Casos del Tribunal de Apelaciones (Página 223)

Resumen:

Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico desestimando un recurso de certiorari presentado por John Hernández Vargas. El peticionario solicitó ordenar al Tribunal de Primera Instancia de Aguadilla celebrar una vista para resentenciarlo. Alegó que el foro primario denegó indebidamente la aplicación del principio de favorabilidad a su sentencia. También sostuvo que el tribunal inferior erró al no acreditarle el tiempo cumplido en detención preventiva. El Tribunal de Apelaciones determinó que el recurso no fue debidamente perfeccionado. El peticionario omitió incluir documentos esenciales en el apéndice, como copia de la sentencia impuesta y la resolución recurrida. La falta de estos documentos, requeridos por el Reglamento del Tribunal de Apelaciones, impidió evaluar los señalamientos planteados. Por consiguiente, el Tribunal carece de autoridad para entender sobre el asunto.

Resumen:

Tomás Flores Moret presentó un escrito solicitando la revisión de la sentencia condenatoria impuesta el 7 de septiembre de 2011. Alegó que los hechos presentados en su juicio distorsionaron la verdad y crearon percepciones erróneas en el jurado. El Tribunal de Apelaciones acogió el escrito como un recurso de apelación. Sin embargo, al evaluar el recurso, el tribunal determinó que carecía de jurisdicción para atenderlo. La sentencia apelada fue dictada en 2011, y el recurso se presentó más de ocho años después del término jurisdiccional de treinta días para apelar. Conforme a las reglas de procedimiento criminal y el reglamento del tribunal, una apelación debe presentarse dentro de los 30 días siguientes a la sentencia. Dado que el recurso fue presentado tardíamente, el tribunal no tiene autoridad para evaluar el asunto en sus méritos. Por consiguiente, el Tribunal de Apelaciones desestimó el caso por falta de jurisdicción.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa una sentencia del Tribunal de Primera Instancia de Lares. El apelante, Gerardo González González, impugna el dictamen sobre un caso de incumplimiento de contrato, cobro de dinero y ejecución de hipoteca. El litigio se originó por la compraventa de dos fincas entre Ángel Rafael Delgado Pol y Manuel Francisco Pietri Vélez. Como parte del acuerdo, el comprador asumió una hipoteca existente y constituyó nuevas hipotecas sobre ambas propiedades para garantizar un pagaré. El vendedor original demandó al comprador por incumplimiento de pago. El pagaré fue cedido al apelante, quien intervino en el pleito. Una de las fincas fue vendida a un tercero durante el proceso judicial. El Tribunal de Primera Instancia declaró ha lugar el cobro de dinero y la ejecución, y no ha lugar la nulidad y daños. El Tribunal de Apelaciones anuncia que modificará la sentencia apelada.

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Comparece ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico Alexander M. Flecha Sánchez, apelando la desestimación de su demanda por incumplimiento de contrato contra United Surety & Indemnity Company. La acción se originó por una reclamación de daños a la propiedad tras el huracán María. El Tribunal de Primera Instancia desestimó la demanda al considerar aplicable la figura del pago por finiquito. Inicialmente, la aseguradora denegó la reclamación, pero tras una segunda reconsideración, realizó una nueva evaluación. La aseguradora estimó los daños en una cantidad que, tras aplicar el deducible, resultó en un pago parcial al asegurado. El cheque emitido incluía una cláusula clara indicando que su aceptación constituía la liquidación total y definitiva de la reclamación. A pesar de recibir y aceptar este pago, el asegurado presentó una tercera solicitud de reconsideración con un estimado de daños mucho mayor. El Tribunal de Apelaciones, tras examinar los escritos y documentos, determinó confirmar la sentencia apelada.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en el caso KLAN201901327. El recurso fue presentado por Universal Insurance Company y Popular Auto contra el Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Apelan una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia, Sala de Bayamón. La demanda original buscaba impugnar la confiscación de un vehículo. El TPI desestimó la demanda. La desestimación se basó en el incumplimiento del término jurisdiccional de 15 días para emplazar al Estado, según la Ley Uniforme de Confiscaciones. El TPI determinó que el emplazamiento se realizó fuera del término fatal. Los apelantes argumentan que el TPI erró al desestimar, alegando dificultades para obtener la expedición de los emplazamientos. El documento detalla el historial procesal y los fundamentos de la decisión apelada.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de certiorari instado por Sistema Integrado de Salud del Oeste, LLC. El recurso impugna una Resolución y Orden del Tribunal de Primera Instancia que concedió remedios provisionales a Doctores Asociados del Noroeste, Inc. La controversia surge tras la decisión de Doctores Asociados de retirarse de Sistema Integrado y solicitar la liquidación de su participación en la compañía. El foro primario declaró que Doctores Asociados seguía siendo socio hasta la liquidación y le concedió participación en la Junta de Directores y acceso a información. Sistema Integrado apeló esta determinación del Tribunal de Primera Instancia. El Tribunal de Apelaciones revisó el caso y las posturas de las partes. Concluyó revocando la determinación recurrida del Tribunal de Primera Instancia. El caso es devuelto al foro primario para que continúe los procedimientos conforme a lo resuelto por el Apelativo.

Resumen:

Alex Ibrahim Santos González comparece ante el Tribunal de Apelaciones mediante recurso de certiorari. Solicita la revocación de una resolución del Tribunal de Primera Instancia que declaró No Ha Lugar su moción bajo la Regla 192.1 de Procedimiento Criminal. En dicha moción, el peticionario cuestionó la legalidad de la pena de diez años de cárcel impuesta tras un preacuerdo. Alegó que, al reclasificarse los delitos de Ley de Armas, la pena máxima aplicable bajo la Ley 142-2013 y la Regla 72 debía ser de dos años. Inicialmente enfrentó cargos graves, incluyendo tentativa de asesinato, pero el preacuerdo resultó en reclasificaciones y una sentencia mixta de cárcel y probatoria. El Tribunal de Primera Instancia validó la sentencia, indicando que era la mínima legal. El peticionario argumenta que el TPI erró al no aplicar el principio de favorabilidad y las disposiciones sobre penas para cargos reclasificados. El Tribunal de Apelaciones, tras revisar el recurso, deniega la expedición del auto de certiorari.

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Comparece ante el Tribunal de Apelaciones el Sindicato de Aseguradores para la Suscripción Conjunta de Seguro de Responsabilidad Profesional Médico-Hospitalaria (SIMED) mediante un recurso de certiorari. SIMED solicita la revocación de una resolución del Tribunal de Primera Instancia que declaró No Ha Lugar su moción de desestimación por prescripción. La demanda original fue instada por Janet Camareno Márquez y sus hijas por alegada impericia médica contra el Dr. Andrés Guerrero Rodríguez y SIMED. SIMED argumentó que la acción en su contra había prescrito, pues las reclamaciones extrajudiciales no interrumpieron el término prescriptivo respecto a la aseguradora. Las demandantes sostuvieron que las notificaciones enviadas al médico sí interrumpieron el término contra ambos. El Tribunal de Primera Instancia denegó la desestimación, entendiendo que hubo interrupción. SIMED recurrió en certiorari, alegando que el TPI erró al no desestimar la acción en su contra por prescripción. El Tribunal de Apelaciones expidió el recurso solicitado y revocó la resolución recurrida. Esto significa que el Tribunal de Apelaciones determinó que el TPI erró al no encontrar prescrita la acción contra SIMED.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico desestimando un recurso de Certiorari. La Sra. Dollmarie Adorno Rondón presentó el recurso contra una Resolución del Tribunal de Primera Instancia (TPI) en un caso de declaratoria de incapacidad y nombramiento de tutor. El caso original, sobre el Sr. Félix Adorno Aponte, fue previamente apelado y devuelto al TPI. El Tribunal de Apelaciones ordenó al TPI admitir prueba previamente excluida y decidir quién debía ser el tutor permanente. En el TPI, surgió una disputa sobre el alcance de este mandato y la admisibilidad de un informe pericial del tribunal. La peticionaria impugnó una resolución del TPI de octubre de 2019 mediante el Certiorari. El Tribunal de Apelaciones desestima el recurso. La razón de la desestimación es que el Certiorari fue presentado de forma tardía.

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GEMA Enterprises, Corp. presentó una demanda contra Rexair, LLC, Rainbow of Puerto Rico, Inc., Rey Enterprises, Inc. y varios individuos, alegando incumplimiento de contrato, violaciones a la Ley 75, interferencia torticera y daños. GEMA sostuvo que desarrolló un mercado de distribución de aspiradoras Rainbow desde 1998, siendo reconocido como Sub-Distribuidor. Acusó a Rey Enterprises y sus principales de inducir a sus empleados a renunciar y trabajar para ellos, llevándose personal y dañando su mercado. GEMA imputó a Rexair conocimiento y consentimiento de estas acciones, que iban contra sus propias normas y perjudicaron el mercado de GEMA. Solicitó una indemnización de al menos $400,000 por los daños sufridos. Los demandados, incluyendo Rey Enterprises y Rexair, negaron las alegaciones en sus contestaciones. Rexair afirmó ser el manufacturero y que Rainbow de Puerto Rico era su único "Registered General Distributor", negando una relación contractual con GEMA que justificara remedios bajo la Ley 75. El documento introduce la sentencia judicial sobre este pleito, detallando las alegaciones iniciales de las partes.

Resumen:

GEMA Enterprises presentó demanda en 2011 contra Rexair, Rainbow of Puerto Rico, Rey Enterprises y otros. GEMA, sub-distribuidor de aspiradoras Rainbow, alegó incumplimiento de contrato, violaciones a la Ley 75 e interferencia torticera. Expuso que desarrolló un mercado de distribución y entrenó vendedores. En 2010, dos vendedores fueron supuestamente inducidos por Rey Enterprises a dejar GEMA y trabajar para ellos, afectando su mercado. GEMA imputó a Rainbow de Puerto Rico iniciar una relación con Rey Enterprises en su perjuicio. Acusó a Rexair de conocer y permitir estas acciones sin intervenir, avalando los daños. GEMA reclamó daños por no menos de $400,000. Los demandados negaron responsabilidad; Rexair negó una relación contractual con GEMA que justificara remedios bajo la Ley 75.

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Arnaldo Ortiz García presentó un recurso de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. El recurso buscaba revisar la determinación del Tribunal de Primera Instancia de Aibonito que declaró sin lugar su moción de desestimación. Dicha moción, fundamentada en la Regla 64(n)(3) de Procedimiento Criminal, alegaba que no se había iniciado el juicio dentro del término de 60 días tras la lectura de acusación por asesinato en primer grado. El Tribunal de Primera Instancia denegó la desestimación tras evaluar los factores pertinentes. Inconforme, Ortiz García acudió en certiorari, señalando errores en la decisión y la falta de notificación formal. El Tribunal de Apelaciones, sin embargo, resolvió desestimar el recurso por falta de jurisdicción, al considerar que el mismo era prematuro.

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Este pronunciamiento del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico aborda una apelación en un caso de cobro de dinero y ejecución de hipoteca entre Rafael González Rodríguez y Banco Santander de Puerto Rico. El apelante presentó una moción de reconsideración en el tribunal de primera instancia tras la sentencia, la cual no había sido resuelta al momento de esta decisión. El tribunal revisa las implicaciones procesales de presentar una moción de reconsideración conforme a la Regla 47 de Procedimiento Civil. Esta regla establece que una moción de reconsideración válida interrumpe el término para apelar, el cual se reanuda al notificarse la resolución sobre la moción. El tribunal enfatiza su deber fundamental de examinar su propia jurisdicción, especialmente en cuanto al cumplimiento estricto de los términos apelativos según la Regla 83 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones. La presentación oportuna y adecuada de la moción de reconsideración y su posterior resolución son factores críticos para establecer la jurisdicción del tribunal apelativo sobre el recurso. El tribunal está evaluando estos pasos procesales para asegurar que la apelación fue presentada dentro del término jurisdiccional aplicable.

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El Comité de Clasificación y Tratamiento del Departamento de Corrección y Rehabilitación ratificó la custodia máxima del confinado Luis E. Torres Alicea el 28 de junio de 2019. Esta decisión se basó en su sentencia de 119 años por delitos graves, incluyendo asesinato en primer grado con uso de arma de fuego, y su historial de violencia excesiva. Se consideraron las fechas proyectadas para la Junta de Libertad Bajo Palabra (2058) y la extinción de sentencia (2132/2137), así como la necesidad de demostrar responsabilidad para garantizar la seguridad institucional y pública. Aunque el confinado mostró ajustes positivos como completar tratamientos, el Comité determinó que debía continuar en una institución de seguridad extrema. Torres Alicea apeló la clasificación, argumentando contra el uso discrecional de la gravedad del delito y la extensión de la sentencia según una enmienda al Manual de Clasificación. La apelación fue denegada, confirmando la aplicación del factor discrecional "Historial de violencia excesiva" debido a la naturaleza violenta del delito cometido, a pesar de que la escala numérica arrojara una puntuación baja. La denegatoria reafirmó que se consideraron la fecha de elegibilidad para libertad bajo palabra y la fecha de excarcelación.

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Esta resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico atiende un recurso de certiorari presentado por Lester Vega Valentín. El peticionario solicita revocar una determinación del Tribunal de Primera Instancia en una vista de desacato relacionada con pensión alimentaria. Alega errores del TPI al no considerar el cálculo y descuento de atrasos para hijos mayores de edad o bajo su custodia. La parte recurrida, Luz Selenia Negrón Pérez, presentó una oposición al recurso. El Tribunal inicia su análisis enfatizando la primacía de las cuestiones jurisdiccionales. Discute la obligación del tribunal de ser guardián de su jurisdicción y la consecuencia de desestimación por falta de ella. Se aborda el concepto de recurso prematuro como un defecto insubsanable que priva de jurisdicción. Finalmente, se resalta la importancia de la notificación como elemento esencial del debido proceso de ley.

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Data @ccess Communications, Inc. presentó un recurso de revisión administrativa ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. La empresa impugnó la adjudicación de la Subasta Formal Núm. 19-039-OGP por la Administración de Servicios Generales (ASG) para servicios de red y telefonía gubernamentales. La ASG rechazó la propuesta de Data @ccess por varias razones, incluyendo un error en la fianza y falta de detalles sobre equipos y servicios. Data @ccess solicitó una revisión administrativa ante la Junta Revisora de la ASG. La Junta Revisora desestimó algunos fundamentos de rechazo de la ASG, pero confirmó la descalificación de Data @ccess por no detallar adecuadamente los equipos para circuitos de internet. Inconforme con esta determinación, Data @ccess acudió al Tribunal de Apelaciones. El Tribunal, tras examinar el recurso, resolvió desestimarlo por falta de jurisdicción.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en un recurso de revisión instado por Alexander Castro Acosta. El recurrente impugna una resolución administrativa del Departamento de Corrección y Rehabilitación. Dicha resolución lo encontró incurso en faltas disciplinarias por posesión de un teléfono celular y cargador hallados en su celda durante un registro. Como consecuencia, se le impusieron sanciones administrativas, incluyendo la eliminación de privilegios. El Sr. Castro solicitó reconsideración, alegando doble juzgamiento y que la propiedad pertenecía a su compañero de celda, pero su petición fue denegada. Posteriormente, acudió al Tribunal de Apelaciones solicitando la revocación de la determinación. El Tribunal examinó el recurso y la posición del Departamento, así como el reglamento disciplinario aplicable. Tras evaluar el caso, el Tribunal de Apelaciones resolvió confirmar la determinación administrativa recurrida.

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Los apelantes solicitaron la revisión de una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó su causa de acción. Dicha sentencia fue notificada a finales de octubre de 2019. Los apelantes presentaron una moción de reconsideración, la cual fue denegada y notificada a principios de diciembre de 2019. Posteriormente, el recurso de apelación fue presentado ante el Tribunal de Apelaciones a principios de enero de 2020. El Tribunal de Apelaciones procedió a examinar su jurisdicción para atender el recurso. Tras evaluar los hechos procesales, el tribunal determinó que la presentación del recurso de apelación fue tardía. Por consiguiente, el Tribunal de Apelaciones desestimó el recurso por falta de jurisdicción, sin entrar a considerar los méritos de la controversia original.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en el caso de Tomás Crespo Echevarría contra la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPE). El recurso surge de la denegatoria de una solicitud de variación de lotificación y segregación de una propiedad en Aguada. La propiedad está clasificada como Suelo Rústico Común y Rural General. La OGPE denegó la solicitud argumentando falta de justificación, ausencia de prueba de confiscación y que el proyecto introducía urbanización en suelo rústico. El recurrente sostuvo que ya existía una residencia con permisos que necesitaba ser segregada para su pleno disfrute y caudal hereditario, y que no se trataba de un proceso urbanizador nuevo. La División de Revisiones Administrativas confirmó la denegatoria inicial. El recurrente apeló ante el Tribunal de Apelaciones, alegando violación de sus derechos fundamentales de propiedad y error al determinar falta de evidencia. Tras revisar el expediente, el Tribunal de Apelaciones resuelve revocar la determinación administrativa recurrida.

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El apelante, José López Torres, recurre una sentencia del Tribunal de Primera Instancia de Ponce que lo declaró culpable de lesión negligente bajo el Artículo 110 del Código Penal y de infracción al Artículo 5.07 de la Ley de Vehículos y Tránsito. Los cargos se derivan de un accidente de tránsito ocurrido el 10 de noviembre de 2016, donde se le imputó conducir negligentemente, invadir el carril contrario y causar lesiones a Enrique Velázquez Ortiz. El Tribunal de Primera Instancia lo encontró culpable por el impacto al vehículo del Sr. Velázquez Ortiz, imponiéndole una pena de 3 años bajo régimen de sentencia suspendida por la lesión negligente. El apelante presenta tres señalamientos de error ante el Tribunal de Apelaciones. Alega que el foro primario erró al encontrarlo culpable por falta de prueba sobre todos los elementos de los delitos imputados. Específicamente, argumenta la ausencia total de prueba médica para la lesión negligente y falta de identificación como autor para la infracción de tránsito. Sostiene que su culpabilidad no fue probada más allá de duda razonable. El Tribunal de Apelaciones revisa los alegatos, los autos originales y la transcripción de la prueba para atender y resolver las controversias presentadas en la apelación.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisando una determinación de la Oficina del Contralor Electoral (OCE). El caso involucra a Luis Guillermo León Rodríguez, aspirante a la alcaldía de Ponce en 2016, y la OCE. La OCE auditó las finanzas de su campaña y encontró incumplimientos, como ingresos no depositados, ingresos y gastos no informados, y deficiencias en controles internos. León Rodríguez argumentó que los señalamientos correspondían a aportaciones personales y negó las deficiencias. Posteriormente, cuestionó la imparcialidad del auditor principal, Abraham J. David Espada, citando un conflicto previo en la Cámara de Representantes. Alegó haber solicitado la renuncia del auditor de un puesto anterior. La OCE señaló que el recurrente conoció al auditor al inicio del proceso, pero planteó la objeción tarde y sin evidencia. A pesar de no encontrar fundamento, la OCE aceptó la renuncia voluntaria del auditor para preservar la pureza del procedimiento, emitiendo su informe final de auditoría el 8 de mayo de 2019.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una Resolución en un recurso de Certiorari presentado por United Surety & Indemnity Company (USIC). USIC solicitó la revocación de una decisión del Tribunal de Primera Instancia (TPI) que denegó su moción de sentencia sumaria. El caso subyacente es una demanda por incumplimiento de contrato y daños presentada por Joel Otero Capó contra USIC, relacionada con la reclamación de daños tras el huracán María. El demandante alegó que la aseguradora no ajustó adecuadamente los daños. USIC argumentó en su moción de sentencia sumaria que cumplió con el pago, pero no incluyó una declaración jurada. El demandante se opuso, presentando una declaración jurada que detallaba los daños y alegando controversia sobre el ajuste. El TPI denegó la sentencia sumaria al determinar la existencia de una controversia genuina de hechos materiales, apoyada por la declaración jurada del demandante. Tras revisar los argumentos, el Tribunal de Apelaciones denegó la expedición del auto de certiorari solicitado por USIC. La denegación implica que el caso continuará en el TPI para la adjudicación de los hechos en disputa.

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Banco Popular de Puerto Rico compareció ante el Tribunal de Apelaciones mediante auto de certiorari. Solicitó revocar una Resolución del Tribunal de Primera Instancia de Caguas que declaró nula la acción de ejecución de hipoteca sobre un solar específico. El TPI determinó que la ejecución era improcedente porque la finca no estaba inscrita a nombre de los deudores hipotecarios. Además, la hipoteca no constaba inscrita y no se demandó a los terceros a cuyo favor aparecía inscrita la propiedad. La acción original fue un cobro de dinero y ejecución de hipoteca iniciada por Westernbank. El TPI había dictado sentencia en rebeldía pero desestimó la ejecución sobre la finca en controversia por los motivos señalados. El Tribunal de Apelaciones revisó la solicitud. Por los fundamentos expuestos, el Tribunal de Apelaciones denegó la expedición del auto de certiorari. Esto valida la decisión del TPI de anular la ejecución hipotecaria sobre el solar en cuestión.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. Resuelve una apelación presentada por residentes contra JI Site Developers, LLC y la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe). Los apelantes solicitaron un interdicto preliminar y permanente para detener la construcción de una torre de telecomunicaciones. Alegaron que el permiso de construcción fue obtenido mediante engaño, información falsa y falta de notificación adecuada. El Tribunal de Primera Instancia (TPI) declaró No Ha Lugar la demanda de interdicto. El TPI limitó su análisis a la alegación de información falsa o incorrecta en la solicitud de permiso. Determinó que las controversias sobre notificación y otros aspectos debieron ventilarse en el proceso administrativo y ante el Tribunal de Apelaciones. El TPI concluyó que los apelantes no probaron que el permiso se obtuvo con información falsa. El Tribunal de Apelaciones confirma la Sentencia apelada del TPI.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de revisión administrativa. Jonathan Noa Galarza impugna una resolución de la Junta de Libertad Bajo Palabra que le denegó el privilegio de libertad bajo palabra. El recurso judicial fue presentado el 14 de junio de 2019 contra una resolución de la Junta del 15 de abril de 2019. Durante el trámite, el recurrente tuvo dificultades para presentar la documentación requerida por el tribunal. Posteriormente, el recurrente presentó una resolución posterior de la Junta, fechada el 22 de octubre de 2019, que también le denegó la libertad bajo palabra. La Sentencia procede a analizar el concepto de jurisdicción del tribunal para conocer del recurso. Se destaca la obligación del tribunal de asegurarse de poseer jurisdicción antes de considerar los méritos. Se subraya que un recurso prematuro o tardío priva al tribunal de jurisdicción. La discusión sobre la jurisdicción sienta las bases para una posible determinación de falta de jurisdicción basada en la cronología de los eventos y las resoluciones administrativas.

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Es una sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico que revisa una decisión de la Comisión Apelativa del Servicio Público (CASP). El caso surge de la destitución de Wilfredo A. Rosado Ortiz por el Municipio Autónomo de Vega Baja tras un incidente laboral. El Sr. Rosado Ortiz apeló su destitución ante la CASP. La CASP le notificó que su apelación estaba incompleta, requiriendo evidencia de notificación al Municipio y un documento. Le concedió un término de cinco días para subsanar, bajo apercibimiento de tener la apelación por no radicada. A pesar de la respuesta del recurrente alegando haber notificado al Municipio, la CASP determinó que las deficiencias no fueron corregidas. La CASP declaró la apelación por no radicada, decisión que el Sr. Rosado Ortiz recurre ante el Tribunal de Apelaciones. El recurrente argumenta que la CASP aplicó sus reglas procesales de forma excesivamente estricta y contraria a derecho. Sostiene que la CASP impuso requisitos jurisdiccionales adicionales y que él sí notificó al Municipio y envió la documentación requerida a la CASP. El Tribunal evalúa si la decisión de la CASP de desestimar la apelación por incumplimiento procesal fue correcta.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en el caso KLAN201901355. El recurso fue presentado por Yadira González Pantojas contra la Administración de Vivienda Pública y otros, apelando una decisión de desahucio por falta de pago del Tribunal de Primera Instancia. La parte apelada, Martinal Property, Corp., no presentó oposición al recurso dentro del término concedido, ni siquiera tras una prórroga. Posteriormente, la apelante informó al tribunal que las partes habían alcanzado un acuerdo extrajudicial para resolver la controversia. Por tal motivo, la señora González Pantojas presentó una moción solicitando el desistimiento de la apelación. El Tribunal de Apelaciones, conforme a su reglamento, dictó sentencia declarando el desistimiento del recurso. La sentencia pone fin a la apelación basándose en el acuerdo de las partes y la solicitud de la apelante.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisando un recurso de certiorari. Los peticionarios, herederos de un causante declarado incapaz, impugnan dos resoluciones del Tribunal de Primera Instancia. Estas resoluciones denegaron su solicitud para intervenir en el caso de incapacidad tras el fallecimiento del causante. Asimismo, el foro primario aprobó el informe final de tutela presentado por la ex tutora, viuda y albacea. Los peticionarios alegan tener derecho como herederos a intervenir, ser notificados y cuestionar el informe final de tutela. Argumentan que la cosa juzgada no les aplica y que su derecho a intervenir post-tutela fue reconocido previamente. Sostienen que el informe final aprobado era incompleto y cuestionable. El Tribunal de Apelaciones evalúa si el foro primario erró al denegar la intervención y aprobar las cuentas sin atender sus reclamos.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resolviendo un recurso de certiorari en un caso de custodia y patria potestad. El apelante impugnó una orden del Tribunal de Primera Instancia (TPI) que denegó su solicitud de mediación y calendarizó una vista de impugnación de informe social. Las partes, padres de una menor, estaban de acuerdo con la custodia compartida recomendada en el informe, pero discrepaban sobre el plan de distribución de días. El apelante solicitó mediación conforme a la Ley Protectora de los Derechos de los Menores en el Proceso de Adjudicación de Custodia. Dicha ley dispone que si los progenitores acuerdan la custodia compartida pero no la forma de ejercerla, el tribunal debe referirlos a mediación. El Tribunal de Apelaciones determinó que el TPI erró al denegar la solicitud de mediación. Concluyó que la ley exige agotar el proceso de mediación en este escenario antes de proceder a otras vías.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en la apelación presentada por Nieves Pérez Ortiz contra su sentencia condenatoria. El apelante fue declarado culpable por el Tribunal de Primera Instancia de asesinato en primer grado y una violación a la Ley de Armas. Los cargos se originaron por hechos ocurridos en Carolina en julio de 2017 que resultaron en la muerte de una persona. Tras el juicio, Nieves Pérez Ortiz fue sentenciado a 99 años por asesinato y 5 años por la infracción a la Ley de Armas, sumando 104 años de reclusión. La apelación argumentó varios errores, como la apreciación de la prueba, la falta de prueba más allá de duda razonable y el rechazo de la defensa propia o doctrina del castillo. También se impugnó la aplicación de reglas sobre uso de fuerza policial y la admisión de evidencia y declaraciones. El Tribunal de Apelaciones revisó el caso, incluyendo la transcripción del juicio. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones confirmó la sentencia apelada del Tribunal de Primera Instancia.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en un recurso instado por Alejandro Cofresí Bobé. El apelante impugna la determinación de temeridad e imposición de honorarios de abogado en su contra, contenida en una Sentencia Parcial del Tribunal de Primera Instancia. Dicha sentencia parcial declaró con lugar una acción de nulidad de venta de una propiedad. La propiedad pertenecía a la comunidad post-ganancial con Iraida Maritza Benabé García y la venta se realizó sin su consentimiento. La demanda original solicitaba la nulidad de la escritura de compraventa y una indemnización por daños y perjuicios. Tras evaluar las posturas de las partes, el derecho y los hechos, el Tribunal de Apelaciones confirma la determinación de temeridad y la imposición de honorarios de abogado apelada.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de Certiorari. El recurso fue instado por José Fernando Irizarry Pérez y la Sucesión de Sonia Irizarry Talavera. Impugnaron una resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó su solicitud de sentencia sumaria. La controversia principal versa sobre una reclamación de honorarios de abogado presentada por el Lcdo. Manuel Reyes Dávila. El Lcdo. Reyes Dávila demandó a los peticionarios buscando el pago de honorarios por servicios prestados a otros miembros de la Sucesión Rita Talavera en un pleito anterior. Los peticionarios negaron haber contratado al Lcdo. Reyes Dávila y presentaron una reconvención por daños. El Tribunal de Apelaciones examinó el historial del caso y los argumentos de las partes. El foro apelativo revocó la resolución del Tribunal de Primera Instancia. Consecuentemente, desestimó la demanda de honorarios incoada por el Lcdo. Reyes Dávila. También desestimó la reconvención presentada por los peticionarios.

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Este caso es una revisión judicial de una resolución del Departamento de Salud de Puerto Rico sobre una solicitud de Certificado de Necesidad y Conveniencia (CNC) para servicios de salud en el hogar. Las recurrentes, Advanced Home Care Services West, Inc. y Vision Infusion Services, Inc., impugnaron la resolución que concedió el CNC a CMS Home Care Metro, LLC. Alegaron que la resolución final del Departamento de Salud carecía de las determinaciones de hechos y conclusiones de derecho requeridas por ley. El Tribunal de Apelaciones examinó la resolución a la luz de la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme (LPAU). Determinó que la resolución impugnada incumplió con la Sección 3.14 de la LPAU al no incluir los fundamentos fácticos y legales de la decisión. Esta omisión violó el debido proceso de las partes e impidió la adecuada función revisora del tribunal. Por consiguiente, el Tribunal revocó la resolución del Departamento de Salud. El caso fue devuelto a la agencia para que emita una nueva determinación final que cumpla con los requisitos legales, incluyendo determinaciones de hechos y conclusiones de derecho.

Resumen:

Un peticionario solicitó la revisión mediante auto de certiorari de una sentencia que lo condenó a 10 años de prisión por infracción al Art. 190 C, D, F del Código Penal. El peticionario pidió la reclasificación del delito a tentativa, alegando que no hubo intimidación ni amenaza, contrario a la denuncia original. El documento explica que el certiorari es un vehículo procesal extraordinario y discrecional para corregir errores de derecho de tribunales inferiores. Se rige por criterios de razonabilidad y justicia, así como por la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones. Tras revisar el escrito del peticionario y los autos, el tribunal determinó que la resolución impugnada es correcta en derecho. Por tanto, el asunto no amerita la revisión discrecional del tribunal. Se eximió a la parte recurrida de presentar alegato en oposición.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de cobro de dinero. La controversia surge de un pagaré hipotecario por $680,000 otorgado por el matrimonio Ramírez-Colom a Carlos Javier Arbona García por la compra de una propiedad. Arbona García posteriormente cedió los derechos de cobro de este pagaré a Westernbank Puerto Rico como garantía colateral de un préstamo propio. Arbona García presentó una demanda contra los deudores por el impago del pagaré. Los deudores, ahora representados por la sucesión de uno de ellos, apelaron una sentencia previa. Argumentaron que Arbona García carecía de legitimación activa para demandar debido a la cesión del pagaré al banco. Solicitaron la revocación de la sentencia y el archivo del caso. El Tribunal de Apelaciones revisó los hechos y los argumentos legales. El Tribunal de Apelaciones revocó la sentencia recurrida. Ordenó la continuación de los procedimientos conforme a su dictamen.

Resumen:

La Corporación del Fondo del Seguro del Estado (CFSE) recurre ante el Tribunal de Apelaciones para impugnar una decisión de la Junta de Relaciones del Trabajo de Puerto Rico. La Junta había ordenado a la CFSE cesar de violar la Ley 66-2014 y realizar el proceso de consulta alterna con la Unión de Médicos de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado (UM-CFSE). La controversia se originó cuando la UM-CFSE solicitó negociaciones bajo la Ley 66, pero la CFSE se negó, alegando inestabilidad financiera. La UM-CFSE apeló ante la Junta, que falló a su favor, obligando a la CFSE a evaluar su situación fiscal y potencialmente negociar. La CFSE impugna esta decisión ante el Tribunal de Apelaciones, argumentando que la Junta carecía de jurisdicción para emitir tal orden. El Tribunal subraya la importancia crítica de la jurisdicción, indicando que debe ser verificada antes de considerar los méritos de un caso. El documento detalla los principios legales sobre la jurisdicción, señalando que no puede presumirse ni asumirse por las partes o el tribunal. Como parte del proceso, el Tribunal solicitó a la Junta evidencia de la notificación de su decisión.

Resumen:

Un confinado, Luis E. Vélez Ferrer, recurrió ante el Tribunal de Apelaciones para impugnar una decisión del Departamento de Corrección y Rehabilitación sobre el mínimo de sentencia para ser referido a la Junta de Libertad Bajo Palabra. El recurrente solicitaba la revocación de dicha decisión administrativa. Al examinar el recurso, el Tribunal determinó que carecía de jurisdicción para atender los méritos del caso. La decisión administrativa que se pretendía revisar fue archivada el 19 de julio de 2019. El recurrente presentó una moción de reconsideración ante la agencia el 30 de septiembre de 2019, fuera del término jurisdiccional. Una reconsideración tardía no interrumpe el plazo para solicitar revisión judicial. El término para recurrir ante el Tribunal de Apelaciones venció el 19 de agosto de 2019. El recurso de revisión judicial fue presentado el 30 de diciembre de 2019, también de forma tardía. Por consiguiente, el Tribunal desestimó el recurso por falta de jurisdicción.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en el caso KLAN201901436. El recurso de apelación fue presentado por José Ramón Fonseca Mojica y su esposa contra Scotiabank de Puerto Rico. El caso original en el Tribunal de Primera Instancia de Caguas trataba sobre cobro de dinero y ejecución de hipoteca. Los apelantes presentaron una moción solicitando el desistimiento de la apelación sin perjuicio. El Tribunal de Apelaciones examinó la moción presentada el 15 de enero de 2020. Mediante sentencia de 21 de enero de 2020, el Tribunal declaró con lugar la solicitud. En virtud de la Regla 83(a) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, se tuvo por desistida y archivada la apelación judicial.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. El peticionario, Virgilio Biaggi Lama, presentó un recurso de certiorari para cuestionar una resolución del tribunal de primera instancia que denegó una moción de relevo de sentencia. Conforme a las reglas de procedimiento, un recurso de certiorari contra una resolución interlocutoria debe presentarse dentro de treinta días desde su notificación. La resolución impugnada fue notificada el 12 de diciembre de 2019. Sin embargo, el peticionario presentó su recurso el 15 de enero de 2020, excediendo el término de treinta días. La presentación tardía de un recurso, sin justa causa, constituye un defecto insubsanable que priva al Tribunal de Apelaciones de jurisdicción. La ausencia de jurisdicción impide considerar los méritos del recurso y obliga a su desestimación. Por estos fundamentos, el Tribunal desestima el recurso de certiorari presentado por el peticionario.

Resumen:

Comparece ante el Tribunal de Apelaciones la codemandada QBE Seguros mediante auto de certiorari. Solicita la revocación de una Resolución del Tribunal de Primera Instancia (TPI) que denegó su solicitud de desestimación en una demanda por daños y perjuicios. QBE fundamentó su solicitud de desestimación en la doctrina de cosa juzgada. Argumentó que una demanda previa entre las mismas partes por los mismos hechos fue desestimada "con perjuicio" por el TPI. Aunque la demandante solicitó el desistimiento "sin perjuicio" en el primer caso, la sentencia del TPI decretó el desistimiento "con perjuicio", la cual QBE consideró final y firme. El TPI, sin embargo, denegó la desestimación en el segundo caso, interpretando que el desistimiento original debió ser sin perjuicio. QBE recurrió en certiorari alegando error del TPI al permitir reabrir un asunto ya juzgado. El Tribunal de Apelaciones, tras examinar el recurso, deniega la expedición del auto de certiorari.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en el caso de José A. Rosado Vázquez contra Puerto Rico Telephone Co. y St. James Security, Inc. El apelante recurre de una Sentencia Parcial del Tribunal de Primera Instancia, Sala de Bayamón. Dicha sentencia desestimó sumariamente su reclamación de daños y perjuicios por alegadas violaciones constitucionales contra St. James Security, Inc. El caso original trataba sobre despido injustificado, represalias y daños y perjuicios. El apelante, empleado de PRTC, alegó acoso y represalias por parte de un supervisor de St. James, compañía contratada por PRTC. Tras un incidente con el supervisor de St. James, el apelante fue despedido por PRTC. Demandó a ambas compañías, incluyendo una causa de acción por violación de derechos constitucionales contra St. James. St. James solicitó sentencia sumaria argumentando la inexistencia de dicha causa de acción en su contra. El Tribunal de Primera Instancia concedió la sentencia sumaria a favor de St. James respecto a la reclamación constitucional. El Tribunal de Apelaciones, tras revisar los fundamentos, confirma la Sentencia Parcial apelada.

Resumen:

Gabriel Pérez López, confinado en una institución penal, presentó un recurso de revisión administrativa ante el Tribunal de Apelaciones contra el Departamento de Corrección y Rehabilitación. Solicitó la revisión de una decisión administrativa que denegó su pedido de equipo de pesas y maquinaria para recreación activa. El peticionario argumentó que, debido a condiciones de salud que le impiden practicar ciertos deportes, necesita este equipo y que la institución incumple con las regulaciones de recreación y los acuerdos del caso Morales Feliciano. Inicialmente, su solicitud administrativa fue denegada, y una reconsideración posterior también fue rechazada. La denegación se fundamentó en que se encuentra en un área de segregación donde, por seguridad, solo se permite equipo de recreación pasiva durante las horas fuera de la celda. Ante el Tribunal, Pérez López alegó que se le proporcionó información falsa y que se violan sus derechos a la recreación, sufriendo discriminación. El Tribunal de Apelaciones revisó el expediente administrativo presentado por el DCR. La sentencia del Tribunal confirma la resolución administrativa recurrida.

Resumen:

Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. El peticionario, Luis Machado Simancas, presentó un recurso de certiorari contra una resolución del Tribunal de Primera Instancia, Sala de Manatí. Dicha resolución sostuvo la imposición de sanciones económicas contra el peticionario por alegado incumplimiento con el descubrimiento de prueba solicitado por la parte recurrida, Pinnacle Partners, LLC, en un caso de cobro de dinero. El peticionario argumentó que la prueba requerida no estaba en su posesión o correspondía a otro caso. El Tribunal de Primera Instancia había ordenado el descubrimiento y sancionado al peticionario con $150, manteniendo la sanción tras una solicitud de reconsideración. El peticionario recurrió ante el Tribunal de Apelaciones, alegando error del foro primario al exigir prueba no disponible y sostener las sanciones. Tras evaluar los asuntos presentados, el Tribunal de Apelaciones determinó denegar la expedición del recurso de certiorari.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de cobro de dinero. El abogado Juan A. Sánchez Rivoleda demandó a Joanmarie Quiñones Molina y su hermano por honorarios legales relacionados con un caudal hereditario. La señora Quiñones Molina fue declarada en rebeldía por no contestar la demanda. El Tribunal de Primera Instancia dictó una Sentencia Parcial en su contra por más de $36,000 en 2016. Quiñones Molina solicitó dejar sin efecto la sentencia y la rebeldía, alegando que la cuantía era incorrecta y que no tuvo asesoría legal efectiva tras la rebeldía. El foro primario denegó su solicitud y una posterior moción de reconsideración. La señora Quiñones Molina recurrió al Tribunal de Apelaciones mediante certiorari. El Tribunal de Apelaciones concluyó que el foro primario abusó de su discreción. Determinó que debió dejarse sin efecto la anotación de rebeldía y relevarla de la Sentencia Parcial. Por tanto, el Tribunal de Apelaciones revocó la Sentencia Parcial apelada.

Resumen:

Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre una petición de certiorari presentada por la Administración de Terrenos. La Administración recurrió de una Minuta-Resolución del Tribunal de Primera Instancia de Vieques que convirtió un procedimiento sumario de desahucio en uno ordinario. La petición de certiorari busca revocar dicha determinación interlocutoria. El documento explica el auto de certiorari como un remedio discrecional para revisar decisiones de tribunales inferiores. Detalla el alcance jurisdiccional del Tribunal de Apelaciones para atender recursos de certiorari contra resoluciones interlocutorias del TPI, según la Regla 52.1 de Procedimiento Civil. Asimismo, expone los criterios de discreción establecidos en la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones para decidir si se expide el auto. La resolución describe el contexto procesal y el marco legal aplicable a la solicitud de certiorari.

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Este documento es una sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico relativa a un recurso de apelación presentado por José Antonio Morales Sánchez. La apelación impugna una sentencia parcial del Tribunal de Primera Instancia en un caso sobre liquidación de bienes gananciales y de una comunidad de bienes de un concubinato previo. El tribunal de instancia determinó que existió una relación de concubinato entre el Sr. Morales Sánchez y Marianela Quezada Feliz desde mediados de 2000 hasta su matrimonio en agosto de 2002. Tras su divorcio, la Sra. Quezada Feliz solicitó la liquidación tanto de la sociedad legal de gananciales como de los bienes acumulados durante el concubinato. Ella alegó haber contribuido económicamente y con trabajo a mejoras y una extensión en la propiedad privativa del Sr. Morales Sánchez durante su convivencia, destinada a ser la residencia familiar. Las determinaciones de hechos del Tribunal de Primera Instancia, basadas en la prueba, detallaron la cronología de la relación, la construcción en la propiedad iniciada en 2001 y las contribuciones específicas de la Sra. Quezada Feliz en materiales, pagos y mano de obra. Luego de revisar el caso, el Tribunal de Apelaciones confirmó la sentencia parcial dictada por el Tribunal de Primera Instancia.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de cobro de dinero y ejecución de hipoteca. El apelante, José Bernabe Berdecía Ortiz, recurre contra una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que le condenó al pago de una deuda hipotecaria a favor de FirstBank Puerto Rico. La deuda se originó de un pagaré hipotecario sobre una propiedad adquirida durante su matrimonio. Tras el divorcio, la propiedad y la asunción de la hipoteca fueron adjudicadas a su exesposa, quien posteriormente modificó el préstamo con el banco. La exesposa incumplió con los pagos de la obligación modificada. El Tribunal de Primera Instancia encontró al apelante responsable del pago de la deuda principal, intereses, cargos y honorarios de abogado. El apelante solicitó la revocación de dicha Sentencia ante el foro apelativo. El Tribunal de Apelaciones revisó los fundamentos del caso presentado. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones confirmó la Sentencia apelada.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre una petición de certiorari. La petición fue presentada por Bananera Lareña, Inc. en un pleito de desahucio, cobro de dinero y reivindicación iniciado por Monsanto Caribe, LLC. Bananera impugnaba las sanciones impuestas por el Tribunal de Primera Instancia (TPI). Dichas sanciones incluían penalidades económicas, el pago de honorarios de un perito y la eliminación de sus alegaciones responsivas. Las sanciones se fundamentaron en el incumplimiento reiterado de Bananera con las órdenes de descubrimiento de prueba y los retrasos injustificados. El Tribunal de Apelaciones examinó la discreción ejercida por el TPI. Concluyó que el TPI no cometió error de derecho al imponer las sanciones. La decisión del TPI se basó en el patrón de incumplimientos de Bananera y las advertencias previas. Por tanto, el Tribunal de Apelaciones declinó intervenir con la determinación del TPI.