Casos del Tribunal de Apelaciones (Página 139)

Resumen:

Este recurso de apelación proviene de una demanda por daños y perjuicios por acoso laboral desestimada mediante sentencia sumaria por el Tribunal de Primera Instancia de Ponce. La apelante, Juanita Vázquez Torres, buscaba la revocación de dicha sentencia. Sin embargo, el Tribunal de Apelaciones decide desestimar la apelación. La desestimación se basa en el incumplimiento de la apelante con el requisito de notificar el recurso a la parte apelada dentro del término establecido por la Regla 13(B) de su Reglamento. Aunque la apelación fue presentada a tiempo, la notificación se realizó un día después del vencimiento del plazo. La parte apelada solicitó la desestimación por este motivo. La apelante no ofreció justa causa para la dilación en la notificación. Conforme a la jurisprudencia sobre términos de cumplimiento estricto, la falta de notificación oportuna sin justificación adecuada conlleva la desestimación del recurso. Por consiguiente, el Tribunal de Apelaciones desestima la apelación.

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Este caso de cobro de dinero fue iniciado por Constructores Boriquen Inc. contra el Municipio de San Juan, reclamando el pago por mejoras realizadas al Coliseo Roberto Clemente. Constructores alegó haber completado sustancialmente la obra y solicitó la liquidación del contrato, la devolución del 10% retenido, intereses y honorarios de abogado. El Municipio se opuso al pago, argumentando que Constructores no había cumplido con todas las certificaciones contractuales requeridas. Tras un juicio en el Tribunal de Primera Instancia, la demanda de Constructores fue desestimada mediante sentencia notificada en diciembre de 2019. Inconforme, Constructores apeló dicha sentencia, imputando al foro primario errores en la aplicación del derecho sobre la terminación sustancial de la obra y la asignación de riesgos por la inacción municipal. El Tribunal de Apelaciones examinó los escritos, la prueba y el derecho aplicable. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones acordó confirmar la Sentencia emitida por el Tribunal de Primera Instancia.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en el caso KLAN202000248. La apelación fue presentada por Zuriel Colón Rodríguez contra El Pueblo de Puerto Rico. Procede del Tribunal de Primera Instancia de Ponce y trata sobre artículos de la Ley 22. La parte apelante, Zuriel Colón Rodríguez, presentó un escrito de desistimiento. El Tribunal examinó el desistimiento presentado. Se declaró Con Lugar el desistimiento. Como resultado, se ordenó el archivo y sobreseimiento de la apelación. La decisión se basó en el desistimiento voluntario de la parte apelante. La sentencia fue emitida el 24 de mayo de 2021 por un panel especial del Tribunal.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una Resolución en un caso de Certiorari. SSCC Investment Corp. (Peticionaria) solicitó la revisión de una Resolución del Tribunal de Primera Instancia en un pleito de cobro de dinero y ejecución de hipoteca incoado por Lizeth Antonia Colón Rodríguez (Recurrida). La Peticionaria había presentado una Moción de Desestimación en el foro primario. Argumentó que la reclamación de la Recurrida estaba impedida por la doctrina de cosa juzgada, basándose en un acuerdo transaccional previo. La Recurrida se opuso a la desestimación, alegando que no se cumplían los requisitos de cosa juzgada, especialmente la identidad de causa. El Tribunal de Primera Instancia declaró No Ha Lugar la Moción de Desestimación. Determinó que la doctrina de cosa juzgada no aplicaba por falta de identidad de causa entre el pleito actual y el caso anterior. La Peticionaria recurrió esta decisión mediante la Petición de Certiorari ante el Tribunal de Apelaciones. Tras evaluar los fundamentos, el Tribunal de Apelaciones DENEGÓ la expedición del auto de certiorari.

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Este caso llega al Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico tras una sentencia sumaria del Tribunal de Primera Instancia. El apelante, Miguel A. González Rivera, demandó a MAPFRE por incumplimiento de contrato y daños relacionados con la reclamación de su póliza de seguro por los daños causados por el huracán María. González Rivera alegó que MAPFRE no le ofreció una compensación justa por los daños a su propiedad y actuó con mala fe. MAPFRE solicitó la desestimación sumaria de la demanda invocando la doctrina de pago en finiquito. La aseguradora argumentó que envió un cheque por \$1,564.00 como liquidación total y definitiva de la reclamación, el cual fue cobrado por el apelante. El apelante se opuso, presentando evidencia y argumentando que existían hechos en controversia, como la falta de aceptación del pago como final y comunicaciones de MAPFRE que le permitían cobrar el cheque sin renunciar a sus derechos. El Tribunal de Primera Instancia dictó sentencia sumaria a favor de MAPFRE. Sin embargo, el Tribunal de Apelaciones, tras considerar los argumentos y el derecho aplicable, resolvió revocar la decisión apelada.

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El Tribunal de Apelaciones revisa la decisión del Departamento de Corrección y Rehabilitación que denegó un cambio de custodia al confinado Ricardo Toro Santiago. El recurrente cumple una larga sentencia por delitos violentos, incluyendo asesinato atenuado y tentativa de asesinato, y fue clasificado inicialmente en custodia máxima. El Comité de Clasificación ratificó su custodia en máxima seguridad y población protectiva, citando la naturaleza violenta de los delitos, querellas disciplinarias y el incumplimiento con su plan de rehabilitación y normas institucionales. Aunque una escala de reclasificación arrojó custodia mediana, se aplicó modificación discrecional por su tendencia a desobedecer normas y la revocación de su probatoria previa. El señor Toro Santiago impugna la decisión, alegando que obstaculiza su rehabilitación y sufre acoso institucional. El Departamento defiende su determinación como un ejercicio válido de discreción. Tras estudiar el expediente, el Tribunal confirma el dictamen del Departamento de Corrección.

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El Tribunal de Apelaciones revisó una Resolución de la Junta de Planificación que confirmó una multa de $1,000 y una Orden de Cese y Desista contra el negocio del recurrente, Arriba El Son-La Reja. La Junta impuso las sanciones tras una inspección donde alegó que el negocio operaba sin los permisos necesarios, incluyendo una *vellonera* sin el Permiso de Uso requerido. El recurrente solicitó reconsideración ante la Junta, argumentando falta de debido proceso, notificación defectuosa, inspección ilegal y que tenía los permisos correspondientes. Alegó además que la Junta no tenía jurisdicción sobre las máquinas de entretenimiento. La Junta denegó la reconsideración, reafirmando su jurisdicción sobre violaciones al Permiso Único. El recurrente acudió al Tribunal de Apelaciones, reiterando los errores de la Junta, principalmente la violación al debido proceso de ley al imponer la multa y ordenar el cierre sin vistas adecuadas. El Tribunal procedió a resolver la controversia sin el alegato de la Junta. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones dictaminó revocar la Resolución emitida por la Junta de Planificación.

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Un grupo de 44 confinados de la Institución Correccional Bayamón 501 solicitó revisión judicial de una resolución del Departamento de Corrección y Rehabilitación. La resolución, emitida el 16 de octubre de 2020, aplicó la "Regla 9" a su unidad de vivienda. Esta medida suspendió privilegios como visitas, recreación y comisaría por un término de 90 días. La suspensión se fundamentó en alegados actos de vandalismo y amenazas a la seguridad institucional ocurridos el 7 de octubre de 2020. Los recurrentes argumentaron que la extensión de la suspensión y la sanción de 90 días eran desproporcionadas y violaban la reglamentación. Presentaron su recurso de revisión administrativa ante el Tribunal de Apelaciones. El Tribunal de Apelaciones, en sentencia del 21 de mayo de 2021, evaluó la solicitud. El panel judicial determinó desestimar la solicitud de revisión. La desestimación se basó en que la solicitud fue presentada de forma prematura.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en el caso de John Diez Muro contra Francisco Pagán Rodríguez, sobre daños y perjuicios. El peticionario recurre de una resolución y una sentencia parcial del Tribunal de Primera Instancia. La resolución impuso sanciones económicas a Diez Muro y ordenó incluir una parte indispensable al pleito. La sentencia parcial declaró Ha Lugar la reconvención de Pagán Rodríguez, condenando a Diez Muro a pagar $15,000 por cánones de arrendamiento adeudados. El caso se originó con una demanda de Diez Muro alegando daños relacionados con un contrato de arrendamiento tras los huracanes Irma y María. Diez Muro sostuvo que Pagán Rodríguez no reparó la propiedad y se apropió de sus bienes tras un proceso de desahucio. Pagán Rodríguez contrademandó por la renta impagada, basándose en una estipulación de un caso anterior. Una controversia clave en el proceso fue la necesidad de incluir a otros herederos como partes indispensables. El Tribunal de Apelaciones revisa estas determinaciones del foro primario.

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Este es un recurso de apelación, acogido como certiorari, presentado por John Diez Muro ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. El peticionario solicita la revocación de una resolución y una sentencia parcial emitidas por el Tribunal de Primera Instancia. La resolución impuso sanciones económicas al peticionario y ordenó la inclusión de una parte indispensable. La sentencia parcial declaró con lugar la solicitud de sentencia sumaria del recurrido, Francisco Pagán Rodríguez, en su reconvención. Como resultado, se ordenó al peticionario pagar $15,000 por cánones de arrendamiento adeudados. El caso original es una demanda de daños y perjuicios presentada por el peticionario contra el recurrido, su antiguo arrendador. El peticionario alegó que el recurrido no reparó la propiedad arrendada tras los huracanes y se apropió indebidamente de sus bienes tras un desahucio previo. El recurrido, a su vez, reclamó la deuda de renta en su reconvención. La controversia sobre la falta de una parte indispensable surgió durante el descubrimiento de prueba.

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Este documento es una sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. Las apelantes, María de los Ángeles Sierra Rivera y Carmen Laura Rivera Cruz, recurren la desestimación de su demanda contra el CRIM y el Departamento de Hacienda. La acción original buscaba una sentencia declaratoria y daños por cobros contributivos supuestamente indebidos. Las apelantes alegan que su propiedad está exenta de contribuciones municipales por ser su residencia principal desde 1990. Describen múltiples gestiones infructuosas ante el CRIM entre 2003 y 2015 para formalizar la exoneración, sin recibir respuesta ni notificación. Sostienen que el CRIM cobró indebidamente a un banco por la propiedad, a pesar de la alegada exención y posible prescripción de la deuda. También impugnan un cobro del Departamento de Hacienda por una contribución especial. El recurso busca revocar la desestimación de sus reclamaciones contra ambas agencias gubernamentales.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resolviendo una revisión administrativa. El recurrente, José C. Díaz Quiñones, miembro de la población correccional, solicitó que se le acreditaran 6 días por mes a su sentencia por asiduidad y buena conducta, amparado en la Ley Núm. 87-2020. El Departamento de Corrección y Rehabilitación denegó su primera solicitud de remedio administrativo, argumentando que dicha ley no aplicaba a sentencias bajo la Ley 54. El recurrente presentó una segunda solicitud con los mismos planteamientos. La División de Remedios Administrativos del Departamento desestimó esta segunda solicitud, invocando una regla reglamentaria que permite desestimar peticiones repetitivas. El recurrente impugnó esta desestimación ante el Tribunal de Apelaciones. El Tribunal revisó el dictamen desestimatorio de la División de Remedios Administrativos. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones revocó la decisión de la agencia. La sentencia se centra en la determinación de que la desestimación de la segunda solicitud fue incorrecta.

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Un panel judicial revisa una apelación presentada por la Sra. Miriam Rosario Fonseca contra una Sentencia Sumaria en un pleito de divorcio y liquidación de sociedad legal de gananciales. El Tribunal de Primera Instancia (TPI) había dictado Sentencia Sumaria a favor del exesposo, el Sr. Luis A. Cruz Soto. El TPI adjudicó la mayor parte de los bienes gananciales al Sr. Cruz y ordenó a la Sra. Rosario pagar una suma. Un punto central de la apelación es la decisión del TPI de no reconocerle a la Sra. Rosario participación en el negocio "El Boricua", a pesar de su naturaleza ganancial, basándose en que ella no presentó prueba suficiente. La apelación también cuestionó el manejo del TPI sobre la residencia conyugal y el derecho de Hogar Seguro. Tras revisar los autos, el panel apelativo concluyó su análisis. El panel determinó que la sentencia apelada debía ser revocada.

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Este recurso ante el Tribunal de Apelaciones surge de la gestión procesal de dos acciones civiles consolidadas por el Tribunal de Primera Instancia (TPI). Los casos originales involucran reclamaciones por incumplimiento de contrato y daños relacionadas con un proyecto hotelero, y una demanda por despido injustificado. Inicialmente, el TPI consolidó ambos pleitos, manteniendo el carácter sumario del caso laboral. Sin embargo, posteriormente, el TPI reconsideró su decisión y procedió a separar ("desconsolidar") las acciones civiles. El peticionario impugnó esta determinación del TPI. El Tribunal de Apelaciones analizó si el TPI tenía jurisdicción para reconsiderar y separar los casos una vez consolidados. Concluyó que el TPI sí poseía la jurisdicción necesaria para tomar dicha acción. En el ejercicio de su discreción, el Tribunal de Apelaciones decidió no intervenir con la manera en que el TPI manejó los casos. Por tanto, se confirmó la decisión del TPI de separar las acciones civiles.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico que resuelve un recurso de revisión judicial. El recurso fue presentado por un residente del Condominio Altos de Torrimar contra una resolución del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACo). DACo había desestimado con perjuicio la querella del residente contra la Junta de Directores del Condominio. La querella original versaba sobre daños en el techo del apartamento del residente causados por filtraciones en un área comunal y sobre extractores de aire defectuosos. El residente solicitaba la reparación de los daños o el reembolso de los gastos incurridos. El Condominio argumentó que los daños eran vicios de construcción y no su responsabilidad. El Tribunal de Apelaciones revoca parcialmente la determinación de DACo. Ordena la devolución del caso a la agencia administrativa para la continuación de los procedimientos.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en el caso KLAN202100313. La apelación fue presentada por Marco A. Quiroz Norris contra Breezy L. Blanco Bromley. El recurso versaba sobre la liquidación de sociedad de gananciales. El apelante presentó la apelación el 5 de mayo de 2021. El 17 de mayo de 2021, el apelante solicitó retirar el recurso. La solicitud se basó en que las partes alcanzaron un acuerdo de transacción. Dicho acuerdo convirtió la controversia en académica. El Tribunal declaró con lugar la moción de retiro. Consecuentemente, dictó Sentencia por desistimiento de la apelación. La sentencia fue emitida el 21 de mayo de 2021.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una Resolución en un recurso discrecional de Certiorari. La petición fue presentada por John Doe h/n/c Plaza Carolina; ACME contra Josmarie Abrante Fargas. Los peticionarios solicitaban la revisión de una Resolución Enmendada del Tribunal de Primera Instancia de Carolina. Dicha resolución declaró No Ha Lugar una Solicitud de Sentencia Sumaria presentada por la parte peticionaria. Tras deliberar, el Tribunal de Apelaciones decidió no expedir el auto solicitado. Fundamenta su decisión en que el Tribunal de Primera Instancia determinó correctamente que aún existen hechos materiales en controversia. Por tanto, no procede dictar sentencia sumariamente y el caso debe ir a juicio en su fondo. El Tribunal de Apelaciones no encontró indicio de que el foro primario actuara de forma arbitraria, caprichosa, abusara de su discreción o cometiera error de derecho. Conforme a los criterios que guían su discreción, deniega la expedición del auto solicitado. El asunto se devuelve al foro de origen para la continuación de los procedimientos.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico que revisa una decisión del Tribunal de Primera Instancia en un caso de daños y perjuicios. La apelación surge de la desestimación de una demanda contra Montehiedra Home, Inc. mediante sentencia sumaria. Los apelantes, sucesores de Luz E. Cruz Barreto, alegan negligencia en el cuidado de la señora Cruz Barreto, específicamente en el manejo de su diabetes y la tardanza en referirla a servicios de emergencia. Argumentan que esta negligencia resultó en daños, incluyendo una coma diabética. Los apelados, por su parte, sostienen que brindaron el cuidado adecuado y que la prueba no demuestra negligencia ni nexo causal con los daños alegados. El Tribunal de Apelaciones evalúa si la evidencia presentada por las partes justifica la sentencia sumaria que desestimó la reclamación.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una Resolución en respuesta a un recurso discrecional de Certiorari presentado por Doris Mirta Rivera Rios. La Peticionaria solicitó la revisión de una Resolución del Tribunal de Primera Instancia (TPI) de Utuado. Dicha resolución del TPI denegó una Solicitud de Sentencia Sumaria, pero la Peticionaria impugnó las determinaciones de hechos que el TPI consideró incontrovertidos. Tras deliberar, el Tribunal de Apelaciones concluye no expedir el auto solicitado. El Tribunal revisó la actuación del TPI al evaluar la moción de sentencia sumaria y la oposición. Determinó que el TPI no erró al identificar los hechos controvertidos e incontrovertidos basándose en la evidencia. No se encontró indicio de que el foro recurrido actuara de forma arbitraria, caprichosa, abusara de su discreción o cometiera un error de derecho. Por tanto, se deniega la expedición del auto de Certiorari, devolviendo el asunto al foro de origen para la continuación de los procedimientos.

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Este documento es una Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso laboral. La apelante, June Andrade Muriel, recurrió una decisión del Tribunal de Primera Instancia que desestimó su querella contra Innovatel, LLC. La querella original alegaba despido injustificado, represalias y reclamaciones salariales. El Tribunal de Primera Instancia desestimó el caso por falta de jurisdicción, basándose en una cláusula de arbitraje compulsorio en el contrato de empleo. El foro primario refirió a las partes al procedimiento de arbitraje pactado. La apelante argumentó que la cláusula de arbitraje no privaba al tribunal de jurisdicción ni de las protecciones laborales. La apelada defendió la validez y aplicabilidad del acuerdo de arbitraje. Tras evaluar las posiciones, el Tribunal de Apelaciones confirmó la Sentencia apelada. Esto valida la desestimación del caso judicial y la remisión de las partes al arbitraje.

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El Tribunal de Apelaciones resuelve una petición de certiorari presentada por Metro Pavía Health System y/o Hospital Metropolitano de San Germán. La petición busca dejar sin efecto una determinación del Tribunal de Primera Instancia que denegó una solicitud para desglosar una segunda demanda revisada. El caso subyacente es una acción por daños y perjuicios por impericia médica incoada por Ramona Rivera Vega y otros. Los demandantes alegan que la muerte de su hija, Jennifer Rivera Martínez, ocurrió debido a la atención médica inadecuada recibida en el hospital. Describen que la hija acudió al hospital con síntomas, fue dada de alta, regresó con condición agravada, desarrolló sepsis y falleció días después. Los demandantes imputan negligencia al hospital y su personal por no brindar el manejo adecuado, incluyendo la alegación de una consulta tardía a un especialista. También mencionan que la hija sufrió daño físico permanente (amputación de pie) antes de morir. El Tribunal de Apelaciones, por los fundamentos expuestos, deniega la expedición del auto solicitado.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico, Región de Bayamón, en el caso KLCE202100272. Las partes son Brenda Ivette Reyes Tomassini como recurrida y Luis Edgardo Padrón Rosado como peticionario. El recurso de certiorari proviene del Tribunal de Primera Instancia y trata sobre custodia, hogar seguro y pensión alimentaria. El peticionario, Luis Edgardo Padrón Rosado, presentó una moción solicitando desistir del recurso. El Tribunal de Apelaciones examinó dicha solicitud. Conforme a la Regla 83(A) de su Reglamento, el Tribunal acogió la petición de desistimiento. En consecuencia, se ordena el archivo definitivo de esta causa. La resolución fue emitida el 21 de mayo de 2021.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emitió una Resolución en un caso de custodia. La peticionaria, Iliana Quiñones Cardona, presentó un recurso de certiorari. Buscaba dejar sin efecto una Resolución del Tribunal de Primera Instancia de Aguadilla. Dicha Resolución del foro primario determinó que tenía jurisdicción sobre la custodia provisional de los menores. La jurisdicción fue afirmada conforme al estatuto federal Parental Kidnapping Prevention Act. El recurrido, Luis A. Díaz Hernández, se opuso a la expedición del certiorari. El Tribunal de Apelaciones evaluó la petición, la oposición y la decisión del foro primario. Concluyó que la peticionaria no demostró que el Tribunal de Primera Instancia cometiera un error que justificara su intervención. Por consiguiente, el Tribunal de Apelaciones denegó la expedición del auto de certiorari.

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Comparece ante el Tribunal de Apelaciones la Sucesión de Emilio Ríos Dávila mediante petición de certiorari. Solicitan la revisión de una resolución del Tribunal de Primera Instancia en un caso de sentencia declaratoria (Civil Núm.: NECI2016-00268). Dicho caso fue iniciado por Oliva Fernández Suárez y Nationwide Services Corp. para declarar derechos de accionistas y ordenar el nombramiento de directores corporativos. Un incidente procesal clave fue la solicitud de la Sucesión Ríos Dávila para descalificar a la abogada de los demandantes, Lcda. Cindy M. Cruz Rivera. Alegaron representación dual impropia de la corporación y de la Sra. Fernández Suárez. Tras una vista y extensa consideración, el Tribunal de Primera Instancia resolvió parcialmente la solicitud. Descalificó a la Lcda. Cruz Rivera de representar a Nationwide Services Corp. pero permitió que continuara representando a la Sra. Fernández Suárez. La petición de certiorari busca la revisión de esta determinación del foro primario.

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Comparecen Mayra García Mulero y Juan Carmona Tirado solicitando la revocación de una Resolución del Tribunal de Primera Instancia (TPI) que aprobó un memorando de costas presentado por el Dr. Andrés Guerrero Rodríguez. Las costas surgieron de un pleito de impericia médica donde el TPI falló a favor del Dr. Guerrero. El Dr. Guerrero reclamó $18,464.00 por gastos de defensa, incluyendo honorarios de peritos y transcripciones. Los peticionarios se opusieron, argumentando incumplimiento de la Regla 44.1, falta de justificación de gastos y su situación económica. A pesar de la oposición, el TPI aprobó la totalidad de las costas. Los peticionarios solicitaron reconsideración, apelando a la irrazonabilidad de la imposición de costas. El Dr. Guerrero se opuso a la reconsideración, justificando los gastos y aceptando una reducción en el monto total. Este panel resuelve denegar la expedición del auto solicitado por los peticionarios.

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Este documento es una sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de subrogación. Óptima Seguros demandó a Emma Ortiz Hernández y Leyshla González García tras un accidente de tránsito ocurrido el 1 de mayo de 2019. Óptima, habiendo pagado a su asegurado, buscaba recobrar la suma de las peticionarias, cuya póliza de seguro estaba cancelada. Las peticionarias solicitaron la desestimación de la demanda por prescripción, alegando que había transcurrido más de un año desde el accidente. Óptima argumentó que una comunicación escrita enviada el 22 de mayo de 2020 interrumpió el término prescriptivo. El Tribunal de Primera Instancia (TPI) denegó la desestimación, entendiendo que una resolución del Tribunal Supremo por COVID-19 extendió los términos, validando la interrupción extrajudicial. Las peticionarias pidieron reconsideración, sosteniendo que la extensión aplicaba solo a términos judiciales. El TPI mantuvo su decisión. El Tribunal de Apelaciones expidió el auto de certiorari para revisar la resolución del TPI. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones REVOCÓ el dictamen recurrido del TPI.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre una petición de certiorari. Condado I, LLC y PR Triangle, LLC solicitan la revisión de una resolución del Tribunal de Primera Instancia (TPI) en un caso de daños y perjuicios. El TPI declaró No Ha Lugar las mociones de desestimación presentadas por Condado I y PR Triangle. La demanda original fue incoada por LC Real Estate, Inc. (LC) por incumplimiento de un contrato de corretaje inmobiliario. LC alega que tenía un acuerdo con Condado I para vender unidades de vivienda y que presentó a Praga Development, LLC como comprador. Posteriormente, Condado I vendió las unidades restantes a Praga utilizando otro corredor, One Realty Group, LLC. LC sostiene que esta acción incumplió su contrato y que la venta pudo ser simulada o involucrar a PR Triangle como dueño real. La petición de certiorari busca que el Tribunal de Apelaciones revoque la decisión del TPI de no desestimar la demanda.

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El Tribunal de Apelaciones consideró un escrito presentado por el señor Carrero, señalando inicialmente una posible falta de jurisdicción por tardío. La razón principal para la desestimación fue el incumplimiento grave con la Regla 34 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones. El escrito carecía de una relación fiel de los hechos, no señalaba ni discutía los errores del tribunal de instancia, y omitía las disposiciones legales y jurisprudencia aplicables. Tampoco se acompañaron la denuncia y acusación requeridas para la revisión de casos criminales, ni documentos pertinentes del expediente original. El Tribunal determinó que el escrito no constituía un recurso revisable bajo el ordenamiento procesal vigente. Con base en estos fundamentos y la facultad reglamentaria para desestimar recursos no perfeccionados, se desestimó el escrito por no haberse proseguido con diligencia. Se ordenó notificar la decisión al Departamento de Corrección y Rehabilitación para que se entregue copia al confinado, así como al Procurador General.

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El Tribunal de Apelaciones deniega la expedición de un auto de certiorari solicitado por Elderly Transportation Services LLC y Elderly Transportation Services Management LLC. Las peticionarias buscaban revocar una Resolución del Tribunal de Primera Instancia (TPI) que denegó su Moción de Desestimación por prescripción. Alegaban que la demandante no interrumpió el término prescriptivo al no recibir las cartas de reclamación extrajudicial. El TPI determinó que la reclamación sí interrumpió el término, señalando que una comunicación fue recibida a través de la aseguradora y que las peticionarias no probaron la falta de notificación, sugiriendo que su información de dirección incorrecta pudo haber impedido la notificación. El Tribunal de Apelaciones reitera que el certiorari es un recurso discrecional y extraordinario para corregir abusos de discreción o errores manifiestos del foro primario. Cita jurisprudencia sobre la suficiencia de la diligencia del reclamante para notificar y la presunción de recibo de cartas enviadas por correo. Concluye que las peticionarias no demostraron que la determinación del TPI fuera irrazonable, prejuiciada, parcial o un error manifiesto. Por tanto, se deniega la expedición del auto.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre una petición de hábeas corpus. La petición fue presentada por Luis R. Muñoz Muñoz en beneficio de Erick A. Ramos Kercado, un confinado. Se alegó que la detención de Ramos Kercado es ilegal debido a que padece severamente de sus facultades mentales. Según el peticionario, compañero de celda, Ramos Kercado carecía de la capacidad para comprender el proceso penal, renunciar a su derecho a juicio por jurado o apoyar su defensa. La resolución explica que el hábeas corpus es un recurso extraordinario que no procede si existen otros remedios legales, como el provisto en la Regla 192.1 de Procedimiento Criminal. El tribunal debe evaluar si el remedio alterno fue inadecuado o inefectivo, si hubo violación patente de un derecho constitucional fundamental no renunciado válidamente, y la necesidad de una vista. Por los fundamentos que se expondrán, se deniega la expedición del recurso de hábeas corpus solicitado.

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Comparece ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico Axesa Servicios de Información para recurrir de una Sentencia Sumaria Parcial del Tribunal de Primera Instancia. El caso versa sobre reclamaciones de despido injustificado, discrimen por edad, represalia e incumplimiento de contrato presentadas por María Camuñas Rivera. El foro primario desestimó las causas de acción por discrimen por edad e incumplimiento de contrato. No obstante, declaró No Ha Lugar la defensa de prescripción levantada por la parte apelante respecto al despido injustificado y no desestimó la reclamación por represalia. La apelante argumentó que la querella por despido injustificado estaba prescrita, al entender que el despido ocurrió el 11 de enero de 2018, tres meses después de una suspensión. La apelada sostuvo que la fecha efectiva del despido fue el 30 de enero de 2018, cuando se le notificó el cierre de su plaza, basándose en una comunicación previa del patrono. La apelación busca la revocación de la Sentencia Sumaria Parcial, particularmente en lo referente a la defensa de prescripción.

Resumen:

Este documento es una Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico que atiende una apelación y un certiorari presentados por CB Real Estate Corporation. Los recursos impugnan determinaciones del Tribunal de Primera Instancia en un caso sobre sentencia declaratoria, cobro de dinero, incumplimiento contractual y daños. CB demandó a Lilly del Caribe, Inc. alegando que esta incumplió un contrato de arrendamiento al no compartir la mitad de las ganancias obtenidas por subarrendar la propiedad, según la Cláusula 33. CB también reclamó daños al techo del inmueble y rentas adeudadas. Lilly negó las alegaciones, argumentando una interpretación incorrecta de la Cláusula 33 y atribuyendo los daños a terceros o condiciones preexistentes, además de presentar una reconvención. El foro primario desestimó las demandas de CB, declaró ha lugar la reconvención de Lilly y concedió honorarios y costas a Lilly y a un tercero demandado. CB recurre estas decisiones, habiendo sido consolidados sus recursos de apelación y certiorari ante el Tribunal de Apelaciones. El caso se centra en la disputa contractual y los reclamos económicos relacionados con el arrendamiento y subarrendamiento del edificio Santa Paula III.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico, Panel I, que atiende las apelaciones consolidadas de José Raúl Ríos Román, José Luis Audain Rodríguez, José Ernesto Audain Rodríguez y Xavier González Márquez. Los apelantes recurren de las sentencias de culpabilidad emitidas por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Arecibo. Tras un juicio por tribunal de derecho, los apelantes fueron condenados a prisión por hechos ocurridos el 14 de diciembre de 2016 en Barceloneta. Estos hechos resultaron en los asesinatos de César L. Rodríguez Colón y Stephany Guzmán Escobar. Los apelantes fueron encontrados culpables de múltiples delitos. Entre los delitos se incluyen dos cargos de asesinato en primer grado, conspiración, disparar en lugar público e infracciones a la Ley de Armas. Las violaciones a la Ley de Armas abarcan portación y uso sin licencia, posesión y uso ilegal de armas largas o automáticas, y disparar armas. Uno de los apelantes también fue imputado de facilitar armas de fuego a terceros. Los apelantes solicitan a este foro que revoque las sentencias dictadas en su contra.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre las apelaciones consolidadas de José Raúl Ríos Román, José Luis Audain Rodríguez, José Ernesto Audain Rodríguez y Xavier González Márquez. Los apelantes recurren de sentencias de culpabilidad dictadas por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Arecibo, tras un juicio por tribunal de derecho. Las condenas derivan de hechos ocurridos el 14 de diciembre de 2016 en Barceloneta, donde dos personas fueron asesinadas. Los apelantes fueron hallados culpables de dos cargos de asesinato en primer grado, conspiración, riesgo a la seguridad pública e infracciones a varios artículos de la Ley de Armas. Las violaciones a la Ley de Armas incluyeron portación y uso sin licencia, posesión y uso ilegal de armas largas/automáticas, disparar armas, y facilitación de armas para uno de los apelantes. El documento detalla el historial procesal, incluyendo la presentación de los recursos de apelación y su posterior consolidación. También se mencionan los pliegos acusatorios presentados por el Ministerio Público y la prueba estipulada en el juicio. La sentencia fue emitida el 20 de mayo de 2021.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre las apelaciones consolidadas de José Raúl Ríos Román, José Luis Audain Rodríguez, José Ernesto Audain Rodríguez y Xavier González Márquez. Los apelantes recurren las sentencias de culpabilidad dictadas por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Arecibo. Fueron hallados culpables tras juicio de derecho por delitos relacionados con un doble asesinato ocurrido en Barceloneta el 14 de diciembre de 2016. Los cargos incluyeron asesinato en primer grado (dos), conspiración, disparar en lugar público e infracciones a varios artículos de la Ley de Armas. El señor José Luis Audain Rodríguez también fue acusado de facilitar armas de fuego. El documento detalla el proceso judicial previo, incluyendo la presentación de acusaciones y la evidencia estipulada en el juicio. El Tribunal de Apelaciones emite su decisión sobre estos recursos.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre apelaciones criminales consolidadas. Los apelantes, José Raúl Ríos Román, José Luis Audain Rodríguez, José Ernesto Audain Rodríguez y Xavier González Márquez, recurren de sentencias de culpabilidad. Dichas sentencias fueron dictadas por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Arecibo, tras un juicio por tribunal de derecho. Los hechos se relacionan con un doble asesinato ocurrido el 14 de diciembre de 2016 en Barceloneta. Los apelantes fueron condenados por delitos como asesinato en primer grado (dos cargos), conspiración, disparar en lugar público e infracciones a la Ley de Armas. El documento detalla el proceso judicial previo, incluyendo la vista preliminar y la presentación de pliegos acusatorios. Se mencionan los artículos específicos del Código Penal y la Ley de Armas por los que fueron acusados. La sentencia del Tribunal de Apelaciones fue emitida el 20 de mayo de 2021.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre un recurso de apelación presentado por Víctor M. Cruz Cirilo y Luciana Cruz Rivera. Los apelantes impugnan una Sentencia Parcial del Tribunal de Primera Instancia que desestimó la demanda que instaron contra Víctor M. Cruz Rivera. La demanda original, presentada en 2015, versaba sobre división de comunidad, reivindicación y daños. Los apelantes alegaron que el apelado, hijo y hermano respectivamente, obtuvo la titularidad de una parcela municipal en Vieques en comunidad con su hermana mediante información falsa. Sostuvieron que el apelado reclamó ser dueño de una estructura que pertenecía a su padre, el co-apelante. La parcela formaba parte de un programa municipal para otorgar títulos a residentes en terrenos adquiridos de la Marina. Los apelantes reclamaron que las acciones del apelado causaron daños a la propiedad y sufrimientos al padre. La hija, co-apelante, buscaba la liquidación de la comunidad con su hermano. La demanda solicitaba la recuperación de la propiedad, compensación por daños y la división de la comunidad. El apelado negó las alegaciones, incluyendo la falsedad de la información y la titularidad del padre sobre la estructura. La apelación se dirige contra la desestimación de este caso por el foro primario.

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Grey S. Rodríguez Vera presentó un recurso de apelación, acogido como certiorari, contra una resolución del Tribunal de Primera Instancia de Ponce. Dicha resolución denegó su solicitud para que la Jueza Marta Elisa González Yglesias se inhibiera del caso de despido injustificado y represalias que presentó contra Walgreens. La peticionaria alegó que la jueza demostró parcialidad y ánimo prevenido al desestimar su reclamo, tomando decisiones que consideró incorrectas y contrarias a la prueba. Walgreens se opuso a la inhibición, argumentando que la solicitud carecía de fundamentos específicos y prueba. El Tribunal de Apelaciones examinó la comparecencia, el expediente y el derecho aplicable. Procedió a denegar la expedición del auto de certiorari solicitado por la señora Rodríguez Vera.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en el caso de Carlos Pérez Vázquez contra Capitol Transportation, Inc. y Exordium Logistics Solutions LLC. El apelante buscaba la implementación de un laudo de arbitraje que ordenó su reinstalación y pago de haberes por despido injustificado por parte de su antiguo empleador, Capitol. Presentó una demanda en el Tribunal de Primera Instancia contra Capitol y Exordium, alegando que esta última era un patrono sucesor y solicitando responsabilidad solidaria. Exordium solicitó la desestimación, argumentando que la determinación de patrono sucesor y las prácticas ilícitas eran competencia exclusiva de la Junta Nacional de Relaciones del Trabajo. El Tribunal de Primera Instancia desestimó la demanda contra Exordium por falta de jurisdicción, coincidiendo en que la materia era federal y exclusiva de la NLRB, y dictó sentencia en rebeldía contra Capitol. Carlos Pérez Vázquez apeló esta decisión. El Tribunal de Apelaciones, por los fundamentos que expondría, decidió revocar la Sentencia apelada.

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Este documento es una resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico relativa a una acción civil por daños y perjuicios. Pedro J. Ponce De León y otros demandaron al Estado Libre Asociado, agencias gubernamentales y aseguradoras (MAPFRE, Triple-S) tras la ocupación policial de un vehículo que habían comprado y resultó ser hurtado. Los demandantes alegaron negligencia y reclamaron daños bajo los artículos 1802, 1803 y 1054 del Código Civil. El Tribunal de Primera Instancia ordenó el archivo administrativo del caso, invocando las disposiciones de paralización de PROMESA. Los demandantes buscaron la revisión de esta decisión, presentando inicialmente una apelación que el Tribunal de Apelaciones reclasificó como una petición de certiorari. MAPFRE y Triple-S se opusieron a la petición, solicitando que fuera denegada y se confirmara la orden de archivo del tribunal inferior. La resolución aborda los trámites procesales seguidos por las partes ante el foro apelativo.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en el caso KLAN202100065. El recurso fue presentado por Sierra Club y El Puente de Williamsburg, Inc. apelando una decisión del Tribunal de Primera Instancia de San Juan. Dicho tribunal había desestimado una demanda de injunction y sentencia declaratoria presentada por las organizaciones. La demanda buscaba detener un proyecto de importación y procesamiento de gas natural licuado operado por NFEnergía en los muelles de San Juan. Las organizaciones alegaban que el proyecto era ilegal y representaba riesgos para la salud y el medio ambiente de sus miembros residentes cercanos. La desestimación en Primera Instancia se basó en la falta de legitimación activa de las organizaciones, al considerar sus alegaciones hipotéticas. Las apelantes argumentaron que la cercanía de sus miembros al proyecto demostraba la exposición a riesgos reales y, por ende, su legitimación. Tras revisar el caso, el Tribunal de Apelaciones confirmó la sentencia apelada.

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SENTENCIA del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico que revisa una decisión del Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Bayamón. El caso involucra a Emilio Peña Fonseca (apelante) contra Mapfre Praico Insurance Company (apelada) por un reclamo de seguro relacionado con daños causados por el Huracán María. El apelante demandó a MAPFRE por incumplimiento de contrato y mala fe, alegando que la aseguradora subvaloró significativamente los daños a su propiedad, estimados por él en \$29,335, mientras MAPFRE pagó solo \$1,672. MAPFRE defendió que ajustó la reclamación de buena fe conforme a la póliza y la ley, y que el estimado del demandante era inflado. El Tribunal de Primera Instancia dictó sentencia sumaria a favor de MAPFRE, desestimando la demanda con perjuicio, al considerar que se configuró la figura de pago en finiquito. El apelante recurre ante el Tribunal de Apelaciones para que revise dicha determinación.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico que atiende una apelación y un certiorari consolidados presentados por CB Real Estate Corp. contra Lilly del Caribe, Inc. Los recursos provienen de un caso iniciado en 2007 en el Tribunal de Primera Instancia de Carolina. La disputa central gira en torno a un contrato de arrendamiento del edificio Santa Paula III. CB Real Estate Corp. demandó a Lilly del Caribe, Inc. alegando incumplimiento contractual, específicamente por no compartir ganancias de un subarrendamiento según la Cláusula 33 del contrato. También reclamó daños a la propiedad y cobro de rentas adeudadas. Lilly del Caribe, Inc. negó las alegaciones, argumentó una interpretación distinta de la cláusula de ganancias y presentó una reconvención. El Tribunal de Primera Instancia desestimó las demandas de CB, declaró ha lugar la reconvención de Lilly y concedió honorarios y costas a Lilly y a un tercero demandado. CB Real Estate Corp. solicita la revocación de dicha sentencia y impugna la orden de costas. El documento detalla el historial procesal y los argumentos principales de las partes en apelación.

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José Ángel Ibarrondo Zabala impugnó la determinación del Departamento de Corrección y Rehabilitación de mantenerlo en custodia máxima. El Comité de Clasificación y Tratamiento ratificó su nivel de custodia máxima el 28 de enero de 2021. La decisión se fundamentó en su historial documentado de violencia excesiva, incluyendo secuestro, asesinato y calcinación de víctimas. También se consideró su falta de introspección, negación de responsabilidad y actos de indisciplina durante el confinamiento, como posesión de armas y uso de sustancias. Se tomó en cuenta el largo tiempo restante de su sentencia (84 años para libertad bajo palabra, 278 años para excarcelación). Ibarrondo Zabala solicitó reconsideración, la cual fue denegada por la Oficina de Clasificación de Confinados el 17 de febrero de 2021, confirmando los fundamentos iniciales. Disconforme, acudió al Tribunal de Apelaciones mediante recurso de Revisión Judicial. Planteó que las decisiones fueron erróneas y violaron reglamentos. El Tribunal de Apelaciones, haciendo uso de la Regla 7(B)(5), confirmó la determinación recurrida sin trámites adicionales.

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Este recurso de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico surge de un pleito de inventario y partición de herencia en el Tribunal de Primera Instancia. Las peticionarias impugnaron tres resoluciones del foro primario relacionadas con la administración del caudal hereditario. El caso se centra en la herencia de Juan Andreu Solé, que incluye un inmueble hipotecado. Una controversia clave fue la obligación de los herederos de contribuir al pago de la hipoteca y los gastos de conservación. El Tribunal de Primera Instancia, en resolución de 3 de noviembre de 2020, ordenó a las peticionarias aportar 1/3 del pago de la hipoteca y gastos de conservación. Las peticionarias solicitaron reconsideración de dicha orden, la cual fue evaluada por el foro primario. Tras analizar el trámite procesal y las resoluciones recurridas, el Tribunal de Apelaciones concluyó que carecía de jurisdicción para atender el recurso. Por tanto, el Tribunal de Apelaciones desestimó el certiorari.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en una apelación sobre un caso de incumplimiento de contrato. El apelante, Carlos Erazo Santana, demandó civilmente a Miguel Ángel Morales Maldonado, la víctima del delito por el que Erazo Santana se declaró culpable. Alegó que Morales Maldonado incumplió un contrato de servicios y lo denunció por apropiación ilegal relacionada con dicho contrato. El Tribunal de Primera Instancia desestimó la demanda, entendiendo que la declaración de culpabilidad en el caso penal resolvía la controversia civil bajo doctrinas como cosa juzgada. Erazo Santana apeló esta desestimación. El Tribunal de Apelaciones, sin embargo, desestima el recurso de apelación. La desestimación se basa en la falta de jurisdicción del tribunal para considerar el recurso. Se señala también el incumplimiento sustancial con los requisitos del Reglamento del Tribunal de Apelaciones. La sentencia enfatiza que la jurisdicción es fundamental y que los recursos presentados fuera de término carecen de efecto legal.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en el caso KLAN202000271. La apelación fue presentada por Leslie Ann Hernández Lebrón contra Linda M. Corujo Ramsey y otros, incluyendo Linda Corujo Retirement Center, Inc. (LCRC). El recurso impugna una Sentencia Parcial del Tribunal de Primera Instancia que desestimó la solicitud de descorrer el velo corporativo de LCRC. La apelante alegó que la albacea testamentaria, también principal de LCRC, utilizó su posición para beneficiar a la corporación en detrimento de la sucesión y otra entidad, constituyendo violación fiduciaria. El foro primario desestimó la reclamación, argumentando que la demanda enmendada no detallaba suficientemente los actos ilegales o fraudulentos necesarios para justificar descorrer el velo corporativo según la Regla 7.2. La apelante sostuvo que sus alegaciones sí eran suficientes para sustentar la causa de acción. Tras revisar el caso, el Tribunal de Apelaciones determina revocar la Sentencia Parcial apelada. La decisión implica que la solicitud para descorrer el velo corporativo contra LCRC no debió ser desestimada en esa etapa procesal.

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MAPFRE Pan American Insurance Company presentó un recurso de certiorari para revisar una resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó su Moción de Sentencia Sumaria. Dicha moción surgió de una demanda por incumplimiento de contrato y daños presentada por la Sra. Blanca Rey Zapata, quien alegó que MAPFRE le pagó menos de lo debido por daños de huracán. MAPFRE argumentó en su moción que la reclamación carecía de méritos porque la demandante había aceptado el pago, configurándose la doctrina de pago en finiquito. La Sra. Rey Zapata se opuso, alegando controversias de hechos sobre el ajuste y que su consentimiento al aceptar el pago estuvo viciado. El foro primario denegó la sentencia sumaria al encontrar controversias de hechos sustanciales que impedían la disposición sumaria del caso. MAPFRE impugnó esta decisión mediante certiorari, imputando errores al tribunal primario por no aplicar el pago en finiquito y por realizar determinaciones fácticas. Tras evaluar el recurso, el panel denegó el auto de certiorari solicitado por MAPFRE.

Resumen:

Metro Avanti Properties, Inc. solicitó al Tribunal de Apelaciones la revisión de una resolución del Tribunal de Primera Instancia. Dicha resolución denegó la Moción de Sentencia Sumaria presentada por Metro Avanti en un pleito de cobro de dinero. El caso fue iniciado por los esposos Gallardo-Cruz para reclamar la devolución de un depósito de \$10,000 entregado para la compra de una residencia. Los demandantes desistieron de la compra tras los huracanes Irma y María, pero Metro Avanti se negó a reembolsar el dinero, alegando la existencia de un contrato válido. Metro Avanti solicitó sentencia sumaria argumentando que el contrato era válido con la firma de la esposa y que no había hechos en disputa. El Tribunal de Primera Instancia denegó la solicitud al determinar que existían hechos controvertidos y cuestiones de credibilidad que debían dilucidarse en juicio. Metro Avanti recurrió en certiorari, imputando errores al foro primario por encontrar controversias de hecho y denegar la sentencia sumaria. El Tribunal de Apelaciones, tras evaluar el recurso, resolvió denegar la expedición del certiorari solicitado por Metro Avanti Properties, Inc.

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Comparecen Andrew Louis Gasparro y Walter Cardona Castro ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. Solicitan la revocación de dos Órdenes del Tribunal de Primera Instancia, Sala de Aguadilla, dictadas el 25 de enero de 2021. Una Orden declaró No Ha Lugar su Moción al Amparo de la Regla 49.2 de Procedimiento Civil, buscando relevo de una sentencia previa. La otra Orden denegó su Moción Resometiendo Oposición a Memorando de Costas. El caso original fue una demanda de injunction por una asociación vecinal cuestionando la legalidad de una obra de construcción de los apelantes. El foro primario había declarado nulo el permiso de construcción por obtenerse con información incorrecta y ordenado la demolición de la obra. Una apelación anterior ya había confirmado la sentencia original del Tribunal de Primera Instancia. Por los fundamentos expuestos, el Tribunal de Apelaciones confirma las Órdenes apeladas.