Casos del Tribunal de Apelaciones (Página 281)

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de impugnación de confiscación. El Estado Libre Asociado recurre una resolución del Tribunal de Primera Instancia (TPI) que reconsideró una sentencia parcial previa. Inicialmente, el TPI desestimó la demanda de la Cooperativa de Seguros Múltiples por falta de legitimación activa, tras no acreditar la cesión de derechos en una vista. La Cooperativa presentó evidencia de subrogación posteriormente, fuera del término concedido. A pesar de la oposición del ELA, el TPI reconsideró motu proprio su sentencia de desestimación y determinó que la Cooperativa sí tenía legitimación. El ELA argumentó en apelación que la sentencia parcial de desestimación ya era final y firme al momento de la reconsideración. El Tribunal de Apelaciones expidió el auto de certiorari solicitado. Se revocó la Resolución del TPI que había dejado sin efecto la desestimación inicial.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa una Sentencia Parcial emitida por el Tribunal de Primera Instancia. La apelación fue presentada por el Municipio Autónomo de San Juan. El caso se origina en un contrato de concesión entre Punto Verde PT, Inc. y la extinta Compañía de Parques Nacionales (CPN) para operar un eco-parque en el Parque Luis Muñoz Marín. Tras la transferencia del parque de la CPN al Municipio, surgió la controversia sobre si el Municipio asumió las obligaciones de dicho contrato. El Municipio argumentó que el contrato no le era oponible al no estar inscrito en el Registro de la Propiedad. Punto Verde sostuvo que el Municipio adquirió el parque en la misma posición que la CPN y debía honrar el acuerdo. El Tribunal de Primera Instancia determinó que el Municipio sí asumió las obligaciones contractuales de la CPN. El Tribunal de Apelaciones, mediante esta sentencia, confirma la decisión del foro primario.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resuelve una petición de certiorari presentada por los peticionarios. Estos impugnan una Resolución del Tribunal de Primera Instancia que dejó sin efecto una orden previa para la consignación de dinero de un seguro avícola. El pleito original trata sobre incumplimiento de contrato y daños relacionados con la venta de una finca con ranchos avícolas. Tras el Huracán María, los peticionarios solicitaron que la aseguradora depositara la indemnización por daños en el tribunal. El foro primario inicialmente concedió la consignación. Posteriormente, partes interventoras, alegando afectación a sus negocios y una identidad legal separada, solicitaron dejar sin efecto la orden. El Tribunal de Primera Instancia autorizó la intervención y, tras una vista, revocó la orden de consignación, determinando que no cumplía con las reglas procesales aplicables a remedios provisionales. Los peticionarios recurrieron en certiorari, argumentando que los interventores no cumplieron los requisitos para impugnar la orden. El Tribunal de Apelaciones deniega la expedición del auto solicitado.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico que resuelve una apelación. Los apelantes, Joel Vargas Cruz y Vicky Santiago Robles, impugnan la Sentencia Sumaria dictada por el Tribunal de Primera Instancia. Dicha sentencia sumaria declaró con lugar la demanda de cobro de dinero y ejecución de hipoteca presentada por Scotiabank de Puerto Rico. Scotiabank demandó a los apelantes por incumplimiento en los pagos de un préstamo hipotecario. Inicialmente, la acción se limitó al cobro debido a que la hipoteca no estaba inscrita, pero Scotiabank luego informó su inscripción y solicitó continuar con la ejecución. Los apelantes presentaron mociones relacionadas con el descubrimiento de prueba y solicitaron la desestimación por falta de partes indispensables. El Tribunal de Primera Instancia dictó sentencia sumaria a favor de Scotiabank. El Tribunal de Apelaciones revisó el caso y los argumentos de las partes. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones confirma la Sentencia Sumaria apelada.

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Se presenta un recurso de Certiorari ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un pleito de liquidación de sociedad post ganancial. El recurrente impugna una resolución interlocutoria del Tribunal de Primera Instancia que acogió una defensa de cosa juzgada. Dicha resolución impidió la presentación de evidencia sobre retiros de fondos gananciales realizados por la recurrida. El Tribunal de Apelaciones desestima el auto de Certiorari solicitado. La desestimación se fundamenta en la falta de autoridad para revisar la resolución interlocutoria mediante este recurso. La Regla 52.1 de Procedimiento Civil limita los tipos de órdenes interlocutorias revisables por Certiorari. La resolución impugnada no se encuentra entre las excepciones que permiten la revisión inmediata. La desestimación no prejuzga los méritos y el asunto puede plantearse en una apelación posterior a la sentencia final.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre un recurso de certiorari presentado por el Pueblo de Puerto Rico. El recurso impugna la determinación del Tribunal de Primera Instancia que desestimó las acusaciones contra Christian Santiago Martínez. Las acusaciones eran por infracciones a la Ley de Sustancias Controladas, Ley de Armas y Código Penal. La desestimación se basó en la Regla 64(n)(4) de Procedimiento Criminal, relativa al derecho a juicio rápido. El caso sufrió múltiples señalamientos de juicio, principalmente por fallas del Ministerio Público en la entrega de prueba y la incomparecencia de testigos. A pesar de la presencia de algunos testigos en la cuarta fecha señalada, la defensa argumentó que la prueba de cargo no estaba completa y que los términos de juicio rápido habían expirado sin justa causa. El foro primario acogió el planteamiento de la defensa y decretó la desestimación. Mediante esta resolución, el Tribunal de Apelaciones deniega el recurso de certiorari presentado por el Pueblo de Puerto Rico.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en el caso KLAN201900236. El recurso de apelación fue presentado por Empresas Berríos, Inc. contra Manuel García, relacionado con un despido injustificado bajo la Ley 80. La apelante presentó una moción informando sobre el desistimiento del caso. El Tribunal examinó dicha moción, presentada el 15 de abril de 2019. La sentencia, emitida el 22 de abril de 2019, declara Ha Lugar la moción de desistimiento. En consecuencia, y de conformidad con la Regla 83(A) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, se ordena el archivo y sobreseimiento del caso.

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Comparecen los hermanos Miranda Rivera apelando una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que aprobó un Informe de Contador Partidor en un caso de división de herencia. La demanda original fue incoada en 2006 contra la segunda esposa y una hija del causante. Un panel anterior de este Tribunal de Apelaciones ya había validado el testamento en un caso previo. Los apelantes argumentan que el foro primario carecía de jurisdicción para aprobar el informe y que erró al denegar su solicitud de Determinaciones de Hechos y Conclusiones de Derecho Adicionales sin fundamentar su decisión. El Tribunal analiza la Regla 43.1 de Procedimiento Civil sobre las mociones de determinaciones adicionales. Se señala que el foro primario no está obligado a conceder tales mociones si no proceden y que la regla utiliza la palabra "podrá". Los apelantes no citan base legal que obligue al tribunal a exponer los fundamentos de su denegatoria a dicha solicitud. Por los fundamentos expuestos, el Tribunal de Apelaciones confirma el dictamen apelado.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resolviendo la apelación de Gisela A. Sánchez Garriga. La apelante solicitó la revocación de una sentencia del Tribunal de Primera Instancia de junio de 2016. Dicha sentencia la declaró culpable de asesinato en segundo grado, portación y uso ilegal de arma de fuego, disparar o apuntar armas y desacato criminal. Se le impuso una pena total de 80 años y 90 días de cárcel y multas. Los cargos principales se originaron por la muerte de su compañero consensual en octubre de 2012. El documento detalla el historial de incomparecencias de la apelante a señalamientos judiciales, lo que resultó en órdenes de arresto y en ser declarada prófuga. Tras su arresto en abril de 2016, el caso continuó hasta la sentencia apelada. El Tribunal de Apelaciones revisó los argumentos presentados por la apelante. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones confirmó la Sentencia apelada del Tribunal de Primera Instancia.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico, Panel VIII, emite sentencia en el caso KLAN201801105. La apelación fue presentada por Kenny Hernández Torres contra las sentencias del Tribunal de Primera Instancia, Sala de Ponce. El foro primario lo condenó por infracciones a los Artículos 3.1 y 3.3 de la Ley Núm. 54, Ley de Violencia Doméstica. Se le impusieron penas concurrentes de tres años de reclusión por maltrato y maltrato mediante amenaza, además de aranceles especiales. El apelante impugnó las sentencias, alegando errores manifiestos en la apreciación de la prueba, la aplicación del derecho y el proceso de sentencia. Argumentó que la prueba no estableció su culpabilidad más allá de duda razonable y que se violó el debido proceso. Tras revisar el expediente y los autos, el Tribunal de Apelaciones procedió a resolver el asunto. Por los fundamentos expuestos, el Tribunal de Apelaciones confirma los dictámenes apelados.

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Comparecen Oil Energy System, Inc. y Petro West, Inc. ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico solicitando la revocación de una sentencia del Tribunal de Primera Instancia. Dicha sentencia desestimó una demanda presentada por los apelantes contra la Corporación Azucarera de Puerto Rico y la Autoridad de Tierras de Puerto Rico. La demanda original buscaba el cobro de una deuda ascendente a $288,416.03, más daños y perjuicios. Los demandantes impugnaron estipulaciones previas entre las co-demandadas y otras entidades, alegando que constituyeron actos fraudulentos. Argumentaron que estas estipulaciones enajenaron bienes que podrían haber servido para pagar sus acreencias, sin previa notificación. Consideraron que dicha actuación configuró un fraude de acreedores. El Tribunal de Primera Instancia declaró Ha Lugar una Moción de Desestimación y desestimó la demanda. Tras revisar el caso y sus precedentes, el Tribunal de Apelaciones CONFIRMA la sentencia apelada.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en un recurso de apelación. Los apelantes, incluyendo a Patrulleros del Pepino, Inc., solicitan la revocación de una sentencia del Tribunal de Primera Instancia de Aguadilla. Dicha sentencia les ordenó pagar $28,000 a Raúl Meléndez Serrano por cobro de dinero. El caso se originó por el alegado incumplimiento de un contrato de cesión de acciones de la corporación. Según el apelado, los apelantes asumieron una deuda personal de $21,000 y no realizaron los pagos acordados. Inicialmente hubo una sentencia en rebeldía que fue anulada por fallos en la notificación. Los apelantes contestaron la demanda, argumentando la invalidez del contrato y otras defensas. El Tribunal de Primera Instancia dictó sentencia sumaria a favor del apelado, lo cual es objeto de esta apelación. La sentencia del Tribunal de Apelaciones revisa los antecedentes procesales y los argumentos de las partes.

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Este caso ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico surge de una impugnación de testamento, desheredación y liquidación de herencia. La controversia principal involucra a una hija que impugna su desheredación y la obligación de colacionar una suma de dinero según el testamento de su madre. El Tribunal de Primera Instancia (TPI) emitió una sentencia sumaria parcial declarando nulas las cláusulas testamentarias sobre desheredación y colación. El TPI determinó que la razón para desheredar (abandono de nieta) no constituía una causa legal contra la testadora. Asimismo, resolvió que la colación de la deuda no procedía al ser la hija la única heredera forzosa. La sucesión, representada por otra heredera, apeló esta decisión, argumentando errores en la interpretación de la colación. El Tribunal de Apelaciones acogió el recurso como un certiorari. Tras revisar el caso, el Tribunal de Apelaciones confirmó la sentencia sumaria parcial del TPI.

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Recurso de certiorari presentado ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico por Carlos A. Marrero Rodríguez contra Nydelix Maldonado Valdes. El caso versa sobre la custodia de un menor y proviene del Tribunal de Primera Instancia de Guayama. El peticionario impugna una resolución del TPI que denegó sus solicitudes relacionadas con la impugnación de un informe social y la concesión de la custodia. El TPI había autorizado la relocalización del menor con la madre, acogiendo las recomendaciones de la trabajadora social. El TPI determinó que el padre no cumplió con el estándar probatorio para impugnar el informe social. El peticionario alega errores en la denegación de la custodia, la valoración de la prueba y el estándar probatorio aplicado por el TPI. El Tribunal de Apelaciones, tras examinar el recurso, decidió no expedir el auto de certiorari solicitado.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso entre el Municipio de Arecibo y la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA). El Municipio solicitó la revisión de una resolución del Tribunal de Primera Instancia (TPI) que denegó su moción de desestimación. La AAA había presentado una demanda contra tercero contra el Municipio, alegando su responsabilidad por daños reclamados por una demandante original. La demandante original sufrió una caída en una calle supuestamente municipal y demandó a la AAA. El Municipio argumentó que la demanda contra tercero debía desestimarse porque la demandante original no le notificó su reclamación dentro del término de 90 días requerido por la Ley de Municipios Autónomos. La AAA se opuso, sosteniendo que dicho requisito de notificación no le era oponible en una demanda contra tercero. El TPI declaró No Ha Lugar la moción de desestimación del Municipio. El Tribunal de Apelaciones expidió el auto de Certiorari solicitado por el Municipio. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones revocó la resolución del TPI.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en una apelación presentada por Alturas de Gurabo Corp. contra José A. Jiménez Aruz. Alturas de Gurabo Corp. demandó originalmente en el Tribunal de Primera Instancia solicitando un interdicto posesorio y una sentencia declaratoria para confirmar su derecho de acceso a una propiedad. Alegó que el señor Jiménez Aruz perturbó su posesión al bloquear dicho acceso. El foro primario declaró Ha Lugar al interdicto posesorio pero No Ha Lugar a la sentencia declaratoria. El Tribunal de Primera Instancia determinó que la resolución administrativa que autorizaba el acceso estaba condicionada a la certificación de planos de construcción en dos años, lo cual no se cumplió. Alturas de Gurabo Corp. apeló, argumentando que el TPI erró al interpretar la vigencia de la autorización y al no emitir la sentencia declaratoria. El apelado no presentó alegato en oposición ante el tribunal apelativo. El Tribunal de Apelaciones revisó el recurso. Por los fundamentos expuestos, el Tribunal de Apelaciones confirmó la Sentencia apelada.

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El Tribunal de Apelaciones revisó una determinación del Tribunal de Primera Instancia que denegó una solicitud de relevo de sentencia. Los peticionarios, Javier López Rodríguez y Luz Selenia Rodríguez, buscaban dejar sin efecto una sentencia por estipulación previa con Gustavo Adolfo Soto. Dicha estipulación surgió de una demanda por incumplimiento de un contrato de opción de compraventa de una propiedad. La sentencia de abril de 2018 formalizó el acuerdo de compraventa, acreditando un pago inicial ya realizado. Tras la tasación de la propiedad, los peticionarios se negaron a vender y pidieron al foro primario ser relevados de la sentencia, alegando que constituía un fracaso para la justicia. El Tribunal de Primera Instancia mantuvo la sentencia y ordenó otorgar la escritura de compraventa en 30 días. Los peticionarios recurrieron, argumentando error al no conceder el relevo y al considerar final la sentencia. El Tribunal de Apelaciones expidió el auto de certiorari y confirmó la determinación impugnada, validando la negativa a relevar la sentencia y la orden de proceder con la compraventa.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una sentencia en un recurso de apelación relacionado con un caso de división de comunidad. La apelante, Erika Molina Vergara, había presentado el recurso el 8 de abril de 2019 contra Francisco Mata Gil. Tres días después, la apelante solicitó el desistimiento voluntario del recurso. La moción de desistimiento explicaba que el recurso era prematuro. Esto se debía a que el Tribunal de Primera Instancia había acogido su solicitud de reconsideración y concedido un término al apelado. Conforme a su reglamento, el Tribunal de Apelaciones acoge el desistimiento voluntario. En consecuencia, se tiene por desistido el recurso de apelación sin perjuicio. La sentencia decreta el archivo del recurso.

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Ramona Contreras Sánchez solicitó una orden de protección contra su hijo, José A. Rivera Contreras, al amparo de la Ley Núm. 121. El Tribunal de Primera Instancia denegó una primera petición el 22 de enero de 2019. La señora Contreras Sánchez presentó una segunda petición similar el 29 de enero de 2019, la cual también fue declarada no ha lugar por el foro primario. Inconforme con la segunda denegatoria, la peticionaria acudió en certiorari ante el Tribunal de Apelaciones el 28 de febrero de 2019. El recurso buscaba la revocación de la resolución del TPI emitida el 29 de enero de 2019. El Tribunal de Apelaciones desestimó el auto de certiorari solicitado. La desestimación se fundamentó en la falta de jurisdicción. El tribunal determinó que el recurso fue presentado tardíamente, fuera del término de treinta días establecido por la Regla 52.2(b) de Procedimiento Civil. Se reitera la importancia del cumplimiento estricto de los términos procesales para la presentación de recursos apelativos.

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Esta resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico atiende una petición de certiorari presentada por Diana López del Pozo en un caso sobre la liquidación y administración de bienes gananciales post-matrimoniales con Roberto Velázquez Torres. La peticionaria solicitó la revisión de una orden del Tribunal de Primera Instancia que denegó su solicitud de coadministración y cobro de rentas sobre una oficina médica y una embarcación, ambos bienes gananciales. Alegó que el tribunal primario erró al no requerir al exesposo el pago de rentas por el uso exclusivo de estas propiedades ni establecer un calendario de uso compartido para la embarcación. El Tribunal de Apelaciones revisó la petición y el alegato en oposición del recurrido. La resolución explica que el certiorari es un remedio extraordinario y que los tribunales apelativos generalmente respetan la amplia discreción de los jueces de instancia en la conducción de los procedimientos, interviniendo solo en casos de arbitrariedad o craso abuso de discreción. Tras considerar los argumentos, el Tribunal de Apelaciones denegó el auto de certiorari. Esta decisión implica que el tribunal apelativo no encontró que el Tribunal de Primera Instancia incurriera en abuso de discreción al denegar la solicitud de la peticionaria sobre la coadministración y el cobro de rentas de los bienes disputados. El caso subyacente continúa en el foro primario para la liquidación y administración de los restantes bienes de la sociedad post ganancial.

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Este documento es una resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre una petición de certiorari del Municipio de Ciales. El Municipio solicitó la revisión de dos resoluciones y órdenes del Tribunal de Primera Instancia (TPI) en un caso de daños y perjuicios. El caso original fue presentado por la señora Monserrate Salgado Vélez contra el Municipio y otros, relacionado con una caída sufrida por ella. El TPI había dictado sentencia condenando al Municipio, y el Tribunal de Apelaciones previamente modificó esa sentencia, confirmando una condena de $20,000 contra el Municipio por sufrimientos físicos. La petición de certiorari impugnaba la interpretación del TPI de que la Ley 3-2017 es prospectiva. También recurría la orden del TPI que requirió al Municipio incluir la totalidad de la sentencia de $20,000 en su presupuesto anual para el año fiscal 2019-2020. Dicha orden exigía certificar la inclusión presupuestaria bajo apercibimiento de desacato. El Tribunal de Apelaciones, tras considerar la petición, denegó la expedición del auto de certiorari solicitado.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa una sentencia del Tribunal de Primera Instancia en un caso entre la unión TUAMA y la AMA. La controversia surge de la solicitud de la unión para poner en vigor un laudo arbitral. El laudo determinó que el despido de la empleada Suheily Cuenca Pacheco fue injustificado y ordenó su reposición. Sin embargo, el laudo no dispuso expresamente sobre el pago de los salarios dejados de devengar durante el periodo de despido. La AMA reinstaló a la empleada pero se negó a pagar los salarios perdidos, argumentando que el laudo no lo ordenaba. La unión acudió al Tribunal de Primera Instancia solicitando que se ordenara dicho pago como consecuencia del despido nulo. El foro primario desestimó la solicitud, concluyendo que no podía interpretar la intención del árbitro ante la falta de un mandato expreso sobre los haberes. La unión apeló esta decisión, alegando que el tribunal erró al no ordenar el pago, lo que equivalía a una suspensión sin sueldo. El Tribunal de Apelaciones procedió a revisar el recurso. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones confirmó la sentencia recurrida.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones sobre un recurso de apelación presentado por Susan Haszard Ponce De León contra la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE). La apelante impugna una sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó su demanda de interdicto preliminar y permanente. Dicha demanda buscaba paralizar la decisión de la AEE de separarla de su empleo por recomendación médica debido a una incapacidad total y permanente. El foro primario fundamentó su desestimación en que la demandante poseía un remedio adecuado en ley ante la propia agencia, conforme a su Manual Administrativo. La apelante solicitó la revocación de esta sentencia. La AEE, por su parte, argumentó que los interdictos solo proceden cuando no hay otros remedios disponibles, lo cual no aplicaba en este caso. El documento detalla el trámite procesal de la apelación y los antecedentes fácticos, incluyendo el diagnóstico médico de la apelante y la recomendación de la AEE. La controversia principal gira en torno a si la existencia de un remedio administrativo justificaba la desestimación de la acción de interdicto.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisando un caso de cobro de dinero. La Cooperativa de Ahorro y Crédito de Arecibo demandó a José R. Izquierdo Rodríguez por incumplimiento de un préstamo. Tras no lograr el emplazamiento personal, la Cooperativa emplazó al demandado por edicto. El demandado compareció posteriormente a través de abogado, solicitando término para contestar la demanda. La Cooperativa solicitó la anotación de rebeldía por no haberse presentado la contestación dentro del término tras el emplazamiento por edicto. El Tribunal de Primera Instancia anotó la rebeldía y dictó sentencia a favor de la Cooperativa el mismo día en que el demandado presentó su contestación y reconvención. El apelante solicitó reconsideración, argumentando que la rebeldía fue anotada improcedentemente después de haber contestado. La Cooperativa se opuso a la reconsideración, defendiendo la corrección de la sentencia. El Tribunal de Apelaciones procede a examinar el recurso.

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Este documento es una sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de certiorari. Proviene de un caso de divorcio por consentimiento mutuo de 2014. La sentencia de divorcio adoptó una estipulación que permitía a la Sra. Pérez residir en la casa familiar hasta la mayoría de edad del hijo, momento en el cual la propiedad sería vendida y ella se mudaría al concretarse la venta. El hijo alcanzó la mayoría de edad en 2016. El Sr. Reyes solicitó el desalojo y venta, o el pago de renta por el uso exclusivo desde esa fecha. El Tribunal de Primera Instancia (TPI) emitió una resolución en enero de 2019. En dicha resolución, el TPI determinó que el Sr. Reyes tenía derecho a recibir un pago por el uso exclusivo de la propiedad por parte de la Sra. Pérez desde que el hijo cumplió la mayoría de edad. El TPI ordenó a las partes presentar evidencia del valor de uso del inmueble para fijar la suma adeudada. La Sra. Pérez recurre de esta determinación, alegando que el TPI erró al no validar la estipulación que le permitía la posesión hasta la venta efectiva de la propiedad. Este documento detalla los antecedentes procesales y el fundamento del recurso de apelación contra la orden de pago por uso exclusivo.

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El Tribunal de Apelaciones emite una Resolución sobre una Petición de Certiorari. Los Peticionarios impugnan una Resolución del Tribunal de Primera Instancia que dejó sin efecto una orden de embargo previamente dictada a su favor. Dicho embargo recaía sobre la participación hereditaria de los Recurridos en una propiedad inmueble perteneciente a una sucesión. El embargo aseguraba el pago de honorarios impuestos a los Recurridos en un pleito anterior de sentencia declaratoria. El foro primario determinó que el embargo era improcedente porque la propiedad pertenecía a una comunidad hereditaria con copropietarios no parte en el caso donde se impusieron los honorarios. Aunque la sentencia de honorarios se mantuvo, su ejecución no podía recaer sobre la propiedad embargada. Los Peticionarios alegaron que el TPI erró al revocar una orden de embargo firme y válida. El Tribunal de Apelaciones deniega la expedición del recurso de Certiorari solicitado por los Peticionarios.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resolviendo una apelación presentada por Juniel Alexander Silva. Silva apeló la Sentencia Enmendada del Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Guayama. En dicha sentencia, Silva fue declarado culpable de cuatro cargos: asesinato en primer grado, robo agravado, portación de armas sin licencia y disparar un arma. Los cargos se relacionan con hechos ocurridos el 16 de mayo de 2016 en Guayama, donde se le acusó de dar muerte a Roberto A. Rodríguez Feliciano durante un robo utilizando un arma de fuego. El Tribunal de Primera Instancia lo sentenció a un total de 129 años de reclusión. Silva había renunciado a su derecho a juicio por jurado. El Tribunal de Apelaciones revisó el tracto procesal, los cargos imputados y la prueba presentada en el juicio. Tras la revisión, el Tribunal de Apelaciones decidió confirmar la determinación judicial apelada. Por tanto, se ratifican la culpabilidad y la sentencia impuestas a Juniel Alexander Silva.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico que atiende la apelación de una madre custodia contra la fijación de pensión alimentaria para su hijo. La apelación cuestiona la sentencia emitida por la sala de instancia, la cual incorporó las determinaciones de hecho de una Examinadora de Pensiones Alimenticias. El informe de la Examinadora encontró que la información de ingresos y gastos provista por ambos padres carecía de credibilidad. Se determinó que la madre, quien trabaja por cuenta propia, no reportó ingresos suficientes para cubrir sus gastos ni los del menor. Ante la falta de credibilidad, se le imputó a la madre un ingreso basado en el salario mínimo federal. El padre, músico, también presentó información financiera inconsistente. Los gastos mensuales del menor fueron establecidos en \$461.00. La apelación busca la revocación de la sentencia que fijó la cuantía de la pensión.

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Sentencia de un panel apelativo que revisa la desestimación de una demanda por daños y perjuicios. El apelante, Carlos Romero Figueroa, impugna la decisión del Tribunal de Primera Instancia que desestimó su acción contra el Secretario de Corrección y otros. El foro primario fundamentó la desestimación en la Regla 10.2 de Procedimiento Civil por no exponer una reclamación que justificara un remedio. Argumentó que las alegaciones se centraban en una bibliotecaria por denegar copias gratuitas, situación que fue subsanada. Además, señaló la falta de alegaciones accionables contra otros demandados y la vaguedad sobre la denegatoria de recursos apelativos y los daños sufridos. El Tribunal de Primera Instancia concluyó que, aun aceptando los hechos como ciertos, la demanda no presentaba un caso con derecho a remedio. La sentencia apelativa procede a explicar el estándar legal para la desestimación bajo la Regla 10.2, que requiere certeza de que el demandante no tiene derecho a remedio bajo ningún estado de hechos probables.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emitió una sentencia sobre una petición de Certiorari. Los peticionarios, Fernando A. Baerga Ibáñez y otros, solicitaron revisar una Resolución del Tribunal de Primera Instancia (TPI). Dicha Resolución declaró No Ha Lugar su Moción de Sentencia Sumaria. El caso subyacente es una demanda de incumplimiento de contrato y cobro de dinero presentada por InVoga, Corp. contra los peticionarios. InVoga alegó que los peticionarios incumplieron el contrato de remodelación al no pagar o no objetar certificaciones de pago según lo acordado. El TPI denegó la sentencia sumaria al determinar que existían hechos en controversia. El Tribunal de Apelaciones examinó el recurso y procedió a confirmar la Resolución recurrida. La corte concluyó que las controversias fácticas impedían resolver el caso por la vía sumaria.

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Este documento es una sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de divorcio y pensión alimentaria. La señora Karen I. Lugo Marty apeló la sentencia del Tribunal de Primera Instancia que disolvió su matrimonio con el señor Carlos E. Méndez Serrano. También impugnó la resolución que fijó una pensión alimentaria provisional de $4,611.00 mensuales para la hija menor. Tras la denegación de su moción de reconsideración en el foro primario, la apelante acudió al Tribunal de Apelaciones. Las partes llevaron a cabo diversos trámites procesales ante este foro. El apelado solicitó que continuaran los procedimientos de pensión permanente en el TPI. El Tribunal de Apelaciones denegó esa solicitud urgente, pero aclaró que la pensión provisional debía seguir vigente y el proceso para la pensión permanente debía continuar. El tribunal también emitió órdenes sobre la presentación y objeción de la transcripción de la prueba oral. La sentencia detalla el historial procesal del recurso de apelación hasta marzo de 2019.

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Este documento del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico aborda un recurso de certiorari presentado por Iván Linares Mercado. El peticionario solicitó la revisión de una resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó su petición para que se le abonara a su sentencia el tiempo que permaneció bajo supervisión electrónica con grillete ("lockdown"). Linares Mercado argumentó que este tiempo constituía privación de libertad y debía ser acreditado. El caso se relaciona con la aplicación de la Regla 182 de Procedimiento Criminal, que dispone el abono del tiempo en "detención preventiva". El Tribunal de Apelaciones, tras considerar el recurso, deniega el auto de certiorari solicitado. La decisión implica que el tiempo bajo supervisión electrónica no fue considerado equivalente a la detención preventiva a los efectos del abono a la sentencia.

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