Casos del Tribunal de Apelaciones (Página 210)

Resumen:

Recurso de apelación ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de cobro de dinero. RR Integrated Solutions, Inc. demandó al Municipio de San Juan reclamando $124,413.90 por servicios de consultoría bajo varios contratos otorgados entre 2010 y 2013. RR alegó incumplimiento de pago por servicios de cobro de patentes y arbitrios. El Municipio admitió la existencia de los contratos pero negó la deuda, alegando haber realizado los pagos correspondientes. RR solicitó sentencia sumaria, la cual el Tribunal de Primera Instancia (TPI) concedió parcialmente. El TPI ordenó al Municipio pagar dos facturas específicas (170 y 173) con intereses y honorarios, señalando vista para una tercera (191). El Municipio solicitó enmienda y reconsideración, argumentando que también había controversia sobre la factura 170. El TPI dictó una "Sentencia Parcial Enmendada" tras la reconsideración. El Municipio de San Juan apela este último dictamen del TPI. El Tribunal de Apelaciones revisa la decisión del foro primario.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso sobre daños y perjuicios y acecho. Los apelantes recurren una sentencia dictada por el Tribunal de Primera Instancia. El apelado, Citibank, solicitó la desestimación del recurso por falta de jurisdicción. El tribunal destaca la primacía de las cuestiones jurisdiccionales y la obligación de desestimar cuando no hay jurisdicción. Se subraya que el término de treinta días para apelar sentencias civiles es jurisdiccional, fatal e improrrogable. El incumplimiento de este término priva al tribunal apelativo de autoridad para considerar el recurso. La sentencia se enfoca en la importancia de cumplir con los requisitos jurisdiccionales para la presentación de apelaciones.

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El Municipio de Gurabo presentó un recurso de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones solicitando la revisión de una resolución del Tribunal de Primera Instancia. Dicha resolución, notificada el 7 de febrero de 2020, denegó la descalificación de la representación legal de Janssen Ortho LLC en un caso sobre asuntos contributivos. Previamente, el 4 de febrero de 2020, el Tribunal Supremo de Puerto Rico había expedido un recurso de certiorari en el mismo caso, lo que tuvo el efecto de suspender los procedimientos en los foros inferiores. La resolución recurrida fue dictada por el Tribunal de Primera Instancia mientras la suspensión de procedimientos ordenada por el Tribunal Supremo estaba vigente. Por tanto, el foro primario actuó sin jurisdicción al emitir la resolución durante el período de paralización. Al carecer el Tribunal de Primera Instancia de jurisdicción para dictar la orden, el Tribunal de Apelaciones tampoco tiene jurisdicción para revisarla. Conforme al derecho aplicable, se desestima el recurso por falta de jurisdicción.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en un recurso de revisión judicial sobre la reclasificación de custodia de un confinado. José Vázquez Marín impugna la decisión del Departamento de Corrección y Rehabilitación que ratificó su nivel de custodia máxima. El Comité de Reclasificación y Tratamiento había mantenido la custodia máxima a pesar de que la escala rutinaria recomendaba custodia mínima. La agencia justificó la decisión mediante una modificación discrecional, citando la desobediencia a las normas institucionales, delitos cometidos en prisión y querellas disciplinarias. El recurrente agotó los recursos administrativos antes de presentar la revisión judicial. Tras evaluar los argumentos y la evidencia, el Tribunal de Apelaciones concluyó que la resolución recurrida debía ser revocada. La sentencia revoca el dictamen del Departamento de Corrección y Rehabilitación.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico consideró la apelación de Daniel De Armas Ayala contra sentencias por varios delitos graves, incluyendo asesinato y violaciones a la Ley de Armas. El apelante solicitó la revocación de su condena argumentando que el veredicto del jurado no fue unánime, basándose en la doctrina establecida por los tribunales supremos de Estados Unidos y Puerto Rico. El Ministerio Público, representado por el Procurador General, concurrió con la solicitud del apelante, reconociendo que procedía revocar las sentencias y ordenar un nuevo juicio. El Tribunal de Apelaciones declaró Con Lugar la moción del apelante. En consecuencia, revocó la sentencia dictada en su contra y ordenó la celebración de un nuevo juicio en el Tribunal de Primera Instancia. Adicionalmente, el tribunal apelativo ordenó al foro de instancia continuar los esfuerzos para localizar e informar a las víctimas o sus familiares sobre el desarrollo del caso. Finalmente, se ordenó al Tribunal de Primera Instancia celebrar una vista de fijación de fianza para el apelante en un término de cinco días laborables.

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Este caso constituye una revisión judicial de resoluciones de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) relativas a la consolidación de unidades electorales, presentada por el Comisionado Electoral del PPD. El Tribunal Supremo de Puerto Rico determinó previamente que los recursos electorales ante el Tribunal de Apelaciones deben tramitarse como revisiones judiciales, no como autos discrecionales de certiorari. El Supremo estableció que el Tribunal de Primera Instancia, al revisar actuaciones de la CEE en estos casos, debe celebrar un juicio de novo, recibiendo prueba y formulando determinaciones de hecho y conclusiones de derecho, en lugar de aplicar criterios de razonabilidad y deferencia administrativa. Aunque el Tribunal de Primera Instancia celebró una vista evidenciaria y recibió prueba, basó su decisión en la razonabilidad y deferencia a la CEE, confirmando su actuación. El Tribunal de Apelaciones revoca la sentencia del foro primario. La revocación se fundamenta en que el Tribunal de Primera Instancia erró al no adjudicar el caso mediante un juicio de novo, tal como exige el Código Electoral y la jurisprudencia del Tribunal Supremo, aplicando en su lugar el estándar incorrecto de revisión administrativa.

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Este caso surge de la apelación presentada por el Partido Nuevo Progresista (PNP) contra una sentencia del Tribunal de Primera Instancia. Dicha sentencia revocó la decisión del Directorio del PNP de no certificar a Félix Alberto Matías Rodríguez como aspirante a la alcaldía de Cataño para las Elecciones Generales 2020. El Comité Evaluador del PNP inicialmente denegó la certificación por deficiencias en sus planillas de contribución y la falta de una certificación de adiestramiento. Aunque el Sr. Matías Rodríguez intentó subsanar y solicitó revisión, el Directorio del PNP ratificó la no certificación. El Tribunal de Primera Instancia, sin embargo, determinó que el Sr. Matías Rodríguez había cumplido con los requisitos al momento de la reconsideración y ordenó su certificación. El PNP apela esta decisión, argumentando que el Tribunal de instancia erró al revocar su determinación, considerando que el apelado no presentó la certificación de estadidad a tiempo ante el Comité Evaluador y que persistían dudas sobre su estado financiero. El Tribunal de Apelaciones procede a resolver la controversia planteada en la apelación.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de certiorari. La peticionaria, Maribel Arzuaga Monserrate, impugna una resolución del Tribunal de Primera Instancia. Dicha resolución denegó una solicitud de extensión de término para presentar un informe pericial médico en un caso de daños y perjuicios contra Me Salvé, Inc. La peticionaria alegó que la denegatoria eliminó su prueba pericial esencial para el caso. El litigio de origen versa sobre daños sufridos por la peticionaria tras una caída en una tienda de la recurrida. La peticionaria había solicitado extensiones previas, citando demoras en la obtención de expedientes médicos necesarios para la preparación del informe pericial. El foro primario concedió algunas extensiones, pero denegó la última solicitud. El TPI consideró que las gestiones para obtener los récords y evaluar a la peticionaria fueron a destiempo y no constituían justa causa para una nueva extensión. La Sentencia revisa la corrección de la decisión del TPI de denegar la extensión y eliminar la prueba pericial.

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Pablo José Casellas Toro apeló las sentencias de culpabilidad dictadas en su contra por el Tribunal de Primera Instancia en 2014. Fue condenado a 109 años de prisión tras ser encontrado culpable por un jurado (11-1) de asesinato en primer grado, destrucción de pruebas y violación a la Ley de Armas. También fue hallado culpable de declaración falsa en un juicio por tribunal. Casellas Toro solicitó la revocación de las sentencias y la orden de un nuevo juicio. Fundamentó su petición en la norma de veredicto unánime para delitos graves establecida por el Tribunal Supremo de EE.UU. en *Ramos v. Louisiana* y acogida por el Tribunal Supremo de Puerto Rico en *Pueblo v. Torres Rivera*. Argumentó que esta nueva norma le es aplicable porque su caso aún no es final y firme. El Tribunal de Apelaciones consideró la solicitud y la respuesta del Ministerio Público. Como resultado, el Tribunal de Apelaciones dejó sin efecto las sentencias condenatorias por los tres delitos graves y ordenó la celebración de un nuevo juicio para estos cargos.

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Este documento es una Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de custodia. El señor Álex Arriaga López solicitó urgentemente el traslado de sus dos hijas menores desde Las Vegas, Nevada, donde se encontraban con su madre, la señora Karla D. Perea Toledo, a Puerto Rico, pidiendo además la custodia permanente. El padre alegó que la madre no regresó a las niñas en la fecha acordada y que vivían en condiciones inseguras. El Tribunal de Primera Instancia inicialmente denegó la solicitud urgente y requirió información adicional sobre la notificación a la madre, la salud de las menores y el plan de viaje. Posteriormente, el padre solicitó emplazamiento por edicto, alegando que la madre se encontraba fuera de Puerto Rico. El Tribunal de Primera Instancia emitió una Orden el 1 de mayo de 2020 concediendo al padre la custodia permanente y ordenando el traslado de las menores a Puerto Rico. La señora Perea Toledo apeló esta decisión ante el Tribunal de Apelaciones. El Tribunal de Apelaciones acogió el recurso como certiorari. Por los fundamentos que expondrá, el Tribunal de Apelaciones expide el auto y revoca el dictamen recurrido del Tribunal de Primera Instancia.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico evalúa las apelaciones de Christian Rivera Galindez y Salvador González Vélez, quienes fueron condenados en 2017. Fueron hallados culpables por veredictos de jurado no unánimes de delitos graves, incluyendo asesinato en primer grado y robo agravado. Se les impusieron penas de prisión de 124 y 119 años, respectivamente. Durante el proceso de apelación, el Tribunal Supremo de Estados Unidos dictaminó en *Ramos v. Louisiana* que los veredictos no unánimes violan la Sexta Enmienda. El Tribunal Supremo de Puerto Rico confirmó la aplicación de esta norma en *Pueblo v. Torres Rivera*. Los apelantes solicitaron la absolución o un nuevo juicio basándose en la decisión *Ramos*. El Procurador General aceptó la necesidad de un nuevo juicio pero se opuso a la absolución. El Tribunal de Apelaciones, aplicando la jurisprudencia reciente, declara Ha Lugar la solicitud de un nuevo juicio. Se deniega la petición de absolución de los delitos. Se ordena la celebración de una vista para determinar la fianza de los apelantes mientras esperan el nuevo proceso judicial.

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Este documento es una sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. Atiende una apelación presentada por Universal Insurance Company. Universal busca revocar una sentencia del tribunal de primera instancia que favoreció a Grissel Martínez Silva en una demanda por daños y perjuicios. Martínez Silva demandó a Universal y a su asegurada tras un accidente de auto en 2013 donde resultó herida como pasajera. Alegó que el accidente fue causado por la negligencia de la conductora asegurada y reclamó daños físicos y emocionales significativos. Universal negó la responsabilidad y presentó defensas afirmativas, incluyendo los límites de la póliza. El caso llegó a juicio, donde ambas partes presentaron prueba y testimonio pericial. Una sentencia parcial previa había desestimado la acción contra la conductora asegurada por motivos procesales. El Tribunal de Apelaciones revisa ahora la decisión del foro primario que declaró Ha Lugar la demanda contra Universal.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en una apelación de Scotiabank de Puerto Rico. El caso original fue presentado por Antonio Vega Piñeiro por despido injustificado, discrimen y represalias. El Tribunal de Primera Instancia concedió parcialmente una sentencia sumaria a Scotiabank, desestimando las reclamaciones por discrimen y represalias. No obstante, el foro primario denegó resolver sumariamente la causa de acción por despido injustificado y la determinación sobre la antigüedad del empleado bajo la figura de traspaso de negocio en marcha. Scotiabank apeló esta denegatoria parcial. El Tribunal de Apelaciones anuncia su intención de modificar la sentencia apelada para resolver la causa de acción pendiente sobre el despido injustificado y la antigüedad. El documento presenta los antecedentes del caso, incluyendo los argumentos del empleado sobre despido pretextado, discrimen por edad y represalias, y la defensa del banco sobre despido justificado por reestructuración y la fecha de inicio de la relación laboral.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico deniega un recurso de certiorari presentado por Enrique Torres David. El peticionario impugnaba la resolución del Tribunal de Primera Instancia que desestimó su Moción bajo la Regla 192.1. En dicha moción, solicitaba la resentencia, argumentando que la pena impuesta tras su alegación de culpabilidad era ilegal y que su alegación fue coaccionada, cuestionando los hechos subyacentes. El peticionario se había declarado culpable mediante preacuerdo por delitos graves, recibiendo una pena suspendida que posteriormente fue revocada. El foro primario denegó la moción, concluyendo que la alegación de culpabilidad fue libre y voluntaria, y que los argumentos del peticionario eran cuestiones fácticas renunciadas al aceptar el preacuerdo. El Tribunal de Apelaciones valida esta decisión. Señala que la Regla 192.1 es un mecanismo para cuestionar la legalidad de la sentencia o el confinamiento por fundamentos de derecho específicos. No permite reabrir debates sobre los hechos o la voluntariedad de una alegación de culpa aceptada previamente. Consecuentemente, se deniega la expedición del auto solicitado.

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Oriental Bank apeló la desestimación de su demanda de ejecución de hipoteca contra ISAN, LLC. El pleito se originó tras un proceso de ejecución previo donde una propiedad hipotecada no fue adjudicada por Oriental Bank luego de declararse desierta la tercera subasta. El deudor original vendió posteriormente dicha propiedad a ISAN. ISAN solicitó la desestimación argumentando que la falta de adjudicación por parte del banco extinguió la hipoteca y el derecho real, dejando solo una acción personal. Oriental Bank sostuvo que la adjudicación era un acto potestativo. El Tribunal de Primera Instancia desestimó la demanda. El Tribunal de Apelaciones revisó el recurso y confirmó la sentencia apelada. La decisión se basa en la interpretación de las consecuencias de no adjudicar la propiedad según la ley hipotecaria aplicable.

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Se revisa la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que declaró Con Lugar la demanda de Scotiabank de Puerto Rico contra Magdalena Ramos Rosario. El caso original versó sobre cobro de dinero y ejecución de hipoteca por incumplimiento de pago. Scotiabank alegó que la propiedad no era la residencia principal de la apelante, mientras que esta sostuvo lo contrario. El proceso judicial incluyó intentos de mediación obligatoria bajo la Ley Núm. 184-2012. La mediadora informó que Scotiabank no brindó la orientación requerida y que la mediación concluyó por desistimiento. Tras una segunda sesión de mediación, Scotiabank comunicó al tribunal que la apelante no cualificaba para alternativas de pago por no residir en la propiedad y solicitó sentencia. La apelante se opuso, argumentando que Scotiabank violó la confidencialidad de la mediación y presentó información incorrecta. El Tribunal de Apelaciones señala que Scotiabank no presentó alegato en oposición al recurso. Tras evaluar el expediente, el Tribunal adelanta su determinación de revocar el dictamen apelado.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resolviendo una apelación en un caso de cobro de dinero. El apelante, Eric Delgado Torres, impugnó la sentencia del Tribunal de Primera Instancia que le ordenaba pagar a Banco Popular de Puerto Rico. La demanda original de Banco Popular reclamaba el pago de balances adeudados en tres cuentas de tarjetas de crédito. El señor Delgado Torres negó las alegaciones y la existencia de una relación contractual probada. En primera instancia, el tribunal concedió la moción de sentencia sumaria a favor de Banco Popular. El apelante recurrió esta decisión ante el Tribunal de Apelaciones. Ambas partes presentaron sus argumentos y el tribunal revisó el expediente procesal. El Tribunal de Apelaciones ha determinado confirmar la sentencia emitida por el foro primario.

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El Municipio de Maunabo apeló la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó su demanda. La acción legal fue incoada contra Cobra Acquisitions, LLC y la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE). El Municipio reclamaba el pago de arbitrios de construcción y patentes municipales. Estos cargos se derivan de trabajos de reconstrucción de la infraestructura eléctrica realizados por Cobra para la AEE en Maunabo tras el huracán María. El Municipio alegó incumplimiento en el pago de los arbitrios y patentes, así como la omisión en la presentación de declaraciones y la información de contratos. Cobra y la AEE solicitaron la desestimación del caso. Sus argumentos incluyeron la exención contributiva de la AEE, su estatus bajo la Ley PROMESA, la ausencia de una parte indispensable como FEMA y la falta de jurisdicción de los tribunales locales. La Sentencia del Tribunal de Apelaciones determinará la procedencia de la desestimación de la demanda municipal.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico que revisa un fallo de culpabilidad contra Julio Rivera Berrios. El apelante fue encontrado culpable en el Tribunal de Primera Instancia por actos lascivos (Art. 133(F) C.P.) y maltrato a menores (Art. 59 Ley 246). Se le impusieron penas concurrentes de quince y cinco años de prisión, cumplideras bajo sentencia suspendida. Rivera Berrios apeló, alegando que el tribunal primario erró al hallar culpabilidad a pesar de contradicciones en la prueba y una investigación deficiente. Argumentó que no se probó su culpabilidad más allá de duda razonable. El Pueblo de Puerto Rico, como apelado, defendió la sentencia, afirmando que la prueba presentada fue suficiente. Tras evaluar los planteamientos, el Tribunal de Apelaciones determinó confirmar la sentencia dictada por el Tribunal de Primera Instancia.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa una sentencia del Tribunal de Primera Instancia, Sala Municipal de Patillas, en un caso de cobro de dinero. El demandante, Santos Rodríguez Crespo, reclamó una deuda de \$7,650.00 (luego ajustada a \$6,000.00 más intereses) basada en un pagaré contra Sixto Pabón García. El foro primario dictó sentencia en rebeldía a favor del demandante tras la incomparecencia del demandado a la vista inicial bajo la Regla 60 de Procedimiento Civil. El demandado-apelante, Sixto Pabón García, presentó posteriormente contestación, solicitó levantar la rebeldía y pidió reconsideración de la sentencia. Alegó que el préstamo era nulo desde su origen, argumentando que el demandante operaba como prestamista sin licencia y cobraba intereses usurarios. Sostuvo que la deuda no era líquida ni exigible debido a esta supuesta ilicitud. El Tribunal de Apelaciones, tras analizar los argumentos, ha determinado revocar el dictamen recurrido. El documento detalla el historial procesal y las posiciones de las partes que llevaron a esta decisión apelativa.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en un recurso de certiorari presentado por Carlos Martínez González contra Panadería y Dulcería La Ceiba, Inc. El recurso surge de un procedimiento sumario bajo la Ley Núm. 2-1961 sobre despido injustificado y cobro de haberes. El peticionario impugna la resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó su solicitud de anotación de rebeldía contra la recurrida. La recurrida presentó su contestación a la querella fuera del término de diez días establecido por la Ley Núm. 2, pero el foro primario la aceptó y denegó la rebeldía. La recurrida no compareció ante el Tribunal de Apelaciones tras ser requerida. El Tribunal de Apelaciones examinó el recurso. Por los fundamentos expuestos, el Tribunal de Apelaciones expide el auto de certiorari solicitado. Consecuentemente, revoca la resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó la anotación de rebeldía y aceptó la contestación tardía.

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Este caso ante el Tribunal de Apelaciones surge de una demanda de cobro de dinero presentada por Kari Ann Sewell Irizarry contra Evaristo Freiría Villamil, basada en un acuerdo de transacción por \$200,000. Inicialmente, se dictó sentencia en rebeldía contra el demandado por no contestar. Posteriormente, la rebeldía fue levantada tras el demandado presentar contestación y una reconvención alegando un crédito por supuestos pagos en exceso de pensión alimenticia. La demandante solicitó sentencia sumaria, a la cual el demandado se opuso. El Tribunal de Primera Instancia dictó sentencia sumaria a favor de la demandante por la suma reclamada más intereses y costas, desestimando la reconvención por falta de prueba. El demandado apeló, argumentando que el foro primario erró al conceder la sentencia sumaria existiendo una controversia sobre el monto de la deuda debido al crédito alegado y al no tomar conocimiento judicial de un caso previo. El Tribunal de Apelaciones revisa si procedía la sentencia sumaria ante la alegada existencia de hechos materiales en controversia.

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El Tribunal de Apelaciones revisa una sentencia del Tribunal de Primera Instancia, Sala de Ponce. Scotiabank de Puerto Rico demandó a Edwin Daniel Cruz Torres por cobro de dinero y ejecución de hipoteca. La demanda se basó en el incumplimiento de un pagaré hipotecario suscrito en 2011. El tribunal primario autorizó el emplazamiento por edicto tras intentos en direcciones conocidas del apelante. Scotiabank envió copias de la demanda y el edicto a dichas direcciones, las cuales fueron recibidas. El Tribunal de Primera Instancia dictó sentencia declarando Con Lugar la demanda, ordenando el pago de la deuda o la ejecución de la hipoteca. El apelante recurrió, alegando que no fue debidamente notificado de la demanda. Argumentó que Scotiabank conocía su dirección correcta por un pleito anterior y que la propiedad hipotecada estaba inhabitable. El Tribunal de Apelaciones, tras revisar los fundamentos, confirma la sentencia apelada.

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La señora Leydy Guzmán Lorenzo presentó un recurso de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones en un caso de divorcio. Solicitó dejar sin efecto una determinación emitida por la Examinadora de Pensiones Alimentarias (EPA). Dicha determinación recomendaba nombrar un Comisionado para atender controversias sobre ingresos y canceló una vista señalada. El Tribunal de Apelaciones procedió a examinar su jurisdicción para atender el recurso presentado. Concluyó que el auto de certiorari en este foro se utiliza para revisar órdenes o resoluciones dictadas por el Tribunal de Primera Instancia. La determinación impugnada proviene de la EPA, no de una orden o resolución del foro primario. Por tanto, el Tribunal determinó que no tiene ante sí una determinación revisable mediante certiorari. La falta de jurisdicción sobre la materia impone la desestimación del recurso. En consecuencia, el Tribunal desestimó el presente recurso de certiorari.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa una sentencia del Tribunal de Primera Instancia en un caso entre The Yacht Club, LLC (TYC) y PDM Utility Corp. (PDMU). TYC apeló la decisión que le ordenó pagar \$160,000 en cargos iniciales de conexión al sistema de acueductos operado por PDMU. La sentencia apelada también desestimó la demanda de TYC que buscaba una sentencia declaratoria y un injunction permanente. TYC argumentaba que un acuerdo previo sobre los cargos de conexión no le era oponible. La controversia surge por el cargo de conexión para la marina propiedad de TYC en Palmas del Mar. PDMU, como operador autorizado del sistema de agua, calculó el cargo basándose en tarifas residenciales aprobadas. La Comisión de Servicio Público (CSP) validó posteriormente el cálculo, indicando que los \$160,000 resultaban de aplicar la tarifa residencial a 32 unidades equivalentes. El Tribunal de Primera Instancia dictó sentencia sumaria a favor de PDMU, ordenando el pago y desestimando la demanda de TYC. Tras revisar los argumentos, el Tribunal de Apelaciones determina confirmar la sentencia apelada.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico consideró una apelación presentada por Popular Auto, LLC. Popular Auto solicitó la revocación de una sentencia del Tribunal de Primera Instancia relativa a reclamaciones sobre financiamiento de vehículos, inscripción de título e incumplimientos contractuales contra varios demandados, incluyendo a Mazda 65 Inc., Universal Insurance Company, Daisy Rodríguez Meléndez y Marcos Comas Ramírez. La demanda original surgió de la compra de un vehículo financiado por Popular Auto, donde Marcos Comas Ramírez alegó posteriormente ser un comprador de buena fe y titular registral. El Tribunal de Primera Instancia había fallado mayormente a favor de Popular Auto, pero desestimó la acción contra Comas Ramírez, al determinar que Popular Auto carecía de legitimación activa para reclamar prescripción instantánea contra él. Popular Auto había solicitado sentencia sumaria afirmando su titularidad por prescripción adquisitiva y la responsabilidad de Mazda y Universal. Tras revisar el caso, el Tribunal de Apelaciones confirmó la sentencia emitida por el Tribunal de Primera Instancia.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico, Panel III, considera la apelación de Edwin Domínguez Torres contra una sentencia del Tribunal de Primera Instancia que lo declaró culpable por el Art. 2.8 de la Ley 54 de Violencia Doméstica. El apelante había solicitado una prórroga para presentar su alegato inicial. El Tribunal decidió resolver el recurso sin necesidad de trámites adicionales, amparándose en su facultad reglamentaria para agilizar el despacho. La sentencia enfatiza la prioridad de las cuestiones jurisdiccionales, señalando que el Tribunal de Apelaciones debe ser celoso guardián de su jurisdicción y puede desestimar recursos *motu proprio* por falta de la misma. Aunque reconoce la política pública de resolver los casos en sus méritos, la sentencia destaca la necesidad de cumplir rigurosamente con las normas procesales para el perfeccionamiento de los recursos apelativos. Se subraya la obligación de los abogados de acatar fielmente los trámites prescritos en leyes y reglamentos.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en un recurso de certiorari relacionado con un proceso de revisión de pensión alimentaria. Kevin Vázquez Muñoz (Peticionario) impugna una Orden del Tribunal de Primera Instancia que le exigió producir amplia información económica solicitada por Leticia Reyes Rivera (Recurrida). La revisión de pensión se inició tras un cambio en la custodia de uno de los hijos menores. Durante el proceso ante una examinadora, la madre solicitó numerosos documentos financieros al padre. El padre argumentó que la solicitud era excesiva y que la madre no había cumplido con su obligación de someter su propia Planilla de Información Personal y Económica (PIPE). El Tribunal de Primera Instancia ordenó al padre cumplir con el requerimiento de la madre. El padre recurrió, señalando que el tribunal erró al ordenar la producción de documentos sin que la madre radicara su PIPE y al ignorar la naturaleza sumaria del procedimiento. El Tribunal de Apelaciones expidió el auto discrecional. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones revocó la Orden recurrida, encontrando error en la determinación del tribunal de instancia.

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El Tribunal de Apelaciones desestima el recurso presentado por el señor David Del Valle García. La desestimación se fundamenta en una moción presentada por el Municipio Autónomo de San Juan, parte apelada. El MASJ alegó que el apelante incumplió con la Regla 14(B) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones. Dicha regla requiere notificar al Tribunal de Primera Instancia la presentación del recurso ante el Tribunal de Apelaciones dentro de las setenta y dos horas siguientes. Este término es de cumplimiento estricto, y su incumplimiento solo se excusa con justa causa demostrada. El apelante no realizó la notificación requerida ni respondió a la orden del Tribunal para oponerse a la desestimación. Ante la falta de diligencia y el incumplimiento reglamentario sin justificación, el Tribunal procede a desestimar el recurso.

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El Tribunal de Apelaciones resolvió dos recursos de revisión administrativa consolidados, presentados por J&J Builder Contractors Group y Danosa Caribbean, Inc. contra la Autoridad de Puertos y sus juntas. Los recurrentes impugnaron la adjudicación de la Subasta Núm. 8-89 para la reparación del techo del Aeropuerto Mercedita, otorgada a JGR Eco-Logical Group. Previamente, J&J Builder solicitó reconsideración ante la Junta Apelativa de Subasta. Dicha junta denegó la reconsideración por falta de jurisdicción, alegando incumplimiento con requisitos procesales como la notificación a otras partes y la fianza. Los recurrentes acudieron entonces al Tribunal de Apelaciones, argumentando, entre otras cosas, defectos en la notificación de la decisión administrativa y los términos para recurrir judicialmente. La Autoridad de Puertos y el licitador agraciado solicitaron la desestimación de los recursos por falta de jurisdicción. Tras examinar los escritos, el Tribunal determinó que carecía de jurisdicción para atender las revisiones. En consecuencia, la Sentencia desestimó ambos recursos de revisión judicial.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de revisión administrativa. La Asociación de Laboratorios Clínicos (ALC) impugnó una determinación de la Oficina del Comisionado de Seguros (OCS). La OCS había resuelto que la aseguradora Triple S no incumplió la Ley Núm. 104-2002, Ley para el Pago Puntual de Reclamaciones al Proveedor. La ALC había reclamado ante la OCS que Triple S implementó cambios unilaterales a las políticas y tarifas de pago para servicios de laboratorio a través de su Manual de 2015. Alegó que estos cambios redujeron las tarifas y agruparon procedimientos sin la notificación requerida por ley. La OCS había dirigido inicialmente a la ALC a agotar los remedios internos con Triple S. Tras revisar el expediente y los argumentos, el Tribunal de Apelaciones confirmó la determinación de la OCS. El tribunal concluyó que Triple S no violentó las disposiciones de la Ley Núm. 104-2002 en cuanto a los alegatos de la ALC.

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Se trata de una revisión judicial ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. Luis E. Landestoy Zapata recurre una resolución del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACo). La querella original de Landestoy ante DACo era contra la Junta de Directores y el Consejo de Titulares del Condominio Playa Dorada. La querella se relacionaba con el cobro de cuotas de mantenimiento, derramas, intereses y penalidades, y la posterior suspensión del servicio eléctrico de su apartamento. DACo desestimó la querella por falta de jurisdicción, al entender que no se presentó dentro del término estatutario de noventa días. Landestoy solicitó reconsideración a DACo, argumentando una interpretación errada del término y la falta de remisión al Comité de Conciliación. DACo no actuó sobre la moción de reconsideración, lo que llevó a este recurso de revisión judicial. El recurrente cuestionó la aplicación y cómputo de los términos por parte de DACo. El Tribunal de Apelaciones evaluó el recurso y los documentos presentados. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones confirmó el dictamen de DACo que desestimó la querella por falta de jurisdicción.

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Procedimiento de revisión ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico instado por Pablo Medina Vega contra el Departamento de Corrección y Rehabilitación. El recurrente alegó que el Departamento incumplió con remitir a la Junta de Libertad bajo Palabra los documentos necesarios para evaluar su elegibilidad. Esta omisión impidió a la Junta realizar una evaluación completa, resultando en la denegación de la libertad bajo palabra. El caso, inicialmente presentado ante el Tribunal de Primera Instancia, fue remitido al Tribunal de Apelaciones conforme a la intención del recurrente. Ante el Tribunal de Apelaciones, el Departamento de Corrección presentó una solicitud de desestimación. Arguyó que el recurrente había cumplido la totalidad de su sentencia mientras el recurso estaba pendiente. Este hecho posterior tornó la controversia sobre el requerimiento de documentos para la evaluación de libertad bajo palabra en académica. El Tribunal de Apelaciones, tras evaluar el recurso y la solicitud de desestimación, procedió a desestimar el caso. La desestimación se fundamentó en que la controversia había perdido su justiciabilidad al haber el recurrente cumplido su sentencia. El Tribunal reafirmó su deber de no adjudicar controversias académicas por falta de jurisdicción.

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Comparece ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico un recurso de revisión judicial contra una resolución del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACo). Jorge E. Basmesón Díaz y Enid Y. Correa Maldonado recurren la desestimación de su querella administrativa por el DACo. La querella original involucró a Casas Mi Edén, Inc. y otros, relacionada con un contrato de construcción de vivienda. Los recurrentes alegaron gastos adicionales imprevistos por materiales de construcción que, a su juicio, debió proveer Casas Mi Edén. También reclamaron que los créditos otorgados para acabados como puertas y gabinetes eran insuficientes. Acusaron al ingeniero Adolfo Cuevas Marrero de negligencia por modificar los planos sin informarles, generando costos inesperados en la cimentación debido al terreno. Sostienen que estas situaciones constituyen incumplimiento contractual, dolo y negligencia, resultando en vicios de construcción y ruina funcional de la estructura. El recurso busca la revocación de la resolución del DACo que desestimó su querella.

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Este documento es una resolución emitida por el Panel II del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico el 13 de marzo de 2020. Se refiere al caso número KLRX202000005, entre Guillermo López Pérez como peticionario y Hon. Rosa N. Russe García como recurrida. El caso provino del Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan (Caso Núm. SJ2019CV11354) y trataba sobre Mandamus, Entredicho Provisional, Injunction Preliminar y Permanente, y Sentencia Declaratoria. La resolución atiende una Solicitud de Desistimiento presentada por el peticionario, Sr. Guillermo López Pérez. El Tribunal declara ha lugar la Solicitud de Desistimiento. Como consecuencia, se ordena el cierre y archivo del recurso por desistimiento. La resolución fue acordada por el panel de jueces y certificada por la Secretaria del Tribunal.

Resumen:

Recursos de revisión administrativa fueron presentados por J&J Builder Contractors Group y Danosa Caribbean, Inc. Ambos impugnaron la adjudicación de la Subasta Núm. 8-89 por la Autoridad de Puertos de Puerto Rico a favor de JGR Eco-Logical Group, LLC. J&J Builder solicitó reconsideración ante la Junta Apelativa de Subasta de la agencia. La Junta Apelativa denegó la reconsideración por falta de jurisdicción, alegando que no se cumplieron requisitos procesales como la notificación a otras partes y la presentación de fianza. Los recurrentes acudieron al Tribunal de Apelaciones, argumentando, entre otras cosas, que la notificación de la decisión final de la Junta Apelativa era defectuosa. Los recursos de J&J Builder (KLRA202000075) y Danosa (KLRA202000076) fueron consolidados por estar íntimamente relacionados. La Autoridad de Puertos y el licitador agraciado solicitaron la desestimación de los recursos por falta de jurisdicción. El Tribunal de Apelaciones resuelve desestimar los recursos de revisión judicial por falta de jurisdicción.

Resumen:

Odeh Petroleum, Corp. y otros solicitaron la revisión judicial de permisos de construcción y uso otorgados por el Municipio Autónomo de Caguas a Sammy Odeh & Sons, Inc. Los permisos autorizaban la remodelación de una estación de gasolina y la construcción de una tienda de conveniencia. Los recurrentes se opusieron a la otorgación de estos permisos. Previamente, habían iniciado procesos de revisión administrativa ante la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe). La OGPe intervino en una ocasión ordenando la correcta notificación de un permiso. Se presentó una segunda revisión administrativa ante la OGPe impugnando el permiso de construcción original. El Municipio emitió posteriormente un permiso enmendado y un permiso único. El Tribunal de Apelaciones desestimó el recurso de revisión judicial. La desestimación se fundamentó en que los permisos aún estaban sujetos a revisión administrativa, concluyendo que el recurso era prematuro y carecía de jurisdicción.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de alimentos. El recurrente impugna una orden de encarcelamiento por desacato civil dictada por el Tribunal de Primera Instancia por deuda de pensión alimentaria. La deuda se remonta a 2013, inicialmente cerca de $37,000, y actualmente asciende a $5,434.34. El Tribunal de Primera Instancia declaró al recurrente en desacato y ordenó su arresto por no saldar la deuda total en la fecha señalada, a pesar de un abono parcial. El recurrente solicitó reconsideración alegando falta de jurisdicción tras la mayoría de edad de la menor, pero el tribunal inferior denegó la petición. El Tribunal de Apelaciones expidió el auto de certiorari solicitado. En su decisión, revocó la Orden de Encarcelamiento por desacato. Sin embargo, ordenó al recurrente comparecer a una vista futura ya señalada. En dicha vista, deberá abonar la cantidad de $3,000 a su deuda de pensión alimentaria.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una sentencia en revisión judicial. El recurrente, Enrique Rivera Colón, exmiembro de la Policía, reclama el pago de horas extras acumuladas. Tras múltiples comunicaciones sin respuesta de la Policía solicitando el disfrute o pago de dichas horas, presentó una apelación ante la Comisión Apelativa del Servicio Público (CASP) en 2006. La Policía solicitó la desestimación ante la CASP, alegando falta de jurisdicción. Argumentaron que la apelación fue presentada fuera del término reglamentario y que Rivera Colón, al estar retirado, no estaba sujeto a la normativa aplicable a empleados activos. La CASP desestimó la apelación del señor Rivera Colón por falta de jurisdicción. El recurrente presentó una revisión judicial ante el Tribunal de Apelaciones contra la decisión de la CASP. El Tribunal de Apelaciones resuelve revocar el dictamen de la CASP.

Resumen:

El Secretario de Justicia y el Comisionado del Negociado de Investigaciones Especiales (NIE) presentaron un recurso de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. Solicitaron la revisión de una Orden del Tribunal de Primera Instancia que les obligaba a entregar un Informe Preliminar de Investigación a una comisión especial de la Cámara de Representantes. Dicho informe se relacionaba con la investigación sobre el hallazgo de un almacén de suministros en Ponce. Los funcionarios se habían negado a divulgar el informe, alegando su carácter confidencial debido a una investigación en curso. El Presidente de la Cámara había acudido al TPI bajo el Artículo 34-A del Código Político para compeler la entrega del documento. El TPI ordenó la entrega, lo que motivó el recurso de apelación. Los peticionarios también solicitaron la paralización de los procedimientos en el TPI, incluyendo una vista de desacato, la cual fue concedida inicialmente por el Tribunal de Apelaciones. No obstante, tras evaluar el recurso, el Tribunal de Apelaciones desestimó la petición de certiorari. La desestimación se fundamentó en la falta de jurisdicción por considerar el recurso prematuro. En consecuencia, se dejó sin efecto la paralización previamente decretada.

Resumen:

Lutgardo Acevedo López solicitó al Tribunal de Apelaciones revisar una Orden del Tribunal de Primera Instancia. Dicha Orden denegó su petición de corrección de sentencia estatal. Acevedo había sido sentenciado a ocho años de prisión por un delito de segundo grado, pena reducida mediante acuerdo para cumplirse concurrentemente con una sentencia federal previa. Argumentó que la sentencia de ocho años era ilegal, pues la pena mínima para el delito era mayor. También reclamó crédito por el tiempo que estuvo bajo custodia federal. El Tribunal de Primera Instancia denegó la corrección y la reconsideración. Inconforme, Acevedo presentó una Petición de Certiorari ante el Tribunal de Apelaciones. El Tribunal de Apelaciones, tras considerar el recurso, resolvió denegar la expedición del Certiorari.

Resumen:

El Gobierno de Puerto Rico y varios funcionarios apelan una sentencia del Tribunal de Primera Instancia (TPI). Dicha sentencia ordenó la divulgación inmediata de un "Informe Preliminar" preparado por el Negociado de Investigaciones Especiales (NIE). Este informe documenta la investigación sobre el manejo de un almacén de suministros en Ponce tras el terremoto de enero de 2020. La Asociación de Periodistas de P.R. y el Centro de Periodismo Investigativo habían solicitado el informe mediante un Mandamus, invocando la Ley de Transparencia. El Gobierno se opuso a la divulgación, argumentando que el informe era parte de una investigación en curso y estaba protegido por el privilegio de información oficial. El TPI había examinado el informe en cámara antes de determinar que procedía su divulgación. El Tribunal de Apelaciones revisa ahora la decisión del TPI sobre la confidencialidad o divulgación del documento. Tras examinar el informe, el panel del Tribunal de Apelaciones decidió prescindir de la comparecencia de la parte apelada para resolver la apelación.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico, Panel VIII, emitió una sentencia el 12 de marzo de 2020 en el caso KLAN202000206. Las partes en este recurso eran el Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico como apelantes y Antonio Cruz Batista como apelado. La sentencia responde a un "Aviso de Desistimiento" presentado por la parte apelante el 10 de marzo de 2020. En virtud de dicho aviso, el Tribunal ordenó el archivo y cierre del caso. Esta determinación se basó en el desistimiento sin perjuicio, conforme a la Regla 83(A) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones. Adicionalmente, el Tribunal dispuso el desglose del apéndice del recurso. La sentencia fue acordada por el panel integrado por los jueces Hernández Sánchez, Brignoni Mártir y Grana Martínez.

Resumen:

Este documento es una sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. La apelante, Lilliam Santiago Ortiz, solicita la revocación de una sentencia sumaria emitida por el Tribunal de Primera Instancia. Dicha sentencia desestimó su demanda por daños y perjuicios contractuales contra la Cooperativa de Seguros Múltiples de Puerto Rico. La señora Santiago Ortiz demandó a la aseguradora por el impago de la totalidad de los daños sufridos en su residencia tras el Huracán María, estimados en $\$ 194,318.40$. La Cooperativa se defendió invocando la doctrina de pago en finiquito, alegando que la apelante aceptó tres cheques por un total de $\$ 29,240.41$ como pago final y total de su reclamación. El Tribunal de Primera Instancia aplicó esta doctrina, determinando que la apelante aceptó la liquidación total al endosar y depositar los cheques, los cuales indicaban ser el pago completo. La sentencia detalla los hechos relevantes del caso y el fundamento legal de la sentencia sumaria recurrida.

Resumen:

Se trata de una apelación presentada por Zulma M. Renta Ramos contra una sentencia de cobro de dinero a favor de Orlando Cameron Gordon. La apelación, radicada inicialmente en el Tribunal de Primera Instancia, sufrió un retraso en su envío al Tribunal de Apelaciones debido a un error administrativo. Una vez recibido el recurso, el Tribunal de Apelaciones notificó a la apelante varias deficiencias, incluyendo la falta de pago del arancel, la ausencia de la cubierta del escrito y la insuficiencia de copias. Posteriormente, el Tribunal emitió una resolución requiriendo a la apelante mostrar causa por la cual no debía desestimarse el recurso por incumplimiento reglamentario. La apelante no compareció ni respondió a dicha resolución dentro del término concedido. El Tribunal reitera la obligación de las partes, incluso las que comparecen por derecho propio, de cumplir rigurosamente con los reglamentos apelativos. El incumplimiento con requisitos procesales esenciales y la falta de respuesta a un apercibimiento pueden resultar en la desestimación del recurso. En consecuencia, el Tribunal de Apelaciones desestima la apelación por la inacción y el incumplimiento de la apelante.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una Sentencia en el caso de Ileana A. Calderón Cestero contra el Departamento de Transportación y Obras Públicas. La apelante recurre una decisión del Tribunal de Primera Instancia que declaró No Ha Lugar su recurso de revisión de un boleto de tránsito por exceso de velocidad. La apelante alegó que se violó su derecho al debido proceso de ley al celebrarse la vista en ausencia del agente de la Policía que emitió el boleto. El Tribunal de Apelaciones reitera la doctrina de deferencia a las determinaciones de hechos y apreciación de la prueba del foro de instancia. Señala que la parte que impugna la prueba oral debe acreditar el método de reproducción de la misma, conforme al Reglamento del Tribunal de Apelaciones. Al no haberse presentado una transcripción o seguido el procedimiento reglamentario para cuestionar la apreciación de la prueba, el Tribunal confirma el dictamen apelado.