Casos del Tribunal de Apelaciones (Página 181)

Resumen:

Manuel Pérez Javier apeló una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó su demanda contra Mapfre Praico Insurance Company. La demanda original alegaba incumplimiento de contrato y mala fe por parte de la aseguradora en el manejo de una reclamación por daños causados por el Huracán María a su propiedad. El Tribunal de Primera Instancia desestimó el caso porque la demanda inicial nombró erróneamente a "Mapfre Pan American Insurance Company" en lugar de "Mapfre Praico Insurance Company". El apelante argumentó que el nombre fue un error, que Mapfre Praico fue emplazada correctamente y estuvo involucrada en el ajuste de la reclamación. Además, el apelante presentó una demanda enmendada corrigiendo el nombre de la aseguradora. La propiedad del apelante sufrió daños significativos, pero la aseguradora determinó que los daños eran menores al deducible, lo cual el apelante refutó con estimados independientes. El apelante solicitó la revocación de la desestimación para poder continuar con el proceso judicial. El Tribunal de Apelaciones, tras evaluar los fundamentos, determinó revocar la Sentencia apelada.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisó una sentencia del Tribunal de Primera Instancia relativa a un laudo arbitral laboral. El Hospital Auxilio Mutuo impugnó la confirmación por el TPI de la decisión de un árbitro que declaró arbitrable una querella. La querella se originó por una acción disciplinaria contra un empleado en junio de 2018. En ese momento, el convenio colectivo anterior había expirado y uno nuevo aún no estaba vigente. El Hospital sostuvo que el asunto no era arbitrable por la ausencia de un procedimiento de quejas aplicable. Tanto el árbitro como el TPI resolvieron que la controversia era arbitrable. El Tribunal de Apelaciones expidió el auto de certiorari solicitado por el Hospital. Revocó la Sentencia del TPI. Determinó que la disputa no era arbitrable bajo las circunstancias. El caso fue devuelto para procedimientos ante la Junta de Relaciones del Trabajo de Puerto Rico.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. El recurso fue instado por Puerto Rico Appraisals, LLC. Impugna la Segunda Notificación de Adjudicación Enmendada emitida por la Junta de Subastas del Gobierno Municipal Autónomo de Trujillo Alto. Dicha adjudicación favoreció a Pacífico Group, Inc. para el Renglón #1 de la solicitud de propuestas 001-FY2019-2020, relativa a servicios de consultoría ante desastres. Seis empresas presentaron propuestas para este renglón. La Junta de Subastas evaluó las propuestas conforme a criterios preestablecidos. Pacífico Group, Inc. obtuvo la puntuación más alta (93 puntos), mientras que Puerto Rico Appraisals, LLC y otros obtuvieron 90 puntos. La ventaja de Pacífico Group, Inc. se basó, entre otros factores, en su habilidad para cumplir con la programación y ejecución de los servicios. El tribunal procede a resolver el recurso de revisión judicial.

Resumen:

Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en el caso de El Pueblo v. José L. Velázquez Bernard. El apelante recurrió una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia, Sala de Caguas, que lo declaró culpable de dos violaciones al Artículo 15 de la Ley para la Protección de la Propiedad Vehicular. Los cargos imputaban la posesión o retención ilegal de dos vehículos Mazda Protege hurtados en junio de 2016 en Aguas Buenas. El Tribunal de Primera Instancia impuso una pena de 15 años de prisión. El Tribunal de Apelaciones examinó el expediente completo, incluyendo la transcripción de la prueba oral desfilada en el juicio. La prueba incluyó testimonios sobre el descubrimiento de los vehículos en una propiedad y el reporte de hurto por parte de sus dueños. Tras evaluar los documentos y autos originales, el Tribunal de Apelaciones confirmó la sentencia apelada.

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Un panel de jueces revisó una Resolución y Orden del Tribunal de Primera Instancia (TPI) en un pleito entre MAPFRE PANAMERICAN Insurance Company y la Sra. Abigail Carrasquillo Santiago. La Sra. Carrasquillo demandó a MAPFRE por incumplimiento de contrato y daños, alegando que la aseguradora no pagó adecuadamente su reclamación por daños del Huracán María y la indujo a aceptar un pago ínfimo de \$225. Ella reclamaba una suma significativamente mayor por incumplimiento contractual, otras pérdidas, daños y perjuicios. MAPFRE solicitó la desestimación y sentencia sumaria, argumentando la inaplicabilidad de la Ley 247-2018, falta de jurisdicción y la aplicación de la doctrina de pago en finiquito tras la aceptación del cheque por la demandante. MAPFRE sostuvo que el pago de \$225 fue ofrecido como liquidación total y final de la reclamación. La Sra. Carrasquillo se opuso, alegando la existencia de controversias de hechos esenciales sobre la buena fe de MAPFRE y la voluntariedad de su consentimiento. El TPI denegó la moción de MAPFRE al entender que existía controversia de derecho. MAPFRE recurrió esta decisión mediante auto de certiorari. El panel de apelación expidió el auto y revocó la resolución recurrida del TPI.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de incumplimiento de contrato y daños. María C. López Martínez apeló la desestimación con perjuicio de su demanda contra Mapfre Pan American Insurance Company. La demanda original alegaba que Mapfre incumplió la póliza de seguro al subvalorar los daños a su propiedad causados por el huracán María. Mapfre solicitó la desestimación sumaria, argumentando que la demandante aceptó un pago final al endosar y cambiar un cheque. La demandante se opuso, alegando que no aceptó el cheque como pago total y final y que existía controversia sobre una solicitud de reconsideración. El foro primario inicialmente denegó la sentencia sumaria, pero luego, tras una reconsideración solicitada por Mapfre y la falta de oposición de la demandante, desestimó el caso. La apelante argumentó que el foro primario erró al aplicar la doctrina de pago en finiquito y al concluir que no había hechos materiales en controversia. El Tribunal de Apelaciones, al revisar el caso, revocó el dictamen apelado.

Resumen:

Este caso laboral por despido injustificado y salarios se inició bajo procedimiento sumario. El empleado demandó a "Panificadora La Jerezana". El patrono presentó una contestación a tiempo, aunque el empleado alegó que se usó un nombre incorrecto. El patrono aclaró que su nombre comercial es Panificadora La Jerezana y la entidad operadora es Enjay, Inc. El empleado solicitó que se declarara en rebeldía al patrono y se eliminara su contestación por no haber divulgado el nombre correcto inicialmente. El Tribunal de Primera Instancia denegó la solicitud de rebeldía, entendiendo que el patrono compareció y contestó a tiempo. El empleado recurrió al Tribunal de Apelaciones mediante certiorari. El Tribunal de Apelaciones deniega la expedición del auto solicitado. Considera que la situación no justifica apartarse de la norma de no revisar determinaciones interlocutorias en procedimientos sumarios. La denegatoria se basa en la naturaleza discrecional del certiorari y la ausencia de circunstancias extremas.

Resumen:

Este caso del Tribunal de Apelaciones resuelve una controversia entre padres sobre la escuela de su hija menor para el año académico 2020-2021. El Tribunal de Primera Instancia (TPI) había ordenado previamente que la menor asistiera a la misma escuela que su hermano, y luego al Centro Preescolar de la UPR. Para el año 2020-2021, el padre solicitó que la hija fuera matriculada en la Escuela Elemental de la UPR, mientras la madre la matriculó en el Colegio Piaget. Ante el desacuerdo, el TPI ordenó la matrícula en la Elemental de la UPR. La madre solicitó reconsideración, argumentando que la decisión previa era que asistiera a la escuela del hermano y que la solicitud del padre era económica. El TPI denegó la reconsideración, considerando la dificultad de acceso a la UPR, la asistencia previa de la menor a la Maternal de la UPR y el inicio de clases. El Tribunal de Apelaciones concluye que la decisión del TPI es la más razonable y prudente, atendiendo al mejor interés de la menor.

Resumen:

Juan A. Bueno Rodríguez, miembro de la población penal, presentó una moción ante el Tribunal de Apelaciones solicitando la revisión y corrección de su sentencia. Alegó llevar varios años cumpliendo una sentencia impuesta en 2013 y basó su petición en enmiendas no especificadas al Código Penal, aludiendo a la Regla 246 y el principio de favorabilidad. Su escrito fue extremadamente breve, careció de documentación de apoyo y no identificó errores concretos ni las enmiendas relevantes. El tribunal intentó obtener información adicional mediante una búsqueda en el sistema de casos, pero encontró inconsistencias y falta de detalles. Señaló que el recurso no cumplía con las formalidades requeridas para la revisión, incluyendo la discusión de errores. El tribunal enfatizó su deber ministerial de verificar la jurisdicción antes de conocer de un pleito. Determinó que el recurso carecía de los documentos mínimos indispensables y no cumplía con los requisitos formales para ejercer su facultad revisora. Por tanto, el tribunal no podía asumir jurisdicción sobre la petición tal como fue presentada.

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Comparece ante un Panel Especial del Tribunal de Apelaciones el señor Moisés Hernández Ramírez mediante recurso de certiorari. Impugna una "Orden" del Tribunal de Primera Instancia de San Juan que declaró "No Ha Lugar" una solicitud suya bajo la Regla 185 de Procedimiento Criminal. El peticionario, confinado desde hace años, busca la corrección de una sentencia dictada en su contra el 28 de enero de 1991. En esa fecha, fue sentenciado a Separación Permanente de la Sociedad como reincidente habitual por Asesinato en Primer Grado, tras declararse culpable. Alega que dicha sentencia es ilegal por contravenir las Leyes 100 y 101 de 1980. Solicita que la sentencia sea declarada ilegal y se dé por cumplida. Señala como errores del TPI la denegación de su moción sin explicación y la ignorancia de las leyes aplicables. El Tribunal de Apelaciones revisa la decisión del TPI, habiendo solicitado la posición del Procurador General. El documento presenta el trasfondo del caso, los argumentos del recurrente y el marco legal pertinente, específicamente la Regla 185 sobre corrección de sentencia ilegal.

Resumen:

Se presenta un recurso de certiorari solicitando la revisión de una determinación del Tribunal de Primera Instancia (TPI). El TPI paralizó la totalidad de un caso de daños y perjuicios instado contra la Autoridad de Edificios Públicos, Deya Elevator Service y MAPFRE PRAICO. La paralización se produjo a raíz de la petición de quiebra de la Autoridad bajo el Título III de PROMESA. Inicialmente, el TPI solo paralizó el caso respecto a la Autoridad, permitiendo que continuara contra Deya y MAPFRE. Sin embargo, a solicitud de MAPFRE, el TPI reconsideró y paralizó el caso completo, argumentando la necesidad de la presencia de la Autoridad. Los peticionarios solicitaron reconsideración de esta paralización total, alegando que la representación por MAPFRE cubría los intereses de las otras partes. El TPI denegó dicha reconsideración. Los peticionarios acuden al Tribunal de Apelaciones impugnando esta determinación. El Tribunal de Apelaciones, tras examinar los autos, DENEGÓ la expedición del auto de certiorari solicitado.

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Esta sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resuelve un recurso de Certiorari en un caso de daños y perjuicios. Los peticionarios impugnaron una orden del Tribunal de Primera Instancia que denegó su moción de reconsideración. El litigio subyacente trata sobre alegaciones de negligencia profesional contra demandados quiroprácticos. Tras la reapertura administrativa del caso, los peticionarios presentaron una demanda enmendada. La demanda enmendada buscaba incluir daños relacionados con una cirugía de 2018 y también hacía referencia a una intervención quirúrgica previa de 2014. Los demandados se opusieron a la inclusión de la reclamación sobre la cirugía de 2014, argumentando que estaba prescrita. El Tribunal de Primera Instancia aceptó la demanda enmendada pero ordenó la eliminación de las alegaciones sobre la cirugía de 2014. Los peticionarios apelaron esta decisión después de que su solicitud de reconsideración fuera denegada. El Tribunal de Apelaciones revisó el historial procesal y los argumentos de las partes sobre la demanda enmendada y la cuestión de la prescripción. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones denegó el recurso de Certiorari, confirmando la determinación del Tribunal de Primera Instancia.

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Se apela una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó una demanda de impugnación de confiscación de un vehículo. La demanda fue incoada en 2011 por la aseguradora (CSMPR) y la entidad financiera (Reliable) del vehículo, confiscado por el Estado Libre Asociado por supuestas violaciones legales. Los demandantes alegaron tener interés y derecho sobre el vehículo y que la confiscación era improcedente. Durante el proceso, se presentaron diversas mociones, incluyendo una de sentencia sumaria y discusiones sobre la legitimación activa bajo la Ley 119-2011. El foro primario desestimó el caso en enero de 2020, principalmente por inactividad según la Regla 39.2(b) de Procedimiento Civil. La apelación busca dejar sin efecto dicha desestimación. El Tribunal de Apelaciones, tras evaluar los argumentos y el historial procesal, determina revocar la Sentencia apelada.

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El Tribunal de Apelaciones revisa una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia en un caso de cobro de dinero instado por Banco Popular de Puerto Rico. La demanda original fue contra María M. Rivera Figueroa, Frankie Huertas Pérez y la Sociedad Legal de Bienes Gananciales. El Tribunal de Primera Instancia declaró con lugar la demanda solo contra la señora Rivera. Desestimó la reclamación contra el señor Huertas y la Sociedad Legal de Gananciales al no probarse su existencia o la firma del señor Huertas en el pagaré. Banco Popular apeló, argumentando que los demandados en rebeldía no presentaron defensas sobre la sociedad de gananciales y eran partes indispensables. Los apelados no comparecieron ante el Tribunal de Apelaciones. El Tribunal de Apelaciones resuelve revocar en parte, modificar y, así modificada, confirmar la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia.

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Se presenta una apelación contra la sentencia que declaró a la señora Betzaida Nieves Jiménez culpable de tres delitos de apropiación ilegal. El Tribunal de Primera Instancia la condenó a 8 años de prisión en sentencia suspendida y al pago de $280,360.78 en restitución. La apelante alega varios errores cometidos por el tribunal inferior. Sostiene que el Ministerio Público no derrotó la presunción de inocencia con la prueba presentada. Argumenta que se admitió prueba de referencia objetada, incluyendo compilaciones de documentos y el testimonio de un contador contratado por la empresa perjudicada. La defensa también alega que el Ministerio Público no entregó prueba exculpatoria o impugnatoria, como una declaración jurada y el testimonio de un testigo. Además, cuestiona que el monto de la restitución no fue sustentado por la prueba. Finalmente, objeta la admisión de evidencia obtenida mediante subpoena al Banco Popular sin entregar copia a la defensa. El tribunal revisor ha examinado los autos y está listo para resolver la apelación, recordando el principio fundamental de la presunción de inocencia y la carga del Ministerio Público de probar la culpabilidad más allá de duda razonable.

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Gerardo R. Umpierre Pontón apela la sentencia del Tribunal de Primera Instancia que le ordenó pagar \$8,714.47 a Air Con, Inc. La demanda original de Air Con, Inc. reclamaba esta cantidad por piezas de aire acondicionado vendidas a crédito. El caso se tramitó bajo la Regla 60 de Procedimiento Civil, un procedimiento sumario para reclamaciones menores de \$15,000. El Tribunal de Primera Instancia determinó que existía un contrato de Compromiso de Pago válido donde el apelante reconoció la deuda. A pesar de iniciar pagos, el apelante dejó de pagar y no notificó su cambio de dirección a la demandante. El foro primario desestimó la demanda contra la esposa del apelante. El apelante impugna en apelación la denegatoria de convertir el procedimiento a uno ordinario y la valoración de la prueba por el tribunal de instancia.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en el caso de Félix Ríos Jiménez contra Eaton Corporation. Eaton apeló una Sentencia Sumaria Parcial del Tribunal de Primera Instancia que declaró con lugar la reclamación de despido injustificado del Sr. Ríos. El despido ocurrió tras un incidente en el que el Sr. Ríos sufrió una lesión. Inicialmente, el Sr. Ríos dio una versión del accidente, pero luego la cambió, admitiendo que manipulaba una reja de seguridad de un abanico. Las políticas de Eaton, incluyendo las Reglas de Cero Tolerancia y el Manual del Empleado, prohíben manipular dispositivos de seguridad y mentir en investigaciones, considerando estas faltas como causa de despido. El Tribunal de Apelaciones revisó el caso sin la oposición del Sr. Ríos, quien no presentó su alegato. Determinó que la conducta del Sr. Ríos violó las políticas de la empresa que justificaban el despido. Por tanto, el Tribunal de Apelaciones revocó la sentencia del Tribunal de Primera Instancia. Ordenó la desestimación total de la demanda por despido injustificado.

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Comparece ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico Super Asphalt Pavement, Corp. para impugnar la adjudicación de la subasta AFI-BP-20-015 por parte de la Junta de Subastas de la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura (AFI) a favor de A & M Group, Inc. La oferta de Super Asphalt fue rechazada por no haber presentado la tarjeta de OSHA para el "Safety Officer", un requisito de las instrucciones a los licitadores. Super Asphalt alegó que su propuesta era la de menor precio tras aplicar la Ley Núm. 14 y que la omisión de la tarjeta era una informalidad subsanable bajo el Reglamento de Compras y Subastas de la AFI. Argumentó que la instrucción requería la certificación, la cual sí sometió, y que la AFI debió ejercer su discreción para pasar por alto la supuesta omisión de la tarjeta. AFI denegó la reconsideración, indicando que la certificación no sustituía la tarjeta y que el requisito era reglamentario (PROSHA), no sujeto a discreción para ser relevado. Inconforme, Super Asphalt acudió al Tribunal de Apelaciones, señalando errores en el descarte de su oferta y la interpretación del requisito de la tarjeta. El Tribunal de Apelaciones confirma la adjudicación de la subasta impugnada.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emitió sentencia en un recurso de certiorari presentado por la Cooperativa de Ahorro y Crédito Pepiniana y otros. Solicitaron la revisión de una resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó su moción de sentencia sumaria parcial. La moción buscaba desestimar las reclamaciones de la señora Mabel Alberty, madre de uno de los demandantes principales. La señora Alberty alegaba haber sufrido represalias e interferencia culposa en su empleo con COSVI, su patrono, debido a la querella de su hijo contra un ejecutivo de la Cooperativa Pepiniana. Los peticionarios argumentaron que la Cooperativa Pepiniana no era su patrono y que la reclamación no procedía legalmente. El Tribunal de Apelaciones concedió el certiorari. Revocó la resolución del Tribunal de Primera Instancia. Desestimó con perjuicio las reclamaciones de la señora Mabel Alberty.

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Se trata de una apelación contra una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia en un caso de daños y perjuicios. Los demandantes, familiares de Rogelio Rivera Rivera, reclamaron contra Universal Insurance Company, aseguradora del propietario de una finca. La demanda se basó en la muerte del Sr. Rivera Rivera, quien falleció al caerle una rama de un árbol en la propiedad. Los demandantes alegaron negligencia del asegurado por permitir a sus arrendatarios podar árboles sin la debida pericia. Universal negó responsabilidad, argumentando causas intervinientes o negligencia de terceros. Tras un juicio, el Tribunal de Primera Instancia dictó sentencia a favor de los demandantes. Universal apeló dicha decisión. El Tribunal de Apelaciones revisó el expediente y las determinaciones de hechos del foro primario. Por las razones expuestas en la sentencia, el Tribunal de Apelaciones confirmó la Sentencia apelada.

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Scotiabank de Puerto Rico presentó un recurso de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones para revisar una resolución del Tribunal de Primera Instancia. Dicha resolución anuló una sentencia en rebeldía, la subasta y la escritura de venta judicial en un caso de ejecución de hipoteca y cobro de dinero. La anulación se debió a que la parte demandada no fue debidamente notificada de la sentencia, ya que la notificación fue devuelta por estar vacante la residencia. Scotiabank había obtenido sentencia en rebeldía tras el emplazamiento y procedió a la subasta donde adquirió la propiedad. Al percatarse de la falta de notificación, el foro primario anuló los procedimientos post-sentencia. Scotiabank solicitó reconsideración, la cual fue denegada, llevando a la presentación del certiorari. El documento explora el marco jurídico del recurso de certiorari en Puerto Rico, destacando su naturaleza discrecional y las limitaciones de la Regla 52.1 de Procedimiento Civil para revisar órdenes interlocutorias. La expedición del auto requiere un análisis cauteloso y razones de peso.

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Leilani Díaz Nieves, una reclusa, recurrió ante el Tribunal de Apelaciones la decisión administrativa del Departamento de Corrección y Rehabilitación sobre su tratamiento médico. La recurrente impugnó el cambio de sus medicamentos para la alta presión y la neuropatía diabética. Se le sustituyó el Catapres y se le descontinuó el Neurontin (Gabapentin), que utilizaba para controlar fuertes dolores. Alegó que estos cambios habían empeorado sus condiciones de salud, las cuales estaban controladas con su tratamiento anterior. Presentó una solicitud de remedio administrativo, la cual fue denegada por el director médico del complejo correccional. Su solicitud de reconsideración también fue denegada por la División de Remedios Administrativos, argumentando falta de jurisdicción sobre tratamientos médicos. Ante el Tribunal de Apelaciones, solicitó que se le proveyeran medicamentos efectivos o se le restableciera su tratamiento original. El Tribunal revisó el recurso presentado por la señora Díaz Nieves. Mediante sentencia, el Tribunal de Apelaciones modificó el dictamen administrativo recurrido.

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Este recurso de certiorari proviene del Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Aguadilla, en un caso de divorcio sobre pensión alimentaria. El peticionario, Héctor A. Morales Torres, solicitó que se acreditaran los beneficios retroactivos del Seguro Social recibidos por su hija menor a su deuda por atrasos en el pago de alimentos. El Tribunal de Primera Instancia inicialmente denegó esta solicitud, dictaminando que el dinero retroactivo no podía usarse para pagar deuda atrasada. En desacuerdo, el señor Morales presentó una moción de reconsideración ante el Tribunal de Primera Instancia y, simultáneamente, una petición de certiorari ante este Tribunal de Apelaciones. Posteriormente, el Tribunal de Primera Instancia emitió una resolución acogiendo la moción de reconsideración y adjudicando la suma retroactiva a la deuda por pagos atrasados. El señor Morales informó a este Tribunal de Apelaciones sobre esta nueva determinación. Dado que el Tribunal de Primera Instancia ya había resuelto la controversia planteada en el certiorari a favor del peticionario, este Tribunal de Apelaciones carece de jurisdicción para revisar una orden que ya fue modificada. Por tanto, se desestima el recurso de certiorari por falta de jurisdicción.

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Mapfre Praico Insurance Company solicitó la revocación de una orden del Tribunal de Primera Instancia que denegó su Moción de Desestimación. El caso subyacente fue presentado por el Consejo de Titulares del Condominio Torres del Parque, Attenure Holdings Trust 2 y HRH Property Holdings, LLC contra Mapfre. Los demandantes alegan que Mapfre incumplió una póliza de seguro al no pagar los daños causados por el Huracán María al condominio, estimados en no menos de $12 millones. El Consejo de Titulares cedió sus reclamaciones bajo la póliza a Attenure y otorgó un poder especial a HRH para gestionar el litigio. Esta cesión y poder motivaron la inclusión de Attenure y HRH como codemandantes en la acción legal. El Tribunal de Apelaciones expidió el auto de certiorari solicitado por Mapfre para revisar la orden. Tras la revisión, el Tribunal de Apelaciones confirmó la orden del Tribunal de Primera Instancia que declaró No ha lugar la Moción de Desestimación de Mapfre.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en el caso KLAN201900629. Juan Ángel Santiago González apeló la desestimación de su demanda por el Tribunal de Primera Instancia de San Juan. La demanda fue presentada contra Media Online, Inc., Wally Castro Marine, Inc., y Waldemar Castro San Román. Santiago González, dedicado a la venta de embarcaciones usadas, alegó que Media Online, dueña de Clasificadosonline.com, modificó unilateralmente sus términos. Sostuvo que las enmiendas restringieron la publicación de anuncios de botes no ubicados en Puerto Rico. Afirmó que estas acciones buscaban sacarlo del mercado en concierto con los otros demandados, quienes eran su competencia. La demanda incluía causas de acción por violación a la ley antimonopolística, incumplimiento contractual e interferencia torticera, entre otras. El foro primario desestimó la totalidad de la demanda conforme a la Regla 10.2(5) de Procedimiento Civil. El apelante solicitó la revocación de dicha sentencia y el restablecimiento de su cuenta. El Tribunal de Apelaciones, por los fundamentos expuestos, confirma la sentencia apelada.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una sentencia en el caso de Luis A. Bonilla Viera. El apelante fue condenado por el Tribunal de Primera Instancia por múltiples delitos graves, incluyendo dos cargos de asesinato en primer grado y violaciones a la Ley de Armas. Los veredictos del jurado en el juicio original no fueron unánimes para ninguno de los cargos imputados. Bonilla Viera fue sentenciado a una pena total de más de 224 años de reclusión. Durante la apelación, se consideraron las decisiones de la Corte Suprema Federal en *Ramos v. Louisiana* y del Tribunal Supremo de Puerto Rico en *Pueblo v. Torres Rivera*. Estas decisiones establecen la necesidad de veredictos unánimes en casos criminales graves. Dado que los veredictos contra Bonilla Viera no fueron unánimes, el Tribunal de Apelaciones determinó que la sentencia debía ser revocada. En consecuencia, el Tribunal de Apelaciones revocó la sentencia condenatoria y ordenó la celebración de un nuevo juicio para el apelante.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resolviendo un recurso de apelación en un caso de división de herencia. Los Apelantes, Iraida, Samuel y Damaris Mendoza Morales, recurrieron una Sentencia parcial del Tribunal de Primera Instancia. El caso fue iniciado por el Demandante-Apelado, Luis Mendoza Morales, para liquidar bienes gananciales y dividir la herencia de Ángel Luis Mendoza Benítez. Luis Mendoza Morales basó su reclamación en un testamento abierto de 1994 que lo instituía como albacea y heredero de porciones específicas. Los Apelantes, también herederos, impugnaron la validez del testamento. Alegaron que el testamento era nulo por incumplimiento de formalidades legales, específicamente que no fue leído en voz alta. Solicitaron la nulidad del testamento, declararon al Apelado indigno de suceder y pidieron su remoción como albacea. La Sentencia parcial apelada del Tribunal de Primera Instancia declaró sin lugar la causa de acción de nulidad de testamento presentada por los Apelantes. Los Apelantes apelaron esta determinación. El Tribunal de Apelaciones revisó el recurso. El Tribunal de Apelaciones confirmó la Sentencia parcial apelada.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre un recurso presentado por Andrés Colón Rosado y Mariluz Lozada Adorno contra MAPFRE PRAICO INSURANCE COMPANY. Los apelantes impugnan una Sentencia Parcial del Tribunal de Primera Instancia que desestimó su reclamación relacionada con una propiedad dañada por el Huracán María. La desestimación se basó en la doctrina de pago en finiquito. MAPFRE había emitido un cheque por \$4,723.30 para la reclamación de dicha propiedad, indicando que era un pago total y final. Los apelantes endosaron y depositaron el cheque, aunque posteriormente argumentaron que la valoración de daños fue negligente y que objetaron la cantidad. El Tribunal de Primera Instancia concedió la sentencia sumaria parcial a favor de MAPFRE. El Tribunal de Apelaciones revisó el dictamen apelado. Por los fundamentos expuestos, el Tribunal de Apelaciones confirma la Sentencia Parcial del Tribunal de Primera Instancia.

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Sports Alternative Puerto Rico, Inc. y varios clubes de voleibol demandaron a la Federación Puertorriqueña de Volleyball (FPV) solicitando un cese y desista para impedir la interferencia de la FPV con sus torneos. También pidieron una sentencia declaratoria para anular los reglamentos de avales y afiliación de la FPV, alegando que esta solo podía regular el voleibol olímpico o profesional. El Tribunal de Primera Instancia desestimó la demanda, concluyendo que los demandantes no demostraron tener derecho a remedio. Inconformes, Sports Alternative et als. apelaron ante el Tribunal de Apelaciones. Los apelantes argumentaron que el tribunal de instancia erró al aplicar la norma procesal para desestimaciones y al interpretar la Ley 8 de 2004 sobre la gobernanza del deporte base. Alegaron además que el tribunal no entendió que la controversia trataba sobre la obligación de ciudadanos privados a vincularse y contribuir monetariamente a las federaciones. La FPV, varios interventores y el Procurador General presentaron sus alegatos en oposición a la apelación. El Tribunal de Apelaciones concedió una vista oral para considerar el recurso.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de revisión judicial. Se impugna la Carta Normativa CN-2020-285-D emitida por la Oficina del Comisionado de Seguros (OCS). La normativa, emitida tras la aprobación de la nueva Ley de Condominios, aclara el alcance de las pólizas maestras de condominio. Establece que dichas pólizas cubren elementos comunes ("Bare-Walls") pero no los elementos privativos individuales de cada titular. Los recurrentes, incluyendo aseguradoras y particulares, alegaron que la OCS debió seguir el proceso formal de reglamentación de la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme (LPAU). Argumentaron que la carta establece derechos y obligaciones y altera relaciones jurídicas preexistentes. El Tribunal revisó el recurso presentado. Se confirmó la determinación emitida por la OCS.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en el caso KLAN202000787. El apelante, Pablo L. Ferrer, recurre de una Resolución del Tribunal de Primera Instancia que atendió una querella bajo la Ley 140 presentada por Carlos J. Báez Sánchez, el apelado. La disputa original versaba sobre el mantenimiento de un patio y problemas de drenaje en una propiedad. La Resolución apelada ordenó al señor Ferrer realizar trabajos de limpieza y verificar el drenaje. El apelante expresó su insatisfacción con la decisión, calificando su recurso como un acto de "indignación justa". El Tribunal de Apelaciones, antes de considerar los méritos, se enfoca en la cuestión de su propia jurisdicción. La sentencia reitera la norma de que la falta de jurisdicción sobre la materia es un defecto insubsanable. Se subraya la obligación de los tribunales de ser guardianes de su jurisdicción y que los recursos prematuros o tardíos carecen de eficacia jurídica.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resolviendo un recurso de apelación presentado por Cumpleaños VIP, LLC contra el Municipio Autónomo de San Juan. El recurso impugna la desestimación con perjuicio de una demanda por incumplimiento de contrato dictada por el Tribunal de Primera Instancia. Cumpleaños VIP demandó al Municipio alegando que este se negó a otorgarle un contrato de arrendamiento para un espacio en la "Playita de la Laguna del Condado" tras un proceso de solicitud de propuestas. La apelante sostenía que fue el mejor postor y que una comunicación del Municipio perfeccionó un contrato de subasta. El Municipio argumentó que no hubo adjudicación ni obligación contractual. El Tribunal de Primera Instancia desestimó la demanda por entender que no exponía una reclamación que justificara un remedio. El Tribunal de Apelaciones, tras evaluar los argumentos, confirma la Sentencia apelada.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones revisa mediante certiorari una orden de entredicho provisional emitida por el Tribunal de Primera Instancia. Dicha orden, expedida el 16 de octubre de 2020, favoreció al Honorable Javier A. Aponte Dalmau contra el Municipio Autónomo de Carolina y otros. El recurrido demandó al municipio alegando intervención indebida con furgones de su campaña política ubicados en predios privados. Solicitó un injunction para prohibir la incautación de estos materiales sin orden judicial previa. El municipio acude al foro apelativo solicitando la anulación de la mencionada orden provisional. El documento detalla el historial procesal en la instancia primaria, incluyendo la presentación de la demanda, mociones y órdenes judiciales. Inicialmente, el tribunal de primera instancia denegó una solicitud de entredicho provisional pero luego lo concedió tras una vista. La controversia central gira en torno a la legalidad de la incautación de propaganda política por parte del municipio y la procedencia del remedio interdictal provisional.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una resolución sobre un recurso de certiorari presentado por Christian J. Castro Rivera. El peticionario solicitó la revocación de una decisión del Tribunal de Primera Instancia que denegó su moción de desestimación. Dicha moción se fundamentaba en la Regla 64(n)(5) de Procedimiento Criminal, alegando la violación de su derecho a un juicio rápido. El peticionario argumentó que la vista preliminar se había retrasado excesivamente mientras estaba sumariado por cargos bajo la Ley 54. Señaló que llevaba más de 100 días encarcelado sin que se celebrara la vista preliminar, debido a factores como la falta de traslado y la demora en la asignación de abogado. El Tribunal de Primera Instancia había rechazado su solicitud de desestimación. El peticionario presentó varios errores atribuidos al foro primario en su recurso de certiorari. Tras considerar el expediente, el Tribunal de Apelaciones denegó la expedición del recurso de certiorari.

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Comparece el Consejo de Titulares del Condominio de Diego 444 ante el Tribunal de Apelaciones mediante petición de certiorari. Solicitan la revisión de una Orden del Tribunal de Primera Instancia que concedió las objeciones de Mapfre Praico Insurance Company a interrogatorios y requerimientos de producción de documentos. El caso subyacente es una demanda incoada por el Consejo de Titulares contra Mapfre por incumplimiento de contrato, mala fe y daños, relacionada con los daños sufridos por el condominio debido a los huracanes Irma y María. El Consejo de Titulares alega que Mapfre no investigó ni ajustó adecuadamente su reclamación de \$9,342,875.59, ofreciendo una cantidad significativamente menor y actuando de manera dilatoria e injustificada. Mapfre sostiene haber actuado diligentemente, justificando cualquier tardanza por el volumen de reclamaciones post-huracanes y alegando que los daños reclamados están sobreestimados. El Tribunal de Apelaciones procede a examinar el recurso para disponer sobre la controversia de descubrimiento de prueba.

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Comparecen ante el Tribunal de Apelaciones Daniel Cruz Colón y otros mediante petición de certiorari para revisar decisiones del Tribunal de Primera Instancia de Comerío. El litigio original versa sobre incumplimiento de contrato y titularidad de unos solares, donde los peticionarios alegan haber pagado por la propiedad pero la parte recurrida no otorgó la escritura. La parte recurrida negó los hechos y reconvino por fraude e invasión de propiedad. Los peticionarios impugnan varias determinaciones del foro primario relacionadas con el manejo del caso y el cumplimiento procesal. Específicamente, recurren la orden de presentar el Informe de Manejo de Caso excluyendo a un abogado cuya descalificación se discutía. También solicitan la revocación de una sanción de \$500 impuesta a su abogado por incumplimiento de órdenes. Impugnan además la determinación que denegó su oposición a una solicitud de desestimación. El TPI condicionó la continuación del caso al pago de la sanción, apercibiendo con la desestimación. El Tribunal de Apelaciones examina el recurso para resolver sobre las controversias planteadas.

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Se presenta una apelación contra una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó una demanda por incumplimiento de contrato. El demandante, Jorge L. Cardo Guede, demandó a Mapfre Praico Insurance Company. El foro primario desestimó la demanda al concluir que la póliza fue emitida por Mapfre Panamerican y no existía relación contractual con Mapfre Praico. Previamente, Mapfre Praico había presentado una moción de desestimación con el mismo argumento, la cual fue declarada no ha lugar por el Tribunal de Primera Instancia. El apelante argumenta que la Sentencia apelada erró al descartar la aplicación de la doctrina de la ley del caso. El Tribunal de Apelaciones determina que la denegatoria previa de la moción de desestimación constituyó la ley del caso. La Sentencia posterior, al desestimar la demanda basándose en el mismo argumento previamente rechazado, contradijo la ley del caso sin justificación. Por consiguiente, el Tribunal de Apelaciones revoca la Sentencia apelada.

Resumen:

El recurso de certiorari fue presentado por Pedro J. Díaz Pérez contra resoluciones verbales del Tribunal de Primera Instancia en casos por infracción a la Ley de Tránsito (Arts. 5.07 y 7.02). El peticionario impugnó la denegatoria de su solicitud de desestimación por alegada violación al derecho a juicio rápido. También cuestionó la autorización para la comparecencia remota de testigos de cargo mediante videoconferencia. El Tribunal de Primera Instancia había reseñalado el juicio y autorizado dicha comparecencia remota. El peticionario argumentó errores relacionados con el derecho a la confrontación y el incumplimiento de los términos de juicio rápido bajo la Regla 64(n)(4). El Tribunal de Apelaciones evaluó el recurso y la oposición del Ministerio Público. Mediante esta Resolución, el Tribunal de Apelaciones desestima el recurso. La desestimación se fundamenta en la falta de jurisdicción. Considera que el recurso fue presentado de forma prematura.

Resumen:

Un litigio se originó entre el Consejo de Titulares del Condominio El Rosario, junto a sus cesionarios Attenure Holdings 11 y HRH Property Holdings, LLC, y Triple-S Propiedad, Inc. El Consejo demandó a Triple-S por incumplimiento de contrato de seguros y dolo relacionado con daños causados por el huracán María, estimados en \$3,000,000. El Consejo había cedido ciertos intereses sobre la reclamación a Attenure, quien involucró a HRH. Triple-S presentó una moción de desestimación, alegando que la cesión violaba una cláusula de la póliza que prohibía la transferencia de derechos sin su consentimiento. Triple-S argumentó que los cesionarios carecían de legitimación activa y que la cesión contravenía la Ley de Condominios. El Tribunal de Primera Instancia declaró No Ha Lugar la moción de desestimación de Triple-S. Triple-S presentó entonces una Petición de Certiorari ante el Tribunal de Apelaciones solicitando la revocación de dicha resolución. Esta resolución atiende la petición de Triple-S. El Tribunal de Apelaciones deniega la expedición del recurso de Certiorari.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico atendiendo un recurso de certiorari presentado por MAPFRE Praico Insurance Company. MAPFRE impugnó una resolución del Tribunal de Primera Instancia en una demanda incoada por el Consejo de Titulares del Condominio Elbal Gardens. El condominio demandó a MAPFRE por incumplimiento de contrato y violaciones al Código de Seguros, incluyendo reclamaciones bajo la Ley 247-2018, relativas a daños por el huracán María. MAPFRE solicitó la desestimación parcial, argumentando que la Ley 247-2018 no aplicaba retroactivamente y que sus reclamaciones no podían acumularse con otras. El tribunal de instancia denegó la moción, resolviendo que la ley aplicaba retroactivamente y permitiendo la acumulación de reclamaciones. El Tribunal de Apelaciones expidió el auto de certiorari. El tribunal procedió a modificar, en parte, la resolución recurrida.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre un recurso de Certiorari presentado por Universal Insurance Company. El caso original involucra una demanda de Dorado Academy, Inc. contra Universal por daños y alegadas violaciones al Código de Seguros tras el Huracán María. Dorado Academy demandó después de rechazar una oferta de Universal y notificar supuestas violaciones del Artículo 27.164 del Código de Seguros. Universal solicitó la desestimación de la demanda, argumentando que Dorado Academy no cumplió adecuadamente con los requisitos de notificación previa, lo que, a su juicio, privaba de jurisdicción al Tribunal de Primera Instancia. El foro primario denegó la moción de desestimación de Universal. Universal recurre esta determinación mediante Certiorari, planteando errores relacionados con la suficiencia y el tiempo de la notificación bajo el Artículo 27.164. La resolución explica la naturaleza discrecional del recurso de Certiorari y detalla los criterios (Regla 40) que el Tribunal de Apelaciones considerará para decidir si expide el auto. El documento sienta las bases para la decisión del tribunal apelativo sobre si revisará la negativa del foro primario a desestimar la demanda.

Resumen:

Se trata de una apelación acogida como certiorari en un caso de ejecución de hipoteca, donde la parte peticionaria es Franklin Credit Management Corporation, como agente de servicio de Bosco Credit X, LLC, y la recurrida es María Del Carmen Calderón López. El recurso proviene del Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Caguas. La peticionaria impugna una Resolución del foro primario que denegó una solicitud de relevo de sentencia. El Tribunal de Primera Instancia había desestimado la demanda sin perjuicio, al entender erróneamente que el término para emplazar a la demandada había vencido. La peticionaria presentó una solicitud de relevo de sentencia, demostrando con prueba que el emplazamiento sí se había diligenciado personalmente y a tiempo, y que la omisión de presentar la prueba no invalidaba el emplazamiento. El foro primario denegó el relevo, argumentando que el término para solicitar reconsideración había transcurrido y que la moción de relevo no era sustitutiva. La parte recurrida no compareció ante el Tribunal de Apelaciones. Tras evaluar el recurso, el Tribunal de Apelaciones determinó que la resolución del Tribunal de Primera Instancia era incorrecta. Por tanto, el Tribunal de Apelaciones revoca la Resolución recurrida.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico, Panel II, resolvió una apelación presentada por J. J. W. METAL CORP. contra el Municipio Autónomo de Carolina. El recurso se originó en un caso sobre interdicto, expropiación forzosa a la inversa y daños, que el Tribunal de Primera Instancia desestimó. La desestimación se basó en que los asuntos y partes ya se estaban dilucidando en otro caso civil previo. Aunque la parte apelante presentó el recurso como una apelación, el Tribunal lo acogió como un certiorari. Esto se debió a que el recurso se presentó tras una orden interlocutoria de desestimación, antes de que la decisión fuera formalmente consignada como sentencia y notificada. El Tribunal de Apelaciones recordó que su intervención con la discreción del foro primario es limitada, requiriendo un craso abuso de discreción o error sustancial. Tras evaluar la petición de certiorari, el Tribunal concluyó que la parte recurrente no demostró que el foro primario hubiera cometido error alguno. En consecuencia, el Tribunal denegó la expedición del auto de certiorari.