, que declaró No Ha Lugar su Solicitud de Ejecución de Sentencia contra Annette Milagros Sanabria Figueroa. El caso subyacente es un procedimiento de divorcio por ruptura irreparable que involucra la división de bienes, específicamente la venta de una propiedad. El acuerdo de sentencia detallaba los términos para la venta de la propiedad, incluyendo plazos, responsabilidades de gastos y reparaciones, el manejo de un pagaré extraviado y la distribución del producto de la venta. El peticionario alegó que la recurrida incumplió varios términos, como no iniciar el proceso del pagaré extraviado y no completar las reparaciones necesarias, solicitando el pago de $300,000 y un embargo. La recurrida argumentó que sus acciones fueron oportunas y que algunas responsabilidades eran compartidas. El Tribunal de Primera Instancia había denegado previamente las mociones del peticionario para la ejecución de la sentencia. En esta Resolución, el Tribunal de Apelaciones deniega el auto de Certiorari.

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Panel judicial resuelve solicitud de revisión presentada por Jesús Rodríguez Rodríguez y otros. Los peticionarios buscan revisar una Orden del Tribunal de Primera Instancia de Fajardo. Dicha Orden denegó una solicitud de extensión de término para presentar prueba pericial. Como consecuencia, el foro primario dio por renunciada la prueba pericial de los peticionarios. El caso de origen es una demanda sobre reivindicación y deslinde de terrenos, donde los peticionarios alegan que los recurridos invadieron su propiedad. Los recurridos contestaron la demanda y reconvinieron, reclamando ser los dueños. En una conferencia sobre estado de los procedimientos, los peticionarios habían solicitado tiempo para localizar un nuevo perito agrimensor y presentar su informe. El foro primario concedió plazos específicos para estas gestiones. El panel, tras evaluar los fundamentos, DENEGA expedir el auto de certiorari solicitado para revisar la Orden del foro primario.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resolviendo un recurso de certiorari en un caso de divorcio sobre custodia y relaciones paterno-filiales. El peticionario impugnó una resolución del Tribunal de Primera Instancia de San Juan que le prohibió utilizar preguntas sugestivas durante el examen directo de la trabajadora social del tribunal, perito en el caso. La perito había preparado un informe social sobre las relaciones con el menor, cuyas recomendaciones el peticionario se disponía a impugnar en una vista evidenciaria. El Tribunal de Apelaciones determinó que el foro primario erró al no permitir las preguntas sugestivas. Consideró que la perito era testigo del tribunal, no de la parte, lo que justificaba un tratamiento diferente en el interrogatorio. Por los fundamentos expuestos, el Tribunal de Apelaciones expidió el auto de certiorari y revocó la resolución recurrida.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una resolución en un recurso de certiorari presentado por Joshua Morales Marty. El peticionario fue acusado de violaciones a la Ley de Violencia Doméstica y la Ley de Armas, imponiéndosele una fianza total de $350,000. Solicitó una rebaja de fianza en el Tribunal de Primera Instancia, la cual fue denegada por considerarse razonable. Inconforme, presentó el recurso de apelación, alegando que la fianza era excesiva y violaba su presunción de inocencia. Durante la tramitación, el Procurador General informó sobre un acuerdo de culpabilidad que incluyó una rebaja de fianza. Posteriormente, el peticionario presentó una moción de desistimiento, indicando que se dictó sentencia en sus casos, resultando en probatoria y su excarcelación. Ante el desistimiento expreso del peticionario y el hecho de que la controversia se tornó académica, el Tribunal de Apelaciones ordenó la desestimación del recurso.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en una apelación presentada por Series VI (Sharenett) of Aedifex Capital, LLC contra Humans of The Internet LLC, Series 2. El caso civil, originado en el Tribunal de Primera Instancia de San Juan, trata sobre el acceso a información de una compañía de responsabilidad limitada al amparo del Artículo 19.20 de la Ley General de Corporaciones. Humans demandó a Series VI solicitando información detallada sobre su estatus financiero, planillas contributivas, lista de miembros, documentos organizacionales y contribuciones de miembros para evaluar una inversión. El foro primario declaró Ha Lugar la demanda de Humans, concediendo el acceso a la información solicitada e imponiendo a Series VI el pago de $20,000 en honorarios de abogado por temeridad y las costas. Series VI apeló esta Sentencia. El Tribunal de Apelaciones revisó el dictamen apelado. Por los fundamentos expuestos, el tribunal apelativo modificó la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia. Así modificado, el dictamen apelado fue confirmado.

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Este documento es una sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de daños y perjuicios. El apelante, José D. Santiago Torres, quien se representa a sí mismo, recurre una sentencia del Tribunal de Primera Instancia que archivó su demanda sin perjuicio. La decisión del foro primario se basó en el incumplimiento reiterado del apelante con las órdenes del tribunal. El Sr. Santiago Torres presentó su apelación el 9 de septiembre de 2024. Posteriormente, los apelados, incluyendo Yauco Healthcare Corporation y Hospital Damas, Inc., presentaron mociones solicitando la desestimación de la apelación. El Tribunal de Apelaciones ha emitido resoluciones ordenando a las partes presentar sus posiciones sobre la apelación y sobre las mociones de desestimación. El documento detalla el historial procesal en la etapa apelativa, incluyendo la presentación de la apelación y las gestiones relacionadas con las solicitudes de desestimación.

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Sentencia de un panel de jueces en Puerto Rico sobre la apelación del Gobierno contra una decisión del Tribunal de Primera Instancia (TPI). El TPI había declarado con lugar una moción de sentencia sumaria a favor del señor Ernando José Melero Godreau. Dicha decisión ordenaba al Gobierno devolver un vehículo confiscado o pagar su valor, basándose en la alegación del señor Melero de no haber sido debidamente notificado de la confiscación. El Gobierno apeló, argumentando que la notificación se envió oportunamente a las direcciones conocidas del señor Melero. El TPI había determinado que la notificación no fue entregada por insuficiencia de dirección, aunque se envió a la dirección registrada, y que el señor Melero fue exonerado en la causa penal relacionada. Tras revisar el caso, el panel de jueces revoca la Sentencia apelada. Se devuelve el caso al Tribunal de Primera Instancia para la continuación de los procedimientos.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en el recurso presentado por Alianza Municipal de Servicios Integrados, Inc. (AMSI) contra la Oficina de Ética Gubernamental (OEG). AMSI apeló la desestimación de su demanda por el Tribunal de Primera Instancia. La controversia se originó con una consulta de AMSI a la OEG sobre la aplicabilidad de la Ley de Ética Gubernamental a sus empleados. AMSI, una corporación privada sin fines de lucro que administra fondos públicos, argumentó que sus empleados no eran "servidores públicos" al no formular política pública y, por tanto, estaban exentos de rendir informes financieros y tomar adiestramientos. La OEG determinó que AMSI era una agencia y sus empleados eran "servidores públicos" bajo la ley, independientemente de si formulaban política pública, y que debían cumplir con los requisitos. La OEG se reafirmó en su postura tras una solicitud de reconsideración de AMSI. El Tribunal de Primera Instancia desestimó la causa de acción de AMSI. El Tribunal de Apelaciones confirma la Sentencia impugnada, aunque por un fundamento distinto al del foro primario.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en el caso de Carlos Juan Ralat Avilés contra Ridemar Developers, Inc. El apelante, un arquitecto, demandó a Ridemar por incumplimiento de contrato y cobro de dinero, reclamando una deuda por servicios de diseño y gestión de permisos para el proyecto Paseos Joyuda. El Tribunal de Primera Instancia (TPI) desestimó la demanda del arquitecto al acoger una solicitud de "non suit" (Regla 39.2(c)) presentada por Ridemar, tras considerar insuficiente la prueba desfilada por el demandante. El señor Ralat Avilés apeló esta decisión, imputando al TPI errores relacionados con la violación al debido proceso de ley por no permitirle oponerse a la solicitud de desestimación y por desestimar la demanda a pesar de la evidencia presentada. El Tribunal de Apelaciones revisó los fundamentos de la apelación y la sentencia del foro primario. Mediante esta sentencia, el Tribunal de Apelaciones confirma la decisión del Tribunal de Primera Instancia que desestimó la demanda original.

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Panel de jueces resuelve apelación presentada por Juan Carlos Prieto Irizarry. El apelante impugnó una resolución del Tribunal de Primera Instancia que fijó la pensión alimentaria para Juan Franco Prieto Pola. Tras la resolución, el señor Prieto Pola presentó una moción de reconsideración ante el tribunal de instancia. Mientras dicha moción estaba pendiente, el señor Prieto Irizarry presentó la apelación. El señor Prieto Pola solicitó la desestimación del recurso por prematuro. El tribunal examinó la Regla 47 de Procedimiento Civil y la jurisprudencia aplicable. Se determinó que la presentación de una moción de reconsideración interrumpe el término para apelar hasta que se resuelva. Dado que la reconsideración no había sido resuelta, la apelación fue presentada antes de tiempo. Por tanto, el tribunal concluye que carece de jurisdicción para atender el recurso. Se desestima la apelación por prematura.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa una determinación de la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras. El recurrente, Michael Ares Torres, impugna la confirmación de su destitución como Oficial de Seguridad II. La acción disciplinaria se originó por alegaciones de conducta inapropiada durante una reunión en marzo de 2017. Se le imputó el uso de lenguaje obsceno y agresivo dirigido a personal de la Escuela Elemental de la Universidad. También se le acusó de registrar asistencia laboral mientras estaba ausente en dicha reunión sin autorización. La Universidad formuló cargos disciplinarios por violaciones a varias secciones de su Reglamento General, incluyendo conducta inmoral, alteración a la paz y falsificación de registros. La Junta de Gobierno denegó la apelación del recurrente y confirmó la destitución. El Tribunal de Apelaciones, tras revisar el caso, confirma la Resolución administrativa recurrida, manteniendo así la destitución del Oficial de Seguridad.

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Se presenta una revisión ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico contra una decisión del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACo). La controversia surge de una querella presentada por un titular del Condominio Madrid Plaza contra la Junta de Directores por la alegada falta de celebración de la asamblea ordinaria anual. El DACo notificó la querella a la Junta de Directores, concediéndole un término de veinte días para contestar. Sin embargo, ocho días después de la notificación y antes de vencer el término para contestar, el DACo emitió una Resolución Sumaria declarando ha lugar la querella. La Junta de Directores recurrió ante el Tribunal de Apelaciones, alegando que el DACo erró al emitir la resolución sumaria sin permitirle presentar su contestación. Argumentan que esta acción violó el reglamento del DACo y el debido proceso de ley. El Tribunal examina la facultad del DACo para emitir resoluciones sumarias conforme a su reglamento, el cual requiere que las partes hayan presentado sus planteamientos y no exista controversia real de hechos. La revisión se centra en si el DACo actuó correctamente al resolver sumariamente antes de que la parte querellada tuviera la oportunidad de responder.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite Sentencia en la Revisión Judicial solicitada por AVRO Corp. h/n/c Avilés Auto. La recurrente busca revocar una Resolución del Departamento de Asuntos al Consumidor (DACo). En dicha Resolución, DACo declaró ha lugar la querella del Sr. Aníbal Santiago Sánchez, ordenando la resolución del contrato de compraventa de un vehículo. El Sr. Santiago Sánchez adquirió el vehículo usado en junio de 2022, alegando que presentó múltiples desperfectos desde la compra que no fueron reparados satisfactoriamente por Avilés Auto. El consumidor solicitó la cancelación del contrato y el reembolso de pagos. DACo realizó una vista administrativa, evaluó la prueba y emitió hallazgos de hecho detallando los problemas reportados y el historial del vehículo. Basado en ello, DACo decretó la resolución del contrato. La Sentencia del Tribunal de Apelaciones inicia el proceso de revisión de esta determinación administrativa.

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El Tribunal de Apelaciones revisa una decisión administrativa de la Oficina de Ética Gubernamental (OEG). La OEG encontró al señor Héctor R. Vázquez Rivera responsable de violar los incisos (b) y (s) del Artículo 4.2 de la Ley Orgánica de Ética Gubernamental de Puerto Rico (Ley 1-2012). Se le impusieron multas administrativas por un total de \$7,000.00. La querella de la OEG alegó que, mientras estaba activado como miembro voluntario de la Guardia Estatal durante la emergencia del huracán María en 2017, el señor Vázquez Rivera ordenó el traslado de un generador eléctrico a la residencia de una persona privada. La OEG argumentó que esto constituyó el uso de su puesto para beneficiar a un particular, poniendo en duda la integridad de la función gubernamental. El señor Vázquez Rivera presentó un Recurso de Revisión Judicial solicitando la revisión de la Resolución Sumaria de la OEG. En su defensa, replicó que el generador no era propiedad del gobierno, sino prestado por una agencia federal en su carácter de investigador, no como miembro de la Guardia Estatal. También cuestionó la jurisdicción de la OEG sobre el asunto y su persona. Ambas partes presentaron mociones de resolución sumaria ante la OEG antes de la decisión administrativa.

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Pedro Ángel Pagán Otero presentó una Petición de Certiorari ante el Tribunal de Apelaciones para revisar una Resolución del Tribunal de Primera Instancia de Arecibo. Dicha Resolución, emitida el 11 de septiembre de 2024, declaró no ha lugar su Moción sobre Supresión de Evidencia. El caso principal involucra tres cargos bajo el Artículo 401 de la Ley de Sustancias Controladas. Pagán Otero argumentó que el testimonio del agente policial que justificó la intervención fue estereotipado y careció de credibilidad, utilizando la excusa de un "acto ilegal a plena vista". El Pueblo de Puerto Rico se opuso, sosteniendo que el testimonio del agente fue completo, robusto y creíble, basado en la observación directa de un acto ilegal. Tras celebrar una audiencia, el Tribunal de Primera Instancia denegó la solicitud de supresión. El peticionario alega que el foro primario erró al validar dicho testimonio supuestamente estereotipado. El Tribunal de Apelaciones ha evaluado el expediente y la grabación de la audiencia de supresión. La corte se encuentra ahora en posición de adjudicar el recurso de certiorari, un mecanismo de revisión discrecional.