Casos del Tribunal de Apelaciones (Página 219)

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre la revisión judicial solicitada por el confinado Julio Collazo Pérez. El recurrente impugna la decisión del Departamento de Corrección de reclasificar su nivel de custodia de mínimo a mediano. Esta reclasificación se basó en un resultado positivo a una prueba toxicológica de Buprenorfina, a pesar de que previamente había sido clasificado en custodia mínima por buen ajuste institucional. Tras la confirmación administrativa de la reclasificación, presentó un recurso de revisión judicial ante el Tribunal de Apelaciones, alegando que la prueba fue "dudosa" y que hubo una solicitud de dinero para alterar el resultado. La sentencia se centra en el análisis de los requisitos procesales para la revisión judicial, específicamente el término jurisdiccional de treinta días para presentar el recurso tras la notificación de la resolución final de la agencia. El Tribunal subraya la obligación del recurrente de acreditar el cumplimiento de los requisitos jurisdiccionales, a pesar del trato deferencial a los confinados.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una resolución en respuesta a una petición de Elvin Western Campos. El peticionario impugna una sentencia del Tribunal de Primera Instancia que lo declaró culpable por violaciones al Código Penal y la Ley de Armas. También solicita la transcripción de la prueba oral del juicio. El Tribunal de Apelaciones desestima el recurso. La desestimación se fundamenta en la falta de jurisdicción. El tribunal explica que debe examinar la jurisdicción de oficio y que la ausencia de esta es insubsanable. La falta de jurisdicción surge del incumplimiento del peticionario con los requisitos reglamentarios para la presentación de un recurso. Específicamente, el peticionario no identificó la sentencia recurrida ni proveyó el número de caso correcto del Tribunal de Primera Instancia, impidiendo al tribunal determinar la decisión impugnada y la controversia a resolver.

Resumen:

Anette L. Vázquez Cruz fue despedida por el Municipio Autónomo de Caguas tras participar en una competencia de fisiculturismo mientras estaba de licencia por enfermedad. Solicitó beneficios de desempleo, los cuales fueron inicialmente denegados por el Negociado de Seguridad de Empleo (NSE) y confirmados por un Árbitro del NSE. Vázquez Cruz apeló ante la Oficina de Apelaciones de la Secretaria del Departamento del Trabajo, la cual revocó la decisión previa y la declaró elegible para recibir los beneficios. Inconforme con esta determinación, el Municipio de Caguas presentó un recurso de revisión administrativa ante el Tribunal de Apelaciones. El Municipio argumentó que la decisión de la Secretaria no se sostenía en la evidencia y violaba el debido proceso. El Tribunal de Apelaciones, sin embargo, desestimó el recurso presentado por el Municipio. La desestimación se fundamentó en la falta de jurisdicción del Tribunal para atender la revisión administrativa en este caso.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de certiorari presentado por The Peacock Feather, Inc. contra una Resolución del Tribunal de Primera Instancia de Guaynabo. El caso subyacente es un pleito de despido injustificado bajo la Ley Núm. 2, incoado por Yoshuabel Lamboy Morales. La controversia se centró en si procedía un segundo descubrimiento de prueba (interrogatorio y producción de documentos) en el nuevo pleito, luego de que un caso anterior entre las mismas partes sobre el mismo asunto fuera desestimado sin perjuicio. El peticionario argumentó que la Ley Núm. 2 solo permite un descubrimiento. El recurrido sostuvo que el nuevo pleito justificaba un nuevo descubrimiento. El Tribunal de Primera Instancia resolvió que, al presentarse un nuevo pleito tras una desestimación sin perjuicio, procede un nuevo descubrimiento. El peticionario impugnó esta determinación mediante certiorari, alegando error del TPI. El Tribunal de Apelaciones, tras examinar la petición y citando jurisprudencia del Tribunal Supremo y la Ley Núm. 2, acordó desestimar el auto de certiorari.

Resumen:

Este documento es una sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de cobro de dinero y ejecución de hipoteca. El Banco Santander de Puerto Rico demandó a Joanne Cáceres Crisóstomo por incumplimiento en el pago de un pagaré hipotecario garantizado por una propiedad en Rincón. El banco reclamó el balance adeudado, intereses y costas tras alegar que la apelante dejó de pagar las mensualidades. El Tribunal de Primera Instancia ordenó a la señora Cáceres Crisóstomo pagar las cantidades reclamadas. La apelante recurrió la sentencia del TPI, cuestionando, entre otros aspectos, la validez del emplazamiento realizado por edicto. El Tribunal de Apelaciones revisó el tracto procesal, incluyendo la autorización y ejecución del emplazamiento. Tras considerar los argumentos, el Panel IV del Tribunal de Apelaciones decidió confirmar la sentencia emitida por el Tribunal de Primera Instancia.

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Recurso de revisión administrativa ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. Anthony R. Negrón Burgos impugna un acuerdo del Comité de Clasificación y Tratamiento del Departamento de Corrección y Rehabilitación. El recurrente solicitó acomodo razonable y alegó represalias tras ser rotado a un área de alto riesgo en la cocina. El Comité acordó removerlo de las labores de cocina, reasignarlo a mantenimiento general y concederle días de bonificación. El acuerdo le informó sobre el derecho a apelar administrativamente solo las decisiones de clasificación de custodia. Negrón Burgos presentó el recurso directamente ante el Tribunal, argumentando que la decisión era final y no requería agotar remedios administrativos. El Tribunal aceptó la comparecencia y se dispone a evaluar el aspecto jurisdiccional. Se analizará si el acuerdo del Comité constituye una decisión administrativa final bajo la Ley de la Judicatura y la LPAU para determinar la procedencia del recurso.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite Sentencia en una Revisión Judicial instada por Edwin Cedeño Ortiz contra el Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR). El recurrente impugnó la decisión del DCR que ratificó su nivel de custodia mediana. Sentenciado en 2008 a 42 años, el señor Cedeño Ortiz fue inicialmente clasificado bajo custodia máxima, siendo reclasificado a mediana en 2012 por buenos ajustes y participación en programas. En octubre de 2019, el Comité de Clasificación del DCR reevaluó su caso, considerando su historial, ajustes institucionales y factores no discrecionales como una orden de deportación y el tiempo restante de sentencia. Aplicando la Escala de Reclasificación, el Comité determinó que la puntuación arrojaba custodia mediana, ratificando dicho nivel. El recurrente apeló esta determinación administrativamente, pero su apelación fue denegada. El Tribunal de Apelaciones revisó el proceso de clasificación y los fundamentos presentados por el DCR. Tras su examen, el Tribunal determinó confirmar la Resolución recurrida, manteniendo así la clasificación de custodia mediana para el señor Cedeño Ortiz.

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Comparece ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico un recurso de revisión judicial presentado por José Vázquez Marín contra el Departamento de Corrección y Rehabilitación. El recurrente impugna la denegatoria de una Solicitud de Reconsideración emitida por la División de Remedios Administrativos del Departamento. Previamente, el señor Vázquez Marín había presentado una Solicitud de Remedio Administrativo denunciando la falta de disponibilidad de la biblioteca en su institución carcelaria. Argumentó que necesitaba acceso a la biblioteca para acciones legales y para rehabilitación, incluyendo la realización de artesanías con materiales autorizados. El Departamento desestimó la solicitud inicial por considerar que contenía opiniones, según su reglamento. Al solicitar reconsideración, el Departamento la denegó nuevamente, añadiendo que la solicitud también planteaba dos asuntos distintos, otro motivo de desestimación reglamentaria. En su recurso ante el Tribunal de Apelaciones, el señor Vázquez Marín solicita, en esencia, que se le entreguen los materiales para artesanía o se compense a su pareja. El Tribunal de Apelaciones, sin embargo, decide desestimar el recurso. La desestimación se fundamenta en la falta de jurisdicción del Tribunal para atender el caso. La sentencia declara la desestimación por falta de jurisdicción.

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Comparece Edgar Rivera Rivera ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en revisión judicial. Impugna la determinación del Departamento de Corrección y Rehabilitación que reclasificó su nivel de custodia. El recurrente, quien cumple una larga sentencia por delitos graves, fue reclasificado de custodia mínima a mediana en septiembre de 2019. Esta decisión fue tomada por el Comité de Clasificación y Tratamiento tras denegársele la libertad bajo palabra. El Comité basó su determinación en la revisión del expediente del confinado y el uso de una escala de clasificación. Se señaló la existencia de un detainer federal como factor relevante para la reclasificación a custodia mediana. Rivera Rivera apeló internamente, argumentando que el detainer no era un hecho nuevo y que la escala se aplicó incorrectamente. El Supervisor de Clasificación denegó su apelación administrativa en octubre de 2019. Mediante este recurso, el confinado solicita al Tribunal de Apelaciones que revise y revoque dicha determinación.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico desestima un recurso de revisión judicial presentado por un miembro de la población correccional. El recurrente solicitó al Departamento de Corrección y Rehabilitación una investigación sobre la supuesta falsificación de su firma en un documento administrativo anterior. Pidió que se identificara a la persona responsable de la falsificación. La agencia respondió orientando al oficial y reenviando el documento al confinado, pero no realizó la investigación solicitada. El recurrente apeló esta decisión administrativa ante el Tribunal de Apelaciones. El tribunal determina que carece de jurisdicción para revisar el asunto. Explica que su jurisdicción se limita a decisiones administrativas que afecten intereses propietarios o libertarios y que remedien un daño claro y palpable. En este caso, la solicitud del recurrente no involucra tales intereses ni busca remediar un daño concreto, ya que sus derechos no fueron afectados al serle notificado nuevamente el documento. Por lo tanto, el asunto no es justiciable y el recurso es desestimado.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de custodia. El apelante, Christian Marrero Torres, impugnó una resolución del Tribunal de Primera Instancia. Dicha resolución autorizó a la apelada, Eva Iris Vargas Morales, a trasladar provisionalmente a sus hijos menores al estado de la Florida. La madre solicitó la autorización de emergencia para que uno de los menores recibiera tratamiento médico y alegó violencia doméstica. El Tribunal de Primera Instancia celebró una vista y permitió el traslado hasta el 15 de junio de 2020. El padre apeló, argumentando falta de notificación adecuada, violación al debido proceso, incumplimiento con la ley de relocalización y ausencia de estudios sociales. También señaló que el tribunal autorizó un período de traslado mayor al solicitado. El Tribunal de Apelaciones revisó los méritos del recurso. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones decidió revocar la resolución apelada.

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Esta es una Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. Atiende una solicitud presentada por Alexis Blas Maldonado, quien se encuentra confinado y comparece por derecho propio. Maldonado recurre de una Resolución del Tribunal de Primera Instancia de Aguadilla. Dicha resolución del TPI declaró No Ha Lugar una moción presentada por él, identificada como "Moción Enmienda 246". El Tribunal de Apelaciones acogió el escrito de Maldonado como un recurso de certiorari. El certiorari es un vehículo procesal extraordinario y discrecional para corregir errores de derecho de tribunales inferiores. Tras considerar la naturaleza discrecional del remedio, el Tribunal denegó la expedición del auto de certiorari. La decisión se tomó sin necesidad de trámite ulterior.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico atendió un recurso de Revisión Administrativa presentado por El Alambique contra una resolución del Departamento de Permisos Urbanísticos del Municipio de Carolina. La resolución municipal del 16 de julio de 2018 ordenó a El Alambique cumplir con varias condiciones en un término de treinta días, bajo apercibimiento de iniciar un proceso de revocación de su permiso de uso. El Alambique solicitó al tribunal dejar sin efecto dicha determinación. El tribunal desestimó el recurso por falta de jurisdicción, al considerarlo prematuro. La resolución apelada no constituyó una revocación final del permiso, sino una orden de cumplimiento y un apercibimiento. Adicionalmente, el tribunal declaró No Ha Lugar una moción presentada por la parte interventora, Wave & Sanda Inc. d/b/a "Third Base". Las cuestiones planteadas en dicha moción eran independientes de la determinación recurrida y no habían sido resueltas por la oficina municipal.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en el caso KLCE201901724. El peticionario, John Hernández Vargas, instó un recurso de certiorari contra una resolución del Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Aguadilla. Dicha resolución, emitida el 5 de diciembre de 2019, denegó su petición para ser resentenciado. La solicitud de resentencia se basaba en el principio de favorabilidad y artículos del Código Penal. Previamente, el peticionario había sido sentenciado en 2013 por infracciones al Código Penal y Ley de Armas, pena que inicialmente cumpliría bajo sentencia suspendida, beneficio que le fue revocado. El Tribunal de Apelaciones examinó el escrito presentado por el peticionario. Procedió a adjudicar el asunto sin requerir la comparecencia de la parte recurrida. La corte explica la naturaleza del recurso extraordinario de certiorari en el ámbito criminal y los criterios para su expedición discrecional. Tras su análisis, el Tribunal de Apelaciones determinó denegar el recurso de certiorari solicitado por el peticionario.

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Comparece ante el Tribunal de Apelaciones un confinado solicitando la revisión judicial de una determinación del Departamento de Corrección y Rehabilitación. El recurrente había presentado una solicitud de remedio administrativo ante la División de Remedios Administrativos del Departamento. En dicha solicitud, pedía la revisión de una decisión del Comité de Clasificación y Custodia y de dos querellas disciplinarias de 2012. La División de Remedios Administrativos desestimó la solicitud por falta de jurisdicción. Argumentó que el confinado debía agotar los procedimientos administrativos específicos establecidos en el Manual de Clasificación y el Reglamento Disciplinario. El recurrente solicitó reconsideración, alegando que sí existía jurisdicción y que hubo incumplimiento en el trámite de las querellas. La División denegó la reconsideración, reafirmando su falta de jurisdicción y la necesidad de agotar los procedimientos disciplinarios. Ante el Tribunal de Apelaciones, el recurrente señaló errores relacionados con la jurisdicción, el debido proceso y la entrega de documentos sobre las querellas de 2012. El Departamento de Corrección y Rehabilitación compareció ante el tribunal. El Tribunal de Apelaciones revisó el caso y confirmó la determinación recurrida, validando la decisión de la División de Remedios Administrativos.

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El Tribunal de Apelaciones consideró un recurso de certiorari presentado por La Cooperativa de Viviendas Los Robles. La Cooperativa solicitó la revisión de una resolución del Tribunal de Primera Instancia en un caso iniciado por Sra. América Pérez Hernández. La resolución recurrida denegó el reclamo de privilegios de la Cooperativa sobre actas de su Junta de Directores y Asambleas de Socios. El foro primario determinó que los documentos solicitados eran pertinentes y no estaban protegidos por secreto de negocio ni privilegio abogado-cliente, ordenando su entrega a la parte demandante. La Cooperativa alegó que el Tribunal de Primera Instancia erró al no aplicar correctamente la norma sobre privilegios y al no ejercer su discreción judicial. Adicionalmente, la Cooperativa presentó una solicitud urgente para paralizar la orden del foro primario. El Tribunal de Apelaciones, tras examinar el recurso, decidió denegar la expedición del auto de certiorari. Consecuentemente, también declaró No Ha Lugar la urgente solicitud de orden en auxilio de jurisdicción.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en un recurso de certiorari presentado por el Municipio de Florida. El Municipio impugna una resolución del Tribunal de Primera Instancia (TPI) sobre la ejecución de una sentencia por despido injustificado. El caso original fue incoado por Liamar Arbonies de Jesús contra el Municipio por alegado discrimen político. El TPI determinó que la señora Arbonies de Jesús fue despedida de forma discriminatoria y ordenó su reinstalación y el pago de salarios dejados de percibir. Inicialmente, el TPI dispuso que de los salarios dejados de percibir se debían descontar las cantidades ganadas en otros empleos durante la cesantía. El Tribunal de Apelaciones, en una apelación previa, confirmó este pronunciamiento. No obstante, en una orden posterior para ejecutar la sentencia, el TPI fijó la cuantía de salarios dejados de percibir en $40,000.00 y resolvió que el descuento de otros salarios percibidos era improcedente. El Municipio de Florida acude en certiorari solicitando la revisión de esta última determinación del TPI. El Tribunal de Apelaciones examina si el TPI actuó correctamente al declarar final la cuantía de $40,000.00 y al descartar el descuento de los salarios percibidos por la recurrida en otros trabajos.

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Nimay Auto Corp. presentó un recurso de revisión judicial para impugnar una Resolución del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACo). La Resolución del DACo había declarado Ha Lugar una querella de Marvin Maldonado, ordenando la resolución de un contrato de compraventa de vehículo y la restitución de \$21,995 por parte de Nimay y San Juan Suzuki. San Juan Suzuki, también parte en el proceso administrativo, presentó un recurso de revisión judicial separado contra la misma Resolución del DACo. Otro panel del Tribunal de Apelaciones revisó el caso de San Juan Suzuki y revocó la Resolución del DACo. La revocación se fundamentó en que la decisión del foro administrativo se basó en evidencia obtenida en una vista no debidamente notificada a todas las partes. Dado que la Resolución del DACo que Nimay impugna ya fue revocada por otro panel, el presente recurso de revisión se ha tornado innecesario o académico. Al no existir un dictamen del DACo que revisar, el Tribunal carece de jurisdicción para atender el caso. Por consiguiente, se desestima el recurso de revisión judicial presentado por Nimay Auto Corp. por ser académico.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emitió una Resolución desestimando un recurso de Certiorari presentado por Luis Vega Torres. El Peticionario, miembro de la población correccional, impugnaba una decisión del Tribunal de Primera Instancia que denegó su solicitud de modificación de sentencia. Dicha solicitud se fundamentaba en enmiendas al Código Penal de 2012 y la aplicación de atenuantes. El Tribunal de Apelaciones determinó que el Peticionario incumplió sustancialmente con la Regla 34 de su Reglamento. Este incumplimiento consistió en no acompañar todos los documentos pertinentes del expediente del foro primario, como las acusaciones o sentencias. Se enfatizó que comparecer por derecho propio no exime del cumplimiento de las reglas procesales. Además, el Tribunal señaló que, aun con jurisdicción, denegaría el recurso por la falta de formulación coherente del error alegado. El Peticionario no fundamentó su planteamiento ni demostró que la sentencia fuera ilegal o que el TPI abusara de su discreción. Por estos motivos, el recurso fue desestimado.

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El Tribunal de Apelaciones deniega un recurso de Certiorari presentado por Caryl Blakley Muzynski. La peticionaria buscaba revisar una orden del Tribunal de Primera Instancia en un caso de declaración de incapacidad y nombramiento de tutor para su hija. El Tribunal de Primera Instancia había ordenado a la peticionaria consignar dos cuentas bancarias de su hija, declarada incapaz, en la Unidad de Cuentas del Tribunal. La hija fue declarada incapaz tras una evaluación médica que determinó que no podía regir su persona ni administrar sus bienes debido a condiciones de salud irreversibles. Durante la vista, se presentó prueba documental de las cuentas bancarias de la hija. El Procurador de Familia solicitó la consignación de estos fondos, lo cual fue ordenado por el tribunal de instancia. La peticionaria impugnó esta orden, alegando error en la apreciación de la prueba sobre el uso de las cuentas y la aplicación de la ley. El Tribunal de Apelaciones, tras evaluar el recurso, deniega el Certiorari y mantiene la Resolución u Orden recurrida.

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El Pueblo de Puerto Rico presentó un recurso de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones para revisar una sentencia del Tribunal de Primera Instancia, Sala de Cabo Rojo. La sentencia condenó a Rafael Flores Flores por infracción al Art. 7.02 de la Ley de Vehículos y Tránsito (manejar bajo los efectos). El Sr. Flores Flores se declaró culpable del delito, que involucró una concentración de alcohol de 0.160%, en un caso con alegación de reincidencia. El foro primario le impuso multas, rehabilitación, suspensión de licencia y 30 días de restricción domiciliaria. El Ministerio Público solicitó reconsideración, argumentando que la pena de restricción domiciliaria era contraria a la ley para casos de reincidencia, la cual exige pena de cárcel. El Tribunal de Primera Instancia declaró No Ha Lugar la moción de reconsideración. Inconforme, la parte peticionaria recurrió ante el Tribunal de Apelaciones, alegando que el TPI impuso una sentencia ilegal al ordenar restricción domiciliaria en lugar de la pena de cárcel obligatoria. El Sr. Flores Flores no compareció ante el Tribunal de Apelaciones tras ser requerido. El Tribunal procederá a resolver el recurso sin su comparecencia.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resuelve una solicitud de Puerto Rico Land and Fruit, S.E. (PRLF) para dejar sin efecto una determinación del Tribunal de Primera Instancia (TPI). El TPI había encontrado a PRLF incursa en desacato. El caso subyacente es una disputa entre PRLF y Aquasur Corporation sobre interdicto permanente, daños y perjuicios y deslinde. Previamente, el TPI emitió una resolución ordenando a ambas partes cesar actividades que interfirieran con la propiedad registrada de la otra, detener construcciones en áreas en controversia y evitar traspasar terrenos ajenos, bajo apercibimiento de desacato. Aquasur alegó que PRLF incumplió esta orden al cortar segmentos de una cerca en su propiedad. PRLF recurrió la determinación de desacato ante el Tribunal de Apelaciones. Mediante esta resolución, el Tribunal de Apelaciones deniega la expedición del auto de certiorari solicitado por PRLF, validando así la determinación del TPI.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite Sentencia en el caso KLAN201800965, proveniente de una Apelación presentada por Encantada Homeowners Association, Inc. El recurso busca revocar una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó una demanda. La demanda original fue incoada por el Consejo de Titulares del Condominio Montecillo Court contra varios condominios y el Municipio de Trujillo Alto. El pleito versa sobre solicitudes de injunction provisional, preliminar y permanente relacionadas con acciones realizadas en la calle "Vía Pedregal" dentro de la urbanización Encantada. Montecillo Court alegó que la vía es un área común y solicitó detener obras y cambios realizados por Montecillo II. Los demandados presentaron defensas alegando que la calle es una vía pública, con reclamos sobre su titularidad por Levitt Homes o el Municipio. El Tribunal de Apelaciones, por los fundamentos que expondrá, revoca la Sentencia recurrida del Tribunal de Primera Instancia.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emitió una sentencia en el caso KLAN201801344. Este recurso de apelación fue presentado por Alberto San, Inc. contra T San Juan, LLC. El caso original en el Tribunal de Primera Instancia trataba sobre cobro de dinero y ejecución de hipoteca. Las partes, apelante y apelada, presentaron una moción conjunta solicitando el desistimiento del recurso de apelación. El Tribunal acogió el aviso de desistimiento presentado por ambas partes. En consecuencia, el recurso de apelación quedó desistido con perjuicio. La sentencia ordena a la Secretaría del Tribunal de Apelaciones proceder con el cierre y archivo definitivo del caso. La decisión fue emitida el 31 de enero de 2020.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa una apelación en un caso de cobro de dinero. El licenciado José Cintrón Colón demanda a Alejandro O. Nogués Valledor por honorarios de abogado adeudados por servicios a la difunta hermana del apelante. El contrato original era por el 5% de la participación de la hermana en el caudal de su padre, valorado en $37,800.00. La disputa central es un alegado acuerdo verbal para aumentar los honorarios a $50,000.00, negado por el apelante. El apelante también argumentó pago en finiquito y la improcedencia de una retención del 7%. El Tribunal de Primera Instancia emitió una Sentencia Parcial Enmendada. Dicha sentencia desestimó las defensas de pago en finiquito y la retención del 7%. Además, ordenó continuar los procedimientos para determinar si ocurrió la alegada novación verbal del contrato de honorarios. El apelante solicita la revocación de esta Sentencia Parcial Enmendada.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de cobro de dinero entre Banco Popular de Puerto Rico (apelado) y Atlasbits, Inc., et al. (apelantes). Los apelantes recurren una Sentencia Parcial del Tribunal de Primera Instancia que desestimó su reconvención y denegó una moción de reconsideración. El apelado solicitó la desestimación del recurso de apelación ante este foro. Arguyó que la moción de reconsideración ante el TPI fue notificada tardíamente y que el apéndice de la apelación no se notificó a tiempo. Los apelantes se opusieron a la desestimación. Sostuvieron que el apelado renunció a su derecho a objetar la tardanza en la notificación de la reconsideración al no plantearlo oportunamente en el TPI. Además, alegaron justa causa, como problemas técnicos, para la demora en la notificación del apéndice de la apelación. La Sentencia evalúa si procede la desestimación del recurso apelativo con base en estas alegaciones procesales.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en el caso de Virgilio Valentín Ortiz contra la Autoridad Metropolitana de Autobuses (AMA). El recurso de apelación proviene de una decisión del Tribunal de Primera Instancia que declaró No Ha Lugar la querella del apelante por despido injustificado y discrimen por impedimento. El señor Valentín Ortiz, exconductor, alegó que fue despedido sin justa causa y por razones de salud tras sufrir una condición cerebrovascular. Sostuvo que la AMA discriminó al no proveerle acomodo razonable, como reasignarlo a otra área, a pesar de estar cualificado para funciones básicas. Argumentó que otros empleados con impedimentos visuales fueron reasignados y que la AMA no inició el proceso interactivo. La AMA, por su parte, afirmó que una evaluación médica determinó que el apelante estaba inhabilitado para desempeñar funciones de conductor, con o sin acomodo, justificando su cesantía bajo el reglamento. Alegó que la reubicación solicitada no procedía por recomendación médica. El Tribunal de Apelaciones confirmó la Sentencia apelada del Tribunal de Primera Instancia.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en el caso KLAN201900877. El apelante, Julio Ángel Garay Ortiz, solicitó la revocación de sentencias del Tribunal de Primera Instancia, Sala de Ponce. Dichas sentencias lo condenaron por infracciones a los Artículos 3.1 (dos cargos) y 2.8 de la Ley Núm. 54, Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica. Las penas impuestas fueron de tres años concurrentes por los cargos del Artículo 3.1 y ocho años consecutivos por el cargo del Artículo 2.8. El Ministerio Público presentó cargos por hechos ocurridos en diciembre de 2018. Durante el juicio, la víctima testificó sobre múltiples agresiones físicas por parte del apelante, su expareja consensual. Describió golpes en la cabeza, brazos, cara, espalda, muslo y una patada en el costado. La víctima relató que los golpes le causaron moretones y una herida en la frente, y que no buscó ayuda médica por miedo. Tras revisar el trasfondo procesal y fáctico, el Tribunal de Apelaciones decidió confirmar los dictámenes apelados.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en la apelación presentada por el Dr. Miguel Rivera Sanabria contra APS Healthcare Puerto Rico, Inc. El apelante impugna la desestimación con perjuicio de su demanda por daños y perjuicios e incumplimiento de contrato dictada por el Tribunal de Primera Instancia. El Dr. Rivera Sanabria alegó que APS terminó su contrato de proveedor como represalia por una demanda previa de cobro de dinero. Dicha demanda original reclamaba el pago de servicios que APS rehusó por falta de pre-autorización contractual. La demanda de cobro fue desestimada, pero el tribunal apelativo modificó la desestimación a sin perjuicio, requiriendo acreditación de la necesidad de las visitas. En lugar de acreditar, el Dr. Rivera Sanabria presentó la demanda por terminación retaliatoria. APS defendió la terminación como legal, basada en un patrón de abuso en la facturación, y negó el nexo causal con los daños. Tras revisar el caso y la prueba, el Tribunal de Apelaciones confirma la Sentencia apelada, desestimando la demanda del Dr. Rivera Sanabria.

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Este caso es una apelación de una sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó una demanda de ejecución de hipoteca y cobro de dinero contra una esposa. La desestimación se basó en que el matrimonio estaba regido por capitulaciones matrimoniales que establecían la separación total de bienes. La deuda reclamada fue contraída únicamente por el esposo, quien también era el único titular del inmueble hipotecado. La esposa solicitó sentencia sumaria argumentando su falta de responsabilidad bajo el régimen de separación de bienes. Aunque la demandante inicialmente se allanó, luego se opuso alegando que pagos realizados desde la cuenta de la esposa creaban controversia sobre una posible comunidad de bienes. El Tribunal de Primera Instancia desestimó la demanda contra la esposa y la supuesta sociedad de gananciales. La demandante apeló esta decisión. El Tribunal de Apelaciones concluye que procede confirmar la sentencia apelada.

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Manuel A. Muñoz Irizarry apeló una Sentencia sumaria del Tribunal de Primera Instancia que desestimó su querella por despido injustificado contra Oriental Bank. El señor Muñoz, quien trabajó para el Banco y su predecesor desde 1990, fue despedido en abril de 2016 de su puesto de Gerente Regional. Alegó que su despido fue sin justa causa bajo la Ley 80-1976. Oriental Bank sostuvo que el despido fue justificado debido a que el señor Muñoz presuntamente tuvo conocimiento de la reputación criminal de un cliente y omitió divulgar esta información. El Banco argumentó que esta omisión violaba las políticas de cumplimiento con la ley federal Bank Secrecy Act y ponía a la entidad en riesgo. El Banco presentó una moción de sentencia sumaria, fundamentada en hechos mayormente admitidos por el apelante. El Tribunal de Primera Instancia dictó sentencia sumaria, determinando como incontrovertidos hechos que demostraban el conocimiento del señor Muñoz y su omisión de divulgar información relevante. El foro primario concluyó que dicha omisión constituía justa causa para el despido. El señor Muñoz recurrió ante el Tribunal de Apelaciones solicitando la revocación de dicha sentencia. El Tribunal de Apelaciones, tras revisar el recurso, resolvió confirmar la sentencia apelada.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones confirmó la sentencia del Tribunal de Primera Instancia que declaró sin lugar una demanda de impugnación de confiscación de un vehículo. Scotiabank y Universal Insurance Company, demandantes, argumentaron que el resultado del proceso penal contra el usuario del vehículo, que culminó en un desvío (sentencia de archivo), debía invalidar la confiscación civil basándose en la doctrina de impedimento colateral por sentencia. El Tribunal de Primera Instancia denegó la impugnación, aplicando la Ley Uniforme de Confiscaciones del 2011. El Tribunal de Apelaciones sostuvo que el Tribunal de Primera Instancia actuó correctamente. La Ley 119-2011 establece claramente que el proceso de confiscación es una acción civil *in rem*, independiente de cualquier proceso penal. Esta independencia significa que el resultado de la acción penal, incluyendo un desvío o absolución, no afecta la validez o procedencia de la confiscación civil de la propiedad utilizada en la comisión de un delito. Por tanto, la confiscación del vehículo fue válida a pesar del resultado del proceso penal contra el imputado.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. La Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura, en representación del Proyecto ENLACE del Caño Martín Peña, solicitó la consolidación de varios recursos de Certiorari. Estos recursos provienen del Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan, y versan sobre casos de expropiación forzosa contra múltiples recurridos. La petición de consolidación busca una adjudicación efectiva, rápida y uniforme, evitando resultados incompatibles en cuestiones similares de hecho y derecho. El Tribunal ordena la consolidación de los siete recursos identificados (KLCE201901546, KLCE201901547, KLCE201901548, KLCE201901549, KLCE201901550, KLCE201901553 y KLCE201901554). La consolidación se efectúa en el recurso más antiguo, el KLCE201901546.

Resumen:

Este documento presenta una Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de apelación por daños y perjuicios. La apelación fue presentada por el Municipio de Salinas y su aseguradora, MAPFRE, contra una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia. Dicha Sentencia declaró Con Lugar la demanda incoada por Janette Pérez en representación de su hijo menor, Jesús Polanco Pérez. La demanda se originó por las graves lesiones sufridas por el menor en un parque municipal al pisar una roca oculta mientras jugaba soccer. Las lesiones en la rodilla izquierda requirieron múltiples intervenciones quirúrgicas y resultaron en incapacidad permanente y secuelas psicológicas. El Tribunal de Primera Instancia encontró responsables a los apelantes y les impuso el pago de cuantiosas sumas por daños físicos, morales, limitación al goce de la vida y honorarios de abogado. El Municipio y MAPFRE apelaron esta decisión. El Tribunal de Apelaciones, tras revisar el recurso, confirmó la Sentencia apelada.

Resumen:

Este es un dictamen del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico relativo a una apelación en un caso de cobro de dinero y ejecución de hipoteca. El Tribunal de Primera Instancia dictó sentencia sumaria a favor del demandante y desestimó la reconvención del demandado. Sin embargo, el demandado también había presentado una demanda contra terceros que quedó sin resolver. El Tribunal de Apelaciones examinó su jurisdicción, señalando que solo las sentencias finales son apelables. Explicó que, según la Regla 42.3 de Procedimiento Civil, una sentencia parcial en un caso con múltiples reclamaciones o partes requiere lenguaje expreso específico para ser considerada final a efectos de apelación. La sentencia sumaria apelada carecía de este lenguaje necesario. Dado que la demanda contra terceros aún está pendiente y la sentencia no es final conforme a las reglas procesales, la apelación es prematura. Por consiguiente, el Tribunal de Apelaciones está obligado a desestimar la apelación por falta de jurisdicción.

Resumen:

Comparece ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico un recurso de apelación criminal presentado por Eliezer Cruz Acosta. El apelante solicita la revocación de una sentencia del Tribunal de Primera Instancia que lo declaró culpable de infracción al Art. 3.2 de la Ley 54 (violencia doméstica agravada). El foro primario lo sentenció a tres años de cárcel bajo régimen de sentencia suspendida por hechos ocurridos en presencia de un menor. El apelante alegó que la prueba de cargo no estableció su culpabilidad más allá de duda razonable, cuestionando la suficiencia de la evidencia sobre violencia psicológica y la credibilidad de los testigos. El Pueblo de Puerto Rico, a través del Procurador General, sostuvo que el apelante no demostró error manifiesto en la apreciación de la prueba por parte del foro primario. El Tribunal de Apelaciones revisó el expediente, incluyendo la transcripción de la prueba oral. Se discuten los principios legales de presunción de inocencia, duda razonable y la deferencia a la adjudicación de credibilidad por el tribunal sentenciador. Tras evaluar los argumentos y la prueba, el Tribunal de Apelaciones procede a confirmar la sentencia apelada.

Resumen:

Comparece ante el Tribunal de Apelaciones un recurso de apelación presentado por Kariam Ríos Ríos y otros contra Javier Casillas Olivieri. El recurso impugna una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que declaró con lugar una demanda de cobro de dinero. Dicha sentencia anotó la rebeldía a los apelantes y dictó sentencia en su contra, ordenándoles pagar \$2,718.00 más \$2,000.00 en honorarios de abogado. Los apelantes alegan que el TPI erró al anotar la rebeldía, resolver el caso sumariamente y determinar la existencia de una deuda líquida. El caso original surgió de una demanda de cobro por servicios profesionales, donde el apelado reclamaba un balance pendiente y daños. Los apelantes, por su parte, reconvinieron alegando incumplimiento de contrato por parte del apelado. A pesar de los argumentos presentados por los apelantes, el Tribunal de Apelaciones adelanta que desestima el recurso por falta de jurisdicción.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en un caso de cobro de dinero y ejecución de hipoteca. Las partes apelantes, Marcus R. Torres Skerrett y Jackzaira Vega Rosario, recurren de una sentencia sumaria del Tribunal de Primera Instancia que los condenó a pagar las sumas reclamadas por Banco Popular de Puerto Rico. El banco demandó alegando incumplimiento de un pagaré hipotecario por $284,600, reclamando un balance de $270,879.34 más intereses y cargos. Los apelantes contestaron la demanda y presentaron una reconvención, alegando vicio en el consentimiento del contrato de compraventa de la propiedad hipotecada debido a supuestas representaciones falsas del banco sobre el desarrollo del proyecto. Solicitaron la aplicación de la doctrina *rebus sic stantibus* o la nulidad del contrato. El banco argumentó que el contrato de compraventa era independiente del préstamo hipotecario. El Tribunal de Apelaciones confirma la Sentencia Parcial apelada en cuanto al cobro de dinero y ejecución de hipoteca. No obstante, devuelve el caso al Tribunal de Primera Instancia para que continúen los procedimientos relacionados con la reconvención presentada por los apelantes.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de incumplimiento de contrato de seguro. La apelante, Leslie Ochart Rivera, demandó a Universal Insurance Company por considerar insuficiente el pago de daños tras el huracán María. Universal emitió un pago de $5,837.00 como liquidación total de la reclamación. La Sra. Ochart Rivera firmó un relevo y cobró el cheque. Posteriormente, demandó a la aseguradora reclamando una cantidad significativamente mayor. Universal argumentó que la aceptación del pago y la firma del relevo constituían un finiquito de la reclamación. El Tribunal de Primera Instancia dictó sentencia sumaria a favor de Universal. La apelante recurrió esta decisión ante el Tribunal de Apelaciones. El Tribunal de Apelaciones revisó el recurso y confirma la decisión del Tribunal de Primera Instancia.

Resumen:

Marcos Antonio Peñaloza Pica apela una sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó su demanda de injunction. Solicitó ser incluido en la lista de empleados del Departamento de Hacienda cualificados para el pre-retiro bajo leyes específicas. Alegó haber cualificado previamente, ser incluido inicialmente y luego excluido arbitrariamente, especialmente tras enfrentar un procedimiento de destitución. El Departamento de Hacienda solicitó la desestimación, señalando el proceso disciplinario en su contra. El foro primario desestimó la demanda, determinando que el apelante no probó un derecho adquirido y que la controversia correspondía a la Oficina de Gerencia y Presupuesto. Basó su decisión en el agotamiento de remedios administrativos. El apelante argumenta en apelación que el TPI erró al declarar falta de jurisdicción y exigir remedios administrativos no requeridos por ley. También señala error al no reconocer su derecho legal al pre-retiro y no dictar el interdicto ante daño inminente. Este documento contiene la sentencia del Tribunal de Apelaciones sobre este recurso.

Resumen:

Recurso de apelación revisa la desestimación de una demanda sobre alimentos entre parientes. El apelante, Libardo Hernández Pérez, demandó a su hermana, Martha Hernández Pérez, para que contribuyera al sustento de su madre, Gladys Pérez Granados. La madre, de 77 años y con Alzheimer, requiere cuido y sus ingresos son insuficientes para cubrir sus gastos. El apelante alegó que ha asumido la responsabilidad total del cuido y manutención, cubriendo un déficit mensual. La apelada aceptó aportar, pero cuestionó las acciones del apelante y alegó impedimento de relaciones filiales. El Tribunal de Primera Instancia desestimó la demanda, argumentando falta de legitimación activa del apelante y el incumplimiento con requisitos de leyes especiales para personas de edad avanzada. El Tribunal de Apelaciones, tras revisar el caso, determinó revocar la Sentencia apelada. La decisión del Tribunal de Apelaciones implica que la desestimación inicial fue incorrecta.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emitió una Sentencia en el caso KLAN201901288, una apelación sobre violación de derechos civiles procedente del Tribunal de Primera Instancia. El apelante, Edgardo E. Olivo García, fue requerido por el tribunal a presentar un formulario para litigar en forma de pobre y a cancelar los aranceles de radicación. Se le concedió un término de diez días para someter el formulario tras su notificación. Sin embargo, el apelante no compareció ni presentó el formulario dentro del término concedido. Tampoco canceló los aranceles de radicación de su apelación. Ante el incumplimiento del apelante con estos requisitos procesales, el tribunal no pudo acreditar si cualificaba económicamente para litigar en forma de pobre ni validar la radicación. Citando jurisprudencia pertinente sobre la nulidad de escritos sin sellos de Rentas Internas, el tribunal determinó que no estaba en posición de proceder. Por consiguiente, el recurso de apelación fue desestimado por falta de jurisdicción.

Resumen:

Se presenta una apelación contra la desestimación de una demanda por el Tribunal de Primera Instancia. La demanda fue interpuesta por unos vecinos contra otros, reclamando deslinde, reivindicación, usucapión y daños. Los demandantes alegaron que los demandados invadieron su propiedad con una verja, modificaron un desagüe causando daños y profirieron insultos. Solicitaron la demarcación de linderos, la declaración de usucapión sobre la porción invadida, la reivindicación de dicha porción, la remoción de la verja y la modificación del desagüe, además de daños. Los demandados negaron las alegaciones, afirmaron que la verja está en su terreno y que ellos poseen la titularidad y posesión. Presentaron una reconvención alegando acoso, insultos y amenazas por parte de uno de los demandantes, buscando daños y perjuicios. El Tribunal de Primera Instancia desestimó la demanda basándose únicamente en las alegaciones iniciales. El Tribunal de Apelaciones concluyó que el TPI erró al desestimar, pues debió adjudicar los méritos. Consideró que, aunque la demanda carecía de ciertos detalles iniciales, estos se conocían tras el descubrimiento de prueba. Por tanto, la desestimación fue incorrecta y el caso debió continuar.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico, Panel V, de 31 de enero de 2020. La Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura (AFI), en representación del Proyecto ENLACE del Caño Martín Peña, presentó varios recursos de certiorari. Estos recursos, identificados con los números KLCE201901546 al KLCE201901554, provienen del Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan. Todos los casos versan sobre procedimientos de expropiación forzosa. La AFI solicitó la consolidación de estos recursos ante el Tribunal de Apelaciones. El propósito de la solicitud fue lograr una adjudicación efectiva, rápida y uniforme, evitando resultados incompatibles. Se argumentó que los casos presentan cuestiones similares de hecho y de derecho. El Tribunal de Apelaciones, considerando la solicitud, ordenó la consolidación de todos los recursos en el recurso más antiguo, el KLCE201901546.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa una sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó sumariamente una demanda por incumplimiento de contrato contra una aseguradora. La demanda fue presentada por asegurados reclamando daños adicionales por el huracán María, más allá de un pago recibido. La aseguradora solicitó la desestimación alegando que el cobro de un cheque constituía un pago en finiquito. El Tribunal de Primera Instancia acogió este argumento y desestimó el caso. Los asegurados apelaron, argumentando que el pago no fue aceptado como liquidación final bajo condiciones justas. El Tribunal de Apelaciones concluyó que el Tribunal de Primera Instancia erró al aplicar la doctrina de pago en finiquito de forma sumaria. Determinó que el récord no demostraba, como hechos incontrovertidos, que la aseguradora hiciera una oferta justa y razonable. Tampoco se probó que brindara la debida orientación o que los asegurados aceptaran el pago con claro entendimiento de su finalidad transaccional. La corte apelativa señaló la falta de prueba incontrovertida sobre la ausencia de opresión o ventaja indebida por parte de la aseguradora. Por tanto, la desestimación sumaria basada en el finiquito fue incorrecta.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico conoció de un recurso de apelación en un caso de daños y perjuicios. El apelante, Pablo Almodóvar González, demandó a Antonio Santiago Pacheco y a Yauco Car Rental, entre otros, por un accidente automovilístico. El accidente involucró un vehículo alquilado por Yauco Car Rental al codemandado Santiago Pacheco. Yauco Car Rental solicitó la desestimación de la demanda en su contra, alegando no ser responsable como arrendador. El apelante se opuso y pidió enmendar la demanda para incluir a QBE Seguros, aseguradora de Yauco Car Rental. El Tribunal de Primera Instancia denegó la enmienda y dictó una Sentencia Parcial desestimando la causa de acción contra Yauco Car Rental. El apelante recurrió en apelación contra esta Sentencia Parcial. El Tribunal de Apelaciones revisó el recurso presentado. Tras su análisis, el Tribunal de Apelaciones desestimó el recurso. La desestimación se fundamentó en la falta de jurisdicción.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones revisa una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó sin perjuicio una demanda sobre división o liquidación de comunidad de bienes hereditarios. El apelante demandó a su tío, abuelo y primas, herederos de su abuela, alegando que uno de ellos controlaba los bienes y se negaba a brindar información. Solicitó inventario, avalúo, rendición de cuentas, nombramiento de administrador y defensor judicial, y daños. Este caso representa el segundo intento del apelante sobre la misma controversia, existiendo además otro pleito independiente entre coherederos. El foro primario emitió varias órdenes requiriendo al apelante corregir y presentar los emplazamientos conforme a las directrices, bajo apercibimiento de desestimación. El apelante enfrentó dificultades para emplazar a algunos demandados, solicitando autorización para emplazamiento por edictos. Finalmente, el TPI ordenó al apelante mostrar causa por la cual no debía desestimar la demanda, citando la existencia de un pleito previo sobre la misma materia. La Sentencia apelada desestimó la demanda sin perjuicio.

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El Municipio Autónomo de San Juan apeló la sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó su demanda de cobro de dinero y ejecución de hipoteca contra 3RG Group Corp. La acción original buscaba el pago de una deuda y la ejecución hipotecaria, a la cual el demandado respondió con una reconvención por daños. Tras un trámite previo que incluyó una apelación anterior, el TPI emitió una nueva sentencia desestimando la demanda del Municipio. Inconforme, el Municipio recurrió nuevamente al Tribunal de Apelaciones. Al examinar la sentencia apelada, el foro apelativo advirtió que el dictamen del TPI no constituía una sentencia final. Concluyó que el recurso de apelación presentado por el Municipio era prematuro. Por consiguiente, el Tribunal de Apelaciones desestimó la apelación.

Resumen:

Juan Soto Arocho apela la sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó su demanda contra Antilles Insurance Company. La acción original buscaba reclamar por incumplimiento de contrato y daños tras el huracán María. El TPI desestimó el caso al concluir que se había configurado la figura del pago en finiquito. El apelante impugna esta decisión, alegando que la defensa de pago en finiquito fue renunciada y que el TPI erró al determinar que no existían hechos materiales en controversia para aplicar dicha doctrina. Los hechos considerados incontrovertidos por el TPI detallan la póliza, la reclamación de daños, los ajustes realizados por la aseguradora, la comunicación con el asegurado y la aceptación de un pago de \$2,000.00 mediante la firma de un "proof of loss" y el depósito del cheque. El Tribunal de Apelaciones revisa si el TPI aplicó correctamente la Regla 36 de Procedimiento Civil al dictar sentencia sumaria basada en la doctrina de pago en finiquito.