Casos del Tribunal de Apelaciones (Página 194)

Resumen:

Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de despido injustificado bajo procedimiento sumario. El empleador, Dorado Health, solicita la revisión de una orden del Tribunal de Primera Instancia que denegó su moción de desestimación. La moción se fundamentaba en la doctrina de "judicial estoppel", alegando que el empleado, Alex Rivera Torres, no reveló la reclamación laboral como un activo en su caso de quiebras previo. El Tribunal de Primera Instancia había levantado previamente una paralización del caso impuesta por error. El Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, representando al empleado, se opone a la expedición del auto de certiorari. El Tribunal de Apelaciones analiza los planteamientos de las partes en el contexto de este procedimiento laboral especial.

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Esta resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico atiende una solicitud de Certiorari presentada por Francisco Valdés Pérez. El peticionario procuraba la revisión de una orden interlocutoria emitida por el Tribunal de Primera Instancia en Bayamón. Dicha orden, dictada en un caso sobre una alegada infracción al Artículo 142 del Código Penal, denegó las mociones del peticionario solicitando el traslado del caso y su desestimación. El peticionario alegó que el foro primario erró al no trasladar el caso a pesar de actuaciones previas y al no inhibirse la jueza por un conflicto de interés personal. El Tribunal de Apelaciones denegó inicialmente una moción urgente del peticionario para paralizar los procedimientos por incumplimiento procesal. Tras evaluar la solicitud conforme a los criterios para expedir un auto de certiorari, el Tribunal determinó que no procedía su expedición. La resolución concluye denegando la expedición del auto de certiorari solicitado.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en un recurso de revisión administrativa presentado por Víctor Manuel Sosa Vega. El recurrente impugna la determinación del Departamento de Corrección y Rehabilitación que ratificó su clasificación de custodia mediana. El Comité de Clasificación y la Oficina de Clasificación basaron su decisión, en parte, en una regla del manual que exige custodia mediana para confinados con más de quince años restantes para ser elegibles a libertad bajo palabra. El señor Sosa alegó que esta decisión ignoró su buen comportamiento, esfuerzos de rehabilitación y ajuste institucional. Argumentó que la determinación abusó de la discreción, fue contraria al propósito rehabilitador y a la jurisprudencia, y aplicó reglamentación incorrecta. Tras examinar el recurso y la postura del Departamento, el Tribunal de Apelaciones confirmó la ratificación de la clasificación de custodia mediana del recurrente.

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Recurso de certiorari presentado ante el Tribunal de Apelaciones por Mapfre Praico Insurance Company contra el Consejo de Titulares del Condominio Murano Luxury Apartments y otros. Mapfre impugna una orden del Tribunal de Primera Instancia que aplicó retroactivamente la Ley 242-2018 a un pleito por daños y incumplimiento contractual relacionado con el Huracán María. La orden recurrida refirió a las partes al proceso de valorización o appraisal dispuesto en dicha ley. Mapfre alega que la Ley 242-2018 tiene aplicación prospectiva y que el contrato de seguros excluía expresamente dicho proceso. La aseguradora solicitó una moción en auxilio de jurisdicción para detener el appraisal mientras se resolvía el certiorari. La parte recurrida presentó su posición sobre la paralización. El Tribunal de Apelaciones está listo para atender el recurso, discutiendo la naturaleza discrecional del certiorari y los criterios para su expedición conforme a las reglas procesales aplicables.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de certiorari. El peticionario, Rafael Irizarry Santiago, impugna una determinación del Tribunal de Primera Instancia de Mayagüez. Dicha determinación declaró No Ha Lugar su solicitud para que se le aplicaran atenuantes a su sentencia. El señor Irizarry Santiago fue hallado culpable de infracciones a los Artículos 401 y 412 de la Ley de Sustancias Controladas con reincidencia. Tras un juicio por tribunal de derecho, fue sentenciado a 35 años por el Art. 401 y 3 años 9 meses por el Art. 412, concurrentemente. Solicitó la reducción de la pena del Art. 401 a 20 años, alegando atenuantes como buena conducta y supuesta cooperación, y posteriormente argumentando falta de ofrecimiento de preacuerdo. El Tribunal de Primera Instancia denegó la solicitud, indicando que la sentencia se dictó conforme a derecho. El Tribunal de Apelaciones expidió y confirmó el auto de certiorari solicitado por el peticionario para revisar esta decisión. El documento detalla los antecedentes procesales pero concluye antes de exponer los fundamentos y la decisión final del Tribunal de Apelaciones sobre el recurso.

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Sentencia de un panel judicial que resuelve una apelación criminal presentada por el Sr. Juan Enrique Muñoz Caballero. El apelante impugna la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia (TPI) que lo condenó por apropiación ilegal agravada. Se le imputó apropiarse de $2,700 al cambiar un cheque con una orden de "stop payment". El TPI lo encontró culpable de apropiación ilegal agravada (Artículo 182) y lo sentenció a 3 años de reclusión con libertad a prueba, absolviéndolo del delito de insuficiencia de fondos (Artículo 222). El apelante alegó que la condena requería probar su conocimiento de la orden de detención de pago y que la prueba no estableció su culpabilidad más allá de duda razonable. El tribunal revisó los autos, la prueba y los alegatos de las partes. Se reitera el derecho fundamental a la presunción de inocencia y la carga del Ministerio Público de probar la culpabilidad más allá de duda razonable. Por los fundamentos expuestos, el panel judicial decide revocar la Sentencia apelada.

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El Tribunal de Apelaciones emite una Resolución en un recurso de Certiorari presentado por Erlin A. Andújar Jiménez. El peticionario solicitó la revocación de una Resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó su moción para descalificar al abogado de la parte demandante. El caso subyacente es una demanda por daños y perjuicios relacionada con el incumplimiento de un contrato de compraventa de un negocio. La parte demandante está representada por el mismo abogado, quien inicialmente representó a un matrimonio y luego también a la corporación del negocio. El peticionario argumentó que esta representación dual creaba un conflicto de intereses, ya que el matrimonio y la corporación podrían tener posiciones encontradas. En el pleito principal, el peticionario alegó que el contrato era nulo por dolo grave, basado en la supuesta incapacidad del vendedor para ceder legalmente la posesión del local comercial. A pesar de estos argumentos, el Tribunal de Primera Instancia no descalificó al abogado. Mediante esta Resolución, el Tribunal de Apelaciones deniega la expedición del auto de Certiorari solicitado. Con esta determinación, se confirma la decisión del foro primario de no descalificar al representante legal de la parte demandante.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en el caso de Roberto Quiñones Rivera contra el Departamento de Corrección y Rehabilitación. El recurrente, un confinado, solicitó acceso a sus documentos legales guardados en un almacén de la institución correccional. Dicho acceso le fue denegado por Corrección, alegando restricciones para prevenir contagios de COVID-19. Quiñones Rivera argumentó que esta negativa violaba su derecho de acceso a los tribunales y que las restricciones eran innecesarias. Presentó un recurso de revisión judicial buscando una orden para acceder a sus documentos, esenciales para preparar un recurso post sentencia. El Tribunal de Apelaciones resolvió desestimar el recurso. La desestimación se basó en la falta de jurisdicción para atender la controversia. El tribunal enfatizó que la ausencia de jurisdicción impide considerar los méritos de la reclamación presentada.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en revisión administrativa. El recurrente, Víctor Javier Díaz Fontánez, confinado, impugna una determinación disciplinaria del Departamento de Corrección y Rehabilitación. Se le impuso una sanción tras ser encontrado culpable de poseer contrabando y armas blancas en su celda durante un registro. La querella disciplinaria se presentó en enero de 2019, culminando en una resolución sancionatoria en febrero de 2019. Díaz Fontánez solicitó reconsideración, la cual fue denegada, aunque la notificación se retrasó hasta enero de 2020. El recurrente presentó recurso de apelación ante el Tribunal, alegando violaciones al debido proceso de ley en el manejo de la querella y la vista disciplinaria. El Tribunal de Apelaciones revisó el expediente y los señalamientos de error presentados por el recurrente. Finalmente, el Tribunal revocó la determinación administrativa emitida por el Departamento de Corrección.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico considera una petición de certiorari presentada por Centro Médico del Turabo (HIMA). HIMA impugna una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó su solicitud para revocar dos laudos arbitrales. El foro primario desestimó la petición por falta de jurisdicción, al determinar que HIMA impugnó dos laudos distintos pero solo canceló aranceles por uno. Los laudos arbitrales, emitidos por el Negociado de Conciliación y Arbitraje, ordenaron a HIMA pagar el bono de navidad de 2016 a empleados unionados de sus hospitales en Caguas y Fajardo. HIMA argumentó que la controversia de derecho era idéntica en ambos laudos, justificando una sola impugnación. El Tribunal de Primera Instancia fundamentó su decisión en jurisprudencia del Tribunal Supremo que exige recursos separados para resoluciones administrativas separadas. El Tribunal de Apelaciones expedirá el recurso de certiorari y revocará la Sentencia apelada. Esto implica que el tribunal apelativo no concurre con la desestimación por falta de jurisdicción.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de Certiorari originado en un pleito de cobro de dinero. Banco Popular de Puerto Rico (BPPR) demandó a Andrés Gómez Alayón y su esposa por una deuda de tarjeta de crédito, obteniendo sentencia a su favor. En la fase de ejecución, BPPR solicitó órdenes a instituciones bancarias, incluyendo Scotiabank, para identificar y embargar fondos de los deudores. El tribunal ordenó a Scotiabank notificar cuentas y no permitir retiros de fondos de los demandados. El alguacil embargó aproximadamente $44,920 de los fondos de los deudores depositados en Scotiabank. El deudor principal radicó una petición de quiebra bajo el Capítulo 13 el mismo día del embargo. BPPR recurrió en Certiorari una resolución del Tribunal de Primera Instancia que dio por cumplida una orden de mostrar causa contra Scotiabank. El Tribunal de Apelaciones expide el auto solicitado por BPPR. La corte modifica el dictamen recurrido del Tribunal de Primera Instancia.

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Este documento es una sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de despido injustificado. La apelada, Darlene Natasha Arroyo Feliciano, demandó a su exempleador, Gui-Mer-Fe Inc., alegando que fue despedida injustificadamente y en represalia tras regresar de una licencia por maternidad. Gui-Mer-Fe Inc. argumentó que el despido se debió a una merma en los ingresos de la corporación. El Tribunal de Primera Instancia determinó que el despido fue injustificado y discriminatorio por razón de embarazo, desestimando la alegada causa económica del patrono. El tribunal de instancia ordenó la restitución de la empleada y el pago de indemnización, aunque denegó el reclamo por represalias. Gui-Mer-Fe Inc. apeló, cuestionando la conclusión del tribunal primario sobre la falta de justa causa a pesar de la baja en ingresos y la determinación de discrimen por embarazo, argumentando que no fue alegado específicamente y que el puesto fue eliminado. El Tribunal de Apelaciones revisa el caso basándose en la prueba desfilada y los argumentos de las partes, en el contexto de la Ley 80 sobre Despidos Injustificados.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico consideró una solicitud de revisión judicial presentada por José I. Ríos Malavé. El recurrente impugnaba una decisión del Negociado de la Policía relacionada con su solicitud de Licencia de Arma. Inicialmente, la Policía denegó la solicitud basándose en el historial de violencia del peticionario. Tras una vista administrativa, el Comisionado de la Policía acogió la recomendación de realizar una investigación de campo sobre la reputación del recurrente. El recurrente solicitó la revisión judicial de esta determinación, alegando error por parte de la Policía. El Tribunal examinó su jurisdicción, señalando que solo puede revisar órdenes o resoluciones administrativas que sean finales. Una orden final resuelve todas las controversias pendientes. La decisión de la Policía de ordenar una investigación de campo no constituye una determinación final sobre la solicitud de licencia. Por lo tanto, el Tribunal concluyó que el recurso de revisión presentado era prematuro. Un recurso prematuro carece de eficacia y priva al tribunal de jurisdicción.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en un caso de dominio contradictorio. El recurso proviene de una apelación presentada por Elena Vega Lugo contra una decisión del Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Ponce. El caso original inició como un expediente de dominio solicitado por Sarah Mercedes Vega Vázquez sobre un predio en Yauco. Elena Vega Lugo compareció oponiéndose, alegando ser la dueña del mismo terreno, lo que convirtió el trámite en contencioso. Tras el juicio, el Tribunal de Primera Instancia declaró a Sarah Mercedes Vega Vázquez dueña del predio. La sentencia de instancia concluyó que la peticionaria había estado en posesión del terreno en concepto de dueña por más de 30 años, cumpliendo los requisitos de ley. El tribunal denegó la objeción de la apelante, imponiéndole costas y honorarios de abogado. Elena Vega Lugo apeló esta decisión, señalando once errores. El Tribunal de Apelaciones, tras considerar el recurso, confirma el dictamen apelado.

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Este documento es una Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de daños y perjuicios. El apelante, Jaime Mateo Napoleoni, demandó a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) y su aseguradora MAPFRE. La demanda se originó por una caída en una caja de contador descubierta el 24 de febrero de 2017. Napoleoni alegó haber interrumpido el término prescriptivo de un año mediante comunicaciones extrajudiciales con la AAA, comenzando el 21 de junio de 2017. La AAA sostuvo que la acción estaba prescrita al presentarse la demanda el 24 de julio de 2018, más de un año después de la supuesta interrupción. El Tribunal de Primera Instancia en Ponce desestimó la demanda contra la AAA por prescripción, sin resolver sobre MAPFRE. Napoleoni apeló esta determinación. El Tribunal de Apelaciones revisó la Sentencia apelada. La Sentencia del Tribunal de Apelaciones modifica y, así modificada, confirma la decisión del foro primario.

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Se revisa la Sentencia Parcial emitida por el foro primario en un caso entre D.N.A. Auto Corp. (Adriel Nissan Bayamón) y María Angélica Sacarello Martínez y otros. La Sentencia apelada declaró ha lugar la moción de sentencia sumaria de la parte apelada, desestimando con perjuicio la demanda de nulidad contractual de la apelante y declarando ha lugar la reconvención de la apelada. El caso se originó con una demanda de la apelante alegando nulidad contractual, vicio en el consentimiento por dolo grave, incumplimiento y daños. La controversia surge de la compra de un vehículo Nissan por la apelada, quien entregó en permuta un Honda Accord. La apelante alega que la apelada incurrió en dolo al no revelar el historial de accidentes y problemas mecánicos del Honda, ni entregar la documentación prometida para un "label" faltante. Tras la transacción, la apelante descubrió los desperfectos y el historial del vehículo canjeado. La apelante exigió el pago total del Nissan y la devolución del Honda, reclamando daños y gastos de almacenaje. El tribunal de primera instancia resolvió sumariamente a favor de la apelada, lo que motiva este recurso de apelación.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de incumplimiento de contrato de seguro. María H. García Bermúdez apeló la desestimación de su demanda contra Cooperativa de Seguros Múltiples de Puerto Rico. La apelante reclamó que la aseguradora no cubrió adecuadamente los daños a su propiedad tras el huracán María. La aseguradora argumentó que la demandante aceptó la compensación ofrecida como pago total al cambiar los cheques emitidos. La demandante sostuvo que su aceptación no fue válida y que existía una controversia sobre el monto real de los daños. El Tribunal de Primera Instancia desestimó la demanda aplicando la doctrina de pago en finiquito. La apelante solicitó la revocación de esa decisión. El Tribunal de Apelaciones revisó los argumentos de las partes. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones confirma la sentencia apelada.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico que atiende un recurso de revisión administrativa. Lujani General Contractors, Inc. impugnó una Resolución del Municipio Autónomo de Cayey. Dicha Resolución confirmó la imposición de una multa administrativa por la suma de $14,756.98$. La penalidad fue impuesta por el alegado incumplimiento de Lujani en el pago de arbitrios municipales antes de comenzar una obra de construcción. El proyecto consistió en la repavimentación de una carretera dentro de la demarcación territorial de Cayey. Tras un proceso administrativo, el municipio confirmó la multa, argumentando su facultad bajo la Ley de Municipios Autónomos. Lujani sostuvo que el municipio no tenía autoridad para imponer sanciones administrativas por esta falta. El Tribunal de Apelaciones revisó el caso. Sin embargo, el tribunal desestimó el recurso. La desestimación se basó en la determinación de que el Tribunal de Apelaciones carecía de jurisdicción para adjudicar la controversia.

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El Tribunal de Apelaciones resuelve una solicitud de certiorari presentada por Chubb Insurance Company of Puerto Rico. Chubb recurre de una Resolución y Orden del Tribunal de Primera Instancia que denegó su Moción de desestimación de una demanda. La demanda fue incoada por el Consejo de Titulares del Condominio Millenia Park y otros, reclamando daños por incumplimiento de contrato y mala fe relacionados con una póliza de seguro tras el huracán María. Chubb argumentó que la demanda era defectuosa, que Attenure Holdings carecía de legitimación activa y que la cesión de derechos post-pérdida al tercero Attenure estaba prohibida por la póliza. El Tribunal de Primera Instancia validó la legitimación del Consejo de Titulares y determinó que la cláusula de cesión no era oponible a la cesión realizada después de los daños. Chubb presentó una moción de reconsideración, la cual fue denegada. Ante el Tribunal de Apelaciones, Chubb alegó varios errores del foro primario, principalmente sobre la interpretación de la cláusula de cesión y la legitimación de las partes. El Tribunal de Apelaciones deniega la Moción urgente en Auxilio de jurisdicción y la expedición del auto de Certiorari solicitado por Chubb.

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El Tribunal de Apelaciones examinó una moción conjunta presentada por las partes en el recurso. Dicha moción solicitaba el desistimiento voluntario con perjuicio del caso. La solicitud se fundamentó en una transacción alcanzada entre las partes. Tras revisar la petición, el Tribunal declaró con lugar la moción conjunta. Conforme a la Regla 83(A) de su reglamento, se ordenó la desestimación del recurso. La desestimación se efectuó por desistimiento voluntario. Finalmente, se dispuso el archivo del recurso.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en el caso KLAN202000296. El apelante, Juan Tomás Huertas Cintrón, solicita la revisión de una Sentencia Sumaria emitida por el Tribunal de Primera Instancia de Bayamón. Dicha sentencia declaró Ha Lugar la solicitud de Méndez \& Co., Inc. y desestimó con perjuicio la querella del apelante. La querella original alegaba discrimen por impedimento físico bajo la Ley Núm. 44 y represalias bajo la Ley Núm. 115. El Sr. Huertas Cintrón, empleado de Méndez \& Co., alegó que su trabajo como operador de montacargas afectaba una condición en su cuello y solicitó acomodo razonable. Argumentó que la empresa tomó acciones discriminatorias y en represalia por su condición, solicitudes de acomodo y quejas previas ante organismos administrativos. Estas acciones incluían la asignación de funciones contrarias a sus necesidades y un ambiente laboral hostil. El Tribunal de Apelaciones procede a examinar el recurso para disponer sobre la desestimación sumaria de la querella.

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Myriam López Forte presentó una querella ante el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) contra Sunnova Energy Corporation por incumplimiento de contrato y práctica engañosa. Sunnova alegó falta de jurisdicción de la agencia debido a una cláusula de arbitraje en el contrato. El DACO se declaró sin jurisdicción, ordenando el cierre y archivo de la querella para que las partes agotaran el remedio contractual del arbitraje. Inconforme, la Sra. López Forte recurrió al Tribunal de Apelaciones, señalando múltiples errores del DACO, incluyendo la falta de evidencia sustancial, la improcedencia de una resolución sumaria y la violación al debido proceso. El Tribunal de Apelaciones revisa la resolución del DACO. El documento discute la naturaleza del arbitraje voluntario comercial bajo la ley de Puerto Rico. El Tribunal confirma el dictamen recurrido del DACO.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en el caso KLAN202000353. El apelante, Antonio Irizarry Hernández, recurre de una Sentencia Enmendada del Tribunal de Primera Instancia de Mayagüez. Dicha sentencia declaró No Ha Lugar su demanda por daños y perjuicios contra el Municipio Autónomo de Lajas, el agente Elmer Rivera Rodríguez y otros. La demanda original alegaba que el agente Rivera lo arrestó ilegalmente, causándole daños. Tras varios trámites procesales y la celebración de un juicio, el foro primario desestimó la reclamación. El apelante presentó reconsideración, resultando en la Sentencia Enmendada que ahora se revisa. En su apelación, el Sr. Irizarry señala dos errores, cuestionando la determinación del tribunal sobre los daños por detención ilegal y el manejo procesal de una solicitud de desestimación. El Tribunal de Apelaciones actúa como foro revisor para examinar la aplicación del derecho a los hechos probados en instancia.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de daños y perjuicios. La apelante, Elizabeth Ramos González, recurre una decisión del Tribunal de Primera Instancia que desestimó su demanda contra el Departamento de la Vivienda y MAPFRE. La desestimación se basó en una moción por insuficiencia del emplazamiento. El defecto consistió en que los emplazamientos diligenciados no indicaban el término dentro del cual los demandados debían comparecer ante el tribunal. El foro primario concluyó que este error no podía enmendarse porque el término de 120 días para diligenciar el emplazamiento, según la Regla 4.3(c) de Procedimiento Civil, había vencido. En consecuencia, se ordenó el archivo sin perjuicio de la acción contra dichos demandados. La apelante argumentó que el defecto era técnico y solicitó autorización para enmendar los emplazamientos. Los apelados sostuvieron que el emplazamiento defectuoso impedía al tribunal adquirir jurisdicción y que el vencimiento del término de 120 días hacía mandatoria la desestimación conforme a la jurisprudencia. El Tribunal de Apelaciones revisa la aplicación de las reglas de procedimiento civil sobre el emplazamiento y el término para su diligenciamiento.

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Esta Sentencia del Tribunal de Apelaciones resuelve un recurso de certiorari presentado por Tomás Mercado en un caso laboral bajo la Ley Núm. 2. El recurso impugna una Resolución del Tribunal de Primera Instancia de Ponce que levantó la rebeldía anotada contra To-Ricos, Inc. y/o To-Ricos, LTD. El foro primario concluyó que el diligenciamiento del emplazamiento no cumplió con los requisitos del debido proceso de ley. Específicamente, el Tribunal de Primera Instancia determinó que el emplazamiento fue nulo por no identificar a la persona natural que lo recibió y por no diligenciarse en el orden de prelación de lugares que exige la Ley Núm. 2. El peticionario solicitó la revisión de esta determinación. El Tribunal de Apelaciones procedió a adjudicar el recurso en sus méritos. Tras la revisión, el Panel IX del Tribunal de Apelaciones decidió expedir el auto solicitado. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones revocó el dictamen recurrido del Tribunal de Primera Instancia.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico atendiendo un recurso de certiorari. El peticionario, Francisco Javier Fernández Miró, impugna una resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó su solicitud para paralizar una venta judicial. El caso se originó como un cobro de dinero y ejecución de hipoteca por Banco Popular, resultando en una sentencia final en 2012. Las partes acordaron planes de pago en 2013 y 2016, reconociendo el peticionario la firmeza de la sentencia. El crédito fue cedido a Ibrahim Sammy Odeh en 2017. Tras el incumplimiento del peticionario en 2018, se procedió con la ejecución. El Tribunal de Primera Instancia ordenó continuar con la venta judicial. El Tribunal de Apelaciones revisó los fundamentos del peticionario. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones denegó la expedición del recurso de certiorari, confirmando la orden del TPI de continuar con los procedimientos de ejecución y venta judicial.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa una decisión disciplinaria del Departamento de Corrección y Rehabilitación contra Luis Estrella Aguirre. El recurrente, confinado, impugna una resolución que lo halló incurso en faltas disciplinarias por desobediencia y agresión. El tribunal acoge el escrito como un recurso de revisión administrativa. Sin embargo, como cuestión de umbral, el tribunal examina su propia jurisdicción para atender el caso. Determina que el escrito presentado por el recurrente incumple gravemente con los requisitos reglamentarios, careciendo de elementos esenciales como señalamientos de error y citas legales. Más importante aún, el recurrente no acreditó la jurisdicción del tribunal para revisar su reclamo. Ante la ausencia de jurisdicción, que es insubsanable, el tribunal no puede entrar a considerar los méritos del asunto. Por consiguiente, el recurso es desestimado por falta de jurisdicción, conforme a la Regla 83(C) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de certiorari presentado por Mapfre Pan American Insurance Company. Mapfre solicita la revisión de una Resolución y Orden del Tribunal de Primera Instancia en un pleito incoado por Glenda Rivera Esquilín. La señora Rivera demandó a Mapfre por incumplimiento de contrato y daños relacionados con una reclamación por el huracán María. Mapfre presentó una moción de sentencia por las alegaciones, argumentando que la reclamación estaba finiquitada por un pago realizado. Mapfre sostuvo que el endoso de un cheque por la señora Rivera, con lenguaje de pago total y final, constituía un pago en finiquito. La señora Rivera se opuso, alegando que no tuvo un claro entendimiento de que el pago era final y que existían controversias sobre el ajuste de la reclamación. El Tribunal de Primera Instancia denegó la moción de Mapfre, determinando que existían hechos en controversia sobre el entendimiento de la señora Rivera y el ajuste de la reclamación. Mapfre recurre ante el Tribunal de Apelaciones, alegando que el foro primario erró al no aplicar la doctrina de pago en finiquito. El Tribunal de Apelaciones considera el recurso de certiorari para revisar la decisión del Tribunal de Primera Instancia.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa una sentencia administrativa de la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe). El recurrente, un vecino colindante, impugna la denegatoria de su solicitud de revisión de un permiso de construcción otorgado al recurrido para un edificio de apartamentos. La OGPe aprobó el permiso para la construcción de cinco apartamentos en Lajas, Puerto Rico, tras una solicitud inicial en 2017. El recurrente intervino y presentó una querella alegando construcción sin permiso y violaciones reglamentarias. Un inspector de la OGPe confirmó inicialmente la falta de permiso y el incumplimiento con el patio posterior, aunque el permiso estaba pendiente de aprobación final. A pesar de ello, la OGPe expidió el permiso de construcción poco después. El recurrente argumenta que la construcción es incompatible con la zonificación y viola parámetros de construcción y requisitos ambientales, incluyendo la falta de un permiso de inyección subterránea. Alega que el proyecto debió tramitarse como un caso discrecional, privándole de su derecho a ser notificado, escuchado y presentar prueba. También cuestiona el método de notificación utilizado por la OGPe y expresa preocupación por la invasión a su privacidad. La sentencia detalla los hechos relevantes y los fundamentos de la impugnación presentada por el recurrente ante la división de revisiones administrativas.

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Recurso de certiorari presentado por Chicharrón Restaurant Corp. contra una resolución del Tribunal de Primera Instancia en un caso de despido injustificado. El pleito original fue iniciado por Eduardo Ruiz Dávila bajo el procedimiento sumario de reclamaciones laborales. La empresa peticionaria solicitó una prórroga para presentar su alegación responsiva, la cual fue denegada por el tribunal primario. Dicha denegatoria resultó en la anotación de rebeldía contra la empresa y la fijación de una vista. La peticionaria argumentó en su recurso que el tribunal primario erró al negar la prórroga, pues expuso justa causa y su moción trabó la controversia. El recurso buscaba dejar sin efecto la determinación recurrida. Tras examinar el caso, el Tribunal de Apelaciones resuelve denegar la expedición del auto de certiorari solicitado. Esta decisión valida la actuación del tribunal primario de no conceder la prórroga y proceder en rebeldía.

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Esta resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico atiende una petición de certiorari presentada por Chalitza Sosa Ramos. La señora Sosa buscaba revocar una orden del Tribunal de Primera Instancia que denegó su moción de desestimación en un pleito incoado por Samuel Galán Nieves. La demanda del señor Galán trata sobre la división de comunidad de bienes tras el fin de su relación consensual. Él reclama aportaciones realizadas a una residencia adquirida durante la convivencia, la cual está a nombre de la señora Sosa y designada como hogar seguro para sus hijos. La señora Sosa argumentó que la designación de hogar seguro hacía improcedente la acción de división. El Tribunal de Primera Instancia denegó su moción de desestimación, señalando que la demanda contenía reclamaciones diversas aparte del inmueble y le ordenó contestar. Al revisar la actuación del foro primario, el Tribunal de Apelaciones no encontró base para intervenir. En consecuencia, el Tribunal de Apelaciones denegó la petición de certiorari. Esto confirma la decisión del Tribunal de Primera Instancia, requiriendo que la señora Sosa proceda a contestar la demanda en el caso de división de bienes.

Resumen:

Ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico, Juan E. Grillo Alverio apeló una Resolución del Tribunal de Primera Instancia de Ponce relativa a la pensión alimentaria de sus hijos. El apelante solicitó la revocación de la Resolución de enero de 2014, que adoptó un Informe-Recomendación de la Oficial Examinadora y denegó sus mociones de reconsideración y crédito por pagos en exceso. La controversia se centró en el cálculo de la pensión, especialmente la imputación de ingresos al señor Grillo Alverio por parte de la Oficial Examinadora. El informe de la Oficial Examinadora determinó el ingreso neto del apelante para fines de pensión, excluyendo gastos de vehículo y viajes no probados como necesarios. Se recomendaron cantidades específicas de pensión mensual retroactivas a agosto de 2007, basadas en los ingresos imputados. El Tribunal de Apelaciones revisó el dictamen apelado. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones confirmó la decisión del foro primario.

Resumen:

Esta es una sentencia emitida por el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico el 25 de agosto de 2020. Se refiere a un recurso de apelación en un caso sobre cumplimiento específico de contrato. Las partes involucradas son Carlos Montalvo y Clara Molina como apelada y José A. García Llorens, et al. como apelante. La apelación provino del Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Arecibo. El Tribunal de Apelaciones, en cumplimiento con una sentencia del Tribunal Supremo de 24 de julio de 2020, ordena la desestimación del presente recurso de apelación. El panel estuvo integrado por los jueces Jiménez Velázquez, Ramos Torres y Bonilla Ortiz, siendo la jueza Jiménez Velázquez la ponente. La decisión fue certificada por la Secretaria del Tribunal de Apelaciones.

Resumen:

Borinquen Town Plaza, Corp. compareció ante el Tribunal de Apelaciones mediante un recurso de certiorari para revisar una resolución del Tribunal de Primera Instancia. El peticionario admitió que la decisión del foro primario aún no había sido notificada formalmente a las partes. El estado de derecho puertorriqueño requiere la notificación escrita de las sentencias, resoluciones y órdenes judiciales para que sean efectivas y comiencen a transcurrir los términos para recurrir. La notificación verbal en corte abierta no activa los plazos procesales. Al no haberse notificado la resolución objeto de revisión, el recurso de certiorari fue presentado prematuramente. Un recurso prematuro carece de eficacia y adolece de falta de jurisdicción. Por tanto, el Tribunal de Apelaciones no tiene autoridad para intervenir. El recurso fue desestimado por prematuro.

Resumen:

Un confinado solicitó un traslado de institución correccional alegando persecución y buscando estar más cerca de su familia, citando su buena conducta y una recomendación favorable. La Administración de Corrección y Rehabilitación denegó inicialmente su solicitud. El confinado presentó un recurso de revisión judicial impugnando la denegatoria y señalando errores de la Administración al no seguir normas y leyes sobre traslados. Mientras el recurso judicial estaba pendiente, la Oficina de Clasificación de Confinados aprobó el traslado solicitado. El Procurador General informó al tribunal que el peticionario ya había sido trasladado a la institución deseada. El tribunal verificó que el traslado se había completado. Ante esta situación, el tribunal determinó que el recurso se había tornado académico. Por consiguiente, se desestimó el recurso de revisión judicial por falta de jurisdicción.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una Resolución en un recurso de certiorari presentado por Marta Lucía Lampón Nora. La petición proviene de un caso sobre acción quanti minoris y daños y perjuicios en el Tribunal de Primera Instancia. Previamente, se denegó una moción urgente en auxilio de jurisdicción presentada por la peticionaria. El Tribunal de Apelaciones evaluó la solicitud de certiorari. Se recordó el estándar para intervenir con la discreción del foro primario, el cual requiere un craso abuso, prejuicio o error legal que cause perjuicio sustancial. Tras examinar la petición, el panel concluyó que no se demostró que el Tribunal de Primera Instancia hubiera cometido error alguno. Por consiguiente, el Tribunal de Apelaciones denegó la expedición del auto de certiorari.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emitió una sentencia el 25 de agosto de 2020 en el caso KLAN202000420. Este recurso, acogido como certiorari, provenía del Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Bayamón (Civil. Núm. DAC2010-2272). Las partes en el caso son Evaristo Ramos Álvarez y otros (Demandantes-Recurridos) y José M. Erazo y otros (Demandados-Peticionario). El asunto original trataba sobre estado provisional de derecho, colindancias y reivindicación. El panel del Tribunal de Apelaciones estuvo integrado por los jueces Hernández Sánchez, Brignoni Mártir y Grana Martínez. La sentencia atendió una "Moción de Desistimiento" presentada por la parte apelante el 17 de agosto de 2020. El Tribunal declaró con lugar dicha moción. En consecuencia, se dictó sentencia por desistimiento. Esta decisión se fundamentó en lo dispuesto en la Regla 83-A del Reglamento del Tribunal de Apelaciones.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emitió una sentencia en el caso KLRA202000130, revisando una resolución del Departamento de Asuntos al Consumidor (DACo). RAC Acceptance East, LLC solicitó la revisión judicial de la orden del DACo que le exigía reemplazar un juego de cuarto y una nevera arrendados a Elvin Rodríguez Santos. El contrato entre las partes era de arrendamiento con opción a compra. Rodríguez Santos se querelló ante DACo porque el larguero de la cama se rompió y la nevera presentaba oxidación. RAC había ofrecido soluciones alternativas que el consumidor no aceptó. Tras una investigación y vista administrativa, DACo determinó que los daños estaban cubiertos por la garantía de RAC, la cual no excluía el óxido y solo excluía uso y desgaste normal o daños causados por el consumidor, lo cual no se probó. DACo ordenó a RAC reemplazar ambos bienes por otros de igual precio. RAC apeló esta decisión. El Tribunal de Apelaciones revisó el expediente y confirmó la resolución del DACo, validando la orden de reemplazo de los muebles.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de divorcio sobre relaciones paternofiliales. La madre apeló una resolución del Tribunal de Primera Instancia que reanudó las relaciones del padre con la hija menor. Las relaciones se paralizaron inicialmente en 2017 por recomendación de una psicóloga y alegaciones de la madre sobre posible abuso sexual por parte del padre, bajo investigación del Departamento de la Familia y la Policía. La madre se trasladó temporalmente con la menor a Massachusetts. El padre solicitó el regreso de la menor y el restablecimiento de las relaciones al vencer el término autorizado. La madre se opuso, citando las alegaciones de abuso y el temor de la menor. El TPI denegó la solicitud de la madre para obtener tiempo adicional para validar las alegaciones con un perito. Posteriormente, otro tribunal (Sala Municipal de Caguas) expidió una Orden de Protección Ex parte contra el padre en junio de 2019, basada en la divulgación reciente de la menor sobre el alegado abuso ocurrido en 2017. El Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan, celebró una vista sobre el asunto en julio de 2019.

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La Asociación de Garantía de Seguros Misceláneos de Puerto Rico (ASGM) solicitó al Tribunal de Apelaciones la revisión de una resolución del Tribunal de Primera Instancia. Dicha resolución denegó la Moción de Sentencia Sumaria presentada por ASGM en un caso de incumplimiento de contrato y violación al Código de Seguros. La demanda original fue incoada por la Asociación de Residentes del Condominio Palma Dorada contra aseguradoras por daños causados por el Huracán María. Palma Dorada alegó que las aseguradoras incumplieron al no ajustar ni pagar la totalidad de los daños reclamados, estimados en más de $372,000. ASGM argumentó que Palma Dorada había aceptado $62,335 como la pérdida total en un Sworn Statement y cobrado el cheque correspondiente, lo que constituía una transacción y resolvía la reclamación. Palma Dorado se opuso, sosteniendo que no hubo transacción y que la aseguradora incumplió al pagar una cantidad inferior a los daños. El Tribunal de Primera Instancia denegó la sentencia sumaria, al entender que existía controversia sobre el monto de los daños y si ASGM incumplió sus obligaciones. La corte primaria concluyó que no había prueba de una transacción, señalando que el Sworn Statement no demostraba un acuerdo transaccional ni una renuncia de derechos. Inconforme, ASGM recurrió al Apelativo imputando error al foro primario por no conceder la sentencia sumaria. El Tribunal de Apelaciones, tras examinar los fundamentos, deniega la expedición del auto de Certiorari solicitado por ASGM.

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Comparece ante el Tribunal de Apelaciones una solicitud de revisión administrativa para impugnar la adjudicación de una subasta del Municipio de Arroyo. La recurrente, Capital Improvements Program Management, alegó que la notificación de la adjudicación fue legalmente deficiente. El Municipio de Arroyo admitió que la notificación inicial no cumplió con los requisitos al omitir los criterios de evaluación. El Municipio anunció su intención de emitir una notificación corregida. El Tribunal determinó que un recurso de revisión es prematuro si se presenta antes de que el acto administrativo final sea debidamente notificado. Una notificación deficiente impide que el proceso administrativo se considere perfeccionado. La presentación del recurso antes de la notificación corregida lo hace prematuro. Un recurso prematuro priva al tribunal de jurisdicción. Por consiguiente, el Tribunal desestima el recurso de revisión administrativa.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre la apelación presentada por el confinado Geovanny Ortiz Pérez. El apelante recurre una decisión del Tribunal de Primera Instancia de Bayamón que desestimó su demanda contra el Teniente del DCR, Miguel Cabán Rosado. La demanda alegaba violación de derechos civiles por la incautación y daño de propiedad personal (agenda, documentos legales) durante un registro. El señor Ortiz Pérez sostuvo que los hechos se debían a persecución por sus ideologías políticas. El TPI desestimó la demanda por falta de jurisdicción, entendiendo que el asunto fue resuelto administrativamente y requería una apelación ante el Tribunal de Apelaciones. El apelante imputa error al TPI, argumentando que sí tenía jurisdicción para atender una reclamación por violación de derechos constitucionales y fundamentales (Enmiendas V y XIV). El Tribunal de Apelaciones revisa si el TPI erró al concluir que carecía de jurisdicción para entender la controversia planteada por el confinado.

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Este recurso de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico surge de un caso sobre custodia, patria potestad, relaciones filiales y pensión alimentaria. La peticionaria, Carmen Iris Cruz Figueroa, solicitó la revocación de varias determinaciones contenidas en órdenes interlocutorias del Tribunal de Primera Instancia. El caso original involucra una disputa con el recurrido, Juan Marcos Joaquín Hidalgo, sobre sus hijos menores. Un punto central de la controversia fue la solicitud de la madre para relocalizarse con los menores al estado de Virginia, Estados Unidos. El foro primario ordenó estudios sociales, requirió información adicional a la peticionaria y señaló una vista para evaluar la petición de traslado. La peticionaria impugnó determinaciones del foro primario relacionadas con esta solicitud de relocalización. Tras examinar el recurso presentado y las comparecencias de ambas partes, el Tribunal de Apelaciones resolvió denegar el auto de certiorari solicitado.

Resumen:

Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de certiorari presentado por Dwight Román Cornier. El peticionario enfrenta acusaciones por infracciones a la Ley de Sustancias Controladas. Previamente, presentó una moción para suprimir evidencia, alegando que fue obtenida mediante un registro y allanamiento irrazonable y sin orden judicial. El Tribunal de Primera Instancia celebró una vista evidenciaria y denegó la solicitud de supresión, así como una posterior moción de reconsideración. Inconforme, el señor Román Cornier acudió al Tribunal de Apelaciones mediante petición de certiorari. El Tribunal de Apelaciones revisa los principios constitucionales sobre el derecho a la protección contra registros y allanamientos irrazonables y la regla de exclusión de evidencia ilegalmente obtenida. Tras considerar los fundamentos, el Tribunal de Apelaciones deniega el auto de certiorari solicitado.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite Sentencia en un recurso de certiorari presentado por Universal Insurance Company. La aseguradora impugna la Resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó su solicitud de desestimación. Dicha solicitud se presentó en el marco de una demanda de Noemí María Cabral por incumplimiento del Código de Seguros y contrato tras el huracán María. Universal argumentó que la demanda debía desestimarse por alegado incumplimiento de la notificación previa del Artículo 27.164 del Código de Seguros. El Tribunal de Apelaciones revisó la aplicación de esta disposición legal. Determinó que el Artículo 27.164 exige una notificación específica para acciones presentadas *bajo ese artículo*. Sin embargo, enfatizó que el propio artículo aclara que sus remedios no sustituyen otras causas de acción disponibles bajo el derecho común. Por tanto, el Tribunal de Apelaciones confirmó la determinación del foro primario, validando la denegación de la moción de desestimación de Universal.

Resumen:

El señor Iván O. Rodríguez Rentas, confinado, presentó un recurso de Certiorari ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. Solicitó la revocación de una resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó su moción para reabrir sus casos criminales y obtener un nuevo juicio. El Tribunal de Apelaciones revisó el recurso presentado. Explicó que el auto de Certiorari es un vehículo discrecional y que los tribunales deben verificar su jurisdicción. El Tribunal encontró que el recurso del señor Rodríguez Rentas incumplía varios requisitos reglamentarios. No incluyó un índice detallado ni un apéndice con los documentos relevantes, como la resolución denegada. Tampoco notificó su escrito al Fiscal de Distrito. Estos defectos impiden al Tribunal asumir jurisdicción y ejercer su función revisora. Por consiguiente, el Tribunal de Apelaciones resolvió desestimar el recurso de Certiorari incoado.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una resolución denegando una petición de certiorari. La peticionaria, Mayra S. Vallés, solicitó dejar sin efecto una determinación del Tribunal de Primera Instancia que denegó su solicitud de relevo de sentencia. Dicha solicitud buscaba anular una Sentencia en Rebeldía dictada en su contra en un caso de cobro de dinero instado por Puerto Rico Consumer Debt Management Co., Inc. La peticionaria alegó que la Sentencia en Rebeldía era nula por falta de jurisdicción, argumentando que la parte demandante no acreditó haber realizado las gestiones de cobro extrajudiciales requeridas por ley mediante correo certificado. Sostuvo además que la deuda reclamada era producto de un robo de identidad y había sido previamente eliminada de su reporte de crédito. El Tribunal de Primera Instancia había dictado la sentencia en rebeldía tras la incomparecencia de la peticionaria a una vista, al entender que había sido debidamente citada. Tras evaluar los fundamentos expuestos por la peticionaria, el Tribunal de Apelaciones resuelve denegar la expedición del auto de certiorari solicitado.