Casos del Tribunal de Apelaciones (Página 14)

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa una Sentencia Parcial del Tribunal de Primera Instancia que desestimó sin perjuicio la demanda contra Triple S Propiedad. La apelante, Triple S Propiedad, sostiene que la desestimación debió ser con perjuicio. El caso original es una demanda por daños y perjuicios presentada por Carmen Gloria Camacho Candelaria contra Manatí Medical Center y sus aseguradoras tras una caída en el hospital. Triple S Propiedad solicitó la desestimación, alegando que su póliza de responsabilidad general excluía la cubierta por servicios profesionales, materia de la demanda. Argumentó que la causa de acción en su contra debía desestimarse con perjuicio. Tras identificar que el hospital tenía otra aseguradora para impericia profesional (MedPro), la demandante se allanó a la solicitud de desestimación de Triple S Propiedad. El foro primario desestimó la acción contra Triple S Propiedad, pero sin perjuicio. El Tribunal de Apelaciones concluye que la apelante tiene razón y procede modificar la Sentencia para que la desestimación sea con perjuicio.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones revisó la resolución del Departamento de Corrección y Rehabilitación que ratificó el nivel de custodia de un confinado. Joel Hernández Santos, quien cumple una sentencia de 315 años por tres asesinatos, impugnó la decisión del Comité de Clasificación y Tratamiento. El Comité evaluó su solicitud de reclasificación, tomando en cuenta tanto su buen comportamiento y participación en programas como la extrema gravedad de los delitos cometidos. A pesar de los factores positivos, el Comité mantuvo su nivel de custodia mediana, destacando la naturaleza de los crímenes y la larga sentencia. El recurrente argumentó que el Comité aplicó erróneamente los criterios de clasificación al considerar la gravedad del delito y su historial. El Tribunal procedió a revisar la determinación administrativa conforme a los estándares legales aplicables. Se hizo referencia al Manual para la Clasificación de Confinados que rige estos procesos. Tras la revisión, el Tribunal de Apelaciones confirmó el dictamen administrativo que ratificó el nivel de custodia del confinado.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico consideró un recurso de certiorari presentado por Héctor Luis Gonzáles Cruz. Gonzáles Cruz, confinado y compareciendo por derecho propio, solicitó la revocación de una orden del Tribunal de Primera Instancia. Alegó que dicha orden le impuso un año adicional a su sentencia durante una vista de revocación. El Tribunal acogió el recurso como certiorari, el vehículo adecuado para revisar órdenes interlocutorias postsentencia. Sin embargo, el apelante no incluyó en su recurso copia de la determinación del foro primario que deseaba impugnar. Tampoco anejó ningún otro documento relacionado con su petición. El Tribunal señaló que las partes, incluso las que comparecen por derecho propio, deben cumplir con las normas para perfeccionar los recursos. La falta de los documentos esenciales impidió al Tribunal conocer la controversia y establecer jurisdicción. Por consiguiente, el Tribunal se vio precisado a desestimar el recurso por falta de jurisdicción. La desestimación se fundamenta en el incumplimiento del apelante con los requisitos de documentación necesarios para la revisión.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resuelve peticiones de Certiorari presentadas por Gerardo Luis Ferrer Díaz y Jofree Matos Seda. Ambos solicitan la revocación de una Resolución del Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Mayagüez, emitida el 27 de noviembre de 2024. Dicha resolución del TPI declaró No Ha Lugar las mociones de desestimación presentadas por los peticionarios. Los recursos tienen origen en cargos criminales presentados por el Ministerio Público por hechos ocurridos el 23 de julio de 2022. Los cargos incluyen infracciones a la Ley de Armas, la Ley de Sustancias Controladas y el Código Penal. Específicamente, se detallan cargos bajo el Artículo 6.09 de la Ley de Armas por portación y transporte ilegal de pistolas modificadas para disparar automáticamente. El Tribunal de Apelaciones adelanta que, por los fundamentos que expondrá, denegará expedir los autos de certiorari solicitados en los recursos consolidados.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisó una resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó la desestimación de una demanda y anotó la rebeldía contra el demandado Phillip Richard Morris. Morris, un no residente, fue demandado en un caso de interdicto posesorio y otros. Los demandantes intentaron emplazarlo mediante edicto y correo certificado a una dirección en Texas. El foro primario autorizó este método de emplazamiento, requiriendo la publicación del edicto y el envío posterior de la demanda y emplazamiento por correo certificado. Aunque los demandantes presentaron prueba de la publicación del edicto, la validez del cumplimiento con el envío por correo certificado fue objeto de controversia. El Tribunal de Apelaciones determinó que el Tribunal de Primera Instancia erró al denegar la moción de desestimación y anotar la rebeldía sin verificar adecuadamente si se cumplió con todos los requisitos del emplazamiento. En consecuencia, el Tribunal de Apelaciones revocó la orden recurrida. Devolvió el caso al foro primario para que se celebre una vista y se determine si el emplazamiento a Morris fue válido.

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Amalia Rosario Figueroa apela la sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó su demanda de injunction contra su vecino, José E. Pabón Ramírez. La apelante alegó que el apelado incumplió las condiciones restrictivas de la urbanización al instalar una reja en la pared medianera que impide mantenimiento, perforar su pared, causar humedad, y tener una piscina y varios perros en violación de las reglas. El apelado solicitó la desestimación de la demanda enmendada por falta de justificación del remedio interdictal y alegaciones vagas. El Tribunal de Primera Instancia desestimó la demanda, concluyendo que las alegaciones no justificaban la concesión del injunction. Determinó que la apelante no especificó las condiciones restrictivas violadas por la reja, las perforaciones, la piscina (construida años atrás sin objeción), ni los perros (permitidos hasta dos por dueño). El foro primario resolvió que las alegaciones eran insuficientes para probar la violación de servidumbres en equidad y carecían de detalles sobre daños. La apelante solicitó reconsideración, la cual fue declarada No ha lugar. Ahora, la señora Rosario Figueroa solicita al Tribunal de Apelaciones que revoque dicha sentencia desestimatoria.

Resumen:

Este es un recurso de revisión judicial instado por Luis G. Santiago Morales, un confinado, contra el Departamento de Corrección y Rehabilitación. El recurrente solicitó la revocación de la evaluación del DCR que rechazó su petición para ser considerado al Programa de Pre-Reinserción. La decisión desfavorable del DCR le fue notificada el 5 de diciembre de 2024. El recurso de revisión judicial fue presentado ante el DCR el 8 de enero de 2025. Al examinar la fecha de presentación, el Tribunal de Apelaciones determinó que el recurso fue instado de manera tardía. La presentación tardía priva al tribunal de jurisdicción para considerar los méritos del caso. El Procurador General, en representación del DCR, había solicitado la desestimación por este fundamento. Ante la falta de jurisdicción, el Tribunal de Apelaciones está obligado a desestimar el recurso de revisión judicial.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en el caso de Yenny Eloisa Joseph Vizcain contra Oriental Bank, relacionado con reclamaciones de despido injustificado y represalias. La señora Joseph Vizcain demandó a Oriental, alegando que su despido en julio de 2023 fue una represalia por haber reportado un problema operacional al presidente del banco un año antes. Oriental Bank defendió el despido, argumentando que existió justa causa debido a la supuesta falsificación de documentos para el Office of Foreign Assets Control (OFAC) por parte de la empleada. Oriental presentó una moción de sentencia sumaria en el Tribunal de Primera Instancia, buscando la desestimación de la querella por falta de controversias de hechos materiales. El foro primario denegó la moción de Oriental, al entender que sí existían controversias fácticas relevantes. Oriental recurrió esta determinación ante el Tribunal de Apelaciones mediante un recurso de certiorari. El Tribunal de Apelaciones adelantó la expedición del auto y procedió a revocar la resolución emitida por el Tribunal de Primera Instancia. En consecuencia, la sentencia del Tribunal de Apelaciones ordena la desestimación de la Querella presentada por la señora Joseph Vizcain. Este fallo revoca la decisión del TPI y resuelve el caso laboral a favor de Oriental Bank en esta etapa apelativa.

Resumen:

Un panel judicial revisa la desestimación sumaria de una demanda por daños y perjuicios contra Universal Insurance Company, aseguradora del DTOP. Los demandantes reclamaron por una caída en una acera, atribuyendo negligencia al DTOP. Universal solicitó sentencia sumaria, alegando que su póliza no cubría el lugar del incidente. Los demandantes enfrentaron dificultades en el descubrimiento de prueba, y el TPI ordenó que este continuara antes de resolver la moción. Durante el proceso, surgieron controversias sobre la jurisdicción de la acera entre el DTOP, el Municipio de San Juan y un propietario privado. A pesar de no haber concluido el descubrimiento, el TPI desestimó la demanda sumariamente. El panel concluye que el TPI erró al conceder la sentencia sumaria. El expediente no permitía determinar de manera concluyente que la cubierta de seguro de Universal no aplicaba al accidente. Por tanto, la desestimación sumaria fue prematura.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre una revisión judicial. Luis H. Quiñones Santiago impugnó una determinación del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR). Quiñones Santiago solicitó acceso a su expediente criminal al personal del DCR, basándose en la reglamentación de la agencia. Su solicitud administrativa inicial fue respondida por un comandante de guardia que le indicó incorrectamente que debía solicitar el acceso a través del tribunal. Quiñones Santiago pidió reconsideración, señalando el manual interno del DCR. La respuesta de reconsideración del DCR denegó la petición, pero aclaró que el confinado no puede ver el expediente directamente, aunque sí puede obtener información y documentos a través de un técnico sociopenal. Quiñones Santiago apeló esta determinación, argumentando que la respuesta inicial fue manejada incorrectamente. El Tribunal de Apelaciones revoca la determinación administrativa recurrida.

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Comparece ante el Tribunal de Apelaciones Pedro Romero Rosa para solicitar la revisión de una decisión administrativa del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR). La decisión impugnada es una Resolución Disciplinaria del 9 de octubre de 2024 que lo declaró incurso de infringir el Código 117 del Reglamento Disciplinario, desestimando el Código 128 tras una enmienda. El procedimiento disciplinario se originó por un informe de agresión y robo a otro confinado el 17 de agosto de 2024. Tras una investigación y vista administrativa, se emitió la resolución inicial, la cual fue objeto de una solicitud de reconsideración. La resolución enmendada del 17 de diciembre de 2024 confirmó la infracción al Código 117. El recurrente apela alegando errores procesales, como la desaparición de un coacusado, y la inconsistencia en la apreciación de la credibilidad del querellante al desestimar el cargo de robo pero sostener el de agresión. El Tribunal de Apelaciones procede a revisar la legalidad y corrección de dicha determinación administrativa.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en el caso KLAN202500096, sobre incumplimiento de contrato. El Municipio Autónomo de Aguadilla apeló una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que le ordenó pagar a Jovan, Inc. la cantidad de $471,103.20. El caso se origina en un Contrato de Construcción de 2013 para el Proyecto Archivo Histórico y Museo Aguadillano. Dicho contrato establecía responsabilidades para las fases de permisos y construcción, incluyendo la obtención de permisos por Jovan y la aprobación municipal de órdenes de cambio. El contrato original fue enmendado sesenta y nueve veces entre 2013 y 2021, modificando plazos y añadiendo órdenes de cambio. Una controversia relevante fue la alegación de Jovan sobre atrasos en la aprobación de órdenes de cambio por parte del Municipio. Jovan reclamó costos adicionales, como extended overhead, debido a estas tardanzas. El Tribunal de Apelaciones resolvió confirmar en parte y revocar en parte la Sentencia recurrida.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisó una apelación presentada por Chubb Insurance Company of Puerto Rico. Chubb impugnó una Sentencia Parcial de Sentencia Sumaria emitida por el Tribunal de Primera Instancia a favor de Rafael Otaño Casanova. El caso se origina por daños sufridos en el apartamento del señor Otaño Casanova debido a una inundación de aguas negras en 2017. Un informe de plomería, contratado por el Condominio, identificó una pieza rota y saturada de cemento en una tubería del área común como la causa. El señor Otaño Casanova transigió su reclamación con Chubb por \$3,500 y firmó un relevo, tras ser informado de que el Condominio no tenía responsabilidad legal. Posteriormente, descubrió el informe de plomería, alegando que fue ocultado y que medió dolo en la transacción, viciando el relevo. El Tribunal de Primera Instancia declaró Ha Lugar la solicitud de sentencia sumaria del señor Otaño Casanova. El Tribunal de Apelaciones consideró los argumentos de Chubb en su apelación. Finalmente, el panel apelativo confirmó la sentencia apelada del foro de instancia.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una resolución sobre las peticiones de Certiorari presentadas por Gerardo Luis Ferrer Díaz y Jofree Matos Seda. Ambos solicitan revocar una resolución del Tribunal de Primera Instancia de Mayagüez que declaró No Ha Lugar sus mociones de desestimación. Los recursos se originan en cargos presentados por el Ministerio Público por hechos ocurridos el 23 de julio de 2022. Los cargos incluyen infracciones a la Ley de Armas, la Ley de Sustancias Controladas y el Código Penal. Específicamente, se detallan cargos bajo el Artículo 6.09 de la Ley de Armas por portación y transporte ilegal de pistolas modificadas para disparar automáticamente. El Tribunal de Apelaciones adelanta que denegará expedir los autos de certiorari solicitados en los recursos consolidados.

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Comparece ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico una apelación sobre un caso de incumplimiento de contrato. La disputa surge de un contrato de arrendamiento con opción a compra entre María I. Carrión Rivera (apelada) y Antonio J. Amadeo Murga y Edna V. Fornaris Amadeo (apelantes). Carrión Rivera demandó al matrimonio Amadeo-Fornaris alegando que se negaron a venderle la propiedad tras ella indicar su intención de ejercer la opción al finalizar el contrato. La controversia principal giró en torno a si Carrión Rivera ejerció la opción de compra de forma oportuna y adecuada, ya que la opción expiraba alrededor del 1 de septiembre de 2022. Los apelantes argumentaron que la notificación por mensaje de texto el 1 de septiembre fue tardía y no cumplió con los requisitos contractuales. Presentaron una reconvención reclamando daños por la venta perdida, angustias mentales y cánones de arrendamiento impagados. El Tribunal de Primera Instancia concedió sentencia sumaria a favor de Carrión Rivera, ordenando la compraventa y desestimando la reconvención. Los apelantes recurrieron esta decisión ante el Tribunal de Apelaciones. Tras revisar los fundamentos y hechos presentados, el Tribunal de Apelaciones confirmó la sentencia apelada.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en un recurso de Certiorari relacionado con alimentos menores de edad. El peticionario, Carlos Gustavo Martínez Echevarría, impugnó una Resolución del Tribunal de Primera Instancia que modificó su obligación alimentaria y estableció una pensión provisional. Previamente, las partes habían acordado una pensión de \$750 mensuales más gastos para sus dos hijas. Posteriormente, el padre solicitó la custodia, resultando en una Resolución del TPI de julio de 2024 que estableció custodia compartida, aunque no a partes iguales, con un plan filial específico. La madre presentó una solicitud de desacato por alegado incumplimiento en el pago de la pensión desde agosto de 2024. El padre se opuso, solicitó revisión de la pensión y alegó que una hija residía con él a tiempo completo y que la madre no cumplía el plan ni aportaba. El Tribunal de Apelaciones expide el auto de certiorari y revoca el dictamen impugnado del Tribunal de Primera Instancia.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico consideró un recurso presentado por Marielys Colón González contra una Orden del Tribunal de Primera Instancia en un caso de divorcio y custodia. La Orden impugnada, emitida el 8 de enero de 2025, autorizó la solicitud del padre, Johnathan Nieves Sosa, para relocalizar a las menores fuera de la jurisdicción. Dicha Orden también dispuso que la señora Colón González debía pagar una deuda de pensión alimentaria con ASUME antes de una fecha determinada. La madre recurrió la decisión, argumentando que el TPI modificó un plan de pago de ASUME sin la debida vista y basó su orden en información incompleta, violando el debido proceso. El Tribunal de Apelaciones acogió el recurso como un certiorari, dado que se trataba de una orden interlocutoria. No obstante, el tribunal procedió a desestimar el auto de certiorari solicitado. La desestimación se dictó por falta de jurisdicción. El tribunal determinó que la presentación del recurso fue prematura.

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El Tribunal de Apelaciones desestima un recurso de certiorari presentado por Ivelisse Fernández Ruiz. La peticionaria solicitaba la revisión de una Orden del Tribunal de Primera Instancia que denegó su petición para la devolución de fotos y huellas digitales tomadas en un caso criminal de 2008 por apropiación ilegal. Fernández Ruiz argumentó que necesitaba la devolución para obtener una licencia de empleo, la cual le fue denegada debido a la identificación de sus huellas. El foro primario declaró No Ha Lugar su solicitud. El Tribunal de Apelaciones concluye que carece de jurisdicción para atender el recurso. La falta de jurisdicción se debe al incumplimiento de la peticionaria con los requisitos de notificación establecidos en la Regla 33 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones. La peticionaria no acreditó haber notificado el recurso al tribunal recurrido ni a las partes correspondientes. El incumplimiento con las reglas apelativas impide la revisión judicial y priva de jurisdicción al tribunal.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de apelación presentado por Sonia Colón Rolón, quien sustituyó a su hijo fallecido Faustino Xavier Betancourt Colón, contra Fazaa Corporation. El caso original en el Tribunal de Primera Instancia buscaba un interdicto permanente bajo la ley ADA para eliminar barreras arquitectónicas y prácticas discriminatorias. Las partes en el Tribunal de Primera Instancia llegaron a un acuerdo transaccional para poner fin al litigio. El Tribunal de Primera Instancia aprobó este acuerdo mediante sentencia el 23 de mayo de 2024, archivando el caso con perjuicio y sin imponer costas. La parte demandante original apeló esta sentencia. El Tribunal de Apelaciones tomó conocimiento del fallecimiento del apelante original y aprobó la sustitución por su madre. Tras revisar el recurso, el Tribunal de Apelaciones decidió confirmar la sentencia apelada del Tribunal de Primera Instancia.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisó una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó una querella por despido injustificado y discrimen por edad. Willie Loubriel Vélez apeló el dictamen que concedió la Solicitud de Sentencia Sumaria a favor de Aireko Construction Management Services, LLC. Loubriel había demandado a Aireko alegando que fue despedido sin justa causa a los 59 años y reemplazado por un empleado más joven, tras haber sido degradado de puesto. Reclamó mesada, daños por discrimen, salarios dejados de devengar y honorarios de abogado. Aireko negó las alegaciones, sosteniendo que el despido fue justificado y no discriminatorio, relacionado con el funcionamiento de la compañía. Loubriel había solicitado Sentencia Sumaria, argumentando que no existía controversia sobre la falta de justa causa y el carácter discriminatorio de su despido. El Tribunal de Primera Instancia declaró Ha Lugar la solicitud de Aireko y desestimó la querella con perjuicio. Tras revisar el recurso, el Tribunal de Apelaciones confirmó el dictamen apelado. Esto significa que se mantuvo la decisión de desestimar el caso de Loubriel.

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Este caso de certiorari se origina en una demanda sobre división de herencia y daños y perjuicios presentada por Sonia Ríos Rivera contra Lourdes González Quiles. El Tribunal de Primera Instancia (TPI) eliminó las alegaciones de la señora González Quiles y anotó su rebeldía debido a su reiterado incumplimiento con las órdenes judiciales. Una determinación previa del TPI en este sentido fue confirmada por el Tribunal de Apelaciones. Posteriormente, la señora Ríos Rivera solicitó al TPI que dictara sentencia en rebeldía o por ausencia de controversia de hechos. Mediante Resolución de 4 de septiembre de 2024, el TPI denegó la solicitud de sentencia de la peticionaria. La señora Ríos Rivera acude nuevamente ante este Tribunal de Apelaciones mediante recurso de certiorari para impugnar dicha Resolución. El Tribunal de Apelaciones adelanta la denegatoria a la expedición del auto de certiorari solicitado por la peticionaria.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una Resolución en un recurso de Certiorari presentado por María Luz Mercado. La peticionaria solicita la reconsideración de un caso de ejecución de hipoteca. El tribunal desestima el recurso por incumplimiento con su Reglamento. La peticionaria no indicó el dictamen recurrido, no señaló errores ni proveyó base legal para la jurisdicción. El Reglamento del Tribunal de Apelaciones establece requisitos formales para los recursos de certiorari, cuyo incumplimiento impide al tribunal ejercer su función revisora. La falta de jurisdicción resultante no puede ser subsanada ni asumida por el tribunal. En consecuencia, el recurso es desestimado y la solicitud de auxilio de jurisdicción declarada No Ha Lugar. La decisión subraya la obligación de los tribunales de ser guardianes de su jurisdicción y la importancia del cumplimiento reglamentario para acceder a los foros apelativos.

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Comparece ante este tribunal apelativo una petición de certiorari en un caso sobre liquidación de comunidad de bienes. Los peticionarios son los herederos de Felipe Castillo Dasta, quien originalmente demandó al heredero de Eloísa Cruz Cardona. El recurso busca revocar una Resolución Interlocutoria del Tribunal de Primera Instancia de Ponce, dictada el 20 de febrero de 2025. Mediante dicha resolución, el foro primario declaró No Ha Lugar una solicitud de los peticionarios para enmendar la demanda. La enmienda propuesta pretendía incluir una cuenta bancaria a nombre exclusivo de la señora Cruz Cardona en el inventario de bienes a dividir. Los peticionarios argumentaban que esta cuenta formaba parte de la comunidad de bienes. El Tribunal de Primera Instancia denegó la solicitud al no encontrar evidencia de que la cuenta perteneciera a la comunidad. Tras evaluar los fundamentos, este Tribunal de Apelaciones deniega el auto de certiorari solicitado por los peticionarios.

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Este documento es una sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de divorcio. La peticionaria, Karen De Lourdes Sevilla Auberge, solicitó un recurso de certiorari para revisar una resolución del Tribunal de Primera Instancia (TPI). Dicha resolución del TPI dejó sin efecto una orden previa que había paralizado provisionalmente las relaciones paternofiliales entre el padre y la menor. La madre solicitó la paralización de las visitas y la custodia compartida alegando maltrato físico de la menor por parte del padre y su pareja. El TPI había ordenado inicialmente la paralización provisional de las visitas tras la moción urgente de la madre. Sin embargo, posteriormente emitió la resolución impugnada que reanudaba las visitas y reiteraba el traslado del caso. La madre también obtuvo una orden de protección ex parte en otro foro basada en las alegaciones de maltrato. El Tribunal de Apelaciones expidió el auto de certiorari y ordenó provisionalmente la paralización de las relaciones paternofiliales mientras revisa el fondo del asunto. La sentencia aborda el recurso de la madre contra la decisión del TPI de reanudar las visitas a pesar de las alegaciones de maltrato y la existencia de una orden de protección.

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Comparece ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico una solicitud de revisión judicial. La solicitud fue interpuesta por Bernardo Vega Smith contra una resolución del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACo). Mediante dicha resolución, el DACo declaró ha lugar una querella presentada por Jorge Briones Torres y Walkiria Cardy-Briones. La querella se relaciona con un contrato de construcción para trabajos de remodelación. El DACo ordenó a Vega Smith pagar \$8,763.30 por estimado de trabajos, \$2,000.00 por daños y perjuicios, y \$1,500.00 por honorarios de abogado. El trasfondo del caso incluye una paralización de la obra para permitir la intervención de otros contratistas. Vega Smith alegó que sus trabajos previos sufrieron daños por causas ajenas a su voluntad durante dicha paralización. En el proceso administrativo, Vega Smith intentó sin éxito incluir a la arquitecta supervisora como tercero o parte indispensable. El Tribunal de Apelaciones revisará la decisión administrativa del DACo.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico considera una solicitud de Certiorari presentada por Adalberto Cuadrado Rivera. El peticionario busca la revisión de una determinación del Tribunal de Primera Instancia que denegó su solicitud para enmendar la demanda e incluir un nuevo demandado. El caso original trata sobre la nulidad de una Escritura de Dación en Pago otorgada a favor de la recurrida, Patricia Miranda De León, abogada del peticionario. El peticionario alega que la escritura, que cedía su participación en una propiedad, fue obtenida fraudulentamente mientras estaba encarcelado y no cumplió con los requisitos notariales. La recurrida niega las alegaciones, afirma que la escritura fue un pago voluntario por servicios legales en casos criminales serios y que el documento es válido. El intento del peticionario de incluir al notario de la escritura como demandado fue rechazado por el foro primario por no utilizar el vehículo procesal correcto (enmendar la demanda). Tras la oposición de la recurrida al recurso de Certiorari, el Tribunal de Apelaciones está en posición de decidir si expide el recurso para revisar la denegatoria de la enmienda.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emitió una sentencia sobre la apelación de Giovanni M. Durán Gutiérrez. Durán Gutiérrez solicitaba revocar las sentencias que sumaban 53 años y 10 meses impuestas por el Tribunal de Primera Instancia en Mayagüez. Estas condenas fueron por robo agravado, violaciones a la ley de armas, amenazas y uso de disfraz, relacionadas con hechos ocurridos el 16 de septiembre de 2020. El Tribunal de Apelaciones revisó el caso y confirmó las sentencias dictadas por el foro primario. El documento detalla los cargos específicos y comienza a presentar la prueba considerada durante el juicio. Esto incluye el testimonio de Nylma Rivera Padilla, expareja del apelante. Rivera Padilla declaró haber estado con Durán Gutiérrez y otra persona la noche de los hechos, conduciendo en el vehículo del apelante con el propósito de asaltar gasolineras. Describió sus movimientos y paradas en dos estaciones de gasolina en Mayagüez.

Resumen:

Comparecen Supermercado Agranel y otros ante el Tribunal de Apelaciones solicitando revisar una Orden del Tribunal de Primera Instancia (TPI). Dicha Orden denegó su solicitud de desestimar una demanda por daños y perjuicios presentada por Marian Félix García y otros. La demanda original alega que la señora Félix García sufrió una caída en el supermercado debido a negligencia. Los peticionarios argumentaron que el TPI carecía de jurisdicción por un emplazamiento inoficioso y la falta de partes indispensables. Sostuvieron que la fecha de diligenciamiento del emplazamiento no era legible, impidiendo verificar si se realizó dentro del término de 120 días. La parte recurrida se opuso, afirmando que la fecha de servicio (3 de octubre de 2024) era clara y dentro del término. El TPI había inicialmente desestimado la demanda por falta de emplazamiento, pero luego dejó sin efecto esa sentencia. Ahora, el Tribunal de Apelaciones adelanta la denegación de la expedición del auto de certiorari solicitado por los peticionarios. Esto implica que el Tribunal de Apelaciones no revisará la decisión del TPI de no desestimar el caso por los motivos alegados.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa una sentencia de la Comisión Apelativa del Servicio Público (CASP) que desestimó por academicidad la apelación de una empleada pública. La empleada impugnó su clasificación y salario asignados en enero de 2023, solicitando ser clasificada en un puesto superior o un aumento salarial. Tras la apelación ante CASP, el patrono realizó una reorganización en 2024, asignando a la empleada un puesto y salario diferentes y superiores, y solicitó la desestimación por academicidad. La empleada se opuso, argumentando que persistía su reclamo salarial para el periodo anterior al ajuste de 2024 y su derecho a ser clasificada en el puesto Ejecutivo desde 2023. El Tribunal de Apelaciones concluye que CASP erró al desestimar la apelación. Determina que la controversia no es académica porque subsisten las reclamaciones sobre el salario del periodo anterior al ajuste de 2024 y sobre el derecho a ser clasificada en un puesto distinto al asignado en 2023 y 2024.

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Revisión judicial ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico de una determinación administrativa del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR). El recurrente, Pablo Toro Matos, impugna la respuesta del DCR a su solicitud de remedio administrativo. Alegó que un teniente le faltó el respeto y removió un horno microondas de su unidad, culpándolo por problemas en el módulo. La División de Remedios Administrativos (DRA) del DCR respondió que el teniente negó las alegaciones y el microondas fue retirado por ocuparse contrabando en la unidad. El recurrente solicitó reconsideración, argumentando que la respuesta era falsa y que las acciones del teniente ponían en riesgo su seguridad. La DRA confirmó su determinación, señalando que el teniente ya no trabajaba allí y que el recurrente debió agotar el trámite institucional primero. El recurrente acude al Tribunal de Apelaciones, alegando que la DRA erró al no investigar sus alegaciones, al limitar el alcance de su queja y al indicarle el procedimiento inicial. El Tribunal adelanta la confirmación de la determinación recurrida.

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Juan Carlos Serrano Matta solicitó a este panel judicial que revoque una resolución del Tribunal de Primera Instancia (TPI). Dicha resolución denegó su solicitud de supresión de identificación en un caso criminal. El peticionario argumentó que la identificación era sugestiva y violaba las reglas de procedimiento criminal. El Ministerio Público se opuso, indicando que la identificación fue independiente y confiable. Tras una vista de supresión, el TPI concluyó que la identificación tenía suficientes garantías de confiabilidad. El peticionario solicitó reconsideración de esa decisión, la cual también fue denegada por el TPI. Ante la solicitud de revocación de la decisión del TPI, este panel judicial resuelve denegar la expedición del auto de certiorari solicitado por el señor Serrano.

Resumen:

Este documento es una sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre un recurso de apelación en un caso de daños y perjuicios. El caso se originó por un accidente de tránsito donde Ricardo Márquez González sufrió lesiones graves mientras conducía una motora. Él y su madre demandaron a Diana M. Febre Alemañy y otros, alegando negligencia. El Tribunal de Primera Instancia encontró a los demandados responsables del accidente, pero también determinó que el señor Márquez González tuvo un 25% de negligencia concurrente. Ordenó a los demandados pagar cantidades específicas de indemnización a ambos demandantes, más intereses legales. Los demandados apelaron, impugnando las determinaciones de hechos del tribunal basadas en la prueba y el tipo de interés legal impuesto. El Tribunal de Apelaciones indica que no está persuadido para intervenir con la valoración de la prueba realizada por el foro primario. Sin embargo, considera que el señalamiento de los apelantes sobre el interés legal es correcto. La sentencia procederá a detallar las razones de estas conclusiones.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en el caso entre Desarrollos Universitarios, Inc. y la Universidad de Puerto Rico. La apelación proviene de una sentencia parcial del Tribunal de Primera Instancia sobre un contrato y cobro de dinero. La Universidad de Puerto Rico solicitó la desestimación del recurso por incumplimiento con la Regla 14(B) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones. Dicha regla exige notificar al Tribunal de Primera Instancia la presentación del recurso apelativo dentro de 72 horas. La parte apelante admitió haber notificado al TPI tres días después de vencido el término estricto. Alegó justa causa por enfermedad de su secretaria. El Tribunal distingue entre términos jurisdiccionales y de cumplimiento estricto, señalando que este último permite excusas razonables. No obstante, el Tribunal concluye que procede la desestimación del recurso. La desestimación se fundamenta en el incumplimiento del requisito de notificación al TPI dentro del término de cumplimiento estricto de 72 horas.

Resumen:

Esta es una Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre un recurso de apelación. El apelante, José R. López Rosado, demandó a ADT Security Services por despido injustificado bajo la Ley 80. López Rosado alegó haber sido despedido injustificadamente el 1 de mayo de 2023 y reclamó la mesada correspondiente. ADT contestó la demanda, indicando que el despido se debió a una reducción de personal por reorganización de la empresa. ADT presentó una Moción de Sentencia Sumaria, argumentando la inexistencia de controversias de hechos materiales. El apelante se opuso a dicha moción, alegando la existencia de hechos controvertidos. El Tribunal de Primera Instancia declaró Ha Lugar la Moción de Sentencia Sumaria de ADT y desestimó la demanda. López Rosado apeló esta decisión ante el Tribunal de Apelaciones. Tras la revisión, el Tribunal de Apelaciones confirmó la Sentencia emitida por el Tribunal de Primera Instancia.

Resumen:

Se trata de la división de un inmueble que formaba parte de una comunidad de bienes post gananciales entre las partes. La Demandante solicitó la liquidación de la comunidad y la venta de la propiedad, mientras el Demandado, quien reside en ella, intentó adquirir la participación de la Demandante mediante refinanciamiento. Las negociaciones para un acuerdo fracasaron, principalmente por desacuerdo en los términos de pago propuestos por el Demandado. Ante la falta de acuerdo y la solicitud de la Demandante, el Tribunal de Primera Instancia ordenó la venta del inmueble en pública subasta. El Demandado solicitó reconsideración, alegando que la Demandante actuó de mala fe y que deseaba conservar la propiedad como su residencia. La Demandante se opuso, argumentando que el Demandado no tenía los fondos para pagar su participación completa y que concederle más tiempo sería un enriquecimiento injusto. El TPI denegó la solicitud de reconsideración. El Tribunal de Apelaciones concluyó que el TPI actuó correctamente al ordenar la venta, ya que un comunero no está obligado a permanecer en la comunidad ni a tolerar el uso privativo del inmueble por parte del otro.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en revisión judicial de una resolución del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACo). El caso surge de una querella presentada por Alice Rodríguez Meléndez contra Expo Kitchen & More Distributors, Inc. por la instalación de una cocina defectuosa. La señora Rodríguez Meléndez reclamó indemnización o corrección por múltiples desperfectos en gabinetes y fascias instalados en octubre de 2021. El DACo declaró Ha Lugar la querella tras un proceso que incluyó inspecciones detallando deficiencias en la isla, lacena, módulos y terminaciones. Expo Kitchen recurrió ante el Tribunal de Apelaciones, alegando errores en la evaluación de la prueba y la aplicación del derecho por parte del DACo. La parte recurrida había objetado las conclusiones de las inspecciones del DACo, señalando que los defectos eran más graves de lo descrito. El Tribunal examinó la argumentación de Expo Kitchen y la prueba desfilada ante el DACo. Consideró que no había base para intervenir con la deferencia que acompaña a las determinaciones administrativas. Por tanto, el Tribunal de Apelaciones confirmó la Resolución emitida por el DACo.

Resumen:

Sentencia de un panel judicial que revisa una Sentencia Parcial del Tribunal de Primera Instancia. La parte apelante (Le Paris Esthetic, Rodriguez, Uribe Campos) recurre la desestimación de su Demanda Contra Tercero contra el señor José Rivera Ortiz. El caso original fue iniciado por Mack Lift General Contractors, Inc. contra los apelantes por cobro de dinero y alegado incumplimiento de contrato por trabajos de construcción. Los apelantes contestaron la demanda, reconvinieron y demandaron a Mack Lift y al señor Rivera Ortiz, alegando trabajos inconclusos y solicitando daños. El foro primario declaró Ha Lugar la Moción de Sentencia Sumaria Parcial del señor Rivera Ortiz, desestimando la demanda contra tercero en su contra. La parte apelante solicitó la revisión de dicho dictamen. El recurso fue acogido como apelación. El panel judicial revisó los fundamentos de la Sentencia Parcial apelada. Finalmente, el tribunal apelado CONFIRMÓ la Sentencia Parcial, manteniendo la desestimación de la demanda contra el señor Rivera Ortiz.

Resumen:

La Sra. Noemi Pérez Gómez presentó un recurso de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones para revisar una determinación del Tribunal de Primera Instancia (TPI). Dicha determinación del TPI rechazó dejar sin efecto una anotación de rebeldía emitida contra la peticionaria. Mientras el recurso de certiorari estaba pendiente, la peticionaria informó al Tribunal de Apelaciones sobre un desarrollo posterior en el caso original ante el TPI. El 14 de marzo de 2025, el TPI dictó sentencia desestimando la demanda original. La desestimación en el TPI se debió al incumplimiento de los demandantes con la Regla 69.5 sobre fianzas de no residentes. Conforme a la Regla 83 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, un recurso puede ser desestimado si se torna académico. Dado que el caso subyacente en el TPI fue desestimado, la controversia planteada en el certiorari se ha vuelto académica. Por tanto, el Tribunal de Apelaciones ordena el archivo del presente asunto.

Resumen:

Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en respuesta a una Solicitud de Certiorari. La petición fue presentada por Deborah Rivera Velázquez y otros contra SCI Puerto Rico I y otros. Buscaba la revisión de una Resolución del Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Carolina. Dicha resolución denegó la solicitud de los peticionarios para que se inhibiera el Juez Ignacio Morales Gómez del caso. El pleito original trata sobre incumplimiento contractual y daños y perjuicios relacionados con un contrato de panteón y servicios funerarios. Los peticionarios argumentaron que el juez mostró parcialidad o prejuzgó el caso durante una vista, citando expresiones específicas. El Tribunal de Apelaciones consideró la solicitud. Por los fundamentos expuestos, el Tribunal denegó la expedición del auto de certiorari.

Resumen:

Se presenta ante este Tribunal de Apelaciones un recurso de la señora Elda González Santiago contra una Resolución en Reconsideración del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACo). La señora González Santiago había presentado una querella ante el DACo para impugnar una asamblea extraordinaria del Condominio Santa Rita y sus acuerdos, alegando incumplimiento con la Ley de Condominios. El DACo desestimó sumariamente la querella inicial por no incluir la recurrente una certificación de no deuda con el Consejo de Titulares, requisito reglamentario. La recurrente solicitó reconsideración, argumentando que el DACo debió notificarle la deficiencia y que no existía deuda válida al impugnar el presupuesto. Tras un recurso previo que devolvió el caso al DACo, la agencia reconsideró pero denegó la solicitud. El DACo sostuvo que la certificación era requerida independientemente de la alegación sobre la deuda y que la recurrente no subsanó la falta. La señora González Santiago recurre ahora ante este Tribunal contra esa última determinación del DACo. Este panel judicial procedió a revisar el dictamen administrativo. Por los fundamentos expuestos, se confirma la Resolución en Reconsideración emitida por el DACo.

Resumen:

Se revisa una Sentencia In Rem del Tribunal de Primera Instancia que declaró Ha Lugar una Moción de Sentencia Sumaria en un caso de ejecución de hipoteca. La apelante, Ivette González Rodríguez, incumplió con los pagos de un préstamo hipotecario, lo que llevó al foro primario a ordenar la venta en pública subasta del inmueble hipotecado. DLJ Mortgage Capital, Inc. presentó la demanda original en 2015 por cobro de dinero y ejecución hipotecaria. La apelante contestó la demanda, alegando problemas con aumentos de pago y solicitando mediación bajo la Ley 184-2012 por ser su residencia principal. DLJ solicitó sentencia sumaria, argumentando la falta de controversia sobre el incumplimiento. La apelante se opuso, cuestionando la legitimidad del pagaré y la falta de ofrecimiento de alternativas bajo leyes aplicables (Ley 184-2012, RESPA, Ley 169-2016). El Tribunal de Apelaciones revisó la determinación del foro primario. Por los fundamentos expuestos, el Tribunal de Apelaciones confirma la Sentencia apelada.

Resumen:

Este es un caso ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre la composición de la Legislatura Municipal de Comerío. El apelante, José Ramón Morales Flores, impugnó la certificación de los últimos tres miembros (posiciones 10-12) por la Comisión Estatal de Elecciones (CEE). Morales Flores, candidato del Partido Popular Democrático (PPD), no fue electo directamente pero buscaba ser certificado. La CEE certificó candidatos del Partido Nuevo Progresista (PNP), PPD y Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) para estas posiciones. El Tribunal de Primera Instancia (TPI) denegó la impugnación del apelante. El Tribunal de Apelaciones confirmó la decisión del TPI. La corte razonó que una aplicación literal de la ley resultaría en un "resultado absurdo". Esto invertiría el resultado deseado por los votantes, considerando que cinco de los primeros nueve electos eran del PNP. Por tanto, el TPI actuó correctamente al validar la certificación de la CEE.

Resumen:

Genera PR, LLC presentó un recurso de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones para impugnar una resolución del Tribunal de Primera Instancia (TPI-SJ). La resolución recurrida, emitida el 20 de diciembre de 2024, declaró "No Ha Lugar" la moción de desestimación presentada por Genera PR en un pleito de sentencia declaratoria. Dicho pleito fue iniciado por Engineering Services Int'l, LLC (ESI), quien solicitó al TPI-SJ determinar la aplicabilidad de leyes administrativas y de la Autoridad de Energía Eléctrica a las operaciones de Genera PR. Genera PR argumentó que la sentencia declaratoria solicitada constituía una usurpación inconstitucional del poder legislativo. ESI se opuso a la desestimación, alegando la existencia de una controversia de derecho real y madura. El TPI-SJ denegó la moción de desestimación al considerar que la solicitud de ESI se basaba en causas de acción válidas. Tras la denegación de una moción de reconsideración por el foro primario, Genera PR recurrió en certiorari. Mediante esta resolución, el Tribunal de Apelaciones deniega expedir el recurso solicitado por Genera PR.

Resumen:

La Corporación del Fondo del Seguro del Estado (CFSE) presentó un recurso de revisión judicial ante el Tribunal de Apelaciones contra una resolución de la Comisión Industrial de Puerto Rico. La Comisión se había declarado sin jurisdicción sobre ciertas condiciones médicas de María González Chamorro, pero asumió jurisdicción sobre otras. El CFSE solicitó reconsideración ante la Comisión, pero la parte recurrida se opuso alegando notificación tardía del petitorio. La Comisión reconoció el planteamiento de falta de jurisdicción por la notificación tardía, pero no resolvió la reconsideración dentro del término legal. Ante la falta de resolución, el CFSE acudió al Tribunal de Apelaciones planteando errores sobre la jurisdicción de la Comisión en el fondo del caso. La parte recurrida señaló que el CFSE omitió informar al Tribunal sobre su oposición a la reconsideración basada en la notificación tardía. El Tribunal solicitó evidencia sobre la notificación de la reconsideración. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones desestimó el recurso de revisión judicial presentado por el CFSE. La desestimación se fundamentó en la falta de jurisdicción del Tribunal para atender el recurso en este momento procesal.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones denegó la expedición de un auto de certiorari solicitado por Teresa López Acevedo. La peticionaria buscaba dejar sin efecto una Resolución Interlocutoria del Tribunal de Primera Instancia de Bayamón. Dicha resolución fijó en dos mil quinientos dólares ($2,500.00) los honorarios de abogado dentro de un pleito sobre Custodia, Patria Potestad y Alimentos. Las partes en el caso, Teresa López Acevedo y Julio Javier Vigoreaux Eleuteci, habían estipulado previamente los asuntos de custodia, patria potestad y las pensiones alimentarias finales. La peticionaria había solicitado al foro primario una suma no menor de treinta mil dólares ($30,000.00) por concepto de honorarios, argumentando las horas trabajadas y la capacidad económica del recurrido. El Tribunal de Primera Instancia, tras evaluar las mociones de las partes, fijó la cuantía impugnada. El Tribunal de Apelaciones, por los fundamentos expuestos en su Resolución, determinó denegar la intervención solicitada.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre una apelación presentada por All Tools, Inc. La apelación impugna una decisión del Tribunal de Primera Instancia de Carolina que declaró injustificado el despido del señor William González Solís. El señor González Solís demandó a su exempleador, All Tools, Inc., alegando despido injustificado bajo la Ley Núm. 80 y buscando compensación y otros remedios. All Tools, Inc. defendió el despido argumentando que el señor González Solís se presentó a trabajar bajo los efectos de alcohol y había sido previamente amonestado. El Tribunal de Primera Instancia había fallado a favor del señor González Solís, encontrando el despido injustificado. Durante el proceso en primera instancia, la reclamación por discrimen por edad fue desestimada mediante sentencia sumaria parcial. Tras revisar los fundamentos del caso, el Tribunal de Apelaciones concluye que la sentencia apelada debe ser revocada. Por tanto, el dictamen del Tribunal de Primera Instancia es revocado por el Tribunal de Apelaciones.

Resumen:

Comparece ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico una apelación criminal presentada por Stephan Anthony Mayr. El recurso busca revocar una Sentencia Enmendada del Tribunal de Primera Instancia, Sala de Carolina. En dicha sentencia, el apelante fue hallado culpable y convicto por infracciones al Artículo 5.07 de la Ley de Vehículos y Tránsito (conducción temeraria) y al Artículo 246(e) del Código Penal (resistencia u obstrucción a la autoridad pública). Los hechos se remontan al 1 de abril de 2024, cuando el apelante fue detenido tras una persecución vehicular. Según la denuncia y el testimonio del agente, el apelante huyó violentamente al ser intervenido por un policía municipal. Condujo a alta velocidad, desobedeciendo órdenes y realizando maniobras peligrosas, incluyendo pasarse un semáforo en rojo. El Tribunal de Primera Instancia basó su fallo condenatorio en la prueba presentada, incluyendo la declaración del agente interviniente. El apelante solicitó a este foro intermedio la revocación de la sentencia. Tras revisar el recurso, el Tribunal de Apelaciones determina confirmar la Sentencia Enmendada apelada.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una Resolución en un recurso de certiorari proveniente de un caso de partición de herencia. El Peticionario solicitó la revisión de una orden del Tribunal de Primera Instancia que denegó sus mociones de relevo de sentencia y otras determinaciones. El Tribunal de Apelaciones resuelve desestimar el recurso. La desestimación se fundamenta en dos razones principales. Primero, el recurso fue presentado fuera del término de 30 días establecido por el Reglamento del Tribunal. La orden recurrida fue notificada el 12 de febrero de 2025, venciendo el término el 14 de marzo de 2025, pero el recurso se presentó el 17 de marzo de 2025. El Peticionario no acreditó justa causa para la demora. Segundo, el escrito del Peticionario incumple sustancialmente con los requisitos de la Regla 34 del Reglamento. Debido a la presentación tardía sin justificación y los incumplimientos procesales, el Tribunal concluye que carece de jurisdicción para revisar la decisión recurrida.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en un caso sobre la certificación de los miembros 10 a 12 de la legislatura municipal de Comerío. José Ramón Morales Flores apeló una decisión del Tribunal de Primera Instancia (TPI) que denegó su impugnación a una determinación de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE). La CEE había certificado a candidatos del Partido Nuevo Progresista, Partido Popular Democrático y Partido Independentista Puertorriqueño para ocupar estos puestos. Morales Flores, quien no fue electo directamente pero obtuvo votos significativos, solicitaba ser certificado como miembro. El TPI concluyó que la CEE actuó correctamente al certificar a los candidatos. Argumentó que cinco de los primeros nueve legisladores electos directamente pertenecen al PNP. Aplicar literalmente la ley para certificar dos candidatos adicionales del PPD resultaría absurdo e invertiría el resultado electoral. El Tribunal de Apelaciones confirma la sentencia del TPI. Considera que la interpretación del TPI evita un resultado contrario a la voluntad de los votantes.

Resumen:

Se presenta una Solicitud de Revisión Judicial ante el Tribunal de Apelaciones por Hogar Las Águilas, Inc. y Emelisa Bermúdez Rivera. La solicitud busca revocar una Resolución de la Junta Adjudicativa del Departamento de la Familia. Dicha Resolución confirmó la determinación de la Unidad de Maltrato Institucional de Establecimientos de Adultos (UMIA) de Ponce. La UMIA encontró "Con Fundamento" querellas de maltrato institucional contra adultos en el Hogar. Esta determinación de maltrato fundamentado fue la base para denegar la solicitud de renovación de licencia del Hogar y recomendar su cierre. El Tribunal de Apelaciones ha emitido varias resoluciones para gestionar el trámite apelativo. Se han abordado asuntos relacionados con la reproducción de la prueba oral (TPO). También se han emitido órdenes sobre la notificación de escritos a las partes, incluyendo a la Oficina del Procurador General. Las partes continúan gestionando la presentación de una moción conjunta sobre la TPO.