Casos del Tribunal de Apelaciones (Página 3)

Resumen:

La presente Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico deniega la expedición de un recurso de certiorari presentado por Willer Vélez Quiñones y Melanie F. López Torres. Los peticionarios buscaban la revisión de una Resolución Interlocutoria del Tribunal de Primera Instancia (TPI) de Ponce, notificada el 24 de noviembre de 2024, que declaró No Ha Lugar su solicitud de relevo de sentencia. El caso original se inició en febrero de 2023, cuando la Asociación de Residentes de Urbanización Vista Real de Yauco, Inc. demandó a los peticionarios por interdicto y sentencia declaratoria. La Asociación alegó que los demandados incumplieron las condiciones restrictivas de la urbanización (Escritura Núm. 130) al construir una residencia sin la aprobación del Comité Arquitectónico y que no se ajustaba a los diseños preestablecidos. El TPI falló a favor de la Asociación en agosto de 2023, declarando válidas las condiciones restrictivas y ordenando el cese de la construcción no conforme. Esta decisión fue confirmada por el Tribunal de Apelaciones en junio de 2024. Posteriormente, la Asociación solicitó una orden de demolición ante el TPI. La denegación de la solicitud de relevo de sentencia por parte del TPI es lo que motivó el presente recurso de certiorari, el cual es finalmente denegado por este foro intermedio.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones emitió una Resolución en el caso KLCE202500454, denegando la expedición de un auto de certiorari solicitado por First Bank Puerto Rico. La entidad bancaria buscaba revocar una Resolución del Tribunal de Primera Instancia, Sala de Bayamón, que declaró No Ha Lugar su solicitud de sentencia sumaria. Dicha solicitud se presentó en el marco de una demanda por incumplimiento de contrato y daños y perjuicios incoada por José William Lamboy Lamboy y su esposa. Los demandantes alegaron que, tras refinanciar una hipoteca en 2003 con Santander Mortgage (cuyo pagaré es ahora supuestamente de First Bank), la hipoteca original de 2001 no fue cancelada. Esta omisión impidió la venta de su propiedad en 2020, atribuyendo el incumplimiento contractual y la negligencia a First Bank. Por su parte, First Bank negó las alegaciones, sosteniendo que la obligación de cancelar el gravamen de 2001 recaía en la parte recurrida según la escritura de 2003. La Resolución del Tribunal de Apelaciones, por tanto, mantiene la decisión del foro primario de no conceder la sentencia sumaria a First Bank, permitiendo que el caso continúe su curso.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones deniega la expedición de un auto de certiorari solicitado por Iván Jorge Méndez Quintero. El peticionario buscaba la revisión de una Resolución Interlocutoria emitida por el Tribunal de Primera Instancia (TPI) de Aguadilla el 27 de febrero de 2025. Dicha resolución declaró ha lugar la solicitud de custodia provisional de la Sra. Debanhi Cantú Rodríguez, manteniendo la custodia provisional del menor en el estado de Texas debido a una orden de protección vigente, y desestimó la solicitud de desestimación por falta de jurisdicción presentada por el peticionario. La controversia se centra en la custodia de un menor nacido en Texas, quien residió en Puerto Rico con ambos padres hasta que la madre se trasladó con él a Texas en noviembre de 2024. El Sr. Méndez Quintero instó una demanda de custodia en Puerto Rico, solicitando el regreso del menor. La Sra. Cantú Rodríguez, por su parte, alegó falta de jurisdicción del TPI, argumentando que un tribunal de Texas había asumido el caso y le había concedido la custodia. Sin embargo, el peticionario informó posteriormente al TPI que el tribunal de Texas había declinado jurisdicción, determinando que Puerto Rico era el "home state" del menor. A pesar de esta información, la resolución interlocutoria del TPI mantuvo la custodia provisional con la madre en Texas. La moción de reconsideración del peticionario ante el TPI fue declarada No Ha Lugar, llevando al recurso de certiorari que ahora es denegado por el Tribunal de Apelaciones.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones denegó la Petición de Certiorari presentada por Julián Alexis Rodríguez Aponte. El peticionario solicitaba la revocación de una Resolución emitida por el Tribunal de Primera Instancia (TPI) de Mayagüez, que declaró No Ha Lugar su moción de supresión de evidencia. Rodríguez Aponte enfrenta acusaciones por infracciones a la Ley de Armas y la Ley de Sustancias Controladas, derivadas de hechos ocurridos en noviembre de 2022. Argumentó que la evidencia en su contra fue obtenida mediante un registro ilegal, sin orden de allanamiento y con testimonios inverosímiles de los agentes. Tras una vista de supresión, el TPI rechazó su solicitud. El Tribunal de Apelaciones, luego de examinar el recurso y sus apéndices, y en el ejercicio de su discreción, decidió no expedir el auto de certiorari, confirmando la decisión del foro primario.

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Una Sentencia del Tribunal de Apelaciones revoca la decisión del Tribunal de Primera Instancia (TPI) que desestimó y archivó un caso por inactividad. La apelante, Adela Milagros Rivera Alonso, había demandado a Elena Isabel Rivera Lugo y otros para la división de bienes hereditarios, específicamente un inmueble en Cayey, y el reconocimiento de créditos por renta. El TPI desestimó el caso el 25 de marzo de 2025, amparándose en la Regla 39.2(b) de Procedimiento Civil, tras más de seis meses sin trámites. La apelante argumentó que el TPI erró al desestimar sin especificar si era con o sin perjuicio, sin imponer sanciones previas a su representación legal y sin apercibir directamente a la parte de las consecuencias. El Tribunal de Apelaciones, favoreciendo la ventilación de los casos en sus méritos, revocó la Sentencia apelada. En consecuencia, el caso es devuelto al foro primario para la continuación de los procedimientos.

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El Tribunal de Apelaciones confirmó la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó una demanda por impericia médico-hospitalaria. Los apelantes, Elison Ríos Reyes y María Reyes Huertas, buscaban revocar la sentencia sumaria que favoreció al Hospital Metropolitano de San Juan, la Dra. Milcíades Mercedes Maldonado y SIMED. La demanda original alegaba negligencia en el cuidado médico de Miguel Ríos Rivera, quien falleció el 17 de mayo de 2021 tras ser hospitalizado por COVID-19. Los apelantes imputaron a los apelados no haber administrado Remdesivir y haber dado de alta prematuramente al paciente, a pesar de su grave estado. Los apelados negaron negligencia, afirmando la estabilidad del paciente al alta y amparándose en la inmunidad de la ley federal PREP Act. Presentaron una moción de sentencia sumaria, argumentando la aplicabilidad de dicha ley y la ausencia de hechos en controversia. El Tribunal de Primera Instancia acogió esta solicitud, desestimando la demanda con perjuicio. El Tribunal de Apelaciones, tras revisar los fundamentos, ratificó la decisión del tribunal inferior, confirmando la desestimación del caso.

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El Tribunal de Apelaciones denegó un auto de certiorari solicitado por la Sra. Simoné Flerida Guzmán, quien buscaba la revisión de una Orden del Tribunal de Primera Instancia (TPI). Dicha Orden, emitida el 6 de febrero de 2025, declaró No Ha Lugar su moción de reconsideración para desestimar una demanda bajo la Regla 10.2 de Procedimiento Civil. La demanda original fue presentada por La Rose Beauty Supply, Inc. contra Cosmundo Inc. por incumplimiento de un contrato de exclusividad, solicitando interdictos preliminares y permanentes, así como daños y perjuicios. Posteriormente, La Rose Beauty enmendó la demanda para incluir a la Sra. Guzmán y a Simone Professional Corp., alegando que la Sra. Guzmán, siendo oficial de Cosmundo, creó y utilizó Simone Professional para mercadear productos en violación del contrato de exclusividad. La Sra. Guzmán solicitó la desestimación, argumentando que las alegaciones no justificaban su responsabilidad personal. No obstante, el TPI determinó que existían alegaciones suficientes contra ella y Simone Professional que debían ser dirimidas en el proceso judicial, denegando la desestimación. Al revisar el recurso, el Tribunal de Apelaciones confirmó la decisión del TPI, rechazando la solicitud de certiorari.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emitió una sentencia en el recurso de revisión administrativa presentado por Radamés Jordán Ortiz contra la Junta de Directores del Condominio Dos Marinas 1. Jordán Ortiz solicitaba la revocación de una resolución del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACo) que ordenó el cierre y archivo de su querella. La querella original de Jordán Ortiz ante el DACo alegaba violaciones a la Ley de Condominios, incluyendo la instalación unilateral de terminales de recarga, aumentos no autorizados en las cuotas de mantenimiento y cobro ilegal de intereses. El DACo desestimó la querella al determinar que Jordán Ortiz mantenía una deuda de $5,000 por concepto de derrama. Según el Artículo 65 de la Ley de Condominios, esta deuda le impedía incoar el reclamo, una obligación que el DACo había confirmado previamente en otro caso. El Tribunal de Apelaciones, sin embargo, desestimó el recurso de revisión administrativa por falta de jurisdicción.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa la Resolución de la Junta de Libertad Bajo Palabra (JLBP) que denegó la libertad bajo palabra a Christian J. Rivera Maldonado. Rivera Maldonado fue sentenciado en 2015 a 25 años de prisión por delitos graves, incluyendo homicidio, tentativa de asesinato atenuado y violaciones a la Ley de Armas. La JLBP fundamentó su denegatoria en la cercanía del hogar propuesto por el recurrente a las residencias de las partes perjudicadas y la naturaleza de los crímenes, que denotan un grave menosprecio por la vida humana. A pesar de ser elegible para la libertad bajo palabra desde noviembre de 2023, el recurrente ha mostrado un excelente ajuste institucional, ostentando custodia mínima y evaluaciones sobresalientes en labores de mantenimiento. Ha completado diversas terapias y cursos, incluyendo control de impulsos, transformación de patrones adictivos y desarrollo personal, sin haber incurrido en querellas o informes negativos. Su plan de salida incluye residencia con su esposa y suegros en Vega Alta, un amigo consejero y una oferta de empleo, con el apoyo de su familia. Sin embargo, el Tribunal de Apelaciones confirmó la Resolución de la JLBP, manteniendo la denegatoria de la libertad bajo palabra.

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El Tribunal de Apelaciones emitió una sentencia en el caso de Eliézer Santana Báez contra el Departamento de Corrección y Rehabilitación, abordando una revisión judicial sobre la reclasificación de custodia. El recurrente impugnó la decisión del Comité de Clasificación y Tratamiento (CCT) de cambiar su nivel de custodia de mínima a máxima. Esta reclasificación, efectuada en marzo de 2025, se fundamentó en una querella por utilización ilícita del correo y la percepción de que la participación de Santana en programas no se ajustaba a las normas institucionales. Tras una solicitud de reconsideración denegada por el CCT, Santana presentó una Petición de Revisión Judicial, alegando que el Comité se extralimitó en sus facultades y reglamentación. El Tribunal de Apelaciones, luego de examinar el recurso y los argumentos de ambas partes, resolvió confirmar la determinación del CCT. La sentencia reafirmó la reclasificación a custodia máxima, invocando el principio de deferencia a las decisiones administrativas debido a la experiencia y pericia de dichos organismos.

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El Tribunal de Apelaciones desestimó un recurso de revisión administrativa presentado por IP Success Corp. (Bellísima) contra una Resolución del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO). DACO había declarado con lugar una querella del Sr. Alfonso Rodríguez Ramírez, ordenando a IP pagar $18,826.00 por prácticas engañosas. El Sr. Rodríguez Ramírez, de 88 años, alegó que fue engañado e intimidado en la tienda Bellísima, donde le vendieron productos para la cara y le facturaron $14,941.00 a sus tarjetas de crédito sin su autorización y con firmas falsificadas. DACO determinó que la conducta de IP constituyó dolo grave que vició el consentimiento del querellante, haciendo el contrato anulable y la inacción de IP temeraria. La Resolución de DACO ordenó la devolución de $13,826.00, más $2,500.00 por daños y perjuicios y $2,500.00 por honorarios de abogado. IP Success Corp. solicitó reconsideración, argumentando que DACO excedió el alcance de la querella enmendada. Sin embargo, el Tribunal de Apelaciones confirmó la decisión de DACO al desestimar el recurso de revisión.

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El Tribunal de Apelaciones, en resolución del 29 de mayo de 2025, examina una Petición de Certiorari interpuesta por el matrimonio Miranda-Acevedo. Los peticionarios solicitan la revocación de una Orden de lanzamiento emitida por el Tribunal de Primera Instancia el 25 de noviembre de 2024. Dicha orden, a favor de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Rincón, dispuso el desalojo de los peticionarios del inmueble subastado. El origen del litigio se remonta a 2017, cuando la Cooperativa demandó a los peticionarios por incumplimiento de un préstamo hipotecario. Tras la ejecución de la hipoteca, la propiedad fue adjudicada a la Cooperativa en una venta judicial celebrada el 15 de agosto de 2018. La orden de lanzamiento impugnada fue emitida luego de que la Cooperativa solicitara el desalojo de los ocupantes. La parte recurrida presentó su oposición al certiorari, solicitando la confirmación de la orden de lanzamiento o la desestimación del recurso. Con la comparecencia de ambas partes, el Tribunal considera perfeccionado el recurso para detallar los hechos procesales atinentes.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una Sentencia en un Recurso de Revisión Judicial presentado por Manor Contractors, Corp. La recurrente impugnó la Notificación de Adjudicación de la Subasta Núm. 24-25-37, emitida por la Junta de Subastas del Municipio Autónomo de Humacao, que otorgó la buena pro a Puerto Rico Asphalt Group, LLC. La subasta, para la repavimentación de calles en la Urbanización Quintas de Candelero Arriba, contó con seis licitadores. La Junta de Subastas descartó a varios proponentes, incluyendo a Manor Contractors por supuesta falta de experiencia y a Rotann Group por una oferta irrazonablemente baja, adjudicando inicialmente a Puerto Rico Asphalt. Tras una primera notificación sin justificación detallada, y subsiguientes solicitudes de revisión, la Junta emitió una segunda notificación explicando la selección de Puerto Rico Asphalt por su experiencia, solvencia y oferta razonable. Manor Contractors recurrió alegando que la adjudicación a Puerto Rico Asphalt, el segundo postor más caro, fue errónea y careció de un análisis exhaustivo, especialmente considerando su propia oferta significativamente más baja. El Tribunal, tras examinar el expediente y el derecho aplicable, determinó revocar la Notificación de Adjudicación de la Junta de Subastas.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una sentencia en el caso de apelación presentado por Zimmer Manufacturing B.V. contra Gerardo Muñoz Miranda. La apelación busca revocar una decisión previa del Tribunal de Primera Instancia de Ponce, la cual había declarado en rebeldía a Zimmer y fallado a favor de Muñoz Miranda en una querella por despido injustificado bajo la Ley Núm. 80. Muñoz Miranda había reclamado una indemnización de más de $60,000 por su despido en diciembre de 2021, alegando falta de justa causa. Zimmer, por su parte, argumentó que la querella estaba prescrita, ya que fue presentada fuera del término de un año establecido por la ley. Además, señaló que el emplazamiento contenía defectos insalvables al indicar un plazo de contestación incorrecto. Posteriormente, Muñoz Miranda presentó una moción solicitando desistir de su reclamación con perjuicio, aceptando que su causa de acción estaba prescrita. En consecuencia, el Tribunal de Apelaciones revoca la sentencia apelada del Tribunal de Primera Instancia.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emitió una sentencia en el caso de Carmen Yomara Villoria Barrios contra Alpine Health Technologies Corporation, confirmando un dictamen previo del Tribunal de Primera Instancia. La apelación buscaba la revisión de una Sentencia Sumaria del TPI que desestimó la querella de la señora Villoria Barrios por despido injustificado. La apelante alegó haber sido víctima de discriminación laboral desde 2015, incluyendo la falta de aumentos salariales y la negación de una posición de supervisora que fue otorgada a otra empleada. A partir de 2021, reportó un trato hostil por parte de su nueva supervisora, lo que escaló a un patrón de acoso y represalias tras sus quejas al Departamento de Recursos Humanos. Entre las acciones alegadas se encuentran una amonestación, la remoción de sus proyectos sin explicación y el desinterés de la empresa ante sus solicitudes de acomodo razonable y revisión salarial. Estos eventos, según la apelante, afectaron su salud emocional y mental, llevándola a renunciar el 8 de diciembre de 2022. Tras examinar el recurso, el Panel Especial del Tribunal de Apelaciones determinó confirmar la desestimación del caso por parte del Tribunal de Primera Instancia.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones, Panel I, emite una resolución en el caso KLAN202500319, que involucra una apelación de Lucía Hamilton contra David Enrique Levy Loubriel y Amelia Caicedo Santiago en un caso de desahucio. La Sra. Hamilton solicitó la revocación parcial de una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia (TPI) de Guaynabo, específicamente para ser relevada del pago de una fianza de apelación de $5,000.00 y una sanción de $2,000.00 por costas y honorarios de abogado, alegando insolvencia. Es crucial destacar que la apelante no cuestionó la orden de desalojo de la propiedad. El TPI había declarado con lugar la demanda de desahucio presentada por los esposos Levy-Caicedo, quienes buscaban recuperar su apartamento tras el vencimiento de un contrato de arrendamiento. A pesar de que la parte demandada nunca había incumplido con los cánones, el TPI determinó que era una familia de denotada solvencia económica. El Tribunal de Apelaciones acogió el recurso como uno de certiorari, pero, tras examinarlo a la luz del derecho vigente, denegó su expedición, manteniendo así la imposición de la fianza y las costas.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico denegó la expedición de un auto de certiorari instado por David Toro Quiñones. El peticionario buscaba revocar una Resolución del Tribunal de Primera Instancia que declaró sin lugar su solicitud de desestimación de una denuncia por agresión (Art. 108 C.P.). Toro Quiñones alegaba que el Ministerio Público no contestó oportunamente el descubrimiento de prueba, forzando la posposición del juicio y violando su derecho a un juicio rápido. El foro primario, sin embargo, concluyó que la defensa no llevó a tiempo el incumplimiento a la atención del tribunal y que la primera posposición del juicio se debió a la ausencia de la propia defensa. Por ello, el Tribunal de Primera Instancia determinó que no se configuraban los criterios para la desestimación ni para una violación al derecho a un juicio rápido. Tras evaluar el recurso, la oposición del Ministerio Público y la fundamentada Resolución del foro primario, el Tribunal de Apelaciones concluyó que el señor Toro no logró establecer error ni abuso de discreción. En consecuencia, se resolvió denegar la expedición del auto de certiorari.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una sentencia el 28 de mayo de 2025 en el caso de María Teresa Ramos Cruz y Juan Reinerio Pérez de Jesús contra el Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Los apelantes habían presentado un recurso para revisar una Resolución Final del Tribunal de Primera Instancia de Caguas, que desestimó su Petición sobre expediente de dominio. Dicha desestimación se fundamentó en que la finca objeto de la reclamación ya aparecía inscrita en el Registro de la Propiedad. Sin embargo, el 23 de mayo de 2025, los apelantes presentaron un Aviso de Desistimiento de su recurso. Conforme a la Regla 83(A) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, que faculta a la parte promovente a desistir en cualquier momento, el Tribunal declara desistida la apelación. En consecuencia, se ordena el cierre y archivo del presente caso.

Resumen:

Una resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico aborda un recurso presentado por Lee Anette De León Díaz contra Ángel Aníbal Maldonado Sáez. La peticionaria impugna una Sentencia Parcial del Tribunal de Primera Instancia de Bayamón, emitida el 22 de abril de 2025. Dicha sentencia declaró un bien inmueble en Corozal como privativo del señor Maldonado Sáez, excluyéndolo de la división de bienes gananciales, aunque sin perjuicio de posibles créditos futuros a favor de la sociedad conyugal. El Tribunal de Apelaciones acogió el recurso como una petición de Certiorari, considerándolo el medio adecuado por tratarse de una determinación interlocutoria sin finalidad ejecutable. Además, en aras de la eficiencia, se prescindió de la comparecencia del señor Maldonado Sáez. El litigio original se inició en junio de 2023 con una demanda de división de bienes tras el divorcio de las partes. La controversia central sobre la propiedad de Corozal radica en que fue adquirida por el recurrido antes del matrimonio, pero su cumplimiento contractual se obtuvo mediante acuerdo transaccional durante la vigencia de la unión.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones revoca una Resolución del Tribunal de Primera Instancia (TPI) de Ponce que denegó una solicitud de costas, gastos y honorarios de abogado. La peticionaria, Ana Valentín Torres, había solicitado estos conceptos tras la desestimación de una demanda de cobro de dinero que el Consejo de Titulares del Condominio Torres de Oro había presentado en su contra. El TPI desestimó la demanda original por falta de prueba, pero luego declaró No Ha Lugar la solicitud de costas de la señora Valentín Torres, argumentando que fue presentada fuera del término establecido por la Regla 44.1(b) de Procedimiento Civil. La señora Valentín Torres presentó su memorando de costas el 16 de diciembre de 2024, once días después de la notificación de la sentencia desestimatoria. Inconforme, la peticionaria argumentó que el TPI erró al no considerar la Regla 68.1 de Procedimiento Civil, la cual extiende automáticamente los términos de presentación de documentos que vencen en un día no laborable hasta el próximo día hábil. El Tribunal de Apelaciones adelanta la expedición del auto de certiorari y revoca la resolución recurrida, validando la oportunidad de la presentación de la solicitud de costas de la señora Valentín Torres.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emitió una Sentencia en respuesta a un recurso de certiorari presentado por Gamaliel Coss Carmona. El Peticionario solicitó la revocación de una Resolución del Tribunal de Primera Instancia (TPI) que denegó su petición de habeas corpus. Coss Carmona argumentó que llevaba más de seis meses en detención preventiva sin que se le celebrara juicio, solicitando su excarcelación inmediata. El TPI había fundamentado su denegatoria en que las dilaciones en la vista preliminar eran imputables al Peticionario y su defensa. Tras revisar el caso, el Tribunal de Apelaciones acordó expedir el recurso de certiorari y revocó la Resolución del TPI. El Peticionario enfrenta ocho denuncias graves presentadas en diciembre de 2023. Estas incluyen cinco cargos por el asesinato de Enrique De Jesús Arce en octubre de 2020, abarcando asesinato en primer grado, portación y uso ilegal de armas de fuego, y destrucción de pruebas. Adicionalmente, se le imputan tres cargos por el feminicidio de su expareja, Yarelis González Lanzó, ocurrido en noviembre de 2021, incluyendo asesinato en primer grado en modalidad de feminicidio y portación y uso de armas blancas.

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La Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico, emitida el 28 de mayo de 2025, resuelve un recurso de apelación presentado por Jorge Antonio Vélez Flores y George Phillip Rivera González. Los apelantes solicitaron la revocación de una Sentencia Parcial del Tribunal de Primera Instancia de Carolina, que había sido objeto de una moción de reconsideración declarada "No Ha Lugar". El litigio original se inició por una demanda de interdicto preliminar y permanente, y daños y perjuicios, contra la Asociación de Residentes Hacienda Cambalache II y III y otros. Los demandantes alegaron ser dueños de fincas con acceso por las calles públicas A y Lukeliz, en la Urbanización Hacienda Cambalache. Argumentaron que los demandados instalaron unilateralmente un portón eléctrico y vallas de hormigón en la Calle Lukeliz, impidiendo el acceso a sus propiedades. A pesar de que el Municipio de Canóvanas y una resolución judicial previa confirmaron la ilegalidad del control de acceso en una vía pública, los demandados continuaron obstruyendo el paso, incluso cambiando códigos y bloqueando la instalación de servicios esenciales. Estas acciones, según los apelantes, les causaron estrés, angustias y pérdidas económicas, solicitando el cese de las actuaciones, la remoción de los obstáculos y una compensación de $75,000. El Tribunal de Primera Instancia había declarado "Con Lugar" la solicitud de injunction preliminar, ordenando el cese de la obstrucción, la remoción de las vallas, el vagón y el portón, y que se les proporcionara el código de acceso. El Tribunal de Apelaciones, tras revisar el caso, confirmó en parte y revocó en parte la Sentencia Parcial apelada.

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El Tribunal de Apelaciones confirmó la resolución del Tribunal de Primera Instancia que concedió la custodia compartida de la menor A.D.G.F. a su padre, Daniel A. González Badillo. La apelación fue presentada por la madre, Leila Y. Flores, quien se oponía a dicha determinación. Tras su divorcio en 2017, la custodia inicial de la menor había sido otorgada a la madre, con relaciones filiales para el padre en fines de semana alternos. En 2020, el señor González Badillo solicitó la custodia, alegando que la madre le había entregado la custodia física de la menor y que él se había hecho cargo de sus necesidades. El caso involucró informes sociales contradictorios: uno inicial que recomendaba la custodia monoparental a la madre y otro presentado por un perito del padre que impugnaba el primero por fallas metodológicas. Después de extensas vistas, el Tribunal de Primera Instancia resolvió otorgar la custodia compartida. La sentencia del Tribunal de Apelaciones, emitida el 28 de mayo de 2025, ratifica esta decisión, manteniendo la custodia compartida para ambos progenitores.

Resumen:

Una sentencia del 28 de mayo de 2025, emitida por un panel de jueces, confirma la decisión del Tribunal de Primera Instancia que desestimó una querella por despido injustificado y discrimen laboral. La Sra. Maribel Pedraza Abreu, la parte apelante, había demandado a Kelly Services, Inc. y Amgen Manufactured Limited, alegando que fue despedida injustamente y discriminada por razón de edad. Su despido, ocurrido el 30 de abril de 2020, se atribuyó a una supuesta violación del protocolo de seguridad de COVID-19 de Amgen, donde trabajaba como operaria de línea de producción a través de Kelly Services. La Sra. Pedraza Abreu argumentó que no violó ningún protocolo y que Amgen retuvo a trabajadores más jóvenes realizando la misma labor. Sin embargo, Kelly Services y Amgen defendieron que la terminación de su asignación fue justificada por el incumplimiento del protocolo y no tuvo carácter discriminatorio. Ambas empresas también cuestionaron la aplicabilidad de la Ley Núm. 80 sobre Despidos Injustificados, dado que la Sra. Pedraza Abreu era una empleada temporera a tiempo determinado. El Tribunal de Primera Instancia acogió las solicitudes de sentencia sumaria de las empresas, basándose en hechos incontrovertidos como el conocimiento de la apelante sobre la naturaleza temporera de su empleo y los protocolos de seguridad. La corte de apelaciones, por los fundamentos expuestos, ratifica la sentencia del tribunal inferior.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico, Panel Especial, emitió una Sentencia el 28 de mayo de 2025, confirmando la decisión del Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Mayagüez. La apelación fue interpuesta por Víctor Rivera Bernard, Marcos Morales Martínez y Universal Insurance Company, quienes buscaban revocar el dictamen que declaró "Ha Lugar" las demandas de Wilfredo Figueroa Cancel, Wilfredo Figueroa Velázquez y Carlos Hernández García. El caso original de daños y perjuicios se inició tras un accidente ocurrido el 1 de marzo de 2018. En dicho incidente, el señor Figueroa Cancel, mientras trabajaba fijando líneas telefónicas, cayó de un poste de 25 pies de altura. Esto ocurrió cuando el señor Morales Martínez, conduciendo un camión de arrastre, impactó negligentemente un cable de fibra óptica que cruzaba la carretera, provocando la caída del poste. El señor Figueroa Cancel sufrió múltiples fracturas en la pelvis y la muñeca, requiriendo cirugía y un largo proceso de recuperación. Los apelantes negaron la negligencia, alegando que el señor Figueroa Cancel asumió un riesgo y que no había señalización adecuada en el área de trabajo. La Corporación del Fondo del Seguro del Estado también intervino en el caso debido a la naturaleza laboral del accidente. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones ratificó la Sentencia que concedió las demandas por daños y perjuicios a los apelados.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una Sentencia en el caso de Marinel Santos Rosado y Otros (Sucesión Miguel Santos Ruiz) contra Alejandro Torres Arroyo y Otros. La Sucesión apeló una Sentencia Parcial del Tribunal de Primera Instancia que desestimó su causa de acción sobre nulidad de venta judicial en ejecución de sentencia. Argumentaban que el Tribunal de Primera Instancia actuó sin jurisdicción al no sustituir al causante, Miguel Santos Ruiz, por sus herederos como partes indispensables antes de la venta. La controversia se originó en un pleito anterior donde el señor Torres Arroyo demandó al señor Santos Ruiz por despido injustificado, resultando en una sentencia de pago de $64,252.90. Tras el fallecimiento del señor Santos Ruiz, una propiedad embargada, valorada en $800,000.00, fue vendida en subasta pública por el monto de la deuda al señor Torres Arroyo, lo que la Sucesión alegó constituía enriquecimiento injusto. Los apelados, el matrimonio Torres Ríos, defendieron la validez de la venta, argumentando que un panel anterior del Tribunal de Apelaciones ya la había confirmado, invocando la doctrina de cosa juzgada. El Tribunal de Apelaciones, tras revisar los fundamentos, confirmó el dictamen apelado.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una resolución denegando un recurso de *certiorari* presentado por Nelson Fontánez Lasanta. El peticionario buscaba la revisión de una orden del Tribunal de Primera Instancia de Aibonito, que denegó su solicitud para dejar sin efecto la protección de hogar seguro sobre una propiedad. Dicha protección fue establecida en beneficio de su hija menor tras la disolución de su matrimonio con Astrid Solivan Espada en 2021. Fontánez Lasanta argumentó que la inclusión de la propiedad protegida en una acción de liquidación de bienes gananciales iniciada por la señora Solivan Espada constituía una renuncia tácita al derecho de hogar seguro. Sin embargo, el Tribunal de Primera Instancia rechazó esta petición en el caso de divorcio y, en el caso de liquidación de bienes, determinó que la propiedad no podía ser disuelta mientras subsistiera la condición de hogar seguro. La moción de reconsideración del peticionario también fue denegada por el foro primario. En consecuencia, el Tribunal de Apelaciones confirma las decisiones previas al denegar el *certiorari* interpuesto.

Resumen:

Un panel judicial, con el Juez Rodríguez Casillas como ponente, emitió una sentencia el 28 de mayo de 2025. El Sr. Moisés Orama Negrón y Prefabricados Orama, LLC ("parte recurrente") presentaron un recurso de revisión judicial el 6 de febrero de 2025. Buscaban revocar una Notificación de Hallazgos y Orden de Mostrar Causa emitida por la Junta de Planificación de Puerto Rico el 16 de diciembre de 2024. La querella original, presentada en 2020, alegaba que el Sr. Orama Negrón realizaba actividades industriales sin el permiso de uso correspondiente. Tras una inspección, se confirmaron los hallazgos y se impuso una multa inicial, luego modificada en la notificación de 2024. Sin embargo, el 15 de enero de 2025, la parte recurrente evidenció poseer el permiso de uso requerido, lo cual fue acusado de recibo por la Junta. A pesar de haber subsanado la deficiencia, la parte recurrente interpuso el recurso de revisión. El tribunal determinó desestimar el recurso por haberse tornado académico, dado que la situación que motivó la orden de la Junta ya había sido resuelta con la obtención del permiso.

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El Tribunal de Apelaciones desestima una Revisión Judicial presentada por Nayda Saurí Dávila contra una Resolución de Reconsideración emitida por el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO). La señora Saurí había presentado una querella ante el DACO contra Power Motor & Parts, Inc. por la venta de un motor defectuoso, solicitando un reembolso de \$3,300.00. Inicialmente, el DACO falló a favor de la querellante en rebeldía, ordenando a Power Motor el reembolso del dinero. Sin embargo, Power Motor solicitó reconsideración, alegando su incomparecencia y pidiendo una nueva vista administrativa. El DACO concedió la reconsideración, dejando sin efecto su resolución original y ordenando una nueva audiencia. Inconforme, la señora Saurí recurrió al Tribunal de Apelaciones, argumentando que el DACO erró al aceptar la reconsideración de una corporación sin representación legal, contraviniendo la normativa aplicable. También presentó una moción en auxilio de jurisdicción para suspender las actuaciones del DACO, la cual fue declarada No Ha Lugar por el Tribunal. Tras evaluar el legajo apelativo y las comparecencias de las partes, el Tribunal de Apelaciones desestimó el recurso de revisión judicial.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones emitió una Sentencia en un Recurso de Revisión Judicial, identificada como KLRA202500143, el 27 de mayo de 2025. Isabela Estates, LLC e Isabela Reefs, LLC (recurrentes) solicitaron la revocación del Permiso de Construcción Consolidada 2024-584128-PCOC-309501, otorgado por la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) a JI Site Developers. Dicho permiso autorizaba la construcción de una torre de telecomunicaciones de 80 pies, denominada "Villa Montaña 2 Site", en Isabela. Las recurrentes, propietarias de un predio colindante con un proyecto residencial turístico, alegaron tener un interés legítimo afectado. Argumentaron que la altura de la torre difería de la certificación ambiental, que el proyecto no cumplía con los requisitos para una Exclusión Categórica debido a la falta de infraestructura y su ubicación en una zona costanera potencialmente inundable y ecológicamente sensitiva. También señalaron la necesidad de estudios de sombras, una evaluación ambiental más rigurosa y una vista pública, además de cuestionar la armonía estética con el entorno turístico y la necesidad de la torre dada la existencia de otra cercana. A pesar de los argumentos presentados por las recurrentes, el Tribunal de Apelaciones confirmó la determinación de la OGPe, manteniendo la validez del permiso de construcción.

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La presente Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resuelve una apelación interpuesta por Alba Giselle Reyes Santos contra una Sentencia Parcial del Tribunal de Primera Instancia. El caso original fue instado por Ryan Patrick Coyne, quien demandó a Reyes Santos por alegada violación a su derecho a la intimidad y daños y perjuicios, así como interdictos, tras la grabación de una discusión íntima sin su consentimiento en 2021. Coyne solicitaba $250,000 por la violación constitucional, $249,000 en daños punitivos y la destrucción de la grabación. Reyes Santos solicitó la desestimación de la demanda por prescripción, argumentando que Coyne tuvo conocimiento de la grabación en diciembre de 2021, excediendo el término prescriptivo de un año al radicar la demanda en septiembre de 2024. El foro primario desestimó la acción de daños y perjuicios y el interdicto preliminar por prescripción, pero denegó la desestimación de los reclamos de derecho a la intimidad y el interdicto permanente. El Tribunal de Apelaciones confirmó la desestimación del reclamo sobre daños y perjuicios y el interdicto preliminar. Sin embargo, revocó el resto del dictamen del foro primario, ordenando la desestimación total de la demanda presentada por el señor Coyne. La decisión final se fundamenta en la prescripción de la acción y la improcedencia de los remedios interdictales solicitados.

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El Tribunal de Apelaciones emite una Resolución denegando un recurso de certiorari presentado por Juana Figueroa Gómez y Ramón Luis Pomales. Los peticionarios buscaban la revisión de una decisión del Tribunal de Primera Instancia de Humacao que declaró "No Ha Lugar" su solicitud de desestimación. El caso subyacente es una demanda de desahucio en precario y cobro de dinero interpuesta por Tierrazo Corporation contra los peticionarios. Tierrazo alegó que los peticionarios ocupaban una de sus propiedades sin contrato de arrendamiento vigente y sin pagar renta desde 2017. Los peticionarios, por su parte, argumentaron que Tierrazo carecía de legitimación activa, ya que la escritura de compraventa de Tierrazo no estaba inscrita en el Registro de la Propiedad, y los dueños registrales (herederos Meléndez Telmont) eran partes indispensables. El Tribunal de Primera Instancia denegó la desestimación, indicando que la titularidad no estaba en controversia en un caso de desahucio y cobro de dinero. El señalamiento de error de los peticionarios ante el Tribunal de Apelaciones fue que el foro de instancia erró al no considerar a los dueños registrales como parte indispensable. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones deniega el recurso de certiorari.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resolvió una revisión judicial interpuesta por Custom Group, LLC contra la Compañía de Fomento Industrial del Gobierno de Puerto Rico (PRIDCO). El recurso impugnaba la adjudicación del Requerimiento de Propuesta (RFP) PRIDCO-FEMA-RFP-2023-03, relativo a servicios de coordinación de gestión de subvenciones. Previamente, Custom Group había impugnado una primera notificación de adjudicación, la cual fue desestimada por falta de jurisdicción tras PRIDCO emitir una segunda notificación el 18 de octubre de 2024, corrigiendo omisiones. En este nuevo recurso, Custom Group argumentó que la segunda notificación también era inoficiosa, al no cumplir con los requisitos de adecuacidad legal, impidiendo así el inicio del término para impugnar. PRIDCO, por su parte, sostuvo que el recurso de Custom Group era extemporáneo. Tras una vista oral para dilucidar asuntos jurisdiccionales, el Tribunal revocó el dictamen administrativo impugnado. La revocación se fundamentó en que la notificación de adjudicación era inoficiosa, sin que la sentencia prejuzgara los méritos de la adjudicación del RFP en controversia.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una sentencia en un caso de certiorari, revocando una Resolución Interlocutoria del Tribunal de Primera Instancia de Caguas, notificada el 29 de enero de 2025. Dicha resolución había declarado "No Ha Lugar" una solicitud de desestimación presentada por José Luis Dávila González y otros (peticionarios). El caso original, sobre daños, fue incoado por Jorge Luis Del Valle Hernández y Myrna Luz Ruiz Ortiz (recurridos), residentes de Georgia. Los recurridos demandaron por dolo contractual y daños y perjuicios, alegando que fueron inducidos a adquirir una propiedad en Gurabo, Puerto Rico, bajo falsas representaciones sobre su condición física y la ocultación de graves defectos. Buscaban la nulidad de los contratos de compraventa e hipoteca, además de una compensación por gastos y sufrimientos que superaba los \$350,000. Previamente, los peticionarios habían solicitado una fianza de no residente a los demandantes, la cual fue impuesta y satisfecha. El Tribunal de Apelaciones expide el auto de certiorari y revoca el pronunciamiento impugnado del foro primario.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una sentencia el 27 de mayo de 2025 en el caso de Carmen Yomara Villoria Barrios contra Alpine Health Technologies Corp. La señora Villoria Barrios apeló la sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó sumariamente su reclamación. La apelante, de 64 años, alegó haber sido víctima de discrimen por edad, origen (venezolana) y género, así como disparidad salarial y un ambiente de trabajo hostil por parte de su empleador, Alpine. Argumentó que Alpine no le concedió una promoción, contrató personal más joven y con salarios superiores, y violó sus propias normas de recursos humanos al no publicar vacantes internamente. También denunció que su supervisora, Daisy Ortiz, la persiguió y le retiró proyectos, ignorando sus quejas al departamento de recursos humanos. La apelante había presentado una querella ante la Unidad Antidiscrimen del Departamento del Trabajo. El Tribunal de Apelaciones, tras revisar los fundamentos, confirmó la sentencia apelada del Tribunal de Primera Instancia.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una sentencia en un recurso de apelación presentado por Minerva López González. La apelación busca la revisión de un dictamen del Tribunal de Primera Instancia de Aguada relacionado con un caso de accesión. Los apelados, la Sucesión de Guillermo González y Luz M. González López junto a su esposo Eduardo Maisonet López, demandaron la adjudicación de una estructura construida en sus terrenos. Dicha edificación fue levantada en 1973 por los predecesores de la apelante, Pedro López Soto y Gumersinda González Villanueva. El Tribunal de Primera Instancia declaró ha lugar la demanda, adjudicando la estructura a los apelados y ordenando a la señora Minerva desalojar la propiedad en treinta días. La apelante argumentó que la construcción fue autorizada y que no procedía el derecho de accesión. Tras revisar el caso, el Tribunal de Apelaciones confirmó la sentencia recurrida, ratificando la decisión de la instancia inferior.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico, Panel V, conoció de una apelación (tratada como certiorari) presentada por Efraín J. Archilla Muñoz y otros contra HMS Distributors Inc. y otros. El recurso buscaba la revisión de una Resolución emitida por el Tribunal de Primera Instancia (TPI) de Fajardo el 20 de noviembre de 2024. Dicha resolución declaró "No Ha Lugar" la réplica de los peticionarios a una moción que solicitaba dar por admitido un requerimiento de admisiones, ratificando así la admisión tácita de dicho requerimiento. HMS Distributors había alegado que los peticionarios no respondieron el requerimiento de admisiones, cursado el 26 de julio de 2024, dentro del término de veinte días, presentando su contestación tardíamente el 16 de octubre de 2024. Los peticionarios argumentaron que su fecha límite era el 8 de octubre de 2024, basándose en una resolución del TPI de septiembre de 2024, y justificaron el retraso por problemas de salud de su representación legal. Sin embargo, HMS Distributors insistió en la falta de justificación y la ausencia de una solicitud de prórroga. Tras evaluar los fundamentos, el Tribunal de Apelaciones denegó el recurso de apelación.

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El Tribunal de Apelaciones desestima un recurso de apelación presentado por Edgardo Van Rhyn Soler contra Multinational Life Insurance Co., que buscaba revocar una sentencia del Tribunal de Primera Instancia sobre un despido injustificado. La desestimación se fundamenta en el incumplimiento del apelante con la Regla 14(B) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, que exige notificar el recurso al foro recurrido dentro de las setenta y dos horas siguientes a su presentación. Multinational Life Insurance Co. solicitó la desestimación, señalando la falta de notificación, un término de estricto cumplimiento. Aunque el apelante reconoció el incumplimiento y alegó haberlo subsanado posteriormente, argumentó que no causó perjuicio y existía justa causa. Citó la Regla 12.1 del Reglamento y jurisprudencia del Tribunal Supremo que promueve la atención de los casos en sus méritos y la flexibilidad en términos no jurisdiccionales. Las razones presentadas como justa causa incluyeron la brevedad del término para apelar, la coincidencia con un fin de semana largo y la ausencia de personal administrativo. No obstante, el Tribunal de Apelaciones desestima el recurso por no haberse perfeccionado conforme a las normas procesales.

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Un recurso de revisión administrativa ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico aborda la reapertura de un caso de compensación por accidentes del trabajo. La Corporación del Fondo del Seguro del Estado (CFSE) recurre una resolución de la Comisión Industrial que revocó su denegatoria a reabrir la reclamación de Aida Feliciano Ayala. Feliciano Ayala sufrió una lesión en la mano izquierda en 2017, recibiendo tratamiento y una compensación por incapacidad parcial permanente del 5% en 2020, decisiones que advinieron finales y firmes al no ser apeladas. Años después, en 2023, solicitó la reapertura de su caso alegando persistencia de síntomas y la existencia de un informe médico que mencionaba Síndrome de Túnel Carpal no atendido. La CFSE denegó la reapertura, argumentando que no se cumplían los criterios de la Ley Núm. 314 de 1999 y que la acción había caducado. La Comisión Industrial, sin embargo, falló a favor de la trabajadora, permitiendo la reapertura. El Tribunal de Apelaciones, en su sentencia del 27 de mayo de 2025, revoca la resolución de la Comisión Industrial.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una sentencia en el caso de Joel González Rivera contra el Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR). El recurrente solicitó la revisión de una determinación del DCR sobre la aplicación de la Ley Núm. 85-2022 a su liquidación de sentencia. González Rivera fue sentenciado en 2016 a penas consecutivas por infracciones a la Ley de Armas y el Código Penal. Tras la aprobación de la Ley 85-2022, el DCR emitió una nueva hoja de control de liquidación de sentencia que modificaba sus fechas de cumplimiento, lo que el recurrente consideró perjudicial. Argumentó que la Ley 85-2022 no debía aplicársele, especialmente a una de sus sentencias que, según él, ya había cumplido antes de la entrada en vigor de dicha ley. Solicitó que se corrigiera su liquidación para reflejar que solo le restaba una sentencia por cumplir. El DCR, sin embargo, sostuvo que la Ley 85-2022 es de aplicación general para los miembros de la población correccional a quienes les corresponda, y que su aplicación no podía ser revertida sin una orden judicial o una enmienda legislativa. Tras agotar los remedios administrativos, el caso llegó al Tribunal de Apelaciones. El tribunal, en su sentencia del 27 de mayo de 2025, confirmó el dictamen emitido por el Departamento de Corrección y Rehabilitación.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una sentencia en revisión judicial de una resolución de la Oficina de Ética Gubernamental (OEG). Los recurrentes, Jaime H. Barlucea Maldonado, exalcalde de Adjuntas, y Claribel Pagán Cuevas, exdirectora de Recursos Humanos del mismo municipio, solicitaban dejar sin efecto multas administrativas impuestas por la OEG. La OEG les sancionó con \$4,000 y \$2,000 respectivamente, por infracciones al Artículo 4.2(q), (r) y (s) de la Ley Núm. 1-2012. Las querellas de la OEG, consolidadas, se originaron por alegadas faltas éticas relacionadas con un programa municipal de incentivos de intercambio cultural para estudiantes en 2013. Específicamente, se les imputó emitir y certificar un "Informe de Viaje a España, Portugal y Marruecos" con información falsa. Dicho informe erróneamente indicaba que un estudiante había viajado y omitía la participación de la hija del exalcalde y la esposa del presidente de la agencia de viajes. Además, se alegó que la señora Pagán firmó una factura con información incorrecta y el señor Barlucea replicó las declaraciones falsas en una certificación posterior. El Tribunal de Apelaciones confirmó la resolución recurrida, manteniendo las multas impuestas por la OEG.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emitió una sentencia en el caso de revisión administrativa KLRA202500267. María del R. Carrión Vega recurrió de una "Resolución Sumaria" dictada por el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACo) el 18 de septiembre de 2024. DACo había desestimado la querella de Carrión Vega, presentada por problemas de filtración en el Condominio Irlanda Apartments desde 2015, argumentando que la querella se dirigió contra la Junta de Directores, una entidad sin capacidad jurídica, en lugar del Consejo de Titulares. Tras la denegación de una moción de reconsideración, Carrión Vega solicitó al Tribunal de Apelaciones que reviviera su querella en la agencia. Sin embargo, el Tribunal desestimó el recurso por falta de jurisdicción. Se enfatizó que la jurisdicción es el poder fundamental de un tribunal para adjudicar una materia, y su ausencia es insubsanable, haciendo nula cualquier sentencia dictada sin ella. Por tanto, el Tribunal procedió a la desestimación del recurso de forma definitiva.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones desestimó un recurso de revisión judicial presentado por Jesús F. Iglesias García contra TF Auto LLC, h/n/c Toñito Auto Kia. El recurrente solicitó al Tribunal que ordenara al Departamento de Asuntos del Consumidor (DACo) emitir una resolución final en una querella por impericia profesional en la reparación de un vehículo. Argumentó que la vista adjudicativa se celebró hace un año sin que DACo dictara una decisión final, y que la agencia incumplió con sus procedimientos. Sin embargo, el Tribunal determinó que carecía de jurisdicción para intervenir en este momento. La Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme y el Reglamento del Tribunal de Apelaciones exigen que exista una orden o resolución final de la agencia y que se hayan agotado todos los remedios administrativos antes de que proceda una revisión judicial. Dado que DACo aún no había emitido una resolución final, el recurso fue considerado prematuro y, por tanto, desestimado.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico desestima por falta de jurisdicción un recurso de apelación presentado por Monserrate Rosario Rosario contra Oscar Crespo Pagán en un caso de desahucio y cobro de dinero. El Tribunal de Primera Instancia (TPI) había dictado sentencia el 13 de diciembre de 2023, declarando ha lugar el desahucio y condenando a la Sra. Rosario al pago de $1,600.00. Esta sentencia fue apelada previamente, y el Tribunal de Apelaciones la confirmó con una modificación menor, decisión que advino final y firme el 20 de noviembre de 2024 tras ser denegada por el Tribunal Supremo. Posteriormente, el Sr. Crespo solicitó el lanzamiento, a lo que la Sra. Rosario se opuso, alegando que la sentencia del TPI era nula por no haberse notificado al Procurador de Personas de Edad Avanzada, dado que ella tenía 79 años. El TPI resolvió el 6 de febrero de 2025 que la falta de notificación era un problema procesal, no de nulidad, ordenando la re-notificación de la sentencia original a todas las partes, incluyendo al Procurador, y denegando el lanzamiento inmediato. Tras esta re-notificación, la Sra. Rosario presentó una moción de reconsideración y nuevo juicio, la cual fue denegada. Acto seguido, interpuso esta nueva apelación el 31 de marzo de 2025, intentando nuevamente impugnar la sentencia original del 13 de diciembre de 2023 con nuevos señalamientos de error. El Tribunal de Apelaciones determina que carece de jurisdicción para revisar una sentencia que ya había sido confirmada y declarada final y firme en un proceso anterior.

Resumen:

La presente sentencia, emitida el 27 de mayo de 2025, resuelve el recurso instado por el Sr. Miguel Matos Flores contra una orden del Tribunal de Primera Instancia (TPI) de Bayamón. Dicha orden, emitida el 21 de enero de 2025, había eliminado la prueba pericial del Sr. Matos Flores en un litigio iniciado por Sun West Mortgage Company, Inc. en 2017. El TPI había concedido al perito del Sr. Matos Flores un término para enmendar su informe pericial final, lo cual no ocurrió. Ante la falta de un informe final enmendado, Sun West solicitó la exclusión del perito, petición que el TPI concedió y luego ratificó al denegar una moción de reconsideración. El Sr. Matos Flores argumentó que el TPI abusó de su discreción y aplicó una sanción extrema sin advertencias previas. El panel judicial, tras examinar el recurso, expide el auto de certiorari y revoca la orden recurrida del TPI, permitiendo así la prueba pericial del Sr. Matos Flores.

Resumen:

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Hatillo presentó una Petición de Certiorari ante el Tribunal de Apelaciones para revocar una determinación del Tribunal de Primera Instancia (TPI) de Hatillo. El TPI había declarado "No Ha Lugar" una Solicitud de Sentencia Sumaria de la Cooperativa, al considerar que aún existían hechos en controversia. El caso subyacente es una querella por discrimen laboral y represalia radicada por Isa Mary Moya Galán en agosto de 2021. Moya Galán alegó haber sufrido discrimen desde 2009 debido a condiciones de salud como depresión y ansiedad, solicitando acomodos razonables que la Cooperativa supuestamente no proveyó. También denunció un aumento en su carga de trabajo, represalias y amenazas de despido tras testificar ante OSHA. La Cooperativa, por su parte, negó las alegaciones, argumentando desconocer los padecimientos de Moya Galán por no haber completado esta un formulario interno. Además, la Cooperativa sostuvo que Moya Galán no cumplió con su normativa para acomodos y que no era una persona impedida según los requisitos estatutarios. El TPI mantuvo el caso bajo procedimiento sumario y, posteriormente, denegó la solicitud de sentencia sumaria de la Cooperativa, lo que motivó la presente petición de certiorari.

Resumen:

Mariely Olmeda Quiñones comparece ante el Tribunal de Apelaciones solicitando la revocación de una Orden de Lanzamiento emitida por el Tribunal de Primera Instancia. Dicha orden, del 22 de enero de 2025, declaró con lugar una moción de Estrella Homes III, LLC para tomar posesión de un inmueble adjudicado en subasta judicial el 1 de octubre de 2024, tras un caso de ejecución de hipoteca y cobro de dinero. La señora Olmeda Quiñones argumenta que la Orden de Lanzamiento debe anularse porque no fue notificada de la fecha de la subasta. Previamente, el Tribunal de Primera Instancia le indicó que los recursos apelativos se presentan ante el Tribunal de Apelaciones. Estrella Homes, por su parte, ha solicitado la desestimación del recurso de certiorari presentado por la peticionaria, alegando un incumplimiento craso con las disposiciones del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, incluyendo la falta de notificación y la omisión de elementos esenciales del recurso. El Tribunal de Apelaciones adelanta la desestimación del recurso, basándose en que el certiorari es un remedio extraordinario para asuntos post-sentencia y su expedición depende del cumplimiento de criterios específicos de la Regla 40, los cuales no parecen haberse satisfecho.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una resolución en el caso de certiorari presentado por José Luis Lugo Caraballo. El peticionario solicitó la revisión de una decisión del Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Mayagüez, que denegó su moción de supresión de evidencia. Lugo Caraballo fue acusado de violaciones a la Ley de Armas, la Ley de Vehículos y Tránsito, y el Código Penal, tras hechos ocurridos el 6 de octubre de 2024. La moción de supresión se basaba en la alegación de que la intervención policial careció de motivos fundados y que la incautación de un arma de fuego ocurrió antes de un arresto legal. Durante la vista de supresión, un agente testificó haber encontrado al peticionario dormido en un vehículo con el motor encendido en una gasolinera, observando un arma de fuego en la consola y, tras la intervención, percibiendo signos de embriaguez. El Tribunal de Primera Instancia declaró "No Ha Lugar" la solicitud de supresión, concluyendo que el agente tenía motivos fundados para la intervención. Inconforme, Lugo Caraballo recurrió ante el Tribunal de Apelaciones. Tras revisar el recurso y los argumentos presentados, el Tribunal de Apelaciones deniega la solicitud de certiorari, confirmando así la determinación del foro primario.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones atiende una petición de certiorari presentada por Wallace Vázquez Sanabria contra Annette Milagros Sanabria Figueroa, derivada de un caso de divorcio por ruptura irreparable. El peticionario impugna órdenes del Tribunal de Primera Instancia de Bayamón que le exigían desalojar la propiedad conyugal. Tras la disolución del matrimonio, las partes habían acordado que el peticionario permanecería en la residencia hasta su venta, recibiendo $300,000 de un precio mínimo de $500,000. Sin embargo, la recurrida procedió a vender la propiedad a un tercero, lo que llevó al Tribunal de Primera Instancia a ordenar el desalojo del peticionario en un plazo de cuarenta y cinco días. La recurrida consignó los $300,000 acordados a favor del peticionario, quien posteriormente solicitó el retiro de dichos fondos para adquirir una nueva vivienda. El Tribunal de Apelaciones, tras revisar los fundamentos, expide el recurso solicitado, lo modifica y confirma las decisiones del tribunal inferior.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones, Panel III, emite una Sentencia revocando una Resolución Interlocutoria y Orden del Tribunal de Primera Instancia en un caso de certiorari. El litigio se originó por una demanda de daños y perjuicios presentada por María Mercedes Rodríguez Negrón contra el Municipio de San Juan, el Estado Libre Asociado de Puerto Rico y MAPFRE PRAICO Insurance Company, a raíz de una caída en una acera en noviembre de 2023. La demandante reclamó $100,000 por las lesiones sufridas. MAPFRE, como aseguradora del Municipio, solicitó la desestimación o sentencia sumaria parcial, argumentando que, al no existir causa de acción contra el Municipio, tampoco la había contra la aseguradora. Tras varios trámites procesales, el foro primario desestimó con perjuicio la reclamación contra el Municipio, al determinar que el accidente ocurrió en una acera estatal y que el Municipio gozaba de inmunidad en este contexto. A pesar de la desestimación final contra el Municipio, el Tribunal de Primera Instancia denegó la solicitud de reconsideración de MAPFRE. Sostuvo que en una acción directa contra el asegurador, rige el contrato de póliza y la aseguradora responde hasta el límite pactado, y que la inmunidad es un privilegio no disponible para las aseguradoras. No obstante, el Tribunal de Apelaciones expide el auto de certiorari y revoca la Resolución Interlocutoria y Orden recurrida, validando implícitamente la postura de MAPFRE de que su responsabilidad cesa al ser desestimada la acción contra su asegurado.