Casos del Tribunal de Apelaciones (Página 30)

Resumen:

Se presentó una petición de mandamus contra el Tribunal de Primera Instancia (TPI) por no señalar una vista en el término legal en un caso de Orden de Protección para el Adulto Mayor. El caso subyacente involucraba una orden ex parte obtenida por un promovente contra su inquilina, que indebidamente incluía una orden de desalojo. La peticionaria impugnó el desalojo y la dilación del TPI en señalar la vista requerida por ley en 5 días. En respuesta al mandamus, el TPI admitió un error clerical en la orden de desalojo, la dejó sin efecto y re-señaló la vista para el 26 de diciembre de 2024. La peticionaria inicialmente mantuvo interés en el recurso para recuperar acceso a su residencia. No obstante, posteriormente informó al Tribunal de Apelaciones que había recuperado las llaves y el acceso, tornando el mandamus académico. El Tribunal de Apelaciones declina expedir el auto solicitado. Considera que el TPI corrigió el error de señalamiento y la peticionaria no objetó la nueva fecha. Además, la peticionaria confirmó que el asunto principal que motivó el recurso se resolvió, haciéndolo académico.

Resumen:

Este documento es una sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre recursos consolidados presentados por Custom Group, LLC y Tidal Basin Caribe, LLC. Las recurrentes impugnaron el Aviso de Adjudicación emitido por el Departamento de la Vivienda para el Requerimiento de Propuestas Núm. CDBG-DRMIT-RFP-2023-05. Dicho requerimiento buscaba servicios de gerencia de programas bajo los fondos CDBG-DR y CDBG-MIT. El Departamento de la Vivienda había adjudicado el contrato a Innovative Emergency Management, Inc. y Tetra Tech, Inc. Las recurrentes solicitaron la revisión y revocación de dicho aviso de adjudicación. Tidal Basin Caribe, LLC presentó además una Moción Urgente en Auxilio de Jurisdicción, la cual fue declarada Ha Lugar. No obstante, el Tribunal de Apelaciones resolvió dejar sin efecto la paralización de los procedimientos. Los recursos consolidados fueron desestimados por falta de jurisdicción.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre una controversia post-divorcio relacionada con pensión excónyuge. El peticionario, exesposo, recurre una Resolución del Tribunal de Primera Instancia que le ordena pagar la pensión alimenticia acordada y la deuda acumulada. Dicha Resolución fue emitida tras una vista sobre su capacidad económica, ordenada previamente por este Tribunal en un recurso anterior. El peticionario alega que las determinaciones de hechos del foro primario son parcialmente erróneas. El Tribunal de Apelaciones considera el recurso como uno de certiorari discrecional. Por los fundamentos que se exponen, se deniega la expedición del auto de certiorari solicitado por el peticionario. Esto implica que se mantiene la determinación del Tribunal de Primera Instancia que le obliga al pago de la pensión y la deuda.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones desestima un recurso de Certiorari presentado por Luis Gabriel Salgado Rivera y Dirtza Shanira Rosado Meléndez. Los peticionarios buscaban la revisión de una Orden del Tribunal de Primera Instancia de Arecibo, notificada el 12 de noviembre de 2024. Dicha orden declaró No Ha Lugar una solicitud de reconsideración presentada por los peticionarios. La solicitud original pedía una extensión del término para el descubrimiento de prueba en un caso de daños y perjuicios por un accidente de tránsito. Los peticionarios argumentaron que la extensión era necesaria debido a un ataque cibernético a la oficina de su abogada y a una enfermedad grave de esta. La parte recurrida se opuso, alegando falta de justa causa. El Tribunal de Apelaciones desestima el recurso por no cumplir con los criterios de la Regla 52.1 de Procedimiento Civil.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones revisa la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó una demanda por incumplimiento de contrato. Atenas Bakery Corp. demandó a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) reclamando daños por la suspensión de servicio de agua. La AAA solicitó la desestimación invocando la doctrina de cosa juzgada. Argumentó que Atenas Bakery ya había litigado sobre la misma suspensión de servicio en un pleito anterior de injunction, el cual culminó por estipulación. La AAA sostuvo que la reclamación de daños debió incluirse en el caso previo, constituyendo un fraccionamiento indebido de la causa de acción. Atenas Bakery se opuso, alegando que los remedios solicitados en cada pleito eran distintos. El Tribunal de Primera Instancia acogió la moción de desestimación, determinando que se cumplían los requisitos de la cosa juzgada. Consideró que existía identidad de partes, hechos y causa entre ambos casos. Por tanto, desestimó la demanda por fraccionamiento de causa de acción. El Tribunal de Apelaciones confirma la Sentencia apelada, validando la aplicación de la doctrina de cosa juzgada.

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Se resuelve un Recurso de Revisión Administrativa presentado por Noelia Meléndez Cruz contra una Resolución de la Oficina de Ética Gubernamental (OEG). La OEG le impuso una multa de \$9,000.00 por tres violaciones al Artículo 4.2(g) de la Ley Orgánica de la OEG. Las violaciones ocurrieron mientras la Sra. Meléndez Cruz fungía como Directora de Finanzas del Municipio de Santa Isabel. Según la OEG, ella intervino en contratos otorgados por el Municipio a compañías propiedad de su padre, hermano y tío. Estos contratos involucraban servicios de asesoría, diseño, supervisión y contabilidad. La OEG alegó que la Sra. Meléndez Cruz, a sabiendas del parentesco, firmó, aprobó y recomendó documentos relacionados con dichos contratos. La Sra. Meléndez Cruz apeló la decisión de la OEG. El panel judicial revisó los fundamentos del caso. Finalmente, el tribunal confirmó la Resolución emitida por la OEG.

Resumen:

Eduardo J. Rodríguez León recurre ante el Tribunal de Apelaciones una Resolución de COSSEC que desestimó su querella. La querella impugnaba la decisión de la Junta de Directores de la Cooperativa La Puertorriqueña de declarar vacante su puesto como Director. Dicha vacante se basó en el alegado incumplimiento del requisito de 30 horas de educación continua para miembros de cuerpos directivos. Aunque el recurrente tenía hasta el 12 de diciembre de 2022 para cumplir, la Junta declaró la vacante en octubre de 2022, tras una consulta a COSSEC. El recurrente argumentó ante COSSEC que la decisión de la Junta fue arbitraria e ilegal, pues aún tenía tiempo para completar las horas requeridas. COSSEC declaró No Ha Lugar la querella. El Tribunal de Apelaciones, sin embargo, desestima el recurso de revisión. La desestimación se fundamenta en la falta de jurisdicción, al considerar que la controversia entre las partes se ha tornado académica.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre los recursos consolidados KLRA202400607 y KLRA202400608. Los recurrentes Custom Group, LLC y Tidal Basin Caribe, LLC impugnaron el aviso de adjudicación del Departamento de la Vivienda. El aviso se refería al Requerimiento de Propuestas No. CDBG-DRMIT-RFP-2023-05 para servicios de gerencia de programas CDBG-DR y CDBG-MIT. El contrato fue adjudicado a Innovative Emergency Management, Inc. y Tetra Tech, Inc. Los recurrentes solicitaron la revisión y revocación de dicha adjudicación. Tidal Basin Caribe, LLC obtuvo una moción urgente en auxilio de jurisdicción declarada Ha Lugar. La sentencia describe el proceso de evaluación de propuestas y la descalificación de algunos licitadores. Tras considerar el caso, el tribunal decidió dejar sin efecto la paralización de los procedimientos. Los recursos consolidados fueron desestimados. La desestimación se basó en la falta de jurisdicción del Tribunal de Apelaciones.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa la Adjudicación Enmendada de una subasta del Municipio de Cataño para adquisición de asfalto y repavimentación. Professional Asphalt, LLC. impugna la adjudicación a favor de Miguelito Asphalt, Inc. Este es el tercer recurso de revisión judicial relacionado con esta subasta. En ocasiones anteriores, el Tribunal desestimó los recursos y devolvió el caso a la Junta de Subastas por incumplimiento con los requisitos de notificación. Las notificaciones previas carecían de síntesis de propuestas, criterios de evaluación y razones para no adjudicar a los licitadores perdidosos. La Junta de Subastas emitió una Adjudicación Enmendada el 22 de noviembre de 2024, nuevamente a favor de Miguelito Asphalt. La Junta indicó que Miguelito Asphalt presentó el precio razonable más bajo en renglones clave, considerando descuentos por certificación de industria local para otros licitadores. Sin embargo, el Tribunal determina que esta última notificación tampoco cumplió con las obligaciones de debido proceso exigidas para la adjudicación de subastas. Por consiguiente, el caso es devuelto una vez más a la Junta de Subastas. La Junta debe emitir y notificar concluyentemente su dictamen, cumpliendo con todos los requisitos legales correspondientes.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisó una sentencia del Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Carolina. El caso involucra una apelación de Ivyport Logistical Services, Inc. contra la Autoridad de los Puertos de Puerto Rico sobre una demanda por interferencia torticera y daños y perjuicios. Ivyport operaba en el aeropuerto sin un contrato renovado tras adquirir Swissport y acumuló una deuda significativa. Tras el alegado incumplimiento de Ivyport con un plan de pago, la Autoridad de Puertos restringió el acceso de su personal a las instalaciones en julio de 2008. Ivyport obtuvo exitosamente un injunction para restablecer el acceso poco después. Posteriormente, Ivyport presentó una demanda reclamando daños y perjuicios contra la Autoridad por estas acciones. El Tribunal de Primera Instancia declaró "No Ha Lugar" la demanda de Ivyport. El Tribunal de Apelaciones, en esta sentencia del 19 de diciembre de 2024, confirmó la decisión del foro primario, manteniendo la desestimación de la demanda de Ivyport por daños y perjuicios.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en el caso KLAN202400138. El apelante, Billy Crespo Rivera, recurre de una sentencia del Tribunal de Primera Instancia de Mayagüez. Dicha sentencia desestimó un recurso de Mandamus presentado por el señor Crespo Rivera bajo la Ley de Transparencia. El Mandamus buscaba que se ordenara al Negociado de la Policía de Puerto Rico cumplir con una resolución emitida en otro caso judicial. El Tribunal de Primera Instancia acogió la solicitud de desestimación del Gobierno. Argumentó que el apelante utilizó incorrectamente el recurso y buscaba que un tribunal revisara la determinación de otro de igual jerarquía. El apelante solicitó reconsideración, la cual fue declarada No Ha Lugar. Inconforme, presentó esta apelación señalando errores en la decisión del foro primario. Tras evaluar el expediente, el Tribunal de Apelaciones confirma la Sentencia apelada.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico considera un recurso de certiorari presentado por Javi Bolt, Inc. La empresa busca revocar una resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó su moción de sentencia sumaria en un caso de despido injustificado. Javi Bolt alegó que no era el patrono del demandante, Sr. Waldo O. Morales González, durante el periodo en controversia. Sostuvo que el patrono era Arecibo Gas Depot, Inc., una entidad corporativa y operacionalmente distinta, a pesar de compartir ubicación física. Para sustentar su posición, Javi Bolt presentó evidencia como contratos de empleo, talonarios de pago y certificaciones corporativas. El demandante, por su parte, argumentó que ambas empresas operaban en la práctica como un solo patrono. Tras examinar los argumentos y la prueba, el Tribunal de Apelaciones determinó expedir el auto de certiorari. Consecuentemente, el Tribunal revocó la Resolución emitida por el Tribunal de Primera Instancia.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en un caso de cobro de dinero y ejecución de hipoteca. Los peticionarios, FJR Acquisition, LLC y Francisco J. Rivera Fernández, recurrieron una resolución del Tribunal de Primera Instancia de Manatí. Dicha resolución, emitida el 17 de septiembre de 2024, declaró No Ha Lugar una solicitud de sentencia sumaria presentada por los recurridos, Luis R. Sala Lugo y otros. Tras la resolución, ambas partes presentaron mociones de reconsideración ante el foro primario. El Tribunal de Primera Instancia denegó la moción de reconsideración de los peticionarios. Sin embargo, la moción de reconsideración de los recurridos aparentemente quedó pendiente de adjudicación definitiva. Se había señalado una vista argumentativa para discutir la solicitud de sentencia sumaria y escritos relacionados. Los peticionarios presentaron el recurso de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones mientras estos trámites post-resolución aún se desarrollaban. El Tribunal de Apelaciones concluye que el recurso fue instado de forma prematura. Por consiguiente, desestima el recurso por falta de jurisdicción.

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Se resuelve la apelación presentada por Justo Maldonado Martínez contra la Sentencia que desestimó su demanda. El señor Maldonado demandó a Mabeline Serrano Santana, el Estado Libre Asociado y el Negociado de la Policía por daños y perjuicios, alegando persecución maliciosa y difamación. Sostuvo que la señora Serrano presentó querellas administrativas falsas en su contra dentro del Negociado, afectando su reputación y carrera, y que el Negociado no actuó para detener el patrón hostigador. Los demandados solicitaron la desestimación, argumentando que la causa de acción por persecución maliciosa no procedía al no haber procesamiento criminal y que las demás alegaciones estaban prescritas. El Tribunal de Primera Instancia desestimó la demanda. Determinó que la alegación de persecución maliciosa no configuraba una causa de acción porque el demandante nunca fue procesado penalmente. Asimismo, concluyó que las demás alegaciones, que databan de principios de 2022, estaban prescritas al presentarse la demanda en septiembre de 2023. El panel apelativo revisó la decisión del TPI. Por los fundamentos expuestos, se confirma la Sentencia apelada, manteniendo la desestimación de la demanda.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de certiorari presentado por Geovani Soto Ponce. El caso original es un pleito de divorcio con asuntos de custodia de menores en el Tribunal de Primera Instancia de Bayamón. La controversia surgió cuando el peticionario intentó obtener descubrimiento de prueba de la trabajadora social que realizó un estudio social ordenado por el tribunal. El Tribunal de Primera Instancia limitó el descubrimiento, aplicando la doctrina de "work product" y citando el código de ética profesional. El peticionario solicitó reconsideración, argumentando que estas limitaciones no aplicaban a la perito y violaban su derecho al debido proceso. El TPI denegó la reconsideración, reafirmando su postura. Inconforme, el Sr. Soto Ponce acudió al Tribunal de Apelaciones mediante certiorari, señalando errores en la aplicación del "work product" y la dependencia en el código de ética. El Tribunal de Apelaciones, haciendo uso de su discreción bajo la Regla 7(B)(5) de su Reglamento, denegó la expedición del auto de certiorari sin trámite ulterior.

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El Tribunal de Apelaciones consideró una solicitud de certiorari presentada por Carlos J. Beltrán Rivera en un caso de alimentos. El peticionario, demandado en el pleito de alimentos, había presentado una reconvención solicitando custodia compartida, patria potestad y relaciones paterno filiales. El Tribunal de Primera Instancia inicialmente fijó relaciones provisionales y refirió el caso para un informe de custodia. No obstante, el foro primario reconsideró su decisión y ordenó al peticionario presentar un pleito independiente para solicitar la custodia y relaciones. Tras denegarse su reconsideración, el peticionario acudió al Tribunal de Apelaciones alegando errores en la determinación del foro primario. El peticionario argumentó que el tribunal erró al dejar sin efecto las órdenes iniciales y al requerir un pleito separado para los asuntos de familia. El Tribunal de Apelaciones, haciendo uso de la facultad que le confiere la Regla 7(B)(5) de su Reglamento, procedió a resolver el recurso sin trámites adicionales. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones denegó el auto de certiorari solicitado por el peticionario.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resolviendo un recurso de apelación. La apelación fue presentada por la Sucesión de Hipólito Vázquez Saldaña y otros contra Natalio García Arroyo. Impugnaban la Sentencia emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Ponce, el 20 de junio de 2023. Dicha Sentencia del TPI declaró Con Lugar la demanda en daños y perjuicios presentada por el Sr. Natalio García Arroyo. La demanda original de 2015 reclamaba resarcimiento por un accidente de tránsito ocurrido en Ponce. Los demandados presentaron una reconvención, la cual el TPI declaró No Ha Lugar. El Tribunal de Apelaciones, tras considerar el recurso, decidió confirmar la Sentencia emitida por el Tribunal de Primera Instancia.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de certiorari. El caso principal es una ejecución de hipoteca y cobro de dinero incoado por FirstBank Puerto Rico contra los esposos Rullán-Emmanuelli. La reclamación se basa en un préstamo comercial de 2003 garantizado con una propiedad en Guayanilla. Tras varios trámites procesales y recursos previos, las partes alcanzaron un acuerdo transaccional en agosto de 2023. Este acuerdo estableció un balance de cancelación y un plazo de 90 días para el pago total. La peticionaria solicitó al Tribunal de Apelaciones revocar una orden del Tribunal de Primera Instancia. Dicha orden denegó su moción para paralizar la ejecución de sentencia, alegando el pago total de la deuda. El Tribunal de Apelaciones examinó la petición de certiorari y la oposición de FirstBank. Finalmente, el Tribunal denegó la expedición del auto de certiorari.

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Este caso de revisión administrativa ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico surge de la solicitud de un confinado, José Rivera Quiñones, para utilizar cannabis medicinal dentro de la institución carcelaria. Rivera Quiñones padece de insomnio y ansiedad, condiciones que trataba con cannabis antes de su encarcelamiento. El Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) denegó su solicitud inicial y una reconsideración posterior. El DCR argumentó que el tratamiento con cannabis medicinal no está disponible en el sistema de salud correccional, ofreciendo en su lugar referidos a servicios de salud mental y tratamientos alternativos. El recurrente apeló la decisión administrativa, solicitando al tribunal que ordenara al DCR habilitar un área para su consumo, incluso si él costeaba el cannabis. El Tribunal de Apelaciones revisó la determinación del DCR, aplicando el estándar de deferencia a las decisiones administrativas. Finalmente, el tribunal confirmó la determinación del Departamento de Corrección y Rehabilitación de denegar el permiso para el uso de cannabis medicinal en la institución.

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Este documento es una resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico que consolida dos recursos de certiorari. Las partes involucradas son Michael Allio, como albacea y fiduciario del caudal de David John Allio Littauer, y Carmen Santiago Chardón, en representación de los hijos herederos. Los recursos provienen de un caso en el Tribunal de Primera Instancia sobre división o liquidación de la comunidad de bienes hereditarios. Los hermanos Allio Santiago solicitaron revisar dictámenes que denegaron su planteamiento sobre la nulidad de los fideicomisos testamentarios. Por su parte, Michael Allio pidió revisar una resolución que denegó una reconsideración parcial y ordenó a la señora Santiago permanecer en el inmueble del caudal. El caso de instancia se inició con la petición del albacea para dividir la herencia, establecer fideicomisos y transferir activos. La señora Santiago contestó alegando la nulidad de los fideicomisos y solicitando la remoción del albacea. Tras consolidar y revisar ambos recursos, el Tribunal de Apelaciones denegó la expedición de los certiorari solicitados.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico, Panel VI, emitida el 19 de diciembre de 2024. Resuelve la apelación KLAN202401062, relacionada con un caso de impericia médica y daños y perjuicios (AI2024CV00201) originado en el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Comerío. Las partes son Teófilo Espada Bernardi y otros como apelantes, y Salud Integral en La Montaña, Inc. y otros como apelados. El Tribunal consideró varios escritos, incluyendo uno informando el traslado de la causa de acción a la jurisdicción federal. Se ordena el cierre y archivo del recurso de apelación KLAN202401062. La decisión se fundamenta en que la atención de la causa de acción original ha sido removida al Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico. Se dispone además la devolución de las copias de los expedientes a la Secretaría para su archivo administrativo.

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Comparecen ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico Ramón L. Ortiz Ortiz y Maritza Marrero Aponte mediante un recurso de revisión judicial. Solicitan revocar una Resolución de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF). La OCIF desestimó una querella presentada por el matrimonio contra First Bank. La querella alegaba que el pagaré hipotecario y la escritura de su propiedad contenían un error en el número de la calle. Los recurrentes buscaban la anulación de la hipoteca y la restitución de pagos, argumentando fraude por parte del banco. First Bank respondió que el error era de descripción y ya había sido subsanado mediante una nota ("Allonge") al pagaré. El Tribunal de Apelaciones revisó el dictamen de la OCIF. Por los fundamentos expuestos, el tribunal procede a confirmar la resolución recurrida.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico, Panel II, consideró una Petición de Certiorari presentada por Isiliany Carola Ibañez y Víctor García García contra Raquel Vázquez Vázquez, relacionada con un caso de Custodia y Relaciones Filiales originado en el Tribunal de Primera Instancia de Aguadilla. En ejercicio de sus facultades reglamentarias, el Tribunal eximió a la parte recurrida de presentar un escrito en oposición al recurso. Tras evaluar la Petición de Certiorari, el expediente completo y el derecho aplicable, el Tribunal concluyó que la parte peticionaria no logró demostrar la necesidad de su intervención en el caso. Por consiguiente, invocando las Reglas 52.1 de Procedimiento Civil y 40 de su Reglamento, el Tribunal resolvió denegar la expedición del auto de Certiorari solicitado.

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Este documento detalla el historial procesal de dos recursos de apelación presentados en 2017 por el ELA y la Administración de Terrenos contra una sentencia del Tribunal de Primera Instancia. Los procedimientos fueron paralizados y los recursos archivados administrativamente debido a la petición de Título III de PROMESA del ELA. En julio de 2024, la parte apelada solicitó la reanudación de los trámites apelativos, alegando la conclusión del proceso de quiebra. La Administración de Terrenos se opuso, argumentando que un interdicto permanente del Tribunal de Quiebras y las disposiciones del Plan de Ajuste impiden la continuación. Aunque el foro ordenó inicialmente reabrir y consolidar los recursos en septiembre de 2024, el ELA solicitó reconsideración. El ELA planteó que el tribunal carece de jurisdicción sobre la materia debido al interdicto permanente de la Orden de Confirmación del Plan de Ajuste. La parte apelada presentó su oposición a esta solicitud. La resolución expone estos eventos para abordar la disputa jurisdiccional actual.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico, Panel II, emitió una resolución sobre una Petición de Certiorari. La petición fue presentada por la parte peticionaria, CHALLENGER BRASS & COPPER CO., INC. Y OTROS. La parte recurrida en el proceso es BANCO POPULAR DE PUERTO RICO. El caso subyacente proviene del Tribunal de Primera Instancia, Sala de Bayamón (Caso Núm. BY2023CV03279), y trata sobre "Cobro de Dinero - Ordinario y otros". Tras considerar la Petición de Certiorari, el tribunal apelativo decidió denegar su expedición. La resolución, fechada el 19 de diciembre de 2024, invoca la Regla 52.1 de Procedimiento Civil como fundamento para la denegatoria. Esta regla permite al Tribunal de Apelaciones denegar la expedición de un recurso de certiorari sin necesidad de fundamentar su decisión. La resolución fue acordada por el panel integrado por los jueces Bermúdez Torres, Martínez Cordero y Cruz Hiraldo.

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Este caso ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico trata sobre una disputa de custodia y relocalización de una menor. El Padre, Kevin Omar Muñoz Fernández, y la Madre, Zuleyka Rodríguez Rosario, inicialmente compartían la custodia de su hija. La Madre solicitó la custodia monoparental y autorización para trasladar a la menor a Alaska, donde reside su esposo. El Padre se opuso a la solicitud de relocalización. El Tribunal de Primera Instancia ordenó informes sociales para evaluar la situación y la viabilidad del traslado. Los informes fueron objeto de impugnación por las partes y sus peritos. Tras una vista evidenciaria, el Tribunal de Primera Instancia concedió la custodia monoparental a la Madre y autorizó la relocalización de la menor a Alaska. El Padre presentó un recurso de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones. El Panel Especial del Tribunal de Apelaciones revisó la determinación del TPI. Considerando razonable la decisión del TPI a la luz de la prueba desfilada, el Tribunal de Apelaciones declinó intervenir con la misma.

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El Tribunal de Apelaciones resuelve un recurso de certiorari presentado por la sucesión de Samuel Montañez Díaz. La peticionaria buscaba dejar sin efecto una resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó su moción de sentencia sumaria parcial en un caso sobre daños y perjuicios y vicios ocultos. La parte recurrida, Astrid Viera Aponte y otros, solicitó la desestimación del recurso. Alegaron que la peticionaria no notificó a todas las partes del pleito, específicamente a la Iglesia Cristiana Pentecostal La Gran Cosecha. El Tribunal de Apelaciones ordenó a la peticionaria evidenciar dicha notificación. La peticionaria argumentó que la notificación vía SUMAC al Tribunal de Primera Instancia fue suficiente. No obstante, el Tribunal de Apelaciones desestima el recurso por falta de jurisdicción. Fundamenta su decisión en el incumplimiento de la peticionaria con el requisito de notificar a todas las partes según la Regla 33 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones. Se enfatiza la obligación de cumplir estrictamente con los preceptos legales y reglamentarios para perfeccionar los recursos apelativos.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en la apelación presentada por Michael Morales Ojeda contra una resolución del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR). El señor Morales fue sancionado disciplinariamente por violaciones al reglamento correccional tras una vista. Solicitó reconsideración, alegando que el DCR incumplió el término reglamentario de 7 días para notificarle la resolución de la vista. El DCR denegó la reconsideración, afirmando que la resolución fue emitida dentro de los 7 días laborables y notificada al día siguiente. Inconforme, el recurrente apeló ante el Tribunal, insistiendo en el alegado incumplimiento del término de notificación. El Tribunal revisó el expediente, prescindiendo del alegato del DCR. Tras su análisis, el Tribunal de Apelaciones confirmó la resolución recurrida del DCR.

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Raymond Rivera Cruz compareció ante el Tribunal de Apelaciones para solicitar la revocación de una determinación del Tribunal de Primera Instancia en Ponce. El peticionario buscaba dejar sin efecto la denegatoria de su Moción de Desestimación al amparo de la Regla 64(p) de Procedimiento Criminal. Argumentó que no se presentó prueba en la vista preliminar que demostrara su conocimiento, dominio o control sobre las sustancias controladas incautadas en una residencia allanada. El Tribunal de Primera Instancia había concluido que sí existía prueba que lo conectaba a los delitos imputados, citando vigilancias policiales. Tras la denegatoria de su Moción de Reconsideración por el foro primario, el peticionario acudió en certiorari al Tribunal de Apelaciones. Insistió en que no se estableció evidencia del elemento de intención específica sobre la posesión o control de la sustancia. Mediante esta resolución, el Tribunal de Apelaciones deniega expedir el recurso de certiorari solicitado por el peticionario.

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La sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa un caso administrativo entre Juan B. Rivera Berly y la Corporación del Fondo del Seguro del Estado (CFSE). El litigio se centra en el recobro de pagos por "pasos por mérito" concedidos a Rivera Berly en 1997. La CFSE determinó en 2006 que los pasos fueron otorgados por error al considerar años de servicio transitorio en lugar de regular. En 2007, la Corporación notificó el recobro de los pagos indebidos desde 1997. Rivera Berly apeló ante la Junta de Apelaciones de la CFSE. La Junta ordenó en 2008 no realizar descuentos hasta la resolución final del caso. En 2010, la Junta requirió a la CFSE justificar detalladamente el recobro, bajo apercibimiento de declarar las apelaciones con lugar. A pesar de las órdenes previas, la Junta denegó en 2021 la solicitud de Rivera Berly para la devolución de fondos retenidos. La Junta argumentó que los fondos estaban en controversia y el asunto del recobro no había sido resuelto en sus méritos, ordenando la continuación de los procedimientos. Posteriormente, la CFSE solicitó la separación de los casos consolidados.

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Rafael A. Quiles recurrió ante el Tribunal de Apelaciones las resoluciones de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF) que desestimaron su querella contra Popular Auto. La querella original ante la OCIF versaba sobre la alegada falta de acreditación de pagos realizados por Quiles a un financiamiento de vehículo administrado por Popular Auto. Quiles argumentó haber efectuado pagos que no se reflejaban en su historial, incluyendo periodos de moratoria por COVID-19. La OCIF, tras investigar y revisar el historial de pagos, determinó que Quiles no probó la existencia de pagos no acreditados. La agencia concluyó que los 63 pagos registrados cubrían el financiamiento hasta enero de 2024 y desestimó la querella. Quiles solicitó reconsideración, pero la OCIF la denegó al no cumplir con el requerimiento de presentar evidencia de los pagos disputados. Inconforme, Quiles acudió al Tribunal de Apelaciones insistiendo en su reclamo de pagos no acreditados. El Tribunal revisó el expediente y las posturas de las partes. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones confirmó las resoluciones recurridas emitidas por la OCIF.

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Sentencia judicial resuelve un recurso de apelación presentado por Ángel Rodríguez Rodríguez contra una resolución del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales. La agencia le impuso una multa de \$5,000 y ordenó la remoción de una estructura en la Bahía de Jobos. Este proceso administrativo se inició en 2005 contra el padre del recurrente, siendo enmendado en 2012 para incluir al recurrente y su hermana. Tras años de inactividad y trámites, incluyendo una vista en rebeldía, la agencia emitió su resolución final en 2024. El recurrente presentó una moción de reconsideración y desestimación, argumentando fallas procesales, falta de notificación a su hermana, ausencia de un deslinde previo y una demora irrazonable en el proceso. La agencia denegó dicha moción mediante resolución. El tribunal determina que la agencia erró al no atender la moción de reconsideración en sus méritos. Por tanto, revoca la resolución que denegó la solicitud del recurrente. El caso es devuelto a la agencia para que considere y adjudique la moción de reconsideración y desestimación.

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Este dictamen del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa la desestimación sumaria de un caso laboral. El apelante, Leonardo Febres Pizarro, demandó a su antiguo patrono, Model Offset Printing (MOP), alegando despido injustificado y discrimen por edad bajo las Leyes 80 y 100. Febres Pizarro sostuvo que MOP terminó su empleo tras el Huracán María, sin recontratarlo mientras sí llamó a empleados de menor antigüedad y edad. MOP argumentó que el despido se debió a razones de negocio y cambios tecnológicos, negando el discrimen y afirmando cumplimiento con leyes laborales post-huracán. El Tribunal de Primera Instancia había desestimado sumariamente el caso en su totalidad. El Tribunal de Apelaciones examinó la decisión del foro primario basándose en los argumentos de las partes y la prueba presentada. Encontrando fundamentos suficientes, el tribunal apelativo decidió revocar la sentencia sumaria emitida por el Tribunal de Primera Instancia. Esta acción revoca la desestimación y permite que el caso continúe en el foro primario.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisó una resolución del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACo). La resolución del DACo declaró con lugar una querella presentada por Carlos O. Cordero Jiménez contra Ángel Mitchel Díaz. La querella se relacionaba con defectos en trabajos de reparación de una piscina y construcción de un baño realizados por Díaz en 2019. Cordero alegó graves fallas en la obra, como desnivel en la piscina, filtraciones y problemas en la instalación de losas y bloques en el baño, a pesar de haber pagado más de \$10,000. Díaz negó la existencia de un contrato de obra, argumentando una relación de trabajo diario. Tras una investigación y vista administrativa, el DACo encontró a favor de Cordero y ordenó a Díaz pagar \$4,000.00 en indemnización. Díaz apeló esta decisión solicitando su revocación. El Tribunal de Apelaciones, tras revisar el caso, confirmó la Resolución emitida por el DACo.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisó una Resolución de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres (OPM) en un caso contra Corteva Agriscience Puerto Rico, Inc. y Advance Services Professional, Inc. La OPM había presentado una querella en representación de una trabajadora temporera, alegando suspensión o despido injustificado y discrimen por embarazo. La trabajadora, que realizaba funciones que requerían levantar peso, presentó un certificado médico con restricciones debido a su embarazo. Corteva ofreció reubicarla en un puesto diferente con un horario distinto que cumplía con las restricciones. Tras presentarse al nuevo puesto y solicitar regresar al anterior, la trabajadora fue suspendida o despedida. La OPM emitió una Orden para Mostrar Causa por incumplimiento de leyes laborales y antidiscrimen, buscando multas y compensaciones. Corteva negó las alegaciones, argumentando que la trabajadora era temporera y que se le ofreció un acomodo razonable. El Tribunal de Apelaciones, tras revisar el recurso, revocó la Resolución emitida por la OPM.

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Alejandro Brito y Brito Development presentaron un recurso de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones. Solicitan dejar sin efecto una determinación del Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Bayamón, en un caso de cobro de dinero e incumplimiento de contrato. Dicha determinación declaró No Ha Lugar una "Moción In Limine" de los peticionarios. Además, ordenó a los peticionarios entregar documentación a la parte recurrida, Edgardo L. Pérez y otros. La orden del tribunal de instancia incluyó una advertencia de sanciones por incumplimiento. Los peticionarios alegan errores relacionados con el descubrimiento de prueba y la admisión de evidencia no anunciada. Tras la reiteración de la orden en una vista transaccional, los peticionarios presentaron una "Moción en Auxilio de Jurisdicción". Piden paralizar los procedimientos en instancia y dejar sin efecto la advertencia de sanciones.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emitió una resolución sobre un recurso de Certiorari presentado por el Sr. Emmett Caldwell, quien litiga como indigente y por derecho propio. El caso subyacente en el Tribunal de Primera Instancia fue iniciado por la Autoridad de los Puertos de Puerto Rico contra Caldwell por una embarcación abandonada que obstruía el tráfico marítimo. El peticionario presentó el recurso de Certiorari ante el Tribunal de Apelaciones antes de que concluyeran los procedimientos en el foro primario. Tras evaluar el escrito, el Tribunal de Apelaciones determinó que el recurso incumplía con su Reglamento. Particularmente, el peticionario no identificó el dictamen del cual recurría ni señaló error alguno, requisitos esenciales según la Regla 34(C) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones. El tribunal subrayó la obligación de los tribunales de ser celosos guardianes de su jurisdicción y la necesidad de cumplir con las formalidades procesales. El incumplimiento con estos requisitos priva al Tribunal de Apelaciones de jurisdicción para entender en el recurso. Por los fundamentos expuestos, el Tribunal desestimó el recurso de Certiorari.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una Resolución en respuesta a una petición de certiorari. El peticionario, Stephan Anthony Mayr, impugna una Orden del Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Fajardo. Dicha Orden, emitida el 2 de octubre de 2024, declaró No Ha Lugar una moción de desestimación presentada por el peticionario. Los hechos del caso ocurrieron el 1 de abril de 2024. El Ministerio Público presentó denuncias contra Mayr en la Sala de Carolina por resistencia, uso ilegal de licencia y conducción negligente, donde se encontró causa para arresto. Posteriormente, se presentaron otras denuncias en la Sala de Fajardo por comercio ilegal de vehículos, resistencia y tentativa de asesinato. El TPI de Fajardo solo encontró causa para arresto por el delito de comercio ilegal de vehículos. El peticionario solicitó al Tribunal de Apelaciones revocar la decisión del TPI de Fajardo que denegó su desestimación. El Tribunal de Apelaciones, tras considerar los fundamentos, deniega la expedición del auto de certiorari solicitado por Mayr.

Resumen:

Un imputado en un caso de asesinato solicitó al Tribunal de Primera Instancia (TPI) la supresión del testimonio de agentes sobre su identificación y de un vídeo de seguridad. El TPI denegó la moción de supresión, indicando que los asuntos de admisibilidad de prueba debían resolverse durante el juicio. El imputado solicitó reconsideración, la cual fue igualmente denegada por el TPI. Inconforme, el imputado presentó un recurso de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones para revisar la decisión del TPI. El Tribunal de Apelaciones, haciendo uso de su discreción, decidió no intervenir en esta etapa procesal. Se explica que el auto de certiorari es un vehículo discrecional para revisar determinaciones interlocutorias. La corte señala que la denegación del certiorari en este momento no impide que la parte afectada reproduzca su planteamiento en una eventual apelación. El caso se relaciona con un asesinato ocurrido en una gasolinera en Caguas en septiembre de 2022.

Resumen:

Anwar Abdul-Hadi y Lucia Figueredo presentaron un recurso de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. Solicitaban la revocación de una Orden emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Caguas. Dicha Orden declaró "No Ha Lugar" una moción de los Recurrentes. En esa moción, alegaban que los Peticionarios (Borimetals Inc., Carmen E. Santos Cortés, y otros) incumplieron con el término provisto para contestar un Requerimiento de Admisiones. El Tribunal de Apelaciones, luego de deliberar, decidió no intervenir con la determinación del foro primario. La corte apelativa no encontró que el Tribunal de Primera Instancia actuara mediando prejuicio, parcialidad, error manifiesto o craso abuso de su discreción. Tampoco divisó fundamentos jurídicos que motivaran la expedición del auto al amparo de los criterios dispuestos por la Regla 40 de su Reglamento. Por consiguiente, el Tribunal de Apelaciones denegó la expedición del auto de certiorari solicitado.

Resumen:

Juan Carlos Vega Martínez demandó a José Toral Muñoz y la Fundación Rigoberto Figueroa Corp., buscando la remoción de Toral Muñoz como director mediante injunction estatutario por alegado incumplimiento de deberes fiduciarios. Los demandados reconvinieron solicitando la remoción de Vega Martínez por apropiación indebida de fondos y pidieron la desestimación del injunction, argumentando que el remedio estatutario no aplicaba a disputas sobre desempeño. El tribunal de primera instancia desestimó la solicitud de injunction de Vega Martínez, concluyendo que sus reclamos requerían un pleito ordinario, pero dejó pendiente la reconvención. Vega Martínez apeló esta decisión, recurso que fue denegado por el Tribunal de Apelaciones, confirmando que la resolución era interlocutoria al no adjudicar la reconvención. Posteriormente, Vega Martínez presentó un nuevo pleito ordinario con causas de acción relacionadas. Los demandados informaron al tribunal sobre el nuevo caso y solicitaron la consolidación de la reconvención pendiente con el nuevo pleito. Argumentaron que la consolidación era necesaria para ventilar las reclamaciones sobre el desempeño de los directores de forma conjunta, evitar sentencias inconsistentes y lograr eficiencia procesal. Esta resolución detalla el historial procesal, incluyendo la existencia de la reconvención pendiente, el nuevo pleito ordinario y la solicitud de consolidación presentada por los demandados.

Resumen:

Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico que atiende un recurso de certiorari. El peticionario, Jorge Luis Santiago Rodríguez, solicitó la revocación de una Resolución del Tribunal de Primera Instancia de Utuado. Dicha resolución del TPI declaró "Ha Lugar" una moción del Ministerio Público, concluyendo que no procedía desestimar las acusaciones contra el peticionario. Las acusaciones son por infracciones a la Ley Contra el Acecho (Art. 4(b)(4)) y Amenaza (Art. 177 C.P.), basadas en hechos de octubre de 2023, incluyendo violaciones a una orden de protección. El caso ha tenido un historial procesal que incluyó una determinación inicial de no causa, una posterior determinación de causa en alzada, y una declaración de procesabilidad del peticionario. El peticionario había solicitado prueba exculpatoria, incluyendo información sobre su salud mental y declaraciones juradas, a lo que el Ministerio Público respondió negando la existencia de dicha prueba exculpatoria en su sumario o la obligación de entregarla en ese momento. El Tribunal de Apelaciones, tras considerar los fundamentos, denegó la expedición del auto de certiorari solicitado por el señor Santiago Rodríguez.

Resumen:

Verónica Maldonado Negrón apela una Sentencia Sumaria dictada en su contra por el Tribunal de Primera Instancia en un caso de daños. La apelación se presenta ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. La controversia se origina en un contrato de arrendamiento de un local comercial. Previamente, las partes tuvieron un pleito de desahucio que culminó con un acuerdo que permitió a la apelante presentar esta demanda de daños. La apelante alega que el arrendador incumplió el contrato al no completar la construcción de un salón de billar según lo pactado, lo que impidió el funcionamiento pleno de su negocio y le causó pérdidas económicas. También reclama la devolución de cinco mil dólares pagados por la llave del negocio y menciona problemas con los servicios de agua y electricidad. La apelante busca que el Tribunal de Apelaciones revoque la sentencia sumaria dictada en su contra.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emitió una resolución en el caso KLCE202401301. La resolución atiende un Certiorari Civil instado por Santos Montalvo Rivera. El recurso proviene del Tribunal Municipal de San Sebastián y se relaciona con la Ley contra el acecho. El Tribunal examinó la petición de certiorari. Decidió prescindir de trámites adicionales para un despacho eficiente. Tras estudiar el expediente, el panel optó por abstenerse de ejercer su función revisora. Por tanto, el Tribunal denegó la expedición del auto de certiorari. La decisión se fundamenta en la Regla 52.1 de Procedimiento Civil y la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso sobre división y liquidación de bienes hereditarios entre los hermanos Sergio Ramón Arias Cao (Peticionario) y Hilda María Arias Cao (Recurrida). El Peticionario solicita la revocación de una Orden del Tribunal de Primera Instancia (TPI) notificada el 1 de noviembre de 2024. La controversia principal planteada en el recurso es la denegatoria del TPI a su solicitud de crédito por gastos de limpieza incurridos en un inmueble de la herencia. El caso original inició en 2020 cuando la Recurrida demandó la partición del caudal hereditario de sus padres, administrado por el Peticionario. En etapas previas, el TPI había ordenado a las partes buscar un acuerdo, pero el Peticionario señaló controversias pendientes, incluyendo el crédito por limpieza y un adelanto de \$40,000 a la Recurrida. La Recurrida argumentó que el asunto del crédito por limpieza ya fue resuelto por una Orden del TPI de 8 de septiembre de 2023. Dicha Orden dispuso que el costo de limpieza se descontaría de la parte del Peticionario por falta de notificación a la coheredera. Tras evaluar la solicitud, el Tribunal de Apelaciones resuelve denegar la expedición del auto de certiorari. Esto implica que el tribunal apelativo no revisará la Orden del TPI impugnada en relación con el crédito solicitado por el Peticionario.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una Resolución en un caso de divorcio sobre relaciones paternofiliales. La señora Cristina Morales Acevedo solicitó revisar una decisión del Tribunal de Primera Instancia (TPI) que acogió recomendaciones de una trabajadora social. Dicha decisión se refería a las relaciones entre la menor hija y su padre, el señor Oussie Osvaldo Nieves González. Las partes se divorciaron en 2022, otorgándose la custodia a la madre y patria potestad compartida, con facultades tutelares a la madre mientras el padre residía fuera de Puerto Rico. El padre, residente en Florida, solicitó un plan de relaciones paternofiliales que incluía visitas de la menor en su residencia en Florida y alternancia de festivos. La madre se opuso a que la menor viajara sola fuera de Puerto Rico, argumentando la falta de una relación estrecha, la necesidad de seguridad de la menor y preocupaciones sobre su salud y el apoyo del padre. El TPI refirió el caso a una trabajadora social, cuyas recomendaciones fueron adoptadas. La trabajadora social encontró que la menor se siente querida por ambos y no rechaza al padre, aunque está apegada a la madre. El Tribunal de Apelaciones, tras revisar la petición, denegó el recurso de certiorari solicitado por la madre.

Resumen:

Este documento es una Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de liquidación de comunidad de bienes posgananciales. La peticionaria, Ángeles Arzuaga Gómez, presentó un recurso de Certiorari solicitando la revisión de una Resolución del Tribunal de Primera Instancia. Dicha resolución de instancia adoptó la decisión de una Comisionada Especial que denegó una solicitud de sentencia declaratoria de la peticionaria. La señora Arzuaga Gómez buscaba que se declarara que un apartamento en República Dominicana pertenecía privativamente al recurrido, Eduardo Medina Sánchez. Inicialmente, la peticionaria había admitido que el apartamento era parte de la comunidad de bienes gananciales. Posteriormente, argumentó que fue adquirido con fondos privativos del señor Medina Sánchez y estaba registrado solo a su nombre. El Tribunal de Apelaciones desestima el recurso de Certiorari. La desestimación se fundamenta en que el recurso no satisface los criterios establecidos en la Regla 52.1 de Procedimiento Civil.

Resumen:

Este caso de expropiación forzosa, iniciado por el Municipio de Fajardo, llega al Tribunal de Apelaciones por tercera ocasión a instancia de los peticionarios. Estos recurren en certiorari contra una orden del Tribunal de Primera Instancia que denegó su Moción de Sentencia Sumaria. Resoluciones previas de ambos foros judiciales han establecido que los peticionarios carecen de injerencia en el pleito. A pesar de estas determinaciones, los peticionarios continuaron presentando mociones ante el foro primario. La Moción de Sentencia Sumaria fue denegada por el Tribunal de Primera Instancia, que señaló que el caso ya contaba con sentencia final y firme. Los peticionarios alegaron errores al denegar su moción sin una sentencia final y al disponer de fondos de compensación. La parte recurrida solicitó la desestimación del recurso, argumentando relitigación de asuntos ya adjudicados, falta de legitimación activa y temeridad. El Tribunal de Apelaciones expidió el auto de certiorari para revisar el dictamen. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones confirmó la orden recurrida del Tribunal de Primera Instancia.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones desestimó un recurso de certiorari presentado por Rolando Barreiro Vázquez contra la Administración de Corrección y Rehabilitación. El peticionario solicitaba la asignación de representación legal, copias de sus gestiones anteriores ante el foro apelativo y una orden para proteger sus documentos. El recurso provenía de un caso sobre violación de derechos civiles en el Tribunal de Primera Instancia. La desestimación se basó en la falta de jurisdicción del Tribunal de Apelaciones. Se explicó que el certiorari es un vehículo extraordinario para corregir errores de derecho de un tribunal inferior, sujeto a discreción y estrictos requisitos procesales. Los tribunales deben ser celosos guardianes de su jurisdicción y no pueden asumirla donde no la tienen. La ausencia de jurisdicción es insubsanable y conlleva la desestimación. El peticionario no cumplió con los requisitos de la Regla 34 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, necesarios para que el tribunal pueda examinar el recurso y ejercer jurisdicción. Este incumplimiento procesal impidió que el Tribunal de Apelaciones pudiera considerar las peticiones presentadas.

Resumen:

La parte apelante recurrió la Sentencia de Desestimación emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Caguas. Dicha sentencia desestimó una demanda de nulidad de sentencia presentada por la apelante al amparo de la Regla 49.2 de Procedimiento Civil. La demanda buscaba anular una Sentencia Sumaria parcial previa, dictada en 2019 en otro caso, que declaró nulas cláusulas testamentarias de desheredación y colación. Esa Sentencia Sumaria de 2019 fue confirmada por el Tribunal de Apelaciones y advino final y firme. La apelante argumentó en su nueva demanda que la sentencia de 2019 era nula por errores de derecho y violación al debido proceso. La parte apelada sostuvo que la nueva acción constituía cosa juzgada. El Tribunal de Primera Instancia desestimó la demanda de nulidad, concluyendo que los planteamientos ya habían sido adjudicados y que la acción era un intento de ataque colateral a una sentencia final. La parte apelante apeló esta desestimación. El Tribunal de Apelaciones, tras revisar el recurso, confirma la Sentencia de Desestimación del foro primario.