Casos del Tribunal de Apelaciones (Página 23)

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de revisión judicial. Luis Oscar Rivera Torres impugna la determinación del Departamento de Corrección y Rehabilitación que denegó su solicitud de reconsideración. La controversia gira en torno a una decisión de traslado del Recurrente y la alegada falta de aplicación de sanciones disciplinarias a otro confinado y de la Regla 37. Rivera Torres argumenta que el Departamento erró al no imponer sanciones y al no aplicar la Regla 37 para su ubicación o traslado. También señala que el Comité de Clasificación y Tratamiento lo trasladó sin el informe requerido del Superintendente. El Tribunal revisa la decisión administrativa aplicando el principio de deferencia a las agencias. Este principio dicta que las determinaciones administrativas se presumen legales y correctas, a menos que sean irrazonables, ilegales o carezcan de base racional. La revisión judicial se limita a verificar si la agencia actuó de forma arbitraria o ilegal. Tras evaluar los fundamentos, el Tribunal de Apelaciones confirma la determinación emitida por el Departamento de Corrección y Rehabilitación.

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Un panel de jueces revisó la apelación presentada por Almotec, CRL contra una sentencia que favoreció a Acrecent Finance Partners, LLC. La sentencia apelada, emitida por el Tribunal de Primera Instancia, declaró con lugar la demanda de cobro de dinero y ejecución de prenda presentada por Acrecent. Dicho tribunal ordenó a Almotec y a otros codemandados pagar solidariamente la suma de \$129,961.51, más intereses y honorarios de abogado, tras anotarles la rebeldía. Acrecent había demandado por incumplimiento de un préstamo otorgado en enero de 2024. Los demandados fueron emplazados por edicto al residir fuera de Puerto Rico. Aunque comparecieron inicialmente y obtuvieron una prórroga para contestar, no presentaron su alegación responsiva dentro del término concedido. Ante su incumplimiento, Acrecent solicitó nuevamente la anotación de rebeldía y sentencia. El panel de apelación, por los fundamentos expuestos, confirmó el dictamen recurrido.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico que resuelve un recurso de certiorari. El recurso fue presentado por Orlando Rodríguez Pérez y otros contra la Corporación del Fondo del Seguro del Estado (CFSE) en un caso de impericia médica. La controversia principal gira en torno a una Resolución del Tribunal de Primera Instancia que limitó los asuntos a dilucidar en el juicio a los contenidos en la demanda original, denegando una solicitud de reconsideración y demanda enmendada. El caso de impericia médica se basa en el alegado diagnóstico y tratamiento negligente de una lesión en el pie sufrida por el peticionario en un accidente de trabajo, que resultó en complicaciones severas. El peticionario alega que la atención inicial en la CFSE fue inadecuada, llevando a un empeoramiento de su condición, diagnóstico tardío de fractura e infección, hospitalización prolongada y cirugías. El Tribunal de Apelaciones examinó el recurso y los antecedentes del caso. Aunque expidió el auto de certiorari, el Tribunal de Apelaciones confirmó la Resolución recurrida del Tribunal de Primera Instancia.

Resumen:

Es una Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico que resuelve un recurso de apelación. El caso trata sobre la división y liquidación de una sociedad de bienes gananciales tras un divorcio. La apelación fue presentada por la señora Carmen Rosa Samot Marrero contra una Sentencia Sumaria. Dicha Sentencia Sumaria, dictada por el Tribunal de Primera Instancia, desestimó el caso a favor del señor José Orlando Pérez Báez. El Apelado inició el pleito para dividir los bienes gananciales, incluyendo una propiedad, y reclamar un crédito por el uso exclusivo de esta por la Apelante. La Apelante contestó la demanda disputando la existencia de caudal común, el valor de la propiedad y alegando mejoras. El Tribunal de Primera Instancia dictó Sentencia Sumaria al concluir que no existía controversia real ni sustancial. El Tribunal de Apelaciones, por los fundamentos que expondrá, revoca la Sentencia Sumaria apelada.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de custodia. La peticionaria, Natalia Gautier Colón, impugnó una orden del Tribunal de Primera Instancia. Dicha orden le exigía detallar los fundamentos para impugnar un Informe Social e identificar a su perito en 20 días. El Tribunal de Apelaciones acogió el recurso, presentado como apelación, como un certiorari por tratarse de un trámite interlocutorio. La peticionaria alegó que el foro primario incurrió en error al emitir una orden similar a una previa y al no pautar fecha para la vista de impugnación del informe. La resolución explica la naturaleza del certiorari como recurso extraordinario y discrecional. Detalla los criterios legales, como la Regla 52.1 de Procedimiento Civil y la Regla 40 del Reglamento del Tribunal, que rigen la discreción del Tribunal para revisar órdenes interlocutorias.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico evalúa una petición de certiorari en un caso de liquidación de bienes gananciales. La recurrente, Luz Evelyn Muñiz Muñoz, solicita la revisión de una determinación del Tribunal de Primera Instancia (TPI). El TPI denegó su petición para que se emitiera una sentencia enmendada. Dicha solicitud surgió tras una sentencia previa del Tribunal de Apelaciones que modificó la sentencia original del TPI. La modificación revocó un crédito concedido al recurrido, Abel Durant Toro, por pagos de hipoteca. Dicha sentencia apelativa advino final y firme. La Sra. Muñiz argumentó que el TPI debía emitir una nueva sentencia para reflejar la modificación y finalizar el caso. El Sr. Durant se opuso, sosteniendo que solo se requerían ajustes en los cómputos. El TPI denegó la solicitud de la Sra. Muñiz, lo que motivó este recurso de certiorari. El Tribunal de Apelaciones resuelve la petición sin trámite ulterior.

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El señor Eliezer Santana Báez, confinado y litigando por derecho propio e *in forma pauperis*, presentó un recurso de revisión judicial contra una supuesta Respuesta/Resolución de la División de Remedios Administrativos del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DRA-DCR). Alegó que el DCR y Physician Correctional no le han provisto atención médica adecuada para sus condiciones de salud, agravando su situación. El recurso buscaba revocar una determinación administrativa que, según él, no atendió sus solicitudes médicas y de reconsideración. El Tribunal de Apelaciones autorizó la litigación *in forma pauperis*. Sin embargo, el tribunal determinó que el recurso incumplía sustancialmente con los requisitos de contenido y notificación de las Reglas 59 y 58 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones. Específicamente, el recurrente no identificó ni incluyó copia de la resolución recurrida y no cumplió con la notificación a las partes. Ante estos incumplimientos procesales, el tribunal concluyó que carece de jurisdicción para considerar los méritos del caso. Por consiguiente, procede la desestimación del recurso.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en el caso de Yashira Quiles Carrasquillo contra American Postal Workers Union. La apelante demandó a la unión por daños y perjuicios relacionados con alegados incidentes de agresión verbal e intimidación por parte de un delegado sindical en facilidades postales. Estos hechos resultaron en una querella policial y una orden de protección contra el delegado. El Tribunal de Primera Instancia desestimó la demanda enmendada por falta de jurisdicción, al considerar que la causa de acción estaba vedada por la ley federal FECA, y por no exponer una reclamación válida. La apelante recurrió esta decisión ante el Tribunal de Apelaciones. El Tribunal de Apelaciones, tras revisar el caso, determinó revocar la Sentencia Parcial emitida por el Tribunal de Primera Instancia.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una Resolución en respuesta a un recurso de certiorari presentado por Rafael Cintrón Perales. El peticionario busca la revisión de una decisión del Tribunal de Primera Instancia, Sala de Guaynabo, que denegó su solicitud de trasladar un caso civil a la Sala de Bayamón. El pleito original fue incoado por José M. Toral Muñoz contra Cintrón Perales y otros, solicitando la remoción de Cintrón Perales como albacea. Cintrón Perales argumentó que el caso debía trasladarse a Bayamón por ser su lugar de residencia, aunque otros codemandados residen en Guaynabo. El TPI-Guaynabo declaró "No Ha Lugar" la solicitud de traslado y una moción de reconsideración posterior. Inconforme, Cintrón Perales acudió al Tribunal de Apelaciones señalando errores en la denegatoria del traslado. El Tribunal de Apelaciones, tras considerar los fundamentos, deniega expedir el recurso de certiorari y la orden en auxilio de jurisdicción.

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Comparece el Municipio Autónomo de San Juan y su aseguradora solicitando la revocación de una Resolución del Tribunal de Primera Instancia. Dicha Resolución denegó su solicitud de desestimación en una demanda por daños y perjuicios instada por Jesús Márquez Matos. El demandante alega haber sufrido una caída en un hueco en la acera de la Calle Loíza en San Juan. Los peticionarios argumentaron que el Municipio no tiene jurisdicción ni responsabilidad sobre la Calle Loíza (PR-37), que es una vía estatal, y que gozan de inmunidad. Citaron la Ley de Travesías, el Código Municipal y precedentes judiciales. El foro primario denegó la desestimación debido a certificaciones contradictorias del propio Municipio sobre la responsabilidad del área y permitió descubrimiento de prueba. Los peticionarios solicitaron reconsideración, presentando una segunda certificación y declaración jurada que negaban la responsabilidad municipal. El Tribunal de Apelaciones expidió el auto de certiorari solicitado por el Municipio y su aseguradora. Procedió a revocar el dictamen del Tribunal de Primera Instancia que denegó la desestimación.

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Ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico, Beyond Group presentó un recurso de revisión judicial contra la Autoridad para el Desarrollo de Roosevelt Roads y PRISA Group. El recurso impugna la adjudicación del Request for Proposal (RFP) número 2024-002 para el desarrollo y operación de una marina en Roosevelt Roads, otorgado a PRISA Group. El proceso de evaluación incluyó puntuaciones de un comité y una votación posterior de la Junta de Directores tras presentaciones orales. Beyond Group, tras no resultar seleccionado, solicitó revisión administrativa ante la ASG, la cual fue desestimada por falta de jurisdicción. También pidió reconsideración a la Junta de la Autoridad, que fue denegada. El recurrente alegó, entre otros errores, que el RFP debió tramitarse ante la Junta de Subastas de la ASG conforme a la Ley 73-2019, siendo nulo por no hacerlo. Habiendo estudiado el legajo apelativo, el Tribunal de Apelaciones procedió a confirmar la adjudicación impugnada.

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Sentencia de un panel de jueces en San Juan, Puerto Rico, con fecha de 11 de febrero de 2025. Resuelve la apelación presentada por Huey Sons & Sky International LTD contra una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia (TPI). El TPI había declarado no ha lugar una petición de Huey Sons al amparo de la Regla 24.1 de Procedimiento Civil. Mediante dicha petición, Huey Sons buscaba ordenar la comparecencia de varias personas para deponer y perpetuar testimonio sobre cuentas bancarias. Alegaba que esperaba presentar un pleito futuro contra Blue Ocean International Bank, Bank Driven PSC y la OCIF, pero que no podía iniciarlo aún y necesitaba la prueba para evitar su pérdida irreparable. Los apelados y la OCIF se opusieron, argumentando que Huey Sons no cumplió los requisitos de la Regla 24.1, al no demostrar que estaba imposibilitada de presentar la demanda en ese momento. El TPI denegó la petición al concluir que Huey Sons no probó estar imposibilitada de iniciar el pleito al presentar su solicitud. Por los fundamentos expuestos, este panel confirma la Sentencia apelada.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso sobre liquidación de comunidad de bienes. Yashira Marie Torres Rodríguez apeló la Sentencia Final del Tribunal de Primera Instancia de Humacao. Dicha sentencia adjudicó sumariamente la demanda de liquidación de bienes contra Jesús Lorenzo Ramos Alicea. Las partes convivieron por más de trece años y procrearon una hija. La apelante alegó la existencia de una comunidad de bienes ordinaria adquirida durante la relación, incluyendo un negocio. Solicitó inventario, tasación y participación en los ingresos del negocio. El apelado reconoció la relación pero negó la existencia de la comunidad de bienes, alegando finanzas separadas. Ambas partes presentaron mociones de sentencia sumaria parcial ante el foro primario. El Tribunal de Primera Instancia dictó sentencia sumaria sobre la controversia. El Tribunal de Apelaciones, tras revisar el dictamen apelado, resolvió confirmarlo.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de ejecución de hipoteca. Wilmington Savings Fund Society (WSF) apeló la desestimación de su demanda por el Tribunal de Primera Instancia (TPI). El TPI desestimó la Segunda Demanda Enmendada sin perjuicio debido a que la co-demandada, la Sra. Eliza Veguilla, no fue emplazada conforme a la Regla 4.3 de Procedimiento Civil. El WSF había intentado emplazar a los herederos de los causantes, incluyendo solicitudes de emplazamiento por edicto que fueron denegadas previamente por el TPI. A pesar de haber logrado emplazar a otros herederos, el TPI determinó que el emplazamiento a la Sra. Veguilla fue defectuoso. El Tribunal de Apelaciones revisó la decisión del TPI. Por los fundamentos expuestos en la sentencia, el Tribunal de Apelaciones confirmó el dictamen recurrido.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa mediante certiorari una Resolución y Orden del Tribunal de Primera Instancia en un caso de alimentos. El peticionario, José Ortiz Cosme, solicita la revocación de la orden que le impone pagar \$15,000 por gastos de litigio y \$1,000 por honorarios de abogado a la recurrida, Xaviana Molina Fonseca. Esta es la segunda vez que el caso llega a este foro por la misma controversia sobre la cuantía de los gastos. Anteriormente, el Tribunal de Apelaciones revocó una imposición mayor (\$31,625) por considerarla irrazonable y ordenó al foro primario fijar una cantidad razonable. A pesar de la reducción, el peticionario argumenta que la nueva cuantía sigue siendo irrazonable y no justificada por la prueba presentada por la recurrida. Los gastos y honorarios provienen del pleito de fijación de pensión alimentaria que el propio peticionario inició en 2019. El documento detalla los antecedentes del caso de alimentos, incluyendo un acuerdo extrajudicial previo y las gestiones iniciales en el tribunal. El tribunal evalúa si la cuantía impuesta tras el reenvío es razonable conforme a los criterios aplicables.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones sobre una Petición de Certiorari presentada por Palmas Athletic Club, Corp. (PAC). PAC solicitó la revocación de una resolución del Tribunal de Primera Instancia (TPI) que denegó su solicitud de sentencia sumaria en un caso de daños y perjuicios por una caída. La demanda original fue presentada por la señora Ivelisse Dávila, quien alegó negligencia por parte de PAC. PAC argumentó que la demandante carecía de prueba de negligencia y que asumió el riesgo al usar una ruta no destinada a peatones. La señora Dávila sostuvo que PAC conocía el uso peatonal del área y la existencia de una depresión peligrosa sin advertencias ni barreras. El TPI denegó la sentencia sumaria al encontrar hechos materiales en controversia, incluyendo la existencia del hoyo, el conocimiento de PAC y su deber de actuar. PAC presentó una moción de reconsideración que también fue denegada por el TPI. El Tribunal de Apelaciones, tras evaluar el recurso, deniega la expedición del auto de certiorari. Asimismo, declara no ha lugar la Moción en Auxilio de Jurisdicción para paralizar los procedimientos ante el TPI.

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Edwin Meléndez Monserrate apeló la decisión del Departamento de Corrección y Rehabilitación que ratificó su clasificación en custodia mediana. El recurrente cumple una sentencia de 185 años por delitos violentos, incluyendo tentativa de asesinato y violaciones a la ley de armas y violencia doméstica. El Comité de Clasificación y Tratamiento, aunque la escala sugería mínima custodia, usó discreción para mantenerlo en mediana. Fundamentaron su decisión en la naturaleza violenta de los delitos, la extensa sentencia, el tiempo cumplido y el tiempo en la clasificación actual. El recurrente argumentó que el Comité no valoró adecuadamente su buen ajuste, participación en terapias y programas educativos. Solicitó reconsideración alegando que se dio excesivo peso a la gravedad del delito. El Tribunal de Apelaciones revisó el caso. La sentencia del Tribunal de Apelaciones confirmó la resolución administrativa del DCR.

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La Sra. Ana Elena Cuebas Vargas presentó un recurso de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones. Impugnaba una Orden de Protección para el Adulto Mayor emitida en su contra por el Tribunal de Primera Instancia. Dicha orden fue solicitada por el Sr. Guillermo G. Álvarez Martínez bajo la Ley Núm. 121-2019, tras alegar maltrato. El Tribunal de Primera Instancia encontró que Cuebas Vargas cometió maltrato y emitió la orden. La orden prohibía a Cuebas Vargas molestar, hostigar, acercarse o comunicarse con Álvarez Martínez. La vigencia de la orden era del 8 de marzo de 2024 al 8 de septiembre de 2024. Cuebas Vargas apeló la orden señalando errores procesales. Sin embargo, el Tribunal de Apelaciones resuelve desestimar el recurso de certiorari. La desestimación se fundamenta en que el recurso es académico, ya que la orden impugnada expiró el 8 de septiembre de 2024, antes de la fecha de la sentencia del Tribunal de Apelaciones.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resolviendo un recurso de revisión administrativa. El recurrente, Miguel A. Jaime Blás, impugnó una determinación de la Junta de Libertad Bajo Palabra que le denegó un privilegio. En su escrito inicial, el recurrente no incluyó copia de la resolución administrativa objeto de revisión. El Tribunal le requirió presentar dicha determinación en un plazo de cinco días, bajo apercibimiento de desestimación. El recurrente no cumplió con la orden judicial dentro del término concedido. Ante la falta de presentación del documento esencial para la revisión, el Tribunal procedió a desestimar el recurso. La desestimación se fundamenta en el incumplimiento del recurrente con los requisitos procesales establecidos en el Reglamento del Tribunal de Apelaciones. El Tribunal actuó motu proprio para desestimar el caso debido a la inacción del recurrente.

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La Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resuelve un recurso de certiorari presentado por el Gobierno de Puerto Rico y el DTOP. Solicitaron la revocación de una Resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó su Moción de Desestimación. La demanda original fue incoada por Jesús Márquez Matos contra el ELA, el Municipio de San Juan y MAPFRE por daños y perjuicios tras una caída en una acera. El ELA/DTOP solicitó la desestimación alegando que el demandante incumplió el requisito de notificar al Secretario de Justicia su intención de demandar dentro del término de 90 días, según la Ley Núm. 104. El demandante se opuso, argumentando que notificó al Municipio y que la falta de notificación al ELA no causó perjuicio ni pérdida de prueba. El Tribunal de Primera Instancia denegó la desestimación, considerando suficiente la notificación al Municipio y el bajo riesgo de desaparición de prueba. El ELA/DTOP recurrió en certiorari, señalando errores en la interpretación y aplicación de la Regla 10.2 y la Ley Núm. 104. El Tribunal de Apelaciones expidió el auto de certiorari. Procedió a revocar el dictamen recurrido del Tribunal de Primera Instancia.

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El Tribunal de Apelaciones revisa un recurso presentado por Vur Jer, LLC contra la Junta Reglamentadora de Cannabis Medicinal en relación con la renovación de una licencia. La recurrente impugna varias acciones de la agencia, incluyendo la falta de un dictamen escrito sobre la admisibilidad de testimonio, una determinación sobre el expediente administrativo y la denegación de una solicitud sobre una parte indispensable. El Tribunal señala que esta es la cuarta ocasión en que la recurrente acude a este foro, habiendo sido desestimados recursos anteriores por prematuros. Reitera que su jurisdicción se limita a revisar decisiones, órdenes y resoluciones *finales* de las agencias administrativas. Las decisiones finales culminan el procedimiento y resuelven todas las controversias, a diferencia de las órdenes interlocutorias que no son revisables directamente. Dado que los señalamientos de la recurrente parecen referirse a determinaciones interlocutorias dentro del proceso administrativo, el Tribunal carece de jurisdicción para entender en el recurso.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de certiorari presentado por Juan Díaz Román. El peticionario impugna una Orden del Tribunal de Primera Instancia de Ponce. Dicha orden denegó una moción del peticionario para que se aplicaran circunstancias atenuantes a su sentencia por Robo Agravado, conforme al Artículo 67 del Código Penal. El peticionario solicitó al Tribunal de Apelaciones revocar la orden y ordenar la aplicación de los atenuantes. Tras examinar el recurso y los autos originales, el Tribunal de Apelaciones denegó expedir el auto de certiorari. La decisión se fundamenta en la Regla 40 de su Reglamento, señalando que el foro primario ya había considerado el asunto previamente, indicando que el Artículo 67 existía al momento de la sentencia original y no se presentaron nuevos atenuantes.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de daños y perjuicios. La demandante-peticionaria, Sylvia Cheryl Morales Pla, sufrió una caída en el estacionamiento de Farmacia Asturias y reclamó compensación por negligencia. Demandó a la farmacia, su aseguradora y otros, quienes a su vez demandaron al propietario del estacionamiento. Un punto contencioso surgió tras el fallecimiento del perito médico de la demandante. El Tribunal de Primera Instancia resolvió que la demandante tuvo múltiples oportunidades para sustituir al perito y no lo hizo, limitando la capacidad de su representación legal actual para litigar asuntos previamente adjudicados. La demandante-peticionaria presentó una Petición de Certiorari ante el Tribunal de Apelaciones para revocar dicha resolución interlocutoria. El Tribunal de Apelaciones, mediante esta resolución, deniega la expedición del auto de certiorari.

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Wal-Mart Puerto Rico, Inc. presentó un recurso de Certiorari ante el Tribunal de Apelaciones. Solicitó revocar una Resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó su Moción de Desestimación. La demanda original fue presentada por MAIJO LLC. contra Wal-Mart por incumplimiento de un acuerdo de servidumbre y restricciones. MAIJO alegó que Wal-Mart demolió unilateralmente un edificio en violación del acuerdo. Wal-Mart argumentó en su moción que MAIJO carecía de legitimación activa para demandar. Sostuvo que el acuerdo requería la participación de todos los titulares de parcelas conjuntas en el pleito. El Tribunal de Primera Instancia determinó que MAIJO sí tenía legitimación activa al subrogarse en los derechos del dueño original de su parcela. Consideró que existían controversias sustanciales que impedían la desestimación. El Tribunal de Apelaciones, tras revisar el recurso, decidió denegar la expedición del auto de Certiorari solicitado por Wal-Mart. El caso es devuelto al foro primario para la continuación de los procedimientos.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico desestimando un Recurso de Certiorari presentado por Elizabeth Bothwell contra Garage Isla Verde LLC. El recurso buscaba revisar una determinación del Tribunal de Primera Instancia que denegó una Moción de Relevo de Sentencia en un caso de despido injustificado y discrimen. Esta es la segunda ocasión que el caso llega al apelativo, habiendo sido desestimado el recurso anterior por tardanza. La parte recurrida solicitó la desestimación del certiorari actual por falta de notificación adecuada según la Regla 33(B) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones. La peticionaria alegó haber notificado por correo electrónico a una asistente legal de los abogados de la recurrida. El tribunal determinó que la notificación a una asistente legal, en lugar de a los abogados de récord, no cumple con el requisito de la Regla 33(B). Se enfatizó que el cumplimiento estricto de las normas de notificación es indispensable para perfeccionar el recurso y conferir jurisdicción al tribunal. Al no acreditarse justa causa para el incumplimiento, la notificación se consideró inoficiosa. Por tanto, el Tribunal de Apelaciones desestimó el recurso de certiorari.

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El caso involucra una reclamación de despido injustificado y discrimen por edad presentada por un empleado contra Walmart Puerto Rico, Inc. El empleado alegó haber sido despedido sin justa causa y discriminadamente por su edad tras 12 años de servicio, argumentando que Walmart creó un expediente de disciplina progresiva basado en deficiencias no atribuibles como pretexto. Walmart negó las alegaciones, sosteniendo que el despido se debió al bajo desempeño del empleado y no a su edad, y que este no utilizó las políticas internas contra el discrimen. Walmart solicitó sentencia sumaria en el Tribunal de Primera Instancia, argumentando ausencia de prueba de despido injustificado y discriminatorio. El Tribunal de Primera Instancia declaró No Ha Lugar la moción de sentencia sumaria de Walmart. Walmart recurrió esta decisión ante el Tribunal de Apelaciones mediante un recurso de Certiorari. El Tribunal de Apelaciones expidió el recurso y revocó el dictamen recurrido del Tribunal de Primera Instancia.

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SENTENCIA del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en revisión administrativa de una Resolución Parcial del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACo). La recurrente, Selma I. Velázquez Flores, solicitó la revocación de la resolución del DACo que desestimó su querella contra Sport Painting, Inc. Velázquez Flores, titular de un apartamento en el Condominio The Residences at Parque Escorial, había presentado una querella en el DACo contra la Junta de Directores, su presidente y Sport Painting, contratista del Condominio. Alegó daños a su apartamento (filtraciones, hongo) causados por los trabajos de pintura y reemplazo de tejas realizados por Sport Painting bajo contrato con el Condominio. Sport Painting solicitó la desestimación aduciendo que la querellante no era parte del contrato y carecía de interés legítimo para reclamarle en el DACo. El DACo emitió una Resolución Parcial desestimando la querella respecto a Sport Painting, pero ordenando la continuación contra los demás querellados. La recurrente apeló esta desestimación ante el Tribunal de Apelaciones. El Tribunal evaluó el recurso de revisión administrativa. Se Confirma la Resolución Parcial recurrida del DACo.

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Una Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico atiende una petición de Certiorari relacionada con la división de un caudal hereditario. Los Peticionarios Carlos Luis Burgos Santos y Neisa Alejandra Burgos Fernández impugnaron una Orden del Tribunal de Primera Instancia que incluyó la participación de la causante en una corporación como parte de los bienes relictos. También solicitaron la paralización de los procedimientos relacionados con requerimientos corporativos y sanciones. El caso subyacente involucra una disputa entre los herederos, incluida la Recurrida Neisa Carolina Roca Fernández, sobre la administración y liquidación de la herencia. El Tribunal de Apelaciones estudió la petición y el expediente. En su Resolución del 7 de febrero de 2025, el Tribunal decidió declarar No Ha Lugar la solicitud de paralización. Además, el Tribunal se abstuvo de ejercer su función revisora. Por consiguiente, el Tribunal denegó la expedición del auto de certiorari solicitado por los peticionarios. La Resolución contextualiza la demanda inicial presentada por los peticionarios y la reconvención de la recurrida sobre la división y administración de los bienes.

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Comparece ante el Tribunal de Apelaciones el Municipio de Utuado mediante recurso de certiorari. Solicita la revisión de una resolución del Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Utuado. Dicha resolución denegó la solicitud del Municipio para desestimar una demanda en su contra. La demanda fue presentada por Naida Enid Centeno Jiménez y Juan Salgado Villalobos. El matrimonio reclama daños y perjuicios por la alegada exhumación negligente de los restos de su hijo de un panteón en el Cementerio Nueva Jerusalén del Municipio. El Municipio argumentó que el TPI erró al no desestimar la demanda por falta de jurisdicción y por incumplimiento con los requisitos del Código Municipal. Tras evaluar los fundamentos presentados, el Tribunal de Apelaciones resuelve denegar expedir el auto de certiorari. Esto significa que el Tribunal de Apelaciones no revisará la decisión del TPI en este momento.

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Esta es una Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre un Recurso de Certiorari. El peticionario, Edwin Gerardo Navarro Artavia, solicitó la revisión de una Orden del Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Bayamón. Dicha Orden denegó una Urgente Solicitud para dejar sin efecto una determinación previa. La determinación previa fue emitida en una vista de remedio provisional celebrada en ausencia del representante legal del peticionario. El abogado justificó su incomparecencia alegando confusión con la hora de la vista y problemas de conexión. El foro primario concluyó que la vista estaba debidamente señalada para las 11:00 a.m. y que no era su responsabilidad contactar a las partes ausentes. Tras evaluar el expediente, el Tribunal de Apelaciones no encontró que el foro primario actuara con prejuicio, abuso craso de discreción o que su determinación fuera manifiestamente errónea. Por tanto, en virtud de las reglas aplicables, se denegó la expedición del auto de Certiorari. Se eximió a la parte recurrida de presentar escrito en oposición.

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Sentencia de un panel de jueces revisando un dictamen del Tribunal de Primera Instancia que ordenó el desahucio de Synthesized, LLC. Calacostas Corp. demandó el desahucio sumario por precario tras vencer el contrato de arrendamiento el 30 de junio de 2024 y negarse Synthesized a abandonar la propiedad. Synthesized solicitó convertir el caso a procedimiento ordinario, alegando un derecho de retención por mejoras realizadas con consentimiento y la necesidad de descubrimiento de prueba. Calacostas se opuso, indicando falta de evidencia de consentimiento o gastos y que la reclamación de pago se dilucidaba en otro caso. El foro primario denegó la conversión, manteniendo el procedimiento sumario al no presentarse prueba del consentimiento o gastos en este caso. Synthesized presentó reconsideración, insistiendo en el derecho de retención y la necesidad del procedimiento ordinario para descubrimiento. El Tribunal revisor, tras evaluar los fundamentos, CONFIRMA la Sentencia apelada que decretó el desahucio.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa una solicitud de Alexander Del Valle Díaz contra la Junta de Libertad Bajo Palabra. El recurrente apela la Resolución de la Junta que le denegó el privilegio de libertad bajo palabra. La Junta fundamentó su decisión en que la vivienda propuesta en el plan de salida del recurrente no era viable. El señor Del Valle Díaz cumple una sentencia de 99 años por asesinato y otros delitos. La Junta adquirió jurisdicción sobre su caso en noviembre de 2023 y emitió la denegatoria en septiembre de 2024. El recurrente alega que la Junta incidió al determinar que la vivienda no era viable. El Tribunal de Apelaciones, al revisar la decisión administrativa, aplica la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme. Esta ley requiere que las determinaciones de hecho de las agencias estén basadas en evidencia sustancial. El tribunal debe dar deferencia a la experiencia de la agencia, a menos que la decisión sea irrazonable, ilegal o arbitraria. Tras evaluar el recurso, el Tribunal de Apelaciones confirma el dictamen recurrido de la Junta de Libertad Bajo Palabra.

Resumen:

Resolución del Tribunal de Apelaciones sobre una Petición de Certiorari en un caso de ejecución de hipoteca in rem. Los peticionarios, demandados en el foro primario, solicitaron la desestimación de la demanda alegando cosa juzgada. Argumentaron que una sentencia previa en un caso de cobro de dinero, donde se denegó la ejecución hipotecaria, impedía la acción actual. El demandante se opuso, señalando la falta de identidad de partes (incluyendo a la CFSE en este caso) y de causa de acción (cobro de dinero vs. ejecución in rem). El Tribunal de Primera Instancia denegó la solicitud de desestimación, acogiendo los argumentos del demandante. Los peticionarios presentaron reconsideración, la cual también fue denegada. Ante ello, acudieron al Tribunal de Apelaciones mediante certiorari. El Tribunal de Apelaciones, tras evaluar la petición, resolvió denegar la expedición del auto de certiorari solicitado.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en un caso de divorcio originado en Caguas, relacionado con la pensión alimentaria de la hija, Anahys Sanabria Gómez. El padre, Rafael Y. Sanabria López, solicitó el relevo del pago de pensión alimentaria argumentando que su hija había alcanzado la mayoría de edad. La hija compareció por derecho propio solicitando la fijación de una pensión alimentaria a su favor por estar cursando estudios universitarios. El Tribunal de Primera Instancia emitió una Resolución declarando Ha Lugar la petición del padre, basándose en la mayoría de edad de la hija y su supuesta falta de objeción, y ordenó el cierre del caso en ASUME. La hija recurrió esta decisión ante el Tribunal de Apelaciones mediante certiorari. El Tribunal de Apelaciones expidió el auto de certiorari. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones revocó la Resolución recurrida del Tribunal de Primera Instancia.

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Comparece ante el Tribunal de Apelaciones una Petición de Certiorari instada por Roy Miller. El recurso busca revisar una Orden del Tribunal de Primera Instancia de Fajardo del 23 de enero de 2025, enmendada el 27 de enero de 2025. El caso principal trata sobre la custodia del menor ITML entre el peticionario, Roy Miller, y la recurrida, Amy Tyler Louthan. La Orden impugnada autorizó a la señora Louthan a continuar utilizando los servicios de intérpretes seleccionados. Además, requirió que la traducción realizada por dichos intérpretes fuera verbalizada para el récord del caso. El trasfondo del litigio incluye una determinación de custodia previa a favor de la señora Louthan en 2017 y una nueva demanda de Miller en 2022 solicitando la custodia. Se han suscitado varias incidencias procesales, incluyendo la necesidad de un estudio social y mociones relacionadas con el uso de traductores e intérpretes en el proceso. El Tribunal de Apelaciones procede a examinar la determinación del foro primario respecto a la utilización de intérpretes por parte de la recurrida en este pleito de custodia.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre un caso de daños y perjuicios. Wilberto López Vera apeló una Sentencia Sumaria Parcial emitida por el Tribunal de Primera Instancia. Dicha sentencia desestimó la demanda enmendada contra el Fideicomiso González Román. El caso se originó por una caída sufrida por el señor López en la rampa de un negocio arrendado por Aguada Emerald Fields Cannabis Wellness Center. Inicialmente demandó al negocio, alegando negligencia por la condición insegura de la rampa. Posteriormente, incluyó al Fideicomiso, dueño de la propiedad, como codemandado. El Fideicomiso argumentó que, según el contrato de arrendamiento, el inquilino era responsable del mantenimiento del local. El Tribunal de Apelaciones revisó los antecedentes procesales y las alegaciones de las partes. Finalmente, el Tribunal confirmó la Sentencia Sumaria Parcial que exoneró al Fideicomiso de responsabilidad.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en un recurso de apelación sobre un incidente de alimentos en un caso de divorcio. La apelante, Grisell Mateo Díaz, impugna una resolución del Tribunal de Primera Instancia que adoptó las recomendaciones de una examinadora de pensiones alimenticias. Dicha resolución fijó la pensión alimentaria para los hijos menores en diferentes cantidades mensuales para distintos periodos, comenzando en febrero de 2021. La apelante alega que el foro primario erró al imputarle capacidad para generar ingresos a pesar de sus condiciones de salud y al no considerar determinaciones previas sobre su incapacidad. También cuestiona que no se permitiera testimonio sobre su salud durante la vista. Tras examinar el expediente, el Tribunal de Apelaciones resuelve revocar la resolución apelada. El caso es devuelto al Tribunal de Primera Instancia para que se realice un nuevo cálculo de la pensión alimentaria conforme a lo dispuesto en esta sentencia.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en la apelación presentada por Luis Alberto Pérez Villanueva. El recurso busca la revisión de una decisión del Tribunal de Primera Instancia que desestimó un caso sobre división o liquidación de comunidad de bienes hereditarios. La controversia gira en torno a fincas pertenecientes a un caudal hereditario y transacciones de participaciones entre coherederos y un tercero. El apelante alegó haber adquirido acciones hereditarias de varios miembros de la sucesión, incluyendo un acuerdo verbal con la madre de las apeladas. Las apeladas, Gladys Mayra y Moraima Álvarez González, negaron las alegaciones del apelante sobre su participación y las transacciones. El foro primario se declaró sin jurisdicción para atender la controversia y desestimó el caso. Posteriormente, denegó la reconsideración solicitada por las apeladas. El Tribunal de Apelaciones, tras examinar el recurso, confirma la sentencia apelada.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de apelación por impericia médica y daños y perjuicios. El recurso fue presentado por Carmen M. Báez Rivera y la Sucesión de Néstor Nazario Moreno contra el Dr. José R. Cruz Cestero y otros. La apelación impugna una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de Ponce que encontró al Dr. Cruz Cestero responsable en un 80%. Dicha sentencia lo condenó a pagar $92,000 en indemnización por daños. La parte apelante solicitó la revocación o modificación de esta decisión. El documento describe el historial procesal del recurso ante el Tribunal de Apelaciones. Se detalla la presentación del recurso, la gestión de la transcripción de prueba oral estipulada, y la presentación del alegato en oposición por la parte apelada. Se denegó una solicitud de la parte apelante para presentar un alegato de réplica. El Tribunal considera el recurso perfeccionado y listo para su consideración.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emitió una sentencia sobre una apelación presentada por Delvin S. Justiniano Ayala. El Sr. Justiniano Ayala solicitó revocar una sentencia del Tribunal Superior de Mayagüez. En la instancia inferior, un jurado lo encontró culpable de daño agravado a propiedad perteneciente al Estado Libre Asociado de Puerto Rico. También fue declarado culpable de maltrato agravado bajo la Ley de Violencia Doméstica contra su expareja. Los cargos se relacionaron con un incidente en el que supuestamente dañó una ventana para entrar a la residencia de ella y cometió actos de violencia doméstica. Tras revisar el caso, el Tribunal de Apelaciones confirmó la sentencia apelada.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de daños y perjuicios. La apelante, Loalis Sylvia Quiñones Pérez, demandó al Municipio de Humacao, R/O Rental Equipment, Inc., y otros tras un accidente de tránsito. El accidente ocurrió el 26 de octubre de 2019 en la Avenida Boulevard, donde R/O Rental realizaba mejoras viales bajo contrato con el Municipio. La apelante fue impactada por un vehículo conducido por Miguel Fontánez Pérez. La demanda buscaba indemnización solidaria de los demandados, incluyendo a R/O Rental y su aseguradora, Triple S Propiedad, Inc. El Tribunal de Primera Instancia dictó sentencia sumaria parcial a favor de R/O Rental y Triple S. La apelante recurrió de dicha sentencia. El Tribunal de Apelaciones revisó el dictamen, considerando los hechos del accidente y las obligaciones contractuales de R/O Rental. Por los fundamentos expuestos, el Tribunal de Apelaciones revocó la sentencia sumaria apelada.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de daños y perjuicios. La apelante, Loalis Sylvia Quiñones Pérez, demandó al Municipio de Humacao, un contratista y otros tras un accidente de tránsito. El incidente ocurrió en una vía donde el Municipio realizaba mejoras a través de un contratista independiente, R/O Rental Equipment, Inc. La demandante fue impactada por otro vehículo mientras transitaba por la zona de construcción. El Tribunal de Primera Instancia dictó sentencia sumaria parcial a favor del Municipio y su aseguradora, MAPFRE PRAICO. La apelante recurrió de dicha sentencia ante el Tribunal de Apelaciones. El Tribunal revisó los hechos, incluyendo el contrato entre el Municipio y el contratista que delegaba responsabilidades de la obra. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones confirmó el dictamen del foro primario.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en la revisión judicial solicitada por Pablo Casellas Toro contra una determinación del Departamento de Corrección y Rehabilitación. El Sr. Casellas impugnó la decisión del Comité de Clasificación y Tratamiento del 30 de octubre de 2024 que lo mantuvo en custodia mediana. Dicha determinación se fundamentó en su conducta durante el confinamiento y la gravedad del delito de asesinato en segundo grado por el que fue sentenciado. El Recurrente alegó que el Comité no demostró la necesidad de la custodia mediana para beneficiarse de programas. También argumentó que no se consideró su cambio de estatus legal del delito ni la culminación de un programa de rehabilitación. Tras denegarse su solicitud de reconsideración, acudió al Tribunal de Apelaciones. El Departamento defendió su discreción para evaluar la custodia. El Tribunal revisó el recurso presentado por el Sr. Casellas. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones confirmó la determinación del Comité de mantener al Recurrente en custodia mediana. La sentencia hace referencia a la deferencia administrativa que se otorga a las decisiones de las agencias.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. Examina un recurso de apelación, acogido como Certiorari, presentado por Alberto Felipe Ortiz Díaz. El recurso impugna una Orden emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Bayamón, en un caso de divorcio por ruptura irreparable. La Orden recurrida dispuso que el señor Ortiz Díaz debía presentar su solicitud de modificación de pensión alimentaria ante la Administración para el Sustento de Menores (ASUME). El foro primario justificó su decisión en que la pensión fue determinada por ASUME y el demandado reside fuera de Puerto Rico. El apelante alegó que esta orden constituía un error. El Tribunal de Apelaciones consideró el recurso presentado. Tras su evaluación, el Tribunal de Apelaciones denegó el recurso incoado por el señor Ortiz Díaz.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa una Resolución del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACo). El caso surge de una querella presentada por Frederick José Cortés Díaz contra Tocars Toa Baja LLC y un vendedor. El recurrente alegó que un anuncio en Facebook sobre un vehículo Rav4 Híbrida a un precio específico constituía una práctica publicitaria engañosa. Sostuvo que al acudir al concesionario, se le informó que el modelo híbrido no estaba disponible al precio anunciado, el cual era mayor. La parte recurrida argumentó que el anuncio era claro, incluía asteriscos y enlaces con información detallada sobre el precio y el pronto. El DACo inicialmente declaró No Ha Lugar la querella del consumidor. El recurrente solicitó la revisión de esta decisión ante el Tribunal de Apelaciones. El Tribunal de Apelaciones, tras evaluar los fundamentos, decidió revocar la Resolución emitida por el DACo.

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Sentencia de un panel de jueces sobre un recurso de certiorari presentado por Mary Jane Richards Berrios. La Peticionaria impugna una Resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó su solicitud para paralizar un procedimiento de divorcio. Dicho divorcio fue iniciado por su esposo, José Enrique Fernández Bjerg. La Peticionaria argumenta que el pleito de divorcio debe paralizarse porque existe un proceso previo para declarar la incapacidad del Recurrido. Señala como error que el foro primario diera trámite ordinario al divorcio a pesar de que la capacidad del demandante está en entredicho. El Recurrido se opuso a la paralización, alegando la presunción de su capacidad. El foro primario había negado la paralización, aunque luego indicó que verificaría si el Recurrido entendía el proceso. El Tribunal expide el auto de certiorari. Se revoca la determinación recurrida. Se devuelve el caso al foro primario para trámites ulteriores conforme a lo expresado en la sentencia.

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Las señoras Felícita y Eloísa González Rivera instaron un recurso de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones. Buscaban revocar una Resolución y Orden emitida por el foro primario el 9 de octubre de 2024. En dicha resolución, el tribunal de instancia determinó que ciertas partes eran indispensables para el pleito. Por ello, ordenó a las demandantes (peticionarias) que las incluyeran y emplazaran, o que desistieran de la acción. La parte recurrida compareció y se opuso a la expedición del auto. Tras examinar los escritos, el Tribunal de Apelaciones concluyó que su intervención no se justifica. Consideró que no concurren los criterios establecidos en la Regla 40 de su Reglamento para expedir el auto solicitado. En consecuencia, el Tribunal denegó la expedición del recurso de certiorari.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisando una decisión del Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Carolina. La apelación fue presentada por One Alliance Insurance Corporation contra PR Asset PortFolio 2013-1 International, LLC (PRAPI). El recurso impugna una Sentencia Sumaria que declaró Ha Lugar la moción de PRAPI. El caso original trata sobre incumplimiento de contrato relacionado con reclamaciones de seguros por daños causados por el huracán María a propiedades de PRAPI. Las propiedades aseguradas por One Alliance se ubican en la región judicial de Carolina, incluyendo Canóvanas, Carolina y Trujillo Alto. Las partes procesaron las reclamaciones en fases, llegando a acuerdos y pagos parciales para las primeras fases. El Tribunal de Apelaciones examinó los fundamentos de la Sentencia apelada y, por los motivos expuestos, confirmó la Sentencia del foro primario.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una Resolución en el caso de Certiorari presentado por la Sucesión de Josefa Margarita Morales Hernández y otros contra Deborah Lynn Lizza. Los peticionarios buscan la revisión de una Resolución del Tribunal de Primera Instancia de Mayagüez que denegó su moción de reconsideración y una solicitud de enmienda a la demanda. La moción de reconsideración se refería a una decisión previa del foro primario que dejó sin efecto una orden protectora sobre un fideicomiso. El Tribunal de Apelaciones recuerda que el Certiorari es un recurso extraordinario y discrecional que requiere razones de peso para su expedición. Tras evaluar el expediente, el Tribunal no encontró que el foro primario actuara con prejuicio, abuso de discreción o que su determinación fuera manifiestamente errónea. Por tanto, el Tribunal deniega la expedición del auto de Certiorari solicitado. Se exime a la parte recurrida de presentar escrito en oposición.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa una resolución del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACo). La parte recurrente, Home Mortgage Corp., impugna la orden del DACo que le exige realizar reparaciones en una vivienda. La querella original fue presentada por Melisa Medero Maldonado, quien alegó incumplimiento contractual. Según la querellante, la propiedad fue entregada con múltiples defectos y en estado inhabitable. Una inspección del DACo confirmó numerosos daños, incluyendo trabajos inconclusos, deterioro y problemas de seguridad. El informe pericial estimó el costo de las reparaciones necesarias en \$20,800. La parte recurrente no compareció a la vista administrativa ante el DACo. El Tribunal de Apelaciones modificó la resolución recurrida. No obstante, confirmó el resto del dictamen, manteniendo la obligación de la parte recurrente de atender las deficiencias de la propiedad.