Casos del Tribunal de Apelaciones (Página 291)

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una Resolución en respuesta a una petición de certiorari presentada por Nitay Pérez Seda. El peticionario solicita la revisión de una Resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó su moción de desestimación. Los cargos contra el peticionario son por violaciones a la Ley de Tránsito, específicamente por un accidente fatal mientras conducía un "four track". El peticionario alegó que en la vista de determinación de causa para arresto no fue identificado ni vinculado a la prueba presentada, violando su debido proceso. El Ministerio Público se opuso, argumentando que las declaraciones juradas de testigos con conocimiento personal y la certificación de defunción eran suficientes. El Tribunal de Primera Instancia denegó la moción de desestimación. El Tribunal de Apelaciones, ejerciendo su facultad discrecional en el recurso de certiorari, examina los planteamientos. Concluye que no procede la expedición del auto solicitado. En consecuencia, se deniega la petición de certiorari y se declara No Ha Lugar la solicitud de paralización de los procedimientos.

Resumen:

El Plan de Bienestar de la Unión de Trabajadores de Muelles (PB) demandó a su aseguradora, AIG Insurance Company (AIG), para reclamar pérdidas por malversación de fondos bajo pólizas de fidelidad y crimen. PB notificó a AIG en 2005 tras pliegos acusatorios federales contra oficiales del fondo. AIG solicitó una prórroga ante la Oficina del Comisionado de Seguros (OCS), indicando que no podía resolver la reclamación mientras el caso criminal estuviera pendiente. AIG denegó la reclamación en 2009, citando, entre otras razones, la falta de presentación de la declaración jurada de pérdida y la ausencia de prueba de pérdidas causadas por actos deshonestos. El Tribunal de Primera Instancia (TPI) desestimó la demanda de PB. Una Sentencia previa del Tribunal de Apelaciones revocó esa desestimación y ordenó al TPI evaluar la intención de AIG al solicitar la prórroga a la OCS. El TPI, tras reevaluar, volvió a desestimar la demanda. Este Tribunal de Apelaciones revoca la Sentencia más reciente del TPI. El caso se devuelve al TPI para que adjudique la reclamación de PB en los méritos.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en el caso KLAN201601862, apelación de una decisión sobre daños y perjuicios. El caso surge de un accidente vehicular en 2012 donde la apelada Mildred Márquez Matos resultó lesionada como pasajera. Ella y su esposo demandaron a la aseguradora del conductor responsable, Universal Insurance Company. El Tribunal de Primera Instancia encontró a los demandados responsables y concedió indemnizaciones a la Sra. Márquez por sus daños físicos y mentales, y a su esposo por angustias mentales. Los demandados apelaron, argumentando que la compensación otorgada era excesivamente alta. El Tribunal de Apelaciones revisó el expediente y los argumentos de las partes. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones confirmó la Sentencia emitida por el Tribunal de Primera Instancia. La decisión valida las cuantías indemnizatorias concedidas a los apelados por los daños sufridos.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de Certiorari presentado por Jorge L. Pagán Vélez contra el Departamento de Corrección y Rehabilitación. El peticionario solicitaba que se ordenara al Tribunal de Primera Instancia (TPI) de Arecibo cumplir con un remedio administrativo. El caso original era una demanda de injunction presentada en el TPI de Arecibo, que fue trasladada a Mayagüez. En el TPI se gestionó la representación legal del peticionario y se ordenó el traslado del caso de vuelta a Arecibo. El Tribunal de Apelaciones desestimó el recurso de Certiorari. La desestimación se fundamentó en la falta de jurisdicción. Se determinó que el recurso era prematuro conforme a la Regla 83(C) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones. La petición de Certiorari fue presentada antes de que se notificara formalmente la orden del TPI de trasladar el caso a Arecibo y asignar un nuevo abogado. El tribunal enfatizó la importancia de la jurisdicción y el cumplimiento riguroso de los procedimientos.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa una sentencia del Tribunal de Primera Instancia en un caso de Mandamus. La acción original buscaba obligar a la Junta de Planificación y al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales a designar la totalidad del Caño Tiburones como reserva natural. El Tribunal de Primera Instancia ordenó a las agencias iniciar el proceso de delimitación para unas 7,000 cuerdas. Las agencias apelaron esta decisión. El Tribunal de Apelaciones concluye que el Tribunal de Primera Instancia actuó sin jurisdicción al dictar su sentencia. Esto se debió a la paralización automática vigente bajo la ley federal PROMESA. La corte argumenta que dicha paralización afecta acciones contra el Estado y que este caso tiene implicaciones económicas sustanciales. Por tanto, se deja sin efecto la sentencia apelada. El caso se devuelve al foro de instancia para que dicte sentencia de archivo.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emitió una sentencia en respuesta a una apelación presentada por José L. Muñiz Santiago. El apelante buscaba revocar una decisión del Tribunal de Primera Instancia que lo encontró culpable del delito de Amenazas, tipificado en el Art. 177 del Código Penal. Los hechos probados indicaron que el apelante envió mensajes de texto amenazando de muerte a los hijos de su expareja. El Tribunal de Primera Instancia lo sentenció a dos meses de cárcel por este delito, absolviéndolo de otra acusación. En su apelación, Muñiz Santiago argumentó que la prueba no estableció su culpabilidad más allá de duda razonable y que la acusación no imputaba delito. El Tribunal de Apelaciones revisó los señalamientos de error y los principios legales aplicables, incluyendo la presunción de inocencia y la suficiencia de la prueba. Tras evaluar el caso, el Tribunal de Apelaciones determinó que los argumentos del apelante carecían de mérito. Por consiguiente, la sentencia apelada fue confirmada en su totalidad.

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Comparecen ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico los señores Esteves Jiménez y Arreche Holdum mediante recurso de certiorari. Solicitan la revisión de una Orden del Tribunal de Primera Instancia que denegó su moción en oposición a la sustitución de partes y nulidad de procedimientos. El caso original es una demanda de cobro de dinero y ejecución de hipoteca presentada por Doral Bank en 2008, resultando en una sentencia en rebeldía. Los peticionarios intentaron en múltiples ocasiones obtener relevo de sentencia y paralizar el proceso, incluyendo una quiebra federal. Surgió una controversia sobre la ejecutabilidad de la sentencia bajo la Regla 51.1 y la legitimación activa de Roosevelt Cayman/REO PR CORP. como sucesor de Doral Bank. El foro primario había determinado previamente que la sentencia era ejecutable bajo la Regla 51.1, lo cual advino final y firme. La orden recurrida en certiorari específicamente denegó la oposición de los peticionarios a la sustitución de partes. El Tribunal de Apelaciones, tras considerar el recurso, resuelve denegar la expedición del certiorari solicitado.

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Samer Service Station Corp. solicita al Tribunal de Apelaciones revisar una resolución del Tribunal de Primera Instancia que le impidió presentar testigos anunciados tardíamente. La prohibición ocurrió a solo dos semanas de culminar el descubrimiento de prueba en una demanda por daños y perjuicios. Samer Service Station Corp. demandó a Gasolinera Shell Fairview Inc. y Banco Popular de Puerto Rico, alegando negligencia y fraude que resultaron en pérdidas y el cierre de su negocio. El proceso de descubrimiento en el TPI experimentó varias extensiones. Banco Popular de Puerto Rico objetó la inclusión de testigos y documentos por considerarla extemporánea y perjudicial. El TPI acogió la objeción y excluyó la prueba. La peticionaria argumenta que el anuncio de los testigos se realizó dentro del término concedido. El Tribunal de Apelaciones evalúa la corrección de la decisión del TPI de excluir la prueba testifical.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisando una determinación del Tribunal de Primera Instancia. El peticionario, condenado a reclusión perpetua en 1978 por asesinato en primer grado, solicitó al foro primario modificar su sentencia a 99 años. Fundamentó su petición en el principio de favorabilidad y los cambios introducidos por la Ley Núm. 100 de 1980. El Tribunal de Primera Instancia declaró No Ha Lugar la moción. El peticionario acudió en alzada mediante recurso de certiorari, alegando error al no aplicar el principio de favorabilidad y el límite de 99 años. La Oficina del Procurador General se opuso, argumentando la no retroactividad de la Ley 100-1980 según jurisprudencia del Tribunal Supremo. El Tribunal de Apelaciones procede a atender el recurso, discutiendo inicialmente la naturaleza y criterios del certiorari en asuntos penales.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una Resolución en el caso KLCE201801304. JRB Preferred Medical Billing, Inc. solicitó la revocación de una Resolución del Tribunal de Primera Instancia (TPI). La Resolución del TPI había denegado la moción de sentencia sumaria presentada por JRB. El litigio subyacente es una demanda de cobro de dinero, incumplimiento de contrato y daños presentada por el Dr. Moisés Esquenazi Franco contra JRB, relacionada con servicios de facturación médica. El TPI denegó la sentencia sumaria al encontrar controversias genuinas de hechos materiales. Estas controversias incluyen detalles sobre la información de facturación, el origen de posibles errores y el reclamo de comisiones post-contrato. El Tribunal de Apelaciones revisó la decisión del TPI aplicando el estándar de revisión de novo para sentencias sumarias. Confirmó que existen hechos esenciales en controversia que impiden un dictamen sumario. Por consiguiente, el Tribunal de Apelaciones denegó la expedición del auto de certiorari solicitado por JRB. La decisión del TPI de denegar la sentencia sumaria se mantiene.

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Este es un recurso de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de divorcio. La peticionaria impugna una Resolución del Tribunal de Primera Instancia que concedió al recurrido un crédito de \$70,287.83. Dicho crédito se derivó de la aplicación retroactiva de una pensión alimentaria permanente fijada previamente. Las partes habían estipulado una pensión alimentaria de \$15,000 mensuales en 2014, renunciando a reclamaciones retroactivas. Posteriormente, el recurrido solicitó revisiones de pensión por la mayoría de edad de los hijos. El Tribunal de Apelaciones expidió el recurso de certiorari. Tras revisar el dictamen, el Tribunal determinó que procedía revocar la decisión apelada. En consecuencia, el Tribunal de Apelaciones ordenó la celebración de una vista evidenciaria en el Tribunal de Primera Instancia.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resolviendo un recurso de certiorari presentado por Francisco Bruno Jiménez. El peticionario impugnó una resolución del Tribunal de Primera Instancia que declaró sin lugar su moción de desestimación de acusaciones. Alegó que en la vista preliminar no se presentó prueba suficiente para fundamentar las acusaciones en su contra, especialmente en la modalidad de cooperador. Las acusaciones se relacionan con infracciones a la Ley de Armas (Artículos 5.01, 5.03 y 5.07). Los hechos imputados consisten en la venta de un rifle y municiones a un agente encubierto. El Tribunal de Apelaciones expidió el auto de certiorari para revisar el récord de la vista preliminar. Tras examinar la prueba testifical y documental presentada, el tribunal concluyó que sí existía causa probable para acusar. Por tanto, el Tribunal de Apelaciones confirmó la resolución recurrida del Tribunal de Primera Instancia.

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Recurso de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones contra una Resolución del Tribunal de Primera Instancia (TPI). Los peticionarios solicitan la revocación de la decisión del TPI que denegó su solicitud de relevo de una Sentencia por Consentimiento. Dicha sentencia se dictó en un caso de cobro de dinero por incumplimiento de un préstamo comercial garantizado con hipoteca. El TPI, aunque denegó el relevo, paralizó la ejecución de la sentencia hasta la inscripción de la hipoteca y la celebración de mediación. Los peticionarios alegaron, entre otros motivos, falta de notificación, falsedad en la representación de la inscripción hipotecaria y ausencia de mediación. El Banco Popular, parte recurrida, había solicitado la ejecución de la sentencia, pero luego pidió dejarla sin efecto y solicitó embargo ante la situación registral de la hipoteca. Tras examinar los escritos y el derecho aplicable, el Tribunal de Apelaciones acordó denegar la expedición del auto de certiorari.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una resolución sobre una petición de certiorari presentada por MCS Advantage, Inc. MCS demandó al Dr. Joel D. González Méndez por cobro de dinero, reclamando sobrepagos por el medicamento Robaxin. En el Tribunal de Primera Instancia, MCS solicitó conocimiento judicial de una sentencia federal contra el Dr. Edgar Rivera-Morales, socio de oficina del Dr. González, convicto por conducta similar de sobrefacturación. MCS argumentó que esta convicción era pertinente para probar la responsabilidad del Dr. González. El Dr. González se opuso, alegando la impertinencia e inadmisibilidad de la convicción de un tercero no parte en el pleito para probar su propia responsabilidad. El tribunal de instancia declaró no ha lugar la moción de MCS. Inconforme, MCS recurrió en certiorari ante el Tribunal de Apelaciones para revisar dicha orden. Tras evaluar el recurso, el Tribunal de Apelaciones denegó la expedición del auto de certiorari solicitado.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de discrimen y represalia bajo la Ley Núm. 2. El peticionario demandó al recurrido, quien fue emplazado pero presentó su contestación fuera del término legal de diez días. El peticionario solicitó la anotación de rebeldía del recurrido ante el Tribunal de Primera Instancia. Dicho foro denegó la solicitud de rebeldía, aunque reconoció la presentación tardía de la contestación. Inconforme, el peticionario acudió al Tribunal de Apelaciones mediante recurso de certiorari. El Tribunal de Apelaciones determinó que el TPI erró al no anotar la rebeldía. Se expidió el auto de certiorari solicitado y se revocó la Resolución del TPI. Se ordenó anotar la rebeldía a Mennonite General Hospital, Inc. El caso se devuelve al foro de instancia para la continuación de los procedimientos.

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El Pueblo de Puerto Rico presentó un recurso de Certiorari ante el Tribunal de Apelaciones contra Jonathan Troche Bracero. El Pueblo impugnó una resolución del Tribunal de Primera Instancia que declaró No Ha Lugar su Moción Bajo la Regla 185 de Procedimiento Criminal. En dicha moción, el Pueblo solicitaba la corrección de la sentencia impuesta a Troche Bracero en 2005. Argumentaban que la sentencia era ilegal porque las penas por infracciones a la Ley de Armas se impusieron concurrentemente, cuando la Ley Núm. 137-2004 vigente requería que fueran consecutivas. El TPI denegó la moción del Pueblo al considerar que Troche Bracero ya había cumplido su sentencia y no estaba bajo supervisión judicial. Troche Bracero, por su parte, presentó una moción de desestimación del Certiorari por alegada falta de notificación, la cual fue declarada No Ha Lugar por el Tribunal de Apelaciones. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones decidió expedir el auto de Certiorari solicitado por el Pueblo. Sin embargo, procedió a confirmar la resolución recurrida del Tribunal de Primera Instancia.

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Este caso ante el Tribunal de Apelaciones surge de contra-reclamaciones entre el comprador y vendedor de una panadería. El comprador demandó al vendedor por incumplimiento de contrato, alegando que la propiedad no fue entregada en las condiciones acordadas, lo que le causó daños. El vendedor, a su vez, demandó al comprador por incumplimiento de pago del precio de venta. Ambas acciones fueron consolidadas en el Tribunal de Primera Instancia (TPI). El TPI determinó que el vendedor incumplió sus obligaciones contractuales, pero dejó pendiente la cuantificación de los daños al comprador. Posteriormente, el vendedor solicitó sentencia sumaria sobre su reclamación de pago. El TPI denegó la solicitud del vendedor, razonando que la obligación de pago del comprador estaba suspendida hasta que se determinaran los daños causados por el vendedor. El vendedor acudió al Tribunal de Apelaciones mediante Certiorari para revisar esta denegatoria. En esta Resolución, el Tribunal de Apelaciones declina intervenir con la decisión del TPI en el ejercicio de su discreción.

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En un caso de daños y perjuicios por alegada negligencia médica, un médico codemandado solicitó autorización para presentar una demanda de coparte contra el hospital, también codemandado. El médico argumentó que un perito identificó posible negligencia del hospital que podría eximirlo de responsabilidad o hacerlo responsable ante él. El hospital se opuso, alegando que la acción estaba prescrita, pues el médico tuvo conocimiento de los hechos desde el inicio del pleito en 2011. El Tribunal de Primera Instancia inicialmente autorizó la demanda de coparte, pero tras reconsideración solicitada por el hospital, la denegó por prescripción. El médico recurrió esta determinación ante el Tribunal de Apelaciones mediante certiorari. El Tribunal de Apelaciones expidió el auto solicitado. Finalmente, revocó la resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó la autorización para la demanda de coparte.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en el caso de Ángel R. Cabiya Burgos contra Parker Hannifin Corporation, relacionado con un reclamo de despido injustificado. La empresa Parker Hannifin solicitó un auto de certiorari para revisar una resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó las mociones de sentencia sumaria presentadas por ambas partes. El señor Cabiya Burgos alegó haber sido despedido sin justa causa y por discriminación por edad, siendo reemplazado por una persona más joven, invocando las Leyes Núm. 2 de 1961 y Núm. 100 de 1959. Parker Hannifin sostuvo que el despido se debió a una reorganización y eliminación del puesto, argumentando que la causa fue justificada. El Tribunal de Apelaciones, tras examinar el caso, resuelve expedir el auto solicitado. Sin embargo, confirma la decisión del foro de primera instancia de denegar las mociones de sentencia sumaria. Esto implica que existen hechos materiales en controversia que impiden resolver el caso sumariamente. La revisión de esta resolución interlocutoria se permite bajo una excepción jurisprudencial.

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Ángel Luis Rivera Nieves apela la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó su demanda contra el Fideicomiso La Familia y otros. La acción original buscaba, entre otros remedios, la terminación, rendición de cuentas y liquidación del fideicomiso. Los apelados presentaron defensas, incluyendo cosa juzgada e impedimento por actos propios, argumentando que la validez del fideicomiso ya había sido resuelta previamente. Solicitaron sentencia sumaria parcial basándose en la doctrina de cosa juzgada. El Tribunal de Primera Instancia dictó Sentencia Parcial declarando que las alegaciones sobre la validez del fideicomiso constituían cosa juzgada. El proceso también incluyó disputas sobre el descubrimiento de prueba, como interrogatorios y requerimientos de documentos. El TPI emitió varias órdenes resolviendo estas controversias de descubrimiento. La apelación solicita la revisión de la Sentencia que resultó en la desestimación de la demanda del apelante.

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John A. Román Alvarado compareció ante el Tribunal de Apelaciones solicitando la revisión de la fianza impuesta por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Caguas. El recurso presentado era un certiorari sobre rebaja de fianza. Mientras el caso se tramitaba en apelación, se celebró la vista preliminar en el foro primario. En dicha vista, el Tribunal de Primera Instancia determinó no causa para acusar con relación a todos los cargos contra el peticionario. Ante este resultado, el señor Román Alvarado presentó una moción solicitando el desistimiento del recurso de certiorari. El Tribunal de Apelaciones declaró ha lugar la petición de desistimiento. En consecuencia, se ordenó el archivo del caso KLCE201900136. La sentencia fue emitida el 28 de febrero de 2019.

Resumen:

Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de certiorari presentado por Puerto Rico Telephone Company (Claro). Claro solicitó la revocación de una Orden del Tribunal de Primera Instancia que denegó su cuarta moción de desestimación. El caso subyacente es una demanda por represalias, incumplimiento de contrato y daños presentada por los recurridos en 2015. Claro argumentó falta de diligencia de los demandantes y reiterados incumplimientos de órdenes judiciales, especialmente en relación con la toma de deposiciones. Se detallan múltiples aplazamientos de deposiciones atribuidos a la parte demandante. El Tribunal de Primera Instancia había advertido previamente sobre la posibilidad de imponer sanciones severas, incluyendo la desestimación, por la falta de diligencia. A pesar de este historial procesal, el foro primario denegó la cuarta solicitud de desestimación de Claro. El Tribunal de Apelaciones, ejerciendo su discreción, denegó la expedición del auto de certiorari solicitado por Claro.

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Este caso ante el Tribunal de Apelaciones surge de una reclamación laboral presentada por Myrna Billoch Mendoza contra Hogar Amor y Paz, Inc. La querella busca indemnización por salarios, vacaciones y horas extras bajo leyes laborales de Puerto Rico, utilizando el procedimiento sumario. La parte recurrida fue emplazada pero no presentó una contestación oportuna a la querella dentro del plazo legal. En su lugar, Hogar Amor y Paz solicitó la desestimación del caso alegando falta de jurisdicción por emplazamiento defectuoso. La peticionaria solicitó al Tribunal de Primera Instancia que anotara la rebeldía de la recurrida por no contestar. El foro primario denegó la solicitud de anotación de rebeldía, aunque también denegó la moción de desestimación. La señora Billoch Mendoza acudió entonces al Tribunal de Apelaciones mediante certiorari para revisar esa denegatoria. El Tribunal de Apelaciones expide el auto de certiorari solicitado y revoca el dictamen del Tribunal de Primera Instancia.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una sentencia en el caso de apelación presentado por Luis A. Echevarría Gómez. El apelante impugna la sentencia dictada por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Ponce, tras ser hallado culpable de varios delitos bajo el Código Penal y la Ley de Armas. Dicha sentencia, emitida el 3 de enero de 2019, impuso una pena de prisión considerable. El Tribunal de Apelaciones observa que el Sr. Echevarría Gómez presentó dos recursos de apelación distintos contra la misma sentencia. Un recurso fue presentado por su representación legal, mientras que el segundo fue presentado por él mismo. Ambos recursos versan sobre el mismo asunto y buscan la revisión de la misma decisión judicial. Conforme al principio de economía procesal que evita la duplicidad de procesos, el Tribunal desestima el segundo recurso de apelación. Se destaca que el apelante ya cuenta con representación legal en el primer recurso pendiente. La sentencia ordena notificar al apelante confinado sobre esta determinación.

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El Tribunal de Apelaciones revisa una Resolución del Tribunal de Primera Instancia de Caguas en un caso sobre alimentos ex cónyuges. Las partes, divorciadas, no habían liquidado su sociedad de gananciales. La ex esposa solicitó pensión alimentaria temporal alegando necesidad y falta de liquidez de los bienes comunes. Durante el proceso, las partes acordaron solicitar al tribunal que fijara una suma mensual como anticipo de la participación de la ex esposa en la comunidad post ganancial. Se propuso una suma de \$1,000 mensuales, inicialmente con pagos globales trimestrales. El ex esposo solicitó modificar el acuerdo para realizar pagos mensuales el día 20, lo cual la ex esposa no objetó. El Tribunal de Primera Instancia dictó sentencia formalizando el acuerdo. Fijó una pensión ex cónyuge de \$1,000 mensuales, pagadera el día 20, como parte de la liquidación de bienes. La sentencia dispuso que esta pensión cesaría una vez se liquidara la comunidad de bienes. El recurso de apelación se presenta contra una resolución posterior del TPI relacionada con esta sentencia.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resolvió un recurso presentado por Yoelvis de la Paz Damas en un caso de divorcio contra Sylvia Ivette Antonmarchi Sotomayor. El apelante impugnó una orden del Tribunal de Primera Instancia que le exigía presentar una demanda separada para la división de bienes gananciales, luego de que se dictara la sentencia de divorcio. El apelante había intentado incluir la división de gananciales mediante una reconvención en el pleito original. Tras la negativa del foro primario y la denegación de una moción de reconsideración por falta de jurisdicción, el apelante acudió al Tribunal de Apelaciones. El Tribunal de Apelaciones acogió el recurso como una solicitud de certiorari. Sin embargo, tras evaluar el caso, el tribunal denegó la solicitud. La denegación se fundamentó en la determinación del Tribunal de Apelaciones de que carecía de jurisdicción para atender el recurso presentado.

Resumen:

Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre una petición de certiorari. Robert Hatton Gotay solicita la revisión de una Orden del Tribunal de Primera Instancia de Ponce. Dicha Orden declaró Con Lugar la exclusión de testigos informados por el peticionario en un informe de conferencia preliminar. El caso subyacente es una demanda sobre resolución de contrato y daños y perjuicios. Previamente, el Tribunal de Apelaciones había confirmado parcialmente una sentencia, devolviendo el caso al TPI. La devolución fue específicamente para una vista evidenciaria sobre los daños y para permitir prueba pericial para rebatirlos. La parte demandante solicitó la exclusión de testigos de Hatton Gotay argumentando que no se ajustaban al alcance limitado de la devolución. El TPI acogió esa solicitud, lo que motivó la presente petición de certiorari. La Resolución fue emitida el 28 de febrero de 2019.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de cobro de dinero. El demandado, Camilo S. Franqui Padrón, solicitó la desestimación de la demanda por emplazamiento tardío. La agencia de cobro, PR Consumer Debt Management CO., Inc., lo emplazó 175 días después de expedido el emplazamiento, tras el paso del Huracán María. El demandado argumentó que el emplazamiento ocurrió fuera del término legal de 120 días, incluso considerando la extensión de plazos por el huracán. El Tribunal de Primera Instancia denegó la desestimación, justificando la demora por la emergencia. Inconforme, el demandado recurrió en Certiorari ante el Tribunal de Apelaciones. El Tribunal de Apelaciones expide el recurso y revoca la decisión del foro primario. Se ordena la desestimación del pleito sin perjuicio. La determinación se fundamenta en que el emplazamiento no se realizó dentro del término legal establecido por las reglas de procedimiento civil.

Resumen:

Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de cobro de dinero y ejecución de hipoteca. La peticionaria, Abidith Marzán Castro, solicitó un auto de certiorari contra una resolución del Tribunal de Primera Instancia. Dicha resolución denegó su impugnación de los avisos de venta en pública subasta publicados por Federal National Mortgage Association (Fannie Mae), quien se subrogó en la posición del demandante original. La señora Marzán alegó que los avisos de subasta eran nulos por un error en el nombre del demandante en la primera publicación y por falta de notificación de dicho edicto, argumentando violación a la Regla 51.7 y al debido proceso. Fannie Mae reconoció el error como clerical y sin perjuicio, afirmando que se corrigió y que la notificación fue adecuada. El Tribunal de Primera Instancia desestimó la impugnación y la solicitud de paralización de la subasta. Tras examinar los escritos y el derecho aplicable, el Tribunal de Apelaciones acordó denegar la expedición del auto de certiorari solicitado por la señora Marzán.

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Comparece ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico el señor Juan L. Arce Maisonet solicitando la revocación de una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia. Dicha sentencia denegó su demanda de restitución de un vehículo de motor contra la señora Jazmín Torres Méndez. Arce Maisonet alegó haber comprado el vehículo con su dinero para su negocio, destinado al uso de Torres Méndez, su empleada, bajo un acuerdo verbal. Aunque él pagó los \$24,500, consintió en que el vehículo fuera registrado a nombre de Torres Méndez. Tras dejar el empleo, Torres Méndez retuvo el vehículo, incumpliendo el acuerdo. El Tribunal de Primera Instancia declaró No Ha Lugar la demanda, a pesar de los hechos no controvertidos sobre el pago realizado por Arce Maisonet. La señora Torres Méndez había presentado una reconvención por daños, la cual fue desestimada con perjuicio. El Tribunal de Apelaciones, tras revisar el caso, revocó la Sentencia apelada. Se ordenó a la señora Jazmín Torres Méndez la restitución del vehículo Toyota Rav4 al señor Juan L. Arce Maisonet.

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Comparece ante el Tribunal de Apelaciones la Cooperativa de Viviendas Los Robles mediante recurso de certiorari. Solicita la revocación de una sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó su demanda de desalojo y lanzamiento contra Lourdes Marie Navarro Marrero. La Cooperativa inició el desalojo tras separar a la señora Navarro Marrero como socia por supuesta violación a la ley de cooperativas. En la vista ante el foro primario, la controversia principal giró en torno a la legalidad de la notificación de la resolución de expulsión. Específicamente, se debatió la interpretación de párrafos de la resolución que ofrecían una oportunidad de ser escuchada en una vista posterior. La recurrida alegó que esta segunda vista no ocurrió y que el texto era ambiguo sobre si debía solicitarla o si sería señalada por la Junta. El Tribunal de Primera Instancia concluyó que la demanda era prematura debido a la falta de claridad en la resolución respecto a la vista. Por ello, desestimó el caso sin entrar en los méritos del desalojo. La Cooperativa busca que se revoque esta desestimación y se ordene la continuación del procedimiento de desalojo. La parte recurrida no compareció en el recurso de apelación.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso presentado por Cooperativa de Ahorro y Crédito de Moca. La apelación impugna una decisión del Tribunal de Primera Instancia de noviembre de 2018. Dicha decisión había declarado nula una sentencia previa de abril de 2013. La sentencia anulada se dictó en un caso de cobro de dinero y ejecución de hipoteca incoado por la Cooperativa contra César J. Otero Quevedo. El caso original se basaba en un pagaré hipotecario de 1996. Existe un historial de pleitos relacionados entre las partes, incluyendo demandas anteriores desestimadas. El Tribunal de Apelaciones revisó la procedencia de la nulidad decretada por el foro primario. Tras la revisión, el Tribunal de Apelaciones decidió modificar la sentencia apelada. La modificación consiste en dejar sin efecto la parte del dictamen que anuló la acción de cobro de dinero. Así modificada, la sentencia del Tribunal de Primera Instancia es confirmada.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en el caso KLCE201900082. El peticionario, Héctor L. Vargas Soto, presentó un recurso de certiorari para revisar una resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó su solicitud de desestimación por impedimento colateral por sentencia. El Tribunal de Apelaciones desestima el recurso. La desestimación se fundamenta en la falta de jurisdicción del tribunal para atender el caso. Se reitera el principio legal de que un tribunal sin jurisdicción solo puede declararlo y desestimar la acción sin entrar en los méritos. Se mencionan las bases legales que rigen la jurisdicción del Tribunal de Apelaciones para conocer de recursos de certiorari. Se destaca la importancia del cumplimiento estricto del término de treinta días para presentar el recurso tras la notificación de la resolución recurrida, según la Regla 32(D) de su Reglamento. La ausencia de jurisdicción en este caso particular lleva a la desestimación del certiorari.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa una Sentencia Sumaria emitida por el Tribunal de Primera Instancia. Los apelantes, Héctor Núñez Guadalupe y otros, buscaban revocar la decisión que desestimó su demanda contra Lagardere Unlimited, José Juan Barea y otros. La demanda original alegaba la existencia de un contrato verbal de consultoría para lograr que José Juan Barea firmara un acuerdo de representación con Lagardere Unlimited. Los apelantes reclamaban una comisión del 1% sobre el contrato de \$19 millones de Barea con los Minnesota Timberwolves. Los apelados solicitaron sentencia sumaria argumentando que los reglamentos de la Asociación de Jugadores de la NBA prohíben a los agentes pagar a terceros para obtener jugadores y a personas no autorizadas representar a los mismos. El Tribunal de Primera Instancia concedió la sentencia sumaria, determinando la inexistencia de un contrato escrito y la aplicabilidad de las prohibiciones reglamentarias. La sentencia apelada desestimó la demanda con perjuicio. El Tribunal de Apelaciones, tras evaluar los argumentos, confirma la sentencia sumaria del Tribunal de Primera Instancia.

Resumen:

La Sucesión de Carlos Febles Vega apeló una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que resolvió una demanda de división de comunidad y recobro de créditos. La Sucesión demandó a Victor Vivas Febles buscando la división de un solar heredado y el pago de renta por su posesión exclusiva. El Tribunal de Primera Instancia determinó que el solar pertenecía al caudal hereditario del causante, Carlos Febles Vega. Sin embargo, encontró probado que la casa construida sobre el solar fue edificada con dinero privativo de Carmen Rita Febles González, madre del demandado y también coheredera. Por tanto, el TPI concluyó que el solar era parte de la herencia del causante, pero la estructura era propiedad de la herencia de Carmen Rita Febles González. El tribunal de instancia ordenó a la Sucesión vender el solar al señor Vivas o comprarle la estructura a este último. El panel apelativo revisó los fundamentos y hechos probados por el TPI. Finalmente, la Sentencia apelada fue confirmada por este tribunal.