Casos del Tribunal de Apelaciones (Página 220)

Resumen:

Este documento es una sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de cobro de dinero. El Tribunal de Primera Instancia dictó sentencia en rebeldía contra el demandado. El demandado solicitó ser relevado de dicha sentencia, pero el TPI denegó la solicitud. El Tribunal de Apelaciones revisó la decisión del TPI. Concluyó que el TPI erró al no relevar al demandado de la sentencia. La corte de apelaciones determinó que el TPI nunca adquirió jurisdicción válida sobre el demandado. Esto se debió a que el demandado nunca fue notificado con la demanda ni emplazado por edicto, ya que las notificaciones enviadas por correo fueron devueltas. Además, la sentencia no fue notificada debidamente al demandado, pues la notificación también fue devuelta y no se publicó por edicto. Por tanto, la sentencia dictada por el TPI fue nula.

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Finance of America Reverse, LLC presentó una demanda de cobro de dinero y ejecución de hipoteca contra la Sucesión de Elena Caraballo Zayas tras el fallecimiento de la deudora y la aceleración de una hipoteca revertida. La demanda fue presentada en el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Vega Baja. Luego de varios trámites procesales y de solicitar la anotación de rebeldía de los demandados, el Tribunal primario anotó la rebeldía. Sin embargo, ordenó a Finance proveer ciertos documentos en un término de veinte días, apercibiendo que de no cumplir, desestimaría la demanda. Al no cumplir Finance con la orden dentro del término, el Tribunal de Primera Instancia dictó sentencia desestimando la demanda sin perjuicio. Finance presentó posteriormente algunos documentos y solicitó la reconsideración de la sentencia desestimatoria. El Tribunal primario declaró No Ha Lugar la moción de reconsideración. Esta sentencia del Tribunal de Apelaciones revisa la desestimación de la demanda por el Tribunal de Primera Instancia en este caso de ejecución hipotecaria.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de daños y perjuicios. Los apelantes demandaron a una compañía de seguridad y a una asociación de residentes tras ser asaltados en su hogar en una urbanización con control de acceso. Alegaron negligencia por parte del guardia de seguridad al permitir la entrada de los asaltantes. El Tribunal de Primera Instancia determinó que la compañía de seguridad, CV-7 Protection, era responsable por los daños sufridos. Condenó a CV-7 Protection al pago de \$40,500.00 en indemnización. El foro primario desestimó las reclamaciones contra la asociación de residentes y una aseguradora, Triple S. Los apelantes recurrieron la decisión del Tribunal de Primera Instancia. El Tribunal de Apelaciones confirmó la determinación de responsabilidad de CV-7 Protection y la cuantía de los daños. No obstante, modificó la sentencia apelada para que Triple S, como aseguradora de CV-7 Protection, permanezca en el pleito. Triple S responderá solidariamente por las cuantías otorgadas a los apelantes.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite Sentencia en el caso de apelación entre Viviane Cósimi Ancher y UNDARE, INC. La apelante recurre una decisión del Tribunal de Primera Instancia que desestimó su demanda de cobro de dinero sin perjuicio. La parte apelada argumentó que el recurso de apelación no fue perfeccionado dentro del término establecido por el reglamento. El Tribunal, previo a considerar los méritos, examinó su propia jurisdicción para atender el caso. Se subraya la obligación ministerial de los tribunales de evaluar rigurosamente los asuntos jurisdiccionales. Asimismo, se destaca la importancia del cumplimiento estricto con las reglas que rigen los procedimientos apelativos. El perfeccionamiento adecuado de los recursos es esencial para la marcha ordenada de los procesos judiciales. El incumplimiento de las disposiciones reglamentarias impide la revisión judicial por parte del tribunal apelativo. Por consiguiente, el Tribunal de Apelaciones desestima el recurso de apelación. La desestimación se fundamenta en el incumplimiento de la parte apelante con las normas para perfeccionar su recurso.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de certiorari sobre custodia provisional en un caso de divorcio. La peticionaria, Delia M. Vivas Barlucea, impugnó la orden del Tribunal de Primera Instancia que dispuso la custodia compartida a tiempo igual de la hija menor. El foro primario decretó el divorcio y ordenó la custodia provisional compartida, alegando un acuerdo voluntario de las partes, pendiente del informe de la Unidad Social. La madre solicitó reconsideración, argumentando que la custodia compartida no era parte de los acuerdos alcanzados. El padre se opuso, negando dicho acuerdo y la falta de capacidad para la custodia compartida. El Tribunal de Primera Instancia denegó la reconsideración. La peticionaria recurrió ante el Tribunal de Apelaciones, señalando violaciones al debido proceso por ordenar la custodia sin notificación, prueba o acuerdo. El Tribunal de Apelaciones acogió el recurso como certiorari. Tras examinar el caso, el Tribunal de Apelaciones expidió el auto solicitado. La sentencia revoca la determinación del Tribunal de Primera Instancia sobre la custodia provisional compartida.

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El recurso de apelación surge de un litigio sobre la división de una comunidad de bienes de una residencia en Ponce entre los hermanos Collado Orta. Gustavo Collado Orta demandó la terminación de la copropiedad registrada a su nombre y el de su hermano Pedro Ángel, alegando haber pagado solo la hipoteca y el mantenimiento. Pedro Ángel admitió la copropiedad, afirmó haber vivido en la casa y realizado pagos hipotecarios, y acusó a Gustavo de privarlo de la posesión. Las hermanas Wanda y Zulma intervinieron en el pleito, reclamando ser las verdaderas dueñas. Alegaron haber aportado los fondos iniciales para la compra, provenientes de la venta de otra propiedad familiar. Sostuvieron la existencia de un acuerdo entre todos los hermanos para pagar la hipoteca proporcionalmente y expresaron no desear vender la propiedad. Gustavo respondió a la intervención, reiterando su titularidad con Pedro y calificando la aportación de las hermanas como un regalo. El caso procedió a juicio, donde las partes presentaron prueba y testimonio. El tribunal de primera instancia emitió sentencia con determinaciones de hechos sobre el acuerdo inicial de titularidad entre los hermanos. Este documento es la sentencia del Tribunal de Apelaciones que revisa dicho litigio.

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Este documento es una sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico que revisa la desestimación de una demanda de cobro de dinero. La apelante, Desiree Vallejo Chardón, reclamó el pago de cinco fracciones extraviadas de un billete de lotería premiado con \$50,000. El Tribunal de Primera Instancia desestimó la demanda al concluir que la apelante no cumplió con los procedimientos legales y reglamentarios para casos de billetes perdidos. El TPI determinó que la señora Vallejo no presentó una reclamación formal escrita ante las agencias pertinentes ni solicitó la paralización del pago del premio. Además, constató que los billetes habían caducado al momento de la demanda, presentada casi seis meses después del sorteo. La apelante recurre alegando que el TPI erró al no considerar la jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre el extravío de billetes de lotería. El Tribunal de Apelaciones procede a evaluar si el TPI aplicó correctamente la ley y la jurisprudencia al desestimar la reclamación.

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Edwin Santana De La Rosa presentó una demanda en daños y perjuicios contra José A. Algarín Pabón, albacea de la sucesión de María L. de La Rosa Juarbe. Alegó que el albacea realizó transacciones perjudiciales para el heredero en su capacidad como presidente de corporaciones familiares. Durante la etapa de descubrimiento de prueba, Santana solicitó la producción de diversos documentos relacionados con las corporaciones y transacciones, incluyendo algunos anteriores al fallecimiento y otros de entidades posteriores como MGI. Algarín y MGI solicitaron órdenes protectoras para impedir la entrega de dichos documentos. El Tribunal de Primera Instancia concedió las órdenes protectoras, al entender que los documentos solicitados no tenían relación con el deber fiduciario del albacea. Fundamentó su decisión en que MGI se creó posterior al fallecimiento y que el demandante no acreditó ser accionista. Inconforme, Edwin Santana acude al Tribunal de Apelaciones mediante certiorari. Argumenta que el TPI erró al conceder las órdenes protectoras, pues los documentos son relevantes y Algarín no cumplió con las reglas procesales. Algarín y MGI se opusieron a la expedición del recurso.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resolviendo un recurso de apelación, tratado como certiorari. El recurso fue presentado por Blanca I. Gómez Morales contra una orden del Tribunal de Primera Instancia en un caso de divorcio. La peticionaria buscaba la adjudicación de una propiedad basada en un acuerdo de divorcio con su exmarido fallecido. El foro primario denegó la solicitud, indicando que el asunto debía resolverse en el pleito de partición de herencia. La Sra. Gómez impugnó esta orden ante el Tribunal de Apelaciones. El tribunal revisó su jurisdicción como primer punto. Se requirió a la peticionaria un formulario de notificación esencial para acreditar dicha jurisdicción. La peticionaria no presentó el documento solicitado. Por consiguiente, el Tribunal de Apelaciones desestima el recurso por falta de jurisdicción.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones sobre una petición de Certiorari. La petición fue presentada por Dr. Juan A. Hernández Rivera Law Offices PSC. Busca revisar una decisión del Tribunal de Primera Instancia en un caso de despido injustificado bajo la Ley 80, presentado por Elena Clemente Sierra. La Sra. Clemente Sierra alegó haber sido suspendida y no reinstalada tras trabajar como secretaria desde 1990. La Compañía sostuvo que el despido fue justificado por reducción de ingresos post-Huracán María y que la selección para recontratación siguió criterios de la Ley 80 enmendada por la Ley 4. La Compañía solicitó sentencia sumaria, la cual fue denegada por el foro primario al considerar que existían controversias y la prueba era insuficiente. Inconforme, la Compañía recurrió en Certiorari ante el Tribunal de Apelaciones. El Tribunal de Apelaciones deniega la expedición del auto de Certiorari.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico consideró un recurso de certiorari presentado por Academia Santa Teresita, Inc. contra Karen López Berríos en un caso de despido injustificado. La Academia solicitó la revocación de una Resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó una moción de inhibición contra el juez que había intervenido previamente en el caso. La parte recurrida, Karen López Berríos, solicitó la desestimación del recurso de certiorari. Alegó que el recurso no se perfeccionó legalmente porque la Academia no pagó los aranceles correspondientes a un caso civil ordinario, a pesar de que el procedimiento fue convertido de sumario a ordinario. La Academia argumentó que el caso, al ser de índole laboral, estaba exento del pago de aranceles. El Tribunal de Apelaciones examinó la moción de desestimación. Concluyó que el recurso de certiorari no fue perfeccionado conforme a derecho. Por lo tanto, el Tribunal acordó desestimar el recurso por falta de jurisdicción.

Resumen:

Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre un recurso de certiorari presentado por Pedro E. Kuilan Rodríguez. El peticionario impugnó una decisión del Tribunal de Primera Instancia de Bayamón que no declaró inconstitucional el artículo 5.04 de la Ley de Armas. Kuilan Rodríguez argumentó que dicho artículo contraviene la Segunda Enmienda de la Constitución de Estados Unidos. El Tribunal de Apelaciones desestimó el recurso por falta de jurisdicción. La corte señaló que el peticionario no cumplió con los requisitos reglamentarios mínimos. Específicamente, no identificó la sentencia recurrida ni el número de caso en el Tribunal de Primera Instancia. Tampoco proveyó detalles suficientes para identificar la controversia justiciable. Debido a estas deficiencias, el tribunal no pudo determinar lo resuelto por el TPI ni la controversia a adjudicar.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emitió una sentencia sobre la revisión administrativa instada por Luis A. Ruiz Pérez. El señor Ruiz Pérez impugnó la decisión del Departamento de Corrección y Rehabilitación de mantenerlo en nivel de custodia mediana. Aunque la Escala de Reclasificación de Custodia arrojó un resultado que recomendaba custodia mínima, Corrección utilizó una modificación discrecional basada en la gravedad del delito. Corrección también justificó su decisión citando la duración de la sentencia del señor Ruiz Pérez y un historial de uso de sustancias sin tratamiento. El recurrente argumentó que su excelente conducta y ajuste institucional durante siete años debían prevalecer para obtener la custodia mínima. Sostuvo que las razones esgrimidas por Corrección no eran fundamentos válidos para denegar la reclasificación. Tras evaluar el recurso, el Tribunal de Apelaciones confirmó la determinación del Departamento de Corrección y Rehabilitación.

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José Carrasquillo Román solicitó al Tribunal de Apelaciones revisar la determinación del Departamento de Corrección y Rehabilitación que le denegó la participación en el Programa de Pase Extendido con Monitoreo Electrónico. Carrasquillo cumple una pena por violar la Ley de Violencia Doméstica. Su solicitud de pase fue denegada por Corrección, acogiendo la recomendación del Comité de Derechos de las Víctimas. Dicha recomendación se basó en la oposición de la víctima, quien compareció ante el Comité y expresó temor por su seguridad. Carrasquillo presentó reconsideración argumentando falta de prueba de riesgo y que el Comité consideró hechos ya adjudicados. Ante la falta de respuesta de Corrección, instó un recurso de revisión administrativa ante el Tribunal. Alegó que Corrección erró al denegar el pase por razones ajenas al reglamento del Comité. El Tribunal de Apelaciones revisó el caso. Finalmente, el Tribunal confirmó la determinación del Departamento de Corrección y Rehabilitación.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de despido injustificado. La apelación surge de una querella presentada por Zuleika Y. Gandía Juarbe contra Farmacia Ruiz Belvis. La Sra. Gandía Juarbe alegó haber sido despedida injustificadamente y reclamó mesada. El Tribunal de Primera Instancia dictó Sentencia Parcial a favor de la empleada, declarando el despido injustificado y ordenando el pago de \$3,960.00. Farmacia Ruiz Belvis apeló esta decisión, cuestionando la procedencia de la Sentencia Parcial por las Alegaciones. El Tribunal de Apelaciones examina la Ley sobre Despidos Injustificados (Ley 80). Se analiza la enmienda al Artículo 11 de la Ley 80 por la Ley 4-2017, que modificó los requisitos de contestación del patrono y el manejo procesal de estos casos. La discusión legal aborda la aplicación temporal de las leyes, distinguiendo entre disposiciones sustantivas y procesales. Se establece que las leyes procesales generalmente tienen efecto retroactivo a casos pendientes. El tribunal procederá a resolver la apelación basándose en estos principios y los hechos del caso.

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Esta es una sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de cobro de dinero y ejecución de hipoteca. Oriental Bank demandó a Grupo Cinco Hermanos, Inc. y otros por un préstamo comercial relacionado con una franquicia de Martin's BBQ. El caso original fue presentado en 2013 tras un préstamo otorgado en 2008 por BBVA. Surgieron complicaciones procesales, incluyendo el fallecimiento de un demandado y la inclusión de sus herederos. Se dictó una sentencia en rebeldía que fue parcialmente dejada sin efecto, generando disputas sobre quiénes seguían emplazados. Los demandados presentaron varias defensas, cuestionando la legitimación activa del banco y planteando la necesidad de mediación. Un punto central de controversia fue la repudiación de herencia por parte de algunos sucesores y su validez legal. El proceso incluyó descubrimiento de prueba y la presentación de una moción de sentencia sumaria por Oriental Bank. Los demandados se opusieron, y el tribunal de primera instancia emitió resoluciones sobre las repudiaciones, las cuales fueron impugnadas. El documento detalla este historial procesal que culmina en la apelación.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso sobre incumplimiento de contrato de seguro por daños causados por el Huracán María. María Oquendo de Jesús demandó a QBE Seguros alegando que la aseguradora se negó a resarcir los daños a su propiedad. QBE Seguros presentó la defensa de pago en finiquito, argumentando que la demandante aceptó un pago que extinguió su reclamación. La aseguradora solicitó sentencia sumaria, la cual fue denegada por el Tribunal de Primera Instancia al encontrar hechos materiales en controversia. El tribunal primario identificó puntos controvertidos, incluyendo si la aceptación del pago extinguió la reclamación y la conducta de la aseguradora. Inconforme, QBE Seguros recurrió en certiorari ante el Tribunal de Apelaciones, imputando errores al foro primario en la denegatoria de la sentencia sumaria y la aplicación del derecho. El Tribunal de Apelaciones revisó la petición de certiorari. Tras ponderar el asunto, el Tribunal de Apelaciones decidió confirmar en parte y modificar la resolución recurrida.

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Este documento es una sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de despido injustificado. La querellante, Cristie M. Pérez Rodríguez, demandó a Saint Lukes Memorial Hospital, Inc., y el Tribunal de Primera Instancia (TPI) determinó que el despido fue injustificado. Posteriormente, la representación legal de la señora Pérez solicitó honorarios de abogado superiores al 15% legal, alegando que la defensa del Hospital fue hostil y temeraria. El Hospital se opuso, argumentando que el caso era sencillo y la solicitud extemporánea y excesiva. El TPI declaró no ha lugar la solicitud de honorarios en exceso del 15% sin detallar sus fundamentos. La representación legal de la señora Pérez apeló, argumentando que la resolución del TPI era nula por no incluir determinaciones de hechos ni conclusiones de derecho, y por no aplicar los criterios jurisprudenciales requeridos. El Hospital planteó una objeción jurisdiccional que fue desestimada por el Tribunal de Apelaciones. El Tribunal de Apelaciones acogió el recurso como certiorari. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones revocó la determinación del TPI sobre los honorarios de abogado.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa mediante certiorari una Resolución del Tribunal de Primera Instancia, Sala de Carolina. La Resolución recurrida declaró No Ha Lugar una Moción de Desestimación presentada por el demandado peticionario, Héctor Montero Encarnación. Dicha moción se fundamentaba en alegados defectos en el emplazamiento, incluyendo una fecha incorrecta y la omisión del término para contestar la demanda. La demanda original fue instada por Rafael Lamb Lebrón sobre sentencia declaratoria. El Tribunal de Apelaciones expide el recurso de certiorari. Tras revisar los fundamentos, el Tribunal revoca la Resolución del foro primario. Consecuentemente, se desestima sin perjuicio la Demanda presentada en contra del señor Montero Encarnación.

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El Tribunal de Apelaciones revisó la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que declaró nulo el Artículo 10 (D) del Reglamento de la Junta Reglamentadora del Cannabis Medicinal (JRCM). La controversia se originó cuando la JRCM multó a la doctora Liana Moreno Ferrer por autorizar cannabis medicinal por teléfono, alegando violación de dicho artículo que exige evaluación audiovisual. La doctora Moreno demandó, argumentando que la JRCM carece de potestad para reglamentar la telemedicina, facultad que corresponde exclusivamente a la Junta de Licenciamiento y Disciplina Médica bajo la Ley 168-2018. Sostuvo que el Artículo 10 (D) era una limitación irrazonable y ultra vires. El Tribunal de Primera Instancia, tras considerar los planteamientos, declaró nulo el referido artículo. La JRCM apeló esta decisión, buscando su revocación. El Tribunal de Apelaciones, sin embargo, CONFIRMÓ la Sentencia apelada. Esto valida la nulidad del Artículo 10 (D) y reafirma la posición sobre la falta de autoridad de la JRCM para regular la telemedicina en este contexto.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones revisó una resolución del Tribunal de Primera Instancia, Sala de Carolina, en un caso de daños y perjuicios instado por Zoryleen Llanos Ferrer contra el Departamento de Corrección y el Estado. Los demandados solicitaron la desestimación del caso por alegada falta de notificación al Secretario de Justicia dentro del término de 90 días que exige la Ley Núm. 104. La demandante se opuso, argumentando que una querella previa radicada ante la UGT sobre los mismos hechos constituyó notificación suficiente al Estado. El Tribunal de Primera Instancia declaró No Ha Lugar la moción de desestimación. El Tribunal de Apelaciones expidió el auto de certiorari y revocó la resolución recurrida. El caso fue devuelto al Tribunal de Primera Instancia. Dicho foro deberá celebrar una vista evidenciaria. El propósito es determinar si la querella ante la UGT constituye justa causa para omitir la notificación formal requerida por la Ley de Reclamaciones y Demandas contra el Estado.

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Este es un fallo de un panel apelativo sobre la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia (TPI) en un caso de despido injustificado. Oriental Bank, sucesor de BBVA, apeló la decisión del TPI que declaró con lugar la querella del Sr. Andrés Cordero Vega. El Sr. Cordero alegó haber sido despedido sin justa causa por BBVA tras trabajar desde 1980 hasta 2008. BBVA/Oriental sostuvo que el despido se debió a una reorganización y disputó la fecha de inicio del empleo. El TPI determinó que Oriental no probó la justa causa del despido ni que el Sr. Cordero fuera el único en su clasificación. El TPI reconoció la fecha de inicio de 1980 y ordenó a Oriental pagar una suma por despido injustificado y honorarios de abogado. Oriental apeló, señalando errores en la exclusión de prueba, el orden de retención por antigüedad, el cálculo de la mesada y los honorarios de abogado. El tribunal apelativo revisó el caso y el marco legal aplicable a la apreciación de la prueba. La Sentencia del TPI es modificada y, así modificada, se confirma.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de reclamación laboral. Las partes son José Roberto Sosa Suárez (apelada) y Advent-Morro Equity Partners, Inc. (apelante). El recurso proviene de una decisión del Tribunal de Primera Instancia que declaró con lugar la querella del señor Sosa. La reclamación principal del señor Sosa se refería al impago de un bono de productividad correspondiente al año 2016. El Tribunal de Primera Instancia, tras celebrar juicio y evaluar la prueba, determinó que Advent-Morro adeudaba dicha cantidad. Advent-Morro apeló esta sentencia, solicitando su revisión. El Tribunal de Apelaciones examinó las posturas de las partes, el derecho y los hechos del caso. Consideró las determinaciones de hechos del foro primario sobre la relación laboral y el proceso de bonificación. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones resolvió confirmar la Sentencia apelada. Esto valida la decisión del Tribunal de Primera Instancia a favor del señor Sosa en su reclamación laboral.

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Esta Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico atiende una petición de certiorari presentada por María Rafaelina Pérez Veras en un caso de disolución y liquidación corporativa. La peticionaria impugna una Resolución y Orden del Tribunal de Primera Instancia emitida el 10 de diciembre de 2019. Dicha orden reiteró directrices de una vista previa, incluyendo la exigencia a la peticionaria de devolver fondos corporativos no utilizados y rendir cuentas sobre los gastos realizados en beneficio de la corporación. El Tribunal de Apelaciones había ordenado al recurrido, Carlos Alberto González Ayala, mostrar causa por la cual no debía expedirse el auto de certiorari y revocarse la orden recurrida. El recurrido presentó una oposición solicitando la desestimación por falta de jurisdicción y bajo los criterios de la Regla 40. La Resolución explica el certiorari como un remedio discrecional y describe el marco jurisdiccional bajo la Regla 52.1 de Procedimiento Civil para revisar órdenes interlocutorias. También menciona la Regla 40 del Reglamento del Tribunal, que guía el ejercicio de la discreción. El documento detalla la historia procesal de la petición y sienta las bases para la decisión del tribunal sobre si expedir el auto de certiorari.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de daños y perjuicios. El recurso busca revisar una resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó una moción de sentencia sumaria. La parte apelante presentó el recurso de apelación/certiorari el 16 de diciembre de 2019. Sin embargo, otro codemandado había presentado una moción de reconsideración de la misma resolución ante el foro primario el 25 de noviembre de 2019. El Tribunal de Primera Instancia acogió la moción de reconsideración el 5 de diciembre de 2019, interrumpiendo los términos para recurrir en alzada. Dado que el recurso apelativo fue presentado mientras la moción de reconsideración aún estaba pendiente de resolución, el Tribunal de Apelaciones determina que fue presentado prematuramente. Conforme a la norma de que los recursos prematuros adolecen de falta de jurisdicción, el Tribunal desestima el recurso. Las partes pueden acudir nuevamente ante el Tribunal de Apelaciones una vez que el foro primario resuelva la moción de reconsideración.

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Roberto Casado Berríos solicitó al Tribunal de Apelaciones revisar la determinación del Departamento de Corrección y Rehabilitación que ratificó su nivel de custodia máxima. Corrección mantuvo la custodia máxima a pesar de que la escala de clasificación arrojó un nivel mínimo, aplicando modificaciones discrecionales por la gravedad del delito (violación de la Ley RICO) y afiliación con gangas. El señor Casado apeló, argumentando buen comportamiento, clasificaciones previas a niveles menores y la aplicación indebida de las modificaciones discrecionales, incluyendo la falta de apoyo probatorio para la afiliación con gangas. También señaló errores procesales y la disponibilidad de programas. Corrección denegó sus recursos internos. Inconforme, presentó un Recurso de Revisión Administrativa ante el Tribunal. El Tribunal de Apelaciones, tras revisar el caso, confirmó la determinación del Departamento de Corrección y Rehabilitación.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico considera un recurso de certiorari presentado por Banco Cooperativo de Puerto Rico (BanCoop). BanCoop solicita la revisión de una Resolución emitida por el Tribunal de Primera Instancia (TPI) en diciembre de 2019. Dicha Resolución ordenó a BanCoop, bajo apercibimiento de desacato, a cumplir con una Sentencia previa de febrero de 2019. La Sentencia original declaró con lugar una demanda interpuesta por Cooperativa de Ahorro y Crédito TuCoop (TuCoop). TuCoop demandó a BanCoop luego de que este último le notificara el cierre de su cuenta corporativa y la cesación de servicios de intercambio de cheques y ACH. TuCoop argumentó que la razón de BanCoop para terminar los servicios no estaba contemplada en los contratos que regían su relación. La Sentencia de febrero de 2019 ordenó a BanCoop reabrir inmediatamente las cuentas y servicios de TuCoop conforme a los acuerdos contractuales. La Resolución de diciembre de 2019 buscaba asegurar la ejecución de esa Sentencia. El Tribunal de Apelaciones, por los fundamentos expuestos, deniega expedir el auto de certiorari solicitado por BanCoop.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de certiorari presentado por Roberto Terrón Marrero. El recurso impugna una orden del Tribunal de Primera Instancia (TPI) en un caso de impericia médica y daños. La orden del TPI requirió al peticionario ofrecer fechas para la deposición de su perito, Dr. Robert Aldoroty, en Puerto Rico antes del 31 de enero de 2020, bajo apercibimiento de eliminar al perito. Esta orden surgió tras una controversia sobre los honorarios del perito y el lugar de la deposición, donde el TPI había fijado honorarios y una partida adicional para gastos si la deposición era en Puerto Rico. El peticionario argumentó que la deposición debía tomarse en Nueva York, residencia del perito, conforme a la Regla 40.2 de Procedimiento Civil. El TPI denegó la reconsideración y, a solicitud de un codemandado, ordenó la deposición en Puerto Rico, indicando que los demandados asumirían los gastos adicionales. El Tribunal de Apelaciones, tras revisar el recurso, resuelve denegar la expedición del auto de certiorari solicitado por el señor Terrón Marrero.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisó una determinación de la Administración para el Sustento de Menores (ASUME) en un caso de alimentos. El recurrente, José Falcón Concepción, solicitó la revisión de una Orden de ASUME que denegó imputarle un salario a la recurrida, Madeline Martínez López. ASUME había impuesto inicialmente una pensión al señor Falcón, la cual fue objeto de reconsideración por la señora Martínez, quien alegó estar desempleada y dedicada al cuidado de sus hijos. Tras vistas, ASUME resolvió no imputar ingresos a la señora Martínez, concluyendo que no fue despedida por causa imputable y que cuidaba de sus cuatro hijos. Consecuentemente, ASUME aumentó la pensión alimentaria a cargo del señor Falcón. El señor Falcón solicitó reconsideración, argumentando que ASUME debió considerar la empleabilidad de la señora Martínez y que no imputarle ingresos le imponía una carga económica. ASUME declaró no ha lugar la reconsideración. El señor Falcón apeló ante el Tribunal de Apelaciones, señalando como error la negativa de ASUME a reconsiderar sus planteamientos y a imputar ingresos a la señora Martínez. El Tribunal, aplicando el estándar de deferencia a las determinaciones administrativas, confirmó la determinación de ASUME.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en el caso KLAN201901167. El recurso fue presentado por Prudencio Acevedo Arocho y otros, empleados del Departamento de Hacienda y el CRIM. Apelan una Resolución del Tribunal de Primera Instancia (TPI) de 12 de agosto de 2019. Dicha Resolución declaró No Ha Lugar mociones presentadas por el ELA y los apelantes relativas a una sentencia previa. El caso original es una demanda de sentencia declaratoria radicada en 2005. Los demandantes alegaron daños por la implementación del salario mínimo federal (FLSA). Argumentaron que las agencias no les pagaron conforme a la Ley de Retribución Uniforme y menoscabaron sus beneficios salariales. Reclamaron el pago de la diferencia salarial adeudada. En 2008, el TPI emitió una Sentencia Parcial desestimando la causa de acción de estos empleados. El Tribunal de Apelaciones, mediante esta sentencia, confirma la determinación del TPI.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico considera un recurso de revisión judicial presentado por Eddie Nelson Rosa, propietario de Taller de Mecánica Tito. El recurso impugna una Resolución del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) que ordenó al taller indemnizar a José Carmelo Pizarro Montalvo por $2,500.00 y otras sumas. Tras denegar una reconsideración, el taller acudió al foro apelativo. Durante el trámite, el DACO solicitó la desestimación del recurso por falta de jurisdicción. La agencia alegó que la notificación del recurso de revisión al DACO fue tardía, incumpliendo el término reglamentario. El recurrente se opuso a la desestimación, argumentando que el DACO no era una parte en el pleito con derecho a solicitarla y que el término de notificación a la agencia era diferente. La sentencia se dispone a analizar la normativa jurídica pertinente para resolver si la alegada notificación tardía al DACO afecta la jurisdicción del Tribunal de Apelaciones.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre la apelación presentada por Dylann Rosario Jiménez. El apelante busca la revocación de la sentencia condenatoria emitida por el Tribunal de Primera Instancia por infracciones a la Ley de Armas (Artículos 5.04, 5.10 y 6.01). Los hechos se originaron en una intervención de tránsito por no detenerse en una señal de pare, que escaló a una persecución al no obedecer la orden de detenerse. Durante la persecución, se verificó que el vehículo conducido por el apelante era hurtado. Tras el arresto, se registró el vehículo y se encontró una escopeta con serie mutilada y municiones. El Tribunal de Primera Instancia declaró no ha lugar la moción de supresión de evidencia, considerando la intervención razonable. El apelante fue condenado a penas de reclusión consecutivas. Este documento detalla la prueba presentada en el juicio, incluyendo el testimonio de los agentes de policía, para fundamentar la decisión del foro primario y la sentencia del Tribunal de Apelaciones.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa una determinación del Tribunal de Primera Instancia en un caso de custodia y relaciones paterno-filiales. La controversia surge de la decisión del TPI de denegar a un padre la oportunidad de impugnar un informe social. Dicho informe fue utilizado por el TPI para determinar la forma en que se darían las relaciones del padre con su hijo menor de 2 años. El informe social recomendó relaciones supervisadas para el padre, citando alegaciones sobre problemas con el alcohol. El padre manifestó oportunamente su desacuerdo con las recomendaciones y solicitó tiempo para presentar un informe pericial de impugnación. No obstante, el TPI adoptó las recomendaciones del informe social y denegó la solicitud del padre para impugnarlo. El padre recurrió en certiorari, argumentando que esta denegación violó su derecho al debido proceso de ley. El Tribunal de Apelaciones concluye que el padre debió tener la oportunidad de impugnar el referido informe social.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre la apelación presentada por David Pacheco Torres. El señor Pacheco apeló una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de Ponce que lo condenó a veintiún años de prisión por agresión grave y violación a la Ley de Armas. La Sentencia apelada fue notificada el 12 de diciembre de 2019 y el recurso de apelación se presentó el 10 de enero de 2020. El apelante alegó varios errores cometidos por el tribunal de primera instancia en el proceso judicial y la valoración de la prueba. El Tribunal de Apelaciones, sin embargo, determinó que carecía de jurisdicción para atender el recurso. Se fundamenta esta decisión en el principio de que la falta de jurisdicción es insubsanable y que un recurso presentado fuera de término carece de eficacia legal. Por consiguiente, el Tribunal de Apelaciones desestima la apelación por falta de jurisdicción.

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Comparece ante el Tribunal de Apelaciones el Municipio de San Juan apelando una Sentencia Parcial del Tribunal de Primera Instancia. Dicha sentencia desestimó la Demanda de Intervención presentada por el Municipio en un caso civil. El pleito original fue incoado por residentes y asociaciones de la Urb. Santa María. Estos demandantes solicitan se declare a su favor el dominio de una parcela de terreno mediante usucapión. Alegan posesión quieta, pública y pacífica por más de treinta años sobre la propiedad, registrada a nombre de Reparto Santa María Incorporado, entidad que, según ellos, no está activa. El Tribunal de Primera Instancia declaró No Ha Lugar la intervención del Municipio. Tras revisar los fundamentos, el Tribunal de Apelaciones procede a revocar la Sentencia Parcial apelada. Esta revocación permite la intervención del Municipio de San Juan en el caso de usucapión.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una Resolución en un caso sobre división de comunidad hereditaria. La Sucesión Eloy Quiñones Bulerín solicitó la revisión mediante certiorari de una Minuta del Tribunal de Primera Instancia (TPI). En dicha Minuta del 27 de septiembre de 2018, el TPI determinó no adjudicar mociones dispositivas, incluyendo una de sentencia sumaria, hasta que las partes se reunieran para redactar acuerdos y estipulaciones de hechos. Los peticionarios argumentaron que el TPI erró al condicionar la adjudicación de la moción de sentencia sumaria y que no notificó debidamente la orden. El caso principal se originó en 2009 y presenta un extenso historial procesal. El TPI posteriormente reiteró su posición, condicionando la adjudicación de la sentencia sumaria al cumplimiento de la orden de septiembre de 2018. Tras examinar el recurso, el Tribunal de Apelaciones procedió a desestimarlo. La desestimación se fundamentó en la falta de jurisdicción para atender el recurso presentado.

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El Tribunal de Apelaciones revisó una petición de certiorari presentada por Arnaldo Ortiz García contra la denegatoria de su moción de desestimación por el Tribunal de Primera Instancia. La petición se fundamentaba en la Regla 64(n)(3) de Procedimiento Criminal, alegando violación al derecho a juicio rápido por detención superior a 60 días sin juicio. El Tribunal de Primera Instancia denegó la moción, concluyendo que la tardanza se debió a trámites procesales normales y no fue excesiva ni intencional. El Tribunal de Apelaciones consideró los criterios jurisprudenciales para evaluar el derecho a juicio rápido. Aunque el término de 60 días fue excedido, la defensa se opuso posteriormente al inicio del juicio y recurrió a otras vías legales. El Tribunal concluyó que la demora, si bien pudo implicar negligencia fiscal, no demostró intención opresiva y el peticionario no probó perjuicio concreto. Por tanto, no halló abuso de discreción en la determinación del foro primario. Se denegó la solicitud de certiorari y la petición de auxilio de jurisdicción.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre una petición de certiorari instada por David Andújar Figueroa. El peticionario solicitó la revocación de una resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó su petición de habeas corpus. El Tribunal de Apelaciones examinó la solicitud y concluyó que no existían motivos para ejercer su función revisora, denegando la expedición del auto de certiorari. Se recordó que el certiorari es un recurso extraordinario y discrecional. La controversia principal giraba en torno al cómputo del término de detención preventiva de seis meses. Se detalló que un primer proceso criminal fue desestimado el 23 de septiembre de 2019. Ese mismo día, el Ministerio Público inició un nuevo proceso con una nueva denuncia. Conforme a la jurisprudencia, el inicio de un nuevo proceso penal reinicia el término de seis meses para la detención. Por lo tanto, el derecho constitucional del peticionario a no estar detenido por más de seis meses comenzó a transcurrir a partir de la nueva orden de arresto del 23 de septiembre de 2019. El Tribunal de Apelaciones no encontró abuso de discreción o error en la decisión del foro primario.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de Expediente de Dominio. Las apelantes, María Socorro Rosario Berdecía e Iria Yolanda Marrero, intervinieron en el proceso. Impugnaron la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que ordenó la inscripción de una finca a favor de Carmen María Ortiz Rivera. Las apelantes alegaron que el predio a inscribir incluía una faja de terreno que pertenecía a la Sra. Rosario Berdecía. Esta faja de terreno, de 1,250 metros cuadrados, fue adjudicada al padre de la Sra. Rosario Berdecía mediante una estipulación judicial previa. El Tribunal de Primera Instancia permitió la intervención pero falló a favor de la Sra. Ortiz Rivera. Las apelantes recurrieron al Tribunal de Apelaciones. El Tribunal de Apelaciones revisó el caso. Por los fundamentos que expondrá, el Tribunal de Apelaciones revocó la Sentencia del foro primario.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de Certiorari. El caso original es sobre cobro de dinero e incumplimiento de contrato, donde el Tribunal de Primera Instancia dictó sentencia sumaria a favor del demandante por principal, costas e intereses legales. Tras la falta de pago, el demandante solicitó la ejecución de sentencia. Los demandados consignaron el principal y las costas, pero no los intereses ni los gastos de ejecución. El Tribunal de Primera Instancia aceptó la consignación y canceló el mandamiento de ejecución, denegando la oposición del demandante que reclamaba los intereses y gastos. El demandante recurrió en certiorari ante el Tribunal de Apelaciones. Este Tribunal expide el auto y revoca la orden recurrida. Se devuelve el caso al Tribunal de Primera Instancia para que determine el interés legal adeudado y lo consigne en la sentencia. Además, el foro primario deberá resolver si proceden los gastos en ejecución solicitados por el demandante.

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El Tribunal de Apelaciones resuelve un recurso de certiorari presentado por el Sr. Carlos B. Esteva Rozas en un caso de divorcio sobre revisión de pensión alimentaria. El peticionario solicitó inicialmente la revisión de la pensión, pero luego intentó desistir voluntariamente de su solicitud. Alegó que desistía tras la adopción por el Tribunal de Primera Instancia de un informe social pericial que consideró perjudicial para sus derechos. El foro primario declaró No Ha Lugar el desistimiento y la reconsideración. Inconforme, el Sr. Esteva Rozas acudió en certiorari al Tribunal de Apelaciones, imputando error al TPI. También solicitó auxilio de jurisdicción y paralización de los procedimientos ante el foro primario. El Tribunal de Apelaciones deniega la expedición del auto de certiorari. Consecuentemente, declara No Ha Lugar la moción de auxilio de jurisdicción y paralización de procedimientos.

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Caimito Metal, Inc. solicitó la revisión de una Orden del Tribunal de Primera Instancia (TPI) que dio por admitido un requerimiento de admisiones de Philip Trading International, Inc. Philip Trading demandó a Caimito Metal por cobro de dinero, y Caimito Metal contrademandó. Philip Trading cursó un requerimiento de admisiones que Caimito Metal no contestó dentro del término reglamentario. Philip Trading solicitó que se dieran por admitidas las admisiones, a lo que Caimito Metal respondió solicitando una prórroga tardíamente. El TPI emitió una Orden dando por admitido el requerimiento de admisiones y posteriormente reafirmó su decisión tras una solicitud de reconsideración de Caimito Metal. Inconforme, Caimito Metal presentó un recurso de certiorari ante este Tribunal de Apelaciones, alegando error y abuso de discreción del TPI al denegar la prórroga y la reconsideración. Caimito Metal también presentó una moción en auxilio de jurisdicción para paralizar los procedimientos. Tras considerar las posturas de ambas partes, este Tribunal declara no ha lugar la Moción en Auxilio de Jurisdicción y deniega la expedición del certiorari solicitado por Caimito Metal.

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Esta Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico atiende una petición de certiorari presentada por Adrián Marcel Varela Alfaro. La petición buscaba la revisión de una determinación del Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Caguas, en un caso criminal con múltiples cargos. El Tribunal explica que el auto de certiorari es un vehículo procesal discrecional y extraordinario para rectificar errores jurídicos o abusos de discreción del foro inferior. La función apelativa en certiorari requiere valorar la actuación del tribunal de primera instancia y predicar la intervención solo si hubo abuso de discreción, acción prejuiciada, error o parcialidad. En este recurso, el peticionario no presentó planteamientos que persuadieran al Tribunal de Apelaciones a intervenir con la determinación del foro primario. El Tribunal consideró que la vinculación de las acciones penales menos graves con las graves constituyó un ejercicio razonable de discreción. Esta decisión se estimó a la luz del derecho a juicio rápido y al debido proceso de ley, y dentro del manejo adecuado del caso. Por tanto, la actuación del Tribunal de Primera Instancia no fue irrazonable ni un abuso de discreción, ni desveló prejuicio o parcialidad. Conforme a la normativa, se denegó la expedición del auto de certiorari solicitado.

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Se trata de una apelación en un caso de cobro de dinero. Los apelantes buscan cobrar una deuda de los apelados, particularmente de Phil T. Diorio, basada en una sentencia previa contra Marina Las Gaviotas Corp. Dicha sentencia original concedió daños y perjuicios a los apelantes por una propiedad inservible y resolvió un contrato de compraventa. El certificado de incorporación de Marina fue cancelado posteriormente. Los apelantes alegaron que los apelados, como miembros y accionistas de la corporación extinta, respondían solidariamente por la deuda. El Tribunal de Primera Instancia declaró No Ha Lugar la demanda, al entender que los apelantes no probaron que el señor Diorio fuera un "alter ego" de la corporación para descorrer el velo corporativo. Los apelantes apelaron, argumentando que la disolución de la corporación hacía innecesario descorrer el velo. El Tribunal de Apelaciones confirmó la sentencia del Tribunal de Primera Instancia.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite Sentencia en un recurso de apelación presentado por la Cooperativa de Ahorro y Crédito Vegabajeña. La Cooperativa apeló una Sentencia en rebeldía dictada por el Tribunal de Primera Instancia en un caso de cobro de dinero contra Ángel H. Rodríguez Guadalupe. El apelante argumentó que el foro primario erró al dictar sentencia por la cuantía original de la demanda y no por una cuantía actualizada. No obstante, el Tribunal de Apelaciones resuelve desestimar el recurso por falta de jurisdicción. La decisión se basa en la importancia de la notificación correcta de las sentencias, especialmente para partes en rebeldía emplazadas por edicto. Se subraya que una notificación defectuosa priva de jurisdicción a los tribunales. La Regla 65.3 de Procedimiento Civil establece los requisitos específicos para esta notificación, incluyendo la publicación por edicto y envío por correo. El incumplimiento o defecto en este proceso de notificación afecta la jurisdicción del tribunal apelativo para considerar el recurso.

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El Tribunal de Apelaciones emitió sentencia en una revisión judicial solicitada por Jean Carlos y Pedro Rivera Martínez. Los recurrentes impugnaron la denegatoria de un permiso de uso por parte del Municipio de Bayamón. Dicho permiso era para operar una cafetería y agencia hípica con venta de bebidas alcohólicas en una zona C-1. El Municipio denegó la solicitud el 14 de mayo de 2019, basándose en el Reglamento Conjunto Núm. 7951. Las razones principales para la denegatoria fueron que la propiedad colindaba con un distrito residencial y que no cumplía con el requisito mínimo de estacionamientos. Los recurrentes presentaron un recurso de revisión ante la División de Revisiones Administrativas de la OGPe. El Tribunal de Apelaciones, tras revisar el caso, confirmó la determinación recurrida.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de certiorari presentado por Orlando Iván Del Valle Díaz contra Chapman Bonding Corporation. El peticionario impugna la denegatoria del Tribunal de Primera Instancia a su moción de desestimación en un pleito de cobro de dinero. La deuda reclamada por Chapman Bonding Corporation se relaciona con primas de fianzas criminales impagadas, y Del Valle había acordado un plan de pago que incumplió. El argumento principal para la desestimación fue la supuesta falta de partes indispensables, alegando que las personas afianzadas debieron ser incluidas en el pleito. El Tribunal de Apelaciones analizó el concepto de parte indispensable y el alcance de la revisión mediante certiorari. Determinó que el argumento de falta de parte indispensable no es persuasivo, ya que Chapman no reclama contra los afianzados y el pleito no perjudica sus intereses. Los demás errores imputados por el peticionario no fueron considerados, pues no formaron parte de la moción de desestimación original.

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Este documento es una Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. Resuelve una apelación presentada por los familiares de Victor Rosario Santana. La apelación proviene de un caso de daños y perjuicios por alegada negligencia médica. La demanda original fue presentada contra el Dr. Juan Villavicencio Melo, entre otros, por el tratamiento brindado al señor Rosario Santana, quien falleció tras ser diagnosticado con Dengue shock. El Tribunal de Primera Instancia desestimó la reclamación contra el Dr. Villavicencio. Concluyó que los demandantes no probaron que el tratamiento médico fuera negligente o se desviara del estándar de práctica. Los apelantes impugnaron esta determinación ante el Tribunal de Apelaciones. El Tribunal de Apelaciones, tras revisar el caso, confirmó la Sentencia emitida por el Tribunal de Primera Instancia.