Casos del Tribunal de Apelaciones (Página 20)

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisó una decisión administrativa sobre un despido injustificado bajo la Ley Núm. 80-1976. Cost Control Company, Inc. (CCC) solicitó la revocación de una Resolución y Orden de la Oficina de Mediación y Adjudicación (OMA) del Departamento del Trabajo. La OMA había declarado Con Lugar la querella de Jonathan Román Santiago, determinando que su despido fue injustificado y ordenando el pago de la mesada. CCC argumentó que el despido se debió a la terminación de su contrato con la Administración de Vivienda Pública (AVP), de la cual dependía la necesidad del empleo. La defensa de CCC se basó en la expiración del contrato con AVP y una cláusula en el contrato probatorio del empleado. Tras examinar el escrito, la prueba oral y el derecho aplicable, el Tribunal de Apelaciones confirmó la Resolución recurrida. La sentencia ratifica la determinación de que el despido fue injustificado.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de revisión judicial presentado por la Corporación del Fondo del Seguro del Estado (CFSE). La CFSE solicita la revocación de una Resolución de la Comisión Industrial de Puerto Rico. Dicha Resolución concluyó que la CFSE estaba impedida de recobrar el pago de seguro obrero de Cobra Acquisitions, LLC (COBRA) por su primer contrato con la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y sus enmiendas, entre octubre de 2017 y mayo de 2018. La Comisión razonó que la Orden Ejecutiva 2017-053, emitida tras el Huracán María, eximió a los contratistas y agencias de ciertos requisitos de contratación gubernamental durante la emergencia. Además, la Comisión determinó que COBRA podía legalmente usar su póliza de seguro de su estado de origen durante ese periodo para la contratación con la AEE. Por tanto, la CFSE no podía cobrar por estimado de nómina ni por subcontratistas para dicho contrato. El Tribunal de Apelaciones anuncia que, por los fundamentos que expondrá, modificará la Resolución recurrida. El caso versa sobre la aplicación de órdenes ejecutivas de emergencia post-Huracán María a los requisitos de seguro obrero en contratos gubernamentales.

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Francis M. Alicea Díaz presentó un recurso de revisión ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico contra una Resolución del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACo). Dicha resolución, emitida el 28 de junio de 2024, declaró sin lugar la querella de la señora Alicea contra José L. Núñez Otero h/n/c Ocean Auto Import y otros. La querella original se refería a la compraventa de un vehículo de motor usado que, según la querellante, presentaba defectos ocultos. El DACo determinó que la parte recurrida había atendido y corregido adecuadamente los desperfectos dentro del período de garantía aplicable. La señora Alicea apeló, alegando errores del DACo en la evaluación de la prueba, falta de prueba sustancial y actuación arbitraria, incluyendo señalamientos sobre el debido proceso. El Tribunal de Apelaciones revisó el caso. Por los fundamentos expuestos en su sentencia, el Tribunal confirmó la resolución emitida por el DACo.

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El Tribunal de Apelaciones consideró una petición de certiorari presentada por el Municipio Autónomo de Villalba y la alcaldesa interina. La petición buscaba revocar una resolución del Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Ponce. Dicha resolución del TPI declaró No Ha Lugar las mociones de desestimación presentadas por el Municipio. El caso subyacente fue iniciado por el alcalde electo de Villalba, quien impugnó dos resoluciones aprobadas por la administración saliente. Estas resoluciones autorizaban un plan de pago de deuda y la compra de un edificio por \$1.3 millones. El alcalde electo alegó que estas acciones fueron indebidas y buscó una sentencia declaratoria e interdicto para paralizarlas. El TPI había emitido previamente un interdicto preliminar deteniendo las resoluciones. El Municipio argumentó en sus mociones de desestimación problemas de justiciabilidad y falta de daño específico. Tras examinar el recurso, el Tribunal de Apelaciones denegó expedir el auto de certiorari.

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Esta resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico atiende una petición de certiorari presentada por Desk Trial Lawyers & Counselors, LLC. La firma solicita la revisión de una decisión del tribunal de primera instancia que denegó su moción de desestimación en un pleito por impericia profesional. Clientes anteriores alegan que la representación inadecuada de la firma en un caso previo resultó en una sentencia personal en su contra. Afirman que esta negligencia les causó costos legales sustanciales y angustias mentales. La firma argumentó que la reclamación por impericia era prematura, ya que los clientes no habían sufrido daños concretos y materializados, como pagar la sentencia o embargar bienes. Sin embargo, los clientes sostuvieron que ya habían incurrido en gastos significativos y angustias debido a las acciones de la firma. El tribunal de primera instancia encontró que las alegaciones de los clientes eran suficientes para potencialmente establecer una causa de acción y denegó la solicitud de desestimación. La firma presentó posteriormente esta petición de certiorari impugnando esa determinación.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisando una decisión de la Comisión Apelativa del Servicio Público (CASP). La Corporación del Fondo del Seguro del Estado (CFSE) recurre la resolución de la CASP que anuló un proceso de reclutamiento y selección. El proceso anulado correspondía al puesto de Supervisor de Radiología en Ponce. Freddy García Tatis, empleado de carrera, apeló ante la CASP tras ser declarado inelegible para dicho puesto. García Tatis argumentó que el procedimiento de selección violó la Ley Núm. 66-2014. La CASP declaró Ha Lugar la apelación, anulando el proceso y la convocatoria, y ordenando a la CFSE ocupar el puesto conforme a la ley aplicable. La CFSE alegó que la CASP erró al aplicar la Ley 66-2014 y anular el proceso. El Tribunal de Apelaciones confirma la resolución recurrida de la CASP.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico que atiende la apelación de Wilda Joy Nin Pacheco. La apelante impugna la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó su solicitud de Sentencia Declaratoria. El foro primario fundamentó su decisión en la falta de jurisdicción. La señora Nin Pacheco, fiscal auxiliar, se acogió al Programa de Retiro Incentivado bajo la Ley Núm. 80-2020 tras ser notificada de su elegibilidad. Presentó su renuncia para acogerse al retiro incentivado, la cual fue aceptada. Sin embargo, posteriormente se le informó que no cualificaba para el programa. El Departamento de Justicia clasificó su puesto como esencial, y el retiro incentivado solo aplicaba a empleados no esenciales. Ante la desestimación de su caso por el TPI, acudió en apelación. El Tribunal de Apelaciones confirmó el proceder del foro primario.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico que revoca una desestimación del Tribunal de Primera Instancia (TPI). El TPI desestimó una acción de exequátur por entender que no se había emplazado al demandado dentro del término de 120 días. La demandante intentó emplazar al demandado, residente en Nueva York, solicitando eventualmente autorización para emplazar por edicto. Tras varios trámites, el TPI autorizó el emplazamiento por edicto el 25 de octubre de 2024. El edicto fue publicado y enviado al demandado el 31 de octubre de 2024. No obstante, el TPI desestimó la demanda el 27 de noviembre de 2024, basándose en la tardanza. La demandante recurrió, argumentando que el emplazamiento se realizó diligentemente tras la autorización y dentro del término. El Tribunal de Apelaciones determina que el TPI erró al desestimar, pues el emplazamiento por edicto se diligenció dentro del término aplicable una vez autorizado.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de certiorari. El peticionario, Juan Carlos Salgado Martínez, solicitó la intervención del tribunal para dejar sin efecto una resolución del Tribunal de Primera Instancia. Dicha resolución denegó su moción de sentencia sumaria en un pleito sobre incumplimiento de contrato, cobro de dinero y daños. El caso principal surge de un alegado "Acuerdo de Beneficio" donde el peticionario transfirió \$56,000.00 y reclama la devolución de \$112,000.00 por parte de los recurridos, Ivonne Oquendo Sánchez y La Exce Trading LLC. Los recurridos negaron la existencia de un acuerdo firmado y la naturaleza del dinero, alegando que eran criptomonedas. El peticionario basó su moción de sentencia sumaria en la ausencia de hechos materiales en controversia, apoyándose en parte en requerimientos de admisiones no contestados. El Tribunal de Primera Instancia declaró No Ha Lugar la moción de sentencia sumaria. Por los fundamentos que se expondrán, el Tribunal de Apelaciones deniega la expedición del auto de certiorari solicitado.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisando una determinación administrativa del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACo). Autos de San Juan, Inc. recurrió la decisión del DACo que declaró Con Lugar una querella de Rafael Subero Collazo. La querella se originó por la compra de un vehículo usado que presentó problemas poco después de la adquisición. El consumidor entregó el vehículo al concesionario en abril de 2023 para reparación bajo garantía, pero este no fue reparado ni devuelto. Ante la falta de reparación o reemplazo, el consumidor solicitó la resolución del contrato y el reembolso del precio. El DACo determinó que el concesionario tuvo oportunidad razonable para reparar el defecto pero no lo hizo. Basado en su reglamento, el DACo decretó la resolución del contrato y ordenó a Autos de San Juan, Inc. reembolsar \$11,195.00 al consumidor. Autos de San Juan, Inc. apeló, alegando que la decisión del DACo no estaba justificada por la prueba. El Tribunal de Apelaciones revisó el recurso. Finalmente, el Tribunal confirmó la determinación administrativa recurrida.

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Alvin Santiago Reyes, un recluso hospitalizado, solicitó al Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) la entrega de sus pertenencias personales y documentos legales retenidos en la institución penal. El DCR inicialmente denegó la solicitud, indicando que los artículos serían devueltos al ser dado de alta del hospital. Tras agotar remedios administrativos, el recurrente apeló ante el Tribunal de Apelaciones. El Tribunal requirió al DCR mostrar causa por la cual no procedía la entrega de los documentos y pertenencias básicas. En cumplimiento, el DCR informó que las pertenencias solicitadas ya habían sido entregadas al recurrente. La entrega de los artículos reclamados parece haber resuelto la controversia principal planteada. La sentencia procede a discutir la importancia de la jurisdicción de los tribunales. El Tribunal examina el recurso y la solicitud de desestimación del DCR a la luz de la entrega de las pertenencias.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resolvió un recurso de Certiorari presentado contra una orden interlocutoria en un caso de reclamación laboral sumaria por despido injustificado. La orden apelada, emitida por el Tribunal de Primera Instancia, anotó la rebeldía del demandado por no contestar la querella. El Tribunal de Apelaciones destacó el carácter sumario de los procedimientos bajo la Ley Núm. 2, que rige este tipo de reclamaciones. Conforme a la jurisprudencia, la revisión de órdenes interlocutorias en estos casos desvirtúa dicho carácter y solo procede en circunstancias excepcionales. La norma general es que las partes deben esperar a la sentencia final para apelar. Tras revisar el expediente, el tribunal no encontró que se cumplieran las excepciones para justificar la revisión inmediata de la orden de rebeldía. Se señaló que el argumento del peticionario sobre la falta de jurisdicción del foro primario está pendiente de adjudicación en esa instancia. Por tanto, el Tribunal de Apelaciones desestimó el recurso de Certiorari por falta de jurisdicción. Esta determinación no impide que la parte peticionaria apele la sentencia final una vez que sea dictada por el Tribunal de Primera Instancia.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emitió una resolución sobre una petición de certiorari presentada por Melvin Camilo Mathews Medina. El peticionario solicitó revocar una Sentencia Mixta dictada por el Tribunal de Primera Instancia. Dicha sentencia, de quince años con dos en prisión y trece en libertad a prueba, se impuso tras la alegación de culpabilidad del peticionario por múltiples infracciones a la Ley Núm. 22-2000. Estas violaciones se originaron en un incidente de tránsito el 7 de septiembre de 2023, donde el peticionario causó una muerte y grave daño corporal y abandonó la escena. Las infracciones incluyeron conducir bajo los efectos del alcohol y huir del lugar de los hechos. Informes presentencia detallaron las admisiones del peticionario sobre embriaguez y velocidad, su historial de multas y recomendaciones de tratamiento. Los informes también reflejaron las opiniones de las víctimas sobre la sentencia. Tras revisar el recurso, el Tribunal de Apelaciones denegó expedir el auto de certiorari solicitado.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en una apelación sobre una reclamación laboral por despido injustificado bajo la Ley 80. El apelante, Efraín Pabón Alicea, demandó a su exempleador, Able Sales Company, Inc., alegando un despido ilegal tras años de servicio. Able Sales defendió el despido como justificado, argumentando que fue parte de una reorganización bona fide debido a la pérdida de un cliente significativo. El caso pasó por varias etapas procesales, incluyendo una moción de sentencia sumaria denegada y confirmada en apelación previa, lo que llevó a un juicio en el Tribunal de Primera Instancia. El foro primario emitió una Sentencia declarando No Ha Lugar la querella del señor Pabón Alicea y ordenando el archivo con perjuicio. El apelante recurrió esta decisión ante el Tribunal de Apelaciones. Tras examinar los escritos y el derecho aplicable, el panel del Tribunal de Apelaciones confirmó la Sentencia apelada. Esto significa que se sostuvo la determinación del Tribunal de Primera Instancia de desestimar la reclamación por despido injustificado.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite esta sentencia en respuesta a un recurso de certiorari presentado por Carlos Vargas Figueroa. El peticionario busca la revisión y revocación de una Resolución del Tribunal de Primera Instancia fechada el 16 de enero de 2025. La resolución impugnada se relaciona con la designación de abogado y un alegado relevo de representación legal en sus casos criminales. Vargas Figueroa fue sentenciado en 2016 por asesinato atenuado y violaciones a la Ley de Armas tras un acuerdo de alegación. En su recurso, el peticionario alega múltiples errores del foro primario. Sostiene que se violaron sus derechos constitucionales, incluyendo su derecho a representación legal como indigente en apelación. Critica que el tribunal no consideró su situación, no examinó el récord ni sus reclamos previos, aceptó un relevo de abogado y lo dejó sin representación. El Tribunal de Apelaciones inicia su análisis enfocándose en la cuestión fundamental de la jurisdicción.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico consideró una solicitud de certiorari presentada por la Sucesión Ramírez Peña. La Sucesión buscaba revocar una decisión del Tribunal de Primera Instancia que desestimó una Demanda Contra Tercero que habían presentado contra Michael Pérez Peña. La demanda original fue instada por José Tomás Román Barceló por daños sufridos en una caída en un centro comercial propiedad de la Sucesión. La Sucesión alegó que Pérez Peña, como arrendatario, era responsable del mantenimiento del área donde ocurrió la caída. Pérez Peña solicitó la desestimación argumentando que el área no estaba bajo su control y su contrato de arrendamiento no le imponía esa responsabilidad. El Tribunal de Primera Instancia declaró Ha Lugar la moción de desestimación por falta de hechos suficientes en la demanda contra tercero. El Tribunal de Apelaciones, tras revisar el caso, denegó la expedición del auto de certiorari. Esto confirma la desestimación de la reclamación de la Sucesión Ramírez Peña contra Michael Pérez Peña.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite Sentencia en apelaciones consolidadas presentadas por Juan Carlos Acosta Ramírez, Alex Emille Martínez Morales, Eliana Cuervo Sierra y Edil Amos Danois Román. Los apelantes recurren Sentencias del Tribunal de Primera Instancia que los hallaron culpables de varios delitos relacionados con obras de construcción en el Capitolio. Los delitos imputados, ocurridos entre 2010 y 2013, incluyen omisión en el cumplimiento del deber y apropiación ilegal, entre otros. Tras ser encontrados culpables, el foro primario les impuso penas de reclusión con sentencia suspendida. Adicionalmente, se ordenó su inclusión en el Registro de Personas Convictas por Corrupción y se dictó restitución para algunos. El Tribunal de Apelaciones consolidó los recursos por su relación intrínseca. Habiendo revisado el caso y contando con la transcripción de la prueba, el Tribunal se encuentra en posición de resolver. Se adelanta la confirmación de los dictámenes apelados.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en apelaciones consolidadas presentadas por Juan Carlos Acosta Ramírez, Alex Emille Martínez Morales, Eliana Cuervo Sierra y Edil Amos Danois Román. Los apelantes recurrieron sentencias del Tribunal de Primera Instancia que los hallaron culpables de varios delitos relacionados con obras de construcción en el Capitolio. El Foro Primario les impuso penas de reclusión con sentencia suspendida, inclusión en el Registro de Personas Convictas por Corrupción y restitución a algunos. Los cargos específicos contra Acosta Ramírez y Martínez Morales incluyeron omisión en el cumplimiento del deber y apropiación ilegal agravada. Se les imputó autorizar pagos dobles y no supervisar adecuadamente proyectos, causando pérdidas de fondos públicos. Tras revisar los recursos y contar con la transcripción de la prueba, el Tribunal de Apelaciones procedió a resolver. La sentencia anticipa la confirmación de los dictámenes apelados.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico consolidó varias apelaciones presentadas por Juan Carlos Acosta Ramírez, Alex Emille Martínez Morales, Eliana Cuervo Sierra y Edil Amos Danois Román. Los apelantes recurrieron sentencias del Tribunal de Primera Instancia que los hallaron culpables de diversos delitos. Estos delitos estaban relacionados con irregularidades en obras de construcción en el Capitolio de Puerto Rico entre 2010 y 2013. Los cargos incluían omisión en el cumplimiento del deber, apropiación ilegal agravada y otras infracciones al Código Penal. El Tribunal de Primera Instancia impuso penas de reclusión con sentencia suspendida, inclusión en el Registro de Personas Convictas por Corrupción y restitución para algunos. Específicamente, se detallan acusaciones contra Acosta Ramírez por autorizar pagos dobles y contra Martínez Morales por falta de supervisión, causando pérdidas de fondos públicos. El panel especial del Tribunal de Apelaciones revisó los casos con el beneficio de la prueba oral. La corte anticipa confirmar los dictámenes apelados.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico que consolida las apelaciones de Juan Carlos Acosta Ramírez, Alex Emille Martínez Morales, Eliana Cuervo Sierra y Edil Amos Danois Román. Los apelantes recurren sentencias del Tribunal de Primera Instancia que los hallaron culpables de varios delitos relacionados con obras de construcción en el Capitolio. Los cargos incluyen omisión en el cumplimiento del deber y apropiación ilegal agravada, conforme a diversos artículos del Código Penal. Las sentencias impuestas fueron de reclusión con beneficio de sentencia suspendida, inclusión en el Registro de Personas Convictas por Corrupción y restitución para algunos. Los hechos imputados ocurrieron entre 2010 y 2013, involucrando la gestión de fondos públicos y la supervisión de proyectos. El Tribunal de Apelaciones, tras revisar los recursos y la prueba, procede a confirmar los dictámenes apelados.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de cobro de dinero bajo la Regla 60. La parte apelante, Island Portfolio Services, LLC., recurre de una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó su demanda contra Ricardo Malavet Santiago. La desestimación se basó en que transcurrieron ocho meses sin que se diligenciara la citación al demandado. La apelante alegó que el foro primario incidió al desestimar el caso en lugar de convertirlo al trámite ordinario, conforme a la jurisprudencia. El documento detalla los intentos fallidos de diligenciamiento de la citación, tanto por correo como personal, y la solicitud de la apelante para emplazar por edicto y convertir el pleito. El Tribunal de Primera Instancia denegó esta solicitud y procedió a desestimar la demanda. Tras revisar los antecedentes procesales, el Tribunal de Apelaciones concluye que procede revocar la Sentencia apelada.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emitió una sentencia en el caso de Cristobal Vargas Soto. El señor Vargas Soto, confinado por infracciones de homicidio y ley de armas, presentó un recurso de Certiorari solicitando la revisión de órdenes del Tribunal de Primera Instancia de Bayamón. Alegaba defensa propia y pedía la reapertura de su caso. El Tribunal de Apelaciones examinó el recurso presentado por el peticionario por derecho propio. Se identificaron serias deficiencias en el cumplimiento de los requisitos reglamentarios para la presentación de un Certiorari. Estos defectos incluían la falta de índice, autoridades citadas, disposiciones legales de jurisdicción y un apéndice con la decisión a revisar. Se concedió al peticionario una oportunidad para corregir las deficiencias, pero no compareció ni realizó las correcciones. Ante el incumplimiento de los requisitos procesales, el Tribunal determinó que carecía de jurisdicción para considerar el recurso. Por consiguiente, el Tribunal desestimó el recurso de Certiorari por falta de jurisdicción, sin entrar en los méritos de la solicitud.

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Arlene Ortiz Díaz presentó una petición ante el Tribunal de Primera Instancia para declarar la incapacidad y restituir la patria potestad sobre su hijo mayor de edad. El Ministerio Público solicitó la notificación y emplazamiento del padre del joven, Dalvis Javier Reyes Encarnación, aunque no fuera parte peticionaria. La señora Ortiz Díaz se opuso, argumentando que el padre no era parte indispensable al haber cesado su patria potestad. El Tribunal de Primera Instancia resolvió que, si bien el padre no era indispensable, debía ser notificado del procedimiento por tener interés. Inconforme con esta resolución interlocutoria, la peticionaria solicitó reconsideración, la cual fue denegada. Posteriormente, la señora Ortiz Díaz acudió ante el Tribunal de Apelaciones mediante un recurso de Certiorari. Alegó que el foro primario erró al ordenar el emplazamiento del padre no peticionario. El Tribunal de Apelaciones, actuando en su discreción revisora y conforme a las reglas procesales aplicables al Certiorari, examinó el recurso. Por los fundamentos expuestos, el Tribunal de Apelaciones Denegó el dictamen recurrido.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico conoció de una apelación presentada por Francisco Iván y Gerardo Antonio Quirós López. Los apelantes impugnaron una Sentencia Parcial del Tribunal de Primera Instancia que desestimó su demanda de sentencia declaratoria contra UNDARE, Inc. La controversia central giraba en torno a la validez del consentimiento otorgado por la madre de los apelantes en 1995 para un sistema de control de acceso en una propiedad que poseían en comunidad. Los hermanos Quirós López alegaron que el consentimiento de su madre era inválido porque ella no tenía una participación mayoritaria en la propiedad y ellos, como codueños, no consintieron ni fueron notificados. Argumentaron que el acto de su madre no podía obligarlos al pago de cuotas de mantenimiento. Solicitaron al tribunal primario que declarara inválido el consentimiento y eliminara la deuda de cuotas. UNDARE, por su parte, defendió la validez del consentimiento de la madre y la exigibilidad de la deuda generada. El Tribunal de Primera Instancia denegó la moción de los apelantes y concedió la sentencia sumaria parcial a favor de UNDARE, desestimando la demanda. Tras revisar los fundamentos, el Tribunal de Apelaciones confirmó la Sentencia Parcial apelada.

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Una resolución judicial atiende la petición de certiorari presentada por ARC Management, Corp. contra Banco Popular de Puerto Rico. ARC solicitó la revocación de una resolución del Tribunal de Primera Instancia (TPI) que determinó que BPPR cumplió con una orden de contestar adecuadamente ciertos interrogatorios (21-25 y 27) en un pleito de cobro de dinero. El TPI había declarado no ha lugar la moción de desestimación de ARC basada en el alegado incumplimiento de BPPR con el descubrimiento de prueba. Además, el TPI concedió una objeción de BPPR sobre el privilegio abogado-cliente para documentos relacionados con el interrogatorio 27. ARC alegó que el TPI erró al concluir que las contestaciones fueron adecuadas y al conceder el reclamo de privilegio. Tras evaluar el recurso, el panel judicial concluye denegando la expedición del auto de certiorari solicitado por ARC. Esto valida la determinación del TPI de que BPPR cumplió con las exigencias de descubrimiento de prueba en este caso.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en el caso KLAN202400940. El apelante, Faustino García Abislaimán, impugna una Resolución y Sentencia Parcial del Tribunal de Primera Instancia de Bayamón. Dicha resolución desestimó con perjuicio varias reclamaciones en su demanda. Se desestimaron las causas de acción contra Air Logix, LLC y Fresh Air, LLC. También se desestimaron las reclamaciones de daños y perjuicios contra Dagmar Rivera Dávila y Faustino García Rivera. Adicionalmente, se desestimaron las reclamaciones de sentencia declaratoria y remedios adicionales relacionadas con las acciones desestimadas. El pleito original involucra alegaciones sobre la administración de un negocio y el uso de sus activos por parte del hijo del apelante y compañías relacionadas tras su divorcio. Este caso sigue a un litigio previo donde reclamaciones similares contra el hijo y las compañías fueron desestimadas sin perjuicio. El Tribunal de Apelaciones revisó el dictamen del foro primario. Por los fundamentos expuestos, el Tribunal de Apelaciones confirma la desestimación con perjuicio dictada por el Tribunal de Primera Instancia.

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Se presenta un Recurso de Certiorari contra una Resolución Interlocutoria del Tribunal de Primera Instancia. Dicha resolución declaró No Ha Lugar una Moción solicitando relevo de Sentencia radicada por la peticionaria, quien alegó violación al debido proceso de ley. El caso subyacente es una demanda de cobro de dinero y ejecución de hipoteca presentada por Banco Popular de Puerto Rico contra la peticionaria en 2019. La demanda se basó en el incumplimiento de un pagaré hipotecario suscrito en 2002. La peticionaria presentó mociones de desestimación en el foro primario, las cuales fueron denegadas. Tras la denegatoria de su moción de relevo de sentencia y una moción de reconsideración por el TPI, la peticionaria acudió al tribunal superior mediante certiorari. El Banco Popular presentó su oposición al recurso. Este documento constituye la Sentencia del tribunal superior resolviendo el certiorari.

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Recurso de apelación ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso sobre sentencia declaratoria. Los apelantes, hermanos Quirós López, impugnan la validez del consentimiento otorgado por su madre en 1995 para un sistema de control de acceso en una propiedad en comunidad de bienes. Alegaron que su madre no poseía la participación mayoritaria requerida y que ellos, como co-dueños del 50%, no fueron notificados ni consintieron. Este consentimiento generó una deuda por cuotas de mantenimiento que los apelantes buscan declarar inválida y eliminar. El Tribunal de Primera Instancia desestimó la demanda de los hermanos Quirós López y dictó sentencia sumaria a favor de UNDARE, la parte apelada. Los apelantes solicitaron al Tribunal de Apelaciones que revocara dicha sentencia parcial. El Tribunal de Apelaciones, tras revisar los fundamentos, confirma la Sentencia Parcial apelada.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en el caso de Jean Escobar Allende contra la Junta de Libertad Bajo Palabra. El recurrente solicitó revisión judicial de la resolución de la Junta que le denegó el privilegio de libertad bajo palabra. La denegatoria se fundamentó en que el señor Escobar no había completado el tratamiento contra el uso de narcóticos requerido. El recurrente alegó que la razón para no completar el tratamiento fue un traslado institucional no imputable a él. La resolución de la Junta fue notificada el 13 de noviembre de 2024. El recurso de revisión judicial ante el Tribunal de Apelaciones fue presentado el 16 de enero de 2025. El Tribunal examinó su jurisdicción, destacando que la presentación tardía de un recurso la priva. Tras evaluar el expediente, el Tribunal determinó que carecía de jurisdicción. Por consiguiente, se desestimó el recurso de revisión judicial por haber sido presentado de forma tardía. La sentencia no entró a considerar los méritos de la denegatoria de libertad bajo palabra.

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Comparece ante el Tribunal de Apelaciones el Sr. Rubén Rodríguez Ramos mediante recurso de certiorari. Solicita la revocación de una Resolución del Tribunal de Primera Instancia (TPI) que declaró No Ha Lugar su Moción de Reconsideración. El caso original fue una acción de cobro de dinero presentada por Sunnova Energy Corporation contra el Sr. Rodríguez Ramos. Tras disputar la firma del contrato, el caso fue convertido a la vía ordinaria. El TPI estableció una fecha límite para el descubrimiento de prueba (17 de enero de 2025). El Sr. Rodríguez Ramos cursó pliegos interrogatorios y requerimientos de admisiones a Sunnova. Sunnova se opuso alegando que los mecanismos de descubrimiento estaban fuera de término. El TPI declaró Ha Lugar la oposición de Sunnova, entendiendo que el peticionario renunció al descubrimiento por no cumplir con el término. La Moción de Reconsideración del Sr. Rodríguez Ramos fue denegada por el TPI. El Tribunal de Apelaciones expide el auto de certiorari y revoca el dictamen apelado del TPI.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa la decisión de la Junta de Subasta del Municipio Autónomo de San Sebastián. Punta Borinquen Precast Corp. recurrió la cancelación de la adjudicación de una subasta para la remodelación de la Plaza Identidad Pepiniana. Punta Borinquen fue el único licitador y se le había adjudicado la obra por $1,599,000.00. Posteriormente, el Municipio solicitó varios documentos para formalizar el contrato. Punta Borinquen entregó la mayoría de los documentos, pero no la evidencia de pago de arbitrios y patente, argumentando que su pago correspondía *después* de la firma del contrato según la ley y las condiciones de la subasta. La Junta de Subasta canceló la adjudicación alegando que no se entregó toda la documentación requerida. Punta Borinquen impugnó esta decisión, señalando errores en la notificación y en la fundamentación de la cancelación. El Tribunal de Apelaciones, tras revisar el caso, determinó revocar el dictamen de la Junta de Subasta.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de certiorari presentado por Monses Motors, LLC y Jorge Soto. La parte peticionaria solicitó la revocación de una Resolución del Tribunal de Primera Instancia que declaró No Ha Lugar su moción de desestimación. El caso civil subyacente, presentado por Grisel Vélez Valentín, reclama daños, angustias mentales y dolo relacionados con la compra de un vehículo usado. La controversia se origina en una querella previa ante el DACo. Las determinaciones del DACo señalaron que el dealer no informó que el auto había sido usado como vehículo de alquiler. Además, el dealer no sometió los documentos para el traspaso del auto a nombre de la compradora dentro del término legal. Esta omisión causó dificultades a la compradora, especialmente tras un accidente, al no estar el auto registrado a su nombre. El Tribunal de Apelaciones expidió el auto de certiorari solicitado. Consecuentemente, el dictamen recurrido del Tribunal de Primera Instancia fue revocado.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico que revisa una determinación administrativa. El caso surge de la impugnación presentada por Nathanael Arroyo Martínez contra el nombramiento de Elvin Medina Pérez como Maestro de Educación Industrial por el Departamento de Educación. El recurrente alegó que la puntuación asignada al candidato seleccionado, particularmente en cuanto a la experiencia docente, no cumplió con las cartas circulares aplicables. Sus apelaciones administrativas fueron consolidadas y revisadas por la Oficina de Apelaciones del Sistema de Educación (OASE). La OASE emitió una Resolución Sumaria declarando No Ha Lugar las apelaciones y favoreciendo al Departamento de Educación. El señor Arroyo solicitó entonces la revisión judicial de esta decisión ante el Tribunal de Apelaciones. La controversia principal giró en torno a la correcta aplicación de los criterios de puntuación para el reclutamiento especial. El Tribunal de Apelaciones, tras evaluar el recurso, determinó revocar la Resolución Sumaria dictada por la OASE.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa una resolución sumaria emitida por el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACo). LJJ Properties PR LLC recurre la decisión del DACo que desestimó su querella administrativa contra la Junta de Directores y el Consejo de Titulares del Condominio Santa Mónica. El DACo determinó que la entidad recurrente estaba impedida de impugnar el acuerdo del Consejo de Titulares y que la reclamación administrativa se presentó sesenta y tres días después de la asamblea, fuera del término de treinta días. La querella original, presentada por los anteriores dueños del apartamento 10 (luego sustituidos por LJJ Properties) y Outside the Box Corp., impugnaba la votación para aprobar la venta de la azotea del piso doce. Los querellantes alegaban que la azotea es un elemento común que requiere voto unánime para su venta. Los recurridos argumentaron que la azotea es un elemento común voluntario y que la querella estaba prescrita. El Tribunal de Apelaciones, tras evaluar los fundamentos, revoca la Resolución Sumaria recurrida.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emitió una resolución en un caso de custodia y relaciones paterno/materno filiales. La peticionaria, Yadira Marín González, solicitó la intervención del tribunal para dejar sin efecto una resolución del Tribunal de Primera Instancia. Dicha resolución había declarado No Ha Lugar su "Urgente Moción en Solicitud de Hogar Seguro". La moción buscaba que una propiedad co-propiedad del recurrido, David Thomas Alexander, y su madre fuera declarada hogar seguro para el hijo menor de las partes. La peticionaria argumentó que el menor había vivido allí y que el recurrido era el dueño efectivo, especialmente ante un caso de desahucio instado por él. El recurrido se opuso, señalando la co-propiedad con un tercero y la inaplicabilidad del derecho de hogar seguro. El foro primario denegó la moción y la reconsideración, sugiriendo revisar la pensión alimentaria para sufragar vivienda. La peticionaria recurrió en certiorari, alegando errores al denegar sumariamente sin vista y al no declarar la participación del padre como hogar seguro. El Tribunal de Apelaciones revisó la solicitud y los fundamentos del recurso. Finalmente, el Tribunal denegó la expedición del recurso de certiorari presentado.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisó una Resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó la Moción de Sentencia Sumaria de Honeywell Aerospace de Puerto Rico. Honeywell buscaba la desestimación de una Querella por despido injustificado y represalias presentada por Elvin De Jesús Olivencia. El recurrido alegó que un ambiente de acoso laboral por parte de su supervisor le causó problemas de salud y lo forzó a renunciar. Sostuvo que, a pesar de notificar a la empresa, no se tomaron medidas, lo que llevó a una evaluación desfavorable y un plan de mejora. El recurrido afirmó que su renuncia fue involuntaria y constituyó un despido constructivo. El Tribunal de Apelaciones decidió adelantar la expedición del auto de certiorari. Procedió a revocar el dictamen del Tribunal de Primera Instancia. En consecuencia, se desestima la causa de acción presentada en contra de Honeywell.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de revisión judicial. El recurso fue presentado por Myriam Hernández contra Yariff Yamil Figueroa Torres, proveniente de un caso del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO). Hernández había presentado una querella ante el DACO por un trabajo insatisfactorio en la acera de su casa realizado por Figueroa Torres. El DACO emitió una resolución declarando Ha Lugar la querella contra Figueroa Torres y ordenándole pagar \$250, desestimando la querella contra una co-querellada. Inconforme con la cuantía, Hernández solicitó reconsideración al DACO pidiendo la devolución de los \$550 pagados. El DACO no actuó sobre la moción de reconsideración dentro del término de quince días, lo que la consideró rechazada de plano. Posteriormente, Hernández acudió al Tribunal de Apelaciones en revisión judicial. Tras analizar el expediente, el Tribunal determina que carece de jurisdicción para atender el recurso. Por consiguiente, se desestima el recurso de revisión judicial por falta de jurisdicción.

Resumen:

Comparecen ante el Tribunal de Apelaciones Gelly Flores Feliú y Jessica Cristina Barreto Cabiya mediante un recurso de Certiorari. Las peticionarias solicitan dejar sin efecto dos órdenes del Tribunal de Primera Instancia de San Juan. Dichas órdenes denegaron su solicitud para enmendar la demanda y una moción informativa en un pleito de daños y perjuicios. El caso original surge de un accidente de tránsito ocurrido en junio de 2022, donde Ángela María Cabiya Flores fue atropellada en las instalaciones de la Iglesia Cuerdas de Amor. Las peticionarias, madre y sobrina de la perjudicada, reclaman daños emocionales y mentales por la alegada negligencia de los recurridos. La demanda original imputa responsabilidad a la aseguradora Universal, la Iglesia, la conductora y la dueña del vehículo. Tras la presentación de las contestaciones, el foro primario emitió las órdenes ahora recurridas. Por los fundamentos expuestos, el Tribunal de Apelaciones deniega la expedición del auto de Certiorari solicitado por las peticionarias.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre un recurso de certiorari presentado por la Sra. Frida Marchosky Kogan. La peticionaria impugna una Orden de Protección para el Adulto Mayor dictada por el Tribunal de Primera Instancia a favor del Sr. Reinaldo García Rosario. La Oficina del Procurador de las Personas de Edad Avanzada (OPPEA) solicitó la orden, alegando que la Sra. Marchosky Kogan, como apoderada del adulto mayor, puso en riesgo su salud y seguridad. La peticionaria se opuso, negando las alegaciones y afirmando que sus acciones protegían al adulto mayor. El Tribunal de Primera Instancia, tras evaluar la prueba, determinó que las acciones de la Sra. Marchosky Kogan ponían en peligro al adulto mayor y concedió la orden de protección. El Tribunal de Apelaciones acoge el recurso como certiorari. No obstante, por los fundamentos expuestos en la resolución, procede a desestimar el recurso de certiorari presentado por la Sra. Marchosky Kogan.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico atendió un recurso de certiorari presentado por Efraín Andino Lugo. El recurso buscaba revocar una resolución del Tribunal de Primera Instancia de Carolina. Dicha resolución había excluido prueba pericial anunciada por el señor Andino Lugo en un caso de daños y perjuicios. La demanda original fue presentada por Sonya Soto Robles y Edwin Ríos Encarnación, padres de una menor. Alegaron que su hija sufrió una grave mordedura y mutilación en el brazo por el perro Pastor Alemán del demandado en un parque. Los demandantes sostuvieron que el perro atacó a la niña mientras lo acariciaba, sin advertencia previa. El señor Andino Lugo negó las alegaciones, afirmando que el perro no era agresivo y que él advirtió a la menor, sugiriendo que ella se acercó al perro tras una caída. En la etapa de descubrimiento de prueba, el TPI excluyó la evidencia pericial del peticionario. El Tribunal de Apelaciones expidió el auto de certiorari. Finalmente, el Tribunal revocó la resolución que excluía la prueba pericial.

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El Tribunal de Apelaciones deniega expedir el recurso de certiorari solicitado por Félix Albert Lebrón Yero. El peticionario recurrió de una Resolución Interlocutoria del Tribunal de Primera Instancia de San Juan de 17 de enero de 2025. Dicha resolución ratificó la paralización del descubrimiento de prueba en el caso subyacente de daños. El caso original fue presentado en julio de 2022 y la demanda fue enmendada en dos ocasiones. El Tribunal de Primera Instancia había ordenado la paralización del descubrimiento en marzo de 2024, pendiente de atender asuntos relacionados con la demanda enmendada. Los recurridos presentaron mociones de desestimación de la segunda demanda enmendada. El peticionario solicitó reiteradamente que se reanudara el descubrimiento mientras se dilucidaban las mociones de desestimación. El Tribunal de Primera Instancia denegó esta solicitud, lo que motivó el recurso de certiorari. El peticionario alegó que la paralización constituía un abuso de discreción y violaba el debido proceso. El Tribunal de Apelaciones, tras evaluar el recurso, decidió no expedir el auto solicitado.

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Este documento es una sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de ejecución de sentencia entre Raúl Zambrana García y el Estado Libre Asociado (ELA). El ELA apeló dos dictámenes del Tribunal de Primera Instancia de San Juan. El primer dictamen fue una Sentencia Enmendada del 10 de enero de 2024 que ordenó al ELA pagar a Dr. Zambrana \$448,391.94 por salarios dejados de devengar más intereses. El segundo fue una Resolución y Orden del 3 de octubre de 2024 que ordenó al ELA realizar deducciones específicas de dicha suma y pagar intereses acumulados. El caso se origina en el despido ilegal del Dr. Zambrana del Departamento de Salud y un largo litigio para el pago de haberes. El Tribunal de Apelaciones determinó que no tenía jurisdicción para revisar la Sentencia Enmendada del 10 de enero de 2024. En cuanto a la Resolución y Orden del 3 de octubre de 2024, la consideró como una petición de certiorari y denegó su expedición. Por tanto, el Tribunal desestimó la petición de revisar la sentencia por falta de jurisdicción y denegó el auto de certiorari sobre la resolución y orden.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de certiorari relacionado con la liquidación de comunidad de bienes. Las partes involucradas son Marie Lucie Singh y Parminder Singh. El señor Parminder Singh, en calidad de peticionario, presentó un recurso de certiorari ante este tribunal. Al día siguiente de la presentación, el peticionario sometió una moción solicitando el desistimiento del recurso. El Tribunal de Apelaciones examinó la solicitud de desistimiento presentada por el señor Singh. Mediante esta resolución, el tribunal declara con lugar la moción de desistimiento. Como resultado, el Tribunal ordena el archivo del recurso de certiorari presentado.

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El Tribunal de Apelaciones considera una petición de Certiorari presentada por Alexander González Ramos. El peticionario impugna una Resolución del Tribunal de Primera Instancia de diciembre de 2024. Dicha resolución denegó su solicitud de nuevo juicio al amparo de la Regla 192.1 de Procedimiento Criminal. González Ramos argumentó que su convicción por veredicto de jurado por mayoría violó su derecho a la unanimidad según *Ramos v. Louisiana*. También sostuvo que el principio de favorabilidad del Código Penal de 2012 debía aplicarse retroactivamente, alegando la supresión del delito por el que fue convicto. El foro primario determinó que *Ramos v. Louisiana* no aplica retroactivamente a sentencias finales y firmes. Resolvió además que el principio de favorabilidad no era aplicable a su caso, ocurrido bajo un código penal anterior, y que el delito no fue suprimido. El Tribunal de Apelaciones deniega expedir el auto solicitado.

Resumen:

José Vázquez Marín presentó un recurso de revisión ante el Tribunal de Apelaciones contra una resolución del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR). La controversia se relaciona con el servicio de capellanía protestante en una institución correccional. El recurrente había solicitado un remedio administrativo alegando que un sargento interfería con los cultos. El DCR desestimó su solicitud inicial, citando una regla que desestima peticiones con opiniones en lugar de hechos. Tras una solicitud de reconsideración, el DCR confirmó la desestimación, aunque señaló que la situación con el sargento había sido tratada internamente. El recurrente apeló al Tribunal de Apelaciones, argumentando que la regla del DCR vulneraba sus derechos constitucionales a la libertad religiosa. El Tribunal de Apelaciones revisó el expediente administrativo y los argumentos presentados. Por los fundamentos expuestos en su sentencia, el Tribunal de Apelaciones confirmó la Resolución recurrida del DCR.

Resumen:

Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de cobro de dinero iniciado por FirstBank Puerto Rico contra Josefina Arce Quiñones. La señora Arce Quiñones presentó un recurso de certiorari para revisar una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó su Quinta Demanda Enmendada Contra Terceros. Dicha demanda fue dirigida contra Brazilian Country Homes, Inc. y otros involucrados en un proyecto de construcción. El foro primario desestimó la demanda contra terceros sin perjuicio debido a deficiencias en el diligenciamiento del emplazamiento de dos menores de edad. El caso original se deriva de un préstamo hipotecario de FirstBank para la compra de un terreno y construcción de una casa, proyecto que, según Arce Quiñones, quedó incompleto. Esto llevó a que FirstBank demandara a Arce Quiñones por incumplimiento en los pagos. La demanda contra terceros buscaba involucrar a los responsables del proyecto fallido. El Tribunal de Apelaciones, tras revisar el recurso, denegó el certiorari. Con esta decisión, el Tribunal de Apelaciones confirmó la desestimación de la demanda contra terceros por parte del Tribunal de Primera Instancia debido a los problemas de emplazamiento.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre una petición de Certiorari presentada por Aida Iris Borgos Ramos. La peticionaria impugna una Resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó su solicitud de relevo de sentencia. Dicha sentencia en rebeldía fue dictada en un pleito de desahucio en precario incoado por Carmen María Borgos Ramos contra la peticionaria y Damaris Nieves Borgos. El Tribunal de Apelaciones concedió previamente una orden en auxilio de jurisdicción paralizando los procedimientos en el foro primario. La recurrida, Carmen Borgos, ha solicitado la desestimación del recurso y presentado un alegato en oposición. El documento detalla el historial procesal ante el Tribunal de Apelaciones. También comienza a exponer los hechos del caso subyacente, donde la recurrida reclama ser dueña de una propiedad alegadamente ocupada sin autorización por la peticionaria y su hija.

Resumen:

Universal Insurance Company instó una acción de cobro de dinero contra varios demandados, incluyendo a Jannice Velázquez Mercado, basada en un acuerdo de indemnización relacionado con una fianza de cumplimiento. Universal alegó haber desembolsado fondos bajo la fianza y buscaba el reembolso. Aunque logró emplazar a otros codemandados, no pudo notificar personalmente a la señora Velázquez Mercado. Tras intentos fallidos de emplazamiento personal, Universal solicitó al Tribunal de Primera Instancia autorización para emplazarla por edicto. El foro primario denegó esta solicitud, considerando insuficientes las gestiones de emplazamiento. Universal presentó una reconsideración que también fue declarada No Ha Lugar. Disconforme, Universal recurrió ante el Tribunal de Apelaciones mediante certiorari. El Tribunal de Apelaciones decidió expedir el auto solicitado y Revocar la Orden recurrida del Tribunal de Primera Instancia.

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José Lugo López solicitó un auto de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones para impugnar una determinación del Tribunal de Primera Instancia. El foro primario declaró no disponible a la testigo menor LLA, conforme a la Regla 806(A)(4) de Evidencia. Esta decisión se tomó tras una vista de necesidad ordenada por el Tribunal Supremo en Pueblo v. Lugo López, 2024 TSPR 83. El Supremo instruyó al foro primario a evaluar la condición física y mental actual de la testigo utilizando factores específicos. En la vista, una perito psicóloga testificó sobre el estado crítico y deteriorado de la menor. La prueba pericial detalló daño emocional severo, mutismo selectivo, depresión y el potencial devastador de testificar. El Tribunal de Primera Instancia consideró la gravedad de la condición, la importancia del testimonio y la baja probabilidad de recuperación. Concluyó que la testigo no estaba disponible según la regla de evidencia aplicable. El Tribunal de Apelaciones revisó la determinación del foro primario. Denegó la expedición del auto de certiorari, confirmando la declaración de indisponibilidad de la testigo.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de despido injustificado y procedimiento sumario. Vincenz Buhler apeló una Sentencia Parcial del Tribunal de Primera Instancia. Dicha sentencia desestimó la querella presentada por Buhler contra Nicolas Billeaud en su carácter personal. El pleito original fue incoado por Buhler contra Dexgrid, Inc. y Billeaud, alegando despido injustificado e incumplimiento de contrato. Buhler buscaba compensación bajo la Ley Núm. 80 y la Ley Núm. 2. El Tribunal de Primera Instancia desestimó la reclamación personal contra Billeaud al no encontrar alegaciones fuera de la relación obrero patronal. Tras denegarse una solicitud de reconsideración, Buhler acudió al Tribunal de Apelaciones. El Tribunal de Apelaciones acogió el recurso como apelación. No obstante, el Tribunal de Apelaciones desestimó el recurso apelativo por falta de jurisdicción.