Casos del Tribunal de Apelaciones (Página 291)

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa una sentencia del Tribunal de Primera Instancia en un caso de Mandamus. La acción original buscaba obligar a la Junta de Planificación y al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales a designar la totalidad del Caño Tiburones como reserva natural. El Tribunal de Primera Instancia ordenó a las agencias iniciar el proceso de delimitación para unas 7,000 cuerdas. Las agencias apelaron esta decisión. El Tribunal de Apelaciones concluye que el Tribunal de Primera Instancia actuó sin jurisdicción al dictar su sentencia. Esto se debió a la paralización automática vigente bajo la ley federal PROMESA. La corte argumenta que dicha paralización afecta acciones contra el Estado y que este caso tiene implicaciones económicas sustanciales. Por tanto, se deja sin efecto la sentencia apelada. El caso se devuelve al foro de instancia para que dicte sentencia de archivo.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resolviendo una apelación presentada por Roberto Flores De Jesús contra Popular Auto, Inc. El caso se originó en el Tribunal de Primera Instancia como una demanda de cobro de dinero iniciada por Popular Auto. La demanda reclamaba el balance pendiente y costos de un contrato de arrendamiento de un vehículo BMW, alegando incumplimiento de pago y falta de devolución del automóvil por parte del Sr. Flores De Jesús. El Tribunal de Primera Instancia dictó Sentencia Parcial declarando Ha Lugar la demanda a favor de Popular Auto. El apelante, Sr. Flores De Jesús, solicitó la revocación de dicha sentencia, argumentando, entre otras cosas, que la deuda no era líquida, que Popular Auto no agotó los remedios legales al no reposeer el vehículo y que existía un contrato con un tercero que asumió la obligación. Popular Auto había solicitado sentencia sumaria, presentando evidencia del contrato, el incumplimiento y la deuda. El Tribunal de Apelaciones revisó los argumentos y la prueba sometida por las partes. Aplicando el derecho a los hechos del caso, el panel apelativo determinó que procedía confirmar la decisión del tribunal de instancia. Por tanto, se CONFIRMÓ la Sentencia Parcial apelada que declaró Ha Lugar la demanda de cobro de dinero a favor de Popular Auto, Inc.

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Comparece ante el Tribunal de Apelaciones Scotiabank de Puerto Rico, Inc. apelando una Sentencia Parcial del Tribunal de Primera Instancia de San Juan. La acción original fue presentada por residentes de la Urbanización Cerro Ceiba por vicios de construcción, daños, e incumplimiento de contrato, incluyendo la nulidad de contratos de compraventa e hipoteca. Los demandantes alegaron que Scotiabank, como financiador de la construcción, fue negligente y que los solares no podían inscribirse, haciendo nulas las hipotecas. Scotiabank solicitó la desestimación, argumentando prescripción de la acción de nulidad. El TPI desestimó la reclamación de daños pero denegó la desestimación de la acción de nulidad, concluyendo que no estaba prescrita. Scotiabank apeló esta última determinación, alegando que el TPI erró al no encontrar prescrita la causa de acción por nulidad. El Tribunal de Apelaciones, por los fundamentos expuestos, revocó el dictamen apelado.

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Este es un dictamen del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico relativo a la división de la comunidad de bienes gananciales entre Michael Johnnie Ocasio Rivera (apelado) y Luz Desirée Villanueva Cobián (apelante) tras su divorcio. La apelante impugnó una sentencia del tribunal de primera instancia que autorizó la liquidación de la comunidad de bienes y reconoció créditos a favor del apelado. El apelado reclamó créditos por pagos en exceso de pensión alimentaria y pagos realizados a la hipoteca del inmueble ganancial, incluyendo atrasos y pagos completos posteriores. El tribunal de primera instancia declaró con lugar las reclamaciones del apelado, reconociendo un crédito de \$31,215.69 por pensión alimentaria pagada en exceso y \$2,700.00 por atrasos de hipoteca, a ser adjudicados en su participación. Las partes habían estipulado que la controversia principal era el derecho del apelado al reembolso por la pensión alimentaria en exceso basado en una determinación administrativa previa. El Tribunal de Apelaciones revisó la apelación. Tras considerar los argumentos y hechos, el Tribunal de Apelaciones CONFIRMA la sentencia emitida por el tribunal de primera instancia.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico que revisa una Sentencia Parcial del Tribunal de Primera Instancia en un caso de sentencia declaratoria. El litigio involucra a TLS Management y a los señores Donald y Karen Allen, quienes también presentaron una reconvención. Durante el proceso, los señores Allen cursaron una oferta de sentencia a TLS por \$1.00 bajo la Regla 35.1 de Procedimiento Civil. TLS aceptó formalmente dicha oferta de sentencia. El Tribunal de Primera Instancia emitió una Sentencia Parcial acogiendo la aceptación de la oferta, mientras continuaban los procedimientos sobre la reconvención. Los señores Allen apelaron, señalando errores como la denegatoria de su solicitud de determinaciones de hecho y conclusiones de derecho. También argumentaron que la sentencia parcial se dictó por un monto incorrecto (\$10,001.00) en lugar del \$1.00 ofrecido y aceptado. El Tribunal de Apelaciones acogió el recurso como apelación. Tras considerar los argumentos, el Tribunal de Apelaciones confirmó la Sentencia Parcial apelada.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisando una decisión del Tribunal de Primera Instancia, Sala de Aguadilla. La apelante, Wanda Ivette Rodríguez Robledo, solicita la revisión de una sentencia que declaró con lugar una acción de cobro de dinero. La demanda original fue presentada por José Alberto Corchado Juarbe y Haydeé Sonera Pérez, basada en un pagaré hipotecario de \$114,500.00 otorgado en 2009. Los demandantes alegaron incumplimiento de pago por parte de Rodríguez Robledo. La demandada admitió no haber realizado pagos, pero arguyó defensas como fraude, nulidad del pagaré y usura en la tasa de interés. Los demandantes solicitaron sentencia sumaria en cobro de dinero. Rodríguez Robledo se opuso, reiterando sus defensas y la falta de buena fe de los demandantes. El Tribunal de Primera Instancia dictó sentencia declarando con lugar la acción de cobro de dinero. Determinó como hechos incontrovertidos la existencia del pagaré y la hipoteca, el principal adeudado y la tasa de interés del 10%.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico confirmó la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia en el caso de cobro de dinero, fraude y mala fe entre Macros, LLP y María Mercedes Pagani Meléndez. Macros, LLP demandó a la Sra. Pagani para el cobro de un préstamo de \$204,500 y la entrega de un pagaré, alegando que ella era tenedora de mala fe del documento tras el fallecimiento del representante de Macros, quien era su compañero. La Sra. Pagani sostuvo que era poseedora legítima del pagaré, entregado por su compañero. El Tribunal de Primera Instancia declaró "Ha Lugar" la demanda, determinó que la Sra. Pagani era tenedora de mala fe del pagaré y la condenó al pago de la deuda principal, intereses, costas y honorarios de abogado. La Sra. Pagani apeló esta decisión. Durante el proceso, la reconvención presentada por la apelante fue desistida y archivada con perjuicio. En el juicio, Macros presentó prueba testifical, mientras que la Sra. Pagani renunció a presentar la suya. El Tribunal de Apelaciones revisó los fundamentos de la apelación. Tras evaluar el caso, el panel apelativo concluyó que procedía confirmar la Sentencia recurrida. Por tanto, se mantuvo la orden de pago de la deuda y la determinación de tenedora de mala fe del pagaré contra la Sra. Pagani.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico considera un recurso presentado por el Estado Libre Asociado. El Estado solicita la revocación de una Sentencia emitida por el Tribunal de Primera Instancia. Dicha Sentencia concedió un interdicto permanente a favor de uniones demandantes. El interdicto impedía al Estado implementar la Directriz 6 del Memorando Normativo Conjunto Núm. 2018-01. El Tribunal de Primera Instancia declaró nula la Directriz 6. La Directriz 6 buscaba implementar la decisión del Tribunal Supremo Federal en *Janus v. AFSCME*. En *Janus*, se determinó que retener obligatoriamente cuotas sindicales a empleados públicos no afiliados viola su derecho a la libertad de expresión y asociación. Según *Janus*, los descuentos son inconstitucionales sin el consentimiento claro y afirmativo del empleado no afiliado. El Tribunal de Apelaciones, tras analizar el caso y la decisión *Janus*, revoca la Sentencia apelada. Esto significa que el Tribunal de Apelaciones no encontró base para el interdicto concedido por el Tribunal de Primera Instancia.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa una Sentencia Enmendada del Tribunal de Primera Instancia, Sala de Caguas. El Municipio Autónomo de Juncos apela la imposición de \$25,500 en honorarios de abogado en un caso de mandamus. El caso de mandamus fue presentado por expolicías municipales (Bienvenido Rivera Pabón y otros) para compeler al Municipio a pagar salarios y beneficios dejados de percibir. Los policías habían sido destituidos, pero una resolución administrativa (CIPA) ordenó su restitución y el pago de haberes. La determinación de la CIPA fue confirmada por el Tribunal de Apelaciones y el Tribunal Supremo. A pesar de las decisiones judiciales firmes, el Municipio demoró el pago, lo que motivó la acción de mandamus. El Tribunal de Primera Instancia ordenó el pago y concedió honorarios de abogado a los demandantes. El Tribunal de Apelaciones modifica la sentencia apelada. La modificación consiste únicamente en eliminar la partida de honorarios de abogado concedida. Así modificada, la sentencia del Tribunal de Primera Instancia es confirmada.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emitió una sentencia en un recurso de apelación sobre deslinde, amojonamiento, reivindicación y daños y perjuicios. El apelante, Juan Salcedo Lugo, solicitó la revisión de una Sentencia Parcial del Tribunal de Primera Instancia (TPI). Dicha sentencia parcial declaró ha lugar una reconvención presentada por el apelado, Axel Seda Fondorona. El pleito original de Salcedo Lugo había sido desestimado por falta de partes indispensables (herederos). El TPI determinó en la sentencia parcial que Salcedo Lugo construyó ilegalmente un pozo séptico en la propiedad de Seda Fondorona. Salcedo Lugo apeló, alegando que el TPI erró al no incluir al Departamento de la Vivienda como parte indispensable, argumentando falta de jurisdicción y violación al debido proceso. El Tribunal de Apelaciones examinó el concepto de parte indispensable según la Regla 16 de Procedimiento Civil. Tras revisar el expediente y el derecho aplicable, el Tribunal de Apelaciones confirmó la sentencia apelada.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso presentado por Cooperativa de Ahorro y Crédito de Moca. La apelación impugna una decisión del Tribunal de Primera Instancia de noviembre de 2018. Dicha decisión había declarado nula una sentencia previa de abril de 2013. La sentencia anulada se dictó en un caso de cobro de dinero y ejecución de hipoteca incoado por la Cooperativa contra César J. Otero Quevedo. El caso original se basaba en un pagaré hipotecario de 1996. Existe un historial de pleitos relacionados entre las partes, incluyendo demandas anteriores desestimadas. El Tribunal de Apelaciones revisó la procedencia de la nulidad decretada por el foro primario. Tras la revisión, el Tribunal de Apelaciones decidió modificar la sentencia apelada. La modificación consiste en dejar sin efecto la parte del dictamen que anuló la acción de cobro de dinero. Así modificada, la sentencia del Tribunal de Primera Instancia es confirmada.

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Este es un recurso de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de divorcio. La peticionaria impugna una Resolución del Tribunal de Primera Instancia que concedió al recurrido un crédito de \$70,287.83. Dicho crédito se derivó de la aplicación retroactiva de una pensión alimentaria permanente fijada previamente. Las partes habían estipulado una pensión alimentaria de \$15,000 mensuales en 2014, renunciando a reclamaciones retroactivas. Posteriormente, el recurrido solicitó revisiones de pensión por la mayoría de edad de los hijos. El Tribunal de Apelaciones expidió el recurso de certiorari. Tras revisar el dictamen, el Tribunal determinó que procedía revocar la decisión apelada. En consecuencia, el Tribunal de Apelaciones ordenó la celebración de una vista evidenciaria en el Tribunal de Primera Instancia.

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Comparece ante el Tribunal de Apelaciones la Cooperativa de Viviendas Los Robles mediante recurso de certiorari. Solicita la revocación de una sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó su demanda de desalojo y lanzamiento contra Lourdes Marie Navarro Marrero. La Cooperativa inició el desalojo tras separar a la señora Navarro Marrero como socia por supuesta violación a la ley de cooperativas. En la vista ante el foro primario, la controversia principal giró en torno a la legalidad de la notificación de la resolución de expulsión. Específicamente, se debatió la interpretación de párrafos de la resolución que ofrecían una oportunidad de ser escuchada en una vista posterior. La recurrida alegó que esta segunda vista no ocurrió y que el texto era ambiguo sobre si debía solicitarla o si sería señalada por la Junta. El Tribunal de Primera Instancia concluyó que la demanda era prematura debido a la falta de claridad en la resolución respecto a la vista. Por ello, desestimó el caso sin entrar en los méritos del desalojo. La Cooperativa busca que se revoque esta desestimación y se ordene la continuación del procedimiento de desalojo. La parte recurrida no compareció en el recurso de apelación.

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Comparece ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico el señor Juan L. Arce Maisonet solicitando la revocación de una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia. Dicha sentencia denegó su demanda de restitución de un vehículo de motor contra la señora Jazmín Torres Méndez. Arce Maisonet alegó haber comprado el vehículo con su dinero para su negocio, destinado al uso de Torres Méndez, su empleada, bajo un acuerdo verbal. Aunque él pagó los \$24,500, consintió en que el vehículo fuera registrado a nombre de Torres Méndez. Tras dejar el empleo, Torres Méndez retuvo el vehículo, incumpliendo el acuerdo. El Tribunal de Primera Instancia declaró No Ha Lugar la demanda, a pesar de los hechos no controvertidos sobre el pago realizado por Arce Maisonet. La señora Torres Méndez había presentado una reconvención por daños, la cual fue desestimada con perjuicio. El Tribunal de Apelaciones, tras revisar el caso, revocó la Sentencia apelada. Se ordenó a la señora Jazmín Torres Méndez la restitución del vehículo Toyota Rav4 al señor Juan L. Arce Maisonet.

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Ángel Luis Rivera Nieves apela la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó su demanda contra el Fideicomiso La Familia y otros. La acción original buscaba, entre otros remedios, la terminación, rendición de cuentas y liquidación del fideicomiso. Los apelados presentaron defensas, incluyendo cosa juzgada e impedimento por actos propios, argumentando que la validez del fideicomiso ya había sido resuelta previamente. Solicitaron sentencia sumaria parcial basándose en la doctrina de cosa juzgada. El Tribunal de Primera Instancia dictó Sentencia Parcial declarando que las alegaciones sobre la validez del fideicomiso constituían cosa juzgada. El proceso también incluyó disputas sobre el descubrimiento de prueba, como interrogatorios y requerimientos de documentos. El TPI emitió varias órdenes resolviendo estas controversias de descubrimiento. La apelación solicita la revisión de la Sentencia que resultó en la desestimación de la demanda del apelante.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una sentencia en el caso de apelación presentado por Luis A. Echevarría Gómez. El apelante impugna la sentencia dictada por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Ponce, tras ser hallado culpable de varios delitos bajo el Código Penal y la Ley de Armas. Dicha sentencia, emitida el 3 de enero de 2019, impuso una pena de prisión considerable. El Tribunal de Apelaciones observa que el Sr. Echevarría Gómez presentó dos recursos de apelación distintos contra la misma sentencia. Un recurso fue presentado por su representación legal, mientras que el segundo fue presentado por él mismo. Ambos recursos versan sobre el mismo asunto y buscan la revisión de la misma decisión judicial. Conforme al principio de economía procesal que evita la duplicidad de procesos, el Tribunal desestima el segundo recurso de apelación. Se destaca que el apelante ya cuenta con representación legal en el primer recurso pendiente. La sentencia ordena notificar al apelante confinado sobre esta determinación.

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El Tribunal de Apelaciones revisa una Resolución del Tribunal de Primera Instancia de Caguas en un caso sobre alimentos ex cónyuges. Las partes, divorciadas, no habían liquidado su sociedad de gananciales. La ex esposa solicitó pensión alimentaria temporal alegando necesidad y falta de liquidez de los bienes comunes. Durante el proceso, las partes acordaron solicitar al tribunal que fijara una suma mensual como anticipo de la participación de la ex esposa en la comunidad post ganancial. Se propuso una suma de \$1,000 mensuales, inicialmente con pagos globales trimestrales. El ex esposo solicitó modificar el acuerdo para realizar pagos mensuales el día 20, lo cual la ex esposa no objetó. El Tribunal de Primera Instancia dictó sentencia formalizando el acuerdo. Fijó una pensión ex cónyuge de \$1,000 mensuales, pagadera el día 20, como parte de la liquidación de bienes. La sentencia dispuso que esta pensión cesaría una vez se liquidara la comunidad de bienes. El recurso de apelación se presenta contra una resolución posterior del TPI relacionada con esta sentencia.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resolvió un recurso presentado por Yoelvis de la Paz Damas en un caso de divorcio contra Sylvia Ivette Antonmarchi Sotomayor. El apelante impugnó una orden del Tribunal de Primera Instancia que le exigía presentar una demanda separada para la división de bienes gananciales, luego de que se dictara la sentencia de divorcio. El apelante había intentado incluir la división de gananciales mediante una reconvención en el pleito original. Tras la negativa del foro primario y la denegación de una moción de reconsideración por falta de jurisdicción, el apelante acudió al Tribunal de Apelaciones. El Tribunal de Apelaciones acogió el recurso como una solicitud de certiorari. Sin embargo, tras evaluar el caso, el tribunal denegó la solicitud. La denegación se fundamentó en la determinación del Tribunal de Apelaciones de que carecía de jurisdicción para atender el recurso presentado.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre una petición de certiorari. Robert Hatton Gotay solicita la revisión de una Orden del Tribunal de Primera Instancia de Ponce. Dicha Orden declaró Con Lugar la exclusión de testigos informados por el peticionario en un informe de conferencia preliminar. El caso subyacente es una demanda sobre resolución de contrato y daños y perjuicios. Previamente, el Tribunal de Apelaciones había confirmado parcialmente una sentencia, devolviendo el caso al TPI. La devolución fue específicamente para una vista evidenciaria sobre los daños y para permitir prueba pericial para rebatirlos. La parte demandante solicitó la exclusión de testigos de Hatton Gotay argumentando que no se ajustaban al alcance limitado de la devolución. El TPI acogió esa solicitud, lo que motivó la presente petición de certiorari. La Resolución fue emitida el 28 de febrero de 2019.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resolviendo una apelación presentada por Reinaldo Moret Acevedo y otros contra funcionarios del Departamento de Corrección y Rehabilitación. La apelación impugna una Sentencia previa del Tribunal de Primera Instancia, Sala de Bayamón. Dicha Sentencia de instancia desestimó la demanda de los apelantes por falta de jurisdicción sobre la materia. El Tribunal de Apelaciones confirma la Sentencia apelada. La decisión se fundamenta en la naturaleza y requisitos del auto de mandamus, un remedio privilegiado y discrecional. Se explica que el mandamus solo procede para compeler el cumplimiento de deberes ministeriales claramente definidos cuando no existe otro remedio legal adecuado. Su expedición requiere que la ley exija la acción y, generalmente, un requerimiento previo al demandado. La confirmación de la desestimación implica que la acción presentada por los demandantes no cumplía con los criterios jurisdiccionales, posiblemente relacionados con la improcedencia del mandamus u otro remedio similar solicitado.

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Este documento es una sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico que resuelve recursos consolidados de apelación y certiorari. Los recursos provienen de una demanda sobre daños y perjuicios e interdicto sumario presentada por Santa Paula Oil Corporation (ahora To Go Stores, Inc.). El Tribunal de Primera Instancia había declarado "Ha lugar" la demanda, condenando a los apelantes al pago de \$129,221.00 en daños y desestimando su reconvención. Posteriormente, el foro primario denegó la solicitud de costas y gastos de la parte demandante. Los apelantes recurrieron la sentencia en cuanto a los daños. La parte apelada recurrió la denegatoria de costas mediante certiorari. El Tribunal de Apelaciones confirmó la sentencia apelada en cuanto a la condena por daños. Sin embargo, expidió el recurso de certiorari para revocar la resolución que denegó las costas. Consecuentemente, concedió las costas a la parte apelada.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una Resolución sobre un recurso de certiorari en un caso de impericia médica. Los peticionarios, incluyendo a Karina N. Rodríguez Ramos, impugnan una Minuta Resolución del Tribunal de Primera Instancia de Ponce. Dicha resolución del TPI declaró No Ha Lugar la solicitud de los peticionarios para que se tuvieran por renunciadas las defensas afirmativas de los codemandados. La demanda original de 2009 alegaba negligencia médica durante el alumbramiento de la hija de la señora Rodríguez Ramos, resultando en su fallecimiento. Los demandados, incluyendo médicos y SIMED, presentaron contestaciones negando responsabilidad y exponiendo defensas. Los peticionarios buscaban que el Tribunal de Apelaciones revocara la decisión del TPI sobre la renuncia de defensas. El Tribunal de Apelaciones, por los fundamentos expuestos, deniega la expedición del auto de certiorari solicitado. Como resultado, la decisión del TPI se mantiene. La paralización de los procedimientos decretada previamente queda sin efecto.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisando una determinación del Tribunal de Primera Instancia. El peticionario, condenado a reclusión perpetua en 1978 por asesinato en primer grado, solicitó al foro primario modificar su sentencia a 99 años. Fundamentó su petición en el principio de favorabilidad y los cambios introducidos por la Ley Núm. 100 de 1980. El Tribunal de Primera Instancia declaró No Ha Lugar la moción. El peticionario acudió en alzada mediante recurso de certiorari, alegando error al no aplicar el principio de favorabilidad y el límite de 99 años. La Oficina del Procurador General se opuso, argumentando la no retroactividad de la Ley 100-1980 según jurisprudencia del Tribunal Supremo. El Tribunal de Apelaciones procede a atender el recurso, discutiendo inicialmente la naturaleza y criterios del certiorari en asuntos penales.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resolviendo un recurso de certiorari presentado por Francisco Bruno Jiménez. El peticionario impugnó una resolución del Tribunal de Primera Instancia que declaró sin lugar su moción de desestimación de acusaciones. Alegó que en la vista preliminar no se presentó prueba suficiente para fundamentar las acusaciones en su contra, especialmente en la modalidad de cooperador. Las acusaciones se relacionan con infracciones a la Ley de Armas (Artículos 5.01, 5.03 y 5.07). Los hechos imputados consisten en la venta de un rifle y municiones a un agente encubierto. El Tribunal de Apelaciones expidió el auto de certiorari para revisar el récord de la vista preliminar. Tras examinar la prueba testifical y documental presentada, el tribunal concluyó que sí existía causa probable para acusar. Por tanto, el Tribunal de Apelaciones confirmó la resolución recurrida del Tribunal de Primera Instancia.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una Resolución en el caso KLCE201801304. JRB Preferred Medical Billing, Inc. solicitó la revocación de una Resolución del Tribunal de Primera Instancia (TPI). La Resolución del TPI había denegado la moción de sentencia sumaria presentada por JRB. El litigio subyacente es una demanda de cobro de dinero, incumplimiento de contrato y daños presentada por el Dr. Moisés Esquenazi Franco contra JRB, relacionada con servicios de facturación médica. El TPI denegó la sentencia sumaria al encontrar controversias genuinas de hechos materiales. Estas controversias incluyen detalles sobre la información de facturación, el origen de posibles errores y el reclamo de comisiones post-contrato. El Tribunal de Apelaciones revisó la decisión del TPI aplicando el estándar de revisión de novo para sentencias sumarias. Confirmó que existen hechos esenciales en controversia que impiden un dictamen sumario. Por consiguiente, el Tribunal de Apelaciones denegó la expedición del auto de certiorari solicitado por JRB. La decisión del TPI de denegar la sentencia sumaria se mantiene.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en el caso KLAN201601862, apelación de una decisión sobre daños y perjuicios. El caso surge de un accidente vehicular en 2012 donde la apelada Mildred Márquez Matos resultó lesionada como pasajera. Ella y su esposo demandaron a la aseguradora del conductor responsable, Universal Insurance Company. El Tribunal de Primera Instancia encontró a los demandados responsables y concedió indemnizaciones a la Sra. Márquez por sus daños físicos y mentales, y a su esposo por angustias mentales. Los demandados apelaron, argumentando que la compensación otorgada era excesivamente alta. El Tribunal de Apelaciones revisó el expediente y los argumentos de las partes. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones confirmó la Sentencia emitida por el Tribunal de Primera Instancia. La decisión valida las cuantías indemnizatorias concedidas a los apelados por los daños sufridos.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico que atiende una apelación contra una sentencia desestimatoria del Tribunal de Primera Instancia. La apelante, Marian Laboy Torres, demandó la rescisión de un contrato de compraventa de terreno por incumplimiento de pago del balance por parte de los compradores, Gerardo Calderón y Sonia López. El pago final estaba condicionado a la segregación e inscripción de la propiedad, lo cual se completó años después de la venta inicial. Los compradores se acogieron a la Ley de Quiebras, Capítulo 7, donde la reclamación de la vendedora fue incluida y posteriormente descargada. El Tribunal de Primera Instancia desestimó la demanda de rescisión, concluyendo que la reclamación había sido descargada por la Corte de Quiebras y carecía de jurisdicción. La apelante argumenta que el tribunal erró al desestimar el caso, sosteniendo que la acción es de rescisión contractual y no de cobro de dinero, y que el contrato fue incorrectamente caracterizado. El Tribunal de Apelaciones examinará si la acción de rescisión está impedida por el descargo de deudas en el proceso de quiebras.

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El Plan de Bienestar de la Unión de Trabajadores de Muelles (PB) demandó a su aseguradora, AIG Insurance Company (AIG), para reclamar pérdidas por malversación de fondos bajo pólizas de fidelidad y crimen. PB notificó a AIG en 2005 tras pliegos acusatorios federales contra oficiales del fondo. AIG solicitó una prórroga ante la Oficina del Comisionado de Seguros (OCS), indicando que no podía resolver la reclamación mientras el caso criminal estuviera pendiente. AIG denegó la reclamación en 2009, citando, entre otras razones, la falta de presentación de la declaración jurada de pérdida y la ausencia de prueba de pérdidas causadas por actos deshonestos. El Tribunal de Primera Instancia (TPI) desestimó la demanda de PB. Una Sentencia previa del Tribunal de Apelaciones revocó esa desestimación y ordenó al TPI evaluar la intención de AIG al solicitar la prórroga a la OCS. El TPI, tras reevaluar, volvió a desestimar la demanda. Este Tribunal de Apelaciones revoca la Sentencia más reciente del TPI. El caso se devuelve al TPI para que adjudique la reclamación de PB en los méritos.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa una sentencia del Tribunal de Primera Instancia en un caso de daños económicos e interdicto sumario. La demanda fue presentada por Santa Paula Oil Corporation, posteriormente sustituida por To Go Stores, Inc., contra Israel Benítez Naranjo y otros. El foro primario declaró "Ha lugar" la demanda, condenando a los apelantes al pago solidario de \$129,221.00 más gastos y costas, y desestimó la reconvención. Posteriormente, el Tribunal de Primera Instancia denegó la solicitud de la parte demandante para el cobro de costas y gastos. Los apelantes recurrieron la sentencia principal, y la parte apelada presentó un certiorari para revisar la denegatoria de costas. El Tribunal de Apelaciones consolidó ambos recursos. Mediante esta sentencia, el Tribunal de Apelaciones confirma la sentencia apelada en cuanto a la condena por daños. Asimismo, expide el recurso de certiorari para revocar la resolución que denegó las costas. En consecuencia, el Tribunal de Apelaciones concede las costas a la parte apelada, To Go Stores, Inc.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre un recurso de certiorari presentado por Fermín Ramiro García Trigo y Leonor M. García Escanelle contra Banco Popular de Puerto Rico. Los peticionarios solicitan revocar una Orden del Tribunal de Primera Instancia de enero de 2018 que denegó una moción suya. El caso subyacente es una demanda de cobro de dinero y ejecución de hipoteca incoada por el banco en 2010. Los peticionarios alegaron falta de jurisdicción por emplazamiento defectuoso, indicando que estaban divorciados y no constituían una sociedad de bienes gananciales. El Tribunal de Primera Instancia dictó sentencia en rebeldía en 2010 y la propiedad fue subastada en 2013. Los peticionarios presentaron mociones impugnando el emplazamiento y la sentencia, las cuales fueron denegadas por el foro primario. Ya habían presentado un certiorari previo contra una orden de 2013. En esta Resolución, el Tribunal de Apelaciones deniega la expedición del auto de certiorari solicitado por los peticionarios.

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Recurso de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones contra una Resolución del Tribunal de Primera Instancia (TPI). Los peticionarios solicitan la revocación de la decisión del TPI que denegó su solicitud de relevo de una Sentencia por Consentimiento. Dicha sentencia se dictó en un caso de cobro de dinero por incumplimiento de un préstamo comercial garantizado con hipoteca. El TPI, aunque denegó el relevo, paralizó la ejecución de la sentencia hasta la inscripción de la hipoteca y la celebración de mediación. Los peticionarios alegaron, entre otros motivos, falta de notificación, falsedad en la representación de la inscripción hipotecaria y ausencia de mediación. El Banco Popular, parte recurrida, había solicitado la ejecución de la sentencia, pero luego pidió dejarla sin efecto y solicitó embargo ante la situación registral de la hipoteca. Tras examinar los escritos y el derecho aplicable, el Tribunal de Apelaciones acordó denegar la expedición del auto de certiorari.

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El Pueblo de Puerto Rico presentó un recurso de Certiorari ante el Tribunal de Apelaciones contra Jonathan Troche Bracero. El Pueblo impugnó una resolución del Tribunal de Primera Instancia que declaró No Ha Lugar su Moción Bajo la Regla 185 de Procedimiento Criminal. En dicha moción, el Pueblo solicitaba la corrección de la sentencia impuesta a Troche Bracero en 2005. Argumentaban que la sentencia era ilegal porque las penas por infracciones a la Ley de Armas se impusieron concurrentemente, cuando la Ley Núm. 137-2004 vigente requería que fueran consecutivas. El TPI denegó la moción del Pueblo al considerar que Troche Bracero ya había cumplido su sentencia y no estaba bajo supervisión judicial. Troche Bracero, por su parte, presentó una moción de desestimación del Certiorari por alegada falta de notificación, la cual fue declarada No Ha Lugar por el Tribunal de Apelaciones. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones decidió expedir el auto de Certiorari solicitado por el Pueblo. Sin embargo, procedió a confirmar la resolución recurrida del Tribunal de Primera Instancia.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resolviendo una apelación. La apelación fue presentada por el Fideicomiso del Plan de Pensión para Empleados de Escuelas Católicas. Impugna una Sentencia Parcial del Tribunal de Primera Instancia, Sala de Aguadilla. El caso original es una reclamación laboral bajo la Ley Núm. 2-1961 presentada por maestros retirados. Los maestros reclamaban salarios diferidos y beneficios de pensión impagos contra su patrono y el Fideicomiso. Alegaban que el Fideicomiso, como agente pagador, suspendió los pagos de pensión. El Fideicomiso argumentó no ser el patrono y que la Ley 2-1961 no le aplicaba. El Tribunal de Primera Instancia concedió una moción de los maestros para desistir sin perjuicio de la reclamación contra el Fideicomiso. El Fideicomiso apeló esta decisión. El Tribunal de Apelaciones confirma la Sentencia Parcial apelada, manteniendo la desestimación sin perjuicio de la reclamación contra el Fideicomiso.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico que resuelve una apelación en un caso de discrimen. La apelación fue presentada por Evelyn Vega Santiago contra One to Seven, Inc., impugnando una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia. El caso original, presentado bajo la Ley Núm. 2, incluía reclamaciones por discrimen por edad, impedimento, represalias, cobro de salario y daños a la dignidad. El Tribunal de Primera Instancia dictó Sentencia en rebeldía contra One to Seven por no contestar la querella. En dicha Sentencia, el foro primario declaró con lugar la causa de acción por violación a la dignidad y reputación, pero desestimó las demás reclamaciones. La Sentencia de instancia se basó en determinaciones de hechos realizadas tras una vista en rebeldía. Estas determinaciones detallaron el historial de empleo de la querellante, traslados entre tiendas, estado emocional y alegados incidentes con su supervisor. El Tribunal de Apelaciones, tras revisar el recurso, decidió confirmar la Sentencia apelada del Tribunal de Primera Instancia.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en un recurso de apelación presentado por Pablo Millán Ortiz. El caso surge de una demanda instada por la Asociación de Condóminos del Condominio Villas del Faro en su contra. La Asociación alegó que el Sr. Millán violó la fachada de su apartamento al cambiar las ventanas e instalar una unidad de aire acondicionado y una vareta sin la debida autorización. Sostuvieron que estas acciones incumplieron el Reglamento del Condominio y la Ley de Condominios. El Sr. Millán se defendió argumentando que notificó el cambio de ventanas y que, al no recibir objeción en 60 días, entendió que tenía permiso. El Tribunal de Primera Instancia declaró con lugar la demanda de la Asociación, ordenando al Sr. Millán restablecer la fachada. El Sr. Millán apeló esta decisión ante el Tribunal de Apelaciones. Tras revisar el caso, el Tribunal de Apelaciones confirmó la Sentencia apelada.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emitió una sentencia en respuesta a una apelación presentada por José L. Muñiz Santiago. El apelante buscaba revocar una decisión del Tribunal de Primera Instancia que lo encontró culpable del delito de Amenazas, tipificado en el Art. 177 del Código Penal. Los hechos probados indicaron que el apelante envió mensajes de texto amenazando de muerte a los hijos de su expareja. El Tribunal de Primera Instancia lo sentenció a dos meses de cárcel por este delito, absolviéndolo de otra acusación. En su apelación, Muñiz Santiago argumentó que la prueba no estableció su culpabilidad más allá de duda razonable y que la acusación no imputaba delito. El Tribunal de Apelaciones revisó los señalamientos de error y los principios legales aplicables, incluyendo la presunción de inocencia y la suficiencia de la prueba. Tras evaluar el caso, el Tribunal de Apelaciones determinó que los argumentos del apelante carecían de mérito. Por consiguiente, la sentencia apelada fue confirmada en su totalidad.

Resumen:

El Banco Popular de Puerto Rico solicitó la revocación de una resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó su petición para emitir una nueva orden de ejecución de sentencia. Dicha solicitud buscaba cobrar una alegada deficiencia tras la ejecución de una hipoteca. BPPR había adquirido la propiedad en subasta por el tipo mínimo pactado. Posteriormente, BPPR reclamó una deficiencia de \$111,415.71 y pidió embargar otros bienes de los deudores. El foro primario cuestionó la existencia de una deficiencia real, señalando que la propiedad fue vendida por BPPR por una cantidad que cubría la suma reclamada. La resolución recurrida determinó que la alegada deficiencia fue subsanada con la venta posterior del inmueble. El Tribunal de Primera Instancia concluyó que no existía una deficiencia real cobrable y ordenó a BPPR certificar y evidenciar cualquier monto real adeudado. El Tribunal de Apelaciones expidió el auto de certiorari solicitado por BPPR. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones confirmó la resolución emitida por el foro primario.

Resumen:

Banco Popular de Puerto Rico solicitó al Tribunal de Apelaciones revisar las sanciones económicas impuestas por el Tribunal de Primera Instancia en un caso de ejecución de hipoteca. El tribunal de instancia sancionó a Banco Popular con el pago de honorarios de abogado y gastos de transportación para la parte demandada por su incomparecencia a una vista. El Tribunal de Apelaciones denegó la expedición del auto de certiorari solicitado por Banco Popular. La decisión se fundamentó en que la resolución recurrida es una orden interlocutoria sobre imposición de sanciones. Conforme a la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, este tipo de orden no es revisable mediante certiorari, salvo excepciones no aplicables aquí. El tribunal apelativo determinó que la situación no constituía un fracaso irremediable de la justicia que justificara una revisión excepcional. Además, señaló que Banco Popular no demostró que el tribunal de instancia abusara de su discreción al imponer las sanciones. Por tanto, se denegó el recurso conforme a las reglas procesales aplicables a la revisión de órdenes interlocutorias.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones denegó la expedición del auto de Certiorari solicitado por Lydia Albino Lugo. La señora Albino Lugo buscaba revocar una Resolución del Tribunal de Primera Instancia que declaró No Ha Lugar su Solicitud de Sentencia Sumaria. Dicha resolución permitió a Carlos Cernas Ocasio continuar con una acción de deslinde en su contra. Cernas Ocasio alegó que Albino Lugo ocupa parte de su propiedad y le impide el acceso. Albino Lugo negó las alegaciones y cuestionó el título y la legitimación activa de Cernas Ocasio. El foro primario concluyó que Cernas Ocasio estaba facultado para seguir con el deslinde y ordenó nombrar un perito. El Tribunal de Apelaciones, por los fundamentos expuestos, denegó la petición de certiorari.

Resumen:

La Administración de Hogares de Agricultores (AHA) inició un pleito de cobro de dinero y ejecución de hipoteca contra los peticionarios por una deuda de \$98,146.14. Los peticionarios contestaron la demanda y participaron en la mediación compulsoria requerida por la Ley Núm. 184-2012. Posteriormente, la AHA presentó una solicitud de sentencia sumaria. Los peticionarios se opusieron, argumentando que la AHA no negoció de buena fe durante la mediación ni ofreció alternativas como HARP o HAMP. La AHA se opuso a esta moción, explicando que los programas HARP/HAMP no eran aplicables a sus préstamos y que cumplió con el mandato de mediación. El Tribunal de Primera Instancia dictó sentencia a favor de la AHA, concediendo el remedio solicitado. Los peticionarios presentaron una solicitud de reconsideración y determinaciones adicionales, la cual fue declarada extemporánea por el foro primario. A raíz de ello, la AHA solicitó la ejecución de la sentencia. El tribunal emitió una orden para disponer el procedimiento de ejecución.

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Un panel integrado por jueces revisó un recurso presentado por Autogermana, Inc. solicitando la revisión de una Resolución, Orden y Sentencia del Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan. El caso se originó con una querella presentada por el señor Julio Andrés Quiñones González contra Autogermana por despido injustificado y salarios adeudados bajo el procedimiento sumario. El señor Quiñones alegó haber sido despedido sin justa causa tras 21 años de empleo y reclamó salarios dejados de percibir, mesada y honorarios de abogado. Autogermana fue emplazada, pero posteriormente impugnó el emplazamiento, argumentando que fue diligenciado defectuosamente a través de una persona sin autorización. El señor Quiñones se opuso a esta impugnación, afirmando que la persona que recibió el emplazamiento manifestó tener autoridad. El foro de instancia celebró una vista evidenciaria para dilucidar la controversia sobre el emplazamiento. Ambas partes presentaron testimonio relacionado con la validez del diligenciamiento. Autogermana apeló la decisión del tribunal de instancia sobre el emplazamiento y la sentencia subsiguiente. El panel apelativo, tras examinar el caso, confirmó los dictámenes impugnados del foro de instancia.