Casos del Tribunal de Apelaciones (Página 252)

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Este recurso de apelación ante el Tribunal de Apelaciones surge de un pleito de cobro de dinero. Las apelantes, Ada Ríos Maldonado y ACAR Enterprise, Inc., quienes no fueron partes originales en el litigio, cuestionan una orden del Tribunal de Primera Instancia. Dicha orden les compelió a descubrir sus libros corporativos y producir cheques relacionados con el negocio Lupis Restaurant. El caso original involucró al Lcdo. Rafael Sánchez Hernández cobrando honorarios a Eduardo Figueroa Padilla. Para asegurar la sentencia, se ordenó a Ríos Maldonado, quien opera Lupis Restaurant, consignar dinero adeudado a Lupis Enterprise Inc. o Figueroa Padilla. Ríos Maldonado ha consignado una suma considerable en cumplimiento de órdenes previas. Previamente, otro panel apelativo determinó que fue incorrecto imponer obligaciones a Lupis Enterprise Inc. sin haber sido emplazada. A pesar de ello, el tribunal primario emitió la orden de descubrimiento contra las apelantes, lo cual es el objeto de esta apelación.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico atendiendo una apelación de HPM Foundation, Inc. HPM impugna la desestimación de su demanda contra el Municipio de San Juan por el Tribunal de Primera Instancia. La demanda original, presentada en 2002, reclamaba al Municipio el reembolso de costos por servicios a pacientes de Medicaid entre 1997 y 2000. HPM alega ser un FQHC con derecho a pagos suplementarios ("wraparound") bajo la ley federal de Medicaid. El Municipio, que actuó como agente de pago de Medicaid, negó la deuda. El Tribunal de Primera Instancia desestimó la demanda contra el Municipio por cosa juzgada. Esta determinación se basó en una sentencia previa del Tribunal Federal de Distrito. El foro federal había desestimado con perjuicio una demanda de HPM por el periodo 1990-2000 por estar prescrita. El Tribunal de Apelaciones revisa la corrección de la aplicación de la cosa juzgada por el TPI.

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Una Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en el caso de Salvador Barreto Peña contra Cooperativa de Seguros Múltiples. El apelante recurre una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó su demanda por incumplimiento de contrato de seguro, aplicando la figura del pago en finiquito tras haber cobrado un cheque de la aseguradora. Tras la denegación de una moción de reconsideración, el apelante presentó el recurso de apelación. La apelada solicitó la desestimación de la apelación por falta de jurisdicción, alegando que la moción de reconsideración no fue notificada dentro del término estricto de quince días que exige la Regla 47 de Procedimiento Civil. El Tribunal examina la Regla 47 y la jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre la notificación tardía de mociones de reconsideración. Se establece que la notificación tardía no interrumpe el término para apelar a menos que se demuestre justa causa para el incumplimiento. Dado que el apelante no se opuso a la moción de desestimación ni justificó la tardanza, el Tribunal debe resolver la cuestión jurisdiccional. La Sentencia aborda si el recurso de apelación fue presentado a tiempo, considerando el defecto procesal en la notificación de la moción de reconsideración.

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Este documento es una sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. El apelante, Luis Carreras Pérez, solicita la revisión de una Resolución del Tribunal de Primera Instancia. Dicha Resolución declaró No Ha Lugar su moción para dejar sin efecto una Sentencia de desahucio. La Sentencia original, dictada en rebeldía a favor de Hemisphere Hunter Corp., ordenó el desalojo de una propiedad por falta de pago de canon de arrendamiento. El señor Carreras Pérez impugnó la Sentencia alegando que el tribunal primario no adquirió jurisdicción sobre su persona por no haber sido emplazado conforme a derecho. Tras celebrar una vista para evaluar la prueba testifical sobre el diligenciamiento, el foro primario concluyó que el apelante sí fue emplazado en su inmediata presencia. La controversia principal ante el Tribunal de Apelaciones es determinar si el emplazamiento al señor Carreras Pérez se realizó correctamente, lo que valida o invalida la jurisdicción del tribunal primario al dictar la Sentencia de desahucio.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre un caso de daños y perjuicios y despido injustificado. El litigio involucra a exempleados del Programa de Erradicación de Garrapatas del Departamento de Agricultura cesanteados en 1996-1997. Los empleados demandaron alegando incumplimiento del proceso legal y administrativo para sus despidos. Tras años de trámites y un acuerdo previo para reevaluar las cesantías, el Tribunal de Primera Instancia emitió una sentencia parcial. Esta sentencia, enmendada en 2018, ordenó la reinstalación y concedió más de \$19 millones en compensación y honorarios a 50 demandantes. Los empleados apelaron esta sentencia parcial enmendada. El Tribunal de Apelaciones, mediante esta sentencia, deja sin efecto la "Sentencia Parcial Enmendada Nunc Pro Tunc" del Tribunal de Primera Instancia.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico que atiende una apelación. El recurso fue presentado por Nelson Colón Fuentes y Maritza Álvarez Benítez. Impugnan la Sentencia Sumaria dictada por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Bayamón. Dicha sentencia sumaria declaró con lugar la moción presentada por U.S. National Association, As Trustee (US Bank). El caso original es una acción de cobro de dinero y ejecución de hipoteca iniciada por US Bank contra los apelantes. US Bank alegó el incumplimiento en el pago de un pagaré hipotecario y reclamó la deuda total. Los apelantes contestaron la demanda negando la legitimación de US Bank y alegando haber realizado pagos. El Tribunal de Primera Instancia concedió la sentencia sumaria a favor de US Bank. Los apelantes solicitan al Tribunal de Apelaciones la revisión de esa determinación.

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El Tribunal de Apelaciones desestimó un recurso de apelación presentado por Maribel Marcano González contra una Minuta del Tribunal de Primera Instancia. La apelante buscaba la revocación de dicha Minuta que ordenaba reanudar las relaciones paternofiliales entre Eric A. Rosa Acevedo y su hija menor. El Tribunal determinó que carecía de jurisdicción para conocer del recurso por ser prematuro. La Minuta impugnada solo contenía la firma de la Secretaria de Sala, no la del juez a cargo. Según la normativa y jurisprudencia, una Minuta requiere la firma del juez para constituir un dictamen judicial revisable. Al no tener la firma del juez, la Minuta no era un dictamen recurrible ante el Tribunal de Apelaciones. La desestimación por prematuridad es un defecto insubsanable que priva de jurisdicción. El estado vigente del caso es el anterior a la Minuta, y la apelante puede recurrir nuevamente cuando el dictamen sea adecuadamente notificado con la firma del juez.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de daños y perjuicios por accidente de tránsito. Los apelantes, demandantes en el foro primario, impugnaron la sentencia que les concedió indemnizaciones. Alegaron que el Tribunal de Primera Instancia erró al no reconocer adecuadamente los daños físicos sufridos por el esposo e hijo, y al valorar la incapacidad de la esposa. El accidente ocurrió en diciembre de 2012, cuando el vehículo de los apelantes fue impactado por detrás por el vehículo de la apelada. La parte demandada admitió negligencia en el foro primario. Tras un juicio en su fondo, el Tribunal de Primera Instancia dictó una sentencia que los apelantes consideraron insuficiente y mal fundamentada en cuanto a la prueba de daños. Un panel anterior del Tribunal de Apelaciones ya había señalado errores en la apreciación de la prueba de daños por parte del foro primario. Por los fundamentos expuestos, el Tribunal de Apelaciones revoca la sentencia apelada.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico que revisa un dictamen del Tribunal de Primera Instancia de Aguadilla. La decisión apelada declaró Con Lugar una demanda de cobro de dinero y ejecución de hipoteca presentada por DLJ Mortgage Capital, Inc. contra las sucesiones de Antonio Sepúlveda González y Rosaura Piñero Luyando. El TPI condenó al pago a Bárbara Sepúlveda Piñeiro, quien ahora apela dicha determinación. El proceso judicial original implicó la sustitución de los demandados fallecidos por sus herederos. Se realizaron múltiples gestiones para identificar, sustituir, emplazar e interpelar a los herederos conocidos y desconocidos de ambas sucesiones mediante emplazamiento personal y edictos. La apelación busca la revisión de la Sentencia del TPI que resolvió el pleito de cobro de dinero y ejecución de hipoteca.

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Se revisa una sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó sin perjuicio una acción de ejecución de hipoteca interpuesta por Banco Popular de Puerto Rico. El tribunal apelado concluyó que el Banco no emplazó conforme a derecho, dentro del término de la Regla 4.3 de Procedimiento Civil, a Fulano y Mengano de Tal, posibles herederos desconocidos y partes indispensables. Banco Popular apeló esta determinación, presentando el historial procesal que incluyó la enmienda de la demanda para incluir a los herederos desconocidos tras el fallecimiento del causante. El TPI autorizó el emplazamiento por edicto contra los herederos desconocidos y la cónyuge, el cual fue debidamente publicado. El Banco sometió evidencia de la publicación del edicto y del intento de notificación por correo a la cónyuge, que resultó infructuoso. A pesar de acreditar estos pasos, el TPI mantuvo su decisión de desestimar por falta de emplazamiento adecuado a los herederos desconocidos. El Tribunal de Apelaciones, tras considerar los escritos y documentos, resuelve revocar la sentencia apelada.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resolviendo una apelación presentada por María Victoria Coll Cruz contra una decisión del Tribunal de Primera Instancia. El caso principal trata sobre la división de bienes gananciales tras su divorcio de Daniel Thomas Dukovich. El Tribunal de Primera Instancia había declarado con lugar una solicitud de sentencia sumaria, determinando que un apartamento adquirido por la señora Coll era ganancial. Dicho foro ordenó la venta en pública subasta del inmueble para liquidar la comunidad post ganancial, adjudicando el sobrante al señor Dukovich. Además, impuso costas y honorarios de abogado a la apelante por temeridad. La apelación buscaba revocar esta sentencia. El caso se originó de pleitos de divorcio, alimentos y división de bienes iniciados entre 2005 y 2006, que fueron consolidados. El Tribunal de Apelaciones revisó los antecedentes procesales y los fundamentos de la decisión apelada. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones confirmó la Sentencia emitida por el Tribunal de Primera Instancia.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. El Centro Fisiátrico y Medicina Deportiva ERJ, CSP apeló una decisión del Tribunal de Primera Instancia, Sala de Caguas. Dicha sentencia declaró con lugar la demanda de Yanitza Rodríguez Menéndez por despido injustificado. La Sra. Rodríguez también había presentado reclamos por discrimen por impedimento y represalias. El Centro apelante argumentó que el despido se debió a una reorganización y falta de cooperación con acomodo razonable. El documento detalla el historial procesal, incluyendo hechos estipulados sobre el empleo de la Sra. Rodríguez y la cronología de eventos. El Tribunal de Primera Instancia había emitido una sentencia parcial con determinaciones fácticas. Tras revisar el expediente, incluyendo la transcripción del juicio y los alegatos, el Tribunal de Apelaciones decidió confirmar la sentencia apelada. La confirmación valida la determinación de que el despido de la Sra. Rodríguez fue injustificado.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de ejecución de hipoteca y cobro de dinero iniciado por Scotiabank contra Efrén Reyes Zayas y Dinora Rivera Burgos. El Tribunal de Primera Instancia dictó sentencia sumaria a favor del banco, ordenando el pago de la deuda o la ejecución de la hipoteca. Los demandados apelaron, argumentando que no se cumplió con el requisito de mediación previa. Alegaron que se les negó acceso a documentos que probaran la autoridad de la representante del banco en las sesiones de mediación, lo que impidió el proceso. El Tribunal de Primera Instancia había denegado esta solicitud y consideró cumplido el requisito de mediación a pesar de la renuencia de los demandados a participar. Además, el TPI determinó que los demandados no presentaron prueba para oponerse a la moción de sentencia sumaria del banco. El Tribunal de Apelaciones confirma la sentencia apelada. Sostiene que el TPI actuó correctamente al considerar cumplido el requisito de mediación y al dictar sentencia sumaria ante la falta de controversia probatoria por parte de los demandados.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de cobro de dinero. Banco Popular de Puerto Rico demandó al Bufete Luis A. Rivera Cabrera PSC y a Luis A. Rivera Cabrera por una deuda de línea de crédito comercial adquirida de Westernbank. Banco Popular alegó la responsabilidad solidaria de ambos apelantes por la deuda principal, intereses y honorarios. Los apelantes negaron la responsabilidad personal del señor Rivera Cabrera, indicando que firmó documentos solo como presidente del Bufete. Banco Popular solicitó sentencia sumaria, argumentando también la existencia de un acuerdo transaccional incumplido por los apelantes. Los apelantes negaron que dicho acuerdo se hubiera formalizado. El Tribunal de Primera Instancia dictó sentencia sumaria a favor de Banco Popular, condenando a los apelantes al pago. Los apelantes recurrieron esta decisión. El Tribunal de Apelaciones revisó el dictamen del foro primario y, por los fundamentos expuestos, revocó la Sentencia apelada.

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El Tribunal de Primera Instancia desestimó un pleito de cobro de dinero por incumplimiento de contrato. El demandante, Agustín Santos Molina, presentó una moción de relevo de sentencia alegando no haber sido notificado de la desestimación. El foro primario declaró sin lugar dicha solicitud de relevo. Inconforme con esta determinación, el señor Santos Molina acudió al Tribunal de Apelaciones mediante un recurso de Certiorari. Solicitó la revisión de la resolución que denegó su moción de relevo de sentencia. La parte recurrida, Edgar Soto, se opuso a la expedición del recurso. Tras evaluar la solicitud, el Tribunal de Apelaciones resolvió denegar la expedición del recurso de Certiorari presentado por el peticionario.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en el caso de José Ramos Ortega contra Walmart Puerto Rico, Inc. El apelante, ex Gerente General, presentó una querella laboral por despido injustificado, discrimen y represalias. Alegó que su despido, tras una larga trayectoria y una licencia por enfermedad (SINOT), fue motivado por represalias y discrimen por salud y edad. También denunció acoso por parte de su supervisor y que fue despedido durante una reunión para discutir el asunto. Walmart sostuvo que el despido fue justificado por problemas de desempeño, documentados mediante un proceso disciplinario progresivo. El Tribunal de Primera Instancia declaró No Ha Lugar la querella, concluyendo que el despido estuvo justificado y desvinculado de discrimen o represalias. Ramos Ortega apeló esa decisión, señalando errores en la apreciación de la prueba y la exclusión de evidencia. El Tribunal de Apelaciones confirma la Sentencia apelada.

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Banco Popular de Puerto Rico apeló una sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó su demanda de cobro de dinero y ejecución de hipoteca. La acción original fue presentada por el Banco contra el deudor (luego su sucesión) y los titulares registrales de la propiedad hipotecada como partes con interés. El Banco alegó ser tenedor de un pagaré garantizado con una hipoteca sobre una finca, cuyo deudor incumplió con los pagos. La hipoteca, aunque presentada, estaba pendiente de inscripción en el Registro de la Propiedad al momento de radicar la demanda. El Banco solicitó el pago de la deuda y la venta en pública subasta de la propiedad una vez inscrita la hipoteca. Tras el fallecimiento del deudor, se incluyó a su sucesión, donde algunos herederos repudiaron la herencia y otros no contestaron la demanda. El Banco solicitó anotaciones de rebeldía contra las partes que no comparecieron. El apelante argumenta que el Tribunal de Primera Instancia condicionó las anotaciones de rebeldía a la inscripción de la hipoteca. El Banco sostiene que el TPI erró al desestimar la demanda en su totalidad por la falta de inscripción registral de la hipoteca. Esta sentencia del Tribunal de Apelaciones revisa la corrección de dicha desestimación.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de certiorari relacionado con un caso de ejecución de hipoteca. La peticionaria, Brenda Enid Rodríguez Laureano, impugna decisiones del Tribunal de Primera Instancia. La peticionaria poseía un contrato de arrendamiento con opción de compra sobre la propiedad objeto de la ejecución. Tras el fallecimiento del propietario, los demandantes iniciaron el proceso de ejecución contra sus herederas. La peticionaria solicitó intervenir en el caso fundamentándose en sus derechos sobre la propiedad. El Tribunal de Primera Instancia dictó sentencia de ejecución antes de resolver la solicitud de intervención. Posteriormente, las herederas y los demandantes acordaron una dación en pago de la propiedad. El foro primario aprobó la dación en pago y declaró académica la solicitud de intervención. La peticionaria recurre alegando errores del tribunal al dictar sentencia con una intervención pendiente, declarar académica su solicitud por la dación en pago, y autorizar la transferencia sin el relevo de Hacienda.

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Sentencia de un panel de jueces que revisa una decisión del Tribunal de Primera Instancia sobre una impugnación de filiación. El caso involucra al Sr. Edriely Ramos Muñiz, quien impugnó su paternidad sobre el menor YKRC, y a la Sra. Kiara Marie Cabrera Rodríguez, la madre. El Tribunal de Primera Instancia declaró con lugar la demanda, determinando que el Sr. Ramos no es el padre biológico del menor. Esta decisión se basó en dos pruebas de ADN que arrojaron un 0% de probabilidad de paternidad. A pesar de la objeción inicial de la madre a la primera prueba, aceptó el resultado de la segunda, que fue idéntico. El tribunal de instancia también impuso a la madre honorarios de abogado por temeridad. El tribunal de apelación confirma la sentencia en cuanto a la declaración de no paternidad y las operaciones registrales. La sentencia apelada solo se modifica en lo referente a la cuantía de los honorarios de abogado impuestos por temeridad.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa una sentencia del Tribunal de Primera Instancia sobre la impugnación de la confiscación de un vehículo. El vehículo fue ocupado por alegadas violaciones a la Ley de Armas y la Ley para la Protección de la Propiedad Vehicular. La Cooperativa de Seguros Múltiples y First Bank, como partes interesadas, presentaron una demanda para impugnar la confiscación. Los procedimientos criminales contra los ocupantes del vehículo por los mismos hechos culminaron con una desestimación por "No Causa". La Cooperativa solicitó sentencia sumaria argumentando que la desestimación penal generaba impedimento colateral por sentencia. El Tribunal de Primera Instancia acogió este argumento, declaró "Ha Lugar" la impugnación y ordenó la devolución del vehículo o su valor. El Gobierno apeló esta decisión. El Tribunal de Apelaciones, tras revisar el caso, confirma la sentencia apelada.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en la apelación presentada por Ana Cortés contra la Cooperativa de Seguros Múltiples. La apelante impugna la sentencia sumaria del Tribunal de Primera Instancia que desestimó su demanda por incumplimiento de contrato. Cortés demandó a la aseguradora alegando que no recibió compensación justa por los daños causados por el huracán María a su propiedad asegurada. Argumentó que la Cooperativa incumplió la póliza y actuó de mala fe al negarse a pagar adecuadamente. La Cooperativa solicitó sentencia sumaria, sosteniendo que había efectuado un pago total y definitivo de la reclamación, aplicando la doctrina de pago en finiquito. Cortés se opuso, alegando que la aseguradora no realizó un ajuste adecuado de los daños. El Tribunal de Primera Instancia concedió la sentencia sumaria, desestimando la demanda con perjuicio. El caso ha quedado perfeccionado ante el foro apelativo para su adjudicación.

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Se desestima una apelación en un caso de daños y perjuicios por ser prematura. El Tribunal de Apelaciones fundamenta su decisión en que la sentencia apelada fue emitida por el Tribunal de Primera Instancia antes de recibir el mandato de un recurso apelativo previo en el mismo caso. En la apelación anterior, otro panel de este Tribunal había revocado una sentencia previa del TPI y devuelto el caso para procedimientos adicionales. La sentencia ahora apelada fue dictada por el TPI mientras los procedimientos estaban suspendidos en espera del mandato de la apelación anterior. La jurisprudencia establece que un tribunal inferior pierde jurisdicción sobre los asuntos apelados hasta que recibe el mandato del foro apelativo. El propio TPI reconoció el error al ordenar la re-notificación de la sentencia apelada tras recibir el mandato. Al haberse dictado la sentencia sin jurisdicción activa sobre el asunto, la apelación contra la misma es prematura y debe ser desestimada. La desestimación se basa en la doctrina establecida en Colón y otros v. Frito Lays.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emitió una resolución sobre un recurso presentado por José D. Santiago Torres. Originalmente presentado como apelación, el tribunal lo reclasificó como Certiorari por impugnar órdenes interlocutorias del Tribunal de Primera Instancia de Ponce en un caso de daños y perjuicios. La demanda del señor Santiago Torres se relaciona con daños alegadamente sufridos tras una detención temporera para evaluación psiquiátrica. Durante una vista el 6 de agosto de 2019, el tribunal de instancia emitió varias determinaciones, incluyendo la consolidación de casos, la denegación de varias mociones, la imposición de una sanción y la designación de un abogado para el señor Santiago Torres, citando su dificultad para representarse adecuadamente. El señor Santiago Torres solicitó reconsideración al tribunal de instancia y posteriormente presentó este recurso, alegando violaciones al debido proceso y errores judiciales. El Tribunal de Apelaciones, tras revisar el asunto como Certiorari, decidió denegar la expedición del recurso.

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Se trata de una Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resolviendo una apelación de una decisión del Tribunal de Primera Instancia. El apelante, Luis R. Carrión Guzmán, demandó por daños y perjuicios alegando haber sufrido lesiones al caer en una acera húmeda y con limo en el Condominio Park West. La demanda fue presentada contra el Condominio, su Consejo de Titulares, empresas de mantenimiento y aseguradoras. El Tribunal de Primera Instancia, tras celebrar el juicio en su fondo, declaró No Ha Lugar la demanda. Inconforme, el señor Carrión apeló, argumentando que el TPI erró al no tener por admitidos requerimientos de admisiones y al desestimar el caso a pesar de supuestas admisiones, estipulaciones y prueba presentada. El panel judicial revisó el expediente y los argumentos de las partes. Por los fundamentos expuestos en la Sentencia, el Tribunal de Apelaciones resuelve confirmar la Sentencia apelada.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de cobro de dinero. Michael Beretta Pabón apela una sentencia sumaria del Tribunal de Primera Instancia que le ordenó pagar $12,692.26 a María De Lourdes Guzmán Rivera. La deuda reclamada corresponde a honorarios profesionales por servicios legales prestados por la señora Guzmán Rivera. La abogada representó al señor Beretta Pabón en un litigio sobre división de comunidad de bienes. Las partes suscribieron un contrato de servicios profesionales que estipulaba un pago final basado en el 5% de lo que le correspondiera al cliente en la liquidación de bienes o $5,000, lo que fuera mayor, tras un depósito inicial. La señora Guzmán Rivera calculó los honorarios adeudados según el resultado del caso de división de bienes y los términos contractuales. El apelante impugna la sentencia sumaria que acogió la reclamación de la abogada. La apelada sostiene que el contrato es claro y que la controversia principal radica en la interpretación de la cláusula de honorarios. El Tribunal de Apelaciones procede a revisar los hechos pertinentes para resolver la apelación.

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Popular Auto, LLC apeló una sentencia del Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan, ante el Tribunal de Apelaciones. Universal Insurance Company, parte apelada, solicitó la desestimación del recurso. Alegó que la apelación era prematura al no haberse notificado debidamente la sentencia recurrida. El Tribunal de Apelaciones emitió una orden para que Popular Auto mostrara causa por la cual no debía desestimarse el recurso. Popular Auto respondió confirmando que la apelación era, en efecto, prematura. En consecuencia, Popular Auto manifestó su deseo de desistir del recurso presentado. El Tribunal de Apelaciones declaró ha lugar la petición de desistimiento. Se ordenó el archivo del caso KLAN201900721. La decisión se tomó sin especial imposición de costas u honorarios de abogado.

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