Casos del Tribunal de Apelaciones (Página 344)

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite esta sentencia en respuesta a un recurso de apelación. La apelante, Sra. Joanna L. Castillo Morfee, impugnó una Sentencia Sumaria Parcial del Tribunal de Primera Instancia. Esa sentencia previa había desestimado sumariamente su demanda contra el codemandado IKON Management Services, LLC. La demanda original alegaba despido injustificado, discrimen por impedimento y daños. El Tribunal de Apelaciones procedió a revisar el recurso presentado. No obstante, antes de evaluar los errores señalados, el Tribunal consideró su propia jurisdicción. Determinó que carecía de la jurisdicción necesaria para conocer del recurso. Por consiguiente, el Tribunal de Apelaciones desestimó el recurso de apelación por falta de jurisdicción.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en el caso KLAN201400065. El apelante Emmanuel Henríquez González fue acusado de asesinato, tentativa de asesinato y cargos de armas. Los hechos ocurrieron la noche del 13 de septiembre de 2012 en Lajas. Se le imputó participar en un ataque con armas de fuego contra José Luis Alicea Martínez y su esposa Abigail Henríquez. La Sra. Henríquez falleció a consecuencia de las heridas, mientras que el Sr. Alicea resultó malherido pero sobrevivió. Las víctimas residían en la casa de los padres de Abigail Henríquez, quienes también fueron testigos. El ataque parece estar relacionado con la participación previa del Sr. Alicea como testigo en un caso de escalamiento contra el apelante y un familiar. El Sr. Alicea había testificado a pesar de haber recibido dinero para no hacerlo, lo que resultó en la convicción del familiar. El documento describe el contexto familiar y la ubicación de los hechos.

Resumen:

Manuel Correa Márquez impugna dos determinaciones del Tribunal de Primera Instancia en un pleito de alimentos. Mediante apelación, cuestiona la sentencia que fijó la pensión alimenticia para dos de sus hijos. A través de certiorari, recurre de la resolución que ordenó el pago de $15,000 en honorarios de abogado para el alimentista menor de edad. El caso se inició en 2009 con una demanda de alimentos presentada por Carmen Juliá Rodríguez, que incluyó reclamos para dos hijos que eran menores al momento de la solicitud. Este pleito se consolidó posteriormente con una demanda de divorcio. Inicialmente se estableció una pensión provisional para los menores. El proceso para fijar la pensión final incluyó la intervención del Examinador de Pensiones Alimentarias, quien recomendó montos diferenciados según la edad de los hijos. El Tribunal de Apelaciones evalúa los recursos presentados contra la sentencia que fijó la pensión y la resolución sobre los honorarios de abogado.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico, Región Judicial de Ponce - Guayama, emite una sentencia en el caso de Adalberto Pérez González, quien solicita dejar sin efecto una sentencia criminal. El Tribunal revisa el escrito presentado por el señor Pérez González a la luz de las Reglas de Procedimiento Criminal y el Reglamento del Tribunal de Apelaciones que rigen los recursos de apelación criminal. Estas reglas establecen requisitos mínimos para el contenido del escrito de apelación, incluyendo la identificación de la sentencia apelada, la sala del Tribunal de Primera Instancia que la dictó y la fecha. El Tribunal determina que el escrito del señor Pérez González no cumple con estos requisitos esenciales. Se señala que el derecho a apelar es un privilegio estatutario que exige el cumplimiento de las normas procesales. Debido a la falta de las referencias requeridas, el Tribunal no puede determinar si tiene jurisdicción ni atender los reclamos. Por consiguiente, el Tribunal resuelve el asunto sin ulteriores trámites ni procedimientos, conforme a la Regla 211 de Procedimiento Criminal, debido al incumplimiento procesal.

Resumen:

Comparecen ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico los señores Héctor Oliveras Pueyo y Alma Rosa Fernández, apelantes en este caso. Solicitan la revocación de una Sentencia emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Ponce. Dicha Sentencia declaró con lugar una demanda en daños y perjuicios presentada por sus vecinos, Elvin Echevarría García y Áurea Rivera Cuevas, los apelados. La demanda alegaba que la operación de un negocio ambulante de helados por parte de los apelantes desde su residencia causaba daños. Específicamente, se denunciaban ruidos, gases y olores fuertes provenientes del uso de plantas eléctricas y el almacenamiento de vehículos. Los apelados argumentaron que estas molestias agravaron sus condiciones de salud, incluyendo asma y depresión, y afectaron su calidad de vida. También se alegó que la operación del negocio carecía de los permisos correspondientes. Los apelantes contestaron la demanda negando la mayoría de las alegaciones y presentando defensas como la inexistencia de daños o nexo causal. El Tribunal de Primera Instancia falló a favor de los demandantes, lo que motivó esta apelación.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de desahucio. CREFISA, Inc. apeló la decisión del Tribunal de Primera Instancia, Sala de Ponce. El caso original enfrentó a CREFISA con Luis A. López Padilla y Claudia Torres Morales. Los apelados habían presentado una reconvención contra CREFISA. El foro primario declaró con lugar el desahucio, pero también la reconvención, reconociendo a los apelados como edificantes de buena fe con derecho a retención y pago por mejoras. CREFISA solicitó la revocación de la parte de la sentencia que concedió la reconvención. El Tribunal de Apelaciones examinó los antecedentes, incluyendo la hipoteca sobre la propiedad y el contrato de arrendamiento entre los apelados y el anterior dueño. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones revocó los extremos de la sentencia apelada que declararon con lugar la reconvención presentada por los apelados contra CREFISA.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de hostigamiento sexual. La apelante, Gretchen Caballer Rivera, recurrió una sentencia parcial del Tribunal de Primera Instancia que desestimó la demanda contra dos personas. El Tribunal de Apelaciones examinó el recurso y determinó que fue presentado fuera del término legal. Explica que la Ley Núm. 2, que rige estos procedimientos, fue enmendada en 2014. Dicha enmienda redujo el término jurisdiccional para apelar sentencias del Tribunal de Primera Instancia bajo esta ley a 10 días desde la notificación. La sentencia apelada fue notificada el 20 de enero de 2015, venciendo el plazo el 30 de enero de 2015. La apelación fue presentada el 9 de marzo de 2015, excediendo el término de 10 días. Una solicitud de reconsideración también se presentó tardíamente. Al haberse presentado el recurso fuera del término jurisdiccional, el Tribunal de Apelaciones carece de jurisdicción. Por consiguiente, se desestima la apelación.

Resumen:

Ricardo García Rodríguez apeló una sentencia del Tribunal de Primera Instancia que le ordenó pagar daños y perjuicios y denegó su reclamo de cánones de arrendamiento. El caso se relaciona con contratos sobre una propiedad adquirida por el Sr. García durante su matrimonio, la cual presentó como privativa y a sí mismo como soltero. Un litigio previo determinó el carácter ganancial del inmueble y la nulidad de un contrato de opción de compra por falta de consentimiento conyugal. Dicho caso anterior también autorizó el desahucio de los apelados. La controversia actual surge de un pleito posterior sobre incumplimiento de contrato y daños relacionados con estas transacciones. El foro de instancia falló en contra del Sr. García. El Tribunal de Apelaciones confirmó la Sentencia apelada.

Resumen:

Este documento es una sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre un caso de confiscación vehicular. El Estado confiscó un vehículo propiedad del Sr. Reinaldo Malavé Rodríguez tras su arresto por violaciones a la Ley de Armas. La Cooperativa de Seguros Múltiples, aseguradora del vehículo, impugnó la confiscación tras adquirir los derechos del acreedor hipotecario. En el caso criminal contra el Sr. Malavé, el tribunal determinó previamente no causa para arresto respecto a los delitos imputados. La Cooperativa demandó al Estado, argumentando que la determinación de no causa impedía la confiscación. El Estado no contestó la demanda en el caso civil. El Tribunal de Primera Instancia concedió sentencia sumaria a favor de la Cooperativa, concluyendo que la determinación de no causa en el caso criminal constituía impedimento colateral. El Estado apeló esta decisión ante el Tribunal de Apelaciones. El documento detalla los antecedentes fácticos y procesales que llevaron a la apelación.

Resumen:

El Estado Libre Asociado de Puerto Rico apela una sentencia del Tribunal de Primera Instancia que declaró improcedente la confiscación de un vehículo propiedad de Tomás García Urbina. El Sr. García Urbina impugnó la incautación de su automóvil, utilizado por su hijo en un incidente criminal. El Tribunal de Primera Instancia celebró el juicio en ausencia del ELA y su representación legal, quienes no comparecieron ni se excusaron. Tras escuchar la prueba del demandante, el foro primario determinó que el Sr. García Urbina era un tercero inocente y ordenó la devolución del vehículo. Además, impuso una sanción económica a la abogada del Estado por su incomparecencia. El ELA recurre al Tribunal de Apelaciones alegando que el foro primario abusó de su discreción al dictar sentencia en su contra sin permitirle presentar su caso, privándole de su derecho a su día en corte. La parte apelada no compareció ante el recurso de apelación. El Tribunal de Apelaciones procede a adjudicar el caso basándose en el expediente.

Resumen:

Comparecen ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico Puerto Rico Art & Education Alliance, Inc. y Sylvia R. Villafañe Alvarado. Solicitan la revocación de una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó su demanda. La demanda original era por cobro de dinero y daños y perjuicios contra el Departamento de la Familia, ADFAN y el Estado Libre Asociado. Los apelantes alegaron que ADFAN seleccionó su propuesta para un campamento navideño y que se suscribió un contrato por \$460,000. Sostuvieron que realizaron el campamento en diciembre de 2012 a solicitud de ADFAN, quien prometió enviar el contrato firmado posteriormente. Afirmaron que ADFAN no ha pagado por los servicios prestados ni los gastos incurridos. Además, reclamaron daños personales por haber tenido que financiar la actividad con patrimonio propio. La parte apelada solicitó la desestimación, argumentando que no existía un contrato escrito perfeccionado por falta de la firma de la autoridad competente. El Tribunal de Primera Instancia desestimó la demanda con perjuicio basándose en este argumento. El Tribunal de Apelaciones revisa ahora dicha determinación.

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Este documento es la sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en el caso de El Pueblo contra Edelmiro Acevedo Díaz, apelante de una convicción por robo. Los hechos ocurrieron en Lares el 12 de diciembre de 2012, donde se le imputó a Acevedo Díaz, actuando en concierto con otro, asaltar a Jorge López Ruiz. Según el testimonio del perjudicado, el apelante le ofreció transportación mientras caminaba sintiéndose indispuesto. Una vez en el vehículo del apelante, el coautor sacó un arma de fuego y se la apuntó. El Sr. López intentó escapar lanzándose del automóvil en movimiento. Mientras estaba parcialmente atrapado, el otro individuo le sustrajo la cartera con más de ochocientos dólares. El perjudicado logró zafarse y cayó al suelo. Reportó el incidente a la policía poco después, indicando que podría reconocer a los asaltantes. La sentencia detalla estos sucesos como parte del proceso apelativo.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisó la sentencia que declaró culpable a Juan Marco Gotay Amador por violar el Artículo 229 del Código Penal (expedición de cheques sin fondos). El apelante fue acusado de dieciséis infracciones por hechos ocurridos entre diciembre de 2011 y enero de 2012. La prueba del Ministerio Público incluyó testimonios de querellantes, una agente policial y oficiales bancarios que confirmaron la insuficiencia de fondos. La agente testificó sobre la citación al apelante, su promesa de pago y una prórroga concedida por el fiscal. La defensa argumentó, entre otras cosas, la falta de prueba sobre el requisito de interpelación. El Tribunal de Apelaciones concluyó que no se probó el cumplimiento de dicho requisito esencial para la convicción. Por lo tanto, el tribunal revocó la sentencia apelada.

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Este documento es una Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. La apelante, Myrna Ivette Morales Ortiz, recurrió una decisión del Tribunal de Primera Instancia, Sala de Guayama. Dicha sentencia desestimó una demanda presentada por la señora Morales Ortiz. En su demanda, solicitaba alimentos, rendición de cuentas y la remoción del albacea y administrador de la sucesión del Dr. Rafael Mercado Sile. Alegaba ser la viuda y heredera, y que el albacea, Carlos Mercado Mattei, no había cumplido sus obligaciones. Los apelados, incluyendo el albacea y otros herederos, contestaron la demanda y presentaron una reconvención. El Tribunal de Primera Instancia desestimó la demanda principal por académica y la reconvención sin perjuicio. El Tribunal de Apelaciones revisó los fundamentos del caso. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones confirmó la Sentencia apelada.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisando una decisión del Tribunal de Primera Instancia de Ponce. El caso enfrenta a Ferdinand Martínez Sotomayor y Josianybet Torres Centeno, ex empleados del Municipio de Ponce, contra la Alcaldesa. Los demandantes fueron cesanteados en 2009, alegando anulación de nombramientos por irregularidades y discrimen político. Inicialmente buscaron injunction y reinstalación. El Tribunal de Primera Instancia, tras trámites, expidió un auto de mandamus ordenando la reinstalación de los demandantes. La Alcaldesa de Ponce apeló esta orden de mandamus. El Tribunal de Apelaciones evalúa la determinación del foro primario que ordenó la reinstalación. Se anuncia que la sentencia apelada será modificada y, así modificada, confirmada. El documento detalla el historial procesal, incluyendo disputas sobre jurisdicción administrativa y judicial.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico que consolida los recursos KLAN201301900 y KLCE201400228. Los apelantes, liderados por el Sr. Roberto González Rosa, impugnaron una sentencia sumaria del Tribunal de Primera Instancia. Dicha sentencia desestimó con perjuicio sus reclamaciones de despido injustificado y discrimen por edad contra Lantheus Medical Imaging Radiopharmaceuticals, Inc. La sentencia apelada también condenó a la apelante Ivelisse Homs Rodríguez al pago de costas y honorarios de abogado. El recurso de Certiorari (KLCE201400228) solicitaba la revisión de la resolución que aprobó dicho memorando de costas y honorarios. El Tribunal de Apelaciones consolidó ambos recursos para su consideración conjunta. Tras revisar los fundamentos, el Tribunal de Apelaciones determinó revocar la sentencia sumaria apelada.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emitió una sentencia revisando una determinación del Tribunal de Primera Instancia. El TPI había desestimado una reclamación de daños y perjuicios presentada contra el Estado Libre Asociado de Puerto Rico. La desestimación se basó en que el Estado no responde por acciones discrecionales de funcionarios, incluso si hay abuso de discreción. El caso original fue instado por Jesús M. Rullán Torres, un empleado público. Rullán Torres alegó discrimen político, violación a su debido proceso y anulación arbitraria de su nombramiento en el servicio de carrera. Buscaba un interdicto para procesar su retiro y una indemnización de $100,000 por angustias mentales. El Tribunal de Apelaciones REVOCÓ la sentencia del TPI que desestimó la causa de acción por daños. Ordenó la devolución del caso al TPI para que continúen los procedimientos de forma cónsona con sus pronunciamientos.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico que resuelve una apelación en un caso de daños y perjuicios. La demanda original fue presentada contra un hospital por un paciente y su esposa, alegando negligencia tras una caída que le causó lesiones. Durante el litigio, el paciente demandante falleció. Posteriormente, la sucesión presentó una demanda enmendada para incluir la causa de acción heredada y la reclamación por sufrimientos a consecuencia de la muerte del causante. El Tribunal de Primera Instancia dictó Sentencia Sumaria Parcial, desestimando estas reclamaciones por considerar que estaban prescritas. La parte apelante recurrió esta decisión ante el Tribunal de Apelaciones. El Tribunal de Apelaciones revisó los fundamentos de la determinación recurrida. Finalmente, el panel confirmó la Sentencia apelada. La confirmación valida la desestimación de las reclamaciones heredada y personal por prescripción.

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Esta Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico atiende apelaciones consolidadas presentadas por Restaurante Flor de Mayo, Inc. y la señora Jian Chang Wu. Ambas partes procuran la revisión de una Sentencia emitida por el Tribunal de Primera Instancia en una demanda sobre daños y perjuicios. La controversia subyacente se originó con la adquisición por Flor de Mayo de un inmueble ocupado por Jian Chang Wu como arrendataria en 2004. La negativa de Jian Chang Wu a desocupar llevó a Flor de Mayo a iniciar un procedimiento de desahucio que se extendió hasta marzo de 2009. Tras el desahucio, Flor de Mayo presentó una demanda reclamando daños. Flor de Mayo alegó gastos legales significativos incurridos debido al litigio prolongado y abuso del derecho. También reclamó lucro cesante e ingresos por renta perdidos durante los casi cinco años que Jian Chang Wu ocupó la propiedad. Además, Flor de Mayo solicitó compensación por los extensos daños dejados en el inmueble al desocuparlo. El Tribunal de Apelaciones revisa el extenso historial del caso, incluyendo los procedimientos de desahucio relacionados, para resolver las apelaciones.

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Este documento es una sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre un recurso de apelación. El apelante, Sr. Enrique Santos Guzmán, impugna un fallo condenatorio del Tribunal de Primera Instancia. Fue hallado culpable de robo agravado, posesión o uso ilegal de escopeta de cañón cortado, y disparar o apuntar un arma. El TPI le impuso una sentencia consecutiva de 87 años de reclusión. La apelación alega que el Tribunal de Primera Instancia erró al emitir el veredicto de culpabilidad. Entre los errores señalados se incluye el manejo inadecuado de la evidencia (una gorra). También se cuestiona la falta de presentación de fotos del lugar donde se ocupó la evidencia. Otro señalamiento de error es que la identificación del imputado no se relaciona con sus características reales. El documento describe el historial procesal, incluyendo la denegación de una moción de supresión. El Tribunal de Apelaciones revisa ahora estos señalamientos de error.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisando una decisión del Tribunal de Primera Instancia, Sala de Ponce. El caso principal es una demanda de deslinde y reivindicación presentada por Nazareno Painting, Inc. contra Eliud Albert León y Elba Morales Rodríguez. Nazareno Painting, Inc., propietaria del lote 26, reclama un predio de 1.41 cuerdas que alega le pertenece. Los apelantes, dueños del lote 25, sostienen que dicho predio forma parte de su propiedad. Ambos lotes provienen de un proyecto de segregación de Proyecto La Molina, Inc. Un interventor, Sergio V. Jorge Lebrón, se unió al pleito reclamando la titularidad del lote 25. El interventor argumenta que la compraventa del lote 25 por los apelantes es nula porque Proyecto La Molina, Inc. estaba disuelta al momento de la transacción. La apelación busca la revisión de una Sentencia Sumaria dictada por el Tribunal de Primera Instancia que declaró Ha Lugar la solicitud de Nazareno Painting, Inc.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de cobro de dinero bajo la Regla 60 de Procedimiento Civil. La apelada, CACH, LLC, demandó al apelante, Carlos J. Meléndez Rivera, por una deuda. En la vista ante el Tribunal de Primera Instancia, CACH sometió su caso por el expediente, presentando documentos y una declaración jurada. El apelante objetó la prueba por referencia y falta de autenticidad. El Tribunal de Primera Instancia desestimó la demanda sin perjuicio. El apelante solicitó reconsideración para que la desestimación fuera con perjuicio, alegando que el caso fue sometido en los méritos, pero la moción fue denegada. El apelante recurre ante el Tribunal de Apelaciones argumentando que la desestimación debió ser con perjuicio. La sentencia discute el procedimiento sumario de la Regla 60, diseñado para agilizar reclamaciones de poca cuantía. Se analiza si la desestimación por falta de prueba admisible en una vista de méritos bajo esta regla debe ser con o sin perjuicio.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una Sentencia en respuesta a una apelación presentada por Luis Santos Álvarez. El señor Santos solicitó la revocación de una Sentencia previa del Tribunal de Primera Instancia (TPI). Mediante esa Sentencia, el TPI desestimó sin perjuicio su recurso extraordinario de mandamus. El señor Santos buscaba ser trasladado al Programa de Protección de Víctimas y Testigos. Alegaba haber servido como confidente y haber recibido amenazas de muerte en la institución penal. El TPI desestimó la petición porque el señor Santos debía agotar los remedios administrativos que había iniciado ante el Departamento de Corrección y Rehabilitación y el Departamento de Justicia. El TPI basó su decisión en la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme. Inconforme, el señor Santos apeló ante el Tribunal de Apelaciones. El Tribunal de Apelaciones consideró el recurso y el derecho aplicable al mandamus. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones resolvió confirmar la Sentencia apelada del TPI.

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Se trata de una sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico, emitida el 26 de marzo de 2015. El caso involucra una apelación presentada por Luis E. Acevedo Cruz contra El Pueblo de Puerto Rico. La apelación surge de un caso sobre tentativa de agresión en tercer grado. El apelante compareció mediante un escrito manuscrito desde una institución correccional. La sentencia subraya la obligación fundamental de los tribunales de ser celosos guardianes de su jurisdicción. Se reitera que los foros judiciales no tienen discreción para asumir jurisdicción donde no la poseen. Las cuestiones jurisdiccionales son privilegiadas y deben resolverse con preferencia a otras. La falta de jurisdicción no puede subsanarse y requiere la inmediata desestimación del recurso apelativo. La función del Tribunal de Apelaciones es revisar las sentencias finales del Tribunal de Primera Instancia.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en el recurso presentado por Josefina Díaz Lozada. La señora Díaz apeló la decisión del Tribunal de Primera Instancia que declaró con lugar una demanda de desahucio en su contra, incoada por la sucesión de Antonio Olazabal Feliú. La sucesión solicitó la desestimación del recurso de apelación por falta de jurisdicción. Alegaron que la apelante no prestó la fianza requerida para apelar una sentencia de desahucio antes de presentar su recurso. La señora Díaz argumentó que solicitó al TPI la fijación de la fianza, pero este no la fijó hasta después de que ella apelara. El Tribunal de Apelaciones resuelve desestimar el recurso de apelación. La desestimación se fundamenta en la falta de jurisdicción, al no haberse cumplido con el requisito de prestar la fianza apelativa de forma oportuna.

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Este documento es una sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre un recurso de apelación relacionado con la pensión alimentaria de un menor. La apelante impugna una resolución del Tribunal de Primera Instancia que fijó la pensión en $200.00 mensuales, acogiendo el informe de la Examinadora de Pensiones Alimentarias (EPA). La EPA no aplicó las guías estándar, considerando los ingresos por seguro social de la madre y el menor, el ingreso del padre, los gastos de vivienda y el costo de la academia especializada a la que asiste el menor. El padre también provee el plan médico del menor. El Tribunal de Apelaciones revisó la determinación del TPI, la cual se basó en las particularidades económicas de las partes y los gastos del menor. Tras evaluar los fundamentos, el Tribunal de Apelaciones confirmó la resolución apelada.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones revisó un recurso presentado por el Sr. Duhamel Cardona Méndez. Recurrió de una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que lo declaró culpable de infracción al Artículo 5.07 de la Ley 22-2000, sobre conducir con imprudencia temeraria. La convicción se originó en un accidente de tránsito fatal ocurrido el 31 de diciembre de 2012, donde se le imputó conducir a exceso de velocidad y rebasar una luz roja. Inicialmente, también fue denunciado por homicidio negligente, pero no se encontró causa para acusar por dicho delito en las vistas preliminares. El juicio se llevó a cabo únicamente por la infracción a la Ley 22, resultando en la declaración de culpabilidad y una multa. En su apelación, el Sr. Cardona señaló varios errores, incluyendo la valoración de la prueba, alegaciones de impedimento colateral por sentencia y cuestiones procesales. Tras evaluar el recurso, el Tribunal de Apelaciones resolvió confirmar la Sentencia apelada.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en el caso KLAN201400893. Se revisa una decisión del Tribunal de Primera Instancia en un caso de desahucio y daños y perjuicios. La parte apelante, Ivyport Logistical Services, impugna la sentencia que le ordenó pagar \$815,864.17 a Caribbean Airport Facilities, Inc. (CAF) y desestimó sus reclamaciones. El Tribunal de Apelaciones confirma la sentencia apelada. El caso se origina en un contrato de arrendamiento de 1988/1989 entre la Autoridad de los Puertos y CAF. CAF construyó edificios en los terrenos arrendados, como hangares y terminales de carga. Se menciona la Resolución JPE-032 de 1977 de la Junta de Planificación. Dicha resolución eximió a la Autoridad de los Puertos de someter ciertos proyectos de arrendamiento y construcción en zonas portuarias y aeroportuarias. Esta exención aplicaba a proyectos que no alteraban significativamente el uso del terreno o el proceso de planificación.

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Comparece ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico una apelación en un caso de daños y perjuicios. Los apelantes, padres de un menor fallecido, demandaron a varios proveedores de salud, incluyendo a NEOMED Center, Inc. y la Dra. Isabel Zambrana, alegando negligencia médica. NEOMED y la Dra. Zambrana presentaron una moción de desestimación o sentencia sumaria por falta de jurisdicción en el Tribunal de Primera Instancia. Argumentaron que estaban cubiertos por el Federal Tort Claim Act (FTCA), lo que conferiría jurisdicción exclusiva al tribunal federal y requeriría agotar remedios administrativos. El Tribunal de Primera Instancia declaró Con Lugar la moción y desestimó la demanda contra NEOMED y la Dra. Zambrana. Los apelantes recurrieron esta decisión ante el Tribunal de Apelaciones. NEOMED presentó un documento de cubierta del FTCA para 2011, pero este identificaba a otra entidad como cubierta. Tras revisar el caso, el Tribunal de Apelaciones determinó revocar la Sentencia Parcial apelada.

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Se trata de una Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. El recurso fue presentado por Carlos Javier Reyes Ortiz, Maribella Reyes Mulero y su sociedad legal de gananciales. Apelaron la Sentencia dictada por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Bayamón. El caso original versaba sobre una reclamación de daños y perjuicios. El foro de instancia había desestimado la demanda principal, la reconvención y la demanda contra tercero. El Tribunal de Apelaciones revisó el recurso presentado por los apelantes. Tras considerar los fundamentos expuestos, el Tribunal de Apelaciones resolvió confirmar la Sentencia apelada. El documento detalla las estipulaciones de hechos acordadas por las partes en el litigio de instancia. Estas estipulaciones describen la relación laboral del demandante principal con Landfill Technologies Corp. y la participación de Kane Caribbean, Inc. como distribuidor de equipos Komatzu.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resolviendo un recurso presentado por Jorge Santiago Rodríguez. El apelante solicita la revocación de una sentencia del Tribunal de Primera Instancia que lo declaró culpable por violar el Artículo 5.05 de la Ley de Armas y el Artículo 177 del Código Penal. Los hechos ocurrieron el 5 de junio de 2013, resultando en una pena de dos años de reclusión. La convicción se produjo tras un juicio de derecho, donde el apelante renunció a su derecho a jurado. El documento comienza a detallar la prueba presentada por el Ministerio Público. La primera testigo, hermana del apelante, narró los sucesos del día de los hechos. Describió la llegada del apelante a su casa, una confrontación física entre el apelante y otra persona, y la caída de un cuchillo de la cintura del apelante durante la pelea. La testigo recogió el cuchillo y lo identificó como suyo.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia sobre un recurso presentado por José A. Rodríguez Báez. El apelante buscaba revocar una Resolución y Sentencia Parcial del Tribunal de Primera Instancia que desestimó causas de acción por represalias y discrimen, así como reclamaciones contra codemandados en su carácter personal. El pleito original fue incoado bajo la Ley Núm. 2 de 1961, un procedimiento sumario para reclamaciones laborales. Las determinaciones apeladas fueron notificadas el 26 de septiembre de 2014. Tras denegarse una moción de reconsideración el 25 de noviembre de 2014, el apelante presentó el recurso de apelación el 23 de diciembre de 2014. La parte apelada solicitó la desestimación por falta de jurisdicción, alegando que la apelación se presentó fuera del término jurisdiccional de 10 días establecido por la Ley Núm. 2. El apelante argumentó que el caso había perdido su carácter sumario. El Tribunal de Apelaciones desestima el recurso por falta de jurisdicción, al concluir que la apelación no se presentó dentro del término legal aplicable a los casos bajo la Ley Núm. 2.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. La parte apelante, Industrial Mechanical Corp. (IMECO) y sus principales, solicitan la revocación de una sentencia del Tribunal de Primera Instancia. Dicha sentencia, emitida en 2013, desestimó la demanda presentada por los apelantes en el año 2000. La demanda original reclamaba incumplimiento de contrato, daños y perjuicios, y cobro de dinero contra la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) y otros, relacionada con un proyecto de obra pública. Las reclamaciones contra otros codemandados fueron desistidas previamente mediante acuerdos. Tras un juicio en su fondo, el Tribunal de Primera Instancia desestimó la demanda en su totalidad. Los apelantes recurrieron esta decisión ante el Tribunal de Apelaciones. El panel revisó los fundamentos expuestos por las partes. Por los fundamentos expuestos, el Tribunal de Apelaciones confirma la sentencia apelada. Esto valida la desestimación de la demanda presentada por IMECO y los demás apelantes.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico, en su Panel V de la Región Judicial de Bayamón y Utuado, emitió una Resolución el 26 de marzo de 2015. La resolución atiende un recurso de Certiorari relacionado con un caso de divorcio (Caso Núm. D DI2007-1251). Los peticionarios en el recurso son Daniel de Ontañón Bartolomé y María E. Álvarez Moscoso. La Jueza Ponente fue Surén Fuentes. La corte consideró un Aviso de Desistimiento presentado por la recurrente María E. Alvarez Moscoso el 19 de marzo de 2015. El Tribunal declaró con lugar dicho aviso de desistimiento. En consecuencia, se dictó sentencia de desistimiento con perjuicio. Se ordenó el cierre y archivo definitivo del recurso de Certiorari, conforme a la Regla 83(A) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones.

Resumen:

Se presentó un recurso de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. La peticionaria, Nancy Meléndez González, impugnó una resolución del Tribunal de Primera Instancia en un caso de daños y perjuicios. La resolución recurrida confirmó la reducción de los honorarios del perito de la parte demandante, el psiquiatra forense Dr. Raúl López. El foro de instancia había rebajado los honorarios del perito de $300 a $150 por hora, a solicitud de una codemandada. La peticionaria objetó esta reducción, solicitó notificación al perito y pidió reconsideración, siendo denegadas sus peticiones por el tribunal de instancia. Ante el Tribunal de Apelaciones, argumentó que la reducción era irrazonable, sin fundamento y que el perito no fue notificado. Tras examinar la solicitud y la resolución impugnada, el Tribunal de Apelaciones concluyó que no procedía expedir el auto de certiorari. Por tanto, la determinación del foro de instancia sobre la reducción de los honorarios del perito se mantiene.

Resumen:

Este documento es una Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. Resuelve una apelación presentada por Luis A. Ramos Rivera y otros contra R. Bird Development, Corp. en un caso sobre daños y perjuicios. La apelación impugna una Sentencia Parcial del Tribunal de Primera Instancia que desestimó la demanda contra R. Bird Development y el Arq. José G. Riaño Chiesa. Los apelantes solicitaron reconsideración de dicha Sentencia Parcial, la cual fue denegada. El Tribunal de Apelaciones desestima el recurso de apelación. La desestimación se fundamenta en la falta de jurisdicción por ser el recurso prematuro. Esto se debe a que la notificación de la denegatoria de la moción de reconsideración se realizó en un formulario incorrecto. Dicho formulario no advertía a las partes sobre su derecho a solicitar revisión, invalidando la notificación a efectos de iniciar el término apelativo.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones revisó la denegatoria de exención contributiva solicitada por Fajardo Christian School, Inc. al Departamento de Hacienda. La escuela, registrada como corporación sin fines de lucro, buscaba la exención bajo la sección para organizaciones educativas. Hacienda denegó la solicitud argumentando que la escuela no estaba organizada ni operada para fines exentos, sino que constituía un negocio para beneficio particular de sus dueños. La investigación reveló que la escuela operaba en propiedades adquiridas y arrendadas a la misma por el señor Ignacio Sánchez Guzmán, quien también fungía como su presidente. El contrato de arrendamiento estipulaba un canon mensual y que las mejoras realizadas por la escuela quedarían a beneficio del propietario al finalizar el contrato. El Tribunal confirmó la resolución de Hacienda, validando la determinación de que la escuela no cumplía con el requisito de operar exclusivamente para fines exentos. Se concluyó que las operaciones de la entidad beneficiaban a individuos particulares, específicamente a los dueños de las propiedades donde operaba la institución educativa.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en una revisión administrativa solicitada por el confinado Omar Hernández. Hernández impugna una resolución del Departamento de Corrección y Rehabilitación que lo declaró incurso de violar el Código 207 del reglamento disciplinario, relativo a estar en un área no autorizada. Se le imputó haber salido de su celda sin autorización mientras se aplicaba una medida de seguridad ("Regla 9"). La querella original también incluía una violación al Código 141 (normas de seguridad), la cual fue desestimada. Tras una vista disciplinaria, el oficial examinador encontró probada la violación al Código 207 basándose en la evidencia presentada. Como sanción, se le impuso la suspensión de dos visitas. Hernández solicitó reconsideración de la resolución, la cual fue denegada. El confinado recurrió entonces ante el Tribunal de Apelaciones. El Tribunal, tras revisar el caso, confirmó la resolución recurrida del Departamento de Corrección y Rehabilitación.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en un recurso de revisión administrativa presentado por Green Pack of PR contra el Departamento de Agricultura. El recurso impugna la adjudicación revisada de la Subasta Número SC-2015-0016 para la adquisición de productos agrícolas. El Tribunal desestima el recurso por falta de jurisdicción, al igual que hizo con un caso relacionado previamente. La desestimación se fundamenta en el incumplimiento del requisito de agotar los remedios administrativos. La normativa aplicable exige que las determinaciones de la Junta de Subastas sean apeladas primero ante la Junta de Apelaciones del Departamento de Agricultura. Solo tras una determinación final de la Junta de Apelaciones se puede recurrir al Tribunal de Apelaciones. Aunque la notificación de la adjudicación revisada contenía una advertencia legal defectuosa que sugería recurrir directamente al Tribunal de Apelaciones, el procedimiento correcto requiere la apelación administrativa previa. Dado que el proceso ante la Junta de Apelaciones no ha concluido, el recurso ante el Tribunal de Apelaciones es prematuro.

Resumen:

Este documento es una Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de Certiorari. El peticionario, Carlos A. Soto Laracuente, solicita la revocación de resoluciones del Tribunal de Primera Instancia en un caso de Daños y Perjuicios. La controversia surge de una demanda presentada por los recurridos, Luzdellys Echevarría Zayas y otros, contra el peticionario. Los recurridos alegan haber sufrido daños por una carta enviada por el peticionario, la cual trataba sobre asuntos corporativos y posible fraude, e incluía información confidencial. La demanda de los recurridos presentó causas de acción por invasión a la privacidad, libelo y calumnia, y negligencia. El peticionario presentó una moción de desestimación argumentando que la demanda no exponía causas de acción válidas. El Tribunal de Primera Instancia denegó dicha moción y una posterior solicitud de reconsideración. El peticionario recurre ante el Tribunal de Apelaciones impugnando la denegatoria de su moción de desestimación.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones revisó la determinación del Departamento de Corrección y Rehabilitación sobre la reclasificación de custodia de un confinado. Félix M. Mercado Ruiz, quien cumple una sentencia de 99 años por asesinato, solicitó cambiar su nivel de custodia de mediana a mínima. A pesar de que una evaluación rutinaria arrojó una puntuación para custodia mínima, el Comité de Clasificación ratificó la custodia mediana y su ubicación en custodia protectiva. El confinado apeló esta decisión administrativamente, pero fue denegada tanto en apelación como en reconsideración. El Departamento fundamentó su decisión en la gravedad del delito, la desobediencia a las normas institucionales y la necesidad de custodia protectiva involuntaria debido a problemas de conducta. Se consideró que las acciones del confinado menoscababan la seguridad de la institución y sus ocupantes. El recurrente acudió al Tribunal de Apelaciones impugnando la decisión administrativa. El Tribunal revisó el caso, considerando el marco legal aplicable a la clasificación de confinados. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones confirmó la Resolución recurrida del Departamento de Corrección.

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Se solicita la revisión judicial de una determinación de la Junta de Subastas de la Autoridad de Carreteras y Transportación. La recurrente, Betterecycling Corporation, impugna la adjudicación de la buena pro de una subasta para el reemplazo de losas en puentes a favor de R&F Asphalt Unlimited, Inc. La agencia adjudicó la subasta a R&F Asphalt por ser el postor más bajo que cumplió con las especificaciones y la ley. Se detalla que R&F Asphalt fue el postor con el precio más bajo, mientras que la recurrente ocupó el noveno lugar. Ambas compañías tuvieron deficiencias iniciales en la documentación requerida. La agencia concedió un término para subsanar, el cual R&F Asphalt cumplió, pero la recurrente no presentó los documentos solicitados. Adicionalmente, la recurrente había solicitado la descualificación de R&F Asphalt del Registro de Licitadores ante la ASG, pero dicha solicitud fue declarada No Ha Lugar. El Tribunal de Apelaciones revisa estos antecedentes. Por los fundamentos expuestos, se confirma la decisión de la agencia de adjudicar la subasta a R&F Asphalt.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en el caso de Francisco Sánchez Rodríguez contra el Departamento de Justicia. El Lcdo. Sánchez recurre la Resolución del DJ que le denegó el beneficio de representación legal para defenderse en una demanda civil. Dicha demanda fue presentada por Linda Colón, quien alegó que el Lcdo. Sánchez, actuando como fiscal, realizó una investigación negligente y maliciosa en su contra. La señora Colón sostuvo que el informe del Lcdo. Sánchez le imputó falsamente malversación de fondos públicos, lo que fue desestimado por el Fiscal Especial Independiente. El Departamento de Justicia denegó la representación legal al amparo de la Ley 104-1955, argumentando que los actos imputados constituían negligencia inexcusable. Esta determinación se basó en parte en un proceso disciplinario previo que concluyó que el Lcdo. Sánchez actuó negligentemente y fue destituido de su puesto de fiscal. El Lcdo. Sánchez impugnó esta denegatoria ante el Tribunal de Apelaciones. Tras considerar los argumentos y documentos, el Tribunal resuelve confirmar la Resolución recurrida.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una Resolución denegando un recurso de Certiorari presentado por Josué Rodríguez Rodríguez. El peticionario solicitó la revisión de una decisión del Tribunal de Primera Instancia que declaró no ha lugar su petición. El caso de origen trata sobre cargos de robo y ley de armas, por los cuales el peticionario fue sentenciado a 8 años y 1 día de prisión. La solicitud del peticionario se relaciona con la acreditación del tiempo que estuvo bajo arresto domiciliario con supervisión electrónica antes de ingresar a la institución penal. Había gestionado previamente esta acreditación a nivel administrativo dentro del sistema correccional. El Tribunal de Apelaciones, tras evaluar los antecedentes del caso, determina denegar el auto de Certiorari solicitado por el peticionario.

Resumen:

Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre un recurso de Certiorari presentado por Pan American Grain. La empresa solicita la revisión de una determinación del Tribunal de Primera Instancia en un caso de despido injustificado bajo la Ley Núm. 80, tramitado por el procedimiento sumario de la Ley Núm. 2. El conflicto surgió cuando Pan American intentó incluir un testigo adicional (Hugo Torres) tras concluir el descubrimiento de prueba. El Tribunal de Primera Instancia denegó la deposición y presentación del testigo, basándose en la naturaleza sumaria del procedimiento y el cierre de la etapa probatoria. Pan American solicitó reconsideración, la cual fue declarada No Ha Lugar, llevando a la presentación del Certiorari ante el Apelativo. El recurso alega que el TPI erró al no permitir el testimonio del Sr. Torres. El Tribunal de Apelaciones contextualiza el caso dentro de la Ley Núm. 2, diseñada para la rápida adjudicación de reclamaciones laborales. Se menciona la regla general que prohíbe la revisión de resoluciones interlocutorias en estos procedimientos para evitar dilaciones, conforme a jurisprudencia del Tribunal Supremo.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisó una Resolución y Orden emitida por la Oficina de Mediación y Adjudicación (OMA) del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos. Dicha resolución declaró con lugar una querella presentada por el señor Alfredo De Jesús Jiménez contra Shannan's Pub, Corp. El señor De Jesús reclamó indemnización por despido injustificado y pago de horas extras, periodo de alimentos y ajuste de salario mínimo. La OMA encontró a Shannan's responsable de estas violaciones laborales y le ordenó el pago de una indemnización. Shannan's apeló esta decisión ante el Tribunal de Apelaciones. En el proceso ante la OMA, Shannan's no presentó contestación a la querella dentro del término reglamentario, a pesar de haber sido debidamente notificado y advertido de las consecuencias. El Tribunal de Apelaciones examinó el recurso de apelación y la oposición presentada. Tras revisar el caso a la luz del derecho aplicable, el Tribunal confirmó la Resolución y Orden emitida por la OMA. Esto significa que se sostuvo la determinación de la OMA a favor del señor De Jesús.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisando una determinación administrativa sobre beneficios por desempleo. Natalie Ann Stagliano recurre la decisión del Negociado de Seguridad de Empleo (NSE), confirmada por la Oficina de Apelaciones del Secretario del Trabajo, que la declaró inelegible. La inelegibilidad se basó en que renunció voluntariamente a un empleo adecuado sin justa causa. Esto se fundamenta en la Sección 4(B)(2) de la Ley de Seguridad de Empleo de Puerto Rico. Los hechos probados indican que la recurrente trabajaba como telemarketer, su plaza fue eliminada y se le ofreció reubicación en servicio al cliente. Previamente, había sido transferida de servicio al cliente por ineficiencia. La recurrente no quiso regresar a dicho puesto por sentirse incómoda. La árbitro administrativa concluyó que la renuncia fue voluntaria y sin justa causa, determinación que fue adoptada por el Secretario. El Tribunal de Apelaciones evalúa ahora el recurso de revisión contra esta determinación.

Resumen:

Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. Las peticionarias Triple-S Salud, Inc. y Triple-S Management Corporation presentaron un recurso de certiorari. Solicitaban revocar una Resolución del Tribunal de Primera Instancia de San Juan. Dicha Resolución denegó una moción de desestimación por prescripción presentada por las peticionarias. La moción de desestimación se dirigía contra una acción de sentencia declaratoria y cobro de dividendos. Esta acción fue instada por la viuda e hijas del Dr. Juan Antonio Noguera Porrata. Las recurridas alegan ser propietarias de acciones de Triple-S (o su predecesora) que pertenecían al Dr. Noguera Porrata, fallecido en 1989. Buscan ser declaradas accionistas y que se emitan nuevos certificados de acciones a su nombre. El Tribunal de Apelaciones, tras considerar el recurso y la oposición, resolvió denegar el auto de certiorari solicitado. Esto confirma la decisión del TPI de no desestimar el caso por prescripción.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de daños y perjuicios. El Estado Libre Asociado (ELA) recurrió en certiorari contra una resolución del Tribunal de Primera Instancia. Dicha resolución denegó la solicitud de desestimación del ELA basada en la prescripción de la causa de acción. El ELA argumentó que la demanda, presentada el 31 de enero de 2013 por Carlos W. Salazar Olmo por daños de 2010, estaba fuera de término. El Tribunal de Primera Instancia determinó que una carta del demandante de 25 de abril de 2012 interrumpió el término prescriptivo. Además, consideró que una carta del DTOP de 23 de mayo de 2012 constituyó una aceptación de deuda. Por tanto, el foro primario concluyó que la demanda fue instada oportunamente, dentro del año siguiente a la interrupción. El Tribunal de Apelaciones expidió el auto de certiorari para revisar la controversia sobre la prescripción y la interrupción del término. La disputa central gira en torno a la interpretación de las comunicaciones entre las partes y su efecto legal.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de revisión administrativa. Carlos Rivera Rivera apeló la denegación de beneficios de seguro por desempleo por parte del Negociado de Seguridad de Empleo (NSE). El recurrente fue despedido de su empleo como chofer de vehículos pesados en el Municipio de San Juan tras arrojar positivo a cocaína y marihuana en una prueba de dopaje. El Municipio determinó que esta conducta era incompatible con su puesto. El NSE denegó los beneficios, considerando que el despido se basó en conducta incorrecta relacionada con el trabajo. Esta decisión fue confirmada por el Árbitro de la División de Apelaciones y el Secretario del Departamento del Trabajo, quienes destacaron la naturaleza sensitiva del puesto. El Tribunal de Apelaciones revisó el expediente administrativo. Finalmente, el Tribunal confirmó la Resolución recurrida, validando la determinación de inelegibilidad para los beneficios de desempleo.