Casos del Tribunal de Apelaciones (Página 174)

Resumen:

El Pueblo de Puerto Rico apela una resolución del foro de primera instancia que desestimó las denuncias contra Rodrigo López Pacheco. La desestimación se basó en la falta de jurisdicción por excederse el término para la celebración de la vista preliminar sin justa causa. Las denuncias incluían cargos por tentativa de asesinato, portación de arma y maltrato mediante amenaza. La vista preliminar fue señalada en múltiples ocasiones, pero el recurrido no fue trasladado físicamente desde la institución correccional. Ante esta situación, la parte peticionaria propuso celebrar la vista por videoconferencia, citando reglamentos de emergencia por la pandemia de COVID-19 que restringen los traslados de confinados. El recurrido se opuso a la videoconferencia, argumentando su derecho a estar presente físicamente para garantizar una representación legal adecuada y confrontar testigos. El documento detalla la cronología de los señalamientos fallidos y los argumentos de las partes sobre la modalidad de la vista. La corte revisa la procedencia de la desestimación a la luz de estos hechos y argumentos.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico, Panel VIII, en el caso KLAN202000841. La apelación se originó de un caso de incumplimiento de contrato (CG2019CV04383) entre Carmen Aponte Sierra, como apelante, y Antilles Insurance Company y otros, como apelados. El Tribunal evaluó una moción presentada por la parte apelante informando sobre un acuerdo transaccional alcanzado con la parte apelada. Motivada por dicho acuerdo, la Corte declaró con lugar la moción. En consecuencia, se dictó sentencia por desistimiento. Esta decisión se fundamenta en lo dispuesto por la Regla 83 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones. La sentencia fue emitida en San Juan, Puerto Rico, el 30 de noviembre de 2020.

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Se presenta ante un panel judicial una apelación de Richard Báez Figueroa contra Popular Auto, LLC y Caroline Merced Acosta. El apelante solicita la revocación de una Sentencia Sumaria Parcial y Orden del Tribunal de Primera Instancia (TPI). Dicha sentencia del TPI, dictada en diciembre de 2017 y notificada en mayo de 2018, desestimó con perjuicio la causa de acción instada por el señor Báez Figueroa. El pleito original se originó por la venta de un vehículo del apelante, donde el vendedor alegadamente no pagó el precio completo ni canceló el gravamen existente. Popular Auto financió la compra del vehículo por la señora Merced Acosta, pero el gravamen original no fue cancelado. El señor Báez Figueroa demandó buscando la devolución del vehículo, compensación y el pago de deudas relacionadas. Durante el proceso en el TPI, se ordenó el depósito del vehículo y se prohibieron cambios en el gravamen o título. El TPI también decretó una paralización parcial de los procedimientos debido a la quiebra de otro codemandado. A pesar de la paralización, el TPI dictó la sentencia sumaria apelada. Tras evaluar el recurso, el panel judicial resuelve desestimar la apelación por falta de jurisdicción.

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Un confinado, Alex M. Díaz Figueroa, solicitó la revisión judicial de una determinación del Departamento de Corrección y Rehabilitación. Dicha determinación, emitida el 25 de septiembre de 2020, le denegó la consideración para el programa de pase extendido con monitoreo electrónico. El Departamento fundamentó su negativa en que el recurrente no cualifica bajo la Ley 142 de 2013, ya que el Artículo 5.04 de la Ley de Armas lo excluye de beneficiarse de programas de desvío. El recurrente fue sentenciado a 25 años por violaciones a los Artículos 5.04 y 5.06 de la Ley de Armas de 2000. Alegó que sus cargos bajo el Artículo 5.04 fueron reclasificados y que la Ley 142-2013 no le aplica, además de destacar su buen comportamiento y rehabilitación. A pesar de que la notificación administrativa mencionaba un recurso de reconsideración, el Sr. Díaz Figueroa acudió directamente al Tribunal de Apelaciones. El Tribunal de Apelaciones revisó la determinación administrativa. Finalmente, el Tribunal confirmó la decisión del Departamento de Corrección y Rehabilitación sin trámite ulterior.

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Un representante de un hogar de ancianos apeló la cancelación de su licencia por parte del Departamento de la Familia. La Junta Adjudicativa del Departamento desestimó la apelación, dictaminando que fue presentada un día después del plazo de 15 días. El representante sostuvo que la fecha límite cayó en un día feriado, extendiendo el período de presentación hasta el siguiente día laborable, fecha en la que se presentó la apelación. El asunto central ante el Tribunal de Apelaciones fue el método correcto para computar los plazos administrativos. El Tribunal consideró la aplicabilidad de la Regla 68.1 de Procedimiento Civil, que excluye los días feriados del cálculo de plazos y se ha considerado aplicable a procedimientos administrativos. La sentencia del Tribunal revocó la resolución de la Junta Adjudicativa. Este resultado indica que el Tribunal determinó que la apelación fue presentada a tiempo, aceptando el argumento de que el plazo se extendió debido al día feriado.

Resumen:

Comparece ante el Tribunal de Apelaciones una revisión judicial instada por Primal Film Production, LLC. La recurrente impugna la denegatoria de un crédito contributivo bajo la Ley de Incentivos Económicos para la Industria Fílmica por parte del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio. El Tribunal requirió al Departamento certificar el cumplimiento con los requisitos de notificación de la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme. Dicha ley exige que las órdenes finales sean notificadas por escrito, incluyendo determinaciones de hecho y derecho, y enviadas por correo ordinario y certificado. El Departamento admitió haber notificado la denegatoria únicamente por correo electrónico. Justificó esta acción alegando que el envío postal era imposible y arriesgado debido al toque de queda y cuarentena impuestos por la pandemia de COVID-19 en abril de 2020. Argumentó que la notificación electrónica fue el mecanismo adecuado para asegurar la comunicación, cumplir con las órdenes ejecutivas y limitar la exposición de su personal. El Departamento sostuvo además que la parte recurrente no sufrió perjuicio alguno por la forma de notificación. El Tribunal reconoce que los argumentos del Departamento poseen razonabilidad considerando las circunstancias extraordinarias de la emergencia sanitaria.

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Esta es una Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico relativa a una petición de Certiorari presentada por Eduardo Pérez Rivera en un caso de alimentos. El peticionario buscaba la revisión de una orden del tribunal de primera instancia relacionada con los pagos de pensión alimentaria. El Tribunal señaló varias deficiencias procesales en la petición, incluyendo confusión sobre la orden específica que se impugnaba y la omisión de documentos requeridos. El Tribunal también destacó que el escrito no discutía los criterios para expedir un recurso discrecional como el certiorari. El caso subyacente involucra un conflicto prolongado y una cuantiosa deuda acumulada por concepto de alimentos adeudada por el peticionario, quien tiene un historial de incumplimiento. Un informe reciente de una Examinadora de Pensiones Alimentarias recomendó fijar la pensión mensual en \$560, efectiva desde septiembre de 2019. Tras examinar la limitada documentación provista, el Tribunal determinó que no se cumplían los requisitos para expedir el recurso de certiorari. En consecuencia, el Tribunal declinó expedir el recurso.

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La Sra. María del Carmen Batís Ruiz solicitó la revisión de una Sentencia Sumaria Parcial por Prescripción emitida por el Tribunal de Primera Instancia (TPI). En dicha sentencia, el TPI declaró prescrita y desestimó su reclamación por hostigamiento sexual contra StoneMor Puerto Rico Cementery and Funeral, Inc. y el Sr. Eduardo Fantauzzi Dávila. La señora Batís había presentado una querella en febrero de 2019 alegando despido, represalias y hostigamiento sexual, con el último acto de hostigamiento supuestamente ocurrido a finales de 2017. Los apelados argumentaron que la causa de acción por hostigamiento sexual estaba prescrita al haber transcurrido más de un año desde el último acto alegado. Sostuvieron que las quejas internas presentadas por la empleada no interrumpían el término prescriptivo de un año. La señora Batís se opuso, alegando que la moción era prematura y que sus quejas internas sí interrumpieron el término. Tras revisar el caso, el panel de jueces confirmó la determinación del TPI. La confirmación implica que la reclamación por hostigamiento sexual fue desestimada con perjuicio debido a la prescripción.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de certiorari. El peticionario, Gerson Santiago Torres, solicitó la revisión de una resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó su solicitud de nuevo juicio. El peticionario fue sentenciado a noventa y nueve años de reclusión por asesinato en primer grado en 2009. Fundamentó su solicitud de nuevo juicio en alegaciones de representación legal inadecuada, argumentando que su abogado no buscó un acuerdo con el Ministerio Público ni lo orientó correctamente. El Tribunal de Primera Instancia denegó la solicitud, concluyendo que no cumplía con los requisitos de la Regla 192.1 de Procedimiento Criminal y que la falta de un preacuerdo no violó derechos. El peticionario recurrió ante el Tribunal de Apelaciones, alegando que el foro primario erró al no reconocer los fundamentos para un nuevo juicio. El Tribunal de Apelaciones, tras considerar el recurso, deniega el auto de certiorari solicitado.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa una Sentencia dictada en rebeldía por el Tribunal de Primera Instancia. Dicha Sentencia condenó a los apelantes, Maritza from New York y Anwar Juma Yacoub, a pagar una cuantiosa suma a su exempleado, Víctor De Los Santos Medina. El exempleado presentó una querella bajo la Ley Núm. 2, reclamando salarios por debajo del mínimo, horas extras, periodos de comida no pagados, represalias y despido injustificado. Los apelantes fueron declarados en rebeldía por no presentar alegación responsiva. La Sentencia en rebeldía se dictó tras una vista a la que los apelantes no comparecieron. En su apelación, los apelantes alegan que se violó su derecho al debido proceso. Argumentan que su representación legal no recibió el enlace para la vista virtual y tuvo problemas técnicos para conectarse. El Tribunal de Apelaciones inicia su análisis abordando la cuestión de la jurisdicción y el efecto de su ausencia en una sentencia.

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Comparecen los demandantes Iván Díaz Umpierre, Annaís Nieves y El Pavo Asado ante el Tribunal de Apelaciones solicitando la revocación de una Sentencia Parcial. Dicha sentencia, emitida por el Tribunal de Primera Instancia, desestimó las reclamaciones en su contra presentadas por Norman J. Colón Córdova, Luis F. Tarrats Pérez y Annelis Luiggi Casiano. El TPI concluyó que la evidencia no sustentaba las alegaciones contra estos tres demandados y que no existía nexo causal entre sus actos imputados y los daños sufridos. La demanda original versa sobre cobro de dinero y daños y perjuicios relacionados con la compra fallida de un vehículo usado a Jonnathan Tarrats Santiago. La transacción fracasó porque el auto tenía un gravamen de hurtado y surgieron problemas con el traspaso del título, incluyendo alegaciones de falsificación de firma y notarización indebida. Los apelantes imputaron a Colón Córdova ser socio inversionista de Tarrats Santiago y a Luis F. Tarrats Pérez estar presente en el intento de transacción. La apelación busca reinstaurar las reclamaciones contra estos tres demandados.

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INTEGRAND Assurance Company comparece ante el Tribunal de Apelaciones solicitando la revocación de una Orden de Liquidación. Dicha orden fue emitida por el Tribunal de Primera Instancia el 25 de septiembre de 2020, acogiendo la petición del Comisionado de Seguros de convertir el proceso de rehabilitación de la aseguradora a uno de liquidación. El proceso de rehabilitación se había iniciado en mayo de 2019 debido a la condición económica adversa de INTEGRAND, quien consintió a la rehabilitación aunque discrepaba de los fundamentos. El Tribunal de Primera Instancia emitió una orden de rehabilitación permanente en mayo de 2019. Posteriormente, el Comisionado solicitó la conversión a liquidación, lo cual fue concedido por el foro primario. INTEGRAND impugnó esta decisión mediante el presente recurso de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones. El Tribunal de Apelaciones, tras evaluar los escritos de las partes y el derecho aplicable, resuelve denegar la expedición del auto solicitado. Esto significa que la orden de liquidación emitida por el Tribunal de Primera Instancia se mantiene vigente.

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Sentencia de un panel judicial resolviendo una disputa entre MAPFRE PRAICO Insurance Company y el Consejo de Titulares del Condominio Metromonte. La controversia se centra en una reclamación de indemnización por daños sufridos a consecuencia del Huracán María. El Consejo de Titulares basó su demanda en el Código Civil y la Ley Núm. 247-2018. MAPFRE solicitó la desestimación parcial, argumentando que la Ley 247-2018 no aplica retroactivamente a hechos previos a su aprobación. Adujo además que los remedios bajo dicha ley y el Código Civil no pueden instarse conjuntamente, constituyendo duplicidad. El Consejo de Titulares se opuso, defendiendo la retroactividad de la ley para atender la dilación en reclamaciones de huracanes y la distinción de los daños reclamados. El Tribunal de Primera Instancia declaró no ha lugar la solicitud de desestimación, aplicando la Ley 247-2018 a las reclamaciones de María. MAPFRE recurrió esta decisión mediante auto de certiorari. El panel judicial expide el auto y revoca la Resolución recurrida del Tribunal de Primera Instancia.

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Este documento es una sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. Resuelve un recurso de certiorari presentado por Valerio Dorvilien. El recurso impugna una orden del Tribunal de Primera Instancia que denegó su solicitud para dejar sin efecto una anotación de rebeldía y rechazó su contestación a la demanda. El caso original trata sobre incumplimiento de un contrato de arrendamiento con opción a compra presentado por Francisco Román contra Dorvilien y su exesposa. La rebeldía fue anotada contra Dorvilien después de que el abogado contratado por su exesposa solo compareciera en representación de ella y la sociedad de gananciales, excluyéndolo a él. Además, las notificaciones judiciales relevantes fueron enviadas a una dirección incorrecta de Dorvilien tras su separación. El Tribunal de Apelaciones concluye que procede expedir el auto de certiorari. Por tanto, revoca la orden recurrida del foro primario. El caso es devuelto al Tribunal de Primera Instancia para que continúe los procedimientos.

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Alvin Hermina Venes solicitó al Tribunal de Apelaciones revisar una orden del Tribunal de Primera Instancia (TPI). Dicha orden del TPI declaró no ha lugar su moción para reconsiderar la sentencia impuesta por violación al Artículo 5.04 de la Ley de Armas. El señor Hermina se declaró culpable de este cargo, entre otros, incluyendo asesinato en segundo grado, como parte de un acuerdo en 2011. Argumentó que desconocía que la convicción bajo el Art. 5.04 le haría perder derechos a bonificaciones y programas. El TPI denegó su solicitud, refiriéndose a peticiones similares anteriores y casos previos del mismo peticionario. Ante la negativa del TPI, el señor Hermina acudió al Tribunal de Apelaciones mediante certiorari. El Tribunal de Apelaciones, ejerciendo su discreción, deniega la expedición del auto de certiorari solicitado.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisó una decisión del Departamento de Corrección y Rehabilitación. La recurrente, Sugeily Meléndez González, impugnó una resolución que la encontró responsable de violar códigos disciplinarios. Los cargos se basaron en un incidente donde admitió agredir a otra confinada con un palo de escoba. El Departamento la sancionó con la pérdida de privilegios por 30 días. La señora Meléndez González cuestionó los méritos de la sanción y alegó irregularidades procesales, argumentando que las funciones de Oficial de Querellas e Investigador de Vistas no deben recaer en la misma persona. Tras examinar el recurso y el derecho aplicable, el Tribunal procedió a resolver. La corte concluyó que la actuación de la agencia fue dictada dentro de sus facultades y fue legal y razonable. Por tanto, el Tribunal de Apelaciones acordó confirmar la Resolución recurrida del Departamento de Corrección y Rehabilitación.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre una impugnación de subasta administrativa. AE Nova Dist., Inc. recurre la determinación de Alianza Municipal de Servicios Integrados, Inc. (AMSI). AMSI llevó a cabo la Subasta 002 Serie 2019-2020 para la adquisición de módulos de oficina y mobiliario. El proceso de subasta incluyó requisitos de participación, reunión pre-subasta y ajustes en las fechas de entrega de propuestas. Varias empresas presentaron ofertas, incluyendo AE Nova y FE-RI Construction, Inc. AMSI evaluó las propuestas basándose en múltiples factores como precio, recursos, especificaciones y experiencia. Tras la evaluación, FE-RI obtuvo la puntuación más alta. AMSI adjudicó la subasta a FE-RI el 2 de diciembre de 2019. Inconforme, AE Nova impugnó la adjudicación ante AMSI y posteriormente acudió al Tribunal de Apelaciones. AE Nova solicita al tribunal que revoque la decisión de AMSI y le adjudique la subasta.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en una revisión administrativa solicitada por Landis+Gyr contra la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE). Landis+Gyr impugna la adjudicación del Request for Quotation Núm. 52143 a LT Automation para la compra de contadores de energía. La recurrente alegó que los productos de LT Automation no cumplían con los estándares de la AEE y que la Autoridad incumplió el requisito del RFQ de probar y certificar los productos antes de la apertura de las propuestas. También cuestionó la falta de apercibimientos requeridos en la notificación de adjudicación. Se presenta un informe preliminar de un ingeniero de la AEE que, posterior a la adjudicación, identificó múltiples problemas con los contadores de LT Automation. Estos problemas incluían la falta de canales de memoria, fallos en los sellos, dimensiones incorrectas de la placa y problemas de comunicación. La controversia central gira en torno al cumplimiento de los requisitos técnicos y procesales en el proceso de subasta y adjudicación. La sentencia revisa la decisión previa de un Juez Administrativo de la AEE que declaró No Ha Lugar la solicitud de Landis+Gyr.

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El Municipio de Ponce impugna la elegibilidad de un exempleado a beneficios de seguro por desempleo ante el Tribunal de Apelaciones. Jorge Albizu Zambrana renunció a su empleo en el Municipio, inicialmente alegando razones de salud. El Negociado de Seguridad de Empleo y un Árbitro declararon a Albizu Zambrana elegible para recibir compensación. La resolución del Árbitro fundamentó la elegibilidad en problemas de transportación, considerándolos justa causa bajo una excepción a la regla general. El Municipio apeló, argumentando que la renuncia fue por salud y que las determinaciones de hecho del Árbitro eran incorrectas y sin base probatoria. La Secretaria del Trabajo y Recursos Humanos confirmó la decisión de elegibilidad, señalando que el récord reflejaba tanto enfermedad como problemas de transportación. Inconforme, el Municipio presentó recurso de revisión ante el Tribunal de Apelaciones. El Tribunal de Apelaciones revocó la decisión de la Secretaria del Trabajo y Recursos Humanos.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en un caso de desahucio por falta de pago y cobro de dinero. La apelante, Epifanía Cruz Vázquez, impugnó una sentencia del Tribunal de Primera Instancia que declaró con lugar la demanda de Zulma E. Morales. Dicha sentencia ordenó el desahucio de Cruz Vázquez por incumplimiento en el pago del canon de arrendamiento y utilidades. Para apelar una sentencia de desahucio por falta de pago, la ley exige que el demandado preste una fianza o consigne la deuda en el Tribunal de Primera Instancia. La apelante no cumplió con este requisito en el foro primario. En su lugar, presentó una moción de exención de fianza directamente ante el Tribunal de Apelaciones. El Tribunal de Apelaciones determina que no adquirió jurisdicción sobre el recurso. Esto se debe a que el trámite de la fianza, incluyendo cualquier solicitud de exención, debe realizarse ante el Tribunal de Primera Instancia. La falta de prestación de la fianza en el foro correcto dentro del término jurisdiccional impide la perfección de la apelación. Por consiguiente, el Tribunal de Apelaciones desestima el recurso por falta de jurisdicción.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisó una resolución del Departamento de Asuntos al Consumidor (DACo) en una querella presentada por Edgardo Méndez Fontán y Shely Gracia Nieves contra PRLP Properties I, LLC e Interspace Corp., Inc. La disputa se originó por gabinetes de cocina afectados por polilla en una residencia comprada a PRLP Properties. Antes de la compraventa, PRLP Properties se comprometió a reemplazar los gabinetes como condición para la adquisición. Aunque PRLP Properties contrató a Interspace para instalar nuevos gabinetes, estos también mostraron rastros de polilla. Los querellantes acudieron al DACo, que ordenó a PRLP Properties reemplazar todos los gabinetes y estableció penalidades por incumplimiento. PRLP Properties apeló esta decisión ante el Tribunal de Apelaciones. Tras revisar la prueba y el derecho aplicable, el Tribunal de Apelaciones decidió modificar la Resolución del DACo. Sin embargo, una vez modificada, la confirmó.

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Se presenta una sentencia de un panel de jueces revisando la desestimación de una demanda por incumplimiento de contrato. La apelante, Myriam L. Alicea Pérez, impugna la sentencia sumaria que desestimó su caso contra la aseguradora. La demanda original alegaba que la aseguradora subestimó los daños a su propiedad por el huracán María y actuó de mala fe en el proceso de ajuste. La aseguradora, como defensa, sostuvo que la reclamación fue totalmente resarcida mediante un pago. Alegó que la apelante aceptó y cambió un cheque de \$1,075. Este cheque, según la aseguradora, constituía un pago en finiquito de la reclamación por los daños. El foro primario acogió esta defensa y aplicó la doctrina de pago en finiquito para desestimar la demanda con perjuicio. La sentencia detalla los hechos presentados por la aseguradora para sustentar la sentencia sumaria, incluyendo la aceptación del cheque con la leyenda de liquidación total.

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Se trata de una apelación contra una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que archivó una querella por despido injustificado. La querella fue presentada al amparo de la Ley 80-1976 bajo el procedimiento sumario de la Ley Núm. 2-1961. El foro primario decretó el archivo sin perjuicio al concluir que transcurrió en exceso el término de 120 días para diligenciar los emplazamientos, conforme a la Regla 4.3(c). La apelante enfrentó dificultades para obtener los emplazamientos correctos para el procedimiento sumario a través del sistema SUMAC. A pesar de múltiples intentos para obtener los emplazamientos adecuados y diligenciarlos, el emplazamiento no se completó dentro del término. El TPI convirtió el caso a la vía ordinaria pero posteriormente lo archivó por la falta de emplazamiento oportuno. La apelante solicitó la revocación de la Sentencia de archivo. El Tribunal de Apelaciones revisó los fundamentos de la decisión del TPI. Por los fundamentos expuestos en la Sentencia, el Tribunal de Apelaciones revocó la Sentencia apelada.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en el caso KLAN202000814, apelación procedente de una Sentencia en rebeldía del Tribunal de Primera Instancia. La apelación fue presentada por Maritza from New York y Anwar Juma Yacoub contra una Sentencia que resolvió una querella laboral de Víctor De los Santos Medina. El empleado reclamó despido injustificado, pago por debajo del salario mínimo, horas extras no pagadas, periodos de alimentos no disfrutados y represalias. El foro primario declaró en rebeldía a los apelantes por no contestar la querella. Tras una vista en rebeldía a la que los apelantes no comparecieron, el Tribunal de Primera Instancia dictó Sentencia ordenando el pago de cuantiosas sumas por los conceptos reclamados, daños y honorarios de abogado. Los apelantes solicitan la revocación de esta Sentencia. Alegan que se violó su derecho al debido proceso de ley al no poder conectarse a la vista en rebeldía por supuestos problemas técnicos y falta de enlace.

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El Tribunal de Apelaciones, Panel Especial II, emitió una Resolución el 25 de noviembre de 2020 en un recurso de certiorari instado por MAPFRE/PRAICO. La peticionaria solicitó auxilio de jurisdicción para paralizar un juicio en su fondo pautado para el 30 de noviembre de 2020. El caso original proviene del Tribunal de Primera Instancia y trata sobre caída y daños y perjuicios. MAPFRE/PRAICO se opuso a que el juicio se celebrara mediante videoconferencia, conforme a las guías y órdenes administrativas del Tribunal. Tras examinar las mociones y documentos, el Tribunal de Apelaciones denegó tanto la solicitud en auxilio de jurisdicción como la expedición del recurso de certiorari. La resolución fue notificada inmediatamente.

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Triple-S Propiedad presentó un recurso de certiorari solicitando la revisión de una Orden y una Resolución del Tribunal de Primera Instancia. Dichos dictámenes denegaron las solicitudes de órdenes protectoras instadas por Triple-S. La Peticionaria buscaba impedir la toma de deposiciones de dos altos funcionarios, los Sres. José Del Amo y Roberto García, en el contexto de una demanda por incumplimiento de contrato presentada por Vitreo Retinal Consultants. Triple-S argumentó que las deposiciones eran innecesarias y constituían una carga indebida. El foro primario declaró no ha lugar las solicitudes de órdenes protectoras y denegó una moción de reconsideración. Inconforme, Triple-S presentó el certiorari alegando que el TPI erró y abusó de su discreción al denegar las órdenes protectoras. Un panel especial del Tribunal de Apelaciones consideró el recurso. Por los fundamentos expuestos, el panel DESESTIMA el presente recurso de certiorari. La desestimación se fundamenta en la falta de jurisdicción.

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Este documento es una Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. Resuelve una apelación presentada por el Colegio de Médicos Veterinarios de Puerto Rico (CMVPR). El CMVPR impugna una decisión del Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Guayama. El foro primario ordenó el desistimiento con perjuicio de una demanda instada por el CMVPR. La demanda buscaba un cese y desista e injunctions contra Veterinario Express y tres médicos veterinarios. El CMVPR alegaba prácticas ilegales relacionadas con "vacunaciones en masa". El Tribunal de Primera Instancia determinó que la demanda era improcedente por no agotar la vía administrativa. Consideró la acción temeraria e impuso al CMVPR \$2,000 en honorarios de abogado para cada veterinario codemandado. Los apelados negaron las alegaciones y argumentaron falta de autoridad del CMVPR y no agotar remedios administrativos. El Tribunal de Apelaciones revisa ahora la determinación del foro primario.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico, Panel Especial II, en un recurso de certiorari instado por Farmacia Las Campiñas, LLC y Cooperativa de Seguros Múltiples. El recurso proviene de un caso de daños y perjuicios (HSCI201700384) contra la Sucesión de Ángel Ramos Carrasquillo. Los peticionarios solicitaron la revisión de una orden del tribunal primario que denegó su petición para dejar sin efecto una orden anterior. Dicha orden previa había denegado la reconsideración de una sentencia dictada en el caso. Conjuntamente con el certiorari, los peticionarios pidieron auxilio de jurisdicción para paralizar la ejecución de la sentencia. Tras examinar las mociones y documentos, el Tribunal de Apelaciones resolvió denegar tanto la solicitud de auxilio de jurisdicción como la expedición del recurso de certiorari. La resolución fue emitida el 24 de noviembre de 2020 por el panel especial designado para atender asuntos urgentes.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico atiende la apelación de Luis Pesante Collazo contra la denegación de su petición de Hábeas Corpus por el Tribunal de Primera Instancia. Pesante Collazo fue declarado culpable de un delito de sustancias controladas y sentenciado a 20 años de prisión en un juicio celebrado en su ausencia en 2007, tras ser declarado prófugo. Once años después, fue arrestado en Florida y extraditado, momento en el que presentó la petición de Hábeas Corpus impugnando su detención. Sus argumentos se centran en la supuesta falta de diligencia del Ministerio Público para localizarlo, la insuficiencia de la advertencia sobre el juicio en ausencia, errores en la determinación de reincidencia y la sentencia, y el uso de una acusación incorrecta. El documento revisa el marco legal del Hábeas Corpus como remedio extraordinario. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones deniega el recurso de Hábeas Corpus instado por el apelante.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en la apelación presentada por Florencio Cruz Acevedo contra su convicción por conducir bajo los efectos de bebidas embriagantes. Cruz Acevedo apeló la decisión del Tribunal de Primera Instancia que lo encontró culpable de infringir el Artículo 7.02 de la Ley de Vehículos y Tránsito. La denuncia original detalló que el apelante conducía con una concentración de alcohol de 0.35% y que accedió voluntariamente a la prueba química. Durante el juicio, agentes testificaron sobre la detención inicial, los signos de embriaguez observados y la administración de la prueba de aliento. Se presentó evidencia del resultado del Intoxilyzer 9000 y un agente técnico instructor testificó sobre la certificación y calibración del equipo. La defensa objetó la admisibilidad de la calibración sin la presencia del químico, pero la objeción fue desestimada. Tras evaluar los fundamentos presentados, el Tribunal de Apelaciones determinó que procedía confirmar la sentencia apelada. Se ratifica, por tanto, el fallo de culpabilidad emitido por el Tribunal de Primera Instancia.

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Comparece ante el Tribunal de Apelaciones un recurso contra una sentencia del Tribunal de Primera Instancia de Bayamón. La sentencia apelada ordenó el cierre de un dispensario de cannabis medicinal operado por The Family Dispensary, Inc. El Tribunal de Primera Instancia también declaró con lugar una reconvención del Municipio de Bayamón y encontró temeridad en la parte apelante. El conflicto se originó cuando el Municipio ordenó el cierre del dispensario en marzo de 2017, alegando que el negocio no tenía el permiso de uso adecuado. La parte apelante y pacientes afectados impugnaron la orden de cierre, argumentando violación al debido proceso y actos ilegales. El Tribunal de Apelaciones revisó la sentencia del Tribunal de Primera Instancia. Se modifica la sentencia apelada para declarar No Ha Lugar la reconvención del Municipio. Se mantiene la imposición de costas y honorarios de abogado por mil quinientos dólares a los apelantes. Así modificada, la sentencia del Tribunal de Primera Instancia es confirmada.

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Comparece TV Centro Mini Market ante el Tribunal de Apelaciones solicitando la revisión de una Resolución del Programa WIC que lo descalificó como comerciante participante por un año y canceló su acuerdo. El recurrente cuestionaba la descalificación por sustitución de un producto y la no aplicación de una penalidad monetaria. El Programa WIC presentó una moción de desestimación alegando que el recurso judicial fue presentado tardíamente. Según el Programa WIC, el recurrente no notificó correctamente una moción de reconsideración ante la agencia, lo que impidió la interrupción del término jurisdiccional para apelar. Argumentó que el término de treinta días para recurrir venció antes de la presentación del recurso. La parte recurrente no se opuso a la moción de desestimación. El Tribunal de Apelaciones concluyó que carecía de jurisdicción para entender en el recurso. La presentación tardía del recurso motivó la desestimación del caso.

Resumen:

Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. El Sr. Jaime Hernández Méndez solicita la revocación de una Resolución del Tribunal de Primera Instancia (TPI). Dicha resolución del TPI declaró no ha lugar una moción de nuevo juicio presentada por el peticionario. El Sr. Hernández fue declarado culpable en 2004 por un veredicto de jurado no unánime. Basó su moción en la Regla 192.1 y en la decisión *Evangelisto Ramos v. Louisiana*, argumentando la necesidad de un veredicto unánime. El TPI denegó la petición, resolviendo que la aplicación retroactiva de *Ramos* no alcanza sentencias finales y firmes. Inconforme, el peticionario recurrió ante el Tribunal de Apelaciones. Tras revisar el escrito y los autos, el Tribunal de Apelaciones deniega la expedición del auto solicitado.

Resumen:

Esta es una sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico relativa a una apelación en un caso de custodia y traslado. El apelante, Orlando González Tomasini, impugna una decisión del Tribunal de Primera Instancia (TPI) que denegó su solicitud de reconsideración. El caso se originó con una demanda de divorcio en 2018 contra Juliette Irizarry Miranda, donde el TPI concedió el divorcio, estableció la patria potestad compartida y otorgó la custodia del menor a la madre en Virginia, reservándose la jurisdicción exclusiva. Surgió un conflicto cuando la madre obtuvo una orden de protección contra el padre en Virginia, que incluía al menor, y alegó que Virginia tenía jurisdicción. El TPI reafirmó su jurisdicción exclusiva basándose en su decreto de custodia original. La madre también planteó preocupaciones sobre la salud mental del padre y una investigación criminal en su contra. El documento señala que Virginia emitió posteriormente una orden relacionada con la orden de protección. La apelación aborda el manejo por parte del TPI de estas complejas cuestiones jurisdiccionales y fácticas.

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El Tribunal de Apelaciones resuelve un recurso de certiorari presentado por Yashira M. Torres Rodríguez contra una orden del Tribunal de Primera Instancia en un caso de liquidación de comunidad de bienes. La peticionaria impugnó la decisión del foro primario de reconsiderar un dictamen previo y aceptar las contestaciones tardías del recurrido, Jesús Ramos Alicea, a un requerimiento de admisiones. El recurrido no había contestado el requerimiento dentro del término reglamentario ni de una prórroga concedida, lo que llevó al foro primario a dar por admitidas las cuestiones inicialmente. Sin embargo, tras recibir las contestaciones juramentadas del recurrido, el Tribunal de Primera Instancia reconsideró y aceptó las mismas. La peticionaria alegó que el foro primario erró al obviar la Regla 33 de Procedimiento Civil. El Tribunal de Apelaciones recordó que el certiorari es discrecional y requiere un abuso de discreción para intervenir. Asimismo, señaló que la Regla 33 permite una interpretación flexible, especialmente en casos de admisiones tácitas. Concluyó que la orden recurrida se encontraba dentro del ámbito de discreción del foro primario para el manejo del caso. Al permitir las contestaciones tardías mediante una interpretación flexible de la Regla 33, el foro primario ejerció su criterio de forma permitida, por lo que se deniega el recurso de certiorari.

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El Consejo de Titulares del Condominio Terrazas del Parque Escorial solicitó al Tribunal de Apelaciones la revisión de una determinación del Tribunal de Primera Instancia mediante certiorari. La controversia se originó en un pleito por incumplimiento contractual y daños contra MAPFRE Praico Insurance Company. Durante el descubrimiento de prueba, el Tribunal de Primera Instancia consideró las solicitudes del Consejo amplias y onerosas, denegando parte de ellas. Específicamente, el Tribunal de Primera Instancia se negó a ordenar la producción de información relativa a la reserva fijada por MAPFRE para la reclamación. El Consejo de Titulares solicitó reconsideración de esta determinación, la cual fue denegada por el Tribunal de Primera Instancia. Inconforme, el Consejo acudió al Tribunal de Apelaciones argumentando error al denegar el descubrimiento sobre la reserva. El Tribunal de Apelaciones, haciendo uso de su discreción conforme a la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, resolvió denegar la expedición del auto de certiorari solicitado.

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El documento es una apelación ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. Proviene de una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que declaró Ha Lugar una Petición de Mandamus. La petición fue presentada por empleados del Departamento del Trabajo que buscaban ser incorporados al Programa de Preretiro Voluntario bajo la Ley 211-2015. El TPI determinó que el Departamento tenía un deber ministerial de incluir a los apelados en dicho programa. Los empleados fueron certificados como elegibles para el programa de preretiro. A pesar de su elegibilidad, fueron excluidos de la primera fase de acogida en diciembre de 2016. Se les indicó que participarían en una segunda fase que nunca se materializó. Los empleados presentaron el Mandamus alegando que el Secretario incumplió un deber ministerial al denegar su inclusión. El Departamento apeló la decisión del TPI, argumentando, entre otras cosas, que el Secretario poseía discreción y no un deber ministerial en la implementación de la ley.

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Este caso ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico surge de una demanda de cobro de dinero presentada por Raúl Zurinaga Porrata. La reclamación original fue contra Héctor García Muriel y Myrta Ramos Ramos por una deuda de \$200,000 basada en un contrato de reconocimiento de deuda. Los demandados alegaron que el contrato era nulo por intimidación, pero el Tribunal de Primera Instancia (TPI) validó el contrato tras una vista evidenciaria. El TPI dictó sentencia parcial sumaria contra Héctor García Muriel, condenándolo al pago de la deuda. No obstante, el TPI denegó la sentencia sumaria contra Myrta Ramos Ramos debido a controversias de hecho sobre su participación y si el contrato la obligaba. Se celebró un juicio en su fondo para determinar la responsabilidad de la señora Ramos. La señora Ramos apela la Sentencia del TPI que declaró ha lugar la demanda en su contra. El Tribunal de Apelaciones revisará la determinación del foro primario sobre la responsabilidad de Myrta Ramos Ramos en la deuda reclamada.

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Este dictamen del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resuelve un recurso de certiorari presentado por la Sucesión de Ángel Rodríguez Huertas. La Sucesión impugnó una orden del Tribunal de Primera Instancia que denegó su solicitud de relevo de sentencia. El caso original fue instado por Clara Elena de Jesús Santos contra Ángel Rodríguez Huertas por cobro de dinero y ejecución de hipoteca, resultando en una sentencia en rebeldía. La Sucesión solicitó el relevo de sentencia y la nulidad de la venta judicial, pero el tribunal de instancia lo denegó por haber transcurrido más de un año desde la sentencia. La Sucesión recurrió en certiorari, alegando error en dicho fundamento. El Tribunal de Apelaciones revisó la determinación del foro primario. Tras evaluar los argumentos de las partes, incluyendo una solicitud de desestimación del recurso, el Tribunal de Apelaciones confirmó el dictamen impugnado.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en el caso de Jensen Medina Cardona, acusado de asesinato y violaciones a la Ley de Armas. Medina Cardona renunció inicialmente a su derecho a juicio por jurado, comenzando el juicio por tribunal de derecho. Posteriormente, solicitó reinstalar su derecho a jurado, basándose en una nueva interpretación judicial sobre veredictos unánimes. El Tribunal de Primera Instancia denegó la solicitud, entendiendo que la renuncia fue válida y la nueva norma no le beneficiaba retroactivamente. El Tribunal de Apelaciones aclara que un acusado no puede exigir la reinstalación del derecho a jurado tras una renuncia válida. No obstante, la jueza puede concederlo, pero solo tras un ponderado ejercicio de discreción judicial conforme a la jurisprudencia aplicable. La decisión del foro primario es revocada por no haber realizado dicho ejercicio discrecional.

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Francisco Valdés Pérez apeló una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó su demanda por daños y perjuicios contra la Fiscal Gretchen Pérez Catinchi. El apelante demandó a la Fiscal, alegando que esta se excedió en sus funciones y conspiró para violar su debido proceso en una causa criminal, causándole daños por $300,000. La Fiscal solicitó la desestimación, argumentando inmunidad condicionada por actos realizados en su carácter oficial y la naturaleza discrecional de su labor. El Tribunal de Primera Instancia declaró Con Lugar la Moción de Desestimación de la Fiscal. Inconforme, el señor Valdés Pérez recurrió ante el Tribunal de Apelaciones, señalando errores en la fundamentación de la sentencia y en la consideración de supuestos conflictos de interés. La Oficina del Procurador General representó a la Fiscal en la apelación. Tras revisar el recurso, el Tribunal de Apelaciones confirma la Sentencia apelada.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de divorcio. La peticionaria, Leydy Guzmán Lorenzo, solicitó un auto de certiorari para revocar una Orden del Tribunal de Primera Instancia. Dicha Orden, emitida el 17 de agosto de 2020, reiteró la decisión del foro primario de declinar su jurisdicción. La declinación de jurisdicción se refiere a los asuntos de custodia, patria potestad y relaciones filiales. El caso de divorcio entre la peticionaria y el recurrido, César E. Sainz Rodríguez, inició en 2015. Originalmente se trataron temas de pensión alimentaria, custodia y patria potestad. El tribunal primario autorizó posteriormente el traslado de las menores a los Estados Unidos. El recurrido se opuso a la petición de certiorari. El Tribunal de Apelaciones evaluó el recurso presentado por la peticionaria. La decisión del foro apelativo es denegar la petición de certiorari.

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El Banco Popular de Puerto Rico apela una sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó su demanda de cobro de dinero contra Luis A. Rivera Carrión. La demanda original buscaba el pago de una deuda de tarjeta de crédito. El tribunal primario desestimó el caso con perjuicio, determinando que la acción estaba prescrita al aplicar un término de cinco años. El Banco Popular alega que el foro primario erró al aplicar dicho término de prescripción a una deuda de tarjeta de crédito. El apelado no presentó alegato en el recurso de apelación. El Tribunal de Apelaciones procederá a resolver la controversia con los documentos en el expediente. El documento inicia su análisis discutiendo la norma procesal que exige que las defensas afirmativas, como la prescripción, sean planteadas de forma clara, expresa, específica y fundamentadas en hechos.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico consideró la apelación de Israel García Sánchez contra el Departamento de Corrección y Rehabilitación. El apelante recurría la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó su recurso de mandamus. El foro primario desestimó el mandamus porque el apelante no demostró haber agotado los remedios administrativos ni cumplió con una orden de mostrar causa. Al revisar la apelación, el Tribunal de Apelaciones identificó múltiples defectos procesales en el escrito presentado. No se justificó adecuadamente la solicitud para litigar in forma pauperis con la declaración jurada requerida. Tampoco se cumplieron los requisitos de la Regla 16 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones. El apéndice carecía de documentos esenciales y el escrito no contenía el señalamiento y discusión de errores conforme a la regla. Estos defectos impidieron al Tribunal ejercer su función revisora, por lo que desestimó el recurso de apelación.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en el caso de Ingrid del Valle Velázquez contra Cooperativa de Seguros Múltiples de Puerto Rico. La apelante demandó a la aseguradora por incumplimiento de contrato, alegando que no recibió una compensación justa por los daños a su propiedad tras el huracán María. Argumentó que la aseguradora subvaloró los daños y actuó de mala fe. La aseguradora solicitó la desestimación de la demanda, afirmando que la apelante aceptó un pago en finiquito al cobrar los cheques emitidos tras la evaluación de la reclamación. El Tribunal de Primera Instancia desestimó la demanda aplicando la doctrina de pago en finiquito. La apelante recurrió esta decisión ante el Tribunal de Apelaciones. El Tribunal de Apelaciones revisó los argumentos y la evidencia presentada por ambas partes. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones revocó la sentencia emitida por el Tribunal de Primera Instancia.

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Pedro Astacio Cintrón recurre en certiorari ante el Tribunal de Apelaciones para revocar una resolución del Tribunal de Primera Instancia. Dicha resolución dejó sin efecto un referido de custodia a Trabajo Social y ordenó al peticionario presentar su solicitud de custodia en un pleito independiente. El peticionario, hermano de la madre fallecida del menor, fue designado tutor testamentario por esta. Tras el fallecimiento de la madre, el peticionario presentó mociones en el caso de divorcio original solicitando la custodia legal del menor y la gestión de la pensión alimentaria. El Tribunal de Primera Instancia inicialmente refirió el asunto de custodia a la Unidad de Trabajo Social. Sin embargo, tras una moción del padre, el foro primario reconsideró y exigió una acción independiente para la custodia. El peticionario alega que ha estado al cuidado del menor y que el padre ha estado ausente e incumplido con la pensión. El Tribunal de Apelaciones, por las razones expuestas en la sentencia, deniega la expedición del auto de certiorari solicitado.