Casos del Tribunal de Apelaciones (Página 289)

Resumen:

Sentencia de un panel de jueces que revisa una decisión del Tribunal de Primera Instancia sobre un despido. El apelante, Falcón, Sánchez \& Associates, impugna la determinación de que el despido de la apelada, Ana E. González Torres, fue injustificado bajo la Ley Núm. 80. El foro primario encontró el despido injustificado al no acreditarse el respeto al requisito de antigüedad, manteniendo empleados con menor servicio en posiciones similares. La señora González Torres laboró para la firma desde 1996 hasta su despido el 9 de enero de 2014, principalmente como Asistente Administrativo. Su reclamación inicial por despido injustificado y discriminatorio bajo las Leyes 80 y 100 se limitó posteriormente a la Ley 80. El procedimiento judicial se transformó de sumario a ordinario. La apelante defendió el despido como parte de una reorganización por merma en ingresos, argumentando la eliminación del puesto y la consideración de la antigüedad. Se presentó prueba testimonial y documental para sustentar esta defensa durante la vista en su fondo. El documento detalla el trasfondo fáctico y procesal del caso que motiva la presente revisión.

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El Tribunal de Apelaciones resolvió una petición de certiorari presentada por el Colegio Carvin School, Inc. La petición buscaba revocar una resolución del Tribunal de Primera Instancia de Carolina en un caso de daños y perjuicios. Mediante dicha resolución, el TPI declaró no ha lugar una solicitud del Colegio para desestimar la causa de acción de una menor por sufrimientos mentales e imponer honorarios. El Colegio también solicitó al Tribunal de Apelaciones que ordenara la paralización de los procedimientos ante el TPI. Tras examinar la petición, el Tribunal de Apelaciones decidió abstenerse de ejercer su función revisora. Por tanto, denegó la expedición del auto de certiorari. En consecuencia, también se denegó la solicitud de paralización de los procedimientos. La resolución del TPI se mantiene, permitiendo que el caso continúe hacia el juicio pautado.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisó una sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó una demanda de daños y perjuicios/expropiación a la inversa. La Sucesión de Delia María Hau Rodríguez apeló la desestimación de su demanda contra el Municipio de Isabela. El foro primario había declarado ha lugar una solicitud de desestimación por prescripción. Sin embargo, el Tribunal de Apelaciones determinó que carecía de jurisdicción para revisar el dictamen. La apelación se consideró prematura porque la sentencia del foro primario no dispuso de la totalidad de las controversias. Específicamente, la sentencia desestimó la demanda principal pero no resolvió la reconvención presentada por el Municipio. Una sentencia que no adjudica todas las reclamaciones pendientes no es una sentencia final apelable, a menos que se certifique como parcial bajo la Regla 42.3. Al no ser una sentencia final, el recurso de apelación fue presentado antes de tiempo. Por consiguiente, el Tribunal de Apelaciones declarará su falta de jurisdicción y desestimará la apelación.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resolviendo una apelación del Condominio Chalets de Río Hondo. El Condominio apeló la desestimación por el Tribunal de Primera Instancia de su demanda de cobro de cuotas de mantenimiento contra Raúl E. Varandela Velázquez y su sociedad legal de gananciales. El proceso apelativo se centró en la prueba presentada en la instancia inferior. Las partes discreparon sobre la transcripción de la prueba oral y presentaron exposiciones narrativas. El Tribunal de Apelaciones ordenó al Condominio apelante acreditar que ofreció en evidencia los documentos relevantes ante el TPI. La parte apelante no cumplió con este requerimiento. La parte apelada sostuvo que el TPI no admitió documentos y que no hubo oferta de prueba adecuada. La sentencia analizará el impacto de la falta de prueba admitida en la decisión del TPI. El caso gira en torno a si la prueba documental para el cobro de dinero fue debidamente presentada y admitida.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en el caso de Carmen Figueroa Otero contra la Universidad del Este. La apelante impugnaba una sentencia previa del Tribunal de Primera Instancia que desestimó su demanda por daños y perjuicios. El Tribunal de Apelaciones procedió a evaluar los documentos del expediente. Determinó que carecía de jurisdicción para atender el recurso presentado. La falta de jurisdicción se debe a que la apelación fue radicada fuera del término jurisdiccional establecido por ley. El documento detalla la cronología de la sentencia original, la solicitud de reconsideración y las órdenes subsiguientes del foro primario, incluyendo una orden enmendada. A pesar de los señalamientos de error presentados por la apelante sobre el fondo del caso, el Tribunal se enfoca en el defecto jurisdiccional. La presentación de un recurso fuera del término jurisdiccional es fatal e insubsanable. Por consiguiente, el Tribunal de Apelaciones desestima la apelación.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emitió una Sentencia en respuesta a un recurso de certiorari presentado por Francisco Corretjer Catalán y otros. Los peticionarios solicitaron la revisión de una determinación del Tribunal de Primera Instancia que denegó su solicitud para descalificar al Lcdo. Francisco M. Troncoso Cortés como representante legal del Consejo de Titulares del Condominio Plaza Atlántico. La controversia surgió en el contexto de una demanda por escalamiento y hurto, donde los peticionarios alegaron negligencia por parte del Consejo y su Junta. El Lcdo. Troncoso asumió la representación del Consejo, pero los peticionarios argumentaron que existían conflictos de intereses significativos. Señalaron que el abogado era titular, miembro del Consejo, del Comité de Seguridad y de la Junta de Directores antes, durante y después de los hechos, e incluso participó en discusiones y votaciones sobre el caso. Los peticionarios alegaron que estas circunstancias violaban los cánones de ética profesional y justificaban su descalificación. Tras examinar los documentos, el Tribunal de Apelaciones expidió el auto de certiorari. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones revocó la determinación del Tribunal de Primera Instancia.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre una petición de certiorari presentada por José García Cartagena. El peticionario recurre de una determinación del Tribunal de Primera Instancia que denegó su Moción de Nuevo Juicio al amparo de la Regla 192.1 de Procedimiento Criminal. García Cartagena fue convicto por asesinato estatutario (Art. 106 CP) y sentenciado a 99 años de reclusión. En su moción, alegó errores en la apreciación de la prueba por el jurado, insuficiencia del testimonio clave, posible conflicto de interés y deficiencias en su representación legal. El Tribunal de Apelaciones examinó el escrito presentado por el peticionario. En virtud de su facultad discrecional para expedir el auto de certiorari, el Tribunal DENEGÓ la expedición del mismo. La resolución explica brevemente la naturaleza discrecional del certiorari y la Regla 192.1 que permite impugnar sentencias.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de Certiorari. El caso principal enfrenta a Plaza Internacional, dueño de The Mall of San Juan, contra Saks Fifth Avenue Puerto Rico y Saks Incorporated. Plaza Internacional demandó a Saks por incumplimiento de un acuerdo (COREA) al no reparar ni reabrir la tienda Saks tras el Huracán María. La demanda busca cumplimiento específico para obligar las reparaciones y reapertura, así como resarcimiento de daños. Plaza Internacional también solicitó un injunction preliminar con el mismo fin. Saks contestó alegando que Plaza Internacional incumplió el contrato al no construir un hotel/casino, lo que podría permitirles terminar los acuerdos. Saks argumentó que no estaba obligado a reconstruir si Plaza Internacional fallaba en sus obligaciones o si existía un "Cotenancy Failure". El recurso de Certiorari ante el Tribunal de Apelaciones solicita la revisión de una Orden del Tribunal de Primera Instancia que denegó una solicitud de orden protectora presentada por Saks. La sentencia del Tribunal de Apelaciones resolverá sobre dicha denegatoria en el contexto de esta controversia contractual.

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Comparecen ante el Tribunal de Apelaciones los apelantes en un recurso contra Roosevelt Cayman Asset Company, apelada. El recurso proviene de un caso de cobro de dinero y ejecución de hipoteca iniciado originalmente por Doral Bank. Los apelantes buscan la revisión de una Sentencia parcial del Tribunal de Primera Instancia que desestimó su reconvención. En la reconvención, alegaron fraude en la originación del préstamo hipotecario que dio origen a la deuda. El Tribunal de Primera Instancia celebró una vista para evaluar estas alegaciones de fraude. Tras la vista, el foro primario concluyó que no se probaron los elementos constitutivos de fraude. Determinó que el cierre del préstamo se realizó en el curso normal de los negocios y los apelantes fueron cualificados adecuadamente. Por tanto, desestimó la reconvención y ordenó la continuación de los procedimientos. Los apelantes solicitaron reconsideración, la cual fue declarada No Ha Lugar por el tribunal sentenciador. También intentaron revisar una orden previa sobre retracto de crédito litigioso, que ya había sido objeto de revisión por otro panel de este Tribunal.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico que atiende una apelación presentada por Luis Ricardo Venegas Girón y Eneida Santini Green. El recurso impugna una Sentencia Parcial del Tribunal de Primera Instancia que desestimó la demanda en cuanto a Rosa González Vives. El pleito original se inició por incumplimiento de contrato y daños contra Elías Rivera Vieras, quien falleció durante el proceso. La demanda fue enmendada para incluir a la sucesión de Rivera Vieras, identificando entre sus miembros a Rosa González Vives. Los apelantes argumentaron que la desestimación fue errónea y prematura, afectando sus derechos. Tras examinar las contenciones de las partes, el Tribunal de Apelaciones determinó que procedía la revocación del dictamen apelado.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de cobro de dinero. Midland Credit Management demandó a Marisel Nieves Herrera por una deuda de tarjeta de crédito. El Tribunal de Primera Instancia declaró Ha Lugar la demanda de cobro. La señora Nieves Herrera apeló, alegando que el foro primario carecía de jurisdicción por incumplimiento con la Ley de Agencias de Cobro respecto a la notificación previa. También argumentó que se admitió prueba de un testigo no cualificado. El Tribunal de Primera Instancia había denegado previamente su moción de desestimación sobre la base jurisdiccional, encontrando que el acuse de recibo del aviso de cobro fue recibido. Tras examinar el recurso, el Tribunal de Apelaciones confirmó la Sentencia apelada.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una Resolución en un recurso de certiorari presentado por Rose Marie Berberena Martin. La Peticionaria solicitó la revisión de una Resolución del Tribunal de Primera Instancia de Ponce en un caso de divorcio que involucra disputas sobre un hijo menor de edad. El Recurrido, padre del menor, había expresado preocupación por el bienestar del niño y solicitado evaluación y custodia provisional en Puerto Rico. El foro primario ordenó estudios sociales y una evaluación psicológica para el menor y los padres. La Peticionaria se opuso a estas órdenes y buscó la revisión apelativa. El Tribunal de Apelaciones analizó el recurso de certiorari. Por los fundamentos expuestos, el Tribunal DENEGÓ la expedición del auto de certiorari solicitado.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico consideró una petición de certiorari presentada por Joshua Vidal Ledux. El peticionario buscaba la modificación de una pena impuesta por infracción al Art. 15 de la Ley para la Protección de la Propiedad Vehicular. Alegaba que el foro primario erró al no considerar la reducción de su sentencia por atenuantes. Sin embargo, el Tribunal de Apelaciones determinó que la petición incumplía sustancialmente con los requisitos de su Reglamento. La corte enfatizó su obligación de ser guardián de su propia jurisdicción. Señaló que la falta de jurisdicción no puede ser subsanada y que los recursos apelativos deben ser perfeccionados rigurosamente. Al no cumplir el peticionario con los requisitos procesales, el Tribunal concluyó que carecía de jurisdicción para atender el recurso. Por consiguiente, la petición de certiorari fue desestimada.

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Comparece ante el Tribunal de Apelaciones una apelación contra una Sentencia Parcial del Tribunal de Primera Instancia. Dicha sentencia desestimó por prescripción una demanda en daños y perjuicios presentada contra Puerto Rico Medical ER Group, CSP. La demanda original fue incoada por los familiares de un fallecido, alegando negligencia médica y de un establecimiento de comida. Puerto Rico Medical fue incluido como codemandado mediante una demanda enmendada, más de dos años después del fallecimiento. La entidad alegó que la causa de acción en su contra estaba prescrita, ya que la demanda original no interrumpió el término. Los demandantes se opusieron, argumentando desconocimiento previo de la identidad de Puerto Rico Medical y la aplicabilidad de reglas procesales. El Tribunal de Primera Instancia determinó que la acción contra Puerto Rico Medical estaba prescrita. Los apelantes solicitaron la revocación de este dictamen. El Tribunal de Apelaciones, tras revisar los fundamentos, confirmó la sentencia apelada.

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Este documento es una resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de certiorari relacionado con un cobro de dinero y ejecución de hipoteca. La peticionaria, Abidith Marzán Castro, solicitó la intervención del Tribunal para revisar la denegatoria de su moción de relevo de sentencia por el Tribunal de Primera Instancia. La sentencia original, dictada en 2016 a favor de Banco Santander y luego confirmada en apelación en 2018, ordenó la ejecución de la hipoteca. La peticionaria alegó fraude, argumentando que Banco Santander no era el verdadero tenedor del pagaré hipotecario al momento de la demanda, sino que Fannie Mae lo poseía desde 2007. El Tribunal de Primera Instancia denegó el relevo, y la peticionaria recurrió en certiorari. El Tribunal de Apelaciones declina expedir el auto, al no encontrar que se demostrara fraude alguno en el trámite que culminó en la sentencia. Concluye que no se configuró una situación que requiriera conceder el relevo solicitado.

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Sentencia Nunc Pro Tunc del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. El Pueblo de Puerto Rico presentó recursos de certiorari (KLCE201701397 y KLCE201701398) para apelar una Resolución del Tribunal de Primera Instancia. Dicha Resolución, emitida el 13 de junio de 2017, concedió un nuevo juicio a Antonio Ramos Cruz y Juan Carlos Meléndez Serrano. Los recurridos fueron declarados culpables en 1992 por el asesinato de Haydeé Teresa Maymí Rodríguez y sus dos hijos menores. El documento detalla la extensa prueba testifical y documental presentada durante el juicio original de 1992. El Tribunal de Apelaciones consideró la solicitud del Pueblo de revocar la concesión del nuevo juicio. Tras revisar los recursos, el Tribunal decidió expedirlos. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones revocó la Resolución del Tribunal de Primera Instancia que había ordenado el nuevo juicio.

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Ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico comparece Luis Bermúdez González mediante recurso de certiorari. Solicita la revocación de una Orden de Protección emitida por el Tribunal de Primera Instancia a favor de Yashiree Molina Galarza. La orden fue expedida al amparo de la Ley para la Protección de las Víctimas de Violencia Sexual en Puerto Rico. La señora Molina Galarza alegó que Bermúdez González incurrió en actos lascivos, tocamientos y la privó de su libertad durante un curso de armas en su armería. El Tribunal de Primera Instancia celebró una vista y emitió la orden de protección tras determinar que los hechos alegados ocurrieron. Bermúdez González recurrió la decisión. El Tribunal de Apelaciones expidió el auto de certiorari para revisar la orden. Tras la revisión, el Tribunal de Apelaciones modificó la orden recurrida. Así modificada, la sentencia del Tribunal de Primera Instancia fue confirmada.

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Sentencia Nunc Pro Tunc del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en los casos KLCE201701397 y KLCE201701398. El Pueblo de Puerto Rico presentó recursos de certiorari para impugnar una Resolución del Tribunal de Primera Instancia que concedió un nuevo juicio a Antonio Ramos Cruz y Juan Carlos Meléndez Serrano. Los recurridos fueron declarados culpables en 1992 por el asesinato de Haydeé Teresa Maymí Rodríguez y sus dos hijos menores. El juicio original se extendió por 11 días y contó con una amplia presentación de prueba testifical y documental. La Sentencia detalla la lista de testigos de cargo y defensa, así como la evidencia física presentada durante aquel proceso. El Tribunal de Apelaciones procedió a expedir ambos recursos de certiorari. Como resultado, revocó la Resolución del Tribunal de Primera Instancia que había ordenado la celebración de un nuevo juicio.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en el caso de Ivelisse Reyes Suárez contra Walmart Supercenter Cayey. El recurso de apelación surge de una querella por despido injustificado presentada bajo el procedimiento sumario de la Ley Núm. 2. El Tribunal de Primera Instancia desestimó la querella mediante sentencia sumaria. La apelante solicitó reconsideración, la cual fue denegada. Posteriormente, la apelante instó el presente recurso de apelación. El Tribunal de Apelaciones evaluó su jurisdicción para conocer del recurso. Determinó que la apelación fue presentada fuera del término jurisdiccional establecido. La presentación tardía de un recurso apelativo resulta en la falta de jurisdicción del tribunal. Por consiguiente, el Tribunal de Apelaciones desestima el recurso por carecer de jurisdicción.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una Resolución en respuesta a un recurso de certiorari presentado por Agustín González Feliciano. El peticionario solicitó la revisión de una Orden del Tribunal de Primera Instancia de Guaynabo. Dicha Orden denegó sus mociones de supresión de evidencia y de desestimación bajo la Regla 64(p) de Procedimiento Criminal. El peticionario enfrenta cargos bajo la Ley 22 por hechos relacionados con un accidente de tránsito, incluyendo no detenerse, conducción temeraria, licencia suspendida y manejo bajo los efectos de alcohol. El Tribunal de Primera Instancia celebró vistas y evaluó la prueba antes de emitir su determinación de no ha lugar a ambas mociones. El peticionario alegó varios errores cometidos por el tribunal primario al denegar sus peticiones y al manejar las vistas. El Tribunal de Apelaciones consideró el carácter discrecional del recurso de certiorari. Tras evaluar los fundamentos expuestos, el Tribunal de Apelaciones deniega tanto el recurso de certiorari como la moción en auxilio de jurisdicción presentados por el peticionario.

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La sentencia del Tribunal de Apelaciones aborda la solicitud de retracto de crédito litigioso en un caso de cobro de dinero y ejecución de hipoteca. El demandado, José María García Bermúdez, reclamó este derecho tras la sustitución de la parte demandante por Roosevelt Cayman Asset Company. El foro primario denegó inicialmente el retracto, considerando que el crédito no era litigioso después de dictada sentencia. Un recurso anterior ante este tribunal revocó esa determinación, señalando que un acuerdo post-sentencia podría haber reactivado el carácter litigioso. Se ordenó al foro primario investigar el acuerdo y la cesión del crédito para evaluar la procedencia del retracto. En cumplimiento, el foro primario ordenó a Roosevelt Cayman divulgar detalles de la cesión, incluyendo el precio. Roosevelt Cayman objetó esta orden, alegando falta de notificación y debido proceso. El presente recurso revisa una determinación post-sentencia vinculada a esta disputa sobre el retracto y el descubrimiento de prueba.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre una solicitud de exención de pago de pena especial por pobreza. El peticionario, Benigno Sepúlveda Zambrana, bajo custodia, presentó un escrito a manuscrito alegando indigencia para no pagar una pena de \$900. El tribunal señala que la solicitud carece de una relación fiel de los hechos procesales, señalamientos de error y copia de la sentencia u orden recurrida. Se citan las reglas del Tribunal de Apelaciones (Regla 34(C) y 34(E)) y jurisprudencia que exigen el cumplimiento riguroso de los requisitos para perfeccionar un recurso apelativo. Estos requisitos incluyen identificar la decisión impugnada, exponer los hechos relevantes, articular los errores y adjuntar un apéndice con los documentos necesarios. El tribunal subraya que el incumplimiento de estas normas procesales puede llevar a la desestimación del recurso. La resolución aborda la falta de cumplimiento con las formalidades requeridas para la presentación de la solicitud.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de Certiorari presentado por la Administración para el Desarrollo de Empresas Agropecuarias (ADEA). El recurso impugna una resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó una solicitud de traslado en un caso de cobro de dinero. Tras la denegatoria, ADEA presentó una moción de reconsideración ante el Tribunal de Primera Instancia. Mientras dicha moción estaba pendiente de resolución, ADEA acudió al Tribunal de Apelaciones mediante Certiorari. El Tribunal de Apelaciones examinó su jurisdicción para entender en el recurso. Determinó que la presentación de una moción de reconsideración interrumpe los términos para recurrir en alzada. Un recurso presentado antes de que se resuelva la reconsideración es prematuro y priva al tribunal apelativo de jurisdicción. Dado que la moción de reconsideración aún no ha sido resuelta por el Tribunal de Primera Instancia, el Certiorari presentado por ADEA es prematuro. Por consiguiente, el Tribunal de Apelaciones carece de jurisdicción para conocer del recurso en este momento. Se desestima el recurso de Certiorari por falta de jurisdicción, al ser prematuro.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una Resolución en respuesta a un recurso de certiorari presentado por Eduardo J. Artau Feliciano. El señor Artau Feliciano solicitó la revocación de una Resolución del Tribunal de Primera Instancia que declaró Sin Lugar su Moción de Desestimación al amparo de la Regla 64(P) de Procedimiento Criminal. El caso subyacente es una denuncia por violación al Artículo 5.07 de la Ley 22 (imprudencia o negligencia) tras un accidente de tránsito. En su moción, Artau Feliciano argumentó que el accidente fue un caso fortuito (impactar un tronco) y no hubo negligencia criminal. El Ministerio Público se opuso, señalando que la prueba en la vista de causa probable sustentaba la inferencia de descuido e imprudencia. El Tribunal de Primera Instancia, tras examinar los argumentos, denegó la desestimación. Inconforme, el peticionario acudió al Tribunal de Apelaciones. El Tribunal de Apelaciones, por los fundamentos expuestos, deniega la expedición del auto de certiorari solicitado.

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Recurso de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso sobre liquidación de comunidad de bienes. La peticionaria, Nilda Lizzette Ríos Ortiz, solicita la revocación de una resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó su moción de sentencia sumaria. El recurrido, Luis Daniel Cruz Morales, demandó la liquidación de bienes, reclamando créditos por aportaciones a un inmueble y enseres, además de un canon de arrendamiento. Las partes estuvieron casadas bajo un régimen de total separación de bienes según capitulaciones matrimoniales. Durante el matrimonio, adquirieron un único bien inmueble en común pro-indiviso, con un 50% para cada uno. La peticionaria contestó la demanda, reconvino y luego solicitó la sentencia sumaria. El Tribunal de Apelaciones revisó el caso, considerando el régimen económico matrimonial y la forma de adquisición del inmueble. El Tribunal de Apelaciones expidió el auto de certiorari y modificó la resolución recurrida.

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En un pleito de alimentos, custodia y relaciones paterno-filiales, una parte solicitó información financiera de una cooperativa sobre una cuenta para determinar la capacidad económica de la otra parte. La parte solicitante creía que la cuenta pertenecía personalmente al demandado. El demandado se opuso, alegando que la cuenta era de una corporación ajena al pleito y no suya personal, presentando una certificación que lo confirmaba. El Tribunal de Primera Instancia (TPI) acogió la solicitud y ordenó a la cooperativa divulgar la información de la cuenta corporativa. El demandado pidió reconsideración, argumentando que la orden era opresiva e impertinente al buscar datos de una entidad no parte y sin relación con su obligación alimentaria personal. El TPI declaró no ha lugar la reconsideración. Inconforme, el demandado presentó un recurso de Certiorari, alegando que el TPI erró al ordenar la divulgación de información corporativa de una entidad no parte basándose en meras alegaciones, a pesar de la evidencia de que la cuenta era corporativa. El recurso cuestiona la procedencia de compeler la divulgación de registros financieros corporativos en un pleito personal contra un individuo asociado a la corporación.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisó mediante certiorari una resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó una moción de sentencia sumaria presentada por Puerto Rico Retail Stores, Inc. La compañía fue demandada por un empleado, Víctor Rivera Domenech, quien alegó despido injustificado y discrimen por edad tras ser cesanteado temporalmente y luego despedido. El empleado argumentó que otro compañero con menor antigüedad y edad asumió parte de sus funciones. La compañía sostuvo que el despido fue justificado porque las funciones específicas del empleado (diseño, remodelación de tiendas) cesaron tras el Huracán María. Afirmó que el empleado era el único en su posición y que las tareas del otro compañero eran distintas (reparaciones rutinarias, mantenimiento). La empresa solicitó sentencia sumaria basándose en la falta de evidencia de discrimen y la distinción de funciones. El Tribunal de Apelaciones encontró errores en la decisión de instancia, expidió el auto de certiorari y revocó la denegatoria de la sentencia sumaria.

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Un panel de jueces emite una Sentencia en apelación sobre un caso de daños y perjuicios. El apelante, Sr. Héctor A. La Cruz Varela, solicitó la revocación de una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia (TPI). El TPI había archivado su demanda con perjuicio conforme a la Regla 39.2(a) de Procedimiento Civil. La decisión del TPI se fundamentó en el incumplimiento reiterado del demandante con órdenes judiciales. Específicamente, se señaló la falta de anuncio de nueva representación legal tras la renuncia de su abogado. Otros incumplimientos incluyeron la falta de pago de una sanción impuesta y la omisión de notificar escritos a la parte demandada. A pesar de múltiples oportunidades y apercibimientos, el TPI consideró que el demandante no cumplió. Sin embargo, la Sentencia de apelación, por los fundamentos que se expondrán, revoca la Sentencia apelada del TPI.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de cobro de dinero. La apelación fue presentada por Noel Torres Negrón y su esposa contra Fernando Sánchez Rodríguez y su esposa, luego de que el Tribunal de Primera Instancia fallara a favor de estos últimos. El apelante presentó una moción de reconsideración ante el foro primario, la cual fue declarada "No Ha Lugar", y posteriormente apeló. La parte apelada solicitó la desestimación de la apelación por falta de jurisdicción, alegando que la moción de reconsideración nunca les fue notificada y, por tanto, no interrumpió el término para apelar. El Tribunal de Apelaciones ordenó al apelante responder a la moción de desestimación y presentar documentos relevantes, pero este no cumplió inicialmente. El apelante finalmente respondió, aduciendo no haber recibido copia de ciertas mociones y órdenes relacionadas con la notificación. La sentencia aborda estas cuestiones procesales y la controversia jurisdiccional planteada por la parte apelada.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en una apelación presentada por Banco Popular de Puerto Rico. Banco Popular recurre la desestimación sin perjuicio de su demanda de ejecución de hipoteca por el Tribunal de Primera Instancia. La desestimación se fundamentó en la falta de emplazamiento a los demandados dentro del término de 120 días. Banco Popular había solicitado emplazamiento por edicto dentro del término, aduciendo no haber podido localizar a los demandados. El foro primario denegó la solicitud de edicto al considerar insuficientes las gestiones del emplazador. Específicamente, señaló que no se verificó una dirección de propiedad ni se contactó al abogado de quiebra de los demandados, según se había ordenado. La declaración jurada del emplazador también presentó discrepancias en la fecha de recepción de los documentos. Banco Popular alegó error al desestimar, argumentando que la solicitud de edicto fue oportuna y la declaración del emplazador detallada. Tras revisar el caso, el Tribunal de Apelaciones confirma la Sentencia apelada.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico que resuelve cinco recursos de apelación consolidados. Los apelantes impugnan las resoluciones del Tribunal de Primera Instancia, Sala de Bayamón, que denegaron sus peticiones de expediente de dominio. Dichas peticiones buscaban la inscripción de varios predios de terreno ubicados en el Barrio Nuevo de Bayamón. Los peticionarios alegaron haber adquirido la propiedad por usucapión, tras más de treinta años de posesión. El Tribunal de Primera Instancia desestimó los casos al denegar las peticiones. El Tribunal de Apelaciones, tras revisar los fundamentos, confirma las resoluciones apeladas. La sentencia valida la decisión del foro primario de no conceder los expedientes de dominio solicitados por los apelantes.

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Mediante un recurso de certiorari, Rafael Mojica Berrios solicitó al Tribunal de Apelaciones revocar una Resolución del Tribunal de Primera Instancia (TPI) de Bayamón. La Resolución del TPI, dictada el 19 de diciembre de 2018, declaró Sin Lugar la solicitud de desestimación instada por el peticionario bajo la Regla 64(n)(4) de Procedimiento Criminal. El caso subyacente involucra cargos por robo agravado y otros delitos. El documento detalla el historial procesal, incluyendo la vista de causa para arresto en alzada, la vista preliminar, y una moción de supresión de evidencia presentada por un coacusado con sus subsiguientes recursos de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones y el Tribunal Supremo. El peticionario intentó unirse sin éxito al recurso de certiorari del coacusado. Tras considerar los fundamentos, el Tribunal de Apelaciones deniega la expedición del auto de certiorari solicitado por Mojica Berrios. El caso es devuelto al foro primario para la continuación de los procedimientos.

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Múltiples peticionarios apelaron las resoluciones del Tribunal de Primera Instancia, Sala de Bayamón, que denegaron sus solicitudes de expediente de dominio. Los apelantes buscaban la inscripción de varios predios de terreno ubicados en el Barrio Nuevo de Bayamón, que forman parte de una finca mayor de 14 cuerdas. Alegaron haber adquirido la propiedad por usucapión, tras poseerla por más de treinta años. El foro primario desestimó las peticiones de expediente de dominio. El Tribunal de Apelaciones consolidó los recursos presentados por las distintas partes apelantes. Tras evaluar los fundamentos, el tribunal apelativo emitió su sentencia. La sentencia confirmó las resoluciones apeladas del Tribunal de Primera Instancia. Con ello, se mantuvo la denegatoria a las solicitudes de expediente de dominio presentadas.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones sobre la solicitud de Abraham Rodríguez Cruz. El peticionario, bajo custodia, busca modificar su sentencia para obtener una reducción del 25% amparado en la Ley Núm. 246-2014. Tras examinar el escrito, el Tribunal determinó que incumple con la mayoría de los requisitos formales establecidos en su Reglamento para la presentación de un recurso de certiorari. Se recuerda la obligación de los tribunales de velar por su jurisdicción y la responsabilidad de las partes de cumplir estrictamente con las normas procesales. La Regla 34 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones especifica detalladamente el contenido y los documentos necesarios para perfeccionar este tipo de recurso. El escrito del peticionario carece de la relación de hechos procesales, señalamiento de errores, discusión legal y el apéndice requerido con los documentos pertinentes. Este incumplimiento reglamentario impide al Tribunal considerar los argumentos de fondo presentados por el peticionario. Por tanto, el recurso no puede ser evaluado en sus méritos debido a sus defectos formales.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico, Panel IV. Resuelve apelaciones consolidadas presentadas por múltiples partes. Las apelaciones impugnan resoluciones del Tribunal de Primera Instancia, Sala de Bayamón. El foro primario había denegado varias peticiones separadas de Expediente de Dominio. Estas peticiones buscaban la inscripción de predios de terreno en el Barrio Nuevo de Bayamón. Los peticionarios alegaron haber adquirido la propiedad por usucapión tras más de treinta años de posesión. El Tribunal de Primera Instancia desestimó los casos subyacentes. Los apelantes solicitaron la revocación de dichas decisiones. El Tribunal de Apelaciones revisó el asunto. El tribunal apelativo confirmó las resoluciones dictadas por el Tribunal de Primera Instancia.

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MAPFRE Praico Insurance Company apela una Sentencia Sumaria del Tribunal de Primera Instancia que le ordenó pagar a Scotiabank de Puerto Rico \$23,989.50, más intereses y honorarios de abogado. El caso de cobro de dinero y fraude de acreedores fue iniciado por Scotiabank contra Coamo Auto Sales (CAS) y MAPFRE como fiador. La reclamación surge de un contrato de financiamiento de vehículo entre una clienta y Scotiabank, gestionado por CAS. Tras una querella ante el DACo, se declaró nulo el contrato y se ordenó a CAS reembolsar a Scotiabank la cantidad financiada. CAS no cumplió con la orden y fue disuelta. Scotiabank reclamó el pago a MAPFRE invocando una fianza de \$100,000 emitida por MAPFRE a favor de CAS, cuya vigencia Scotiabank acreditó. MAPFRE había solicitado la desestimación alegando la inexistencia de una fianza aplicable a la reclamación. El Tribunal de Apelaciones revisa ahora la determinación del foro primario que adjudicó la demanda a favor de Scotiabank.

Resumen:

Carlos Alberto Marrero presentó un recurso (inicialmente apelación, acogido como certiorari) ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. Solicitó la revocación de una resolución del Tribunal de Primera Instancia que declaró No Ha Lugar su solicitud de nuevo juicio. Posteriormente a la presentación del recurso de apelación, el peticionario presentó una solicitud de reconsideración de la misma resolución ante el foro primario. El Tribunal de Primera Instancia emitió una orden reconociendo que la moción de reconsideración estaba pendiente de su atención. Ante el reconocimiento del foro primario de la moción de reconsideración pendiente, el Tribunal de Apelaciones determinó que no ostentaba jurisdicción para atender el recurso. Consideró que el recurso presentado ante él era prematuro. Un recurso prematuro adolece de falta de jurisdicción. Por los fundamentos expuestos, el Tribunal de Apelaciones desestimó el recurso de certiorari por prematuro.

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RH Investment, S.E. apeló una sentencia del Tribunal de Primera Instancia que denegó su solicitud de sentencia declaratoria contra Power Sports Warehouse, Inc. La disputa central gira en torno al derecho de RH Investment, como arrendadora, a terminar un contrato de arrendamiento suscrito con Power Sports. RH Investment alegó que el contrato permitía a cualquiera de las partes cancelar con 60 días de antelación y que notificó la cancelación en marzo de 2018. Power Sports sostuvo que el derecho a cancelar durante los primeros dos años del contrato estaba reservado únicamente para el arrendatario. El Tribunal de Primera Instancia interpretó la cláusula de cancelación del contrato. Determinó que el arrendatario tenía la opción de cancelar en los primeros dos años (con penalidad), mientras que ambas partes podían cancelar durante el tercer año. Concluyó que la arrendadora no podía cancelar el contrato en marzo de 2018, ya que solo habían transcurrido 10 meses desde su otorgamiento. Por tanto, el TPI declaró no ha lugar la demanda de sentencia declaratoria. RH Investment apeló esta decisión, señalando errores en la interpretación del contrato y la denegación de su solicitud.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en un caso de cobro de dinero contra el Departamento de Educación. La recurrida, Celimar Santiago Burgos, reclamaba el pago de honorarios de abogado bajo la ley federal IDEA tras prevalecer en querellas administrativas. Tras la petición de quiebra del Estado Libre Asociado bajo el Título III de PROMESA, se activó una paralización automática de los procedimientos judiciales. El Tribunal de Primera Instancia inicialmente acogió la paralización y archivó administrativamente el caso. Sin embargo, posteriormente, el foro primario reconsideró y dejó sin efecto el archivo, reabriendo el caso. El Estado apeló esta decisión mediante certiorari, argumentando que el cobro de honorarios implica una erogación de fondos sujeta a la paralización de la quiebra. El Tribunal de Apelaciones concluye que le asiste la razón al peticionario. Por tanto, revoca la orden recurrida que reabrió el caso. Ordena la paralización de los procedimientos hasta que termine el proceso de quiebra del ELA o se levante la paralización automática por el foro federal competente.

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La Asociación de Suscripción Conjunta Del Seguro de Responsabilidad Obligatorio (ASC) solicitó al Tribunal de Apelaciones revisar una resolución del Tribunal de Primera Instancia (TPI). Dicha resolución del TPI denegó una Moción de Desestimación presentada por la ASC en un caso de sentencia declaratoria. La demanda original fue incoada por Primas y Seguros, Inc. contra la ASC, buscando una determinación sobre su derecho a cobrar comisiones por la venta de pólizas de seguro obligatorio. La ASC solicitó la desestimación alegando que la reclamación de Primas y Seguros constituía cosa juzgada. Basaron su argumento en un pleito de clase previo donde, según la ASC, los derechos de Primas y Seguros como agente de seguros ya habían sido adjudicados. Primas y Seguros se opuso, argumentando falta de identidad entre los casos y distintos periodos de tiempo. Tras evaluar los argumentos y el historial del caso previo, el TPI determinó que no existía la identidad necesaria entre ambos pleitos para aplicar la defensa de cosa juzgada. Consecuentemente, el TPI denegó la Moción de Desestimación de la ASC. Inconforme con esta decisión, la ASC presentó un recurso de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico que consolida múltiples recursos sobre expedientes de dominio. Varios peticionarios apelaron la denegación de sus solicitudes de inscripción de parcelas de terreno en Bayamón. Los peticionarios alegaron haber adquirido la propiedad por usucapión tras más de treinta años de posesión. El Tribunal de Primera Instancia había denegado las peticiones y desestimado los casos. Los apelantes buscaron revocar esas decisiones ante el foro apelativo. El Tribunal de Apelaciones examinó los fundamentos de las peticiones y las resoluciones recurridas. Por los fundamentos expuestos, el Tribunal de Apelaciones confirmó las resoluciones del Tribunal de Primera Instancia. Esto resultó en la denegación final de los expedientes de dominio solicitados.

Resumen:

Este documento es una sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. Consolida cinco apelaciones presentadas por varios peticionarios. Los apelantes impugnaron resoluciones del Tribunal de Primera Instancia, Sala de Bayamón. Dicho foro primario había denegado sus peticiones de expediente de dominio y desestimado los casos. Las peticiones buscaban la inscripción de varios predios de terreno en el Barrio Nuevo de Bayamón. Los peticionarios alegaron haber adquirido la propiedad por usucapión tras más de treinta años de posesión. El Tribunal de Apelaciones ordenó la consolidación de los recursos por estar íntimamente relacionados. Mediante esta sentencia, el Tribunal de Apelaciones confirma las resoluciones apeladas.