Casos del Tribunal de Apelaciones (Página 144)

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una sentencia en un recurso de apelación sobre custodia y patria potestad. El apelante impugnaba una decisión del Tribunal de Primera Instancia que desestimó su acción y ordenó la entrega de la menor a la madre. Durante la tramitación del recurso, la apelada presentó una moción de desestimación alegando que el caso se había tornado académico. Argumentó que las partes habían llegado a un acuerdo permitiendo que la menor regresara a Malasia con ella, donde residen. El apelante confirmó haber autorizado el traslado de la menor al hogar materno en Malasia. El Tribunal explica que un caso es académico cuando la controversia pierde su condición de viva y presente, y una sentencia no tendría efectos prácticos. Cita su reglamento que permite desestimar recursos académicos por falta de jurisdicción. Dado que el eje de la controversia fue resuelto por acuerdo entre las partes, el Tribunal concluye que el recurso se ha tornado académico. Por tanto, desestima la apelación por falta de jurisdicción.

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El Tribunal de Apelaciones denegó la expedición del auto de certiorari solicitado por MAPFRE PAN AMERICAN INSURANCE COMPANY. MAPFRE buscaba revisar una resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó su solicitud de sentencia sumaria. La aseguradora argumentaba que la demanda debía desestimarse basándose en la defensa de pago en finiquito. El foro primario determinó que existían controversias de hechos medulares y que la prueba no demostraba la configuración de dicha defensa. El Tribunal de Apelaciones coincidió en que la controversia no ameritaba mayor atención. Consideró que la prueba sometida por MAPFRE no demostró los elementos necesarios para disponer del caso sumariamente bajo la figura de pago en finiquito. Señaló la ausencia de evidencia clara de que el recurrido aceptara el pago como saldo total sin vicios en su consentimiento. El tribunal identificó disputas fácticas sobre la información provista, el entendimiento del pago y posibles falsas representaciones, denegando el auto al existir controversias de hechos.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre un recurso de certiorari presentado por el Municipio de Añasco. El Municipio impugna una resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó su moción de desestimación. La demanda original fue presentada por James W. Turner Construction, Ltd. (JWTC) para impugnar un arbitrio de construcción y alegar violación al debido proceso. El Municipio solicitó la desestimación por supuesta falta de agotamiento de remedios administrativos por parte de JWTC. El Tribunal de Primera Instancia determinó que el procedimiento administrativo del Municipio fue defectuoso, al no detallar la base del arbitrio, violando el debido proceso de JWTC. Concluyó que, debido a este defecto, sí tenía jurisdicción para conocer del caso y denegó la desestimación. El Municipio recurre esta decisión ante el Tribunal de Apelaciones. La sentencia revisa si el foro primario actuó correctamente al denegar la moción de desestimación.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico atendió mediante certiorari una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que paralizó y archivó administrativamente un caso de discrimen y otros, invocando la paralización automática bajo el Título III de PROMESA. La peticionaria, Irma Iris Soto Rivera, solicitó la revocación de dicho dictamen, argumentando que no todas sus causas de acción estaban sujetas a la paralización automática. Señaló que varias reclamaciones surgieron con posterioridad a la petición de quiebra del Gobierno y no conllevan reclamaciones económicas. El foro primario se había reservado jurisdicción para una reapertura posterior, lo que llevó al Tribunal de Apelaciones a acoger el recurso como certiorari al no tratarse de una sentencia final. El Estado se opuso, citando jurisprudencia que permite la aplicación de la paralización a reclamaciones post-petición. El Tribunal de Apelaciones revocó la determinación del Tribunal de Primera Instancia.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en un recurso de revisión administrativa. La recurrente, Yesenia Matías Menéndez, impugna la denegatoria de beneficios de compensación por desempleo por parte del Negociado de Seguridad en el Empleo (NSE). El NSE la declaró inelegible inicialmente por haber abandonado voluntariamente su trabajo para buscar otro empleo sin tener una oferta. Una Árbitro administrativa confirmó esta determinación tras una audiencia, concluyendo que la recurrente renunció voluntariamente para buscar una mejor oportunidad. La solicitud de reconsideración de la recurrente fue denegada. Ante el Tribunal de Apelaciones, la recurrente solicitó la revisión de estas decisiones. El Tribunal examinó el caso y determinó que las agencias administrativas aplicaron correctamente la Sección 4(B)(2) de la Ley de Seguridad de Empleo. Esta sección descalifica a quienes abandonan un trabajo adecuado voluntariamente y sin justa causa. Por tanto, el Tribunal confirma la determinación recurrida, manteniendo la inelegibilidad de la recurrente a los beneficios por haber abandonado su empleo voluntariamente.

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Se trata de una Sentencia Nunc Pro Tunc de un panel judicial que revisa una apelación. La parte apelante, compuesta por Marisol Figueroa Báez y la Corporación del Fondo del Seguro del Estado, solicitó revocar una sentencia previa. Dicha sentencia, emitida por el Tribunal de Primera Instancia, desestimó con perjuicio su demanda. La demanda original era una acción de subrogación por daños y perjuicios. Se basaba en un incidente ocurrido en 2014, donde la señora Figueroa Báez sufrió lesiones debido a un alegado mal funcionamiento de un ascensor. La acción se dirigía contra Deya Elevator Service, Inc. y su aseguradora MAPFRE PRAICO Insurance Company, alegando negligencia. Las codemandadas solicitaron sentencia sumaria, argumentando falta de prueba suficiente, incluyendo pericial, para demostrar culpa o nexo causal. El foro primario acogió la solicitud y desestimó el caso. Tras evaluar los recursos presentados, el panel judicial confirma la Sentencia apelada. Esto significa que se mantiene la desestimación de la demanda contra Deya y MAPFRE.

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Comparece ante el Tribunal de Apelaciones Jhomar E. Rivera López en revisión judicial contra el Departamento de Corrección y Rehabilitación. El recurrente impugna la decisión del Comité de Clasificación y Tratamiento (CCT) que ratificó su clasificación de custodia máxima. El CCT fundamentó su decisión en la modificación discrecional por historial de violencia excesiva, a pesar de que la escala de reclasificación arrojó una puntuación correspondiente a custodia mínima. El señor Rivera López presentó una reconsideración ante el DCR, pero el recurso de apelación no indica la determinación sobre esta. El Tribunal de Apelaciones acepta la litigación en forma pauperis. Sin embargo, desestima el recurso por falta de jurisdicción. La desestimación se basa en que el recurso fue presentado de forma prematura. Un recurso prematuro, al igual que uno tardío, adolece de un defecto insubsanable de falta de jurisdicción.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de desahucio en precario y cobro de dinero. El Tribunal de Primera Instancia había ordenado el desalojo de la propiedad y condenado a la demandada al pago de $6,600 más cánones futuros. La parte demandada apeló la decisión y se le concedió litigar como indigente. La parte demandante solicitó la desestimación de la apelación por incumplimiento con las reglas del Tribunal de Apelaciones. Se argumentó la falta de jurisdicción por no cumplir con el término de cinco días para apelar en casos de desahucio y la fianza requerida. El Tribunal de Apelaciones revisa el historial procesal y las disposiciones legales aplicables a las apelaciones en juicios de desahucio. Se destaca el término perentorio de cinco días para apelar y la obligación de prestar fianza o consignar cánones. El Tribunal señala que la parte apelante no ha presentado contención alguna en el recurso. La sentencia resuelve la apelación considerando estos aspectos procesales y la inacción de la apelante.

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Recurso de revisión judicial ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico presentado por el confinado Jaime O. Serra Hernández. Impugna una decisión del Departamento de Corrección y Rehabilitación en un proceso disciplinario. Se encontró al recurrente incurso en una violación reglamentaria por tapar el conducto de aire acondicionado de su celda con plástico. Como sanción, se le privó de ciertos privilegios por 30 días. El recurrente solicitó revisión judicial alegando falta de prueba y errores en el informe disciplinario. El Tribunal revisó la decisión administrativa con deferencia a sus determinaciones fácticas. Concluyó que la decisión de Corrección estaba apoyada por la evidencia en el expediente. Destacó que el recurrente admitió en la vista disciplinaria que sabía que el conducto estaba tapado. El Tribunal determinó que los argumentos presentados no justificaban intervenir con la decisión administrativa. Por consiguiente, se confirmó la decisión recurrida del Departamento de Corrección.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en un recurso de certiorari presentado por Richport Technical Professional College, Inc. (RTPC). RTPC solicitó la revocación de una resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó su moción de desestimación parcial. La moción de RTPC argumentaba que la causa de acción por despido injustificado debía desestimarse tras el fallecimiento de la demandante original, al no ser una acción heredable. La Sucesión de la demandante se opuso al recurso de certiorari y solicitó su desestimación. La Sucesión alegó que RTPC incumplió con las reglas de notificación al no utilizar la dirección postal actualizada de su representación legal. RTPC argumentó haber notificado a la dirección que constaba en el expediente al momento de la resolución recurrida. Tras evaluar los argumentos de las partes, el Tribunal de Apelaciones desestima el recurso de certiorari. La desestimación se fundamenta en la falta de jurisdicción, derivada del incumplimiento en la notificación adecuada a la parte recurrida.

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Esta sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico atiende un recurso presentado por MAPFRE PRAICO Insurance Company. MAPFRE impugna la denegatoria de un tribunal de instancia a su moción de sentencia sumaria en un caso incoado por los asegurados, Hipólito Villanueva Sánchez y otros. Los asegurados demandaron a MAPFRE por alegado incumplimiento de contrato relacionado con una reclamación por daños sufridos durante el huracán María. MAPFRE había pagado una suma específica, que consideró pago total y definitivo, evidenciado por un cheque cobrado por los asegurados. Sin embargo, los asegurados alegaron que el pago fue insuficiente y la investigación impropia, imputando mala fe. MAPFRE solicitó la desestimación de la demanda basándose en la defensa de "pago en finiquito", argumentando que el cobro del cheque constituyó la aceptación del pago total. El tribunal de instancia denegó esta moción, lo que motivó el recurso de apelación de MAPFRE.

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Este documento es una Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. Examina una Revisión Judicial presentada por Víctor Quiñones Ruiz contra el Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR). El recurrente, confinado, impugna la denegatoria del DCR a proveerle el medicamento Neurontin (Gabapentin). Quiñones Ruiz solicitó el medicamento a través de remedios administrativos, alegando necesitarlo para dolores de espalda severos. El DCR denegó la solicitud de reconsideración basándose en que el recurrente no cumplía con los diagnósticos aprobados por la FDA para el uso del fármaco. El recurrente sostiene que ha usado el medicamento por años, que la denegatoria se debe a falta de presupuesto y que viola el acuerdo del caso *Morales Feliciano*. El Tribunal revisó el expediente administrativo y las posturas de ambas partes. La Sentencia resolverá si la determinación administrativa del DCR fue correcta y razonable.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de certiorari presentado por Reinaldo J. Alvarado Cruz. El Peticionario impugnaba una Resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó su Moción al amparo de la Regla 185(a) de Procedimiento Criminal. Dicha moción buscaba revisar su sentencia por asesinato en segundo grado e infracción al Artículo 5.15 de la Ley de Armas. Previamente, el Tribunal de Apelaciones había modificado su sentencia, eliminando un cargo bajo el Artículo 5.04 de la Ley de Armas pero confirmando los otros. En la Moción de R. 185, Alvarado Cruz argumentó defectos en la acusación del Art. 5.15 o la atenuación de la pena. El foro primario denegó la moción, indicando que la Regla 185 no es para revisar veredictos y que las atenuantes no se plantearon a tiempo. El Peticionario solicitó reconsideración, añadiendo una petición de desestimación bajo la Regla 64(a) por no imputar delito la acusación. El Tribunal de Primera Instancia también denegó la reconsideración. En este recurso de certiorari, el Peticionario alegó error del foro primario al no atender su solicitud de desestimación bajo la Regla 64(a). El Tribunal de Apelaciones, tras ponderar los argumentos, deniega la expedición del auto de certiorari.

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Comparecen los esposos Aizenman ante el Tribunal de Apelaciones solicitando la revocación de una Orden del Tribunal de Primera Instancia. Dicha Orden declaró No Ha Lugar su solicitud para dejar sin efecto una prohibición de enajenar sobre una propiedad. La controversia se origina en una demanda por incumplimiento de contrato presentada por los esposos Katsnelson contra los Aizenman. Los Katsnelson alegan que los Aizenman terminaron indebidamente un contrato de compraventa sobre la propiedad. Como parte de la demanda, los Katsnelson solicitaron y obtuvieron una orden de prohibición de enajenar la propiedad bajo la Regla 56. Los Aizenman pidieron dejar sin efecto la orden, argumentando que no se cumplieron los requisitos de la Regla 56, incluyendo la fianza. El Tribunal de Primera Instancia denegó la solicitud de los Aizenman para levantar la prohibición. Los Aizenman recurrieron en certiorari ante el Tribunal de Apelaciones para revisar esa denegatoria. El Tribunal de Apelaciones, mediante esta Resolución, deniega la expedición del auto de certiorari. Esto implica que la orden del Tribunal de Primera Instancia que mantiene la prohibición de enajenar la propiedad se sostiene.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de certiorari presentado por Karina Borges Domenech. La peticionaria solicitó revocar una decisión del Tribunal de Primera Instancia que denegó su solicitud de desestimación de cargos criminales. Los cargos imputados, bajo la Ley 22, se relacionan con un incidente de tránsito que resultó en muertes y daños corporales, alegándose que conducía bajo los efectos del alcohol. La señora Borges Domenech argumentó que se violaron sus derechos a juicio rápido, calculando los términos desde la fecha del incidente, la cual consideró su fecha de arresto. El Ministerio Público se opuso, indicando que en la fecha del incidente solo fue transportada voluntariamente para pruebas, no arrestada formalmente. El Tribunal de Primera Instancia declaró No Ha Lugar la desestimación, resolviendo que la detención inicial no constituyó un "arresto" que activara los términos de juicio rápido. Determinó que el arresto o la determinación de causa probable bajo la Regla 6 ocurrió posteriormente. La peticionaria acudió al Tribunal de Apelaciones mediante certiorari. El Tribunal de Apelaciones, en mayoría, DENEGÓ expedir el auto discrecional solicitado. Esto confirma la decisión del foro primario de que no se violentaron los términos de juicio rápido según el argumento presentado por la peticionaria.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa mediante certiorari la negativa del Tribunal de Primera Instancia a desestimar sumariamente una demanda por incumplimiento contractual y daños. Los demandantes, dueños de Panadería Mameyes, reclamaron a MAPFRE Insurance por daños severos a su propiedad tras el huracán María, alegando que la aseguradora no ofreció una compensación justa ni cubrió todos los daños. MAPFRE solicitó la desestimación sumaria argumentando que los demandantes habían aceptado un pago de $19,995.04 al firmar un formulario de reclamación y recibir un cheque. La aseguradora sostuvo que la firma implicaba la aceptación del monto como pago final. El Tribunal de Primera Instancia denegó la moción de sentencia sumaria. El Tribunal de Apelaciones concluye que el TPI actuó correctamente. Determina que la firma del reclamante en un formulario donde la aseguradora consigna un monto de pérdidas no impide que dicha parte reclame la totalidad de los daños supuestamente sufridos. Por tanto, la demanda no podía ser desestimada sumariamente por esa razón.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico que resuelve una apelación de Rebuild San Juan - Puerta de Tierra, LLC. La apelación se dirigía contra una sentencia del Tribunal de Primera Instancia que declaró ha lugar una demanda de cobro de dinero y ejecución de hipoteca. La demanda fue presentada por Walter Tischer Varona y Mariemma Vélez Juan contra Rebuild. El matrimonio Tischer-Vélez vendió propiedades a Rebuild y le concedió un préstamo de \$750,000 garantizado con hipoteca sobre dichas propiedades. Rebuild incumplió el pago del préstamo tras una extensión. Rebuild se defendió alegando que retrasos en permisos gubernamentales para un proyecto hotelero y daños por huracán impidieron el cumplimiento, invocando la doctrina *rebus sic stantibus*. El Tribunal de Primera Instancia falló a favor de los demandantes, ordenando el pago y la ejecución hipotecaria. El Tribunal de Apelaciones revisó los argumentos de Rebuild. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones confirmó la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia.

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Esta Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico atiende una petición de Certiorari presentada por MAPFRE Insurance Company. MAPFRE solicitó la revisión de una resolución del tribunal de primera instancia en un caso de incumplimiento de contrato presentado por Ruth Colón relacionado con una reclamación de seguro por el huracán María. El asunto central fue la decisión del tribunal de primera instancia de dejar sin efecto su sentencia sumaria previa a favor de MAPFRE. El tribunal de primera instancia concluyó que MAPFRE había renunciado a su defensa de "pago en finiquito" al no incluirla en su contestación inicial a la demanda, a pesar de tener la documentación necesaria. MAPFRE argumentó que esto constituía un error conforme a las reglas procesales sobre defensas afirmativas. El Tribunal de Apelaciones, con el beneficio del alegato en oposición, denegó la petición de Certiorari de MAPFRE.

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Una sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resuelve un recurso de revisión instado por Lenny Santiago Rodríguez. La recurrente impugnó la denegación de beneficios de compensación por desempleo por parte del Negociado de Seguridad de Empleo. Dicha denegación se basó en la determinación de que renunció a su empleo sin justa causa, conforme a la Ley de Seguridad de Empleo. Esta decisión fue confirmada en apelación por el árbitro del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos y luego por el Secretario. La Sra. Santiago alegó que su renuncia fue motivada por hostigamiento laboral, constituyendo justa causa para recibir los beneficios. Sin embargo, los foros administrativos concluyeron que renunció a un empleo adecuado sin haber agotado los recursos para conservarlo. Tras agotar la vía administrativa, presentó el recurso de revisión judicial. El Tribunal de Apelaciones revisó el expediente y los fundamentos de las decisiones previas. Finalmente, el Tribunal confirmó la determinación recurrida, denegando así los beneficios de desempleo a la Sra. Santiago.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico considera una petición de certiorari presentada por Otoniel Andino Rivera y otros. Los peticionarios solicitan la revisión de una Resolución del Tribunal de Primera Instancia, Sala de Toa Alta. Dicha Resolución denegó su Moción Solicitando Desestimación por Falta de Jurisdicción. Los peticionarios, demandantes originales en un caso de cobro de dinero relacionado a una obra de construcción, argumentaron que la reconvención presentada por los demandados, que alegaba defectos y trabajos incompletos, debía ser atendida por el DACO. Sostuvieron que el DACO posee jurisdicción primaria o exclusiva sobre controversias de construcción. El Tribunal de Primera Instancia determinó que tenía jurisdicción primaria concurrente con el DACO, al surgir la reconvención de los mismos hechos que la demanda original. Los peticionarios apelaron esta determinación, señalando errores en la interpretación de la jurisdicción del DACO y los tribunales. El Tribunal de Apelaciones, tras considerar la petición, deniega la expedición del auto de certiorari.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una Sentencia en un recurso de certiorari presentado por Carlos Juan Félix Rodríguez. El peticionario, confinado, solicitó la revisión de una Resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó su petición de modificación de sentencia. El Tribunal de Apelaciones procede a desestimar el recurso. La desestimación se fundamenta en la falta de jurisdicción para atender el caso. Se invoca la Regla 83(C) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones como base para la decisión. La Sentencia reitera principios legales sobre la jurisdicción, destacando que un tribunal sin jurisdicción solo puede declararla y desestimar el caso. Se subraya que la falta de jurisdicción es insubsanable y puede ser planteada en cualquier etapa. Por tanto, el Tribunal de Apelaciones no entra a considerar los méritos de la solicitud del peticionario.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico que consolida dos recursos de apelación relacionados con un caso de daños. La reclamación surge de un incidente en el que varias personas quedaron atrapadas en un ascensor en el Condominio Marina Lanais. Los demandantes imputan negligencia a Deya Elevator Services Inc., la compañía encargada del mantenimiento de los elevadores. Alegan que la negligencia de Deya provocó la avería del ascensor y la inoperancia de su sistema de alarma y comunicación de emergencia. Deya solicitó la desestimación sumaria de la demanda en su contra. El Tribunal de Primera Instancia dictó una sentencia sumaria parcial. En dicha sentencia, el TPI desestimó la reclamación de negligencia contra Deya, pero no desestimó la totalidad de la demanda. Los demandantes apelaron la desestimación de la reclamación de negligencia. Deya, por su parte, apeló la negativa del TPI a desestimar la demanda completa en su contra. El Tribunal de Apelaciones ordenó la consolidación de ambos recursos para su resolución conjunta.

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La Junta de Retiro solicitó un auto de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones para impugnar una Resolución del Tribunal de Primera Instancia (TPI). Dicha Resolución, emitida en un caso de daños y perjuicios, declaró Con Lugar las objeciones de las demandantes a las contestaciones de la Junta a requerimientos de admisiones. El caso original fue presentado por Carina Medina Morales y Solanya Vargas González, quienes alegaron represalias, discrimen ideológico y por edad, hostigamiento laboral y despido ilegal. Durante la fase de descubrimiento, las demandantes cursaron requerimientos de admisiones que la Junta objetó en su totalidad. La Junta argumentó que sus empleados no tenían conocimiento personal de los hechos y que la información solicitada era una expedición de pesca. El TPI, sin embargo, ordenó a la Junta a contestar los requerimientos. La Junta recurrió en certiorari, alegando que el TPI erró al ordenar las contestaciones a pesar de sus objeciones fundamentadas. El Tribunal de Apelaciones revisó la petición y los argumentos de las partes. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones denegó la expedición del auto de certiorari solicitado por la Junta de Retiro.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre una petición de certiorari presentada por One Alliance Insurance Corporation (OAIC). OAIC impugna una Resolución y Orden de Embargo Preventivo provisional emitida por el Tribunal de Primera Instancia (TPI) por la suma de \$106,995.15 a favor de PR Asset Portfolio 2013-1 International, LLC. El embargo busca asegurar el cobro parcial de la reclamación de PR Asset en un caso subyacente por incumplimiento de contrato de seguro tras el huracán María, donde reclama más de \$9 millones. OAIC solicitó reconsideración al TPI, la cual fue denegada, y luego acudió al Tribunal de Apelaciones. El Tribunal de Apelaciones denegó una moción de paralización y ordenó a PR Asset mostrar causa por la cual no debía expedirse el auto de certiorari y revocarse la orden de embargo. PR Asset se opuso a la expedición del auto, argumentando que el TPI concedió amplia oportunidad de ser oído a OAIC y que cumplió con el estándar legal para el embargo. La resolución detalla el historial procesal del caso y la disputa sobre la procedencia del embargo preventivo.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico que consolida dos recursos de apelación. El caso subyacente es una reclamación de daños por haber quedado atrapados en un ascensor. Los demandantes apelan la sentencia sumaria parcial que desestimó su alegación de negligencia contra Deya Elevator Services Inc., la compañía de mantenimiento. Deya, a su vez, apela la negativa del tribunal de instancia a desestimar sumariamente la totalidad de la demanda en su contra. Los hechos principales detallan que los demandantes quedaron atrapados en un elevador por cuarenta minutos, y que la alarma y el teléfono de emergencia no funcionaban. Los demandantes atribuyen negligencia a Deya por el mantenimiento inadecuado del elevador y la inoperancia de los sistemas de comunicación. El tribunal de primera instancia dictó sentencia sumaria parcial, confirmando hechos como el atrapamiento y la falta de funcionamiento de los equipos de emergencia. Sin embargo, desestimó la reclamación de negligencia contra Deya en esa etapa procesal, lo cual es objeto de apelación por los demandantes. Ambos recursos fueron consolidados por el Tribunal de Apelaciones para su resolución conjunta debido a las cuestiones comunes de hecho y derecho que presentan.

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La señora Elsa Rivera Rivera apeló una Sentencia Sumaria del Tribunal de Primera Instancia que desestimó su demanda por despido injustificado. La apelante alegó haber sido despedida sin justa causa por FTL Finance/Oasis tras la venta del negocio a Island Finance, reclamando indemnización bajo la Ley 80. Las partes apeladas, FTL Finance e Island Finance, argumentaron que Island Finance ofreció a la apelante continuar en su empleo bajo condiciones similares, pero ella optó por no aceptar. Sostuvieron que, al rechazar la oferta, no hubo despido injustificado. El Tribunal de Primera Instancia emitió Sentencia Sumaria, estableciendo hechos incontrovertidos que apoyaban la posición de las apeladas, incluyendo la oferta de empleo. El foro primario desestimó la demanda con perjuicio, señalando también incumplimientos procesales de la apelante. El panel de apelación revisó el recurso presentado por la señora Rivera Rivera y la oposición de las apeladas. Tras evaluar los argumentos y el derecho aplicable, el tribunal de apelación decidió confirmar la Sentencia Sumaria apelada.

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El Tribunal de Apelaciones revisa una sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó una demanda por incumplimiento de contrato contra Antilles Insurance Company. La demanda original alegaba que la aseguradora no compensó adecuadamente los daños a una propiedad causados por el Huracán María. El foro primario desestimó el caso por falta de jurisdicción, al entender que el demandante no agotó los remedios administrativos ante el Comisionado de Seguros según la Ley 247-2018. El demandante apeló, argumentando que la ley no aplica a reclamaciones generales de contrato o daños bajo el Código Civil y que el tribunal debió permitir enmendar la demanda. El Tribunal de Apelaciones, tras considerar los argumentos, revocó la sentencia apelada.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de divorcio sobre custodia y relocalización de menores. La peticionaria apeló una resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó su moción sobre cumplimiento de orden y cambio de jurisdicción. El caso involucra a dos hijas menores de edad de las partes. En 2018, las partes alcanzaron un acuerdo que permitió a la madre trasladarse con ambas hijas a Estados Unidos. Dicho acuerdo transfirió la custodia de la segunda hija a la madre, manteniendo la patria potestad compartida. El pacto detalló aspectos como pensión alimentaria, gastos de viaje para visitas y comunicación. Crucialmente, el acuerdo estipuló que el tribunal de Puerto Rico retendría jurisdicción sobre las menores. El Tribunal de Apelaciones revisó el recurso y el acuerdo previo. Resolvió expedir el auto de certiorari, pero confirmó la determinación recurrida del foro primario.

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El recurrente, Mariano Maldonado Pagán, presenta un recurso de revisión judicial contra el Departamento de Corrección y Rehabilitación y Physician Correctional Corp. Alega haber contraído Hepatitis C tras una agresión sexual en prisión y denuncia la falta de tratamiento médico adecuado para él y otros confinados. Solicita al tribunal que emplace a las partes recurridas y ordene la entrega de medicamentos, entre otros remedios. El Tribunal de Apelaciones enfatiza su deber de velar por su jurisdicción, la cual debe ser establecida antes de considerar el fondo del asunto. Señala que el recurso de revisión judicial de decisiones administrativas requiere la presentación de una orden o resolución final de la agencia, tras haber agotado los remedios administrativos. El recurrente no alude ni acompaña copia del dictamen administrativo que desea revisar. Al no presentar una decisión administrativa final para revisión, el tribunal carece de la jurisdicción necesaria para atender el recurso. La falta de jurisdicción impide al tribunal considerar los méritos de los reclamos del recurrente.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emitió una sentencia el 27 de abril de 2021 en el caso KLAN202001006. Este recurso de apelación provenía del Tribunal de Primera Instancia de Humacao y trataba sobre cobro de dinero y ejecución de hipoteca. Las partes apelantes eran José Ramón Ríos Pérez, Carmen Alicia Camacho Santiago y su sociedad legal de gananciales, mientras que Luna Acquisition, LLC figuraba como apelada. Los apelantes presentaron una moción solicitando el desistimiento con perjuicio de su apelación. El Tribunal de Apelaciones declaró con lugar dicha moción. Conforme a la Regla 83(B)(5) de su Reglamento, se ordenó la desestimación del recurso. La desestimación se fundamentó en que la apelación se había convertido en académica. La sentencia fue certificada por la Secretaria del Tribunal.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa una sentencia parcial emitida por el Tribunal de Primera Instancia. El caso enfrenta al Consejo de Titulares del Condominio Villas del Parque Escorial contra Chubb Insurance Company of Puerto Rico. La controversia se origina en una demanda por daños sufridos tras el huracán María y alegado incumplimiento del contrato de seguro. La demanda incluía reclamaciones por incumplimiento contractual y bajo el Artículo 27.164 del Código de Seguros, según enmendado por la Ley Núm. 247-2018. La aseguradora solicitó la desestimación parcial, cuestionando la acumulación de acciones y la retroactividad de la Ley 247. El foro primario declaró ha lugar la desestimación parcial. Determinó que las enmiendas de la Ley 247-2018 tienen efecto retroactivo. Desestimó la causa de acción bajo el Artículo 27.164, manteniendo la reclamación por incumplimiento contractual. La parte apelante recurre ante esta instancia, alegando error en la desestimación de la reclamación bajo la Ley 247. El Tribunal de Apelaciones examina el recurso para resolver sobre la procedencia de la sentencia parcial.

Resumen:

Este caso se ventila ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico, Panel II. Involucra a Banco Popular de Puerto Rico como apelante y a Betteroads Asphalt, LLC, et. als. como apelados. El litigio original trata sobre cobro de dinero y ejecución de hipoteca y otra colateral. El Tribunal toma conocimiento de que se presentaron peticiones involuntarias de quiebra bajo el Capítulo 11 contra los demandados-apelados en el Tribunal de Quiebras federal en 2017. Ante esta situación, el Tribunal de Apelaciones ordena el cierre administrativo del presente caso. Este cierre se realiza con fines estadísticos. Se recuerda a las partes que el cumplimiento de los términos reglamentarios no depende de las notificaciones de determinaciones interlocutorias.

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Un recluso presentó quejas administrativas alegando que se sirvieron huevos hervidos con fecha de uso pasada. La División de Remedios Administrativos respondió inicialmente que los alimentos cumplen estándares y que "Use By" significa fecha de inicio de uso, no expiración. El recluso solicitó reconsideración, insistiendo en que "Use By" es fecha de caducidad. La División acogió la reconsideración y ordenó una respuesta más específica sobre la calidad del alimento. En una respuesta de seguimiento, la administración afirmó que los huevos no estaban expirados, se prepararon correctamente y no hubo quejas ni casos de intoxicación en varias instituciones. Inconforme, el recluso solicitó una nueva reconsideración, la cual fue denegada basándose en la verificación diaria de fechas. Finalmente, el recluso presentó una revisión administrativa, cuestionando la falta de respuesta sobre la calidad, la posible recusación de un coordinador y la ausencia de evidencia sobre la salud de los reclusos.

Resumen:

Este documento es una sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de Certiorari sobre revisión de pensión alimentaria. El peticionario, Roberto Claudio Morales, solicitó la revisión de la pensión que paga por sus hijos. La recurrida, Erica J. Batista Zengotita, pidió que se incluyeran los ingresos de la actual esposa del peticionario para el cálculo. El peticionario se opuso, alegando que se casó en Nueva York y reside en Florida, estados sin régimen de sociedad legal de gananciales. El Tribunal de Primera Instancia ordenó al peticionario entregar la información económica de su esposa. El peticionario recurrió en Certiorari, argumentando que el tribunal erró al ordenar la inclusión de dichos ingresos y al hacerlo sin emplazar a la esposa. La controversia principal ante el Tribunal de Apelaciones es si procede incluir el ingreso de la nueva esposa, casada y domiciliada fuera de Puerto Rico bajo un régimen económico distinto, en el cómputo de la pensión alimentaria. Se analiza la aplicación de la doctrina del "cónyuge extraño" en este contexto. El Tribunal de Apelaciones procede a resolver si la orden del foro primario fue correcta.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emitió una Resolución en un recurso de certiorari instado por Chubb Insurance Company of Puerto Rico. Chubb solicitó la revisión de una orden del Tribunal de Primera Instancia que denegó su Moción de Desestimación Parcial. El caso civil subyacente fue presentado por el Consejo de Titulares del Condominio Balcones de Carolina I contra Chubb por daños sufridos tras el huracán María. La demanda original incluía una causa de acción por incumplimiento de contrato de seguro bajo el Código Civil. Posteriormente, se enmendó para añadir una reclamación por daños bajo el Artículo 27.164 del Código de Seguros, alegando mala fe o prácticas desleales de la aseguradora. Chubb argumentó que el Artículo 27.164 prohíbe acumular ambas causas de acción en el mismo pleito, constituyendo una duplicidad de remedios. El Consejo de Titulares se opuso, sosteniendo que ambas reclamaciones son acumulables ya que se fundamentan en hechos y daños distintos. El Tribunal de Primera Instancia denegó la moción de desestimación parcial de Chubb. El Tribunal de Apelaciones, tras examinar el recurso, denegó la expedición del auto de certiorari solicitado por la aseguradora.

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Sentencia del panel apelativo compuesto por las Juezas Birriel Cardona y Cortés González, y el Juez Bonilla Ortiz, quien funge como ponente. El recurso de apelación fue presentado por Sarivel Zayas Rodríguez y Evelyn G. Rodríguez, herederas de Gonzalo Zayas Ramírez. Solicitan la revisión de una Sentencia Parcial del Tribunal de Primera Instancia que desestimó su demanda contra la Cooperativa de Seguros Múltiples. La demanda original, presentada por el Sr. Zayas Ramírez y su exesposa, reclamaba incumplimiento de contrato por la negativa de la aseguradora a cubrir un vehículo hurtado. El vehículo, aunque retenido por el Sr. Zayas Ramírez tras el divorcio, estaba asegurado a nombre de su exesposa. La aseguradora solicitó sentencia sumaria alegando que el Sr. Zayas Ramírez no estaba cubierto al no notificarse el cambio de titularidad del vehículo. El foro primario acogió la solicitud y desestimó la demanda. El panel apelativo, tras revisar los fundamentos, decide revocar la Sentencia parcial apelada.

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La Sentencia resuelve la apelación presentada por Party City of Puerto Rico, Inc. contra una decisión del Tribunal de Primera Instancia. Dicha decisión original declaró injustificado el despido de la empleada Sandra Y. González Tirado, conforme a la Ley Núm. 80. Party City argumentó que el despido estuvo justificado por supuestas violaciones de la empleada a normas internas, incluyendo alegaciones de hostigamiento sexual, discrimen y estilo gerencial hostil. La empresa realizó una investigación interna que, según alega, fundamentó la terminación del empleo. La Sra. González, en el juicio, se basó en la presunción legal de despido injustificado sin presentar prueba propia. El Tribunal de Apelaciones revisó el expediente, los escritos y la prueba oral presentada en el TPI. Tras evaluar el caso, el panel de jueces confirmó la sentencia apelada, ratificando la determinación de despido injustificado.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emitió una Resolución sobre una petición de Certiorari en un caso de división de comunidad hereditaria y partición judicial de herencia. La peticionaria, Lymaris Vega González, impugnó una resolución del Tribunal de Primera Instancia, Sala de Ponce. Dicha resolución del foro primario designó un contador partidor y ordenó a las partes compartir sus honorarios por igual. La peticionaria alegó que el nombramiento fue erróneo y, subsidiariamente, que la distribución de los honorarios era incorrecta. El Tribunal de Apelaciones revisó el historial procesal, incluyendo la oposición previa y las solicitudes de reconsideración de la peticionaria en el tribunal de instancia. Aplicando el estándar para la revisión mediante Certiorari, que respeta la discreción del foro primario salvo errores específicos, el Tribunal evaluó los argumentos presentados. Tras considerar la petición, la oposición y el expediente, el Tribunal determinó que no se cumplían las condiciones para conceder el recurso extraordinario. Por consiguiente, el Tribunal denegó el auto de Certiorari solicitado.

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Peticionarios solicitaron un recurso de mandamus ante el Tribunal de Apelaciones. Buscaban que se ordenara al Tribunal de Primera Instancia (TPI) cumplir con una sentencia previa del propio Tribunal de Apelaciones. Esa sentencia, emitida el 30 de abril de 2018, había revocado una determinación del TPI. La sentencia previa ordenaba al TPI realizar determinaciones de hechos esenciales, tanto incontrovertidos como controvertidos, conforme a la Regla 36.4 de Procedimiento Civil. Esta orden se relacionaba con una Moción de Sentencia Sumaria presentada por los peticionarios en 2015. Según los peticionarios, el TPI no había cumplido con dicho mandato al momento de presentar la petición de mandamus en abril de 2021. Argumentaron que la jueza del TPI tenía el deber ministerial de realizar dichas determinaciones. El Tribunal de Apelaciones examinó la petición y el historial del caso. Considerando los fundamentos expuestos, el panel decidió denegar la expedición de la Petición de Mandamus.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisando una Resolución de la Comisión Apelativa del Servicio Público (CASP). El recurrente, Jesús Castro Cruz, impugnó la decisión de la CASP que declaró no justiciable su controversia con el Municipio de Caguas. La disputa se originó por la evaluación de desempeño del recurrente en 2011-2012, específicamente por no ser evaluado en criterios de supervisión. Castro Cruz alegó discrimen y reclamó daños, cuestionando el proceso de evaluación y la falta de reconocimiento de supuestas funciones de supervisión. El Municipio sostuvo que el puesto del recurrente no conllevaba supervisión y que la evaluación no afectó su retribución ni clasificación. Durante el proceso ante la CASP, el recurrente confirmó que la evaluación objetada no resultó en menoscabo de su situación laboral (reducción de sueldo, descenso, etc.). La CASP determinó que la controversia no era justiciable al no haber afectación laboral y que carecía de jurisdicción para atender el discrimen y los daños. El Tribunal de Apelaciones revisó los fundamentos de la CASP y las circunstancias del caso. Considerando que la evaluación no causó un perjuicio laboral real, el Tribunal confirmó la Resolución de la CASP. Se ratifica así la determinación de que la controversia no era justiciable y la falta de jurisdicción de la CASP sobre las reclamaciones de discrimen y daños.

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Esta resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico atiende una petición de certiorari presentada por Luis A. Fernández Meléndez. El peticionario solicitó la revisión de una determinación del tribunal de primera instancia que denegó su solicitud de descubrimiento de evidencia exculpatoria. Fernández Meléndez enfrenta múltiples cargos, incluyendo violaciones a la ley de armas y tentativa de asesinato en segundo grado, relacionados con hechos ocurridos en diciembre de 2020. Tras una determinación de causa probable, solicitó vídeos de cámaras de seguridad y resultados de análisis balísticos antes de su vista preliminar. Argumentó que esta evidencia era exculpatoria y necesaria para su defensa, ya que podría poner en entredicho la credibilidad de los testigos y su participación. El Ministerio Público se opuso a la solicitud, alegando que era a destiempo y que la defensa no tenía derecho a un descubrimiento tan amplio antes del juicio. El tribunal de primera instancia finalmente declaró No Ha Lugar la solicitud de descubrimiento en corte abierta. El Tribunal de Apelaciones, tras revisar el asunto, deniega la petición de certiorari. Esta decisión confirma la determinación del foro primario de denegar la solicitud de descubrimiento de evidencia del peticionario.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una Resolución en un recurso de Certiorari presentado por Rafael Ángel Roldán García y otros. Los peticionarios solicitan la revisión de una Resolución del Tribunal de Primera Instancia (TPI) que declaró No Ha Lugar su solicitud de desestimación. El caso subyacente es una demanda de cobro de dinero y ejecución de hipoteca presentada por Banco Popular de Puerto Rico, sucesor de Doral Bank, en 2013. La demanda se basa en un pagaré hipotecario otorgado en 2004. El historial procesal incluye un emplazamiento, una sentencia en rebeldía que fue anulada posteriormente, y la presentación de una contestación a la demanda y reconvención por los peticionarios. El Banco solicitó la desestimación de la reconvención, a lo que los peticionarios se opusieron. La resolución del TPI denegando la solicitud de desestimación de los peticionarios es el objeto del recurso de Certiorari. El Tribunal de Apelaciones, tras considerar los fundamentos, deniega la expedición del recurso de certiorari solicitado por la parte peticionaria.

Resumen:

Sentencia de un panel de jueces en Puerto Rico resolviendo una apelación del Estado Libre Asociado. El ELA recurrió una decisión del Tribunal de Primera Instancia que declaró nula la confiscación de un vehículo. La sentencia apelada ordenó al ELA pagar el valor tasado del vehículo más intereses a la dueña y a las partes con interés. La base de la demanda original fue la alegación de que el ELA no notificó debidamente a todas las partes con interés sobre la confiscación dentro del término legal. Las partes apeladas argumentaron que este incumplimiento de notificación, según la Ley Uniforme de Confiscaciones, invalidaba el proceso. El ELA sostuvo que su obligación de notificar se limitaba a la información disponible en los registros. Tras revisar el caso, el tribunal apelativo confirmó la sentencia del Tribunal de Primera Instancia. Esto valida la anulación de la confiscación debido al defecto en el proceso de notificación a las partes interesadas.

Resumen:

El Director Administrativo de la Oficina de Administración de los Tribunales presentó un recurso de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones. Impugnaba una determinación de la Junta de Personal de la Rama Judicial que le ordenaba coordinar una deposición solicitada por Luis Corchado Colón. Corchado Colón apelaba su destitución ante la Junta y argumentaba que la deposición de quien presentó una queja en su contra era necesaria para su defensa y debido proceso. El Director Administrativo se opuso a la deposición por diversas razones, incluyendo que la persona no era parte ni testigo y que el descubrimiento había finalizado. El Tribunal de Apelaciones revisó el recurso presentado. Tras examinar el caso, el Tribunal concluyó que carecía de jurisdicción para atender el asunto. Por consiguiente, el Tribunal desestimó el recurso de certiorari presentado por el Director Administrativo.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisó mediante certiorari una resolución del Tribunal de Primera Instancia de Utuado. El peticionario, Jerry Figueroa Ortiz, solicitó la revisión de la decisión del TPI que denegó su moción bajo la Regla 192.1 de Procedimiento Criminal. En dicha moción, el peticionario impugnaba la constitucionalidad de ciertos artículos de la Ley de Armas y las penas impuestas. El peticionario se encuentra confinado cumpliendo una sentencia dictada en 2013. El Tribunal de Apelaciones consideró el recurso presentado por el peticionario. Tras evaluar el trámite procesal y la naturaleza discrecional del certiorari, el tribunal decidió no expedir el auto. La denegación se basó en la facultad discrecional del tribunal para revisar resoluciones interlocutorias. El tribunal no entró a discutir los méritos del señalamiento de error sobre la constitucionalidad de las leyes. La resolución del Tribunal de Apelaciones fue emitida el 26 de abril de 2021.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico, Panel XI, emitió una Sentencia en el caso KLRX202100007. Este caso de Mandamus, procedente del Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan, involucra a Janssen Ortho LLC, Janssen Cilag Manufacturing LLC y OMJ Pharmaceuticals, Inc. como demandantes/peticionarios. Los demandados son el Municipio de Gurabo, su Alcaldesa y su Director de Finanzas. La materia del caso es una Revisión Judicial al amparo de la Ley de Municipios Autónomos. El 22 de abril de 2021, la parte peticionaria presentó una Moción de Desistimiento. En dicha moción, se informó al Tribunal sobre el desistimiento del caso. El Tribunal examinó la moción y la declaró Ha Lugar. En consecuencia, y de conformidad con la Regla 83(A) de su Reglamento, se ordenó el archivo y sobreseimiento del caso. La Sentencia fue emitida en San Juan, Puerto Rico, el 26 de abril de 2021.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en un recurso de certiorari presentado por la Procuradora de Asuntos de Familia. La Procuradora impugna una Resolución del Tribunal de Primera Instancia que autorizó a Hortensia Rodríguez Muñiz a manejar fondos y activos de su hija incapacitada, Belinda Bravo Rodríguez. Dicha resolución también aprobó una escritura de partición de herencia donde la madre representó a la hija. Previamente, el foro primario había declarado la incapacidad de Belinda Bravo y nombrado a su madre como tutora. La Procuradora había señalado preocupaciones sobre la falta de la carta de tutela y un posible conflicto de intereses que requería un defensor judicial para la tutelada. El Tribunal de Apelaciones expide el auto de certiorari. Finalmente, el tribunal deja sin efecto la Resolución Aprobatoria recurrida del Tribunal de Primera Instancia.

Resumen:

El doctor Samuel David Silva Ramírez presentó un recurso de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones. Mediante este recurso, impugna una Orden dictada por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan, y una Sentencia emitida por la Sala Superior de Bayamón. El caso se relaciona con el acceso a información pública bajo la Ley Núm. 141-2019. El doctor Silva busca obtener copia de un contrato suscrito entre las entidades privadas First Medical Health Plan, Inc. y Atenas Community Health Center, Inc. Inicialmente, solicitó el contrato a la Administración del Seguro de Servicios de Salud (ASES) administrativamente, pero la solicitud fue denegada. Posteriormente, presentó una demanda de mandamus contra las entidades privadas, la cual fue desestimada por incumplimiento procesal. Luego, instó un recurso de revisión judicial contra la ASES en San Juan, cuestionando la denegatoria administrativa. El recurso ante el Tribunal de Apelaciones surge en el contexto de estos procedimientos judiciales. El Tribunal de Apelaciones evalúa los alegatos de las partes y el derecho aplicable para emitir su Sentencia.